Categoría: Incidencia

Asunto:
Posición de la ANEP, ante la propuesta de Reestructuración de la Dirección de Obras del A y A.

Honorables Directivas:
Honorables Directivos:

Reciban, en primera instancia, un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Esta respetuosa misiva es con la finalidad de manifestarle a esa honorable Junta Directiva, algunas consideraciones respecto a la propuesta de reestructuración de la Dirección de Obras Rurales, presentada por la Sugerencia General y que, entendemos, ha sido ya del conocimiento de sus distinguidas personas.

Sobre el particular, nuestra organización sindical solicitó ser atendida en audiencia por parte de ese cuerpo colegiado, cuando en su oportunidad dicha propuesta no había sido del conocimiento de las trabajadoras y de los trabajadores de la mencionada dirección; proceso de consulta y discusión sumamente necesario, no sólo para garantizar la legitimidad, sino la identificación del personal para con la interesante propuesta.

A pesar de que no se concedió la audiencia pedida, agradecemos la gentileza de enviarnos el respectivo documento y, especialmente, resaltamos la circunstancia de que el mismo fuera sometido a conocimiento del personal involucrado.

Así las cosas nuestra organización sindical se permite, respetuosamente, exponer las siguientes observaciones de fondo y de forma sobre la propuesta.

Primero: Toda iniciativa de reestructuración institucional busca, en esencia, redefinir acciones y políticas para responder eficaz y eficientemente a actuales y futuros desafíos, lo que se conoce en el argot de los administradores como un remozamiento en el modelo de gestión institucional; aspecto de fondo en el que coincide tanto la administración institucional del A y A, los trabajadores y en particular, las organizaciones sindicales.

Segundo: Toda propuesta en este sentido, sea de reestructuración, regionalización o de desconcentración, deberá de sustentarse en un riguroso diagnóstico; mismo que determinará, en esencia, la propuesta necesaria que responda efectivamente al objetivo. (En nuestro criterio la regionalización y la desconcentración son las líneas de trabajo que debería aplicar la institución, pues ha sido la tendencia en los últimos años); Valga indicar que esta es la fase más importante del proceso, pues si esta es deficiente o inexistente, ningún proceso de regionalización, desconcentración o reestructuración alcanzará los objetivos propuestos.

No obstante, como ANEP, no conocemos si realmente existe el requerido diagnóstico que fundamente la propuesta, ya que de no haberlo, obviamente, haría inviable tanto política como jurídicamente la iniciativa de reestructuración.

Tercero: Hasta donde entendemos, la propuesta de la Subgerencia General se fundamenta en el Informe de Auditoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, AUE 038-2000, mismo que hace referencia a la revisión y análisis de la ejecución presupuestaria de 1998; informe que no justifica la iniciativa de la reestructuración, ya que no es un diagnóstico y que, en todo caso, como un simple informe esta desactualizado.

Cuarto: La propuesta de reestructuración presentada a la honorable Junta Directiva no se conceptualiza, según nuestro criterio, en la globalidad de las políticas institucionales como parte del todo. No obstante, sí implica la supresión y/o unificación y creación de nuevas áreas; y obviamente una nuevo reordenamiento en tanto en las finanzas como en el recurso humano.

Quinto: Toda propuesta de reestructuración debe de apegarse, estrictamente, a los lineamientos generales, emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), mismo que al final del proceso llevado por la institución, deberá avalarlo o rechazarlo.

Sexto: Es importante señalar que desde el punto de vista jurídico la propuesta de reestructuración debe, obligatoriamente, apegarse a la Ley 7668, con lo cual se garantiza la participación de las trabajadoras y de los trabajadores, así como de las organizaciones sindicales. Al respecto es importante señalar que una reestructuración contempla, implícitamente traslado de personal, asignación de nuevas funciones, despidos de mutuo acuerdo y en última instancia despidos forzados; razón por la cual se debe de garantizar la participación de las organizaciones sindicales que, además de representar legítimamente la tutela de los derechos laborales de la población laboral involucrada, nos corresponde con la propuesta y la acción, asegurar el fortalecimiento institucional, mediante la implementación de las políticas, emanadas de las autoridades institucionales.

Sétimo: Es de vital importancia señalar los principios que rigen, en esencia, a la institución. De manera concreta nos referimos a la inversión social que mediante el modelo mixto A y A y Asociaciones de Desarrollo de Acueductos Rurales y Alcantarillado (ASADAS), se viene impulsando; considerando que sus buenas intenciones podrían desnaturalizarse si no hay una claridad estratégica de lo que significa el servicio de acueductos y alcantarillados; pues no debería descartarse que aquí haya un riesgo de privatización promovido por la misma institución.

De tal manera que si bien podríamos afirmar que las onerosas inversiones realizadas por esta estratégica institución a través de la Dirección de Obras Rurales, no son recuperadas en términos económicos, ello no constituye justificación alguna, para la implementación de la reestructuración; ya que las ganancias obtenidas lo son la inversión social.

Octavo: Admitimos que es de suma preocupación las directrices de limitaciones en el orden económico que ha venido experimentando la institución, con lo cual se ha estado afectando el trabajo operativo cotidiano de manera general, pero muy sentido en la Dirección de Obras Rurales, lo que pudiera entenderse como forma de estrangulamiento de dicha dirección para que de forma solapada se implemente la reestructuración.

Finalmente,reiteramos nuestra complacencia por el loable interés de la Subgerencia General en su afán de fortalecer la Dirección de Obras Rurales; no obstante, nuestro cuestionamiento se da en el fondo por la argumentación y la forma en que se viene desarrollando el proceso, mismo que puede generar un riesgo de polarización de las posiciones con consecuencias impredecibles. Como es lógico suponer, la forma en que se ha manejado esta situación hace que el personal de dicha dirección experimente un clima laboral de exaltación, ante la zozobra y la incertidumbre a la que se somete al recurso humano, cuando se está en un proceso de reestructuración seriamente cuestionado.

Así las cosas, es prudente y necesario dar el tiempo requerido que permita consensuar una propuesta, de tal manera que se evite un mandato imperial desde la honorable Junta Directiva, que si bien le corresponde debatir, y aprobar o improbar las iniciativas que sustentan las políticas institucionales, en nuestro caso particular la propuesta no goza de un riguroso diagnóstico que le dé sustento. De igual manera, no se apega a lo que estipula el MIDEPLAN, con lo cual se asumen errores de procedimiento que a nuestro modesto criterio, deben ser subsanados y que incluso podrían terminar siendo debatidos en sede constitucional.

En espera de que nuestras observaciones y aportes contribuyan en este importante proceso, nos despedimos cordialmente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Directivo Nacional
Responsable ANEP-A y A

Joaquín Rojas Chacón
Delegado ANEP-ICAA

—-
c.: Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
c.: Ing. Everardo Rodríguez Bastos, Presidente Ejecutivo, A y A.
c.: MBA. Heibel Rodríguez Araya, Gerente General, A y A.
c.: Junta Directiva ANEP.
c.: Trabajadoras y Trabajadores A y A.

Estimados señores:

Con base en el espacio político abierto por el Gobierno de la República para discutir con los Sectores Sociales distintos ámbitos de la agenda nacional del país, de interés general para toda su ciudadanía; a raíz del acuerdo que a nombre del Poder Ejecutivo suscribieron los señores Ministros de Estado en las carteras de Presidencia y de Trabajo y Seguridad Social, con el Movimiento Sindical Costarricense, en la madrugada del jueves 4 de junio del 2003, las entidades suscriptoras del presente documento expresan a ustedes, con todo respeto, su visión acerca del proceso de diálogo que por medio de este acto y a raíz de la convocatoria respectiva formulada por sus autoridades, se abre en este instante. Es importante indicar que las representaciones organizadas firmantes, expresan la posición de un conjunto mucho más amplio de entidades de la sociedad civil coaligadas para la presente situación.

NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LOS ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

1. EL SIGNIFICADO DE LOS ACUERDOS

Consideramos que los acuerdos alcanzados entre organizaciones sociales y el Gobierno de la República representan un hecho político que fortalece la democracia, contribuyendo así a la defensa de la institucionalidad, de la gobernabilidad y de la paz social.

Tales acuerdos amplían espacios y canales de diálogo y acuerdo, más allá de espacios que ya existen y que están siendo utilizados por diferentes organizaciones, pero que para nuestro caso resultan insuficientes. Se garantiza así espacios de mayor pluralidad y efectividad en la participación, en la discusión y en la generación de acuerdos.

Los acuerdos representan la oportunidad de debatir las expectativas de país que tienen los diversos sectores sociales.

Los acuerdos obligan al conjunto de organizaciones sociales a aportar de forma constructiva y propositiva, en las instancias definidas para el proceso.

Los acuerdos legitiman los procesos particulares que diversas organizaciones sociales han desarrollado en torno a los temas a ser discutidos.

2. PROPUESTA PARA ABORDAR EL TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El proceso a desarrollar por la Comisión debe reunir las siguientes características:

Debe ser multisectorial.

Debe ser un proceso verificable, con una metodología o sistema de trabajo definido.

Si bien la Comisión de Alto Nivel debe ser permanente, los temas a ser discutidos deben contar con plazos razonables previamente definidos, que permitan determinar acuerdos y que éstos deben ser vinculantes.

Debe permitir la evaluación de los mecanismos desarrollados por el Gobierno frente a los diversos temas abordados.

Debe desarrollar mecanismos de incorporación de esos acuerdos y propuestas a las políticas públicas y al proceso de negociación del TLC.

Debe estar integrado por representantes con capacidad de decisión política, tanto del Gobierno y de las organizaciones sociales.

Proponemos asumir la agenda de trabajo de la Comisión de Alto Nivel, iniciando por el TLC, como la base para llevar a cabo un diálogo fructífero que beneficie a la sociedad costarricense.

La Comisión de Alto Nivel se dará su propia forma de organización y metodología que le permita administrar eficientemente el proceso.

Reiteramos la importancia de propiciar el Diálogo Nacional, tantas veces propuesto por los sectores sociales, de forma que permita avanzar hacia una sociedad inclusiva, de carácter solidario y fundamentada en el bien común y considerando que en este proceso, necesariamente, deberán involucrarse otros sectores más allá de los que se representan en este acuerdo.

Tanto los acuerdos que emanen del proceso sobre el TLC, como del Diálogo Nacional, deben favorecer una visión de desarrollo solidario, incluyente y fundamentado en el bien común.
Por los Sectores Sociales firmamos en hoja anexa:

Gilbert Brown Young
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
(CRTN)

Harys Regidor Beltrán
Consejo Nacional de Cooperativas
(CONACOOP)

Albino Vargas Barrantes
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
(ANEP)

Isaac Rojas Ramírez
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente
(FECON)

Jorge Arguedas Mora
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE
(FIT-ICE)

Ana Felicia Torres Redondo
Movimiento de Mujeres

Roland Esna Williams
Federación de Trabajadores de Limón
(FETRAL)

Carlos Hernández Porras
Mesa Nacional Campesina

Rafael Mora Solano
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP

Jorge Segura Arias
Mesa Financiera

Xiomara Rojas Sánchez
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses
(SITECO)

Ricardo Segura Ballar
Consejo de Defensa de la Institucionalidad
(CDI)

Gilberth Bermúdez Umaña
Coordinadora de Sindicatos Bananeros
(COSIBA)

Alvaro Alberto Salazar Morales
Frente de Organizaciones Sindicales y Sociales del Sector Salud
(FOSSS-FETSALUD)

Luis Chavarría Vega
Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social
(UNDECA)

Estimado señor Contralor General:

Con el debido respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

De manera oficial estamos solicitando la realización de una investigación en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), encabezado por la Licda. Vilma Villalobos para determinar, la procedencia del dinero para pagar los salarios de varias personas que, según tenemos entendido, están clasificadas como “personal de confianza” de dicho despacho ministerial; según se desprende del Acuerdo Ejecutivo No. 26-MEIC, fechado 3 de setiembre del 2002 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 183, del martes 24 del mismo mes y año.

Tenemos la presunción de que esas personas no están pagadas por el presupuesto oficial del MEIC, determinado en la Ley General de Presupuesto de la República; sino que los dineros que financian esos salarios proceden de una entidad denominada “Fundación CRUSA”, creyendo entender que “CRUSA”, son las siglas que definen las expresiones geográficas y políticas “Costa Rica” y “United States Of America”.

Estamos hablando de las siguientes personas:

Leonardo Campos Castillo
Mabel Castro Valverde
Melissa Molina López
Andrea Gallegos Rodríguez
Melanie Bacherer Arends
Ricardo Madrigal Jiménez
Camilo Monterrosa de León

De la misma manera, las siguientes personas que no aparecen consignadas en el acuerdo ejecutivo en mención:

Isabel Cristina Araya
Erick Borbón
Ileana Cruz
Flor Soto
Laura Castro
Maríaminta Quirce
Karla Plá
Edwin Fallas
Patricia del Bo

Para nuestra organización sindical resulta de vital importancia que el ente contralor esclarezca, entre otros aspectos, los siguientes:

1- Determinar qué es la denominada Fundación CRUSA en toda su dimensión: registro, directiva, misión, fuentes de financiamiento, etc.
2- Si efectivamente todas esas personas realizan o realizaron laborales para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), luego de la llegada al poder de la actual administración del país.
3- Cuál es el nombre del puesto y el salario correspondiente para cada una de ellas.
4- Establecer las fuentes de financiación de tales puestos y si se confirma que esos dineros provienen de la denominada Fundación CRUSA.
5- Qué tipo de labor realiza cada una de esas personas en esos puestos.
6- Qué tipo de vínculo podría haber en cada una de esas labores, con relación al proceso que vive el país para establecer negociaciones comerciales; particularmente, el proceso del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos (incluida Costa Rica) y los Estados Unidos de América.
7- Cuál es el grado de legitimidad jurídica que les asiste para trabajar, ordenar, tener personal subalterno, usar la infraestructura institucional (planta física, servicios de oficina, equipos, teléfonos, luz, agua, etc.); en una institución de servicio público, cuyo presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa.
8- Si se confirma que sus salarios provienen de la denominada Fundación CRUSA, cómo gira ésta tales dineros a cada una de esas personas, ¿directamente?, ¿a través de una sociedad?, ¿cómo?
9- Se debe determinar si pagan impuesto sobre la renta esos salarios y si, tal y como técnica y sistemáticamente se les rebaja en el Sector Público a los trabajadores y a las trabajadoras objeto de tal tributo, así se aplica a los salarios que se estarían pagando por la modalidad indicada.
10- Adicionalmente, solicitamos que el ente contralor bajo su digna dirección proceda, también, a investigar si la mencionada “Fundación CRUSA” estaría financiando pago de personal en los ministerios de Hacienda y de Comercio Exterior.

Señor Contralor General: Si nuestras presunciones se confirman, estaríamos frente al desarrollo de una gestión institucional de carácter irregular que podría traer serias repercusiones jurídicas en cuanto los actos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), ejecutados por esas personas, podrían estar viciados de completa nulidad, con las graves consecuencias que se pueden suponer para la institucionalidad de tan delicada gestión ministerial.

Pero, por otra parte, si nuestra presunción es real, abre, necesariamente, un debate ético acerca de las remuneraciones del personal profesional de la Administración Central del Gobierno, las derivaciones políticas que podrían derivarse por la procedencia de los dineros que financian esas plazas; y, además, conllevan un fuerte cuestionamiento sobre la transparencia de la gestion que fortalecería la creciente sensación ciudadana de una gran indefensión ante la comisión de irregularidades institucionales de todo tipo. Creemos nosotros que este podría ser un caso típico de esos que ya se vienen acumulando en el Sector Público, del establecimiento de verdaderas planillas paralelas que, a su vez, se constituyen en administraciones alternas a las oficiales.

Considerando que el proceso que el país ya está viviendo en torno a la eventual suscripción de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, es más que urgente establecer la veracidad de nuestra denuncia, considerando el importante papel que el MEIC tiene en este proceso.

Esperando su respuesta, la cual solicitamos al amparo del Artículo 27 de nuestra Constitución Política y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, nos despedimos de la manera más respetuosa y atenta.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Estimada señora:

Asistimos a su despacho con el fin de manifestar formal oposición, tal y como lo establecen las leyes vigentes, a la reposición de tres libros contables: el Libro Mayor, Diario y de Inventarios y Balances, que solicita el GRUPO NACION GN, SOCIEDAD ANONIMA, por considerarnos afectados.

Considerando que quienes suscribimos la presente oposición a la reposición de los citados libros solicitados por el Grupo Nación GN, S. A., somos parte integrante de la Comisión Legislativa Especial Mixta del Pacto Fiscal (cuyo objetivo principal es la búsqueda de soluciones estructurales al desequilibrio de las Finanzas Públicas, mediante un proceso claro y transparente de ordenamiento fiscal, que necesariamente pasa por mejorar la Administración Tributaria, mediante la reforma de los actuales procedimientos tributarios y sus normas); es que creemos de fundamental importancia que el Grupo Nación explique cuáles fueron las circunstancias que los hicieron solicitar la reposición de sus libros contables.

Además nos interesa conocer: a) cómo se va a reponer la información que estaba en esos libros; b) de cuantos años de información contable de ese grupo estamos hablando; c) quiénes eran los responsables de la custodia de los libros; d) el informe dado a la asamblea de accionistas del Grupo Nación para justificar la reposición de los mismos; e) así como el acuerdo de esa asamblea en torno a este asunto. Estas son algunas consultas puntuales, a parte de otras que haremos en la respectiva comparecencia.

Lo anterior está planteado desde nuestro interés como participantes en el proceso de mejoramiento de la Hacienda Pública y de sus procedimientos, así como del control y fiscalización del tema tributario, que es responsabilidad de todos los ciudadanos.

Queremos dejar constancia de que nuestra oposición se plantea en el término que la ley estipula y según la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta”, No. 23 (página 43), de fecha 3 de febrero del año en curso, en la sección avisos por tercera vez.

Agradeciendo la atención al respecto, se despiden,

Albino Vargas Barrantes
Cédula 1-457-390
Secretario General
Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Rafael Angel Mora Solano
Cédula No. 1-680-042
Coordinador Nacional Adjunto
Federación Nacional de
Trabajadores de los Servicios Públicos

—-
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Max Esquivel Faerron, Defensor Adjunto de los Habitantes de la República.
c.:Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.

Estimado señor:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En primera instancia deseamos manifestarle que, tal y como es de su conocimiento, nuestra organización sindical representa una nueva alternativa para las y los trabajadores de tan insigne institución. En muy poco tiempo contamos ya con una importante membresía que tiende a crecer, de manera significativa, en los próximos meses.

Tan acertada decisión obedeció al contexto político por el que atraviesa nuestro país, en materia de políticas públicas, impregnadas por una marcada ideología neoliberal, cuya finalidad es terminar con la institucionalidad democrática que tanto desarrollo social ha generado a nuestra nación. El A y A, institución estratégica y visionaria, ha sido y sigue siendo protagonista de primer orden dentro de nuestra sociedad de relativa equidad; pero hoy día es muy vulnerable a los deseos de quienes comandan el equipo económico del Dr. Abel Pacheco, cuyas políticas persiguen el debilitamiento del rol social que ha hecho grande a esta institución.

Así las cosas, es de enorme interés para nuestro sindicato tener un espacio mensual con esa honorable Presidencia Ejecutiva y/o con la no menos honorable Gerencia General, de tal manera que podamos intercambiar criterios y discusión al mas alto nivel, sobre los desafíos institucionales de A y A y sobre su fortalecimiento como institución insigne; de igual manera darle seguimiento y cumplimiento a una serie de cuestiones de orden laboral que, históricamente, las y los trabajadores han venido demandando de manera reiterativa.

Aunado a lo anterior, le exteriorizamos la gran preocupación de la ANEP en torno al proyecto de legislación denominado “Proyecto de Ley del Recurso Hídrico”, expediente 14.585; mismo del cual compartimos, en términos generales, el apartado referente a la protección del recurso hídrico, no así el capítulo de las concesiones. Según nuestro análisis, ese proyecto carece de la otra parte fundamental que es el fortalecimiento y la modernización institucional. Así las cosas, de aprobarse este proyecto el actual A y A, pasaría a manejar parte del agua potable, mediante la figura jurídica de concesión, entrando abiertamente a una competencia desigual y peligrosísima con las transnacionales que manejan el negocio del agua a nivel mundial, con lo cual se estaría dando cristiana sepultura a la institución.

Ante las dimensiones de fondo que contiene este proyecto, nuestra organización sindical ha fijado desde ya una posición, elaborada con el valioso aporte de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), que estaremos haciendo llegar a la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa y que, por supuesto, será del conocimiento de todo el valioso conglomerado laboral e institucional del A y A.

Finalmente, y sobre el particular, le manifestamos que tanto nuestra organización sindical, como las trabajadoras y los trabajadores de la institución bajo su digna conducción, estamos deseosos de conocer la posición oficial del A y A sobre el proyecto en mención.

Siempre en el orden institucional, es de gran interés para la ANEP que nos pueda informar sobre la aplicación de la directriz del 5,9% en reducción de inversión, emanada del Poder Ejecutivo y las valoraciones que se hayan hecho sobre los efectos negativos para la institución. Valga decir que nuestra organización sindical se pronunció totalmente en contra sobre la aplicación a rajatabla de dicha directriz (copia que le adjuntamos), sobre todo en las instituciones con enfoque y misión social, pues las somete a un estrangulamiento de consecuencias nefastas para las mismas y para la ciudadanía.

En otro orden de cosas, referente a lo laboral, hacemos de su conocimiento nuestro enorme interés en conocer la propuesta sobre el pago de la peligrosidad, que entendemos se encuentra en trámite en la Gerencia General. Al respecto y de la manera más respetuosa, solicitamos que una vez que dicha propuesta sea remitida a la honorable Junta Directiva nos faciliten copia de la propuesta, con la finalidad de analizarla y pronunciarnos sobre los contenidos de la misma.

De nuestra parte estaremos a la espera de ser complacidos en nuestras respetuosas solicitudes, estando seguros que la vocación de dialogo y negociación que caracteriza a nuestra representada, hará posible que logremos espacios en los que discutamos con toda transparencia las propuestas institucionales y laborales para el fortalecimiento del A y A, aunado a los álgidos temas de orden laboral.

Con toda consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Directivo Nacional
Responsable Sindical
Sector Salud

Joaquín Rojas Chacón
Coordinador Sindical
ANEP-A y A

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c.:Señores Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).
c.:MSc. Heibel Rodríguez Araya, Gerente General A y A.
c.: Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Trabajadores y Trabajadoras del A y A.
c.: Archivo.

Estimado señor:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Señor Ministro: Nuestra organización sindical ha estado recibiendo de parte de nuestros afiliados y algunos mandos superiores en los diferentes Deltas (Policías de Proximidad), así como de las regiones del país, informes en el sentido de que a partir del mes en curso se giró una directriz de Intendencia General, en el sentido de que se va a restringir, aún más, la cuota por alimentación y combustible en toda la Fuerza Pública.

Nos preocupa tal disposición, no solamente porque afecta la condición laboral de nuestros representados, sino que, además, se puede ver afectada la calidad del servicio de seguridad ciudadana, en momentos que el país reclama contar con una mayor vigilancia policial.

Consideremos que la alimentación es parte indiscutible del salario que perciben quienes laboran en la Fuerza Pública y, con mucho más razón, en momentos en que el Gobierno decreta ajustes salariales ridículos e insuficientes para la manutención de una familia.

Es obligación apuntar que antes de tal directriz, ya en una buena cantidad de delegaciones policiales, lo poco que se enviaba de alimentación, apenas medio alcanzaba para terminar la quincena; teniendo los policías que poner de sus escuálidos bolsillos para sufragar el costo adicional.

Deseamos que su autoridad nos aclare, además, si tales políticas tienen que ver algo con la directriz gubernamental de recorte del gasto público del 5.9% para las instituciones públicas.

De ser así, le rogamos indicarnos qué monto significa este recorte para el ministerio a su digno cargo, qué programas y en cuanto están siendo afectados y cómo repercutirá tal recorte en la ya alicaída seguridad ciudadana.

Además, le rogamos se nos informe si la restricción presupuestaria afectará los presupuestos destinados al pago de la deuda adquirida a raíz del ajuste del Riesgo Policial, en la Ley de Policía Civilista. Se debe a todos los policías un retroactivo de marzo del 2001 a la presente fecha.

El pago de este compromiso, impulsado por su autoridad como un medio para mejorar la condición laboral de los policías, es esperado con ansias por todo el personal de la Fuerza Pública.

Es de nuestro interés, poder dialogar directamente con su respetable autoridad, sobre los temas aquí planteados, por lo que le solicitamos con toda consideración se nos atienda lo más pronto posible en audiencia.

Sin más y agradecidos por su amable atención, se suscriben de usted cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Julio Soto Vargas
Responsable ANEP-Seguridad Pública

—-
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensoría de los Habitantes de la República.
c.:Trabajadores y trabajadoras, Ministerio de Seguridad Pública.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Nos dirigimos a su autoridad con el objetivo de plantearle la necesidad de que esa Presidencia Ejecutiva atienda, a la brevedad posible, el siguiente planteamiento. La Junta Directiva de la CCSS recibió un oficio de nuestra organización, fechado 20 de setiembre del 2000, relativo a lo que consideramos son obligaciones establecidas en la Ley de Protección al Trabajador (LPT), para la CCSS y para otros entes públicos. Particularmente, en dicha misiva expresábamos algunas consideraciones político-jurídicas que recaen en la institución a su digno cargo.

En aquel momento nos resultó oportuno formular tal planteamiento, no sólo porque la ley señaló plazos de seis meses para tomar acciones concretas; sino, también, porque se estaban mostrando a la opinión pública las listas de patronos morosos.

Advertimos que nos parecía obligatorio para la institución una nueva estrategia para el abordaje de esta severa problemática, de inobjetables repercusiones sociales; además de lo peligroso que resultaría potenciar corrientes o tendencias que tiendan a relativizar, minimizar, descalificar, obviar u objetar las nuevas responsabilidades jurídicas que tal legislación otorgó a la CCSS para combatir la morosidad patronal.

Al recibir la Junta Directiva nuestro planteamiento, decidió dar acuse de recibo y se ordenó su traslado al ingeniero René Escalante, Gerente de División Administrativa, para que coordinara con los demás Gerentes de División y presentaran el respectivo informe a la Junta Directiva.

De lo anterior, durante los últimos dos años y lo que va del presente, no hemos siquiera recibido una comunicación formal de la institución sobre el asunto indicado. Nos preocupa que la CCSS esté hablando de la necesidad de realizar reformas al Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.), sin haber implementado, de manera sistemática, los señalamientos que se concretaron en la LPT y que señalamos de seguido.

• AFILIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES: Los transitorios XII y XVIII de la LPT, establecen que los trabajadores independientes se afiliarán en forma gradual durante los primeros cinco años de vigencia la ley, para lo cual LA CAJA FORMULARÁ DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTA LEY (el 18 de febrero del año 2000 entró en vigencia) UN PLAN DE UNIVERSALIZACIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO SOCIAL, EN EL QUE DEBERÁ ESTABLECER UN CRONOGRAMA CON OBJETIVOS ANUALES CUANTIFICABLES QUE DEBERÁN SER VERIFICADOS Y EVALUADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. Tal cronograma no ha sido elaborado, o bien no se ha dado a conocer a la opinión pública.

• COMITÉS DE VIGILANCIA: El artículo 39 de la Ley Constitutiva de la Caja, reformado por la LPT, crea los Comités de Vigilancia, integrado por representantes democráticamente electos por los trabajadores y los patronos, siguiendo el procedimiento del reglamento respectivo, ante el cual, la Caja y la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN), deben rendir un informe anual sobre la situación actual y proyectada del régimen. A la fecha, que sepamos, LA CAJA no ha promulgado dicho reglamento y el Comité no se ha constituido.

• REGLAMENTO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS: De acuerdo al artículo 48 de la Ley Constitutiva de la caja, reformado por la LPT, LA CAJA debe emitir el reglamento para el cierre de establecimientos, sin que a la fecha lo haya hecho.

• CONTRIBUCIÓN A IVM DE EMPRESAS PÚBLICAS: El artículo 78 de la LPT establece una contribución de las empresas públicas del Estado de hasta el 15% de sus utilidades al régimen de IVM de la Caja. El monto de la contribución será establecido por EL PODER EJECUTIVO según recomendación que realizará LA CAJA CONFORME A ESTUDIOS ACTUARIALES. ¿Qué gestiones ha hecho la institución sobre este particular?

• ACCESO A INFORMACIÓN DE LA CAJA: El artículo 54 de la Ley Constitutiva de la Caja, reformado por la LPT, establece que semestralmente LA CAJA debe poner a disposición del público en general de las organizaciones de patronos, trabajadores y asegurados, información sobre evolución general de la situación económica, financiera y contable, su programa de inversiones y proyecciones acerca de la evolución probable de la situación económica-financiera de la Caja y los niveles de cotización, subdeclaración, cobertura y morosidad. También la información sobre las medidas implementadas para el saneamiento y mejoramiento económico-financiero de la Institución, así como las medidas concretas y sus efectos en materia de cotización, subdeclaración, cobertura y morosidad. Finalmente, también la información estadística que fundamente la información antes indicada.

• ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA: Así mismo, la LPT reformó el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja, estableciendo nuevos mecanismos para la elección de los representantes del Movimiento Sindical en la Junta Directiva de la Caja, incluyendo la elección directa con criterios de representatividad de las organizaciones. Sin embargo, dejó la reglamentación de dicha elección AL PODER EJECUTIVO, no habiendo sido emitida a la fecha dicha reglamentación.

• CONTRATACIÓN PÚBLICA: El artículo 74 inciso 3 de la Ley Constitutiva de la Caja, reformado por la LPT, establece que para participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública, se debe estar al día en los pagos de la seguridad social. De igual forma, los contratos respectivos deben incluir una cláusula que establezca como incumplimiento contractual el no pago de las obligaciones con la seguridad social. Al efecto, deberían solicitarse a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, que aplique, si es que no lo está haciendo, dicha disposición legal, en su función contralora de la contratación administrativa.

• EXONERACIONES E INCENTIVOS FISCALES: El artículo 74 inciso 5 de la Ley Constitutiva de la Caja, reformado por la LPT, establece que para el disfrute de exoneraciones e incentivos fiscales, se debe estar al día en los pagos a la seguridad social. De igual forma, es causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social. Al efecto, se debería solicitar a la DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA, información sobre los procedimientos establecidos al efecto.

• MOROSIDAD ESTATAL: El artículo 76 de la LPT, establece que se debe incluir en el Presupuesto General de la República, recientemente presentado por el MINISTRO DE HACIENDA a la Asamblea Legislativa, la transferencia a la Caja de lo que resulte ser la diferencia entre 3 mil millones de colones y lo que en efecto gire la JPSSJ en acatamiento de los dispuesto en la Ley de Loterías, reformada también por la LPT. De igual forma, el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja, reformado por la LPT, establece que es obligación del MINISTRO DE HACIENDA, presupuestar anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado como tal y como patrono. El incumplimiento de tales obligaciones está penada con prisión.

• FORTALECIMIENTO DE RIESGOS DEL TRABAJO: El artículo 80 de la LPT, establece una contribución del 10% de las utilidades del INS para financiar el régimen de riesgos del trabajo.

Dos circunstancias nos obligan a pedir a su persona gestionar ante la Junta Directiva de la CCSS una oportuna atención a esta gestión.

• La primera es que consideramos de vital importancia la implementación de las medidas que apunta la LPT.

• La segunda, que nos parece necesario que si se desea realizar reformas al Sistema de IVM, de previo deberá establecerse los mecanismos necesarios de información (rendición de cuentas) sobre el particular, que ofrezcan datos concretos de las acciones emprendidas de lo que la ley le ordena; que conlleven a relacionar, fuertemente, la ampliación de derechos con la cobertura contributiva y la sostenibilidad financiera del Sistema de Pensiones de la CCSS, especialmente de su Régimen Solidario Equitativo y Universal.

La anterior permeará la participación de las organizaciones de la sociedad civil y en el caso particular de la que representamos, reiteramos nuestro interés de participar; considerando que nos asiste la debida legitimidad para ello. Nuestra organización se encuentra trabajando seriamente en la elaboración de propuestas que vengan a ofrecer una posición que, eventualmente, puedan compartir las demás organizaciones sociales del contexto nacional y las autoridades del ámbito institucional.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensoría de los Habitantes de la República.
c.:Señores Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.

Nuestras opiniones se expresan con el mayor de los respetos y con la debida consideración para la investidura de los señores diputados y de las señoras diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC). Tanto en el bando que permanecerá dentro de ese partido, como en el separatista, existen personas de gran valía, de probada honorabilidad y de enorme sentido patriótico. Con todas ellas hemos mantenido una buena relación, de respeto mutuo, la cual queremos mantener.

Nos sentimos consternados por cuanto la división parlamentaria del PAC, en nuestro criterio, fortalecerá las posiciones políticas de la derecha política de este país; la cual, habiendo logrado el control, desde hace ya bastante tiempo, del bipartidismo histórico; se había venido mostrando temerosa con respecto al surgimiento de terceras fuerzas políticas; las que, de una u otra manera, pudieran poner en peligro el avance en la profundización del proyecto neoliberal para Costa Rica. La división que presenciamos es un duro golpe para la instauración, estable e institucionalizada, de lo que parecía ser la más real posibilidad de una verdadera tercera fuerza política en el país.

Los acontecimientos de las últimas horas en el seno del PAC, nos recuerdan la triste historia del hoy extinguido Partido Fuerza Democrática (FD); víctima de personalismos, oportunismos y ausencia de proyecto político claro. Quienes promovieron su colapso, hoy son, en su gran mayoría, verdaderos cadáveres políticos, pero arrastraron al abismo de la decepción política y el desencanto cívico, a no pocos ciudadanos y ciudadanas de gran honestidad.

Es opinión general de muchos analistas que el voto que recibió el PAC en las elecciones de primera vuelta del año 2002, fue el más crítico y calificado. Amplios segmentos de capas medias, por lo general de buena educación, le dieron su confianza, como juicio crítico contra el abandono de los ideales socialdemócratas y socialcristianos, por parte de los dos partidos tradicionales. Indudablemente, tales segmentos deben sentirse hoy, confundidos y decepcionados.

Ojalá nos equivoquemos y tengamos de rectificar; pero creemos que la fragmentación parlamentaria del PAC abre espacios para el avance de iniciativas peligrosas para el país; como por ejemplo, la práctica anexión de Costa Rica a los Estados Unidos de América, vía el Tratado de “Libre Comercio” (así, entre comillas), entre esta gigantesca potencia y los diminutos países centroamericanos.

Expresamos nuestra preocupación por el futuro del país. La división parlamentaria del PAC refuerza la sensación que muchos tenemos de que Costa Rica carece, en los actuales momentos, de liderazgos políticos orientadores; que estamos en presencia de un gran vacío político; que no tenemos proyecto de país y que es totalmente incierto, el rumbo futuro de nuestra nación.

La razón del uso de los carros de la Asamblea Legislativa, como base para semejante decisión política, no nos convence. Debe haber razones profundas que por ahora no se conocen. Si bien es cierto no compartimos los “fundamentalismos de la galleta”, la realidad es que lo firmado, firmado está. Pareciera ser que se va institucionalizando una especia de cultura política, dentro de nuestra clase dirigente, de no hacer honor a lo que se firma.

Ya vimos como el propio Presidente de la República es capaz de deshonrar su rúbrica y por eso el grave conflicto que vivimos en torno al futuro del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Somos testigos de los reiterados compromisos, firmas de por medio, de nuestros sucesivos gobiernos para ponerse al día con respecto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); compromisos siempre deshonrados.

Para algunos, la Presidencia de la Asamblea Legislativa está de por medio en esta trifulca. Como sabemos, el emperador francés Napoleón Bonaparte dijo alguna vez que “París bien vale una misa”. En ese caso, nos preguntamos: ¿Estará este factor pesando para lo que estamos presenciando?

El PAC llegó a la escena política nacional cuando la mesa estaba servida: el gigantesco descontento ciudadano con el bipartidismo tradicional, había mostrado toda su potencia con ocasión de los eventos de la gran gesta cívica del combo del ICE, en el año 2000. El PAC abonó este terreno fértil del descontento y, súbitamente, conquistó 400 mil votos y 14 diputaciones. La gran visión estratégica de país apenas quedó perfilada y de esta suerte, su consolidación en el escenario político nacional, ha sido frágil, al punto de darse los acontecimientos de las últimas horas.

Finalmente, más allá de esta fragmentación parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), esperamos que el más profundo sentido patriótico impere en los dos bandos; de suerte que, aunque separados, hagan honor al contundente mandato de las amplias mayorías ciudadanas de este país: no más neoliberalismo para Costa Rica.

San José, 25 de febrero del 2002.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos

Rafael Moral Solano
Coordinador Nacional Adjunto

Estimado señor:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Conforme al Artículo 27 de nuestra Constitución Política y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le rogamos nos brinde la siguiente información:

En la página 4 del diario La Prensa Libre, del martes 18 de febrero del presente año, se informa que en la CCSS no se aplicó la directriz gubernamental de reducir en un 5.9% los gastos del Estado. De seguido se apunta que por el cumplimiento de requerimientos de la Contraloría General de la República, se tuvo que ajustar el presupuesto en 17 mil millones de colones.

Nos alegra que esta importantísima institución haya quedado fuera de esa nefasta directriz gubernamental; no obstante, consideramos de la mayor relevancia que su autoridad nos indique con toda claridad y razonamiento, ¿porqué se tuvo que readecuar el presupuesto en 17 mil millones de colones y cuál será el efecto sobre los programas, proyectos o servicios que fueron recortados para hacerle frente a este requerimiento de la Contraloría?

También en dicha nota periodística se informa que la CCSS, para colaborar con la reducción de gasto propuesto por el Gobierno, procedió a recortar gastos superfluos. Le rogamos se nos indique, en detalle, qué tipo de gastos superfluos se recortaron y a cuánto asciende el recorte, según el tipo de gasto.

Por otra parte, favor indicarnos, del presupuesto o recursos financieros que la CCSS tiene previsto gastar para este año en consultorías y asesorías, así como el objeto de éstas.

Creemos oportuno hacer de su conocimiento que nuestra organización respalda todo recorte de gastos superfluos, tales como: comilonas, gastos de representación, viajes al exterior, uso abusivo de vehículos, asesorías y consultorías que bien pueden ser realizadas por personal institucional o con el apoyo y colaboración de otras instituciones del Sector Público.

Nos oponemos, resueltamente, al recorte del gasto publico irracional que afecte los planes de inversión institucional y, por tanto, la calidad y oportunidad de los servicios públicos.

Agradeciendo su gentil atención se suscriben de usted, cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Sres y sras Junta Directiva CCSS.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-CCSS.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras, CCSS.

Sr. Miguel Huezo Arias, Partido Unidad Social Cristiana, PUSC – Puntarenas
Sr. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Partido Liberación Nacional, PLN – Puntarenas
Sr. Peter Guevara Guth, Movimiento Libertario-Puntarenas

Señores diputados, con su venia y la de 28 diputados y diputadas más del Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, se aprobó en primer debate, el martes 29 de julio, el traslado de fondos del CONAVI, para cerrar el trato de la privatización del INCOP, negocio que se fraguó en la administración Rodríguez Echeverría.

No vamos a plantearnos aquí el asunto de la constitucionalidad o no de tal decisión. Esperamos y estamos seguros que un grupo muy importante de legisladores y legisladoras del PAC, Bloque Patriótico, Independiente Herediano y un grupo muy distinguido de legisladores y legisladoras socialdemócratas del Partido Liberación Nacional, harán la consulta constitucional respectiva.

Lo que si nos interesa, es que ustedes, señores diputados y sobre todo, considerando su condición de diputados de la provincia de Puntarenas, nos den respuesta satisfactoria a las siguientes preguntas:

Ya que con su venia y voto se ha fraguado el trato de este negociado, les rogamos nos indiquen que tienen ustedes previsto hacer, ahora como responsables directos de la privatización del INCOP, con los más de 500 trabajadores interinos ( los mal llamados ocasionales por la administración) que ya no tendrán ninguna oportunidad de empleo en Puntarenas. ¿Qué van a hacer ustedes para evitar el hambre que el desempleo generará en estas familias, sobre todo considerando que estos no tendrán prestaciones ni mucho menos indemnización o paga por privatización?

¿Cómo tienen previsto sus autoridades, como responsables con su voto de la privatización del INCOP, resolver el problema de desempleo y frustración y pobreza que enfrentarán estas 500 familias?

Si estos trabajadores no tienen la condición de tales, según las autoridades del INCOP, y por tanto no recibirán prestaciones, ¿qué solución tienen ustedes para garantizar estos pagos a este grupo de humildes trabajadores porteños que por años han mantenido a sus familias con lo que ganan en el INCOP?

¿Dónde tienen ustedes previsto emplear a estos 500 trabajadores, para que sus familias no sufran el flagelo del hambre?

¿Dónde tienen previsto emplear a los más de 600 desempleados que generará la privatización de este puerto?

¿Porqué no se previó en esa reforma presupuestaria, tal y como la ANEP lo indicara, la paga de todos los años de servicio que debe pagársele a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que serán despedidos por el INCOP? Tengan claro que en los procesos de reestructuración o modernización se pagan todos los años de servicio y no hasta trece como se pretende en el INCOP. No entendemos porque sus sabias personas no resolvieron este asunto, presupuestando de una vez los recursos necesarios para atender este derecho de los trabajadores. En todo caso la suma que falta para cubrir, conforme a derecho, las prestaciones de los trabajadores son unos dos mil millones de colones más.

Ustedes señores diputados, deberán responder ante estas familias puntarenenses, que se quedan sin prestaciones, sin indemnización y sin empleo, todo para asegurar el cierre de un negocio fraguado en la administración Rodríguez Echeverría.

No obstante, acudimos e interpretamos el discurso que diera el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, para justificar su voto, donde dijo que su voto era un voto responsable. Le tomamos la palabra y ahora, esperamos que este diputado, que votó tan responsablemente, asuma la responsabilidad con estas familias puntarenenses; les resuelva, responsablemente sus prestaciones, indemnización y lo más importante, les ubique lo más pronto y urgentemente posible en un puesto de trabajo, donde puedan seguir llevando sustento digno a sus familias.

En todo caso, señor diputado, estas familias le estarán esperando en su casa en Puntarenas, ansiosos de escuchar de sus labios, las respuestas satisfactorias y responsables a estas preguntas, ya que para estas familias por se en su totalidad de escasos recursos, no tienen la oportunidad de pagar el traslado de sus familias hasta la Asamblea Legislativa.

No podemos concluir esta nota sin felicitar a los 22 diputados y diputadas que apostaron con su voto a defender la institucionalidad y el derecho al trabajo de cientos de familias puntarenenses.

Puede parecer evidente, pero debemos decirlo una vez más, las privatizaciones, han traído desempleo, hambre, pobreza y altas tarifas, en toda parte donde se han dado. RITEVE, no ha pasado un año y está pidiendo aumento de tarifa.

¿Cuándo aprenderán nuestros “políticos” de esta triste realidad? ¿Cuándo entenderán que antes de velar por un negocio, es inherente a los políticos y a la gente de gobierno, velar por la protección del patrimonio y el interés público?

JUNTA DIRECTIVA
Seccional ANEP-INCOP