Categoría: Incidencia

Estimados señores diputados
Estimados señores diputadas

Nos ha tomado por sorpresa que el día e ayer, por la noche, se aprobara en la Comisión de Asuntos Hacendarios la iniciativa de la bancada oficialista para que mediante una norma presupuestaria, se trasladen fondos del CONAVI al INCOP para culminar la entrega a manos privadas de esta institución.

No nos sorprende la posición de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana, puesto que fue en una administración de su partido, que se fraguó este leonino negociado. Lo que si nos causa sorpresa, es el voto favorable de los dos diputados y la diputada del Partido Liberación Nacional, puesto que en el primer debate la Comisión de Hacendarios estos tres diputados, manifestaron su oposición a la misma moción que ayer votaron favorablemente.

Nos preocupa que en una discusión de tanta trascendencia para el pueblo costarricense, como resulta ser la entrega a manos privadas del puerto por el que ingresa casi el 100% de la dieta alimentaria de todos y todas los y las costarricenses, quienes se dicen socialdemócratas, diputados y diputadas de oposición, se aparten de la ideología que predica su partido y sean cómplices de un negocio que sólo traerá mayor desempleo a la ya de por sí empobrecida provincia de Puntarenas.

También nos causa desazón la actitud de los liberacionistas, porque suponemos que un cambio de posición tan drástica, solo puede explicarse si han existido componendas politiqueras, tratos por debajo de la mesa, actitud reprochable que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que los dejaría en deuda con todos y todas los y las costarricenses que con su voto los llevaron a ocupar una curul en el Primer Poder de la República.

Por otra parte, nos llena de orgullo y de esperanza la actitud valiente y patriótica de los diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana y del diputado independiente Auténtico Herediano, que con su posición consecuente, de clara oposición a la venta del patrimonio nacional y a la corrupción, nos brindan una luz de esperanza y de oportunidad para esta patria.

Asimismo, sabemos que aún existen en el Partido Liberación Nacional, socialdemócratas de corazón y por convicción, y diputados y diputadas patriotas en le Bloque Patriótico, en Partido Acción Ciudadana, el Auténtico Herediano y el Renovación Costarricense, que aún luchan por preservar el Estado de bienestar que nos heredaron nuestros ancestros.

No podemos concluir sin increpar a los diputados y a las diputadas que en la Comisión de Asuntos Hacendarios consintieron su voto, que un bien público se privatice por la vía presupuestaria, quienes serán los únicos responsables de caos social que provocará la mal llamada “modernización del INCOP”. Limón es el ejemplo más claro de lo que decimos.

Junta Directiva Nacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Estimado señor:

Primeramente, le expresamos el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

En la sección “Nacionales” del Diario Extra, correspondiente a la edición del día miércoles 23 de julio en curso, en nota periodística titulada “RITEVE MANDA MÁS PAPELES PARA JUSTIFICAR EL AUMENTO”, se plantea la contratación de una consultoría para estudiar los papeles de RITEVE ya que el Departamento de Tarifas del MOPT fue cerrado.

Señor Ministro: Si bien es cierto que tal departamento tarifario del MOPT fue cerrado; también lo es, según lo tenemos entendido, que los profesionales y técnicos de ese departamento continúan laborando en la institución. De ser así, estos funcionarios bien pueden realizar los estudios requeridos y evitarle una erogación más al Estado, mediante la contratación de una consultoría externa privada.

En todo caso señor Ministro, de no haber personal idóneo en el MOPT para realizar ese estudio tarifario, el Estado cuenta con una institución especializada para realizar tales estudios, nos referimos a la ARESEP. Nuestro bloque de legalidad y, en especial, la Ley General de Administración Pública prevé el apoyo entre instituciones del Estado a fin de garantizar el bien común.

Tratándose de que las tarifas de RITEVE afectarán los intereses de cientos de nuestros afiliados y afiliadas que tienen vehículo automotor, nos parece correcto y oportuno que tal estudio tarifario lo realice un órgano del Estado, por la función y responsabilidad que éstos tienen en función de garantizar la protección del interés común.

No dudamos de la profesionalidad y ética de una empresa privada, pero si existen entidades públicas especializadas en la materia, porqué no recurrir a ellas.

Dado lo anterior solicitamos, respetuosamente, a su autoridad interponer sus buenos oficios a fin de evitarle esta erogación económica al Estado.

Si no es posible atender nuestra demanda le rogamos, conforme al Artículo 27 de la Constitución Política y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, responder las siguientes consultas:

Si en el MOPT no se dan las condiciones o no se cuenta con personal idóneo para hacer dicho estudio tarifario, ¿porqué no se le pide colaboración o apoyo a la ARESEP?

¿Cuánto le costará al MOP la contratación de una consultoría o asesoría externa?

Se nos facilite una copia del contrato mediante el cual se materializó la contratación de la empresa que se adjudique, así como la experiencia de ésta en asuntos tarifarios de servicios públicos.
Sin más y agradeciendo su atención se suscribe de usted, cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presiente de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Renán Murillo Pizarro, Director Ejecutivo, Transporte Público, MOPT.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial

Ingeniero
Alberto Dent Zeledón
Ministro de Hacienda
Su Despacho

Estimados señores. En el Diario Extra del jueves 24 de julio, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), señora Marta Zamora, denuncia que en documentos sobre consultorías de FUCE, aparece el actual Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (NCOP), señor Enrique Montealegre, percibiendo un pago de 20 mil dólares, suponemos que por una consultoría o asesoría, a fin de finiquitar la negociación laboral realizada en el proceso de modernización de ese puerto.

Sabiendo que el señor Montealegre, antes de ingresar a laborar en el INCOP, se desempeñaba como Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), nos permitimos, conforme al Art. 27 Constitucional y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitar la siguiente información :

Si conforme lo denuncia la diputada Marta Zamora, el señor Montealegre recibió pago de FUCE por consultoría o asesoría en función del proceso de privatización del INCOP, se nos notifique en qué fecha se dio este contrato y copia certificada del mismo.

Si el contrato se formalizó, tal y como lo plantea la diputada Zamora, se nos indique si a la hora de ejecutarse el mismo, el señor Enrique Montealegre ocupaba algún cargo público.

Si es compatible o no que quien ostenta un cargo público de jerarquía relevante en una institución o empresa del Estado, sea contratado o reciba paga de una fundación privada ó del Estado.

Copia del documento del trabajo realizado por la consultoría o asesoría del señor Montealegre al INCOP, si es que hubo tal contrato.

Lo anterior lo formulamos con el interés legítimo que tenemos como ciudadanos y como representantes de un grupo importante de trabajadores del INCOP afiliados a nuestra organización; además con el afán de que todo lo tratado en este engorroso proceso de privatización sea manejado transparentemente de cara a la ciudadanía y a la opinión pública.

Reiterándoles nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

c.:Sr. Enrique Montealegre Martín, Presidente Ejecutivo, INCOP.
c.:Jefa y Jefes de Fracción Parlamentaria Asamblea Legislativa.
c.:Sres Diputados, Sras Diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras INCOP.
c.:Archivo.

MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO SINDICAL COSTARRICENSE
ANTE EL PROBLEMA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO

Estimado señor:

Dejamos constancia por este medio de nuestro profundo repudio y rechazo a la unilateral y errónea decisión política impulsada por usted en el seno del Gobierno de la República, de proceder a una fijación de incremento salarial para el Sector Público en el presente semestre; desconociendo, completamente, a las distintas representaciones sindicales, profesionales y gremiales de la Administración Pública, organizaciones que son parte de la institucionalidad democrática costarricense.

En ninguna de las últimas cinco administraciones gubernamentales, pese a estar impregnadas de políticas económicas neoliberales como las que usted defiende, se había procedido a actuar de semejante forma. Se ha actuado peligrosamente, mostrando una intolerancia perversa, que, a la postre, representará una factura política que será cobrada muy caro.

La negativa a discutir el tema, negándose a convocar, de manera oficial, a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, aparte de su carácter intolerante y prepotente, nos incrementa la sensación de desconfianza sobre las cifras hacendarias y económicas que difunde la cartera a su cargo. Recordamos cómo, en la gestión de su antecesor en el cargo, se caía en constantes contradicciones e inexactitudes, cuando se debatía el tema de la denominada Ley de Contingencia Fiscal.

Particularmente resulta altamente sospechoso la circunstancia de que usted ordenara el incumplimiento de uno de los principales puntos de dicha legislación, que obligaba a un reforzamiento presupuestario de la Administración Tributaria por el orden de los cinco mil millones de colones.

Para nuestras entidades, representativas de importantes sectores laborales del Estado costarricense, la política salarial de signo neoliberal va en contra de la estabilidad socioeconómica de las familias de la clase trabajadora costarricense. Particularmente, en el Sector Público, se pretende profundizar el desestímulo en el empleo, potenciar la sensación de indignidad laboral; y, con mayor énfasis, impulsar el nefasto postulado neoliberal de concentración de la riqueza, vía empobrecimiento salarial.

Algunas firmas privadas de análisis económico de gran credibilidad para usted y los que piensan como usted, sitúan el índice inflacionario al finalizar el presente año 2003, entre un 11-12 %. Esto quiere decir que los empleados públicos llegarán al año 2004 con una reducción salarial del orden del 4.5 – 5. 5 %; sin considerar el porcentaje de 2.12 que se acumuló en la presente administración, antes de la imposición última del decreto del 3.5 %.

Vistas así las cosas, es inadmisible permanecer callados ante semejante situación y desde ya dejamos claro ante su autoridad, ante el propio Gobierno de la República, ante los trabajadores y ante las trabajadoras del Sector Público y ante la opinión pública nacional, que no descansaremos e impulsaremos todos los esfuerzos a nuestro alcance, por todas las vías sin excluir ninguna, para que tal situación se tenga que discutir profundamente y se implante la verdadera justicia salarial que tanta hace falta para garantizar un clima de paz social.

Las organizaciones gremiales y sindicales del Sector Público demandamos la convocatoria de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, llamamiento que es compartido por el sentimiento de miles y miles de servidores públicos, altamente agredidos y difamados en los últimos años; ofendidos en su dignidad, máxime al comprobar cómo la política regresiva salarial de corte neoliberal, ha sido burlada por las contrataciones multimillonarias de las famosas consultorías; empleando agentes externos, vía lo que ya se conoce como el “Estado paralelo”, cuando en el Sector Público hay acumulado un alto conocimiento administrativo técnico y profesional, semejante e incluso muchas veces superior, al representado por el que exhiben los tan mentados consultores.

Reiteramos nuestro compromiso con la paz social, base esencial de nuestra convivencia democrática. No obstante, sus alteraciones presentes y futuras serán responsabilidad de la prepotencia, de la arrogancia y del autoritarismo; valores éstos que no son consustanciales con nuestro modo de ser costarricense y; como es obvio, de todo ello no seremos responsables ni los trabajadores ni sus legítimas organizaciones.

—-
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de Costa Rica.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Trabajadores y trabajadoras del Sector Público.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial

Ingeniero
Alberto Dent Zeledón
Ministro de Hacienda
Su Despacho

Estimados señores:

Primeramente, les saludamos de la manera más atenta y respetuosa.

Con la facultad que nos brinda el Artículo 27 Constitucional y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, acudimos a sus respetables autoridades a fin se nos brinde la siguiente información:

Número y nombre de las firmas de las consultoras u asesorías que han sido contratadas y pagadas con fondos de las fundaciones CRUSA y FUCE.

Monto a que asciende el pago de cada una de esas consultorías y el propósito para lo que fueron contratadas.

Personeros de gobierno, asesores y/o funcionarios públicos que son pagados con fondos de estas fundaciones, tiempo de contratación y el costo o paga que se ha hecho a cada asesor o funcionario por los servicios prestados

Montos, recursos económicos o de otro tipo, que ha trasladado el Estado costarricense a estas fundaciones y en qué proyectos han sido invertidos esos recursos.

De qué organismos internacionales reciben fondos económicos estas fundaciones, a cuánto asciende esta ayuda y en qué proyectos se han utilizado dichos fondos.

Qué control tiene el Estado costarricense sobre el manejo de los fondos estas fundaciones.

Qué productos tangibles se han obtenido de la inversión de estos fondos y a qué sectores sociales y productivos se ha beneficiado.

Por qué el Gobierno no ha manejado o administrado directamente estos recursos; por qué se han entregado estos fondos públicos para que los manejen terceros.

Sin más y agradeciendo su gentil atención, se suscriben con todo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.

¡Solamente en la calle seremos respetados!

Desplegando la fuerza de la dignidad que nos caracteriza, uniéndonos con firmeza y demandando respeto para con nuestra condición humana, echaremos abajo ese injusto decretazo salarial.

Un decreto se cambia con otro decreto. Ya ha ocurrido. En 1999, durante la administración anterior, de ingrato recuerdo, en una sola ocasión se emitieron ¡tres decretos!.

La fuerza la tiene usted. El poder lo tenemos todos juntos. Lo demostró la gente del ICE. Lo demostró el Magisterio Nacional. Nosotros mismos lo hemos demostrado en el pasado.

¡Sí hay plata!. Los miles de miles de millones en consultorías así lo demuestra. El salario del “cerebro” económico del actual Gobierno, de 1 millón 800 mensuales, así lo demuestra.

El peligro de nuestro empobrecimiento salarial está más claro hoy que nunca. Si nos dejamos ahora (incremento por debajo del índice de inflación), lo que sigue, en el corto plazo, es el congelamiento de los salarios; y luego, en el mediano plazo (el año entrante), el rebajo salarial. Así empezó Argentina y ya todos sabemos cómo quedó ese pueblo, particularmente, sus empleados públicos.

¡Alístese!. Salga a la calle en cuanto le convoquemos. Tenemos que ser miles para irnos frente al antiguo Banco Anglo (de donde se robaron millones que hoy, nosotros, el pueblo, todavía estamos pagando). Se ha demostrado: en la calle sí se nos respeta.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

Afortunadamente para el desarrollo de la democracia costarricense y pese a las lógicas y a veces conflictivas discrepancias que hemos tenido y que tendremos con su Gobierno, debemos reconocer que el actual Presidente de la República de Costa Rica, ha brindado respeto a las organizaciones de los trabajadores costarricenses, sean éstas de naturaleza sindical, cooperativista ó solidarista. Particularmente, en ANEP hemos sentido ese respeto y creemos necesario reconocerlo por esta vía.

Por eso le solicitamos que usted siga en esa dirección, apegado a la filosofía socialcristiana y, particularmente, a las enseñanzas del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia. Esta actitud suya servirá para que los infundios de ciertos líderes oligarcas de este país (difundidos por ciertos medios de comunicación colectiva que controlan y que siempre han expresado una aversión patológica para todo lo que huelga a organización social y, particularmente sindical), no encuentren eco en la abrumadora población costarricense expresada en la clase trabajadora; la cual mira como estos oligarcas y los lacayos asalariados que hoy le critican a usted, se han venido enriqueciendo aceleradamente, empobreciendo a las grandes mayorías de este país.

Le respaldamos totalmente en su actuación en el caso del destituido Ministro de Ciencia y Tecnología y ante usted dejamos constancia de que rechazamos, tajantemente, la peligrosa e insidiosa afirmación del hoy destituido jerarca, de que los sindicatos gobiernan este país; aseveración que expresa una injuriosa y peligrosísima provocación para alimentar las voces del odio de los oligarcas y sus amanuenses en los medios de comunicación que controlan.

Nosotros pensamos que todavía quedan dentro de su gobierno importantes jerarcas que responden a esos intereses oligarcas contrarios a la filosofía socialcristiana que usted profesa, Sr. Presidente. Esperamos que por el bien del país y de la necesaria restauración de los supremos valores de la idiosincrasia costarricense (el diálogo, la solidaridad, la equidad y la tolerancia), de una forma u otra, terminarán yéndose de su Gobierno como usted así lo ha indicado.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——
c.: Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos.
c.:Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE).
c.:Movimiento Sindical Costarricense.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Licenciada
Patricia Vega Herrera
Ministra
Ministerio de Justicia y Gracia
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

Luego de saludarla de la manera más atenta y respetuosa, enérgicamente protestamos ante su digna autoridad por la abierta actitud antisindical que están asumiendo vigilantes de la empresa privada que presta servicios de seguridad al Registro Nacional; quienes nos han indicado tener órdenes expresas de las autoridades de esta institución, de impedir el ingreso de representantes sindicales de la ANEP a dichas instalaciones, para efectos de distribuir material informativo al personal en los momentos en que éste ingresa a laborar; pese a que nuestros representantes se han identificado debidamente.

Los vigilantes indican que solamente pueden permitir el acceso al Registro Nacional en las condiciones apuntadas a los personeros del sindicato interno, situación ésta totalmente inaceptable para la ANEP, razón por la cual, respetuosamente, solicitamos a su digno despacho, como máximo jerarca institucional definirnos lo siguiente:

a- Cuáles han sido las supuestas nuevas directrices que habrían sido emitidas por las altas autoridades del Registro Nacional que impiden en acceso de la ANEP para la actividad sindical que promovemos.
b- Cuál es la posición oficial del despacho ministerial a su digno cargo, si es verdad lo que se nos ha indicado para entorpecer nuestra labor.

Como le consta a usted, señora Ministra, la ANEP desarrolla una labor sindical de alta responsabilidad, de gran seriedad y sobre todo, respetuosa; usted sabe que promovemos el diálogo y la negociación en todo momento y que nos caracteriza una fuerte actitud propositiva de evitar el conflicto hasta donde resulte posible. Usted es consciente de que esta es una actitud que nos caracteriza en todos los ambientes institucionales y así es reconocida por el propio Gobierno de la República en su ámbito global.

Lamentamos indicar que de ser cierta la disposición de impedir el acceso y el desarrollo del trabajo sindical de la ANEP en el Registro Nacional, tendríamos que defendernos en todas las instancias necesarias, administrativas, políticas y judiciales correspondientes, tanto nacionales como internacionales, pues estaríamos al frente de lo que la ley tipifica como PRACTICAS LABORALES DESLEALES.

No obstante, como hemos tenido el honor de conocerla a usted, tanto en sus posiciones políticas como éticas y de respeto profundo a la ley, tenemos la certeza de que usted no tolerará semejante atropello y no pondrá en riesgo las excelentes relaciones que hasta ahora se desarrollan entre el Ministerio de Justicia y Gracia y la ANEP.

Esperando una pronta atención a nuestro reclamo, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guido Fallas Monge
Directivo Nacional
Responsable ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.

—-
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Dagoberto Sibaja Morales, Director General del Registro Nacional.
c.:Empresa privada prestataria del servicio de seguridad al Registro Nacional.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimados señores y estimadas señoras:

Reciban, en primer término, un respetuoso saludo de parte de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Con suma preocupación nos hemos enterado que esa honorable Junta Directiva, integrada por sus estimables personas, habría contratado los servicios profesionales del Lic. Federico Brealey Echeverría, a fin de obtener de él asesoría en sus funciones como directivos de la empresa.

Según tenemos entendido a dicho señor se le cancelaría la suma de 250.000 colones mensuales por sus servicios y que en próximos días ustedes estarían valorando aumentar dicho monto por encima de los 300.000 mil colones

La ANEP considera esta situación desde todo punto de vista sumamente preocupante, toda vez que sabemos la institución cuenta con nueve abogados, por lo que la contratación de dicho licenciado parece no ajustarse a la política de reducción del gasto promovida por el Gobierno de la República. Con todo respeto, consideramos que más bien pareciera ser parte de los gastos superfluos que se denunciaron en los últimos días por parte de la ya hoy desaparecida “Comisión del Gasto Público”. Los integrantes de ésta han señalado, correctamente, que empresas e instituciones del Estado gastan millones de colones al año en consultorías, pese a que se cuenta con los profesionales pertinentes para que realicen funciones como en este caso; más aún si estimamos que es menos justificable cuando sabemos que dicho señor se estaría presentando a Junta Directiva sólo cuando es necesario y por breves espacios de tiempo.

Así las cosas les solicitamos, respetuosamente, dejar sin efecto dicha contratación. Nuestra solicitud la hacemos con el único fin de que los recursos públicos que con tanto esfuerzo ha logrado generar la empresa, a través del sacrificio y entrega de parte de los trabajadores y de las trabajadoras de la institución, sean empleados directamente en el mejoramiento de la calidad del servicio que se brinda al público. Bien es sabido que la gente que trabaja para Correos de Costa Rica, S. A., ha sufrido el cercenamiento de varios derechos laborales cuya eliminación es bastante cuestionable y contrataciones como la descrita, contando la institución con el suficiente personal profesional en el mismo ramo, representa un desestímulo y una fuente de gran desmotivación.

Esperamos una respuesta a nuestra solicitud, misma que solicitamos con base en el Artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Les reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guido Fallas Monge
Directivo Nacional
Responsable ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.

—-
c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Señores Gerencia General de Correos de Costa Rica, S. A.
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.
c.:Trabajadores y Trabajadoras de Correos de Costa Rica, S. A.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimado señor Ministro:

Reciba un respetuoso saludo de la organización sindical que representamos. A la vez aprovechamos para manifestarle lo siguiente:

En el seno de la Asamblea Legislativa se ha estado discutiendo una modificación a la Ley 8341, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2003, para autorizar transferencia de fondos del orden de ¢3.280.000.000 del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), con la finalidad de que esta última institución atienda el proceso de “reestructuración institucional”, sea la privatización de los puertos a cargo de la misma.

Entendemos que con este dinero se cancelará a los trabajadores y a las trabajadoras del INCOP, una indemnización adicional a las prestaciones legales, por concepto de “desarraigo”; indemnización que, en un principio, se indicó que se cancelaría con el depósito inicial exigido a las empresas concesionarias de los carteles de las diferentes licitaciones.

La solicitud de transferencia incluida en la modificación en trámite no especifica que dichos fondos serán reembolsados al CONAVI por el INCOP, lo cual nos permite presumir que dicho monto podría no ingresar nuevamente a las arcas del Estado costarricense.

Además de este desembolso, el Estado como tal, deberá realizar mayores aportes económicos para que concluya el proceso de concesión de las terminales de los puertos puntarenenses. Lo anterior según los datos que exponemos a continuación:

Según una publicación del periódico La Nación, del 22 de octubre de 2002 (hace casi un año), el monto que recibiría el INCOP por parte de los consorcios que operarán tres de las terminales sacadas a concesión serían los siguientes:

El CONSORCIO CALDERA II – Operación de la actual terminal de Caldera – US$ 5.081.000 – Equipo actual del puerto – US$ 789.100

El CONSORCIO CALDERA I – Por construcción y operación de la terminal de granos
(¢3.280.000.000 transferencia CONAVI-INCOP) – US$ 8.201.000

SAAM – Concesión de los remolcadores US$ 4.000.000 – Costo de los remolcadores actuales de INCOP – US $ 2.006.584

TOTAL US$ 20.077.648

El costo total de la indemnización (“desarraigo”) de los trabajadores, según la misa publicación sería de $23.432.000

Los números anteriores evidencian que a octubre de 2002, el dinero que ingresaría al INCOP por concepto de pago de las empresas concesionarias, ni siquiera alcanza para cancelar el desarraigo; eso sin tomar en cuenta que al día de hoy los cálculos aumentan, puesto que si la indemnización se cancelará teniendo como parámetro la antigüedad de cada uno de los trabajadores, al día de hoy el monto es mayor, dado que hay un aumento de la antigüedad de los trabajadores.

En ese sentido tenemos que el Estado tiene que desembolsar, para completar las indemnizaciones complementarias por desarraigo, un total de US$ 3.364.352.

Además:

Prestaciones legales calculadas hace aproximadamente 1 año – US $ 8.000.000
Monto cancelado a la consultoría del proceso (Hamburg Port Consulting) US$ 1.141.893
*TOTAL: * US$ 12.512.245

Como vemos, el total de aporte del Estado a octubre de 2002, al proceso de modernización de INCOP ascendía a $12.512.245, o sea, aproximadamente ¢5.004.898.000.

Lo anterior sin tomar en cuenta que en el monto presupuestado para prestaciones legales se está calculando el pago con un tope de 13 años, pero resulta que en el caso de reestructuraciones en el Sector Público se debe cancelar todos los años laborados. Esto hará que se deberá atender esta diferencia en el monto de las prestaciones legales, generándole al Estado una erogación adicional de dinero que por la antigüedad de la gente que labora en la institución, implicará, al menos, unos ¢1.200.000.000 más.

Además, no se está incluyendo en ese presupuesto a los trabajadores interinos (denominados erróneamente “ocasionales” por las autoridades del INCOP) que al día de hoy ascienden a 550 personas, quienes también tienen derecho al pago del famoso desarraigo y de las prestaciones legales.

Además, señor Ministro, debe saber usted que en el Puerto de Caldera funcionan o prestan servicio una serie importante de empresas privadas, mismas que una vez entregado el puerto a los concesionarios deberán desalojar esas instalaciones. Nos preguntamos: ¿Se calculó ya por parte de su despacho y/o de las autoridades del INCOP, A CUANTO ASCIENDE LA INDEMNIZACIÓN QUE DEBERÁ PAGAR EL ESTADO A ESTAS EMPRESAS, ya que los servicios prestados por estas también fueron adjudicados en la concesión?; ¿cuánto más tendremos que pagar los y las costarricenses por este negocio?.

Evidentemente señor Ministro, esta es la realidad del gran negocio de la privatización del INCOP. Con cálculos modestos a octubre de 2002, el Estado debía desembolsar más de ¢5.004.898.000 para entregarle un bien público a un grupo privado, habiendo pagado prestaciones, indemnizaciones, sin trabajadores, sin sindicatos y sin obligaciones de inversión en modernización.

Consideramos señor Ministro, que las cifras expuestas evidencian que la privatización de INCOP no constituye más que un negocio leonino para el Estado costarricense, que lejos de dejar ganancia a todos y todas los costarricenses, nos deja pérdidas, puesto que pareciera que estamos pagando para deshacernos de una institución pública que bien administrada, produciría riqueza a la provincia de Puntarenas y al país en general.

Lo anterior resulta una contradicción ante el anuncio que hiciera su autoridad respecto al recorte de ¢30.000.000.000 en proyectos de inversión social, mismo al que manifestamos nuestra más enérgica oposición.

Respetuosamente le cuestionamos señor Ministro: ¿Por qué recortar en inversión social, deteriorando más los servicios públicos y las condiciones de quienes laboran en el Sector Público; y, por el contrario, destinar fondos públicos para favorecer negocios privados, como el que representa la privatización del INCOP?

Señor Ministro, instamos respetuosamente a retirar este presupuesto de la corriente legislativa, no sólo por su carácter inconstitucional, sino además por los vicios que mucha gente conocedora de la materia ha denunciado que contiene el proceso licitatorio, mediante el cual se pretende entregar esta institución al Sector Privado; además de lo leonino que resulta este negocio para el Estado a la luz de los altos costos económicos y sociales en que se deberá incurrir para concluir este “negocio”.

Le aseguramos, además, que nuestra organización sindical esta consciente y segura de que esta institución requiere con urgencia de un verdadero plan de modernización que debe ir a la par de un plan de contingencias, para permitirle invertir los recursos que produce en el mejoramiento de los servicios que presta.

En honor a la verdad, el Gobierno de la República debería intervenir, inmediatamente, esta institución a fin de facilitar un proceso real de modernización, con la participación efectiva de todos los sectores interesados en sacar ese puerto del atolladero en que, irresponsablemente, lo han metido las últimas administraciones. Un puerto sana e intencionadamente bien administrado, en manos del Estado, hará que la riqueza que produce no se la lleven las transnacionales y pueda ser el motor que con políticas públicas claras, empuje el desarrollo de la provincia de Puntarenas y el bienestar en general para todos y todas las costarricenses.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Presidente Seccional ANEP-INCOP

—-
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella. Presidente de la República.
c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Señoras Jefas y señores Jefes de Fracción Asamblea Legislativa.
c.:Señoras diputadas y señores diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Luís Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Organizaciones Sociales de Puntarenas.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.