Categoría: Incidencia

Desempleo en nivel histórico del 24%

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• Para muchos especialistas, la realidad social y económica indica cifras todavía más altas

• El “Quédate en casa” como política pública ante el covid-19 se desacredita, por ello, urgen medidas económico-sociales extraordinarias: proponemos varias

Las cifras oficiales de desempleo, dadas a conocer hoy por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), lo sitúan en un nivel histórico: ¡24%!; la cifra más alta desde la fundación de la Segunda República, en 1949.

Sin embargo, para muchos especialistas, la realidad social y económica indica cifras todavía más altas, tomando en cuenta las personas que ya declinaron buscar trabajo porque se cansaron de hacerlo; o las personas que tienen empleo ocasional y/o por horas. Todo ello, impulsa el crecimiento de la informalidad que podría llegar al 60% de la Población Económicamente Activa (PEA), para finales del 2020.

Prácticamente, estamos llegando a un punto en que, en Costa Rica, se puede afirmar que solamente una persona de cada tres, en edad de trabajar, contaría con empleo formal y salario fijo; y, por ende, serán la base fundamental de sostenimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y de la Seguridad Social misma. Y, además, hay que recalcar que gran parte de esa base fundamental es el empleo público.

Sin duda alguna, y dada la persistencia de la pandemia del coronavirus covid-19, el “Quédate en casa”, como política pública para combatirla, se desacredita, pierde legitimidad y augura más tensiones sociales y más manifestaciones de calle.

El “Quédate en casa” sin medidas económico-sociales que lo hagan sostenible, va hacia el fracaso total y, por ende, podríamos tener un incremento de casos de pandemia en cifras insospechadas; amén de un aumento de tensiones sociales y de eventos de todo tipo en la calle.

Esas medidas económico-sociales no serán suficientes con una nueva asignación del bono proteger; es urgente, medidas como las siguientes para ser aplicadas en el último cuatrimestre del presente año 2020 -setiembre, octubre, noviembre y diciembre-: 1) moratoria en el pago de los recibos de agua, luz, teléfono e internet; 2) moratorias en el pago de las cuotas de los préstamos en entidades financieras; 3) inyección de capital a las micro-pequeñas y medianas empresas para aliviar sus cargas municipales, de seguridad social y fiscales.Además, de parte de la Asamblea Legislativa deben tomarse decisiones como: a) aprobación urgente del proyecto de cancelación de dudas del campo agropecuario; b) aprobación urgente de los proyectos de ley sobre tarifas de alquileres y sobre precios de medicamentos; c) supresión del pago del marchamo vehicular del año 2020-2021; d) aprobación del impuesto solidario a las altísimas fortunas y capitales acumulados en los últimos 10 años; e) aprobación de un proyecto de ley para regular el uso de las reservas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su incidencia en el tipo de cambio.

Finalmente, es urgentísimo impulsar una política fiscal radicalmente distinta a la que viene promoviendo el grupo de élite empresarial que gobierna con Alvarado a la cabeza: a) abandono del recortismo presupuestario irresponsable, irreflexivo e irracional; b) reestructurar la deuda pública del país; c) moratoria, transitoria al menos, en el pago de los abusivos intereses; c) impuesto (al menos, transitorio) para las zonas francas; d) parar el ataque a los salarios del empleo público y frenar el odio hacia la clase trabajadora estatal; e) inyección de recursos para las municipalidades a fin de que propicien obra pública local y micro-pequeños emprendimientos para la reactivación económica; f) fortalecimiento integral del Ministerio de Hacienda para el logro de una verdadera recaudación de impuestos; g) retomar el informe legislativo sobre la investigación de “los papeles de Panamá”.

San José, jueves 6 de agosto de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Pese a cuestionamientos y mala gestión, presidente Alvarado sigue protegiendo a Yamileth Astorga y a su red de cuido en A y A

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Por: seccional ANEP-A y A

La realidad de Acueductos y Alcantarillados

En conferencia de prensa del 31 de julio de 2020, el Presidente de la República dijo:

“Cuando dijimos tomar acciones en efecto las tomamos, las personas responsables de los departamentos de cobros fueron si no me equivoco suspendidos por la Junta Directiva en una investigación que está en curso porque eran las personas responsables de esa temática ahí fue en lo que yo dije actuar actuamos lo que yo instruí a doña Yamileth a hacerlo lo que se procedió de conformidad¨

Lo manifestado por el Presidente, fue un acuerdo que tomó la Junta Directiva de AyA, en la Sesión Extraordinaria 2020-39, en la cual se suspende con goce de salario por un mes a dos funcionarias de mandos medios mientras se realiza el período de investigación (Mismo que fue excluido del acta).

Lo que no indica el Presidente, no sabemos si es por desconocimiento o por seguir defendiendo la mala gestión de Astorga, es lo siguiente:

Mediante GG-2020-01125, el Ing. Manuel Salas Pereira, Gerente General de AyA, da la instrucción de que la facturación se realice en forma estimada a partir del 20 de marzo y hasta nuevo aviso.

Al respecto nos preguntamos:

¿Por qué razón no se suspende al Gerente General siendo quien provocó el problema y en su lugar investigan a dos funcionarias de mandos medios por cumplir su directriz?

Igualmente nos preguntamos:

¿Qué pasó con el Consejo Gerencial de AyA que se reunió para tomar decisiones?

Consideramos que el Ing. Salas Pereira es pieza fundamental dentro de la “red de cuido” de Astorga, en qué nos argumentamos para decirlo, en que su nombramiento es promovido por ella, y no solo eso, resulta que él es primo hermano de Ligia María Salas Pereira, esposa del Viceministro Jorge Gutiérrez Espeleta, primo hermano de doña Yamileth.

Cobros excesivos que afectaron a muchas familias en plena pandemia por una directriz que emitió el Ing. Salas Pereira sin recibir sanción alguna y, en su lugar, suspenden con goce salarial a dos funcionarias vendiéndole al colectivo la idea de que algo se hizo para “arreglar la torta”

Dos millones de dólares solo en honorarios por una contrademanda perdida, con la empresa Acciona Agua S.A. por errores de AyA que ahora deberá pagar los costarricenses, donde tanto la Presidenta Astorga Espeleta como el Gerente Salas Pereira tenían conocimiento según lo indica el Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga en sus declaraciones a la Prensa, pero ahora resulta que salen absueltos de toda culpa.

Una inversión multimillonaria en una plataforma tecnológica, por el monto de 45 millones de dólares con recursos propios.

Señor Presidente: Con semejante cantidad de dinero cuántos acueductos se pueden hacer o modernizar, cuántas zonas marginales se pueden atender, cuántos bonos proteger se podría entregar con ese dinero a familias costarricenses de bajos recursos o, en el
peor de los casos, que han perdido sus empleos y, mientras esto pasa, la población sigue siendo gravemente afectada por los razonamientos de agua.

Una ejecución presupuestaria de un 32% al 31 de mayo del 2020, que no llega ni al 50% de la ejecución estimada.

Señor Presidente los papeles hablan y no la inauguración de proyectos en Guanacaste o Limón que iniciaron hace muchísimo tiempo, inclusive, antes de que doña Yamileth entrara al AyA. ¿Conocía usted esta información?

También, tenemos pérdidas acumuladas a diciembre 2018 de 15 mil millones de colones y a 2019 de 14 mil millones de colones respectivamente, los cuadros no mienten y estas pérdidas suman 30 mil millones de colones.

Además, una lista enorme de informes de la Auditoría Interna de AyA donde advierten manejos administrativos irregulares y que la Subgerencia de AyA aún no ha entregado a la Seccional, entre ellos los siguientes: AU-2020-00109, AU-2020-00269, AU-2020-00282.

Pero ahí no termina la pesadilla para los costarricenses y principalmente para las trabajadoras y los trabajadores que tememos en algún momento perder AyA y quedarnos sin trabajo, veamos:

Mediante documento DM-784-2020, el Ministerio de la Presidencia, Sr. Marcelo Prieto Jiménez, solicita a doña Yamileth Astorga transferir recursos al Fondo Nacional de Emergencias.

Esto lo consultó vía correo electrónico la Junta Directiva de la Seccional a la Licda. Ana Cecilia Matamoros, Directora de Financiero, quien nos respondió lo siguiente:

“El estudio financiero que ustedes solicitan lo está trabajando directamente la Gerencia, yo todavía no tengo acceso a los resultados finales, de las sesiones en que he participado se ha concluido que AYA no tiene capacidad de aportar recursos a la CNE, sin embargo, se siguen haciendo valoraciones”

Realmente, a la Seccional ANEP-AyA, le preocupa que pese a la recomendación de la Dirección Financiera, se le quite más plata al AyA por compromisos políticos sin tener la capacidad, no porque no se quiera sino porque financieramente no se puede

Señor Presidente:

¿Qué más quiere que pase en AyA para que destituyan a Yamileth Astorga de su cargo?

Respetuosamente, no debería justificar su permanencia en proyectos viejos, pues con ello lo que hace es generar más indignación entre la población trabajadora y entre los clientes en general.

Por buena que sea una persona, por mucho que esta ayude a otras personas o por haber hecho buenas obras, si comete uno o varios errores, tiene que asumir las consecuencias de sus actos, así funciona en todas las esferas políticas.

Nosotros no quisiéramos pensar que existe algún interés personal más allá del interés de la población que exige su salida.

Con igual respeto, condenamos y repudiamos lo manifestado en un medio de comunicación, por parte del Ministro de la Presidencia, el Señor Prieto Jiménez, quien dijo que los errores de la institución no requieren repercusiones políticas.

No obstante, si esto lo dijera desde la perspectiva del consumidor, posiblemente diría:

Los errores de la Institución requieren repercusiones políticas pues van en detrimento del bolsillo de los consumidores y de la estabilidad económica de la Institución, por tanto, se debe de destituir de su cargo a la Presidenta Ejecutiva de AyA.

Son muchos los errores y contando, mismos que venimos denunciando a través de la Prensa que ella tanto alude al punto de solicitar que no se les brinde información, pero, lamentablemente estas acciones en el gobierno del PAC no generan destituciones.

(Adjuntamos cuadros comparativos)

TOMADO DEL RESUMEN EJECUTIVO DE CAJA DEL A Y A
AL 31 DE MAYO DEL 2020
TOMADO DEL RESUMEN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL A Y A

Conductores Trabajadores de Plataformas Tecnológicas presentaron documento en Casa Presidencial

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Representantes de la Asociación de Conductores Trabajadores de Plataformas Tecnológicas (Acoplatec), presentaron este miércoles un documento en Casa Presidencial solicitando que se convoque nuevamente en la corriente legislativa el expediente N°21.587 “Ley Reguladora de los Servicios de Transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas», para su respectiva discusión, análisis y modificación, con la intención de dejar de lado la informalidad laboral.

Incluso los representantes de Acoplatec indican que con la informalidad, no solo pierden ellos en materia de derechos y de estabilidad. También pierden instituciones como el sistema de salud (y la Caja) ante falta de cuotas de aporte obrero o patronal, que ayude a contrapesar, los múltiples huecos financieros de la seguridad social de todos los costarricenses.

Compartimos el documento presentado.

San José, miércoles 5 de agosto de 2020.
Sr. Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República
Sr. Marcelo Prieto Jiménez, Ministro de la Presidencia
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asunto: Solicitud urgente de Conductores de Plataformas Tecnológicas, integrados al Encuentro Multisectorial de Organizaciones.
Reciban formal y respetuoso saludo de nuestra parte.


Hoy miércoles 5 de agosto nuevamente nos dirigimos a ustedes. Hace una semana también lo hicimos, como una de las organizaciones firmantes del Oficio “Remisión oficial a sus dignas autoridades del Manifiesto de la Manifestación Vehicular Pacífica del lunes 27 de julio de 2020”, del cual todavía no recibimos de parte de Casa Presidencial ni acuse de recibo, ni formal respuesta.


Como organización de Conductores de Plataformas Tecnológicas, consideramos:


I. Que el desempleo, esa odiosa situación que enfrentamos las personas que en condición de trabajar, pero no tenemos acceso a fuentes de empleo (o lo hemos perdido); es un problema constante en nuestro país, el cual alcanzó cifras record antes del COVID -19, profundizándose dramáticamente estos meses de pandemia.

II. Que el subempleo, esa triste situación que enfrentamos las personas que no tenemos empleo por tiempo completo, cuyas jornadas no aprovechan completamente la capacidad del trabajador, y cuya retribución salarial, representa ingresos por debajo del mínimo, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas; también es una realidad aumentada ante el COVID-19

III. Que si bien ambas condiciones (desempleo y subempleo) han aumentado durante la Pandemia del Covid-19, las mismas ya alcanzaban cifras alarmantes antes del inicio de esta emergencia nacional, como alarmante de igual forma era la cifra cercana al 50% de informalidad laboral en que se encontraba la población económicamente activa, antes de marzo anterior.

IV. Que ante el aumento ambas condiciones (desempleo y subempleo),la informalidad laboral, es una de las opciones que nos recuerda que la necesidad tiene triste cara. La informalidad, esa creatividad de reinventarnos ante el desempleo y el subempleo, es la única opción que hemos encontrado miles de personas, para llevar alimentos a nuestras familias, ejerciendo o desarrollando ocupaciones, cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal. Lo anterior como alternativa a las ineficaces soluciones que en materia de desempleo y subempleo, han gestionado quienes a lo largo de los últimos años, han postulado sus nombres para integrar dos de los principales Poderes de la República (Ejecutivo y Legislativo).

V. Que como trabajadores de plataformas tecnológicas, somos parte de esa informalidad laboral, de esa triste realidad de buscar ingresos en actividades que por no estar reguladas, carecen de un marco legal que nos proteja como ciudadanos de injusticias, que nos de derechos, derecho de trabajo digno, de empleo decente.

VI. Que con la informalidad, no solo perdemos nosotros en materia de derechos y de estabilidad. También pierden instituciones como el sistema de salud (y la Caja) ante falta de cuotas de aporte obrero o patronal, que ayude a contrapesar, los múltiples huecos financieros de la seguridad social de todos los costarricenses.

VII. Que para nosotros regulación significa ser sujeto de derechos y no más ciudadanos de segunda categoría. Pero para el país, la regulación de nuestra actividad económica, significa ingresos frescos a la Seguridad Social (con aporte obrero y aporte patronal), así como nuevos ingresos para Hacienda, en materia de impuestos.

VIII. El Gobierno, no sólo ha sido incapaz de solucionarnos el tema del desempleo o subempleo (lo hicimos nosotros a como pudimos, con mucho esfuerzo de por medio), sino que además, y peor aún, el gobierno cuando decimos que queremos contribuir a la seguridad social de todo el país, cuando decimos que queremos contribuir con impuestos que sean invertidos en programas sociales.

IX. Que debido a lo anterior, no nos parece un abordaje responsable para con nuestras familias, que el Gobierno de la República en días recientes, haya convocado y de forma inmediata desconvocado, de la agenda del actual periodo de sesiones extraordinarias iniciado el pasado 1 de agosto; los expedientes legislativos relacionados con regular y dar una solución estructural que proteja de la informalidad a las 16 mil familias de personas conductoras de plataformas tecnológicas, quienes somos una realidad laboral vigente en el país (especialmente el Expediente 21.587 “LEY REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR
MEDIO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS”).

X. Que en los últimos días, a pesar de la recesión en la economía, de la caída den los ingresos, de la dificultad que representa para miles de familias de conductores de plataformas tecnológicas, que formamos parte de la informalidad laboral, ganarnos con trabajo el ingreso para costear el pan y techo de cada día; hemos visto encrudecida la fiscalización de nuestra actividad económica la cual si bien es no regulada, no ha sido declarada formalmente ilegal por parte de las instancias pertinentes.

XI. Por lo mencionado en el punto anterior, nos resulta difícil de comprender, como a actual Administración(Ejecutivo) y las Legislaturas en ejercicio (Diputados), durante la actual Administración han promovido, aprobado y ejecutado; Amnistías Tributarias para los grandes deudores del Estado, otorgando condonación totales de intereses y rebajos parciales de penalizaciones… pero en contraste con lo anterior, no muestra la misma diligencia para aprobar en tiempos de pandemia, una Amnistía para la actividad económica que ejercemos los choferes de plataformas tecnológicas, en materia de lo dispuesto por la DIRECTRIZ N° 082 – P, emitida por el Poder Ejecutivo, y publicada en el ALCANCE DIGITAL N° 194, específicamente en La Gaceta N° 150 del 09 de agosto de 2017.
Debido a lo hasta aquí expuesto, formalmente solicitamos.
A. La convocatoria en la agenda del actual periodo de sesiones extraordinarias, para trámite, discusión y aprobación, de los proyectos de ley que regulen nuestra actividad económica (especialmente el expediente 21.587 “LEY REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR MEDIO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS).

B. El establecimiento para la actividad de transporte que ejercemos los choferes de plataformas tecnológicas, a través de los mecanismos que correspondan a la competencia del Poder Ejecutivo; de una Amnistía en tiempos de Pandemia, con respecto a la vigilancia y sanciones en las vías públicas terrestres del país, sobre lo dispuesto en la DIRECTRIZ N° 082 – P (publicada en La Gaceta N° 150 del 09 de agosto de 2017).

C. La respuesta al Oficio del miércoles 29 de julio de 2020 (supracitado) y la creación de una mesa única de atención a la crisis, entre el Gobierno y las Organizaciones públicas y privadas que impulsamos como primera actividad el manifiesto y la caravana vehicular del 27 de julio.

Criterio de ANEP sobre Proyecto de Ley que pretende eliminar anualidades

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó su criterio a los diputados de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de Ley 21.917 que pretende eliminar las anualidades en el sector público.

Anep: Proyecto de Ley Anualidad 21.917 by Yariela Novo on Scribd

ANEP-ANUALIDADES-COMENTARIOS-PROYECTO-DE-LEY-ANUALIDAD-PROYECTO-21.917Descarga

Seccional de ANEP en Migración constató condiciones laborales de funcionarios en zona fronteriza

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La seccional de ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) constató en una gira por la zona fronteriza de Peñas Blancas, las condiciones en las que trabajan los funcionarios de este cuerpo policial y la situación de los extranjeros varados en la frontera.

“Queremos agradecer a la administración los esfuerzos realizados ya que pudimos verificar que los oficiales cuentan con los insumos necesarios para laborar de forma segura, cuentan con uniformes completos, chaleco antibalas, mascarillas, guantes y los implementos de aseo e hidratación”, detalló Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la Seccional ANEP-PPME.

Otros de los aspectos importantes a destacar es que los horarios de los oficiales son adecuados, cumplen en jornadas de 12 horas con el mismo tiempo de descanso y en rol de 6×6. La oficina de Peñas Blancas cuenta con 40 oficiales activos, quienes se dividen en tres jornadas para atender las 24 horas, además existen 32 oficiales de refuerzo de otras oficinas como Nicoya, Puntarenas, Liberia, Los Lagos, entre otras.

“Conociendo la situación actual y venidera instamos nuevamente a las autoridades para que apoyen el proyecto Ley 20.323, ya que la cantidad de oficiales no dan abasto para atender la situación migratoria del país. Hemos visto este problema en varias oficinas como por ejemplo la de Nicoya que se encuentra cerrada desde marzo debido a que los oficiales destacados se encuentran de refuerzo en la frontera norte. Una situación parecida se presenta en el Centro de Atención para Migrantes el cual cuenta sólo con dos oficiales los cuales  laboran de 8:00 a.m. a 4 p.m.  de lunes a viernes,  dejando  sin presencia  policial  las noches  y los fines  de semana. Alrededor de 32 oficiales deberán volver paulatinamente a sus oficinas, esto dejaría   poco personal  para el resguardo  de la Frontera Norte”, agregó Mora.

En cuanto  a los extranjeros varados en la frontera, constatamos  que se encuentran  en territorio  nicaragüense, custodiados  por la policía  de Nicaragua quienes  les impiden continuar  hacia  sus hogares. A ellos se les exige presentar la  prueba COVID y ante  esto nuestras autoridades tuvieron  muchas  limitaciones  para la toma de decisiones.

«Nos encontramos  con el Ministro de Seguridad, Michael Soto y el Viceministro de Gobernación, Carlos Torres y la Directora General  de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert, quienes  en un acto  responsable  de humanidad realizaron  diferentes  articulaciones para poder  buscar  una salida  ante  la difícil  situación de las personas que se encuentran en la frontera», indicó Mora.

Gerardo Mora Ordóñez 

Presidente de la Seccional ANEP PPME – Directivo Nacional de ANEP.

Lecturas recomendadas: Pandemia (propuesta sindical), jornada de 8 horas y empleo público

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP ) comparte con usted tres temas de actualidad: Pandemia y la propuesta sindical, jornada de 8 horas y empleo público.

  1. Propuesta sindical-social para los tiempos de pandemia. 

La institucionalidad al rescate de los sectores laborales y productivos ante los efectos del covid-19 en el país- Una propuesta “desde la otra acera”. Entregada al Gobierno de la República desde el 14 de abril de 2020. Al 31 de julio de 2020 seguiremos esperando, al menos, acuse de recibo.

La institucionalidad al res… by EugenioGuerrero on Scribd

2. Jornada de 8 horas-«Flexibilización laboral»

Nuestro planteamiento de fondo con relación a la eliminación de la histórica jornada de 8 horas: «Posición de ANEP entregada el 24 de enero de 2020, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, con relación al Expediente Legislativo No. 21.182.

ANEP cuestiona proyecto de … by EugenioGuerrero on Scribd

3. Empleo público-Memorandum de comentarios técnicos sobre proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde su sede en Ginebra, Suiza. Interesante análisis.  No necesariamente debe ser considerado como la posición oficial de la ANEP. Ésta se dará a conocer cuando se nos cite por parte de la Asamblea Legislativa. 

Empleo Público Memorandum de Oit by Yariela Novo on Scribd

Se avecinan cambios violentos en Régimen de Pensiones IVM: ANEP no legitimará con su firma nueva agresión a la clase trabajadora

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•Mujeres tendrán que laborar 5 años más, hombres 3

•Monto de pensión quedaría en 40% del promedio salarial

Se espera para próximos días que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), imponga cambios violentos y modificaciones bruscas en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que representarán, sin la menor duda, una nueva agresión a la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado; agresiones anti-obreras que se imponen aprovechando la crisis de la pandemia del covid-19.

De entrada, la edad para acceder a la pensión de dicho régimen será de 65 años, indistintamente de si se es hombre, o de si se es mujer. En éste caso, las trabajadoras deberán laborar 5 años más del tope actual (59 años y 11 meses); los varones, pasarán de la fijación actual de 61 años y 11 meses, para tener que laborar 3 años más.
Por otra parte, el monto final a recibir por pensión quedaría en un 40 %, no ya el 60 % actual; y, ese 40 % sería producto del cómputo de los salarios devengados durante toda la vida laboral de la persona trabajadora cotizante para el régimen; ya no como en la actualidad que es el promedio cotizado durante 20 años de desempeño activo en el mercado de trabajo.

La posibilidad del retiro anticipado quedaría completamente descartada.

ANEP anuncia que con su firma no se legitimará una nueva agresión en contra de los derechos de la clase trabajadora; y, con vehemencia, exhorta al ciudadano Mario Devandas Brenes, integrante de la Junta Directiva de la CCSS, en representación de los sindicatos, para que no dé su voto en la sesión que está prevista para la adopción de estos cambios violentos y estas modificaciones bruscas en el régimen de pensiones más importantes del país.

La crisis financiera del IVM-CCSS tiene que tener un abordaje integral considerando las distintas causas que la generaron, ninguna de las cuales es atribuible a la parte cotizante obrera. Por ejemplo, las erráticas y riesgosas inversiones que habrían generado una considerable pérdida y que siguen un trámite en sede penal para determinar responsabilidades político-ejecutivas en la toma de esas deplorables decisiones. La impunidad se ha impuesto, lamentablemente.

Aprovecharse del ambiente sociopolítico y económico nacional contaminado por la pandemia del covid-19 para imponer tales cambios anti-obreros en el IVM, desborda toda lógica ética y moral, pues encubriría debajo de la alfombra, determinaciones puntuales de carácter fundamental que deberían emerger si se trata de una reestructuración de corto, de mediano y de largo plazo que le retornen la seguridad financiera a este régimen de pensiones, hoy severamente vulnerada por, repetimos, causas no obreras.

ANEP aboga por que tal decisión se postergue y que se abra la más transparente discusión, metodológicamente ordenada, multifactorialmente diversa, con suficiente base sociolaboral realmente legítima, con plazo definido para llegar o no llegar a acuerdos; y extra-muros institucionales.

ANEP alerta a las diversas organizaciones aglutinadoras del cuerpo obrero cotizante del régimen de pensiones IVM-CCSS para que se construya una única posición de perspectiva trabajadora, sin cálculos personalistas; a fin de brindarle a la clase trabajadora una posición férrea y sólida, sin demagogias legitimadoras para el fortalecimiento de las posiciones enemigas mismas de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

San José, miércoles 28 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

¿Cuáles son los planteamientos de los diversos grupos que participan en la manifestación vehicular?

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Este lunes 27 de julio, grupos con diversas consignas se unieron en la manifestación vehicular para demostrar la realidad que enfrentan en medio de la emergencia sanitaria.

La ANEP comparte el manifiesto el cual contiene las reivindicaciones o planteamientos de los grupos participantes, quienes han visto la agudización de la crisis fiscal y las repercusiones sociales y económicas agravadas con la pandemia del covid-19.

Son muchas las familias desempleadas producto de la pandemia y muchas otras ya lo venían sufriendo desde antes.

Temas de Manifetación Vehíc… by Yariela Novo on Scribd

Manifestacion Vehicular

Gepostet von ANEP am Montag, 27. Juli 2020

Galeria

Derecho de respuesta al periódico La Nación

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San José, sábado 18 de julio de 2020.

S.G. 17-21-2191-20

Honorable señor

Armando González Rodicio, Director PERIÓDICO LA NACIÓN

Por esta vía solicitó al medio de comunicación que usted representa un Derecho de Respuesta o Rectificación sobre la publicación realizada el miércoles 15 de julio del 2020 en el sitio web de La Nación, en la sección No coma cuento, así como en las redes sociales de su organización, con el titular #NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos, debido a que dicho titular presenta un claro agraviante hacia mi persona.

La solicitud de Derechos de Respuesta o Rectificación la realizo amparado en lo que establece la Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo 29; así como en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Título III, Capitulo III, en los artículos 66, 67 y 69, perfilado por los diferentes fallos que ha emitido la Sala Constitucional, además, ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Como lo indicamos supra, la Honorable Sala Constitucional, ha fundamentado la sustentación del “Derecho de Respuesta o Rectificación”, de la siguiente manera:

«IIo.- Si lo pretendido por el recurrente es ejercer el derecho de rectificación y respuesta, cabe aclarar que los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan ese derecho, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y por ende, para efectuar por el mismo órgano de difusión su respuesta de conformidad con las reglas que establece el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De esta manera, el interesado deberá formular por escrito la correspondiente solicitud, ante el dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a que se publiquen o transmitan las manifestaciones que se proponga contestar, y se acompañará el texto de su respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. Ese texto deberá publicarse o difundirse -y tendrá que destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva-, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria y en los demás casos cuando se dé el próximo tiraje o transmisión que se hiciere después de ese plazo (…)» (Sentencia No. 7086-94, de las 13:24 hrs. del 2 de diciembre de 1994).

LOS INFUNDIOS A LOS QUE NOS REFERIMOS:

En la nota publicada por los periodistas Silvia Artavia y Aarón Sequeira se manifiesta que mi persona difunde información falsa sobre el proyecto que impulsa el Gobierno. con relación a la reducción de la jornada laboral y el salario en el sector público, al indicar en mi cuenta de Twitter lo siguiente “¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Dizque ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman “dietas”. ¿Será posible tal cinismo político?” (Subrayado mío).

Sin embargo, mi aseveración en redes sociales, con fundamento, quedó completamente respaldada durante la comparecencia de la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), señora Pilar Garrido Gonzalo, en la sesión de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, del 14 de julio del 2020, al ser esta última cuestionada por el diputado José María Villalta Florez- Estrada sobre como el proyecto no tocaba el salario de los diputados y diputadas, además ampliado a otras jerarquías del Gobierno.

Al respecto el señor diputado Villalta, manifestó lo siguiente en el plenario legislativo:

“El proyecto de ley está tan mal planteado que podría generar una nueva y más grave desigualdad: se les rebaja los salarios a las y los trabajadores del sector público, pero no a los altos jerarcas del Gobierno -con salarios más altos- que no están sujetos a una relación laboral con el Estado.

El proyecto de ley plantea reducir en un 15% la jornada laboral del personal de la Administración Pública. Pero nuestra jurisprudencia constitucional y laboral ha establecido de forma reiterada que los jerarcas como ministros de gobierno no están sujetos por una relación laboral y, por lo tanto, no tienen una jornada laboral que reducir. Así lo dejó claro la Sala IV, en el voto N.°369- 2009, donde afirman que ‘las labores que desempeñan los funcionarios públicos “gobernantes” son de naturaleza política, nombrados por el Presidente en atención, principalmente, a su afiliación partidaria, de manera que su relación con el Estado -como se indicó- no es laboral ni estatutaria’.»

Algo similar ocurre con los directivos de instituciones autónomas que ganan jugosas dietas. No están sujetos a jornadas laborales, por lo tanto, a ellos no se les aplicaría el rebajo salarial, sólo a sus subalternos. Pasa lo mismo con los diputados y diputadas. No hay una relación laboral con el Estado ni aplica una ‘jornada laboral’. La remuneración se rige por una ley especial y se paga por dietas.

Cabe mencionar y llama poderosamente la atención, que estos hechos noticiosos suscitados en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios un día antes de publicada la noticia “NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos”, (subrayado mío), ni siquiera fueron tomados en cuenta por los periodistas para elaborar la nota que me ataca, a pesar de que incluso se volvió un hecho noticioso nacional y tendencia en redes sociales. Sólo se avocaron a tomar en cuenta las manifestaciones de la ministra Garrido Gonzalo, misma que fue puesta en evidencia al suministrar datos inexactos y, posiblemente falsos, ante la opinión pública y en la misma Asamblea Legislativa sobre los alcances de la propuesta de Gobierno.

Entonces queda claro que no ha sido la ANEP, ni mi persona, las que hemos difundido información falsa. Queda clarísimo para nosotros y para la opinión pública que ha sido el Gobierno de la Republica, presidido por Carlos Alvarado Quesada y la indicada ministra de Estado, quienes con tal de afectar a la clase trabajadora y, especialmente, a los trabajadores del sector público, quienes han aportado en el mismísimo Congreso de la Republica, información incorrecta, inexacta y posiblemente falsa; la cual no sólo ustedes no han verificado y, al parecer, más bien se regocijan en hacer eco y propalar tales inexactitudes. ¡Claro!, es entendible: ustedes les fascina vilipendiar la lucha sindical y, por supuesto, a quien suscribe este derecho de respuesta y rectificación.

Por estos motivos, reitero en nombre, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, organización sindical que dignamente represento, la solicitud inicial del derecho de respuesta o rectificación bajo las mismas condiciones en las que fue publicada la nota que atenta contra mi imagen.

Saludos.

Albino Vargas Barrantes Secretario General