19.923: Número legislativo maldito

Pocas veces ha acontecido que un número de un proyecto de ley, de un expediente legislativo, haya logrado posicionarse, tan fuertemente y en tan poco tiempo, en la mente de muchísimas personas, especialmente en el mundo político-social y obrero-laboral del país, como el 19.923.

El expediente legislativo No. 19.923, oficialmente bautizado con el nombre de “Ley para racionalizar el gasto público”, fue la “criatura” que le dio carta de nacimiento al proceso político-parlamentario que le permitió el control de la Asamblea Legislativa a los principales grupos opositores al actual Gobierno de la República, con la elección del directorio para el período constitucional 2016-2017; directorio que quedó encabezado por el diputado liberacionista don Antonio Álvarez Desanti, como Presidente del congreso.

Prácticamente a un mes de tan funesto acontecimiento, el expediente legislativo 19.923 quedará signado por un breve transitar en la corriente parlamentaria dado su enorme potencial explosivo, socialmente confrontativo, plagado de perversas inconstitucionalidades y generador de más divisiones intra-partidos representados en el actual parlamento.

Este proyecto 19.923, “Ley para racionalizar el gasto”, al que nosotros dimos en llamar “Ley para aniquilar el sector Público”, profundizó, por ejemplo, la controversia a lo interno de la fracción parlamentaria liberacionista, aumentando su fractura interna luego de la disputa por la elección de su candidatura a la presidencia legislativa. Prácticamente la mitad de sus integrantes rechazan el proyecto 19.923, pues no es “socialdemócrata” y, actualmente, en el PLN hay gente planteando que éste debe volver a sus raíces originarias ideológico-filosófico-políticas.

Este proyecto 19.923, llevó a una confrontación entre la fracción diputadil de la Unidad, varios de cuyos integrantes corrieron a quitarse la muletilla de “neoliberales” y declararse fieles seguidores del Humanismo Cristiano.

Específicamente y en este punto, hemos de recordar por mucho tiempo la anécdota con relación al diputado don Rafael Ortiz Fábrega, cuya simpatía futbolística por la Liga Deportiva Alajuelense (LDA), es de amplio conocimiento público, quien nos afirmara a propósito del proyecto 19.923, que él “primero se hacía saprissista que neoliberal”.

A la vez y en este mismo partido quedará en la memoria de muchas personas la fuerte posición política del diputado don Humberto Vargas Corrales, quien atacó hasta de “fascistas” a sus colegas de fracción por apoyar el expediente 19.923.

El expediente legislativo 19.923, más que “maldito”, comprende dos grandes ámbitos de pretendida legislación tipo “shock”, al mejor estilo neoliberal de ajustes fiscales por “terapia de choque”, según el clásico recetario fondomonetarista.

El primer ámbito, conocido como el de las “reglas fiscales”, contiene una que pretende que se legisle para “abolir”, así, de un porrazo, el déficit fiscal que anda cercano al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), para obligar a que las arcas públicas tengan un 2% de superávit.

Esta monstruosidad fiscal, esta brutalidad política, haría que el Gobierno reduzca, a mansalva, sin ninguna consideración social y laboral, su gasto, “racionalizándolo”, en 3 billones 200 mil millones de colones, considerando que cada punto porcentual del PIB, equivale a 300 mil millones de colones.

Esos 8 puntos porcentuales de PIB (pasar de un 6 negativo déficit, a un 2 positivo superávit), aparte de la inenarrable confrontación social que se daría en las calles de este país, produciría colapso total, quebrantamiento absoluto, en una serie de servicios públicos del Gobierno central ya de por sí muy deteriorados por las políticas de recortes de los últimos tiempos.

El segundo ámbito de este proyecto “maldito” tiene que ver con el Empleo Público. Las propuestas regulaciones sobre dedicación exclusiva, disponibilidad, evaluación del desempeño, anualidades, un solo aumento salarial anual, bajar todas las cesantías superiores a 8 años para dejarlas en esta cantidad, establecer un tope máximo salarial, etc.; han activado ya todas las alertas sindicales y gremiales-corporativas pues nuestra intensa prédica de muchísimo meses ha calado hondo en cuanto a que el déficit fiscal no se debe a los salarios pagados en el sector Público.

Este segundo ámbito, tanto como el primero, muestran el carácter explosivo del proyecto 19.923, pues no dejan lugar a dudas de su potencial socialmente confrontativo.

Al decir del señor diputado presidente legislativo, el 19.923 “ya no va”. La alianza de partidos de oposición que él encabeza en el control de la Asamblea Legislativa, ha decidido descartar las reglas fiscales tipo “shock”, las de terapia de choque tipo ajuste fondomonetarista, para entrar a discutir una propuesta de reglas fiscales que está formulando el gobierno. Esto habrá que estudiarlo con rapidez y con seriedad pues no hay mucho tiempo para ello.

Con relación al empleo público, el segundo ámbito del “maldito” expediente legislativo 19.923, la concepción ideológica de que los salarios públicos con responsables del déficit fiscal, sigue completamente vigente.

Aunque el señor diputado presidente legislativo, don Antonio Álvarez Desanti, plantea abrir las puertas de un diálogo con los sindicatos en el tema, los pronósticos son reservados, de mucha incógnita.

La verdad es que bien sería mejor entrarle al problema del déficit fiscal por el lado correcto: regresividad tributaria, evasión y elusión, exenciones y exoneraciones, transacciones financieras, debilitamiento de servicios públicos esenciales y estratégicos, por ejemplo.

Pero la real verdad es que este país ocupa de una definición estratégica sobre el modelo de desarrollo que realmente ocupamos en la actualidad ante fenómenos perversos como el creciente desempleo (el abierto y el encubierto), que ronda el 21%; el drama del desempleo juvenil y su faceta de los “ni-ni”; la precariedad salarial (a casi el 30% no se le respeta el salario mínimo de ley); las variables macroeconómicas están bien pero la distribución no está funcionando como debiera; etc., nos indica que una discusión meramente fiscalista y, peor aún, por el lado del empleo público, no nos estaría conduciendo a nada bueno.

Diputados opuestos a más seguridad

El Movimiento Libertario
Liberación y la Unidad,
Se oponen a que los pueblos
Tengan más seguridad.

Los mismo están haciendo
Los diputados cristianos,
Que no les importa la vida
De los seres humanos.

Por llevarle la contraria
A la presidencia,
No aprueban los recursos
Para frenar la violencia.

Se oponen a que se apruebe
El impuesto a las sociedades,
Que le va a dar más recursos
A las autoridades.

Están muy empeñados
En rebajar los salarios,
En vez de combatir los narcos
Los ladrones y sicarios.

La prioridad de la alianza
No es proteger a los ticos,
Es hacer lo posible
Por proteger a los ricos.

Patria Justa, Centrales Sindicales y SEC se reunieron con Ministro y Viceministro de Trabajo

En la reunión que se desarrolló en la sede de SITRAPEQUIA y que extendió por dos horas, los representantes sindicales externaron su preocupación ante proyectos de ley que atenten contra el empleo público, así como la necesidad de que los proyectos de ley contra el robo de impuestos sean prioridad

Seccional ANEP-Tiendas Libres IMAS eligió Junta Directiva por un periodo de dos años

Con una serie de prioridades, la Seccional ANEP-Tiendas Libres del IMAS eligió durante una Asamblea General a la Junta Directiva por un periodo de dos años.

Esteban Solís Hernández, presidente de la seccional ANEP-Tiendas Libres explicó que, desde la conformación de la seccional en el 2009, han venido trabajando en varios aspectos que afectan a los trabajadores.

Actualmente, atraviesan problemas relacionados con la persecución laboral.

Las tiendas libres administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el aeropuerto Juan Santamaría tienen como finalidad invertir las ganancias en los programas de desarrollo social que implementa la institución.

Otros de los aspectos, en que la seccional está vigilante es en el otorgamiento a terceros la operación de las tiendas dentro del aeropuerto con la finalidad de prevenir afectaciones laborales.

El presidente de la seccional indicó que también se dará seguimiento a una denuncia que presentó ante la Defensoría de los Habitantes por la falta de un comedor para los trabajadores dentro del aeropuerto.

Fundamento Jurídico de las licencias sindicales

Las facilidades sindicales y licencias con goce de salarios tienen rango constitucional, además no sólo se encuentran en los convenios 87 y 98, sino también en el artículo 135 “sobre la protección y facilidades para el representante sindical” y la recomendación 143, ambas promulgadas en la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Fundamento Jurídico de Las Licencias Sindicales by Yariela Novo on Scribd

MSP investiga a jefe de la policía aeroportuaria tras denuncia de ANEP

Tras una denuncia de la Seccional ANEP-Servicio de Vigilancia Aérea, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) investiga al jefe de seguridad en el Aeropuerto Juan Santamaría, Glen Pacheco por el presunto uso indebido del recurso humano bajo su cargo.

En el documento DIGMV 960-2016, con fecha del 24 de mayo del presente año, el ministerio indica que ya el caso está siendo conocido por el departamento de Admisibilidad e Investigaciones preliminares del MSP.

De acuerdo con la denuncia presentada por la seccional el 29 de abril del 2016 en el despacho del ministro, Gustavo Mata; mediante llamadas anónimas el pasado 29 de marzo, se alertó de que, por órdenes del Intendente Glen Pacheco Araya, un oficial de apellido Rodríguez, que se encontraba en servicio debía trasladarlo a él (intendente) y su compañera sentimental hacia el Estadio Nacional, ya que ese día se llevaría a cabo un partido donde participaba la selección nacional.

“Nosotros por un tema de responsabilidad solicitamos el rol de los funcionarios que trabajaron esa noche, así como los roles de servicio, los videos de las cámaras de vigilancia y los folios donde se verifica la entrada y salida de los vehículos. Posteriormente nos informan que los videos por cuestiones jurídicas no lo pueden suministrar, sin embargo, nos suministran el resto de documentos y constatamos que el oficial ese día estaban en servicio”, comentó Jonathan Flores, promotor sindical ANEP-MSP.

Flores agregó que en la bitácora queda constatado que el funcionario salió de las instalaciones con el carro particular de Pacheco; sin quedar constancia de su retorno al centro de trabajo hasta el día siguiente.

Advertencia de Auditoría

Otra de las observaciones de la Seccional ANEP-MSP relacionada con las funciones del intendente Glen Pacheco, tienen que ver con la advertencia de auditoría Nº01-028-2016 AD/EE sobre presuntas irregularidades en el servicio de Vigilancia Aérea en el proceso de selección de personal para participar en los diferentes cursos fuera del país, así como becas y cursos de ascensos establecidos en la “Ley General de Policía”.

Según un documento en poder del sindicato, desde noviembre del 2013 hasta junio del 2015, el funcionario Glen Pacheco asistió a siete cursos algunos con duración de una semana, otros de 25 días y otro de casi seis meses, demostrándose con ello el “acaparamiento” de los procesos de capacitación e impedimento para que el resto de los funcionarios participaran.

Asimismo, el aviso de auditoría resalta que desde el 2013 advirtió en la necesidad de crear un procedimiento formal para la distribución de becas, sin embargo, a la fecha aún sigue siendo inexistente, esto según el órgano fiscalizador “denota una falta de gestión efectiva, que eventualmente podría causar riesgos de incumplimiento del ordenamiento, y por ende, consecuencias en perjuicio de la Hacienda Pública”.

Sembrando odio en una sociedad corporativizada, dividida y fragmentada

Lo que se conoce como movimiento sindical costarricense está dividido. Entendemos que el movimiento cooperativo, también; al menos, en dos corrientes principales. Según se nos cuenta, el movimiento solidarista no escapa a esta característica, pues hay unas tres entidades que compiten por tener la real legitimidad de este tipo de asociaciones.

Nos parece que el ecologismo y el ambientalismo de la Costa Rica de hoy expresa tal característica: la división. El gremio taxista tiene dos vertientes sumamente manifiestas como públicamente consta.

En el empresariado, las cosas no parecen ser distintas. Dos ejemplos lo ilustran: Los exportadores tienen su propia cámara y no están incluidos dentro de la máxima organización del alto empresariado corporativo. Los autobuseros, por igual: están partidos en dos cámaras.

Prácticamente, todos los partidos políticos con actual representación parlamentaria, están partidos.

…Y así por el estilo en otros sectores de lo que se ha venido denominando sociedad civil. Seguramente convendrá usted con nosotros en que con tal estado de cosas que presenta el actual escenario sociopolítico nacional del país, el único factor de unidad nacional que nos ilusiona es la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Cuando de la sele se trata, el “tiquismo” se nos sale hasta por los poros… pero hasta ahí.

Que todos estamos de acuerdo en vivir en Democracia, ¡igual!, es un sentimiento de unidad nacional… pero en lo abstracto; porque en lo concreto la Democracia no la estamos viviendo todos de la misma manera, a todos no nos está yendo de la misma forma.

Por un lado, el sistema político sobre el cual se sustenta la Democracia ha venido perdiendo, peligrosamente, credibilidad. Según las encuestas (con todo y lo que las mismas generan en cuanto a credibilidad, precisamente), hoy en día, a tres cuartas partes de los y de las costarricenses, la política no les interesa.

Por otra parte, por ejemplo en cuanto a la situación económica, los salarios, el empleo y la distribución de los beneficios del crecimiento económico muestran que, inobjetablemente, hay dos Costa Rica: la incluida y la que ya no lo está o va en rumbo a la exclusión.

Al respecto bien lo ha señalado el ciudadano economista don Carlos Blanco Odio, en su artículo “Desigualdad injusta”, que le publicara La Nación por estos días y transcribimos seguidamente: “En Costa Rica, el crecimiento ha estado acompañado por aumentos en la desigualdad, de acuerdo con el coeficiente de Gini (con valor de 0 cuando existe igualdad perfecta y 1 cuando hay desigualdad perfecta). En efecto, el coeficiente ha venido subiendo y pasó de 0,44 en el 2009 a 0,52 en el 2014. Según estándares internacionales, los países que están razonablemente bien alcanzan valores cercanos a 0,3 y los que tienen mucha desigualdad superan el 0.5”. Hasta aquí la atinada enseñanza de don Carlos Blanco Odio.

Costa Rica ya superó el 0,5 y pareciera que el camino nos está conduciendo al 1, hacia la “desigualdad perfecta”: el desempleo no retrocede, los salarios están congelados, el salario mínimo no se respeta plenamente, el empleo público está bajo ataque, el sistema tributario no se vuelve progresivo, el crimen organizado y el narco avanzan… Etc., etc.

Así las cosas y como todo este escenario de conflictividad y de confrontación en desarrollo parece ir in crescendo, el sembrar odio se ha convertido en una innoble y peligrosa arma que está siendo empleada, muy peligrosamente, en contra de quienes (mediando las organizaciones que representamos), nos resistimos a que como sociedad nos arrastren hacia el fatídico 1 del coeficiente de Gini, la “desigualdad perfecta”, en lucha constante de todos los días al respecto.

En el marco de esa tesitura del odio (entendiendo tesitura como la “coyuntura o combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado”), resulta particularmente grave que aprovechando el poderío económico que da el control mediático, la manipulación de la información lleve a niveles tan perversos como presentar el titular de esa “información” cargado completamente de ideología y no de objetividad; que la “información” se alimente de fuentes anónimas que, a su vez, son promotoras de odio; y que, incluso, en la promoción de ese odio como fuente anónima, la injuria, la calumnia y la infamia se empleen inescrupulosamente.

Siempre hemos estado convencidos de que la pobreza intelectual y la debilidad argumental en estos delicados asuntos inherentes a la convivencia social y política de los actores encontrados entre sí (como los que mencionamos al principio de este artículo), se sustituyen posicionando el odio alimentado por la injuria, la infamia y la calumnia; esparciéndose especies perversas, malsanas, jugando con la honra ajena del opositor político-ideológico de manera totalmente irresponsable.

En estos largos meses de la actual gestión gubernativa, las tesis sociolaborales y sociopolíticas planteadas desde las corrientes sindicales responsables, en temas tan sensibles como el empleo, los salarios, la distribución del ingreso, el sistema tributario, la integración social y el bien común; por lo general, se vienen respondiendo en no pocos casos con odio mediando enfoques mediático-interpretativos cargados de subjetividad totalitaria, parcializados notablemente, sin equilibrio informativo alguno.

Es más, por experiencia propia podemos dar fe de que esa especie de totalitarismo ideológico-mediático en contra de quienes luchamos para que Costa Rica nunca llegue al indicador Gini del 1, la desigualdad perfecta; los sembradores de odio se han atrevido a meterse en los mismísimos procesos electorales internos de organizaciones sindicales como las nuestras, sin escrúpulo alguno, de manera descarada, apuntalando grupúsculos espurios y a personas de dudosa moral político-sindical. Hasta eso han llegado con la tesitura del odio que profesan.

Los sembradores de odio deben comprender que la Democracia, aunque les duela, incluye a los sindicatos. Los sembradores de odio que detentan medios de comunicación deben comprender que la nota informativa con fuerte carga ideológica, queda completamente desenmascarada con solo la lectura de las cuatro palabras del titular de primera página o con la presentación del titular electrónico-televisivo.

Los sembradores de odio deben tener presente la amplia base jurídico-institucional del accionar sindical en un país de Derecho como el costarricense, tanto en la normativa jurídica interna de nuestras propias leyes como la misma jurisprudencia constitucional, así como la internacional que tutela el Derecho Sindical, el cual se considera Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido… aunque les duela. Lo saben perfectamente pero en el marco de la tesitura del odio lo ignoran deliberadamente.

Tenemos completa convicción que dentro del insano gremio de los sembradores de odio, hay integrantes extremistas que piensan que el mejor sindicalista es el sindicalismo muerto; que desearían el exterminio de las organizaciones sindicales. Pero como todavía no se atreven al sicariato sindical (aunque no sabemos por cuánto tiempo), creen que pueden llevar a un liderato, a una organización, a un grupo obrero luchador honesto a una especie de muerte civil, con la tesitura del odio que estamos mencionando en este artículo.

Los sembradores de odio deben comprender que juegan con fuego en el marco de una sociedad corporativizada, dividida y fragmentada como la costarricense de estos tiempos.

Cabos sueltos

Se hizo tanta presión mediante las empresas de difusión masiva para forzar la apertura del mercado de telecomunicaciones. El principal argumento era la innovación tecnológica que traerían las transnacionales telefónicas.

Años después, se comprueba que el ICE ofrece lo mismo que la competencia y que siempre estuvo en capacidad de hacerlo. Todo fue una campaña para extraer del país las ganancias que antes correspondían solo al ICE, el cual las invertía en nuestro territorio.

No se entiende por qué se responsabiliza solo al gobierno de generar empleo, siendo una obligación de la empresa privada, para lo cual algunas gozan de generosas exoneraciones tributarias.

Nuestro pais perdió hace muchos años la capacidad de planificación. Un ejemplo: no existe planificación urbana, las ciudades crecen desordenadas, escalan las montañas que rodean al valle central, para contaminar las nacientes de agua.
En cambio, cuando Costa Rica logra planificar, los resultados son electricidad para casi toda la población, agua potable, vacunación masiva, esperanza de vida comparable a la de los países industrializados… ¿Se recuperará la capacidad de planificar?

Quienes critican con sarcasmo al actual gobierno de don Guillermo Solís deberían tener en cuenta que: 1. No tiene suficientes diputados en la Asamblea Legislativa; 2. Los mandos medios de las instituciones autónomas y de los ministerios son de Liberación Nacional; 3. Dicho partido y la Unidad Social Cristiana están decididos a no permitirle que Solís haga un buen gobierno, porque los desplazaría del poder; 4. Otón Solís equivocó sus papel histórico al convertirse en el principal diputado opositor de la que probablemente sea la única administración del partido que él fundó.

El Vaticano normalmente nombra como obispos a presbíteros de línea conservadora en lo teológico y social. Por eso la jerarquía católica es temerosa y predecible, de escasa iniciativa. Por primera vez en siglos un obispo de Roma está a la vanguardia de la Iglesia Católica. ¡Larga vida a Francisco!

Solicitamos a la Comisión de Hacendarios incluir a la PPM en destino del impuesto a las personas jurídicas

La ANEP y su Seccional en la Policía Profesional de Migración solicitan a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, incluir a la Policía Profesional de Migración (PPM) como uno de los destinarios de la recolección de impuestos a las personas jurídicas establecido en el Expedienten Legislativo N° 19.818.

Esto debido a que dicho proyecto de Ley en su Artículo 10 “Destino del impuesto” sólo contempla destinar los dineros recolectados por dicho impuesto, al Ministerio de Seguridad Pública, a la cartera de Justicia y Paz y al Poder Judicial, dejando por fuera una de las policías más importantes del país y con mayor necesidad en todos sus ámbitos.

Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPM, indicó que una de las razones por las cuales se debe variar el Artículo 10 de esta ley e incluir a este cuerpo policial, es por el incremento de la visitación turística al país, la cual va en aumento cada año, pero no se refuerza el personal, afectando directamente la parte operacional en fronteras y aeropuertos.

“No incluir a la Policía Profesional de Migración es injusto, ya que debemos trabajar con muy pocos recursos para atender diversas situaciones que se presentan diariamente y no basta con tener voluntad para hacer las cosas. Requiere de equipo y personal para atender problemas como el fenómeno de migración de personas presentado en los últimos meses, así como situaciones de trata de personas; controles de carretera, e inspecciones en comercios y zonas turísticas. A esto debemos sumar operativos en conjunto con diversos cuerpos policiales e instituciones como el PANI.”, detalló Mora.

Según el Artículo 10 denominado “destino del impuesto” Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto serán destinados a financiar los siguientes rubros:

a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales y en compra y mantenimiento de equipo policial. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.

Para la ANEP la Policía Profesional de Migración cumple una labor fundamental en la seguridad de nuestro país y vigilancia de las fronteras y aeropuertos, sin embargo actualmente cuenta con un faltan de más de 400 oficiales por lo que se hace necesario incluirla como uno de los beneficiarios de dicho proyecto de ley.