¿Qué viene después de la firma de la Reforma Procesal Laboral?

Dirigentes de la ANEP, mantuvieron una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortíz para hablar sobre procesos que siguen, una vez firmada la Reforma Procesal Laboral (RPL), entre ellos el presupuesto legislativo.

Albino Vargas, secretario General de la ANEP indicó que el encuentro tuvo varios objetivos, entre ellos reconocer el trabajo de Ortíz como presidente legislativo y la ayuda en el tramo final del proyecto para la aprobación parlamentaria.

“En la etapa final del trámite parlamentario de la Reforma Procesal Laboral, ANEP reconoce el gran papel que tuvo el presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortíz, él ha pregonado que su vida política está inspirada en el humanismo cristiano. Nosotros nos dejamos llevar por eso, para decirle que la reforma procesal laboral tenía un contenido profundo de humanismo cristiano, según la constitución del mundo sindical”, agregó Vargas.

La ANEP, durante la reunión, reiteró que la aprobación de la RPL representa un cambio y muchas adaptaciones a la legislación obrera, la cual requiere el apoyo de la política pública, primordialmente en dos ámbitos: la defensa pública a cargo del poder judicial y el fortalecimiento del papel negociador del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y otras entidades.

Para la ANEP, otro de los aspectos importantes es la contemplación del presupuesto destinado a la Reforma Laboral.

Dicho presupuesto debe ser contemplado en el 2016 y pre-presupuestado antes de que finalice el mes de abril.

Asimismo, el sindicato planteó al presidente legislativo el tema del fraude fiscal y el robo de impuestos.

Mala planificación y administración de recursos por parte del Ministerio de Seguridad Pública

El presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía compareció la tarde de este jueves ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa debido a la mala planificación y administración de recursos por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), situación que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública.

Durante la comparecencia Mainor Anchía indicó que “no se observa planificación en las compras, ni un plan institucional y tampoco se identifican criterios técnicos para determinar las necesidades y la calidad de los productos que se compran con el presupuesto de seguridad ciudadana”.

Así queda evidenciado en diferentes informes de la auditoria interna del MSP, N° AGSP/SA-A01-44-2013, AGSP/SA-01-1214-2014, AGSP/GA-01-241-2014, AGSP/SA-21-980-2015, AGSP/SA-16-398-2015, AGSP/SA-01-1045-2015, en manos de la Seccional ANEP-Fuerza Pública. Tanto los citados informes de la auditoria interna, como algunos documentos de la Contraloría General de la República, dan cuenta de los problemas en la gestión de las compras y distribución de recursos y “así lo hemos constatado en nuestras giras por distintas delegaciones del país”.

“Millones de colones se presupuestan para la compra de uniformes fatiga, camisas, pantalones, botas, tenis para policleto, fundas para chaleco, jackets fosforescentes, entre otros insumos; que arrastran saldos de inventario en el almacén institucional del MSP desde hace varios años, mientras nuestros policías muchas veces deben salir a prestar servicio de Seguridad Ciudadana con uniformes rotos o desteñidos, con botas rotas y/o remendadas e inclusive con zapatos personales por la falta de calzado policial”, dijo Anchía en su comparecencia

Anchía amplio su presentación ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público indicando que lo que se da en el MSP es un completo “despilfarro”, situación que se viene dando desde hace varios años, sin que nadie tome el control ni las medidas correctivas.

“Este despilfarro, queda en evidencia con la compra patrullas y motocicletas que quedan aparcadas por falta de personal. También hemos comprobado que vehículos recién comprados han sido retirados de servicio por fallas como conjuntos de clutch, rótulas, radiador; que terminan convirtiéndose en chatarra. Ante esto consideramos que para el MSP es más barato comprar un vehículo que darle mantenimiento o repararlo cuando aún tienen muchos años de vida útil al ser modelos recientes”, manifestó el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública

Si bien es cierto que los vehículos adquiridos deben ser modificados para la función policial, sin embargo las piezas extraídas quedan literalmente botadas sin buscarle utilidad. Dichas piezas refieren a asientos, bumper, faroles, entre otras.

“Aunque el MSP indica que se gasta el 90% del presupuesto hay compras desordenas y sin planificación, lo cual evidencia que no es lo mismo gastar que invertir. Existe mucha necesidad en Seguridad Pública, por eso en ANEP hemos defendido el presupuesto para esta cartera, pero también exigimos que se hagan buenas inversiones y sobre todo, que con ellas se brinden buenas condiciones condiciones a nuestros policías”, finalizó Anchía.

El dinero sucio del narco nos “inunda” por todo lado

El medio de comunicación DIARIO EXTRA, está conmoviendo a la opinión pública nacional con sus reportajes-denuncia aparecidos en sus ediciones de los días miércoles 27 y jueves 28 del presente mes de enero; al destacar que desde la hermana latinoamericana República de Colombia, se denuncia cómo el territorio costarricense y su sistema jurídico-financiero está siendo utilizado, y cada vez más, por el narcotráfico, por el crimen organizado y por operaciones ilegales en el marco de conflictos civiles armados, para lavar dinero sucio.

La denuncia de que un accionista del periódico La Nación, con vínculos de parentesco con uno de los dueños de dicho latifundio mediático, Manuel Francisco Jiménez Echeverría; así como que un directivo del Consejo de Transporte Público (CPT), Juan Carlos Soto Vindas; representan hechos sumamente graves que, al menos, deberían preocupar a la Asamblea Legislativa como para crear una nueva comisión especial de investigación sobre la penetración del narcotráfico en Costa Rica que tome en cuenta el nuevo contexto que se deriva de los reportajes de DIARIO EXTRA, el cual nos está indicando que el poder de tal dinero sucio puede llegar a la esfera pública y a la esfera privada y, en este caso, hasta corporaciones de negocios periodísticos.

Las principales conclusiones que extractamos de los impactantes reportajes de DIARIO EXTRA de los dos días mencionados, nos llevan a pronunciarnos como sigue:

PRIMERO: No puede haber duda alguna de que la figura jurídica “Sociedad Anónima” es el “selecto” mecanismo legal para el lavado de dinero sucio de todo tipo y de toda procedencia, especialmente, de la ilícita actividad del narcotráfico.

SEGUNDO: La Asamblea Legislativa debe, por urgencia nacional y por la salvaguarda de la propia institucionalidad democrática del país, aprovechar el proyecto de ley contra el fraude fiscal incluyendo la disposición para que sepan los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y fideicomisos análogos.

TERCERO: La necesidad de tal cambio legal, en el sentido de que la administración tributaria del país tenga a su disposición un registro de accionistas de sociedades anónimas y/o fideicomisos análogos, se queda corta por razones impositivas en el tema de robo de impuestos. Tal necesidad es abrumadoramente contundente: Costa Rica ha sido inundada por el dinero sucio del narcotráfico por todo lado, “gracias” al estado jurídico actual de las sociedades anónimas.

CUARTO: El diputado Otto Guevara Guth, y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP), al oponerse férrea e irracionalmente al registro de accionistas de las sociedades anónimas, de la manera fundamentalista como lo está haciendo, alimentan toda clase de sospechas sobre la verdadera naturaleza de su resistencia insana en tal sentido; por tanto, con vehemencia hacemos un llamado a toda la ciudadanía patriótica y sus organizaciones transparentes, para que tomen nota de ello y se les demande cuentas de manera contundente. Los operadores jurídico-financieros que lucran y viven del dinero sucio, están más que felices por el “favor” que el citado legislador y la mencionada cúpula corporativo-empresarial les están haciendo en el seno del parlamento.

QUINTO: La Asamblea Legislativa debe, al menos, repetimos, establecer una comisión especial para que, por ejemplo a las personas mencionadas en los reportajes de DIARIO EXTRA, a sus representantes jurídicos y de negocios se les convoque a dar explicaciones.

SEXTO: EL Gobierno de la República no debe hacer ningún “trueque” político con el diputado Guevara y/o con la UCCAEP, a cambio de que dejen de practicar el totalitarismo parlamentario que están ejerciendo para bloquear el proyecto contra el robo de impuestos, incluyendo el registro de accionistas. Nada hay que “ofrecerle” a quienes exhiben una conducta tan antipatriótica que merece ser calificada como de traición a la Patria.

ANEP-Fuerza Pública atiende llamado de comunidad de Piedras Blancas por falta de seguridad en la zona

El pasado 21 y 22 de enero el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía visitó el distrito de Piedras Blancas, ubicado en la zona sur de nuestro país, luego de un llamado de vecinos de la comunidad aquejando falta de seguridad en la zona por parte de la Fuerza Pública.

Según detalló Diego García, líder comunal de Piedras Blancas, la intención de solicitar la ayuda de la seccional ANEP-Fuerza Pública, es como medida de presión y un acompañamiento; ya que desde hace más de 5 años se ha venido solicitando al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) apoyo en infraestructura, equipo y personal. Demandas que no han sido cumplidas a pesar de diferentes acuerdos que el MSP ha tomado con la comunidad.

“Hemos visto el incremento de la inseguridad en nuestra comunidad, no podemos mencionar si es por el oficial o por falta de personal; pero podemos desmostar que el consumo de drogas, prostitución de menores, entre otros; han ido en incremento y no se están atendiendo como debería. Nos indicaron (Fuerza Pública) que en efecto es una zona conflictiva por su ubicación fronteriza y salida a la península, con movimientos de droga; ante estas situaciones no entendemos por qué no se le da la atención con mejor equipo, infraestructura y personal”, dijo el líder comunal.

García indicó que, incluso el cantón de Osa recibe móviles nuevas, sin embargo el distrito de Piedras Blancas no se le ofrece este tipo de recursos y” más bien mandan móviles que no viene en buenas condiciones y a los días deben ser retiradas de servicio”.

Debido a estas molestias y la presencia del presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública, se realizó una reunión con personeros de la Fuerza Pública, en donde las autoridades se comprometieron con la comunidad de solicitar acondicionamiento de mobiliario y equipo; otro de los compromisos es el llamado de atención a personal por el no cumplimiento de su deber en especial al teniente Martín Morera, para incluso tomar medidas administrativas, así como mejoras en la móvil y de infraestructura.

Por su parte Mainor Anchía, presidente de la secional ANEP-Fuerza Pública, indicó que al apersonarse a la zona encontró líderes comunales y vecinos del distrito de Piedras Blancas preocupados por la situación de seguridad de la zona, pero a la vez preocupados por las condiciones en que laboran los policías que brindan seguridad en Piedras Blancas y de su intención de trabajar de la mano con la Fuerza Pública.

“Realizamos el acompañamiento a la comunidad como parte de la política de la ANEP de acercarse a las comunidades y sus problema s. En la reunión solicitamos al Director Regional que le diera atención y soluciones a las demandas de la comunidad”, manifestó Anchía.

Es importante destacar que la comunidad de Piedras Blancas en el año 2009 construyó la delegación policial y la puso Junto al terreno a disposición del Ministerio de Seguridad Pública, en el entendido de que el MSP iba a invertir en la infraestructura y mejorar paulatinamente, sin embargo a la fecha eso no se ha cumplido.

Anchía indicó que durante la reunión la seccional ANEP-Fuerza Pública realizó un contacto con el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata y el Subdirector de la Fuerza Pública, Nils Ching, en aras de darle seguimiento a la situación para que los vecinos obtengan los resultados que solicitan.

Puede escuchar las entrevistas realizadas a Mainor Anchía y Diego García en los siguiente archivos de audio

Madrugón en plantel municipal de Escazú

Durante el madrugón la seccional y la Secretaria General de la ANEP se comprometieron con los trabajadores solicitar a la Alcaldía de Escazú la apertura al diálogo para la negociación del reajuste salarial correspondiente al primer semestre del año 2016.

Lo anterior debido a que en los últimos reajustes semestrales, los trabajadores sólo han recibido entre 8 y 9 colones de reajuste, los cuales no son congruentes con los ingresos del municipio.

ANEP realizará debate abierto al público mañana en Alajuela

La seccional de la ANEP-Municipalidad de Alajuela convocó a debate a los candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Alajuelense este miércoles para debatir sobre sus propuestas de campaña a pocos días de las elecciones cantonales.

El debate se llevará a cabo en el teatro municipal de Alajuela, ubicado al costado noroeste del parque Juan Santamaría, e iniciará a partir de las 5 p.m. La actividad será abierta al público y no tendrá ningún costo para aquellos alajuelenses que deseen conocer quiénes son los postulantes.

José Beltrán Murillo, Secretario de la Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela, indicó que esta iniciativa nace en conjunto con la Junta Directiva Nacional de la ANEP, para que la población del cantón central de Alajuela tenga participación en el proceso electoral municipal y conozca el proyecto de cada uno de los candidatos a la Alcaldía.

“Sentimos que la población debe de estar informada de quien los representara al mando del municipio, por eso este tipo de debate llegarían a enlazar más a la gente y darle información relevante de la situación que acontece en el cantón, así como conocer su opinión, inquietudes y que realicen un voto concientizado e informado”, dijo Beltrán.

En el cantón central de Alajuela, son 11 los candidatos que aspiran la alcaldía con partidos políticos nacionales como Partido Restauración Nacional, PUSC, Frente Amplio, Liberación Nacional, PAC y partidos cantonales, entre otros.

El actual alcalde, Roberto Thompson apuesta por la reelección.

La participación electoral en el 2010 en el cantón central de Alajuela fue de apenas el 21,1%, es decir solo 36 610 personas emitieron su voto. El padrón estimado para las actuales votaciones es de 192. 777 electores.

Debate Santo Domingo

Asimismo, la seccional ANEP-Municipalidad de Santo Domingo prepara un debate para este viernes 29 de enero en el polideportivo del cantón a partir de las 6 p.m.

En cantón de Santo Domingo son siete los candidatos a ocupar la alcaldía representados por el partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Movimiento Avance Santo Domingo (MAS), Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Nueva Generación (PNG), Movimiento Libertario y el Republicano Social Cristiano.

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, el padrón electoral estimado para este año es de 3 194 electores y la participación electoral del 2010 fue del 31,9% ((9 803 votantes).

La ANEP y sus seccionales municipales han desarrollado debates en cantones como Aserrí, Santa Bárbara, Belén, Flores y San Rafael de Heredia.

Las elecciones cantonales se llevarán a cabo el domingo 7 de febrero donde se elegirán 6069 puestos entre alcaldes, vicealcaldes, síndicos, regidores e intendentes.

Salarios públicos y accionistas privados: el conflicto capital-trabajo en desarrollo

Como parte de los nuevos episodios en desarrollo y para este año 2016, de la continuación de la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del Empleo Público, en contra de los salarios de todas las personas que laboran para el Estado y en contra de sus propias familias, desatada el año pasado; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue puesta contra la pared para que, al tenor de resoluciones de la Sala IV, haga público cuánto salario devenga, por ejemplo, la señora trabajadora de los CEN-CINAI; así como también, el salario mayor del sistema de la banca pública costarricense; incluyendo, por supuesto, el monto total del salario de cada uno de los honorables señores magistrados que autorizaron la divulgación pública, total e irrestricta, de las remuneraciones que por concepto de salario, son devengadas por la totalidad de la clase trabajadora del Estado, en todas sus modalidades.

Pareciera que, desde una perspectiva objetiva de transparencia en el uso de los fondos públicos, no habría nada que objetar. Pero el asunto se las trae, pues no estamos en “tiempos normales” de paz social.

Efectivamente, el latifundio mediático líder en prensa escrita, como promotor de la indicada campaña, dado su carácter de vocería oficial del capital oligárquico-neoliberal, ha desatado la confrontación social desde una perspectiva de clase contra clase, provocando al bloque laboral estatal y sus organizaciones; utilizando como estandarte de “su guerra”, los salarios del Empleo Público, para así enfrentarlos contra sus pares asalariados del sector privado; tratando de tal forma conformar, de facto, una especie de “política de alianzas” en este escenario sociopolítico de alta intensidad confrontacional del capital contra el trabajo, desatada por ellos. Por cierto, que no debemos olvidar a la apelación a la apología del odio en el desarrollo de ésta, “su guerra”.

Tal ofensiva confrontacional de parte de la hegemonía económico-plutocrática que se manifiesta en las páginas de las informaciones “editorializadas” de ese tipo de prensa latifundista-mediática; busca, además, la reversión de importantes instrumentos, colectivos e individuales, del Derecho del Trabajo, en una carrera loca hacia la precarización total del empleo en Costa Rica; bajando el de carácter público al del nivel del salario mínimo en el sector privado y la sobreexplotación laboral que éste conlleva; para, finalmente, en una fase ideal final, tener a toda la totalidad de la clase trabadora, pública y privada, “centroamericanizada”, salarial y laboralmente hablando. Es éste el objetivo estratégico fundamental.

La más mínima racionalidad sindical, supuestamente, entiende lo que acabamos de plantear. Por tanto, el camino de la unidad en la acción, conjuntando las diversidades dado que es más lo que nos une lo que nos separa, es lo que se impone. Algo venimos avanzando en tal sentido.

Ahora bien, con la firma presidencial y el ejecútese del Poder Ejecutivo a la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), disponemos de un potente instrumento de defensa laboral jurídica que, bien empleado, será un fuerte aliado obrero en la confrontación capital-trabajo que está en desarrollo, según lo han dispuestos esos sectores todavía hegemónicamente poderosos; los cuales aunque no van a elecciones, pretenden gobernar desde las salas de redacción de tales latifundios mediáticos, como ya bien lo sabemos.

Por otra parte, la lucha contra el fraude fiscal, actualmente en desarrollo y que ha quedado inserta en la confrontación social indicada, tiene en el respectivo proyecto de ley que se está tramitando en el parlamento actual, su razón estratégica fundamental: es el establecimiento del registro de accionistas para que la administración tributaria y solamente ella, en representación de la ciudadanía y para tales efectos, tenga la nómina de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y/o de los integrantes personalizados de los fideicomisos. He aquí otro campo para la actividad militante de los sectores sociales que no deberíamos ver con pasividad.

La importancia de tal registro, aunque solamente sea de acceso directo por parte de la administración tributaria, va más allá del concepto de transparencia que se enarbola cuando se trata de la exhibición pública de los salarios del empleo público; que, como bien sabemos, la invocada transparencia en materia de éstos, es solamente una excusa dentro del proceso de satanización mediático-neoliberal del mismo, es decir, del empleo público.

La importancia de tal registro tiene que ver con la suciedad tóxica en que está sumido el sistema financiero-económico costarricense, a fin de limpiarlo de tanto dinero mal habido que por él circula como flujos financieros de la intrusión en nuestra economía, por ejemplo, del dinero narco vía, precisamente, esas sociedades anónimas.

Como se podrá apreciar, hay una concatenación sensible de elementos, superficialmente provenientes de contextos diferentes pero que no pueden verse aislados unos de los otros. Precisamente, esto de los salarios públicos y los accionistas privados, muestra a las claras la conexión que les vincula si es que hablamos de transparencia con verdadera convicción; pero como ha sido insertado el problema en la coyuntura confrontacional en desarrollo, entre capital y trabajo, no queda más que asumir tal contexto en su integralidad multidiversa que tal coyuntura presupone.

Seccional ANEP-AyA prepara acciones para defender al usuario, trabajadores y a la institución

En la primera reunión del año, la Seccional Nacional ANEP-AyA fijó los objetivos del 2016, los cuales estarán enfocados en la defensa del usuario, trabajadores y de la institución.

Edwin Marín, presidente de la seccional ANEP-AyA mencionó que entre los objetivos está retomar las denuncias que se interpusieron en el 2015 por irregularidades o incumplimientos y la escasa información por parte de la dirección ejecutiva.

“Sentimos que a la fecha no han avanzado. Son denuncias serias como la siembra de marihuana en un plantel del AyA, incumplimiento de pagos de aproximadamente 50 mil horas extra, también denunciamos que directores regionales y otros funcionarios utilizan casas de la institución incumpliendo el reglamento, además, tenemos denuncias por contrataciones millonarias que presuntamente se están dando de forma irregular; según informes de auditoría”, comentó Marín.

Para la seccional, también es de suma importancia la atención del usuario frente al desabastecimiento y racionamientos de agua que vive el país actualmente.

“Uno de los principales objetivos es el usuario, que paga por un servicio que debe ser de calidad, oportuno y sin ningún tipo de restricción”, resaltó el dirigente.

En los próximos días, la seccional estará anunciando una serie de medidas para el auxilio de la institución.

Discurso de Mauricio Castro en la firma de la Reforma Procesal Laboral

Mauricio Castro Méndez

Buenos Días
Señores y Señora Presidentes de los Supremos Poderes
Señores y Señoras Diputados de la Asamblea Legislativa
Autoridades de Gobierno y de gobiernos extranjeros
Trabajadores y trabajadoras

• El proceso de elaboración y aprobación de la Reforma Procesal Laboral inició en 1998 y concluye en el 2016. Muchas personas hemos dado alma, vida y corazón en este proceso. Algunas incluso ya no están con nosotros. Pero además de las personas las organizaciones sindicales han sido centrales en este episodio y en una historia más grande normalmente olvidada.

• El derecho del trabajo se expresa en normas, jurisprudencia, doctrina y prácticas que reflejan el conflicto social, económico y político en un tiempo y momento determinados.

• La conquista de los derechos laborales parte del reconocimiento del conflicto como inherente a toda sociedad democrática, en la que el trabajador debe ser protegido frente al empleador.

• Esto se logra por medio del derecho individual del trabajo y del derecho colectivo del trabajo que parte de la idea de que los trabajadores organizados pueden negociar sus condiciones de trabajo, si es necesario presionando a los empleadores por medio del derecho humano a la huelga.

• Este es el corazón del derecho del trabajo que durante el siglo XX y el siglo XXI se consolidó en el derecho occidental.

• Este y otros derechos humanos relacionados con el trabajo nunca fueron un regalo ni una concesión graciosa de los empleadores ni de los partidos políticos en el gobierno.

• Siempre ha sido parte del esfuerzo de los trabajadores organizados en sindicatos.

• Así ha sido en toda América y en Europa. Costa Rica no ha sido la excepción.

• Desde la década de los 20, el movimiento sindical logró incidir en las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, mediante el impulso de 101 leyes laborales antes de la década de los 40, y otras 99 durante la década de los 40.

• La articulación con partidos políticos progresistas fue fundamental en ese proceso: el Partido Reformista, el Partido Vanguardia Popular, la alianza con el Partido Republicano Nacional y luego con el Bloque de la Victoria, permitieron enormes avances para los trabajadores.

• De este proceso normalmente se recuerda el Código de Trabajo y las garantías sociales de 1943. Pero derechos como la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el descanso semanal, la protección contra accidentes de trabajo, entre muchos otros, fueron producto de la lucha sindical desde la década de los 20. Todas esas regulaciones fueron luego incorporadas en el Código de Trabajo en 1943.

• Así como se olvida este proceso de expansión de derechos que culminó en la década de los 40, también se simplifica el proceso haciéndolo ver como una idea de tres o cuatro líderes políticos. Ciertamente esta es una parte importante de la historia, como hoy lo es la participación de liderazgos políticos en el proceso de aprobación de la Reforma Procesal Laboral. Pero esta es solo parte de la historia.

• En todo caso, el Código de Trabajo fue un paso fundamental, pero en tanto expresó el conflicto social, económico y político existente en los 40, tuvo enormes limitaciones y fue, desde el inicio claramente restrictivo en el derecho laboral colectivo.

• Además siempre existió una brecha enorme entre la norma declarada y la realidad de los trabajadores.

• El proceso autoritario desencadenado por la ruptura del orden constitucional en 1948 tuvo como uno de sus legados una fuerte intolerancia en contra de uno de los pilares de la democracia: la organización sindical.

• Solo en 5 años, entre 1948 y 1953, el 90% de los sindicatos existentes fueron disueltos, se encarcelaron dirigentes sindicales e incluso varios de ellos fueron asesinados por autoridades policiales en el triste episodio del “Codo del Diablo”.

• A partir de ese momento, en Costa Rica se instaló una deslegitimación política de la organización sindical, una sostenida intolerancia a su existencia y como sociedad asumimos como normal la persecución sindical.

• A esta intolerancia sindical en el sector privado, se sumó la cooptación de dirigencias sindicales como práctica política partidaria en el sector público.

• Las limitaciones normativas y la deslegitimación del derecho colectivo en Costa Rica, produjo que la ilegalidad de la huelga fuera lo normal, que la negociación colectiva en el sector privado pasara de excesivamente reducida a virtualmente inexistente, y que la afiliación sindical se haya convertido en sinónimo de persecución, discriminación y estigmatización.

• Tristemente como país hemos aceptado la violencia social en contra de los trabajadores que se organizan, y hemos aceptado como normal lo que un gran jurista señaló en su momento: la democracia se acaba en la puerta de la empresa.

• Esta cultura política permeó a toda la sociedad, incluyendo a los operadores jurídicos, de forma tal que además, el texto del Código de Trabajo fue leído e interpretado de forma restrictiva y con temor hacia el ejercicio de la libertad sindical.

• A pesar de ello miles de trabajadores han continuado organizándose en el sector privado y en el sector público. Sin los sindicatos la reforma que se firma hoy jamás se habría convertido en realidad como tampoco habría sido realidad el Código de Trabajo en su momento.

• Como trabajador quiero agradecer profundamente al Sindicato de Trabajadores de Plantaciones SITRAP, la Coordinadora de Sindicatos Bananeros, la ANEP, la CTCR, la CMTC, la Central Social Juanito Mora Porras, el Colectivo Patria Justa, el SEC, entre muchos otros sindicatos que han participado en todo o parte de este largo proceso.

• Hoy nos encontramos ante una enorme modificación jurídica que tiene como objetivo ayudar a cerrar esa brecha, tanto en el cumplimiento de los derechos individuales de los trabajadores, como en el ejercicio de los derechos colectivos del trabajo.

• Hoy debe iniciar una nueva etapa en la cultura política y jurídica de este país. Esta revolución laboral debe permear los tres poderes del estado. Los jueces y el Estado no pueden seguir haciendo lo mismo que han hecho en los últimos 60 años en esta materia.

• Los trabajadores quieren y deben poder ser protagonistas en la construcción de sus condiciones de vida y de su trabajo.

• Los sindicatos y los empleadores están frente a una enorme posibilidad: la generación de una nueva cultura de relaciones laborales. Una que ayude a la democratización de la sociedad.

• La Reforma Procesal Laboral no es perfecta, como tampoco lo fue el Código de Trabajo en 1943. Ambos cuerpos normativos son el resultado, siempre perfectible, del conflicto social y de la búsqueda por reconocer y darle un lugar a ese conflicto mediante vías deliberativas y democráticas.

• Su lectura y su aplicación también tendrá lugar en el marco de tensiones y realidades dadas, pero, sin duda alguna, el texto permite traer sangre nueva en lo que debería ser un esfuerzo nacional para tutelar efectivamente los derechos individuales y los derechos colectivos de los trabajadores.

• Debemos cambiar nuestra práctica social y nuestra práctica jurídica que muchas veces ha decidido ver hacia otro lado frente al abuso y la violación de los derechos de las personas trabajadoras.

Por eso concluyo con las palabras del poeta Jorge Debravo:

Trajes

Hace mucho tiempo que usamos este mismo vestido
en la casa,
en la iglesia
y en el gobierno.
Nos hemos habituado tanto a usarlo
que ahora nos da miedo
y no nos atrevemos a cambiarlo,
como si con el cambio nos quedáramos muertos.
Ajustamos los pasos,
las costumbres, los credos,
el amor, los pensamientos,
a la estreches reseca de este traje
apolillado y viejo,
que empezó siendo objeto de servicio
y se nos ha trocado en carcelero.
Yo digo, sin embargo, que en la vida
hay mucho fresco.
Que debemos quemar este gangoche
donde ya no nos cabe el pensamiento.
Lo importante es decir un día de todos:
-¡Al diablo este vestido polvoriento!
y agarrarlo con cólera y rasgarlo
y quedarse desnudo en medio viento.
(Estando uno desnudo busca traje
aunque tenga que hacerlo
deshilándose el cuerpo).
Lo importante es estirar este vestido,
encontrar uno nuevo
y no dejar jamás que se nos hunda
en la piel y en los huesos,
porque entonces, amigos, deja de ser vestido
y se nos hace amo y carcelero.

Muchas gracias