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El Ministerio de Trabajo está próximo a publicar su anuario estadístico del 2014 en el que la tasa de sindicación, aunque levemente, sigue cayendo, al pasar de un 10,1% en el 2013 a un 9,4% en el 2014.

En términos absolutos, eso implica una reducción de 14.016 trabajadores en la fuerza laboral.

Por el contrario, la tasa de afiliación al solidarismo pasó de 19,2% a un 20% entre el 2013 y el 2014, para un crecimiento absoluto de 9.300 personas.

Pese a la diferencia numérica entre ambas formas de organización, se percibe un reforzamiento del papel político y social del sindicalismo.

El reportaje en el que trabajo, pretende explicarle al lector estos fenómenos que le comento y nos interesaría mucho incluir su siempre valioso criterio y análisis sobre lo que sucede con las organizaciones sociales, el reportaje se publicará este lunes entrante, por lo que, ante la falta de más tiempo, le adjunto con mi saludo atento, un corto cuestionario.

El reportaje lo cierro este viernes 4 de setiembre a las 6 de la tarde.

Don Albino, como siempre muy agradecido por su tiempo.
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¿Cuál es el factor o los factores que ustedes consideran que llevan a más trabajadores a afiliarse al sector solidarista en vez de ingresar a sindicatos?

Si la empresa privada fuera respetuosa, en materia de Libertad Sindical, de la Constitución, de la Ley, del Código de Trabajo, de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y del Derecho Internacional de Trabajo y la normativa de OIT, habría muchos sindicatos en el sector privado y habría alta afiliación. En la empresa privada, prácticamente, al trabajador se le obliga a ser solidarista. La palabra “sindicato”, es sinónimo de despido en el sector privado.

¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el solidarismo y el sindicalismo?

Legalmente, tienen su respectiva legislación que les define, claramente, sus ámbitos de competencias. Pero el sindicalismo está conceptuado como un Derecho Humano Fundamental, universalmente reconocido y con normativa legal internacional. El solidarismo no. En lo político-ideológico, el solidarismo es empleado como antisindicalismo.

¿En qué se parecen ambas organizaciones?

Un trabajador, de la empresa privada y del sector público, puede, perfectamente, estar afiliado a los dos modelos. En el sector público, ya eso se da. Conviven ambos y no se interfiere el uno con el otro. No se parecen en nada, empero. Los sindicatos defienden derechos laborales y la estabilidad en el empleo; el solidarismo es un ente financiero que opera en el sector laboral.

¿Cuáles son las asociaciones sindicales más grandes del país, a cuántos trabajadores agrupan más o menos?

Un sindicato puede ser grande no solamente por el número de socios, es decir, por lo meramente cuantitativo. Un sindicato puede ser grande por factores cualitativos: incidencia, propuesta, reconocimiento ciudadano, profesionalismo, vocación negociadora, sistema de alianzas y enlace político y otros. Cuantitativamente hablando, los gremios de educadores son los sindicatos más numerosos pero tienen una esfera de acción determinada por lo gremial, en esencia.

¿Cuál es la obra más relevante del sindicalismo en Costa Rica?

Es difícil ser categórico en eso de “más relevante”. En los años 40 del siglo pasado, el sindicalismo dio el músculo sociopolítico para las reformas sociales: el Código de Trabajo y el Seguro Social. En la época actual, pensamos que ha sido la defensa de instituciones públicas legendarias asociados al concepto de sociedad de capas medias: ICE, INS, banca pública CCSS y otras. En este caso, ajustamos 30 años de “batalla campal” y todavía no han sido pasadas, completamente, al sector privado.

¿Cuál cree usted que es el peso actual del sindicalismo en la sociedad y la política costarricense?

Pese a toda la campaña mediática de desprestigio, de ataque a mansalva, de satanización, el capital neoliberal de corte oligárquico no ha podido imponer en el país, completamente, el modelo del Consenso de Washington. El Estado Social de Derecho no ha sido arrasado por completo, gracias a la resistencia de ciertos sindicatos claves en el enfrentamiento, en la colisión, en el choque, en el antagonismo de dos visiones de desarrollo, en los últimos 30 años. Con la frente en alto y con gran orgullo indicamos que la ANEP ha sido fundamental en esta resistencia. Tenemos peso en esta sociedad y ello se mide por el carácter que en estos momentos reviste la campaña mediática en contra del Empleo Público. Tenemos frenadas varias iniciativas de legislaciones conceptuadas, ideológicamente, por el lado del capital, de corte antiobrero. Queremos más peso, incidencia e influencia y a nadie le debe quedar la menor duda de ello.

¿Vive un reverdecer el sindicalismo gracias a acuerdos como el firmado hace dos meses con el PAC y el Frente Amplio?

Lo que generaron los acuerdos con el PAC y con el FA, con PATRIA JUSTA, es la posibilidad de aportar en la construcción de otra hegemonía en la política pública del país: más hacia lo social, a más regulación del mercado, a más papel del Estado en fomento de la inclusión social y de la reducción de la desigualdad; a cambios estructurales en la distribución del ingreso, por ejemplo. Además, estamos de acuerdo en una revisión integral del sector Público, de la evaluación del desempeño, de revisar injusticias e inequidades en su seno. En esos acuerdos no hay nada contra la iniciativa privada, contra el sector privado. Por supuesto, que con estos acuerdos el nivel de incidencia de los sindicatos, en este caso, PATRIA JUSTA, ha crecido dentro del parlamento, por ejemplo.

¿En qué estado quedan las relaciones de los sindicatos con la clase política después del fracaso de la reforma procesal laboral?

La Reforma Procesal Laboral (RPL) no ha fracasado. Estamos haciendo grandes y productivos esfuerzos para superar el escollo constitucional. Aquí es bueno recordar esa frase de que “los muertos que vosotros matáis, gozan de buena salud”. Es bueno resaltar que la Iglesia Católica está apoyando en esta causa, la de salvar la RPL.

A falta de esta reforma en el panorama porque, se podría decir, está en un limbo ¿Cuáles otras luchas ve usted que puedan unir al sector sindical?

El salario mínimo en el sector Privado, la defensa de la Caja, la cuestión tributaria y el manejo del déficit, el empleo público, la cuestión del agro, la defensa del agua como derecho humano, la cuestión ecológico-ambiental y el cambio climático, por ejemplo. Estos puntos (entre otros), podrían generar una agenda de articulación compartida para la acción.

¿Cuáles cree usted que son los retos más importantes del sindicalismo, tanto inmediatos como futuros?

Retos del sindicalismo: Cruzada por la eficiencia y la eficacia y contra la mediocridad en aquellas zonas del servicio público que sabemos tienen estos problemas; aportar para rigurosos modelos de evaluación del desempeño; combatir duramente la corrupción producto de la colusión entre lo privado con lo público; construir un modelo de unidad sindical en la diversidad político-ideológica, similar al uruguayo; apuntalar con propuestas novedosísimas, como la Economía Social Solidaria, la actividad del emprendedurismo y de las micro, pequeñas y medianas empresas; crear un medio de comunicación multisectorial desde la perspectiva “de los y de las de abajo”; lograr la aprobación legislativa de la nueva ley de radio y televisión; y, por supuesto, lograr la aprobación definitiva de la Reforma Procesal Laboral (RPL), en lo que, como le indicamos arriba estamos trabajando duro.

¿Se nota en la práctica la disminución que sufre el sindicalismo en las estadísticas, o siente que el movimiento está fortalecido al tener mayor músculo producto de alianzas con el PAC y FA?

Al sindicalismo siempre lo están “disminuyendo”. Al sindicalismo lo han “enterrado” varias veces. Sí hay un crecimiento por razones lógicas de la campaña del miedo y de satanización del empleo público. En el caso de ANEP, además, notamos un pequeño crecimiento en el sector privado pero es de afiliación clandestina que no puede reflejarse en las estadísticas públicas del Ministerio de Trabajo, por razones obvias. Evidentemente, como le indicamos, la alianza con el PAC y con el FA presupone un mayor peso en la sociedad, pero ello debe verse en la perspectiva de que la participación ciudadana que hoy se pregona, nosotros la estamos aprovechando “al pie de la letra” y, además, hace tiempo que la política dejó de ser monopolio de los partidos políticos.

¿Cree que este Gobierno ha privilegiado de alguna forma al sector sindical?

Me parece que este gobierno ha estado actuando jugando al “equilibrio”, viendo para el lado empresarial y viendo para el lado sindical. Le puedo garantizar que si el gobierno hubiera “privilegiado” al sector sindical, estaríamos en otras condiciones sociopolíticas con las que siempre hemos soñado.

¿Cómo resumiría usted el papel histórico del sindicalismo en el país?

Sin sindicatos no hay Democracia; no hay Democracia que se precie de serlo, si los excluye. Los sindicatos han sido fundamentales en la gestación, en la preservación, en la defensa y ahora en la revitalización de los pilares del Estado Social, “enfermos” desde adentro y “baleados” desde afuera; además, luchamos para que definitivamente la sociedad entienda que sindicalizarse es el ejercicio de un Derecho Humano Fundamental.

En el marco de la campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica que se ha venido fomentando en contra de todo lo relacionado con Empleo Público, contra el Sector Público, contra las personas trabajadoras asalariadas del Estado y de sus propias familias; campaña orquestada desde el seno de los tradicionales sectores hegemónico-dominantes (y toda su pléyade de opinólogos, amanuenses, articulistas, comentaristas y otras personas de similar especie); campaña que se ejecuta, especialmente, a través de la prensa “perdedora” de las elecciones presidenciales del 2014; se abre ahora un nuevo “frente de combate”…

Hablamos de la resolución emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), dada a conocer en lunes 24 de agosto anterior mediante comunicado de prensa, en la cual el alto personero de esta entidad, su Intendente de Energía, informa de que ejecutó una rebaja, que no le reconoció gastos de operación a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), por el orden de los 20 mil 363 millones de colones, según la última solicitud de ajuste tarifario que le fuera presentada por esta empresa pública.

De esta cantidad, casi 5 mil millones de esa rebaja (más bien recorte), corresponden a los compromisos patronales previstos y obligacionales destinados a honrar responsabilidades asumidas en el sistema de relaciones laborales y sociales derivadas de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT); actualmente vigente (y en proceso de renegociación propiciado en el marco de la indicada campaña);CCT suscrita entre esta empresa pública y el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia), mismo que es parte del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA.

Sabemos que el tema de la CCT de Recope (y de otras inmersas en similares circunstancias, pero todas instrumentos clásicos y emblemáticos del Derecho Colectivo de Trabajo), constituye tema de gran polémica a nivel de opinión pública; especialmente porque la indicada campaña terrorista y de agresión ideológica a todo lo que tenga que ver con Empleo Público, ha colocado ya en el “paredón de fusilamiento civil” a toda la población trabajadora asalariada de Recope (y a sus propias familias), a su legítimo sindicato y a la institución misma. Solamente ha estado faltando el “tiro de gracia” y ese parece ser el contenido político-ideológico de la resolución del Intendente de Energía de la Aresep… y de la Aresep misma.

Este comentario, por tanto, no está centrado en la polémica mencionada. Entendemos que la actual dirección de Sitrapequia tiene claridad de sus desafíos actuales como representación laboral legítima del personal trabajador asalariado de Recope; y, entendemos, que está en un proceso de renegociación de su CCT, con responsabilidad cívica crítica, con base en la lectura del entorno sociopolítico nacional del momento y la consideración de las fuerzas en pugna.

Por tanto, este comentario lo queremos concentrar en lo siguiente: En si como sociedad queremos seguir jugando con las reglas del Estado de Derecho a todo nivel (incluido el laboral); o, si por el contrario, el empate político entre las dos visiones de desarrollo que siguen confrontadas en este país, se ha de resolver con decisiones de facto, de corte totalitario-arbitrario, altamente violentistas contra el mismo Estado de Derecho; y, por tanto, desechada tal vía civilizada, que se abra, en consecuencia, el sendero del enfrentamiento civil abierto, en diversas modalidades pero todas catastróficas para la paz social y para la Democracia misma.

Contundentemente pensamos que la acción de la Aresep que implica supresión abrogante de derechos laborales regulados en la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) de Recope, aprovechando el procedimiento de autorización de tarifas, es abiertamente ilegal.

La ilegalidad obedece a que tal acción ya no sólo es contraria al principio de legalidad, por cuanto con su actuar la Aresep rebasa las competencias de control y fiscalización que la ley le otorga.

Más grave todavía es la circunstancia de que Aresep, según su marco legal vigente, debe tener en cuenta el cumplimiento de las leyes laborales de las entidades cuyos modelos tarifarios regula. Este podría ser un elemento central para debatir en las sedes judiciales-administrativas correspondientes.

Como bien sabemos (y aunque no le guste a esos tradicionales sectores hegemónico-dominantes, así como a toda su pléyade de opinólogos, amanuenses, articulistas, comentaristas y otras personas de similar especie); el instrumento jurídico Convención Colectiva de Trabajo (CCT), es LEY LABORAL (así en mayúscula).

Ley laboral de tal potencia jurídica que puede ser aplicada, por ejemplo, en el seno de las empresas corporativo-mediáticas, privadas, desde las cuales se propician las “ejecuciones sumarias” y los “fusilamientos civiles” en este tema del Empleo Público; si en tales empresas privadas se diera el imperio constitucional de la ley.

Por consiguiente, la Aresep, lejos de estar facultada para derogar, tácitamente (mediando este proceder abusivo, violentista, de facto), normas convencionales de la ley del Trabajo, como lo ha hecho en esta resolución de Recope; está obligada por ley a velar porque las empresas reguladas cumplan con estas leyes de trabajo: esto es, que cumplan con las convenciones colectivas vigentes en dichas empresas públicas.

Lo que está aconteciendo ahora con el cercenamiento de facto, con la abrogación de la legalidad sociolaboral convencional de Recope, con este inaudito uso abusivo del Derecho, va a afectar a otras empresas públicas sujetas a la regulación tarifaria de Aresep: A y A, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL, Japdeva, las empresas públicas regionales y cooperativas distribuidoras de luz y de energía eléctrica entre otras.

La Aresep, y su Intendente de Energía, ¡“cerró” el parlamento y decretó “su propia” ley de empleo público!

Esto es completa y contundentemente inadmisible. Debemos recordar que en nuestro sistema jurídico-procesal, sólo los entes jurisdiccionales tribunales de trabajo y Sala Constitucional están facultados para desaplicar normas laborales de rango legal que puedan tener algún vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad.

La Administración Pública en este caso, la Aresep, no puede desconocer este principio general del ordenamiento jurídico. Y, mucho menos, además, pasándole por encima al propio parlamento, a la Asamblea Legislativa, en cuyo seno, precisamente, está un debate en desarrollo en este y otros aspectos referentes al Empleo Público.

Las implicaciones de este acto de tropelía (abuso, arbitrariedad, hecho violento contrario a las leyes), cometido por la Aresep rebasa el cercenamiento de derechos laborales garantizados por este tipo de instrumentos jurídicos del Derecho Colectivo de Trabajo, como lo es la Convención Colectiva de Trabajo.

Abarcará, de consolidarse, a otras entidades de la institucionalidad pública que aunque no tengan una CCT (como, por el ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad ICE), sus fijaciones tarifarias las define la Aresep.

En tal sentido y concretamente, esta tropelía de la Aresep puede estar cercana para serle aplicada al propio ICE, alegando que sus obligaciones patronales-sociales, en sí mismas, no pueden considerarse dentro de los costos empresariales de operación, en cuanto a las tarifas eléctricas, por ejemplo.

Más allá del abuso del derecho (“contra legem”, según los especialistas), que es demandarle a la Aresep en cuanto tal; estos “tiranuelos de bolsillo”, como el propio Intendente de Energía de la Aresep, deben asumir sus propias responsabilidades personalísimas, por su actuaciones abusivas en uso de las facultades jurídicas que le fueron otorgadas para el ejercicio de su cargo.

Se está jugando, ya en serio, con la paz social. Se está jugando, también en serio, incluso, con la misma Democracia y su institucionalidad jurídica.

Si bien, en este caso particular, se deberán emprender varias acciones jurídicas; la embestida contra el empleo público ha llegado ya a niveles demenciales, que exigen una respuesta de fuerza de grandes dimensiones por parte de las organizaciones sociales y, ojalá, en condiciones de unidad en la acción, insospechadas hasta hoy. “La sangre ha llegado al río…”. ¡Ojalá nos equivoquemos!

A nivel del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, este martes 1 de setiembre analizaremos en profundidad el tema, previas conversaciones de últimas horas entre varios de sus líderes.