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Nuestro sindicato ANEP-HACIENDA se complace de que haya sido aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa el Expediente No. 19407, “ Ley para Mejorar la Lucha contra el contrabando “, iniciativa del Ministerio de Hacienda , que ya casi iba a cumplir un año de haberse presentado. Esta normativa aduanera, entre otras cosas, busca desincentivar y disminuir el comercio ilícito de mercancías, en todas sus manifestaciones, lográndose que se redujera de $50000 a $10000, el monto de referencia para sancionar los hechos delictivos considerados como contrabando y defraudación fiscal aduanera. En la práctica, muchos inescrupulosos introducían bienes y mercaderías ilegalmente al país, por valores que podían rozar pero que no llegaban a los $50000 y si acaso eran detectados por las autoridades aduaneras, pagaban la multa y no pasaba nada, ahora no sólo se condenará a quienes realicen contrabando por $10000, sino que también, se aplicarán condenas a los sujetos que sean reincidentes por $5000, porque los contrabandos por montos menores se van a acumular. Por lo que esperamos que dichas modificaciones reciban la aprobación en segundo debate y se conviertan así en Ley de la República.

También nos queremos referir en “ La Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal “, que se encuentra para discusión en la Asamblea Legislativa, en lo particular, queremos manifestar nuestra posición en relación a los embargos que se realizan en sede administrativa, por medio del Dpto. de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda y que algunos políticos, quieren que dichos embargos no se sigan efectuando por esa vía, sino que procuran trasladarlos a sede judicial, donde el volumen de casos y asuntos por atender, atrasará su ejecución y les dará oportunidad a los evasores de idear formas para esconder y evitar la aplicación de la ley. Casualmente, algunos de estos políticos, con escaño legislativo, son coincidentes en sus ataques contra los empleados públicos, señalándonos como los culpables del alto déficit fiscal. Esta medida amparada en la ley y ejecutada por Cobro Judicial, a través de embargos administrativos realizados a las cuentas bancarias de los deudores tributarios, ha provocado que éstos acudan rápidamente a las oficinas tributarias para pagar sus obligaciones o realizar arreglos de pago, lo que ha permitido recuperar sumas muy importantes de dinero de cuentas morosas. Es importante destacar que este logro se hizo mediante el esfuerzo y dedicación del escaso personal que trabaja en Cobro Judicial y el cual tiene excesivas cargas de trabajo. Consideramos que aumentando el recurso humano de esa área, especialmente con abogados (as), simplificando procesos y brindando otras facilidades, se podría disminuir aún más la cartera de morosos . Y esas son las medidas que a los evasores, a sus testaferros y aliados políticos no les gusta y por el contrario buscan por todos los medios quitarle esa valiosa y útil función a la Administración Tributaria y dejarla más débil y desprovista de armas eficaces y contundentes que ataquen la gran evasión que existe en nuestro país. Igualmente de preocupante es la situación de que estos defensores de los evasores, pretenden, de que si los funcionarios ( as ) en el ejercicio de sus labores, son demandados por los contribuyentes, tienen que asumir los gastos de su defensa legal y eventualmente las costas judiciales. Como se puede notar el ataque contra la Administración Tributaria y su personal es por todos los frentes, buscando contrarrestar sus funciones fiscalizadoras y eliminarle las pocas herramientas con que cuenta en su lucha contra la evasión y defraudación fiscal.

ANEP-HACIENDA QUE SE FORTALEZCA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA Y SE PERSIGA A LOS EVASORES

En la vida son pocas las cosas que realmente podrían asombrar a una mente equilibrada y a un carácter modesto, pero por raro que esto suene, pasan. Para nadie es un secreto que la realidad carcelaria de nuestro país requiere de una atención inmediata y de una inversión fresca para revertir las consecuencias de lo que ha sido un sistema inadaptado e ineficaz.

Lo extraño del caso es que, pese a que nadie ignora los hechos y la triste realidad de nuestras cárceles, la “solución remedio” es un tajante e irracional recorte al presupuesto.

El ejercicio de la razón cuando se encuentra desprovisto de calidez humana, contribuye al engrandecimiento de las sociedades tanto, o un poco menos, que lo que contribuye un teórico en la solución de los problemas reales de una nación, cuando no los conoce.

La terrible crisis que enfrenta el sistema carcelario de nuestro país es mucho más que una simple y llana teoría. Cala profundo en el sentimiento de aquellos que creemos en una Costa Rica solidaria y justa. Mientras tanto, en el seno de las Naciones Unidas, el país que mejor logra articular el discurso sobre derechos humanos es el que se garantiza los aplausos y la admiración de las grandes mayorías. Costa Rica no ha sido extraña en estos procesos de elogio.

El problema es que pese a esas atinadas precisiones de la oratoria, en este pequeño país, una fracción invisible de la sociedad, continúa esperando el reconocimiento pleno de sus derechos. Nos referimos a las funcionarias y a los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional; hombres y mujeres con idoneidad comprobada, espíritu de servicio y gran probidad ética.

Jamás se podría pensar en una cárcel como un motivo de orgullo; bien, por el concepto de castigo al que se encuentra ligado, o por el símbolo mismo de pérdida de libertad. No obstante, las nociones que de ella se puedan tener, en ningún momento debe ser sinónimo de humillación y desprestigio para quienes trabajan entre muros y barrotes.

El recorte al presupuesto del Sistema Penitenciario estimula el crecimiento de la crisis, favorece el desarrollo de la criminalidad y nos relega como país, a una posición poco garante de los derechos fundamentales.

Es a partir de criterios sólidos y argumentos suficientemente razonados, que se justifica cualquier decisión que afecte de manera directa a la sociedad. Este recorte manifiesta una tremenda insensibilidad que lo único que propone son dudas respecto de su verdadera intención, las consecuencias negativas que ello conlleva, pone en “entredicho” la transparencia de cualquier gestión y el interés por un verdadero cambio.

¡Cuánta razón tenía un gran maestro y amigo, cuyo nombre omito para resaltar la brillantez de sus palabras, quien en una ocasión dijo: “Debe seguirse el modelo de derechos y obligaciones promovido por las Naciones Unidas, en el que trabajan enlazadas la gerencia institucional, el sector administrativo, la Escuela de Capacitación Penitenciaria, el aparato técnico criminológico y la seguridad de las prisiones”.

La solución, por aspectos prácticos, debe ser planteada por quien conoce el Sistema Penitenciario y no por quienes se han pasado la vida ganando prestigio y buscando su propia comodidad. En este sentido, la lucha no es fácil, nadie la entiende así; pero allá, en los últimos lugares del Ministerio de Justicia y Paz (en los eternos puestos de la exclusión), existen hombres y mujeres con profundo espíritu de servicio y con claridad conceptual. Todos ellos concuerdan en que un recorte al presupuesto de Justicia es un crimen innegable.

Desarrollar las acciones administrativas, de custodia y de atención profesional de las personas privadas de libertad, en la lógica del respeto a los derechos humanos para el fortalecimiento de las potencialidades y el ofrecimiento de oportunidades, depende absolutamente del presupuesto que para ello se apruebe.

El ofrecimiento de las condiciones mínimas y la atención integral de las personas privadas de libertad implica la necesidad de mayor atención y mejores recursos económicos.

Las y los policías penitenciarios merecen condiciones de trabajo dignas, salarios justos, uniformes adecuados y suficientes, dormitorios y baños en buen estado y todas aquellas condiciones que puedan estar incluidas en el concepto de trabajo decente.

Todo esto es posible, pero no con recortes irracionales, irrespetuosos y desestabilizadores.

La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), tomó una crucial decisión que, desde nuestra perspectiva, priorizó en la vida humana, en la vida de todos los seres vivos, antes que en el negocio mercantil del lucro privado, puro y duro.

A y A decidió que la vida de los y de las limonenses, en cuanto a la provisión del agua vital para la propia existencia humana, es tan estratégica como para determinar que la cuenca del Río Banano, en su totalidad, 180 kilómetros cuadrados, es zona de protección.

Los mercaderes del negocio privado con los servicios públicos, pretendían extraer de un tajo, denominado “Asunción”, ubicado en esa cuenca (específicamente, en la comunidad de Matama), un millón y medio de toneladas de roca y de otros materiales para la construcción de la terminal portuaria privada; que, mediando un proceso de concesión bastante cuestionado, está construyendo en estos momentos la transnacional holandesa APM Terminals.

De todas formas, la estratégica decisión de A y A queda concatenada con otro grave problema que ya existía en contra de quienes buscaban el “negociazo” de sus vidas, extrayendo material del tajo “Asunción”: no han podido demostrar que les pertenece, que tal terreno es de su propiedad; y, por tanto, no habían podido tener el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), para explotarlo, al no conseguir la correspondiente viabilidad ambiental. “Lo que mal empieza, mal termina”, como dice el refrán.

Con visión ya no solamente futurista, sino de profundo contenido humanista, A y A se decidió por la vida; en este caso, la del pueblo limonense de esta y de las próximas décadas.

Se trata de una decisión que va en la dirección correcta sobre la ineludible responsabilidad de la política pública de hoy para garantizar agua para las próximas generaciones de costarricenses; considerando que la geopolítica del futuro cercano está ya siendo determinada por pugnas, bélicas incluso, del control de los mantos acuíferos en la estrategia del poder mundial de los años por venir y que están, prácticamente encima.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, nuestra alegría es mayúscula por esta atinada decisión que la actual Junta Directiva de A y A ha tomado y que merece el más contundente aplauso respaldo ciudadano.

Nuestra satisfacción es mayor toda vez que la colisión entre el interés público y el lucro privado meramente mercantil en esto de la concesión a APM Terminals, se venía manifestando, también, en la cuestión ecológico-social.

Así lo advertimos en la presentación del documento de PATRIA JUSTA, “Agenda Patriótica para el Bien Común y la Inclusión Social”, el pasado 26 de junio de 2015, en el Teatro Popular Melico Salazar, cuando se dieron a conocer los acuerdos de agenda-país entre los partidos políticos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA), con PATRIA JUSTA.

Dentro de tal documento, podemos encontrar un apartado que indica lo siguiente: “¿Por qué estamos con Japdeva?”, seguido de esta exhortación: “¿Por qué Patria Justa le pide a usted que apoye esta causa?” (se refiere a la lucha contra el monopolio portuario privado holandés); y releyendo el punto dos nos damos cuenta de que habíamos planteado esto: “Por otra parte, en lo ambiental, prácticamente la totalidad de los movimientos sociales ecologistas costarricenses, luego de estudiarlo profundamente, lo han adversado. La gravedad de ello llega a tal punto que se han puesto en riesgo fundamentales mantos acuíferos para la población limonense”.

¡Qué bueno! A y A se pone del lado de la gente al indicar su máxima jerarca, su Presidenta Ejecutiva, la señora Yamileth Astorga Espeleta, que lo que realmente importa es cumplir a cabalidad la responsabilidad institucional de abastecer de agua a la población. Ahora, ¡todo mundo a apoyar a A y A!

Cada quien es libre de pensar y expresar sus opiniones y pensamientos, de palabra o de forma escrita, sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, como bien lo expresa la Constitución Política de nuestro país.

Así las cosas, compartimos la opinión sobre la necesidad de mejorar la productividad, la eficacia, la eficiencia, el servicio al cliente, la transparencia, y por supuesto, la equidad en la repartición de la riqueza.

Al menos en un sector de la opinión pública, y propiamente en mi gremio policial, consta que he sido precisamente un acérrimo defensor de la transparencia en la función pública. Producto de este ideal, hemos presentado varias denuncias para efectos de investigaciones en la fiscalía de probidad, en la fiscalía de fraudes y en la fiscalía adjunta de San José.

Estas denuncias solicitan que se investiguen, posibles malversaciones de fondos, nombramientos irregulares, posibles favorecimientos, prevaricato e incumplimiento de deberes, entre otros; esto, confiando en nuestro estado de derecho y sistema de justicia, esperando las conclusiones de las investigaciones, procurando resultados en favor del colectivo y todo esto, llevado a cabo, sin faltar a la verdad o denigrar el honor de las personas con generalizaciones polarizadoras.

En estos días conversaba con mi señor padre, memorando mi carrera laboral, y recordábamos como desde la edad de doce años, ayudaba en las labores que mi corta edad y mis fuerzas me permitían, en una de las antiguas fincas bananeras de la zona sur del país.

Haciendo ese viaje por el tiempo, conversamos sobre como a la edad de quince años inicié mis labores de manera formal, con permiso de trabajo para menores y cotizando para la CCSS.

Solo como antecedente, ya que soy un producto de mi historicidad, laboré varios años para el sector privado, con distintas experiencias, la mayoría enriquecedoras; empresas que siempre respetaron mis derechos y de las cuales guardo un profundo cariño, como Tecnofarma, Farmanova, el Morazán, de la excelentísima familia Terán, por citar algunas; y otras experiencias muy difíciles, como las labores realizadas en las plantaciones bananeras.

Ingresé al servicio público, orgullosamente, como Oficial de Policía, y luego de varios años, con experiencias propias de algunas realidades cotidianas que se viven en esta hermosa profesión, asumí la defensa de mi sector, desde una organización sindical. No sé si eso me convirtió en “vagabundo”, pero lo cierto es que puedo demostrar que cotizo para la CCSS desde el año 1986, a la edad de 15 años.

Entiendo, aunque no comparto, que algunas personas sientan animadversión hacia la actividad sindical, y puede que algunas cosas se deban mejorar; pero de ahí a “hacer generalizaciones odiosas”, utilizando epítetos difamatorios, que solo vienen a generar rencores sociales, odios desmedidos e infundados, desinformación y daños en el honor de quienes sí servimos a la Patria, día con día, procurando el bienestar de los más desprotegidos.

Resulta igual de irresponsable que, si se procediera a generalizar sobre cualquier otra actividad, porque en todos los campos hay un grupo de colaboradores buenos y otros no tan buenos; y en nuestro caso, durante este tiempo en que venimos desempeñando la representante sindical, en atención de las necesidades de mis compañeras y compañeros, hemos logrado sensibilizar la necesidad e importancia de una organización sindical, que nos permite asesorar, defender y auxiliar a una persona que, como oficial de policía, necesita de su trabajo para llevar sustento a su familia y cumplir sus metas y anhelos.

Mi valor está probado; como Oficial de Policía de la Fuerza Pública, denuncié contrabando, denuncié faltas al deber en la función pública, decomisé drogas y destruí plantaciones de marihuana, recibí amenazas e intentos de soborno, y por todo ello y más, considero que tengo la suficiente autoridad moral para dar la cara ante la sociedad, y sostener el valor de mi trabajo y la relevancia de nuestros méritos; logros que han venido a hacer una diferencia en la realidad que viven los compañeros y compañeras de la Fuerza Pública.

El intelecto de un hombre y/o mujer, se mide por el respeto a la hora de comunicarse y defender sus ideales. Comparto la necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia, en todos los aspectos de nuestra sociedad, y principalmente, en la función pública, pero rechazo los calificativos que polarizan la verdad y se utilizan para llamar la atención, de forma negativa y sin elementos probatorios; cuando lo correcto debería ser, decir en qué instituciones y quiénes son los que incumplen; pero fundamentalmente, demostrar con estudios e investigaciones que permitan determinar esa conclusión, arrojada muchas veces de forma irresponsable bajo el velo del “derecho a la opinión pública”.

Todas aquellas personas que pertenecen o han pertenecido a nuestro gremio policial, y a quienes hemos logrado asesorar y “auxiliar” en razón de nuestra participación desde la trinchera sindical, pueden dar fe de que les contestamos consultas hasta altas horas de la noche, fines de semana, días festivos y que procuramos defender sus derechos por dignidad, equidad y justicia, porque cada quien defiende lo que considera justo, y nosotros creemos firmemente que ha llegado la hora de la justicia para la clase policial de este país.

Los oficiales de policía no son robots; el policía necesita y merece una buena calidad de vida, al igual que su familia, por eso luchamos desde una organización sindical (ANEP).

Por eso, y porque mis ideales son firmes, no me voy a detener por la simple idea de algunos, de que todo lo que provenga de un sindicato es “nocivo”. Eso es producto de un pensamiento arcaico, porque lo cierto es que cada quien defiende lo que considera conforme a sus ideales, valores y gustos.

Nosotros defendemos el ideal de las causas nobles, y la justicia.