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Nos ha asombrado (y asustado) muchísimo la pretensión de que se autorice por ley de la República que las cooperativas vendan agua potable.

Hay que decirlo con claridad: es una forma de privatización de los servicios de provisión de agua potable y de alcantarillado sanitario, lo que se busca con esta imprudente, inoportuna e innecesaria iniciativa.

Es más, sin profundizar en el tema del agua y del recurso hídrico (pues esperamos el criterio de la asesoría especializada en el tema que siempre nos ha ayudado al respecto), tenemos que decir que nos oponemos, desde ya, a esta “loca” iniciativa.

No puede interpretarse este criterio como una valoración negativa del sistema cooperativo de parte nuestra.

Pero de entrada, planteamos cuatro consideraciones iniciales que nos llevan a formular un no rotundo a la eventual aprobación del proyecto de ley No. 19441, con ese tipo de nombres “a lo neoliberal”, que se usan para confundir a la opinión pública: “Ley de autorización a las cooperativas para administrar sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios”.

PRIMERA: Considerando que en un futuro cercano la principal causa de las guerras ya no será el petróleo (como sucede en estos momentos), sino por el control de las fuentes acuíferas y los manantiales, toda la política pública de un país como el nuestro debe ir dirigida a controlar la provisión de servicios de agua, de acueductos y de alcantarillado sanitario, por parte del Estado. ¡Sí!, en manos del Estado. Tanto los ricos como los pobres, “los de arriba y los de abajo”, tenemos derecho a la vida y el agua que es esencial para ella, nos debe ser garantizada a todos por igual.

SEGUNDA: La provisión de los servicios de agua, como bien público, de carácter demanial y bajo la concepción de Derecho Humano Fundamental, no debe tener inspiración en el lucro mercantil, en la generación de ganancias, por más manto cooperativo que se le quiera dar. Dada la gravedad que en un futuro cercano tendrá la lucha por el agua, no sería descabellado pensar que bajo la figura cooperativa se generen verdaderos consorcios corporativos empresariales privados que atenten contra su carácter demanial y de Derecho Humano Fundamental.

TERCERA: Por otra parte, se tendría una duplicidad en cuanto a entes rectores en la provisión de un mismo servicio público, pues está claro cuál es el que rige el sistema cooperativo: Infocoop. Y lo más absurdo es que podríamos llegar a tener usuarios de dos tipos de servicios de agua: el que paga una tarifa que no está inspirada en la generación de lucro (AyA y Asadas); y otro, al que le cobrarán otra tarifa que dé ganancias para repartir dividendos entre los socios de la “cooperativa del agua” local.

CUARTA: Por el contrario, hace tiempo se debió legislar para que los proveedores privados de botellitas de agua paguen lo que deben por usar las fuentes públicas en su negocio; y, o, para que se les saque de ese mercado y sean, tanto el propio AyA como las Asadas, quienes vendan agua en tal forma sin lucro privado de por medio y para reinvertir en el propio sistema presente y futuro.

Nos podemos a las órdenes de las entidades sociocívicas y ecológico-ambientales que decidan conjuntar esfuerzos en contra de esta forma de privatización del servicio de agua potable y de alcantarillado sanitario vía sistema cooperativo.

Decimos que fue aprobación automática porque a pesar de que ese jueves 4 de junio, el plenario legislativo no se reunió por falta de quórum, las reglas parlamentarias establecen que esa fecha era el día límite para la votación de ese presupuesto extraordinario y, por tanto, al no haber sesión diputadil, la aprobación es de carácter automático.

Compartimos boletín de la Policía Penitenciaria.

Policía Penitenciaria: Comunicación Del Lunes 8 de Junio-1 (1)

La corriente de este tiempo es mirar y escuchar sentimientos de incertidumbre, de pesimismo hacia el futuro. Se viene hablando de falta de empleo, de problemas con el déficit fiscal, de proyectos que pretenden aumentarnos los impuestos que ya hoy pagamos, de ejecutar recortes presupuestarios como medida de “salvación” aunque éstos se den sin ningún estudio técnico y de manera indiscriminada, inclusive sin medir sus consecuencias a corto plazo.

Por ejemplo si miramos, en Seguridad Ciudadana, ¿en qué áreas se recortaría presupuesto? Hace falta equipo de oficina, infraestructura, mantenimiento, equipo policial, avituallamiento, por citar solo algunos; aunado a la inminente necesidad de atender situaciones de emergencia en tiempo extraordinario que representa el pago correspondiente; algo que hoy es un derecho que se reconoce a la Fuerza Pública después de 67 años de historia, esto en la parte policial.

No menos importante es la labor que realizan nuestras compañeras y nuestros compañeros de la parte administrativa, dentro del Ministerio de Seguridad Pública, hoy. Igual, con una alta cuota de sacrificio, producto de la atención de gestiones por procesos que datan de muchos años, tales como reclamo de feriados que antes no se le reconocían a nuestros compañeros policías y a nuestras compañeras policías, horas extras, aunados a múltiples procesos que se presentan cada día por distintas circunstancias.

La criminalidad actual amerita en muchos casos que nuestros y nuestras policías deban trabajar jornadas superiores a las doce horas diarias, lo cual constituye necesariamente el pago de tiempo extraordinario; por ejemplo, las flagrancias obligan en muchos casos a que los y las oficiales que actúan en una detención, deban permanecer en servicio hasta finalizar las diligencias judiciales.

Este trabajo policial implícitamente ocasiona que la parte administrativa deba aumentar los controles en aras de favorecer el derecho de nuestros uniformados y de nuestras uniformadas. Esto les demanda un esfuerzo importante, entendiendo que hace sólo unos años no se reconocían feriados ni horas extra a los miembros de la Fuerza Pública.

Se incrementó el trabajo administrativo, el cual se ve imposibilitado de laborar en jornada extraordinaria,(recorte) situación que provoca retrasos que perjudican al personal policial, motivando que muchas veces se acuda a la instancia jurisdiccional en la cual se logra (en la mayoría de los casos), una sentencia condenatoria con la consecuente sanción en pago de costas procesales. Entonces, lo que se “ahorró” la Administración en horas extra, al personal administrativo, lo paga en costas procesales.

Esta situación nos lleva a pensar que la “cura sale más cara que la enfermedad”. Por eso venimos hablando de que se requiere de análisis serios, maduros, consensuados, que se deriven de la búsqueda del equilibrio, la equidad y la justicia social, procurando una Costa Rica mejor para todos y todas.

La “politiquería” debe salir de la agenda parlamentaria. Es cansado y aburrido mirar cómo se pasó el primero año de esta administración. Por un lado, los ahora oposición, tratando de ridiculizar a los de gobierno; y, por otro, observar a éstos echándole la “culpa” de todo lo malo a los anteriores, cuando lo ideal sería mirar a las personas que son electas para ejercer representación de todos y todas en búsqueda de una agenda común, de un proyecto país, que nos permita volver por la senda de la justicia y la paz del ser costarricense.

¿No son acaso los procesos electorales uno de los mayores generadores de gasto? Entonces, necesitamos ver ese gasto justificado con trabajo serio, responsable y maduro. No podemos seguir hacia el despeñadero social, con el incremento en los delitos contra la vida, el tráfico de drogas y el desempleo. Ese es el camino al que estamos apuntando, a menos que nos pongamos a producir en verdad por el bienestar colectivo.

Dos de los sectores que posiblemente, demandan más presupuesto son Seguridad y Educación; pero, igual ambos son sumamente esenciales para el progreso, la democracia y la paz de nuestro país.

En Seguridad Ciudadana hemos señalado en el pasado la necesidad de fiscalizar y mejorar controles. También hemos denunciado aquellos casos que hemos considerado ameritaron alguna investigación, pero tenemos claro que en la Fuerza Pública se necesita de presupuesto para no solo mantener un buen servicio, sino para aumentarlo en el campo de la seguridad común; considerando, además, que en este momento nos parece que la cartera ministerial está en buenas manos, se requiere asegurar presupuesto.

Una Costa Rica mejor sí es posible. Se requiere de unir voluntades, participar desde los espacios que se nos permitan y actuar con sensatez en procura de favorecer a las mayorías, al bien común y a la justicia.