“Una nueva amenaza mundial para los servicios públicos”. Así, de esta manera contundente, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) califica los perniciosos contenidos de un tratado multilateral que se viene negociando en secreto: el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (más conocido por sus siglas en inglés, TISA: Trade In Service Agreement).
La ISP es una entidad global de sindicatos del sector Público del planeta e integra a las más grandes organizaciones en el ámbito de los servicios públicos, de zonas geográficas tan relevantes como Estados Unidos, Canadá, América Latina, la Unión Europea, Asia, África y Oceanía.
Prácticamente con desconocimiento general, no solamente global sino a nivel de país, este lunes 28 de abril se realizó otra sesión secreta, en Ginebra, Suiza, de las negociaciones sobre el TISA, el cual, según ISP, “creará en entorno más favorable para la privatización de los servicios públicos, bloqueará permanentemente la capacidad de los gobiernos de remunicipalizar o crear nuevos servicios públicos y restringirá la capacidad de sus gobiernos para legislar en campos tales como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y las obligaciones de servicio público universal”.
Nuestro país, Costa Rica, es parte de los estados que están en el proceso del TISA. Si este acuerdo multilateral de privatización de servicios Costa Rica lo firma primero y lo ratifica después, las investigaciones de la ISP nos indican que aparte de las indicadas, abarcará otras esferas de los servicios públicos “como la concesión de licencias para centros de cuidado de la salud, la acreditación universitaria y escolar, el suministro municipal de agua, las instalaciones de eliminación de residuos, las centrales eléctricas y las licencias de radiodifusión”.
Según nos documenta la ISP, a principios del 2012, unos 20 estados miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) crearon un bloque autodenominándose “Auténticos Buenos Amigos de los Servicios” e iniciaron negociaciones secretas extraoficiales, con miras a elaborar un tratado para liberalizar más el comercio y las inversiones en los servicios; y a ampliar las “disciplinas reglamentarias” sobre todos los sectores de servicios, incluidos muchos servicios públicos.
Las “disciplinas”, o normas del tratado, proporcionarían a todos los proveedores extranjeros acceso a los mercados nacionales en condiciones “no menos favorables” que las de los proveedores nacionales, y limitarán la capacidad de los gobiernos de regular, adquirir o prestar servicios. En esencia, la reglamentación de muchos servicios públicos y privatizados o comerciales dejaría de estar al servicio del interés público para estar al servicio de los intereses económicos de las empresas privadas extranjeras.
Considerando el cambio de Administración que ocurrirá el próximo 8 de mayo, bien haría el nuevo señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, ordenar que se abran, de par en par, las puertas del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), pues muchos pensamos que esta entidad ha venido funcionando como una especie de “república independiente”, casi como la “propiedad personal” de la señora Anabel González Campabadal; y si bien es cierto no son percibible cambios de fondo en el plano ideológico en cuanto a la visión de mundo que impera en este ámbito del comercio exterior; al menos, que se pongan a disposición del interés ciudadano todo lo que el país ha venido comprometiendo en materia de nuestros propios servicios públicos, dada su inserción en el acuerdo TISA.
