ANEP continúa acercamiento con sectores políticos

Continúa el acercamiento de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) con diversos sectores políticos, que a partir de mayo próximo encaran una nueva gestión en el Gobierno de la República. En esta ocasión, fue el turno del diputado electo por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Oscar López.

En la reunión que se llevó acabo el miércoles anterior, se le expuso al Diputado los diversos ejes de trabajo de la ANEP, como lo son: la Reforma Procesal Laboral, el desenganche salarial del sector médico; que comprende la eliminación del artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos, así como, una Reforma Tributaria.

Albino Vargas, Secretario General de la ANEP indicó que nuestra organización siempre ha mantenido una actitud completamente independiente de partidos políticos, sin embargo eso no nos hace ignorar su relevancia en un sistema democrático, de ahí la importancia de tener este tipo de acercamientos.

“Con Oscar López hay una relación bastante antigua en el intercambio de pareceres sobre el país, la sociedad y el mundo laboral; ahora que el vuelve a ser legislador de la república, pues a nosotros nos interesa actualizarle en que estamos trabajando, así como, lo que está pendiente en el parlamento”, dijo Vargas.

Otro de los puntos abordados en la reunión, según comento el Secretario General de la ANEP, es como “podríamos ayudar a atajar el crecimiento de la desigualdad, que es el tema número uno del país, además comentarle en que hemos avanzando en materia tributaria para un sistema progresivo y las nueva ideas”.

Por su parte el Diputado del PASE, Oscar López se mostró muy complacido por este acercamiento de la ANEP, ya que considera que nuestra organización es un bien necesario para Costa Rica.

“La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados es un bien necesario en Costa Rica, ya que la reivindicación de la lucha laboral y de los derechos de la clase trabajadora de este país no puede estar en el aire, siempre tiene que haber una representatividad seria, con medida y sobre todo con los niveles de responsabilidad con los cuales la ANEP siempre se ha manifestado y expresado ante los vejámenes y vaivenes de la sociedad y de los gobiernos. La ANEP siempre ha sido un faro que ilumina el camino de la clase trabajadora y como político me interesa”, dijo el Diputado del PASE.

López también indicó, que se circunscribe a las 3 propuestas de la ANEP, respecto al desenganche médico, la Reforma Procesal Laboral y la Reforma Tributaria, ya que las considera “propuestas completamente potables, en un país donde la situación política esta convulsa”

Fiscalía General interviene en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera

El Ministerio Público realiza investigaciones en la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Nacional de Niños (HNN), sobre las razones de la muerte de, al menos, 100 niños fallecidos en los últimos cuatro años en ese centro médico.

Tal investigación tuvo origen en un hecho insólito: la noticia de que uno de los médicos especialistas, supuestamente, abandonó el quirófano, sin concluir él la cirugía que le realizaba a un niño de días de nacido: abandono que habría hecho ante una llamada que recibió en su teléfono celular, estando en media sala de operaciones del HNN para que se presentase a un centro hospitalario privado a fin de atender, aparentemente en horas laborales, a otro niño en internamiento particular y paciente suyo que requería cirugía de apendicitis.

Este hecho lamentable se encuentra en proceso de investigación; al igual que se está investigando el macabro tráfico de órganos, también con la participación de algunos especialistas médicos.

Entre tanto, el joven médico Marco Pérez Campos hace su trabajo con grandes limitaciones en las islas que se encuentran en el golfo de Nicoya, en los EBAIS de las islas Chira, Caballo y Venado y, hasta “a pata pelada” y con los equipos médicos al hombro y casi siempre en lancha. Sorteando las mareas, con gran dedicación y bajo una gran presión, trabaja en la atención de unas tres mil personas.

Sus compañeros lo describen como una persona dedicada, con excelente trato a los pacientes, quienes le retribuyen sus servicios con sonrisas y hasta uno que otro gallito le llevan a su apretada consulta. Sin pago de guardias, ni posibilidades de ejercicio privado de su noble profesión.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución emblema de nuestra Seguridad Social, presenta estos contrastes que, sin duda, son vivo ejemplo de situaciones extremas en los servicios de salud que recibimos los y las costarricenses; y que merecen acciones inmediatas que procuren resolver los conflictos de interés que han copado las diferentes dependencias de la Caja.

En este caso me interesa plantear que deberá la Junta Directiva de la institución regular, con prontitud, la práctica médica; de manera que se establezca que quien trabaje en lo público tenga prohibición absoluta para el ejercicio privado de la profesión médica.

Esta medida fue planteada a la junta directiva institucional por diferentes actores sociales, los cuales junto a la ANEP (sindicato que nos dignamos representar), formulamos 10 medidas para ayudar a la institución a salir de la crisis en que se encuentra. Sin embargo, no se han efectuado acciones en esa dirección y es probable que sus consecuencias sean mayores si no se atiende el problema desde la raíz.

Tal parece que la Caja no vive una crisis estrictamente en lo financiero, sino que trastoca lo moral, lo ético y lo humano. Eso, sin duda, es mucho más delicado

Necesitamos los costarricenses no tener dudas sobre el ejercicio profesional del cuerpo de médicos de nuestro país. Al fin y al cabo juraron servir, no servirse No es admisible que por intereses estrictamente económicos, se dé ni una muerte más, mucho menos si se trata de nuestros niños.

Debemos heredar una institución segura que brinde servicios de salud oportunos y de calidad, como los que procura el doctor Marcos Pérez Campos, de las islas del Golfo de Nicoya.

La virtud de la justicia y la verdad

La decadencia de valores, son la principal amenaza de una sociedad democrática como la nuestra, más preocupante que las mismas acciones del crimen organizado y el narcotráfico que según nuestro señor Ministro de Seguridad son la razón por la cual se compraron vehículos Toyota Prado. Pensamos esto por cuanto son los valores éticos y morales los que permiten a una sociedad ser resistente a la “invasión” de estos flagelos.

Igualmente la verdad y la justicia son valores esenciales en la vida y el ejercicio de nuestras funciones, tanto privadas como profesionales, por esto a través de estas líneas trataremos de aclarar al señor Ministro de Seguridad algunos términos.

Primero: aclararle que no actuamos por ignorancia, y muchos menos por mala fe, la ignorancia suele entenderse de forma general como falta de conocimiento acerca de un asunto determinado, se toma como sinónimo de estupidez, tomándose de ese modo como un insulto, si no es un desprecio. Pero no asumiremos ninguna de estas por cuanto le podemos demostrar que tenemos el conocimiento suficiente para hablar del tema, de manera técnica y práctica, por esto le seguiremos cuestionando la compra de 52 vehículos de lujo, que no reúnen características para las tareas policiales.

Segundo: Se considera la mala fe, como una actitud maliciosa o temeraria, algo que a diario le pido a Dios, no forme parte de mis acciones, toda vez que nos motivan la búsqueda de la verdad, de la justicia y del bien común, principios que forman parte de la herencia de valores que acuñamos.

Ante nuestros cuestionamientos, bien fundados y ante la carencia de argumentos de su parte, se recurre a la ofensa, y el descredito de nuestra labor, pero olvidándose un pequeño detalle, que nosotros conocemos la materia policial.

Se dice que en un estado de derecho, todos estamos obligadas a observar y respetar la Ley, esto no se observa en la compra de los Toyota Prado, por cuanto se omitió el artículo 59 de la ley 7410, ¿Por qué? ¿Acaso se omitió involuntariamente el marco jurídico?, hablo del color de los vehículos, aunque pareciera percata minuta, es parte de la Ley.

Más llama la atención del caso, el hecho de que el Ministerio de Seguridad Pública, cuenta con cientos de abogados, incluyendo a su máximo jerarca, además de un cuerpo de asesores, ante esto en caso de que no sea algún acto “nebuloso” se podría justificadamente pensar que la compra NO fue planificada, si lo hubiera sido, los carros hubiesen cumplido con las especificaciones señaladas en la Ley.

Existe una preocupación más que justifica nuestra denuncia, como por ejemplo: el Convenio Marco que usted cuestionó en el año 2012, carecía de mantenimiento para los vehículos, y de todos es sabido el alto índice de siniestralidad de los vehículos de la Fuerza Pública, así como las fallas mecánicas en los equipos de transporte.

Ahora bien, es importante señalar que según documentación en nuestro poder, en esta compra únicamente se consideró los cambios de aceite, filtros de aire y filtros de aceite, algo sumamente insignificante, considerando los datos de accidentes de las unidades policiales, por la naturaleza de sus funciones.

Nos parece que debido a lo anterior, se nos debería aclarar, si se cumplió el deber de observar el debido equilibrio entre finanzas, inversión, uso y rentabilidad, así como, garantías, mantenimiento de vehículos que en la sana teoría deberían laborar 24/7. Igual debería aclararse porque se mantienen estos vehículos sin accesorios como las luces rotativas etc.

En la justificación de este “sospechoso” tema, se intenta confundir a la opinión pública, diciendo que nos oponemos a que la policía tenga buenos vehículos, lo cual es rotundamente falso, no estamos cuestionando la compra y distribución de 312 vehículos “Pick Up”, tampoco cuestionamos la compra y entrega de Motos, estamos cuestionando la compra de carros de lujo, hablamos de los Toyota Prado Automáticos, que solo manejan personas adineradas y/o grandes corporaciones.

Señor Ministro, como virtud la justicia es un principio operativo que nos dirige a ser justos.

El Déficit y la Soberbia de Ayales

Tras las recientes declaraciones del señor Edgar Ayales, Ministro de Hacienda, poniendo palabras en la boca de nuestro Secretario General que nunca dijo, debemos realizar una aclaración necesaria.

El artículo escrito por Albino Vargas, titulado Vivi con Déficit (link), está motivado por las recientes declaraciones del señor Luis Guillermo Solís, candidato y posible próximo Presidente de nuestro país. Don Luis Guillermo, citado en una nota publicada en la web del semanario El Financiero, reconoce que el déficit del 6% hay que atenderlo, pero es manejable. (link)

En ANEP somos fieles creyentes que el déficit si es un problema estructural para el Estado costarricense. Las palabras que el señor Ayales dijo, publicadas por Telenoticias, donde afirma que nuestro Secretario General dijo que el déficit no importaba, son una total mentira. El déficit actual no es el apocalipsis, eso si lo dijimos, pero principalmente se expuso que esta falta de dinero no se debe al salario de los empleados públicos, y que se puede resolver, por ejemplo, con una revisión integral de las exenciones y exoneraciones fiscales, que en este momento llegan al 6% del PIB, mismo monto del déficit que vivimos. Reduciendo las exenciones y las exoneraciones al 3% del PIB se resolvería de gran manera el dichoso déficit.

Se burló abiertamente don Edgar de nuestro pensamiento, del trabajo arduo y consistente que tiene la ANEP en el tema fiscal, al decir que nuestra opinión es una “media paginilla” donde hablamos de algo que “ni conocemos”. Al parecer don Edgar piensa que sólo los que comparten el “olimpo” con él, los que cuando sufren alguna dolencia se van a tratar médicamente a los Estados Unidos, los que andan con águilas y que no se juntan con caracoles, como dijo un doble expresidente de la República, quienes tienen el derecho, la potestad de hablar sobre política económica o fiscal. Nos da pena ajena su posición.

Quisieramos haber contado con un Gobierno con menos soberbia, un Gobierno que cumpliera con su palabra de que iba a cumplir su mandato con las puertas y los oídos abiertos. En cambio tuvimos que convivir con un Ejecutivo que cree que sólo sus visiones de mundo tienen validez. Casos recientes como la propuesta empresarial para la construcción de la Ruta 32, que a priori fue desechada y recibió ataques y burlas del mismo Gobierno, o la desestimación que tuvo el informe de los “notables”, pantomima de escuchar otras voces y posiciones, refuerzan la visión de que al Gobierno de Laura Chinchilla sólo le interesa escuchar su propia voz.

Les dejamos las notas de Telenoticias de ayer y hoy, donde pueden escuchar la posición del señor Ayales y la respuesta de nuestro Secretario General al respecto.

Nota Teletica 19 de marzo (link)

Nota Teletica 20 de marzo(link)

La Campaña Nacional y la Construcción del Estado Nación

Tomado de la Revista Estudios. Nº20. Año 2007.

INTRODUCCION

“La marcha pacífica y feliz que presentaba Costa Rica
al terminar 1855 había sido interrumpida por las graves circunstancias que vivía Nicaragua.
El cuadro de concordia y amistad con los países extranjeros,
de orden, paz y prosperidad en el interior había sido alterado
por los peligros que amenazaban nuestra codiciada nacionalidad.
Esos peligros habían obligado a abandonar nuestro sostenido
principio de neutralidad y a emprender la guerra contra los
filibusteros.” (ANCR Congreso no.11861)

Así describía el presidente Juan Rafael Mora Porras, en un discurso pronunciado en agosto de 1856 ante el Congreso, lo que había representado el emprender la lucha contra los planes expansionistas del filibusterismo de William Walker. El estado costarricense se encontraba en proceso de formación para el momento en debió enfrentar por primera vez por la vía armada una amenaza a su integridad territorial En los treinta y cinco años que habían transcurrido desde la independencia en 1821, Costa Rica, a diferencia de otros países hispanoamericanos, había emprendido sin muchos tropiezos la tarea de dotar al dotar al estado de sus tres componentes fundamentales: el sistema de dominación, la base económica y la nación. (Oszlack,1981: 19).

Hacia mediados del siglo XIX, la supresión de los localismos, que anteriormente habían provocado inestabilidad política, había contribuido a la centralización del poder y la creación de una fuerza armada subordinada al ejecutivo, esenciales para establecer el sistema de dominación. Por otra parte, el establecimiento de relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, y España entre otros países, con el propósito de obtener reconocimiento en la comunidad internacional como estado independiente, fortaleció el comercio exterior. El inicio del comercio directo de café con Gran Bretaña a principios de la década de 1840, impulsó el desarrollo de un sector exportador que se convirtió la base económica del estado. Con el objetivo de favorecer la expansión de las exportaciones de café, el estado implementó políticas orientadas a la construcción y mejoramiento de caminos y puertos, contratos de navegación, código de comercio, firma de tratados, habilitaciones, la creación de un banco emisor, la venta de terrenos y otros.

Este artículo plantea que en la década de 1850 la Campaña Nacional dio impulso al proceso de construcción del estado nación costarricense. Las proclamas del presidente Mora y del obispo Monseñor Anselmo Llorente que llamaron a empuñar las armas en defensa de la patria, la familia, la religión y las propiedades contribuyeron a despertar en la población la conciencia de que formaban una comunidad única y diferente y la movilizaron para luchar contra los que amenazaban su independencia. El recibimiento como héroes de los soldados que regresaban victoriosos de las batallas de Santa Rosa, Rivas y el río San Juan fomentó el nacionalismo e incrementó el prestigio de los jefes militares y la imagen del ejército como representante de los intereses de la sociedad en su conjunto. Apenas transcurridos unos meses desde la rendición de Walker en mayo de 1857, la administración Mora dio disposiciones para recompensar los servicios prestados en la guerra contra los filibusteros y para conmemorar las batallas de Santa Rosa y Rivas de manera que entraran a formar parte de la memoria nacional.

Con la Campaña Nacional, además, la autoridad ejercida el presidente se vio fortalecida y legitimada al asociarse su persona con la defensa de la soberanía. Forjó sentimientos de lealtad entre el mandatario y costarricenses de muy distinta condición económica y social que perduraron aún después de 1859 cuando por vicisitudes de la política Mora fue obligado a abandonar el poder.

I. EL EJÉRCITO: GUARDIAN DEL ORDEN INTERNO Y DE LA INTEGRIDAD TERRORITORIAL

Juan Rafael Mora asumió la presidencia a finales de 1849 en sustitución del doctor José María Castro que había renunciado a su cargo. Su designación por el Congreso fue recibida con beneplácito por la mayoría de la elite cafetalera y comerciante de la que era miembro distinguido. Desde el principio de su gestión, Mora aplicó políticas encaminadas a fortalecer el aparato del estado. Tuvieron prioridad las disposiciones orientadas a que el ejército tuviera el monopolio en el uso de la fuerza y fuera el pilar principal de apoyo del poder ejecutivo. El presidente dejó claro en sus discursos que consideraba necesario hacer reformas en el ejército para que dejara de ser como en años anteriores, un instrumento de localismos y facciones que promovían inestabilidad, y se transformara en un cuerpo subordinado del poder ejecutivo y garante del orden. Aduciendo que la concentración de la fuerza armada en un solo cuartel en la capital facilitaba los pronunciamientos contra el gobierno, en 1850 Mora dispuso el establecimiento de un segundo cuartel en San José, el de Artillería. Para asegurar aún más la lealtad de los jefes militares nombró en el puesto de comandante, del nuevo cuartel a su cuñado José María Cañas, persona de su entera confianza, reemplazándolo posteriormente con su hermano José Joaquín Mora.

Hacia mediados del siglo XIX seguía vigente la organización del ejército heredada de la colonia según la cual estaba formado por una fuerza permanente integrada por un número reducido de hombres en servicio activo y por las milicias, compuestas por varones en edades entre 15 y 50 años que solo eran llamados a tomar las armas en casos de emergencia pero que estaban obligados a participar en ejercicios de entrenamiento periódico. En diciembre de 1850 se promulgó un Reglamento de Milicias que dispuso que la fuerza permanente tuviera infantería, caballería, artillería, ingenieros y estado mayor. Además, reguló lo referente a salarios y a uniformes. Por otra parte, la administración Mora estableció una escuela militar en San José a fines de 1852 y contrató como instructor a Fernando Salisch, un militar polaco retirado. El objetivo fue mejorar la disciplina y capacitación de los milicianos. Se hicieron esfuerzos para hacer de la revista anual de ejército un acto tan lucido como una fiesta nacional que se verificaría con la solemnidad para que correspondiera a la instrucción y disciplina de las tropas. (Fallas, 1982: 37-58).

La anexión del partido de Nicoya a Costa Rica en 1824 dio origen a diferencias limítrofes con Nicaragua que afectaron las relaciones entre ambos países por muchos años. De manera que los esfuerzos orientados a la profesionalización del ejército y a su equipamiento se realizaron contemplando también la función del ejército como garante de la integridad territorial del país. La administración Mora aún antes de que Walker llegara a Nicaragua informó que estaba tomando previsiones ante una eventual amenaza externa.

En 1854 en la memoria al Congreso Manuel José Carazo, ministro de Hacienda y Guerra, informó que “circunstancias recientes” habían motivado al gobierno a tomar la decisión de aumentar de 6.500 a 9.000 el número de plazas del ejército. Para ese fin las provincias de Alajuela y Heredia deberían aportar 1000 hombres cada una y el resto se reclutaría en Guanacaste. El ministro Carazo señalaba que el gobierno había aprovechado la paz de la que dichosamente disfrutaba el país para consagrar constante atención al Departamento de Guerra adoptando la sabia y bien conocida máxima “Si vis pacem para bellum”, “si quieras la paz, prepara la guerra.” (ANCR. Congreso no.7483). Agregaba Carazo que Costa Rica era el único país de todos los hispanoamericanos que había logrado organizar su ejército sometiéndolo a doctrinas marciales pero:

“sin debilitar el espíritu de civismo del cual estaba
poseído hasta el último soldado, el cual también estaba
listo para defender sus más sacrosantos derechos,
entre ellos el primero: la integridad de la república.”
(ANCR. Congreso no. 7483).

Al mencionar “circunstancias especiales” Carazo aludía a la preocupación que había causado en Costa Rica la reanudación de acciones en Nicaragua dirigidas a reclamar y recuperar Nicoya. (Sibaja, 1974). En el discurso pronunciado con ocasión de la revista anual del ejército en enero de 1855, el presidente Mora hizo alusión indirecta a esa situación. Dijo a las tropas que se congratulaba por verlas reunidas cuando resonaba el estrépito de las armas en los países vecinos del norte y del sur. De momento, afirmó, no había posibilidad de que se alterara el feliz orden de cosas, agregando:

“todavía por esta vez el fusil seguirá descansando
en vuestros hogares, cediendo lugar a los instrumentos
de trabajo que aseguran la subsistencia de vuestras familias.”
(Boletín Oficial 3 de enero de 1855).

El presidente manifestó a las tropas su compromiso de no omitir esfuerzos para prolongar el estado de paz, merced al cual la república veía afianzada su celebrada prosperidad y su crédito en el exterior. La neutralidad sería la divisa en todos sus actos, explicó Mora, pero no perdía de vista las contingencias que podían complicar la situación en Centroamérica. La circunspección política, decía, lamentablemente no bastaba para alejar los riesgos que se querían evitar si la turbulencia o la ambición ajenas venían a echar amenazas y provocaciones en la balanza que se pretendía mantener equilibrada. Mora continuó diciendo:

“la neutralidad no depende solamente del gobierno
que se empeña en observarla, sino del extraño que
tiene interés en que no exista y procura comprometerla
por pretensiones inicuas o graves injurias.”
(Boletín Oficial 3 de enero de 1855).

En caso de que se dieran esas pretensiones o injurias se sacrificaría la neutralidad “sin reparo al honor y al interés del Estado, porque prefiero los azares de la lucha a una paz indecorosa, comprada con vergonzosas concesiones o el silencio de la pusilanimidad,” terminaba afirmando Mora. (Boletín Oficial 3 de enero de 1855).

El ministro de Hacienda y Guerra informó en la memoria al Congreso en 1855 que no había sido posible alcanzar la meta de aumentar el número de milicianos. Por otra parte, señaló que aunque los almacenes se encontraban bien surtidos de armamento, pólvora y demás utensilios de guerra, el gobierno deseaba introducir al país en el uso de armas mejoradas por los recientes descubrimientos hechos en Europa. Para cumplir con ese propósito, se habían pedido a Inglaterra 500 rifles Minié, indicando que eran los usados por el ejército inglés en Crimea, tres baterías de cañones de campaña, tres piezas de bronce y dos de fortificación todos con su respectivo parque. (ANCR. Congreso no. 20838). El pedido había llegado en abril de 1855. A pesar de que los discursos enfatizaban que en la única guerra en que el gobierno iba a participar era en la que ya tenía declarada contra “la pereza, la ociosidad y los demás vicios que afectan el bienestar de la sociedad,” esa compra de material bélico coincidió con las tensiones con Nicaragua por el asunto de Nicoya. De manera, que los milicianos que fueron a luchar contra los filibusteros ya habían recibido algún entrenamiento en las artes militares y parte de ellos peleó con armamento moderno.

II. EL LLAMADO A LAS ARMAS

El enfrentamiento entre liberales y conservadores que había sumido a Nicaragua en una guerra civil, facilitó la llegada de William Walker en 1855 y la ejecución de sus planes de dominio de un país al que la apertura de una vía de tránsito interoceánico en vapores por el Río San Juan y el lago le habían convertido en estratégico. Se había desatado la tempestad sobre Centroamérica, aquella que venían pronosticando Mora y sus colaboradores, así como aquellos que dentro y fuera de la región seguían con atención los acontecimientos en Nicaragua. En consecuencia, el 20 de noviembre de 1855, el presidente Mora hizo la bien conocida proclama advirtiendo a los costarricenses del peligro que representaba la presencia de Walker y llamándolos a estar alerta sin interrumpir las labores pero con las armas preparadas para ir a la guerra. Inició la proclama diciendo:

“La paz, esa venturosa paz que, unida a vuestra laboriosa
perseverancia, ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza
y felicidad, está pérfidamente amenazada.
Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los
pueblos, condenados por la justicia de la unión
americana, no encontrando ya donde hoy están
con qué saciar su voracidad, proyectan invadir
a Costa Rica para buscar en nuestras esposas
e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces
a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia.”
(Calvo, 1955: 23-24).

En febrero de 1856 Mora se negó a recibir al coronel Louis Schlessinger, enviado de Walker, a quien se le ordenó salir del país tan pronto como llegó a Puntarenas. A fines de ese mismo mes, el día 27 el Congreso autorizó omnímodamente al poder ejecutivo para que, por sí o en unión de fuerzas aliadas de los demás países centroamericanos, emprendiera una guerra para expulsar a los filibusteros de Nicaragua. Con esa autorización, el presidente aumentó el número de efectivos del ejército a 9.000, levantó un empréstito de 100.000 pesos, dio un decreto en el que no reconoció como legítimo al gobierno de Nicaragua y dispuso la marcha del ejército. El primero de marzo, Mora dio segunda proclama en cuyo primer párrafo expresó:

“Compatriotas:
¡A las armas! Ha llegado el momento que os anuncié.
Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía
que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud.
Marchemos a combatir por la libertad de nuestros
hermanos.
Ellos os llaman, ellos os esperan para alzarse contra
los tiranos. Su causa es nuestra causa. Los que hoy
los vilipendian, roban y asesinan, nos desafían audazmente
e intentan arrojar sobre nosotros las mismas
ensangrentadas cadenas. Corramos a romper la de
nuestros hermanos y exterminar hasta el último de
sus verdugos.” (Calvo, 1955: 28).

La decisión del presidente de marchar a la guerra no fue compartida por todos los miembros de la elite. Varias personas pensaron que se debía optar por una estrategia defensiva más que ofensiva. Hubo reservas sobre la capacidad del gobierno para financiar el costo que tendría una campaña militar en el exterior y sobre carencia de suficiente personal con experiencia en el arte de la guerra así como sobre los efectos que podría tener sobre el normal desempeño de las actividades productivas, en especial sobre la cafetalera.
El haber encontrado tropas de Walker dentro de territorio costarricense con las que se enfrentó el ejército expedicionario el 20 de marzo en la hacienda de Santa Rosa, evidenció que el presidente Mora tomó la decisión correcta de no esperar más y marchar para hacer frente a la amenaza filibustera. En el discurso ante el Congreso, arriba citado, Mora se defendió de las críticas que había recibido por ponerse al frente del ejército sin tener experiencia militar y por errores tácticos en las batallas de Santa Rosa y Rivas señalando que:

“si los costarricenses no hubieran dado el
ejemplo y nadie hubiera actuado, todos
lloraríamos el infausto error de haber yacido
en una cobarde o estúpida indolencia.”
(ANCR. Congreso no.11861).

Manifestó además el presidente su convicción de que ya no era posible para Costa Rica mantener una política de “retraimiento e indecisión” con respecto a Centroamérica y que la unión regional era vital para la supervivencia de nuestros países. La desunión, afirmó:

“era un peligro por el espíritu de empresa de unos,
el de anexión de otros y el de rapiña de muchos.
La desunión sería el suicidio infalible de nuestras
débiles nacionalidades. Debíamos unirnos olvidando
celos, egoísmos, errores y odios.”
(ANCR. Congreso no.11861).

El llamado a defender la patria inspiró a Tadeo Nadeo Gómez, a escribir canciones y poesías que fomentaron sentimientos nacionalistas. Esas composiciones, inicialmente publicadas en los periódicos, fueron recopiladas en 1857 en El Clarín Patriótico. El español Alejandro Cardona Llorens compuso la música del himno de Gómez titulado “Antes de salir el ejército para la campaña”, cuya letra exhortaba a los costarricense a la lucha. Dos estrofas de ese himno se citan a continuación:

“Nuestra raza desprecian altivos.
Aborrecen el nombre español:
les parece que esclavos nacimos,
condenados a eterna opresión;
y ellos creen de nosotros ser dueños…
que debemos temblar a su voz…
temblarán los impíos traidores
de la patria a la voz del cañon.”

“Si a la lid el clarín nos convoca,
si retumba llamando el cañón,
A empuñar nuestras armas corramos,
respirando venganza y furor.
La victoria nos de sus laureles:
Ella siempre el esfuerzo premió;
O la muerte primero a una vida
De ignominia de luto y de horror.”

El coro repetía:
“Preparemos las armas invictas
En defensa de patria y honor;
Les dará nuevo lustre la gloria,
Nuevo brillo los rayos del sol.”
(Quesada, 2006. Anexo:241-243).

III. EL EJÉRCITO VENCEDOR

La música de la banda militar tuvo un papel importante en la tarea de inspirar y transmitir entusiasmo, patriotismo y júbilo durante la preparación para la guerra. Estuvo también presente al momento de la entrada a la capital del ejército en mayo de 1857 después de vencer a los filibusteros. Las crónicas de la llegada de las tropas mencionaban la presencia de una multitud de personas a lo largo de los principales caminos que aclamaba y vitoreaba a los líderes y soldados a su paso. La capital fue adornada con arcos de palma, flores y banderas, se escucharon vivas sonoras, el clamor de campanas y música marcial. Antes de que volvieran a sus casas después de meses de enfrentar las penalidades del combate se le entregó a cada uno de los soldados “un vestido completo, una cuarta y un rollo de tabaco.” (Zeledón, 2006: 311-314).
Tadeo Nadeo Gómez compuso también un himno para celebrar el triunfo de ejército expedicionario. Lo tituló “A los vencedores en Santa Rosa”. La tercera estrofa cantaba:

“¡Loor eterno a los fuertes guerreros
que el orgullo insolente humillaron,
y a la patria adorada brindaron
con su esfuerzo una gloria inmortal!
A su paso laureles nacieron;
la victoria los guió denodados,
y con ella se vieron vengados
de enemiga traición criminal.”

Después de cada estrofa repetía

“¡Gloria a Costa Rica!
¡Gloria a su gobierno!
Galardón eterno,
como sin igual
Gloria a los valientes,
Intrépidos, fieros
De filibusteros
¡Azote fatal!”
(Quesada, 2006. Anexo: 245-247).

La patria estaba en deuda con su presidente, los oficiales y los soldados. En octubre de 1857, el diputado Juan Bautista Bonilla presentó un proyecto de ley para que la nación los recompensara por sus servicios en la Campaña Nacional. Bonilla proponía que se decretan ascensos militares con opción a puestos públicos a jefes y oficiales se hubiesen distinguido en la guerra y que se distribuyeran sumas de dinero entre ellos. El proyecto contemplaba, asimismo, que en la hacienda Santa Rosa se mandara a levantar a costa de la nación un monumento que “eternizaría la memoria de aquella acción y de las víctimas inmoladas allí.” Además establecía que el poder ejecutivo invitaría a los gobiernos del resto de Centroamérica a levantar un monumento en la plaza de Rivas a fin de perpetuar la memoria de las acciones militares que ocurrieron en esa ciudad y del triunfo de las fuerzas de la región. (ANCR. Congreso no. 5189).

El proyecto con algunas modificaciones se convirtió en decreto el 26 de octubre de 1857 y el presidente le dio el ejecútese al día siguiente. En virtud de ese decreto se le concedió a Juan Rafael Mora el título de capitán general y a José Joaquín Mora el de teniente general. Al presidente se le otorgaron 20.000 pesos y a José María Cañas 15.000 pesos por las pérdidas que sufrieron en sus intereses por ocuparse de la guerra. Esas sumas se les pagarían de inmediato y con prioridad sobre otros gastos mientras que la entrega de un estipendio y de otras ayudas para los soldados y las viudas, huérfanos y otros familiares debería esperar a que las circunstancias del erario lo permitiesen. (ANCR. Congreso no.5189)

El artículo sétimo de proyecto mandaba que el gobierno colocara en el centro de la fuente pública que la municipalidad iba a construir en la plaza mayor, nombre con el que se conocía el parque central, un monumento que eternizara la memoria de los triunfos de Santa Rosa, Rivas y el San Juan. El artículo octavo estipulaba que en recuerdo del triunfo completo de las armas centroamericanas y de la rendición y expulsión de las fuerzas filibusteras, el día primero de mayo sería feriado y se celebraría en toda la república con la solemnidad posible saludándose el pabellón en la aurora de dicho día con veintiún cañonazos. (ANCR. Congreso no.5189).

El derrocamiento de Mora dejó en suspenso la aplicación de los artículos sétimo y octavo del decreto, más no el que ordenaba los ascensos. El 24 de agosto de 1859, Vicente Aguilar, ministro de Hacienda y Guerra del nuevo gobierno encabezado por Montealegre, le comunicó al comandante general que el ejecutivo se había servido acordar promociones de oficiales que se distinguieron en la guerra contra los filibusteros. Aguilar explicaba que habían trascurrido casi dos años desde la promulgación del decreto sin que se hubiese dado cumplimiento y por consecuencia de esa omisión “la nación no ha satisfecho la deuda sagrada que contrajo con los defensores de su integridad, soberanía e independencia.” (ANCR. Guerra no. 4791: 76-77).

En efecto, había habido omisión, pues como se indicó el decreto solamente se aplicó para los dos Mora y Cañas, hecho que fue duramente criticado por sus adversarios, y las promociones probablemente fueron bien merecidas. Sin embargo, cabe apuntar que la lista de los beneficiados la encabezaban los oficiales que habían gestado el golpe de cuartel contra Mora y que Montealegre ordenó las promociones a escasos diez días de haberse producido ese. Así, el coronel Lorenzo Salazar fue ascendido a General de División, el sargento mayor Máximo Blanco a General de Brigada y los sargentos mayores Luis Pacheco, Sotero Rodríguez y Clodomiro Escalante a tenientes coroneles. (ANCR Guerra no.4791: 76-77). Los servicios a la patria de otros oficiales y de quienes sirvieron como soldados rasos fueron retribuidos posteriormente con pensiones del estado para ellos o sus familiares.

A fines del siglo XIX se dio cumplimiento al artículo sétimo del decreto de 1857 antes mencionado. Las gestiones para colocación del monumento conmemorativo de la Campaña Nacional se iniciaron en 1888 cuando el presidente Bernardo Soto y el secretario de Hacienda autorizaron a Manuel María Peralta, ministro plenipotenciario en Francia, a contratar la construcción del monumento. Se tomó la decisión de ubicarlo en la Plaza de la Estación, a la que se le cambió el nombre por el de Parque Nacional, debido a que el Parque Central no ofrecía las condiciones propicias para albergar el monumento dada su magnitud y la existencia de arboledas que estorbaban. Además la Plaza de la Estación, por ser el sitio de llegada del ferrocarril del atlántico era la puerta de entrada a la capital. Después de la laboriosa tarea de colocar los cimientos, el pedestal y las piezas, el Monumento Nacional estuvo listo para su inauguración la cual se fijó para el 15 de setiembre de 1895 en el marco de tres días de festejos oficiales. En el acto solemne se contó con la presencia de veteranos de la Campaña Nacional y de delegaciones de los otros países centroamericanos, invitadas de honor del gobierno. (Fumero, 1998 y Zeledón, 2006:349-361).

La Comisión Permanente del Congreso facultó al poder ejecutivo a fundir tres cruces de oro que serían entregadas durante la ceremonia de develización del Monumento Nacional a los descendientes de los líderes de la guerra contra los filibusteros. Camilo Mora fue condecorado con la cruz de oro de su padre y en cuya inscripción se leía “A la memoria del Benemérito general don Juan Rafael Mora. La patria agradecida.” Igualmente fueron condecorados con una cruz de oro los descendientes de José Joaquín Mora y José María Cañas. Asimismo, el ejecutivo fue autorizado a condecorar con una medalla de oro con la inscripción “A los veteranos de las Campañas de 1856 y 1857. La Patria reconocida” a cada uno de los jefes y oficiales que sirvieron en el ejército expedicionario. A los individuos de la tropa se les condecoró con una medalla de plata con la leyenda “A los soldados de las Campaña de 1856 y 1857.La Patria reconocida.” Todas tuvieron al reverso grabado en relieve el Monumento Nacional y la fecha 15 de setiembre de 1895. (Fumero, 1998:112).

IV. MORA EL DEFENSOR DE LA SOBERANIA

Para financiar los preparativos para la guerra, a fines de febrero de 1856, Mora dispuso por decreto levantar un empréstito nacional de 100.000 pesos entre las personas con mayores recursos de las cuatro ciudades principales. En San José se recaudarían 45.000 pesos, 20.000 en Cartago y Heredia y 15.000 en Alajuela. Se nombraron comisiones que escogieron a los ciudadanos que debieron contribuir al préstamo. A esas personas se les pagó un interés del uno por ciento mensual. (Obregón Loría, 1976:70). Además, de la imposición de préstamos obligatorios, se gestionó un préstamo externo, el cual se obtuvo del gobierno de Perú por cerca de 20.000 libras esterlinas. Sin embargo, esa suma fue recibida tardíamente en 1857, después de terminada la guerra. (González Víquez, 1925: 177-184).

A pesar de los esfuerzos por aumentar los recursos para enfrentar la amenaza filibustera, la guerra consumió casi por completo los fondos del tesoro público. Como se había anticipado, el normal funcionamiento de las actividades productivas en 1856 se vio afectado por la falta de brazos, en un país donde ya de por sí había escasez de mano de obra. Hubo faltante de alimentos básicos como el maíz, el trigo y las papas. La epidemia del cólera entre mayo y julio de ese año contribuyó a agravar la difícil situación, pues el total de fallecidos osciló entre un 8 y un 10 por ciento de la población total. (Molina, 2000:42).

En ese contexto de crisis económica, fiscal y demográfica en el que se habían hecho realidad las predicciones de aquellos que expresaron temores por las consecuencias tendría una guerra en el exterior, podría pensarse que se habría gestado un clima de oposición generalizada a la preparación de una nueva ofensiva para continuar la guerra. Ocurrió lo contrario, cientos de costarricenses dieron un voto de confianza al presidente Mora y ofrecieron contribuciones voluntarias para reanudar las campañas militares contra los filibusteros. El periódico Boletín Oficial publicó en noviembre de 1856 las listas levantadas entre los vecinos de San José, Heredia y Alajuela con sus respectivas donaciones e informaba que se sabía que en Cartago también se estaban realizando suscripciones. El periódico transcribió una carta enviada por los contribuyentes de San José al presidente en la que decían:

“Los abajo firmados convencidos de que en la celeridad y energía con que se haga la guerra a los injustos invasores de Centroamérica estriba la salvación común; satisfechos de la opinión de V. E., notoria a todos los costarricenses, y sabiendo que si no ha continuado las hostilidades con decidido vigor, es, porque exhausto el erario y teniendo que contrariar una cobarde, aunque insignificante oposición, no quiere Vuestra Excelencia desplegar la fuerza de su carácter ni hacer uso de sus omnímodas facultades que la nación le ha concedido, hasta un extremo. Ante V.E. comparecemos ofreciendo nuestras personas y bienes en general.” (Boletín Oficial 19 de noviembre de 1856).

Seguidamente adjuntaban la lista de contribuciones que incluyeron café en cantidades entre 100 y 10 quintales, ganado, caballos, dinero en efectivo y servicios. Tal fue el caso de Emilio Segura que al ofrecer 51 pesos dijo estar “pronto a marchar” y Joaquín Fernández que prometió 20 quintales de café y “mis servicios gratis como militar.” (ANCR Gobernación no. 26134). Entre los donantes estuvo el Obispo Llorente que ofreció 100 pesos. En el siguiente número del mismo periódico se publicaron listas de contribuciones voluntarias de otras localidades del país.

Los contribuyentes voluntarios heredianos se pronunciaron en forma similar a los josefinos. Manifestaron al presidente:

“Conocemos la decisión de V. E. por dar cima a la empresa vital de nuestra emancipación, convencidos del inminente peligro que corremos si prolongamos por más tiempo la criminal indiferencia que nos anonada y asimila a fríos autómatas: creemos que la exhaustes del erario y la consideración de V.E. por las ocurrencias pasadas, le atan para emprender de nuevo el deseado aniquilamiento de la falange devastadora.” (Boletín Oficial, 19 de noviembre 1856).

Por esas razones, continuaban, creían su deber el ofrecer un empréstito voluntario.

El presidente respondió a esa muestra de apoyo indicando que el gobierno veía con sumo gozo esas manifestaciones generosas, ese espíritu nacional que se levantaba pródigo de su sangre y de su fortuna y que aceptaba con júbilo esas ofertas pero no como donativos sino como empréstitos. Ese pueblo, continuaba Mora, que daba todo su apoyo a la patriótica cruzada:

“es un pueblo digno de llamarse pueblo republicano y libre porquetiene en su corazón, el sentimiento de su dignidad, porque nada habrá que le haga retroceder en la noble resolución que ha tomado porque ha querido y quiere vivir o morir aspirando el aura de libertad.” (Boletín Oficial 19 de noviembre de 1856).

Mora agregaba que la suscripción había sido promovida por “nobles patricios” que habían creído que el gobierno vacilaba por falta de recursos para reanudar la guerra, a pesar de que contaba ya con la autorización del Congreso. No, explicaba Mora, el gobierno no vacilaba ni vacilaría nunca pues eso sería insultar a la nación, apostatar de sus creencias, sería como inclinar la frente y esperar que el hacha del filibusterismo cayera sobre nuestras cabezas. La razón para la demora, añadía, se encontraba en los repetidos partes que enviaba el general Cañas aconsejando que no marcharan más tropas por tierra porque los caminos estaban intransitables. Mora agregó que se preparaba una campaña en que el alma serían los vapores, de los cuales carecía el país, pero que se estaba trabajando con tesón para adquirirlos. (Boletín Oficial 19 de noviembre de 1856). Efectivamente, los combates decisivos para la rendición de Walker involucraron a los vapores en la vía del tránsito.

El apoyo al presidente y la confianza depositada en él probablemente fueron fortalecidas por las composiciones de El Clarín Patriótico escritas en honor de Mora. El elogio a su liderazgo se pone de manifiesto a continuación en dos estrofas de una de esas composiciones:

“De guerra y peste el bárbaro exterminio
Costa Rica impertérrita deplora,
Desde que un vil traidor a su dominio
La quiso sujetar en mala hora
Mas érais ¡oh gran Mora!
Jefe de la nación costarricense
A quien otro magnánimo no vence
En laudable designio.

Mas, vos Señor, cual roca imperturbable
que en medio del océano enfurecido
Eternamente firme, incontrastable
Tempestades sin fin ha resistido;
todo lo habéis podido
impávido arrostrar con celo ardiente,
y vuestro nombre a la futura gente
llegará, perdurable.”
(Quesada, 2006: 237).

El nombre de Mora ha llegado hasta las generaciones del presente tal y como lo predecía El Clarín Patriótico y ha perdurado. No obstante, la transmisión entre generaciones no fue ininterrumpida. Conflictos de intereses, descontento por medidas arbitrarias, por su nepotismo y por la reelección para un nuevo periodo de seis años, enfrentaron a Mora con varios de los miembros más influyentes de la elite y condujeron a su derrocamiento en 1859. (Fallas, 2004: 99-116). Dos días después de su caída fue escoltado a Puntarenas donde se embarcó hacia El Salvador, país en el que estableció su residencia. Mora, sin embargo no se resignó a su suerte y durante un año trabajó activamente en la organización de una expedición armada para recuperar el poder. La existencia de un grupo de personas que se mantuvieron leales a Mora y estuvieron dispuestas participar en planes de levantamiento para reinstalarlo en la presidencia marcó una diferencia sustancial con otros golpes de estado en los que no hubo resistencia.

Entre setiembre de 1859 y setiembre de 1860 hubo cerca de ocho intentos de tomar los cuarteles para desconocer al presidente Montealegre gestados por oficiales de baja graduación: subtenientes, tenientes y capitanes. La mayoría de ellos había tenido una actuación destacada en la Campaña Nacional e intentaron obtener apoyo de los milicianos y de la población en general recordándoles los méritos de Mora en la derrota de los filibusteros. Por ejemplo, Jesús Vargas trató de convencer a un grupo de vecinos de Santa Ana de marchar con la tropa a San José a tomar los cuarteles diciéndoles que en lo único que había delinquido don Juanito había sido en “ir a Nicaragua a poner el pecho al frente” (ANCR. Guerra no. 10445). Los expedientes de la serie Guerra del Archivo Nacional referentes a los implicados en las conspiraciones gestadas por los partidarios de Mora revelan la participación en ellas de figuras destacadas en los combates en el río San Juan: Juan María Castro, Salvador Mora, Dionisio Jiménez, Próspero Montes de Oca, Adolfo Escobar y Juan Estrada, entre otros. Los dos primeros estuvieron junto a Mora en Puntarenas cuando desembarcó para encabezar un levantamiento general en setiembre de 1860. Ese fracasó por varios factores, entre ellos errores en el planeamiento, en la estimación de la fuerza militar con la que se contaba y principalmente por el conocimiento anticipado que tuvo el gobierno y que le permitió detener a los líderes y a bloquear los caminos para evitar que Mora recibiera el apoyo que necesitaba. Las tropas oficiales al mando del general Máximo Blanco derrotaron a los moristas. Mora fue sometido a un consejo de guerra verbal y fue condenado a la pena de muerte ya que al invadir el país cometió el delito de alta traición. Fue fusilado el 30 de setiembre de 1860. (Meléndez, 1968:120-121).

Los hechos que antecedieron a la muerte de Mora, que el único jefe de estado costarricense al que se aplicó la pena capital en el siglo XIX, desataron pasiones y produjeron una profunda división en torno a su figura y a sus actuaciones. Sus opositores entre la elite criticaron duramente su administración calificándola de tiránica, señalando ambiciones desmedidas por el poder y el control de los fondos públicos además de responsabilizarlo por el derramamiento de sangre ocasionado por su invasión. (Ver: Oficial 1860 y 1861) En las filas de los moristas se encontraban familiares y amigos cercanos, miembros de la elite, así como, militares de baja graduación, taquilleros de licores, pequeños comerciantes y agricultores e individuos de las clases populares. Para ellos Mora seguía siendo el presidente legítimo que había caído víctima de una traición de los comandantes. Se mantuvieron fieles a él y lo apoyaron por la lealtad que sentían por el líder de la guerra contra los filibusteros. Asimismo, otros como Vicente Montero, artesano y el músico de la banda marcial, recordaban que “don Juanito había hecho muchos edificios y el país había reportado bajo su gobierno muchos bienes mientras que estos ladrones que están en los cuarteles no quieren más que robar”. (ANCR. Guerra no.8873).

Al episodio trágico de los sucesos de setiembre de 1860 siguió un periodo en el que en las esferas oficiales se cubrió con un velo de olvido la contribución de Juan Rafael Mora al desarrollo de la institucionalidad del Estado y su protagonismo en la Campaña Nacional. Es probable que su recuerdo siguiera vivo en los hombres y mujeres protagonistas de los acontecimientos que le hicieron acreedor de un lugar privilegiado en la memoria de la gesta de 1856 y 1857 los cuales le guardaron afecto y consideración. No obstante, el reconocimiento oficial de sus méritos demoró años. Casi un cuarto de siglo después de su muerte, en 1873, tres diputados, Carlos Sancho, Miguel Macaya y Rafael Barroeta elevaron una propuesta para que el Congreso mandara a celebrar en honor de Mora honras fúnebres oficiales dignas de un antiguo servidor de la república. Los diputados manifestaron:

“El tiempo ha despejado las nubes que oscurecían los méritos y servicios del señor don Juan Rafael Mora. La historia le hace honor_pone de presente a los ojos de los costarricenses los grandes e importantes servicios que aquel eminente repúblico prestó a su patria: los sacrificios que hizo en su larga carrera pública.
Aparte de los progresos tangibles, intelectuales y materiales que promovió o a que prestó mano fuerte durante su administración, descuella muyalta, muy reluciente, la parte activa, la dirección personal y eficaz que tomara en pro de la nacionalidad de Costa Rica cuando el filibusterismo potente y amenazante se hallaba a nuestras puertas. Cuando invadido insolente y atrevidamente nuestro querido y sagrado suelo por una partida de aventureros, apoyados por su más que aventurero jefe, la rechazó a fuego y sangre_ la hizo retroceder a la república de que alevosamente, se había, aunque muy de paso, apoderado.”
(ANCR Congreso no.8643).

Opinaban que Mora había pagado con su vida las faltas que más tarde se le atribuyeron y que la patria tenía una deuda inmensa con ese esclarecido patriota. Los diputados exhortaron a los miembros del Congreso a dejar a la historia imparcial hacer las apreciaciones de los actos públicos de Mora y “con la hidalguía que cumple al republicano, no recordemos más que sus inapreciables, oportunos hechos para honrar su memoria.” Una comisión especial emitió un dictamen en el cual se compartía el criterio de los diputados proponentes de que era a la historia y no a ellos a la que le correspondía presentar a la posteridad a Mora en su verdadero aspecto. Señalaba la comisión que “quizás la generación actual no puede todavía desprenderse de esas huellas, que han quedado aún, de las pasiones políticas que dominaron en esa época no lejana todavía, no obstante considerárseles extinguidas. Las apoteosis así como los rencores dejan tras de sí recuerdos por mucho tiempo.” (ANCR Congreso no. 8643). Los miembros de la comisión acogieron la propuesta de que la nación pagara a los restos de Mora el tributo de su agradecimiento. Sin embargo, indicaron que si de justicia se trataba sería una falta imperdonable no hacer mención de José María Cañas, “un personaje cuya pérdida llora todavía Costa Rica y cuya memoria está en el corazón de este pueblo agradecido. Cañas infatigable y constante guerrero de la independencia e integridad nacional.” (ANCR. Congreso no.8643). Propusieron además que se diera reconocimiento a otro costarricense ilustre, Braulio Carrillo, haciendo cumplir el decreto de 1848 que disponía el traslado de sus restos desde El Salvador para hacerle honras fúnebres y depositarlos en un lugar distinguido.

Asimismo, la comisión recomendó que el poder ejecutivo hiciera construir un mausoleo en el panteón general de la capital y depositara en el los restos de los finados Mora, Cañas y Carrillo y que tuviera capacidad para recibir los de otros personaje beneméritos a quienes la república otorgara esa distinción. Se dieron dos lecturas al dictamen de la comisión. La tercera lectura se dio tres años más tarde, en julio de 1876 y se firmó un decreto que recogía la propuesta y destinaba un presupuesto de 20.000 pesos para el mausoleo. Si bien el 15 de setiembre de 1895 se colocó la primera piedra del mausoleo, ese nunca se construyó. Las honras fúnebres para Mora y su estatua debieron esperar la llegada del nuevo siglo.

Una de las primeras mociones en esa dirección, la impulsó en 1912 el diputado alajuelense Manuel Peralta que propuso que se colocara un busto de Mora en algún lugar preferente para honrar su memoria. Al año siguiente, 1913, Cleto González Víquez en un artículo en el periódico La Información exhortó a celebrar suntuosamente el centenario del nacimiento de Mora. La idea tuvo acogida y se nombró una comisión para los actos conmemorativos que tuvieron lugar el 15 de setiembre de 1914. En esa fecha se colocó una lápida conmemorativa en la casa donde nació y seguidamente hubo una procesión cívica y militar hacia el cementerio general donde se inauguró un busto en el sitio en el que reposan sus restos. (Castro, 1915: 95-98). Quince años más tarde se erigió una estatua en honor de Mora frente al edificio de Correos y Telégrafos la cual fue inaugurada el 1 de mayo de 1929. En esa fecha, Luis Dobles Segrega, Secretario de Educación Pública, pronunció un discurso en el que dijo:

“Hemos venido en torno a este varón fuerte porque él fue, y sigue siendo, la campana de nuestra libertad. Vibró todo él, cuando era carne mortal, y los labriegos sencillos, que araban al amparo de una paz venturosa, suspendieron la faena, otearon el horizonte, comprendieron la inmensa responsabilidad que tenían de legar libre a sus hijos la tierra que libre heredaron de los mayores … Que su ejemplo se imite, siempre que sea preciso combatir por el honor y la independencia de Costa Rica.” (La Tribuna. Jueves 2 de mayo de 1929. Citado en Urbina s.f.)

Finalmente, Costa Rica saldaba la deuda que tenía pendiente con el estadista visionario que supo conducirla con firmeza en uno de los momentos más críticos de su historia.

CONCLUSION

La Campaña Nacional como lucha por la libertad es considerada como una guerra por la independencia. Esta no se libró contra los ejércitos españoles, como en otras colonias de Hispanoamérica, sino contra las huestes filibusteras que pretendían dominar Centroamérica. La amenaza a la existencia de Costa Rica como una nación soberana fortaleció el patriotismo y movilizó a la población a la lucha. La guerra contra los filibusteros fue una experiencia que contribuyó a fortalecer una identidad colectiva entre los costarricenses otorgándole rasgos mejor definidos a la nación, componente ideal imaginario del estado.

El liderazgo del presidente Mora y la valiente actuación del ejército en la defensa de la soberanía contribuyeron a la aceptación de la autoridad. El prestigio ganado en la Campaña Nacional por los militares Máximo Blanco y Lorenzo Salazar les hizo figuras de peso en la política de la década de los años sesenta. La amenaza de una agresión desde el exterior justificó la inversión en armamento y en entrenamiento de las tropas fortaleciendo su capacidad de ejercer el monopolio de los medios de coerción, fundamental para que el Estado imponga un sistema de dominación.

Aquellos costarricenses que sacrificaron su vida por la libertad de la patria en los combates de 1856 y 1857 forman parte de la memoria nacional. Están representados en Juan Santamaría, el humilde alajuelense héroe de la batalla de Rivas. Las estatuas, los monumentos, los himnos, las canciones y los poemas rinden homenaje a los héroes de la Campaña Nacional y nos exhortan a ser hoy, como lo fueron ellos ayer, celosos guardianes de nuestra independencia.

Sectores laborales municipales ¡en pie de lucha!

Cerca de 100 personas trabajadores, líderes sindicales-laborales de 60 municipalidades de todo el país, analizarán este viernes, por primera vez en unidad sectorial, los principales ejes de lucha para el próximo cuatrienio político que está por iniciarse en el país, y ante los nuevos escenarios que se están abriendo para la realidad de la clase trabajadora asalariada del país.

Valga indicar que en la ANEP ya está presente, organizacionalmente hablando en cuanto a entidad sindical, en el 75% de las municipalidades de Costa Rica.

El “Encuentro Nacional Municipal de la ANEP” tendrá lugar mañana viernes 21 de marzo, a partir de las 9 de la mañana y en las instalaciones de la Federación de Organizaciones Voluntarias (FOV), ubicadas en Barrio Tournón de esta ciudad, 300 metros al norte de Radiográfica Costarricense. Las deliberaciones terminarán a las 2 de la tarde.

La idea central es unificar una agenda de reivindicaciones obreras a nivel municipal nacional que incluye la lucha frontal contra la privatización, la defensa de la negociación colectiva y la estabilidad laboral; así como el inicio de una estrategia de Sindicalismo Ciudadano desde el ámbito local en defensa de los servicios públicos, contra la corrupción en todas sus manifestaciones y por la transparencia absoluta en el ejercicio del gobierno local en cada municipalidad del país.

Convención Colectiva en Coronado sigue vigente

El pasado lunes 17 de marzo una representación de la seccional de la ANEP en la Municipalidad de Coronado se hizo presente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para tratar junto con el señor alcalde, don Leonardo Herrera, la pretensión del Concejo Municipal de denunciar la Convención Colectiva (CC) y de querer involucrar al propio MTSS en una supuesta nueva redacción.

La señora Sandra González, mediadora del MTSS, dejó claro que la nota CM-100164-14, del 12 de Febrero de 2014 no tiene validez en su petición, ya que la CC se debe resolver únicamente entre el patrono, en este caso la alcaldía, y la representación de los trabajadores y trabajadoras, que está en las manos de ANEP. Esta nota del Concejo pedía que una nueva CC fuera redactada con acompañamiento del MTSS algo que no es posible según la legislación actual.

Además el MTSS dejó claro que no les compete a los señores regidores variar o suscribir cualquier otra convención colectiva de trabajo. Esto es materia de la Administración Municipal y con el sindicato, corresponde a las dos partes mejorar o suscribir una CC. Además, el señor Alcalde dejó claro en la reunión que la CC sigue vigente en todos sus extremos.

La ANEP se compromete con la Administración a negociar una nueva Convención Colectiva de Trabajo, que vaya en defensa de la clase trabajadora de la Municipalidad de Coronado, elevando la calidad de los derechos reivindicativos del personal, así como los deberes que deben cumplir en la administración pública.

ANEP deja en manos de la Contraloría investigación por compra de carros de lujo

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó la mañana de este miércolesuna cantidad importante de documentos ante la Contraloría General de la República, para que sea este ente el encargado de realizar la investigación por la compra de 52 carros de lujo por parte del Ministerio de Seguridad Pública.

Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, indicó que dicha documentación llegó a la ANEP de forma anónima, y al revisar el contenido de la misma e identificar posibles irregularidades en la forma en que el Ministerio de Seguridad Pública adquiere los vehículos de lujo, se toma la decisión de enviar la documentación al ente contralor, para su respectiva investigación y que sea este quien determine si existe alguna irregularidad.

“Se ha demostrado las razones por las cuales el Ministerio de Seguridad Pública no debió adquirir estos 52 vehículos de lujo. Se le ha dado seguimiento al asunto y se ha recabado una importante cantidad de documentos que nos lleva a formularnos muchas interrogantes sobre todo el proceso que determinó la compra dentro de un Convenio Marco de estos vehículos”, dijo Vargas.

El Secretario General de la ANEP indicó que dentro de la documentación se identifica una amplia carta del Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, enviada en junio del 2012, a la Proveeduría Institucional; solicitando que se detenga el proceso de dicho Convenio Marco, al detectar vicios de nulidad.

Por su parte Mainor Anchía, Directivo Nacional de la ANEP y representante de nuestra organización en la Fuerza Pública, indicó que además se trasgredió el artículo 59 de la Ley 7410, que establece: “De igual manera los vehículos que la Fuerza Pública adquiera y opere deberán ser del color azul o blanco, los cuales serán exigidos en todos los procesos de adquisición de dicho equipo”. Según Anchía los vehículos no cumplen con estas características.

Otro de los puntos señalados por la ANEP, en la conferencia de prensa que se brindó esta mañana, previo al traslado hacia la Contraloría General de la República, fue la forma en que las características de la licitación para la compra de los vehículos en apariencia favorecen a un solo oferente.

Ante estas irregularidades, la ANEP decidió trasladar la documentación al ente Contralor, para que sea este quien realice las investigaciones pertinentes y determine si existió o no anomalías en la compra de los 52 vehículos de lujo por parte del Ministerio de Seguridad Pública.

ANEP invita a choferes de taxi a formar nueva seccional

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se reunirá este jueves a las 7:00 de la noche, en nuestra sede ubicada en calle 20 norte, con choferes de taxi, en una nueva intención de establecer el sindicato en formación de choferes de taxi.

Albino Vargas, Secretario General de la ANEP explicó que los choferes citados a la reunión deben der personas que no son dueños de ninguna concesión de placa de taxi, ni siquiera de manera espuria o de forma de testaferro.

El objetivo de la ANEP, es desarrollar una concepción de relaciones obreros patronales, donde el patrón es el dueño de la placa y la parte obrera vendría a ser el chofer que le vende su fuerza de trabajo al concesionario, ya que estos últimos no cuentan con garantías o derechos laborales.

“Es una completa marginalidad de la ley laboral, según nos cuentan los mismo choferes no están asegurados, no tienen derecho a pensión, a riesgos del trabajo, a salario mínimo, además, no tiene aguinaldo y otras cosas que están en el derecho laboral. Entonces ahí se abre un ámbito para trabajar muchos aspectos que pretenden humaniza y hacer más decente el trabajo de manejar un taxi”, explicó el Secretario General de la ANEP.

Según Vargas, en la relación concesionario-chofer de taxi, hay mucha tela que cortar y no se ha permitido una delimitación clara de las posibilidades de una lucha en este servicio público tan claras como las que se ven venir.

“La ANEP no está interesada en hacerse enemigo de los concesionarios, pero resulta ser que ahí hay mucha tela que cortar en materia de respeto de derechos. De igual forma, la idea también es que con este nuevo tipo de organización se realice un posicionamiento ante instancias que tiene que ver con esta modalidad de transporte público como lo son: la ARESEP, el CTP y lo que llaman la oficina de taxis del MOPT”, finalizo Vargas.

Gilberth Bermúdez “Después de 30 años el escenario en plantaciones bananeras no ha cambiado”

El lunes anterior, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recibió la visita de un viejo y buen amigo; hablamos de Gilberth Bermúdez, quien durante décadas lucho en favor de los derechos laborales de los trabajadores de plantaciones bananeras en nuestro país. Ahora Bermúdez desempeña el cargo de Coordinador en la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA) con sede en Guayaquil, Ecuador, por lo que aprovechamos su vista a nuestra organización para que realizara un análisis de la actual situación de Costa Rica en materia de derechos laborales en plantaciones bananeras.

Para Bermúdez, la situación que presentaba el territorio nacional respecto a las plantaciones bananeras en la década de los 80´s y la violación a los derechos laborales que sufrían los trabajadores de ese entonces, no dista mucho a lo que actualmente se vive en estas fincas bananeras.

“MI querido país ha avanzado muy poco en materia de derechos laborales, soy sindicalista bananero y de plantaciones desde 1972, y el escenario a la fecha lamentablemente no ha cambiado mucho. En 1984 fuimos tremendamente reprimidos por el gobierno de Luis Alberto Monge, donde fallecieron dos compañeros, fueron despedidos cerca de 4 mil trabajadores por la United Fruit Company; ese escenario no ha cambiado. Lo que nosotros decíamos en aquellos años, tenemos que seguir diciéndolo; ya que actualmente se da la persecución laboral, la lista negra, el despido. La situación sigue siendo muy similar a aquellas épocas”, dijo Bermúdez.

Sin embargo para el Coordinador Latinoamericano de Sindicatos Bananeros esta situación puede cambiar, esto debido al entorno político que actualmente atraviesa nuestro país, ha esto se suma, que las personas “ya no soportan los niveles de persecución y mediocridad que tiene el actual Gobierno de la República y el Ministerio de Trabajo”.

“Los signos de los tiempos en el caso de Costa Rica, viendo el escenario de las actuales elecciones hace indicar que se avecina un cambio, cambios para bien, por lo que espero sede una mayor cohesión social y un mayor protagonismo de nuestras organizaciones y un empoderamiento de los trabajadores”, manifestó Bermúdez.

Respecto a la situación de los demás países latinoamericanos como: Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina y Ecuador respecto a nuestro país, indicó que el escenario es muy distinto.

“Es evidente que el empoderamientos de los trabajadores y organizaciones sociales en Sudamérica es mucho mejor, el cambio es radical con lo que uno observa en nuestro país, ya que hay un denominador común: un empoderamiento muy acelerado de los sectores sociales”, detalló el Coordinador de COLSIBA.

Inclusos Bermúdez utilizó un ejemplo muy sencillo para retratar la situación y las diferencias de nuestro país con los países del cono sur, e indicó que en Ecuador y Costa Rica opera una misma empresa bananera, sin embargo, en el país sudamericanos los trabajadores bananeros gozan de una convención colectiva y libertad sindical, mientras que en nuestro país, los trabajadores de la misma empresa no tiene establecida una convención colectiva y son perseguidos por afiliarse a algún sindicato.

“Esto se da porque nos encontramos con organismos internacionales que son muy burocráticos, a pesar de existe la OIT. Estamos haciendo esfuerzos para fortalecer el intercambio de experiencias, de luchas entre las organizaciones de trabajadores que pertenecen a COLSIBA, como se realizó la semana pasada en Nicaragua donde se analizaron las agendas nacionales, regionales y subregionales; en cómo fortalecer el conocimiento y las experiencias de lucha y la revolución ciudadana que cada organización ha tenido en su país, así como sus alianzas estratégicas y culturales, para dotar a los países de la región con herramientas de defensa ante esa burocracia”, finalizó el Coordinador de COLSIBA.