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Con la consigna de que el agua es un derecho y no un negocio, más de 23 comités de base de comunidades de diferentes partes del país, organizaciones ambientales, estudiantes y otros colectivos sociales se concentraron este jueves 13 de marzo a las 11am en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en Barrio Escalante, para luego marchar hasta la Asamblea Legislativa donde se desarrolló una actividad cultural e informativa con diputados actuales y electos en el bulevar hasta las 4 de la tarde.

Las comunidades y sectores aliados están luchando contra la expansión de proyectos hidroeléctricos, mayoritariamente privados, que proliferan debido a la expectativa de que aumente el porcentaje de generación eléctrica lo que permitiría a empresas privadas vender e incluso exportar electricidad a otros países, tal cual se permitiría si se aprueba el proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica.

De los 60 proyectos hidroeléctricos que evalúa el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para generación privada (32 con elegibilidad vigente y 28 en trámite al 02-5-2013) ya 23 presentaron su Estudio de Impacto Ambiental a la SETENA. Esta gran cantidad de proyectos evidencia que se están adelantando al nuevo sistema de licitación establecido por el Gobierno y a una eventual apertura del mercado, a partir de las leyes que se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa (ver recuadro). A estos proyectos hay que sumarles los ya construidos, más los que están en planes del ICE, cooperativas, empresas de servicios públicos y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para ocupar prácticamente todas las cuencas del país.

No sería de extrañar que esta carrera por presentar estudios ambientales y aprobar determinadas leyes antes de que termine la Administración Chinchilla, se vincule con el pago de favores políticos a generadores privados tal cual lo denunció recientemente el diputado Juan Carlos Mendoza, durante la tramitación del proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica. Mendoza recordó que en la pasada campaña 2008 donde resultó electa Laura Chichilla, se hicieron contribuciones al Partido Liberación Nacional por ¢220 millones entre aportes económicos directos por ¢117 millones y compra de bonos de deuda hasta por ¢103 millones, y que entre quienes hicieron las contribuciones figuran empresas de generación eléctrica a nivel centroamericano. Por ello se infiere que hay una presión por terminar de debilitar el sistema solidario del ICE y privatizar el mercado eléctrico nacional.

La resistencia de las comunidades permite comprender la práctica del Gobierno que impulsa la apertura del mercado eléctrico por medio de iniciativas de carácter centralistas y privatizadoras, que no vendrían a regular este tipo de conflictos. Los grupos organizados exigen que se aprueben los proyectos de ley que vendrían a asegurar una administración participativa y justa del agua como son las propuestas originales de la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (presentado por iniciativa popular), la Ley para el Fortalecimiento del Sector de Acueductos Comunales (ASADAS) y la reforma constitucional para que el agua se declare como un bien de dominio público y su acceso como un derecho humano.

Situación por regiones

– Zona Sur. De los 23 proyectos que ya presentaron estudios ambientales a SETENA, 14 se encuentran en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires de Puntarenas. Debido a que existe gran escasez y poca disponibilidad de fuentes de agua limpia, el control de los pequeños ríos ha detonado en conflictos porque las comunidades reclaman su derecho de que el recurso hídrico debe ser primero para uso de la población. La problemática se agravó en febrero de 2013 cuando el ICE adjudicó a 11 empresas privadas la realización de 6 proyectos hidroeléctricos en distintas partes del país. De estos proyectos, al Consuelo y Monteverde II (en Buenos Aires y Pérez Zeledón, respectivamente) se les dio un año de tiempo para completar el EIA, por lo cual las municipalidades corrieron a establecer moratorias para evitar que el agua se destinara a la generación eléctrica, sin embargo, por la presión de las empresas interesadas, Pérez Zeledón terminó derogando el acuerdo municipal. En dicha licitación, el ICE no consideró ningún ordenamiento ni otro mecanismo efectivo para definir el uso racional de las cuencas que se emplean para la generación eléctrica, ni tampoco ha tenido consideraciones hacia la garantía del agua para el consumo humano, asunto que ha provocado conflictos por el uso del recurso en diversas regiones del país. (Programa del Estado de la Nación, 2004)

Por su parte, en el Cantón de Dota, 6 distintos proyectos hidroeléctricos amenazan el rio Savegre. Las comunidades de la zona están organizadas contra las represas y otras problemáticas, como quedó demostrado recientemente cuando evitaron que el ICE colocara líneas de alta tensión en áreas catalogadas de protección silvestre. Tanto en Dota como en otras regiones de la Zona Sur, los comités de base se han aliado con las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Diquís por los impactos sociales y ambientales que tendría el megaproyecto.

– Zona Norte. Según datos del Instituto Costarricense de Electricidad, para el año 2000 solo en la cuenca del río San Carlos se consignaban un total de 28 proyectos, 14 en operación y otros 14 en fase de estudio, todos privados y en manos de cooperativas. Además, en los cantones de Upala y Guatuso existen 10 proyectos hidroeléctricos de los cuales tres (Canalete II, Los Negros I y Cote) ya entraron en operación.

Actualmente, el inicio de las obras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Bijagua en Upala, desarrollado por Coopeguanacaste está causando efectos altamente destructivos en las zonas de protección de los ríos Zapote y Bijagua, lo que ha movilizado la oposición comunitaria y de otros actores aliados para la protección de estos ecosistemas y garantizar el suministro del agua a la población local.

– Caribe. Estudios previos para una represa sobre el rio Chirripó ha generado la alerta de las comunidades cabécares por la construcción de caminos y posible desplazamiento, ocasionando división entre la población. A unos kilómetros del Chirripó se encuentra el río Parismina donde una empresa privada quiere realizar otro proyecto que ha implicado impactos y conflictos con vecinos.

Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica #18.093

– Consumaría la apertura del mercado eléctrico del país para favorecer a empresas privadas locales y transnacionales. Trata de confundir llamándose “Ley de Contingencia” cuando la verdad es que el país no está en estado de emergencia en materia de generación eléctrica y satisfacción de la demanda.

– Permitiría construir centrales eléctricas de hasta 50 MW (actualmente tope es de 20 MW) y hasta proyectos del 30% del sistema eléctrico (777 MW), es decir, más grandes que el Diquís por ejemplo. Esto equivale a eliminar por completo los límites actuales y asegurar la subasta de todas las fuentes energéticas nacionales para la generación eléctrica.

– Negocios con los ríos: solo en el año 2011 la sociedad costarricense le pagó a 27 empresas privadas US$109.701.774 (₡60.335.975.700 a un tipo de cambio de ₡550 por dólar) por generación eléctrica. Al romper el tope de los proyectos con esta nueva ley, se puede dimensionar el gran negocio que está detrás.

(Ver más en (http://www.feconcr.org/doc/contingenciaelectrica.pdf)

Representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como representantes de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, se reunieron la mañana de este miércoles, con autoridades del Ministerio de Justicia y Paz con la intención de establecer una conciliación sobre la circular emita por el Director de la Policía Penitenciaria, Guillermo Arroyo para prohibir de forma definitiva el uso y portación de teléfonos celulares en horas laborales, por parte de efectivos de dicho cuerpo policial.

La conciliación, que se llevó acabo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se extendió por espacio de tres horas, en donde las partes expusieron cada uno de sus puntos, llegando a buen término; generando satisfacción a los representantes de la Policía Penitenciaria.

Rafael Mora, Asesor Político de la ANEP, indicó que la circular afecta a los y las Policías Penitenciarias en materia de uso de la propiedad privada, como es el uso de un teléfono celular, incautando el aparato y no permitiendo su uso dentro de las instalaciones penitenciarias. “Esto aduciendo que se pone en riesgo la seguridad, por lo que nuestra organización solicitó dicha audiencia conciliatoria”.

“Se ha planteado que eso no es así, más bien, ante la falta y poco desarrollo tecnológico en una institución como el Ministerio de Justicia y Paz, el uso teléfono celular se convierte en un instrumento fundamental para la comunicación entre los y las policías penitenciarios”, aseveró el Asesor Político de la ANEP.

Mora indicó, que la reunión sostenida este miércoles logró abrir “trocha”, en una posición cerrada y dura por parte del Ministerio de Justicia y Paz en mantener esa tesis, lo que abre la posibilidad de una negociación real y clara; en donde se tendrá la posición de la importancia del uso del teléfono celular, no solo en lo personal, sino para situaciones de seguridad de la institución.

“Ellos (Ministerio de Justicia) plantean que van a definir cuáles pueden ser los lugares en donde se puede utilizar libremente el teléfono celular, así como las restricciones. Nosotros realizamos las manifestaciones del caso, las cuales tomarán en cuenta. El tema está en debate y solicitaron un mes para realizar estas aclaraciones”, explicó Mora.

Por su parte, Gerardo Cascante, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria indicó que existía una gran incertidumbre sobre la prohibición de portar y usar el teléfono celular dentro de los establecimientos penitenciarios, ya que esta solo fue emitida propiamente al personal de seguridad.

“Porque solamente al personal de seguridad y no así al resto de los empleados: llámese técnico, administrativo, personal de cocina o choferes. Esa circular es del miedo, con la que se aplica la ley mordaza. Hoy nos dan la razón y nos llevamos una satisfacción muy buena, al ver que la circular será estudiada, ya que la portación del teléfono celular es un derecho que se nos está violentando”, manifestó Cascante.

Para poner en evidencia la afectación con dicha circular, Cascante utilizó el ejemplo del semi-internamiento que deben de realizar los efectivos penitenciarios, en el cual los policías deben de realizar ocho días seguidos de servicio, en los cuales un padre o una jefe de hogar no puede comunicarse con sus familiares, debido a la restricción del uso de celular o incluso hasta perder citas médicas por no poder atender el aparato.

El pasado martes tuvimos la grata vista de la nueva Junta Directiva de la Seccional ANEP-Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes visitaron nuestras instalaciones para recibir su respectiva juramentación y la vez exponernos sus cuatro ejes de trabajo en esta nueva gestión.

Leonardo Méndez, Presidente de la Seccional ANEP-CNE indicó que asumen la nueva gestión con mucha ilusión y con la convicción de establecer cambios en beneficio de los y las trabajadores de la Comisión, así como una nueva visión administrativa; a lo interno como externo de la institución.

Para ello, la nueva Junta Directiva trabajara sobre cuatro ejes de trabajo. El primero se concentrará en el plano político-jurídico, el segundo en materia de comunicación, mientras que los dos últimos ejes abordarán el tema de formación sindical y la visón interna y externa de la institución.

“El primer eje es en lo político-jurídico, siempre en la defensa de los y las trabajadoras de la CNE, ya que varios derechos han sido pisoteados. En el plano jurídico vamos a hacer el esfuerzo de tener una Convención Colectiva. En la parte de comunicación difundir cada una de las metas que se han propuesto para este año. En la parte de formación sindical siempre es importante, ya que hay nuevos compañeros que se deben de formar”, dijo Méndez.

El Presidente de la Seccional ANEP-CNE indicó que la gestión de esta nueva Junta Directiva llega en un momento idóneo, ya que el país está viviendo una transición de suma importancia y desean realizar una vinculación de los temas país a lo interno de la institución.

“Es deseo unánime de todos los afiliados que la institución necesita cambiar de jerarcas, por lo que solicitaremos al nuevo Presidente de la República nuevos jerarcas. La institución necesita un refrescamiento, una nueva visión, dejar el tema de que todo son consultorías; en la institución hay gente capas técnica y profesionalmente para formar y establecer esa nueva visón. Hoy la Comisión se dedica a trabajos de consultorías, que hoy por hoy son los famosos estados paralelos, por lo que deseamos dar un viraje en ese sentido, para así fortalecer al funcionario y a la Comisión”, dijo Méndez.

La juramentación de la nueva Junta Directiva de la Seccional ANEP-CNE estuvo a cargo de nuestro Secretario General, Albino Vargas. Actualmente la Seccional está compuesta por 40 agremiados, lo que representa casi la tercera parte de la fuerza laboral de la CNE.

Los trabajadores de la Imprenta Nacional, amparados en la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, propusieron esta mañana en conferencia de prensa, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizar la impresión del nuevo sello de seguridad en las papeletas electorales que se utilizará en las elecciones presidenciales del próximo 6 de abril.

La propuesta de los trabajadores de la Imprenta Nacional, se da después de que Diario Extra diera a conocer y denunciara ante el Ministerio Público la filtración de dos papeletas electorales a la opinión pública.

El ofrecimiento de los trabajadores de la Imprenta Nacional se realiza bajo tres escenarios, que pudieron haberse presentado para que dichas papeletas salieran a la calle. El primero de ellos se basa en que las papeletas electorales se hayan filtrado a la opinión pública desde la imprenta privada contratada para tal fin, el segundo escenario es que las papeletas salieran a la calle desde el mismo TSE, o bien que estas sean falsas.

Luis Enrique Leal, Presidente de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional indicó que los trabajadores y las trabajadoras de las Imprenta Nacional se encuentran consternados con la noticia difundida por Diario Extra, por lo que ahora ponen sus servicios a las órdenes del TSE, para garantizar la seguridad de la democracia costarricense.

“Estamos en la mayor disposición, en esta segunda etapa de brindarle seguridad al país e instar al Tribunal Supremo de Elecciones para que el nuevo sello de seguridad de las papeletas electorales sea impreso en la Imprenta Nacional, esa es nuestra propuesta formal, garantizando que el sufragio se va a realizar de forma honesta, transparente y con la seguridad debida”, dijo Leal.

El Presidente de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional agregó “Estamos preocupados, porque en la Imprenta Nacional a través de casi 40 años se han impreso las papeletas para presidentes y diputados, y nunca en la historia ha pasado nada similar. El personal siempre se ha hecho cargo de las papeletas bajo una ética responsable y de compromiso cívico con la democracia costarricenses”.

Otro de los puntos que destacó Leal, fue que durante el proceso previo a que el TSE tomara la decisión de privatizar el sistema de impresión de las papeletas electorales, trabajadores de la Imprenta y la Seccional ANEP-Imprenta Nacional se reunieron con Héctor Fernández, Presidente del Registro Electoral, abogando que la impresión de las papeletas se realizará en la Imprenta Nacional, a la vez que se le garantizó que ningún intento de huelga se opondría a la impresión de las papeletas, sin embargo al final el proceso fue privatizado

Albino Vargas, Secretario General de la ANEP indicó que nadie de los que han intervenido en el proceso de impresión de papeletas de segunda ronda, está en condiciones de garantizarle al país que no hay más de dos papeletas en la calle en este momento.
“Cómo podemos estar seguros que efectivamente esas fueron las dos únicas papeletas que salieron a la calle y no hay más, quién nos puede decir que no hay más; y en manos de quién podrían estar esas papeletas. Si llegaron dos se puede presuponer que hay cinco, mil o cinco mil en la calle”, manifestó el Secretario General de la ANEP.

Vargas, finalizó su intervención dejando un mensaje claro a los altos jerarcas del TSE “Me parece que la enseñanza fundamental es que jamás deben de volver a salir de la Imprenta Nacional las papeletas de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. La Imprenta Nacional es la institución emblema para que el sistema democrático tenga la plena seguridad de que no solo se imprime el número de papeletas que corresponde; si no que una sola papela no saldrá de la paredes de esta honorable institución, como ha sucedido durante más de 4 décadas”.

Integrantes de la Seccional ANEP- Teatro Nacional visitaron este lunes las instalaciones de nuestra organización para realizar talleres de capacitación, en busca de obtener las herramientas necesarias para desarrollar su propia Convención Colectiva, con la cual buscarán mejores condiciones laborales.

Laura Sáenz, Presidenta de la Seccional ANEP-Teatro Nacional indicó que este tipo de capacitaciones es fundamental para conocer los procedimientos y formas de desarrollar una convención colectiva, ya que les permite presentar un documento debidamente fundamentado, en este caso ante la Junta Directiva del Teatro Nacional.

Nuestra intención es realizar esta Convención Colectiva para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Teatro Nacional, apenas estamos iniciando los trabajos para ellos, y estas capacitaciones que nos brinda la ANEP serán esenciales para llegar a ese objetivo” dijo Sáenz.

La Presidenta de la Seccional ANEP-Teatro Nacional indicó que una vez finalizados los talleres de capacitación estarán dando inicio con la formulación de la Convención Colectiva.

Dentro de los puntos que pretenden se desarrollen el documento se encuentra: la formación de un manual de puestos, el reconocimiento de pago de taxis; cuando los horarios de atención del teatro al público por realización de eventos se extiende hasta altas horas de la noche, así como mejores condiciones laborales.

Los talleres de capacitación a cargo de la Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical pretenden dotar a los agremiados y trabajadores de herramientas en beneficio de la defensa de sus derechos laborales y una mejor calidad de vida.