Lujo vehicular vs. precariedad infraestructural

“Chinchilla defiende inversión en vehículos para Fuerza Pública”. Con este título sale una nota periodística en La Nación, en su edición de este domingo 2 de marzo de 2014, realizada por el señor Carlos Eduardo Vargas (carlos.vargas@nacion.com). La nota hace referencia de nuestro cuestionamiento por la compra de autos de lujo, 52 vehículos Toyota Prado por parte del Ministerio de Seguridad Pública, que fue denunciada mediante conferencia de prensa.

En la nota se establece a nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, como el denunciante, lo cual es erróneo; por cuanto es quien suscribe quien obtuvo la información y la compartió a los medios de prensa que acudieron a la conferencia convocada por la ANEP. Nuestro Secretario General respaldó, con su presencia y en todos sus extremos, la denuncia que hicimos. En la nota del domingo 2 de marzo, la señora Presidenta de la República, licenciada Laura Chinchilla Miranda señala que “Ese sindicato, y otros sindicatos son enemigos de la Fuerza Pública”. Ante semejante manifestación tenemos que decir: ¡No, señora Presidenta!, en ANEP, no somos enemigos de la Fuerza Pública. Su manifestación “acalorada” pretende descalificar nuestra queja por la compra de vehículos de lujo, pero mejor debería usted aclararnos lo siguiente:

Primero: 1- ¿Si la mayoría de delegaciones son “tugurios” habitados por nuestros compañeros, ¿por qué no invirtió ese dinero en repararlas? 2- Si mensualmente se pagan sumas millonarias por el alquiler de delegaciones, ¿por qué no construyó delegaciones? 3- ¿Por qué se pagan sumas millonarias por delegaciones como la de Cristo Rey, que inclusive incumple con la Ley 7600, y por donde pasa el tren desde horas de la madrugada, impidiendo el adecuado descansó de los oficiales? 4- ¿Cuál es el negocio y/o el beneficio para la administración, al mantener alquileres de delegaciones como la descrita o la de La Merced?

Segundo: Entre los responsables del abandono de la Fuerza Pública, figura usted, señora Presidenta. Usted fue Ministra de Seguridad. Posiblemente sea el “mea culpa” que la tiene de manera “desesperada”, intentando hacer algo ahora. Sin embargo, en su desesperación no diga que en la ANEP somos enemigos de la Fuerza Pública. Nuestra principal demanda, inclusive en oficio que le remitimos a usted (y del cual tenemos constancia), viene siendo desde hace varios años, la atención del ser humano que labora para la Fuerza Pública.

Tercero: Cuando no se tienen argumentos, se apela a la confusión. Nos parece lamentable mirar cómo se intenta confundir a la opinión pública, diciendo que nos oponemos a que la policía tenga buenos vehículos, lo cual es rotundamente falso. No estamos cuestionando la compra y distribución de 312 vehículos “pick up”, como tampoco cuestionamos la compra y entrega de motos. Estamos cuestionando la compra de carros de lujo. Hablamos de los Toyota Prado y los Rav 4, que solo manejan personas adineradas y/o grandes corporaciones, No una institución “pobre”, que no puede reparar delegaciones, que no puede reparar patrullas, que no puede pagar horas extra, que adeuda feriados desde hace varios años a sus funcionarios, que no puede comprar equipo de cómputo y de oficina, o ¿desconoce usted las limitaciones en estos insumos?

Cuarto: Desconoce usted que la delegación de Palmares, en los meses de enero y febrero de este año, le pide a una cooperativa y a la Asociación Cívica, ayuda para comprar una aspiradora y reparar dos motos? Si no se planifica o no se cuenta con recursos para el mantenimiento de vehículos de menor valor (motos), ¿cómo sabremos para que sea distinto con estos vehículos de lujo?

Quinto: Doña Laura, nosotros no somos los que firmamos injustos despidos de trabajadores de la Fuerza Pública, que luego se ven en vulnerabilidad a la venganza de los delincuentes que alguna vez intervinieron; y no me diga que son casos de corrupción porque podríamos debatir al respecto y le aseguro puedo mostrarle que muchas veces se firma el despido de un inocente, “víctima del sistema”. Señora Presidenta: lo primordial en cualquier organización, y máxime en una institución como la Fuerza Pública, es su recurso humano, y de poco servirá tanta inversión si el personal sigue siendo maltratado.

Sexto: Señora Presidenta: intenta usted decir que su gran preocupación es la ciudadanía. ¿Nos habla de la misma ciudadanía a la que usted manda a garrotear?, utilizando a la noble Fuerza Pública, siendo luego las y los oficiales los que deben defenderse de las demandas por presunto abuso de autoridad. ¿Quién paga el daño y el deducible en caso de colisión de un Toyota Prado?: las y los oficiales de la Fuerza Pública que, en su mayoría, viven en comunidades vulnerables, porque el salario no les permite para más, y muchos apenas sobreviven con lo básico para su propia subsistencia y la de sus respectivas familias.

Sétimo: Pero, además, señora Presidenta, en el tema de los Toyota Prado y los Rav 4, el distinguido ciudadano y Exministro de Seguridad Pública, Lic. Fernando Berrocal Soto, coincidió con nuestra tesis y le aseguro que no es afiliado de la ANEP; pero sí es parte de su mismo partido Político.

ANEP y la Confidencialidad de la Fuente

Gran revuelo mediático ha causado la notificación que Tributación Directa le entregó al señor Johnny Araya Monge, candidato presidencial y que anunciamos como usuarios del twitter @albinovargasb.

El editorial del periódico La Nación del día viernes 21 de febrero de 2014 trata sobre lo acontecido y llama a nuestra acción como “un arma innoble”, preguntándose si todo esto no es más que una estrategia electorera para dañar la imagen del candidato de Liberación Nacional. Debemos ser enfáticos en que tal componenda no existe, y que la socialización de la información a la que tuvimos acceso fue en aras de que la misma era de un innegable interés público.

No negaremos que algunos de los términos utilizados en la comunicación de redes sociales no fueron lo exacto que quisiéramos. La famosa notificación no trataba sobre una presunta evasión fiscal, pero la premura del hecho noticioso no nos permitió confrontar la cantidad de fuentes necesarias para validar el fondo de la acción tributaria, valorando solamente la fuente original inicial.

Sabíamos que la llegada del funcionario tributario al domicilio de Araya Monge era inminente y utilizamos twitter principalmente para alertar al contingente periodístico de lo que estaba pasando. Hacemos el mea culpa de que debemos mejorar la precisión periodística en ese sentido.

Tema aparte es la protección que debemos tener hacia nuestras fuentes. Al igual que sucede en Hacienda, muchísimas instituciones públicas tienen en sus leyes y estatutos cláusulas que defienden no sólo la confidencialidad de toda información que se genere en su seno, sino que obligan a sus trabajadores a no divulgar ninguna cosa que pueda menoscabar la imagen de dicha institución. Esto pasa desde la Caja Costarricense del Seguro Social hasta en algunas municipalidades, cruzando todo el espectro de la función pública.

¿Qué pasaría con la cosa pública si los y las valientes funcionarios que han filtrado información, a los medios, sobre corrupción o malversación de fondos hubieran preferido callar ante los cerrojos de la “confidencialidad”? La sociedad costarricense tiene claro que debemos defender a quienes se atreven a contar lo que está sucediendo. Y La Nación también lo tiene claro, como lo demostró en su editorial de 11 de abril de 2012, titulado “El Peligro de Cazar Brujas”, donde defiende, y citamos textualmente: “a quien hubiera tenido la valentía de revelar una verdad necesaria”, refiriéndose al funcionario de tributación que filtró la declaración de impuestos de la empresa Procesos, vinculada al ex ministro de Hacienda, don Fernando Herrero.

ANEP, al igual que hacen los medios de comunicación, tiene la OBLIGACIÓN, así en mayúsculas, de defender la confidencialidad de nuestras fuentes. El artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 19 de la Declaración Universal de DDHH; el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre DDHH; y el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Y nos dice la destacada jurista argentina, la Dra. Liliana Piccinini, que la libertad de expresión, y la libertad de prensa, comprende también el acceso y la protección a las fuentes periodísticas. Sin esto segundo no puede existir lo primero.

Nuestro sindicato defiende el accionar de los medios masivos de comunicación. Nuestras manifestaciones públicas en favor de Diario Extra en el ya famoso caso de espionaje, así lo demuestran. Nosotros mismos, como organización, servimos de fuente todos los días a la gran diversidad de medios que trabajan en nuestro país, y en algunos casos hemos brindado, de manera confidencial, información que han terminado en escándalos públicos. Pero al mismo tiempo, nos consideramos un medio de comunicación también. Bajo este concepto es que creamos nuestro sitio web, www.anep.cr, como un diario digital de nuestro accionar político sindical, al igual que producimos espacios radiofónicos y gestionamos nuestras redes sociales.

No concebimos, como lo hizo La Nación en el 2012, que este caso genere una cacería de brujas en la Dirección General de Tributación Directa, y mucho menos que la misma sea orquestada desde algún medio masivo de comunicación. Debemos defender, todos y todas, a los empleados públicos y privados, que exponiendo sus trabajos, su imagen y hasta su integridad física, nos brinden información que consideremos de un alto interés público. No podemos aceptar que sean tratados como delincuentes. Ni a ellos ni a los medios que difunden la información.

Finalmente, queda claro que se le notificó a la persona que se le dijo que se le iba a notificar; que la notificación indicada provenía de la Tributación Directa como lo dijimos con antelación; que el notificado, aparentemente, tenía en deuda algunas responsabilidades tributarias, quedó como cierto; que la información exacta de tales irresponsabilidades tributarias no fue del todo correcta como se nos indicó al principio, es cierto y lo corregimos inmediatamente, mediando un minuto de tiempo entre los dos twitter que emitimos.

Si un ciudadano o ciudadana aspira al máximo cargo político del país, la Presidencia de la República, sabe que es objeto de auscultación cada minuto y cada hora de cada día. No debió el señor Araya molestarse por la presencia de la prensa en su casa al momento en que se le iba a entregar la notificación tributaria; debió enseñar su contenido, alegrarse de que ahí mismo podía despejar la incógnita de su contenido y haber quedado éste con plena exactitud ante la opinión pública.

Pero lo que hizo de coger el teléfono y llamar al máxima jerarca político de la Tributación Directiva, el mismísimo Ministro de Hacienda para cuestionarle sobre el acto notificador, ¿no es acaso un intento de tráfico de influencias a sabiendas de que él, el candidato eventualmente convertido en Presidente, dejaría en su puesto a quien llamó telefónicamente a propósito de dicho acto notificador?

Ahora bien, a la institución sindical bajo la sigla ANEP también se le giró una notificación tributaria. Un error involuntario de la firma “outsourcing” encargada de llevar la cuestión financiera de la ANEP, no lo respondió a tiempo. Esto no lo sabíamos al momento de alertar sobre la notificación que se le dio al señor Araya. En el caso de la ANEP, como sindicato que es según el ordenamiento jurídico vigente (Código de Trabajo), no le corresponde pagar impuestos sobre la renta. El Secretario General de la ANEP no paga más impuestos que el de la renta de su salario deducida desde la fuente.

La ANEP como institución sí puede exhibir el detalle de sus compras para efectos de referirse a este tipo de notificaciones tributarias. No sabemos si el señor Araya pueda y quiera hacer lo mismo. Nuestra lucha sostenida durante muchos años por la transparencia tributaria y contra el robo de impuestos en todas sus formas, en nada queda descalificada por el asunto de la propia notificación a la ANEP. Ni la ANEP, ni su Secretario General, son candidatos a la Presidencia de la República, el señor Araya, ¡sí! Él sí debe ser sumamente cuidadoso en estos aspectos tributarios. La ANEP, también. La diferencia es las aspiraciones político-personales del señor Araya.

Finalmente, jamás divulgaremos los nombres de las personas trabajadoras asalariadas que nos dan información sobre la cuestión tributaria. Mucho menos en la circunstancia objeto de todo este asunto de la notificación al señor Araya. Será un secreto que nos llevaremos a la tumba. Pero una cosa clara es que a quien siempre le llega información tributaria detallada, con datos, nombre y apellidos, es a La Nación (recordemos el caso del exministro Ferraro). La información tributaria que ha llegado a la ANEP jamás ha sido divulgada y a nadie hemos perjudicado, jamás. Así lo seguiremos haciendo. En el caso del señor Araya, lo divulgado fue la entrega de una notificación cuyo contenido desconocemos por completo. En el caso de la notificación llegada a la ANEP, sí estamos en condiciones de divulgar su contenido.

Exoreros protestan frente a Judesur

Un grupo de exoreros del Parque Nacional Corcovado, en la Zona Sur, se concentró ayer frente al edificio de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), en Bella Vista de Golfito, exigiendo el pago de su indemnización.

Didier Aguirre, dirigente de los exoreros, explicó que llevan años luchando para que les den una indemnización y cuando por fin se tiene un proyecto de ley con el cual concretarían ese derecho Judesur se opone.

“Estamos desesperados por tanta espera, por eso tomamos las calles por aproximadamente una hora, hasta tener un panorama más alentador. Lo que queremos es que nos apoyen con el proyecto que permitirá indemnizar a los exoreros con un pago de ¢5 millones aproximadamente.

Si bien es cierto hay un decreto estipulado en el tema, Judesur se estaba oponiendo, eso nos llevó a tomar las calles al frente del edificio”, declaró Aguirre.

Tras una corta reunión con representantes de Judesur se determinó que en unos 15 días se decidiría el futuro de la iniciativa, por lo cual esperan pronto amarrar la platica.

“Tenemos 28 años de luchar con el tema y no queremos que la iniciativa siga pasando de mano en mano a otros gobiernos”, agregó Aguirre.

De acuerdo con el dirigente, son aproximadamente 450 exoreros los que recibirán el dinero, pues si bien es cierto la lista es más grande, hay algunos que no están luchando por la indemnización.

Emplazamos al Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora

Ante nuestro cuestionamiento por la compra de vehículos de lujo, 52 vehículos Toyota Prado por parte del Ministerio de Seguridad Pública, dice usted señor Ministro Zamora que en ANEP queremos que los problemas en la Fuerza Pública persistan para seguir manteniendo nuestro discurso; agregando, según usted, que se vienen solucionando los problemas; y que con la implementación del manual los problemas salariales desaparecen. Ante esta manifestación que pretende descalificar nuestra queja por la compra de vehículos de lujo, manifestamos:

Primero: Los únicos que dan discursos son ustedes, los que cumplen una función política, y como “a buen pagador no le duelen prendas”, reconocemos que usted es muy bueno en el uso del verbo. Nosotros no somos políticos, cumplimos una labor que procura la justicia social; y analizamos muy bien la información y la procedencia de la misma, antes de plantear alguna situación. Esto se dio en el caso que nos ocupa. Le aclaramos señor Ministro: nuestra principal demanda viene siendo formulada desde hace varios años, la atención del ser humano que labora para la Fuerza Pública.

Segundo: Nos parece lamentable mirar cómo se intenta confundir a la opinión pública, diciendo que nos oponemos a que la policía tenga buenos vehículos, lo cual es rotundamente falso. No estamos cuestionando la compra y distribución de 312 vehículos tipo “pick up”; tampoco cuestionamos la compra y entrega de motos. Estamos cuestionando la compra de carros de lujo, hablamos de los Toyota Prado que sólo manejan personas adineradas y/o grandes corporaciones; no una institución “pobre”, que no puede reparar delegaciones, que no puede reparar patrullas, que no puede pagar horas extra, que adeuda feriados desde hace varios años a sus funcionarios, que no puede comprar equipo de cómputo y de oficina; o, señor Ministro Zamora, ¿desconoce usted las limitaciones en estos insumos?

Tercero: ¿Desconoce usted que la delegación de Palmares, en los meses de enero y febrero de este año, le pide a una cooperativa y a la Asociación Cívica ayuda para comprar una aspiradora y reparar dos motos? Además, ¿muéstrenos cuándo hemos planteado algo referente a la accidentalidad, como lo llamó usted? Lo que hemos denunciado en otras oportunidades es la falta de mantenimiento de vehículos de menor valor y que, por esta razón, muchas veces se dan situaciones que perjudican al funcionario conductor de una patrulla. Le podemos mostrar los cobros que les aplicaron por deducible afectando el salario de los policías.

Cuarto: ¡Qué lamentable, señor Ministro!, que un exfuncionario de la Defensoría de los Habitantes de la República, como usted, omita que lo primordial en cualquier organización y máxime en una institución como la Fuerza Pública, es su recurso humano, y que de poco servirá tanta inversión si el personal sigue siendo maltratado.

Quinto: Señor Ministro: ¿qué acciones tomó su cartera ante las muertes por suicidio de varios oficiales de la Fuerza Pública?; ¿cuánto valor le da usted al sufrimiento de familias como la del Subintendente Ramírez, el Subintendente Beita, y los otros compañeros que se quitaron la vida recientemente?; ¿ordenó alguna investigación? ¿Se ha preocupado usted por saber cómo está la salud mental del policía? ¿Se detuvo un momento a pensar por qué se están quitando la vida nuestros uniformados?

Sexto: Según los anuncios que en estos días incrementó su gobierno, el propio Ministerio de Seguridad, la labor de la Fuerza Pública, sería de lo más destacado de esta administración. Señalan ustedes desarticulación de bandas dedicadas al narcotráfico, hablan de grandes decomisos de drogas, aumento en las aprehensiones y decomisos de armas de fuego, importante parece; pero mientras tanto, las y los Policías luchan por una licencia de estudio; mientras tanto las y los Policías pierden sus hogares; mientras tanto la mayoría de funcionarios reciben una calificación de “BUENO”, misma que según el reglamento no permite la licencia de estudio… Y uno se pregunta, ¿quién hace el trabajo del que se vanagloria la administración?

Sétimo: Señor Ministro: habla usted de un manual que al día de hoy sigue siendo una expectativa de derecho, por cuanto no se termina de implementar y nadie recibe aun un centavo más en su salario; además se aparta usted de la verdad al manifestar que dicho manual surge por su “buena voluntad”, omitiendo una vez más que nuestra organización ANEP venía reclamando la creación de un manual desde el año 2008; e, inclusive, usted participó de algunas reuniones en aquel entonces como Director de Migración y Extranjería. Le ayudaremos una vez más con información: ese manual debería manejarse con muchísimo cuidado porque está generando mayor desigualdad y una “encarnizada” disputa por los puestos, lo que podría traer consigo situaciones lamentables; sumado a la circunstancia de que muchos no cuentan con los requisitos señalados en el mismo. Por otra parte, debería usted dejar de decir a los medios de comunicación que el manual resuelve el tema salarial, porque deja en la categoría “Agente Uno” a una importante cantidad de funcionarios, los cuales no superan, con incentivos, los ₡ 429,000 mensuales, para un líquido un promedio de ₡378,000.oo mensuales, a menos que usted considere esto suficiente para un Policía que se enfrenta al narcotráfico y a la criminalidad actual.

Octavo: Pero además, en el tema de los Toyota Prado, el Exministro de Seguridad, Lic. Fernando Berrocal Soto, coincidió con nuestra tesis y le aseguro que no es afiliado de la ANEP; pero sí miembro de su propio partido, señor Ministro Zamora.

ANEP pide explicaciones a Seguridad Pública por la compra de 52 carros de lujo

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció la mañana de este viernes, en conferencia de prensa la compra de 52 carros de lujo por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), ya que considera que la compra de dichos vehículos es innecesaria y el dinero pudo ser utilizado para otros fines.

Mainor Anchía, Directivo Nacional de la ANEP indicó que considera impropio e injustificado la compra de estos vehículos, más aún cuando se está hablando tanto por parte del Gobierno de que existe un gran déficit fiscal y de que no hay dinero.

“Nos enteremos y constatamos que se adquirió por parte del Ministerio Seguridad Pública vehículos marca Toyota Prado de lujo y 20 vehículos Rav4 que en total suman más de 70 vehículos de lujo. Estos vehículos Toyota Prado dan la exorbitante suma de más de 1.900 millones de colones, en momentos en que nosotros (ANEP) hemos denunciado que existe mucha necesidad dentro de la Fuerza Pública, no solo a nivel salarial, sino también de infraestructura”, dijo Anchía.

Precisamente la Unidad de Información y comunicación de la ANEP junto Anchía visitó la Escuela Nacional de Policía, ubicada en Barrio el Socorro y pudo constatar que en los patios de este centro se encuentran una gran cantidad de los vehículos de lujo, los cuales quedaron documentados por medio de fotografías.

“Queremos que los jerarcas de Seguridad Publica justifiquen la compra de estos vehículos de lujo, que no tiene además ninguna función policial, ya que son costosos. Además, tenemos documentos en donde nos enteremos que delegaciones de este país tienen que recurrir a la ayuda del comercio o de asociaciones para reparar, por ejemplo una motocicleta. Cuestionamos, si no se le puede dar mantenimiento a una motocicleta o a una patrulla, cómo se le va dar el mantenimiento a estos vehículos de lujo”, precisó Anchía.

Según datos del INS consignados por la ANEP, solo un Toyota Prado tendrían que pagar semestralmente de póliza una suma de 620 mil colones, si hacemos la operación por 52 la suma se incrementaría a unos 32 millones de colones cada seis meses.

“Le hacemos un llamado a la señora presidenta, para que ordene la devolución de esos vehículos; o al eventual gobierno que asuma a partir del 8 de mayo, para que ordene inmediatamente la devolución de eso vehículos de lujo y que ese recurso se invierta en mejorar las delegaciones del país o comprar vehículos que sean verdaderamente de carácter policía”, finalizó Anchía.

Berrocal presenta plan de política en seguridad a la ANEP

En reconocimiento al papel que juega la ANEP como sindicato mayoritario en los cuerpos policiales del país, el comando de campaña de Johnny Araya Monge, candidato presidencial por el PLN, en el tema de seguridad se reunió con la ANEP para exponernos su visión de como debe tratarse este tema a nivel nacional.

Don Fernando Berrocal, a quien ya don Johnny nombró como futuro Ministro de Seguridad de ganar las elecciones, presentó los ejes temáticos más importantes para él divididos en administración de justicia, policía represora, seguridad humana y ciudadana y policía preventiva.

Don Fernando cree que debe haber un sistema que logre integrar las fuerzas de seguridad del país: guardia civil, vigilancia aérea, guardacostas, policía de fronteras, turística, de migración, municipal, tránsito, control fiscal, penitenciaria, etc. Para esto propone la creación de un Consejo de Seguridad del Estado donde confluyan los diversos tomadores de decisiones en estos temas, como Ministros, Directores Policiales, fiscales, jueces, para buscar integrar una misma política y visión del tema seguridad.

También se refirió a las políticas preventivas y de “seguridad humana”, donde las personas deben ser el centro, sobretodo en el tema del consumo de drogas y el narcotráfico, y que además de ser trabajado por las policías debe integrar al MEP, al Ministerio de Cultura, de Salud, del Deporte, IAFA y la CCSS.

ANEP aprovechó la visita de don Fernando para entregarle dos documentos. Primero la propuesta de la ANEP para declarar Estado de Emergencia Nacional en el Sistema Penitenciario, documento que se realizó en mayo de 2013, que no fue atendido por la administración Chinchilla Miranda y que sigue siendo totalmente pertinente, ya que la seguridad de las cárceles en nuestro país sigue estando en crisis y expone a todo el país a un gran problema.

El otro documento que le entregamos a don Fernando es el elaborado por nuestra organización para ser entregado a don Johnny Araya sobre los temas país más importantes para nuestro sindicato, como lo son la crisis de la CCSS, la reforma tributaria y la necesidad de contar con la Reforma Procesal Laboral.

El “coco” del déficit

Es este un asunto que se ha convertido en el principal argumento de los sectores económico-financieros que tienen el control del poder real en nuestra sociedad, para atacar por todo lado la necesidad de la intervención del Estado en la promoción del bien común y de su papel en la reducción significativa de la desigualdad; en fin, para facilitar la inclusión y la movilidad sociales, de nuevo, en nuestro país.

Se nos ha venido diciendo que estamos casi que en las puertas del apocalipsis: 6% de déficit fiscal para el 2015 y ya nos están aterrorizando por tal circunstancia. Esa hegemonía dominante y los latifundios mediáticos que la sustentan se han centrado, de cara a la opinión pública, en culpar de la “debacle” que se avecina y con cierta saña desinformativa, a quienes laboran para el sector público y a los denominados “pluses” salariales que se les reconocen por diversas especialidades ocupacionales en el aparato estatal.

Evidentemente hay ciertas situaciones en esta materia bastantes controversiales, como el “enganche” salarial médico; sin embargo, pese a que “le pusimos la bola en el punto de penal”, el presente Gobierno permaneció pasivo y no quiso promover el proyecto de ley que posibilitaría el “desenganche”.

Cada vez que se discute sobre los reajustes salariales semestrales por costo de vida en este sector, el fantasma del “apocalíptico” déficit se encarga de seguir empobreciendo a las familias trabajadoras asalariadas que laboran para el Gobierno al precarizarles, paulatinamente, su ingreso mensual; especialmente la situación golpea a los sectores medios y bajos del sistema salarial del sector público. Los reajustes por costo de vida para los empleados públicos, por tanto, son lo que el tamaño del déficit fiscal determina.

Sin embargo, pareciera que dos elementos nuevos han de subir al escenario político macroeconómico en que se teatraliza la obra del déficit fiscal pantagruélico. Por un lado, al candidato presidencial opositor no le “aterrorizaría” un porcentaje de 6% o cercano al 6% de PIB en materia del déficit. Ha estado indicando que entidades internacionales afirman que se puede vivir con esta cifra. Además, indica que no le parece esa fijación patológica del fundamentalismo neoliberal del control de la inflación y su obsesividad por una inflación cero o cercana a cero. Esta circunstancia podría estar impidiendo la necesaria reactivación de la economía con base en objetivos de combate a la desigualdad.

Por otro lado un estimable ciudadano, libre de toda sospecha de ser sindicalista, escribió lo siguiente: “El Ministro de Hacienda ha advertido sobre el creciente déficit fiscal. Sin embargo, no he escuchado una coherente explicación de por qué, en el cálculo de ese déficit, se toman en cuenta las finanzas del ICE y de la CCSS, pero se excluyen las del INS y las de los bancos públicos. ¿Acaso no son propiedad del Estado? ¿Cuánto sería el déficit fiscal, si se incluyeran estas últimas instituciones en el cálculo?”. Quien así opina es don Alejandro Urbina, exdirector de La Nación, periódico líder en la “santa cruzada fundamentalista del déficit fiscal”. Como vemos, a lo mejor ya es hora de liberarnos del “coco” del déficit fiscal y poner manos a la obra para transitar por la ruta urgente del combate contra la desigualdad desde la política pública.

Ex oreros exigen a JUDESUR pago de indemnización por desalojo de Corcovado

Luego de 28 años de ser desalojados del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas en la Península de Osa, los ex oreros de la Zona Sur continúan luchando para que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDEUR) apruebe el pago correspondiente a la indemnización de dicho desalojo, y que esto a la vez permita la aprobación del expediente N 18.912 Ley para la calificación de condición y autorización a JUDESUR para pagar a las personas ex oreros desalojados de los Parques Nacionales Corcovado y Piedras Blancas de la Península de Osa no indemnizados.

Nevi Sobrado, integrante de la Seccional ANEP-Ex oreros de Golfito indicó que dicho proyecto, incluso ya está firmado por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla y por el Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, además de que este ya se encuentra en cuarto lugar en la agenda de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, Lídier Aguirre Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ex oreros de Golfito explicó que actualmente el proyecto se encuentra paralizado, debido a que JUDESUR “envió una nota diciendo que no tenía los fondos para hacernos el pago a los ex oreros”.

“Este viernes la Junta Directiva de JUDESUR se va a reunir, y entre los temas a tratar es ver la posibilidad de que se apruebe el pago a los ex oreros de la Zona Sur, ya que es el único requisito que está entrabando el proyecto. Ayer pudimos hablar con varios diputados y llamaron a JUDESUR haciendo un sondeo para ver de qué manera los miembros de Junta Directiva nos ayudaban”, manifestó Aguirre.

Ante esto, los representantes de los ex oreros estarán en la Junta Directiva de JUDESUR a eso de las 10:00 a.m., mientras que en las afueras de la sede realizarán una manifestación pacífica con la intención de solicitar la aprobación del presupuesto y; a la vez permitir que el proyecto de ley avance y sea aprobado en la Asamblea Legislativa.

“Desde hace 28 años hemos respetado la norma de no entrar al parque (Corcovado y Piedras Blancas) en busca de oro, pero si JUDESUR no nos decide nada, estamos dispuestos a retomar el regreso al parque a partir del lunes o martes de la próxima semana, hasta que no nos resuelvan la situación”, precisó Aguirre.

Nevi Sobrado detalló, que en primer término en el proyecto se habló de una indemnización de 5 millones de colones por ex orero, sin embargo luego se pasó a la Comisión Calificadora de la Asamblea Legislativa que determinó un pago de 10 millones de colones. Sin embargo “mañana estaremos negociando el monto a indemnizar con JUDESUR”.

Actualmente cerca de 400 ex oreros aún no han sido indemnizados por el desalojo del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas, por increíble que parezca eso sucedió hace 28 años

¡Muchas gracias Anepistas!

Con muchísima sinceridad, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), agradece a todos los compañeros y a todas las compañeras anepistas quienes, con gran arrojo, altísima dignidad, decorosa valentía y alta autoestima personal por lo que significa su condición de persona trabajadora del servicio público; atendieron nuestro llamado de lucha y salieron a la calle el pasado martes 25 de febrero de 2014, protestando contra el decretazo salarial del 0.43% y contra lo que ello significa desde el punto de vista político-ideológico, según lo hemos analizado en ANEP por largo tiempo.

Nos sentimos sumamente satisfechos de la movilización realizada bajo la bandera de la ANEP, considerando que nuestro compleja estructura sindical de altísima heterogeneidad organizacional, no hace fácil tareas de tal calibre.

Nos sentimos satisfechos de haber logrado un número sumamente relevante de manifestantes anepistas procedentes de 35 gremios internos de la totalidad de los que componen nuestra agrupación, la más diversa de todo el sector Público costarricense. Nos sentimos orgullosos del acompañamiento de otros gremios de sigla propia que comparten espacios de trabajo en estas luchas con la ANEP, en varios de los mismos ámbitos institucionales donde se promueve la organización y la lucha sindical.

Nos sentimos sumamente honrados de haber podido tomado parte en este gran evento junto a otras entidades sindicales prestigiosas y de amplia trayectoria de lucha social por estas mismas causas, como el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), así como la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), entre otras.

Expresamos nuestro máximo reconocimiento al abnegado y altamente responsable equipo de trabajo de la ANEP, especialmente a los y a las integrantes de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), bajo cuyas espaldas recayó el grueso y lo más intenso del proceso movilizatorio de la ANEP.

De manera relevantísima, hacemos fundamental reconocimiento a todos los compañeros y a todas las compañeras integrantes de las diferentes juntas directivas de las seccionales de la ANEP que en sus respectivos ámbitos de acción hicieron lo propio para incrementar nuestra participación coordinada, intersectorial y unificada en la calle. Decimos lo mismo para compañeros y para compañeras, delegados y delegadas sindicales anepistas.

Tratando de aportar en el esclarecimiento de lo que está en el fondo del decretazo del 0.43%, compartimos con ustedes nuestros dos artículos de la semana, centrados en el tema. EL que fue publicado en La Prensa Libre, este martes 25 de febrero de 2014, titulado “Salarios de 5 millones y más…”; así como el que publica el prestigioso y querido Diario Extra, titulado “La manifestación del pasado martes 25”. Ojalá tengan tiempito de leerlos, de analizarlos y de compartirlos.

Este viernes 28 de febrero, en el seno de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP, se hará una valoración integral de todo este asunto y de lo que la ANEP estima pertinente propiciar en el corto plazo. Les estaremos informando por estas y por otras vías.

Convocatoria oficial Seccional ANEP-Joven

La Fundación Friedrich Ebert (Friedrich Ebert Stiftung – FES) es una fundación política alemana con oficinas en más de 100 países y con 88 años por la democracia social. La FES en América Central le invita a postularse y a compartir esta oportunidad con personas interesadas en presentar su candidatura a la selección del grupo participante 2014 en Costa Rica del programa regional Agentes de Cambio con jóvenes líderes y lideresas.

La participación política de jóvenes con visión regional e internacional es un compromiso del programa Agentes de Cambio. La oferta de formación de un nuevo liderazgo progresista busca activar una cultura política hacia una nueva sociedad democrática. El desarrollo de capacidades de participación y de representación en los ámbitos nacional y regional es la labor del proceso formativo. Convocamos a jóvenes que toman iniciativa para ampliar sus tareas socio-políticas, hacer trabajo en equipo y construir redes temáticas de incidencia.

Agentes de Cambio se coordina y realiza en cada uno de los seis (6) países centroamericanos por las oficinas de la Fundación Friedrich Ebert. El proceso formativo y el seguimiento a participantes se enfocan en la construcción de nuevo conocimiento e intercambio de experiencias para la acción socio-política progresista. Los contenidos del novedoso proceso grupal son: Nuevo liderazgo progresista con herramientas en el cambio democrático social; ciudadanía y justicia social; globalización, gobernanza económica e integración regional; políticas públicas para el desarrollo sostenible y cohesión social; seguridad y justicia.

El proceso grupal participativo Agentes de Cambio demanda de cada participante el compromiso de alimentar a su organización con una orientación hacia resultados sociales y el fortalecimiento de democracia interna. A través de discusiones abiertas e intercambio de experiencia, desde intereses y habilidades sociales, con voluntades constructivas y propositivas, las y los participantes convivirán en respeto a la diferencia, fortalecerán sus principios de acción, aprenderán la realización de valores, la aplicación de Derechos Humanos, harán una participación más plural y tomarán decisiones en equipo, conscientes del balance ganadores y perdedores en servicio de la gobernabilidad y la gobernanza en un Estado de Derecho social y democrático.

Si estas interesado o interesada y querés más información sobre como participar podés contactarnos al correo anepjoven@anep.or.cr indicando tu nombre completo, teléfono, institución, correo electrónico y edad a más tardar el viernes 14 de Marzo.