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El próximo lunes 20, muy probablemente, se sabrá de cuánto será el reajuste salarial por costo de vida para el primer semestre de 2014, valedero para el sector Público.

En el marco de esta discusión iniciada el pasado jueves 9 entre el Gobierno y los sindicatos, sus ministros de Estado en las carteras de Trabajo y de Hacienda, señores Olman Segura Bonilla y Edgar Ayales Esna, respectivamente; firmaron conjuntamente una carta que podríamos considerar “histórica”, dejando constancia escrita de lo que ningún otro gobierno anterior se atrevió a oficializar, al darnos la razón de un reiterado planteamiento sindical nuestro, en torno a lo que se ha venido conocimiento como el “desenganche”.

Ambos ministros, en carta que dirigen a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), misma que incluye a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), “sin pelos en la lengua” suscriben la siguiente afirmación: “…cada vez que se genere un aumento o reajuste en los salarios de los funcionarios del sector Público, incluso a los de las clases laborales más bajas, automáticamente el grupo del sector salud (médicos, enfermeros, microbiólogos, etc.) reciben un aumento salarial, el cual se calcula con base en la fórmula establecida en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 26944-MTSS-S del 22 de mayo de 1998”.

Aunque representa un paso positivo que el Poder Ejecutivo reconozca que esta situación impide que, por ejemplo, un policía penitenciario o una señora que labora en los CEN-CINAI (para citar solamente dos de la serie de puestos que ellos aceptan como los de las clase laborales más bajas, “enganchados” a la ley salarial médica), no tengan opciones para que reciban mejores aumentos semestrales y mayor justicia salarial; se quedan cortos porque no apuntan a cómo resolver la situación.

La tal fórmula a que hacen alusión los ministros de Trabajo y de Hacienda, sustentada en el indicado decreto ejecutivo mismo que, a su vez, se basa en la Ley No. 6836, “Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas”; implica que si al policía carcelario citado se le reajustara su salario base en mil colones, al médico hay que darle casi que 4 mil.

Esto resulta paradójico en un gobierno que ha “pegado el grito al cielo” en cuanto a que, según su visión, buena parte del déficit fiscal es debido a sistemas salariales de “privilegio”. Si esto fuera cierto en un ciento por ciento, entonces, cuál es la razón para no propiciar la necesaria reforma legal que independice, que corte, que rompa la vinculación de las revaloraciones salariales para las policías del Gobierno Central (para citar solamente uno de los puestos involucrados), del impacto de tales revaloraciones (generales y gremiales), en el salario base del personal médico nacional.

Esta modificación legal es lo que llamamos el “desenganche” y no representa ni un solo centavo menos en el salario actual que percibe todo el personal médico nacional, de todas las especialidades. Esperaríamos que en la próxima sesión “negociadora” sobre el tema salarial del sector Público, quede absolutamente claro qué van a hacer como Gobierno para el “desenganche”.

Estamos ya a pocos días de las elecciones para que este país tenga una nueva persona en la Presidencia de la República (aunque ya son bastantes las opiniones acerca de una eventual segunda ronda).

Es una “belleza” la cantidad de ofrecimientos que se le están formulando a la ciudadanía, especialmente la que compone el pueblo trabajador que, por demás, representa la gran mayoría del electorado empadronado y habilitado para votar. La desbocada carrera por agarrar votos multiplica la oferta propia de la “mercadotecnia” electoral.

Abundan los ofrecimientos de corte social, progresista, reformista, socialista. En el marco de nuestra realidad nacional actual, eso no está nada mal, considerando que Costa Rica es el país de la América Latina donde la desigualdad ha crecido más.

Además, tenemos alto desempleo, tenemos graves violaciones a la legislación laboral, trabajo “esclavo”, aumento en la informalidad, precariedad salarial y un acelerado proceso de concentración de la riqueza.

Con este escenario y desde una perspectiva de los movimientos sociales como lo es la nuestra, tales ofrecimientos llaman la atención, se les ve en la línea correcta y si cogen rango de política pública con determinado triunfo electoral, pues uno debe alegrarse por las posibilidades de justicia social que se abren para ese gran segmento del pueblo que, poco a poco, va siendo relegado, excluido, “descartado” de los beneficios del crecimiento económico.

Sin embargo, no encontramos una mejor expresión popular que aquella que nos dice de que “sin cacao no hay chocolate”, a la hora del desafío de la materialización concreta de alguno o de varios de ese tipo de ofrecimientos “sociales”.

Efectivamente, cualquiera de esas propuestas electorales de corte social, reformista, progresista y/o socialista ocupará de plata, dinero contante y sonante, más recursos en las arcas públicas. Pero eso no está a la mano en estos momentos, habida cuenta del problema número uno que enfrentará la persona que llegue a la Presidencia: el déficit fiscal. ¡Sí!, el gigantesco déficit fiscal que, gústenos o no, es una grave amenaza para la institucionalidad republicana y para la propia paz social.

Pero propiciar la resolución de este gravísimo problema pasa por entrarle durísimo a impulsar una Transformación Tributaria Estructural. Aquí sí se comprobaría de qué madera estaría forjado el nuevo Presidente de la República como para enfrentarse, con valentía y claridad, a los poderosísimos intereses del gran capital, especialmente el de signo financiero-bancario que tiene fuertes vínculos transnacionales; a fin de generar modificaciones legales y ejecutivas para que los nuevos recursos frescos que se ocuparían para una nueva política de inclusión social, lleguen a las arcas públicas.

Es por ello que un relevante grupo de organizaciones sindicales y sociales pone en el tapete su propuesta “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo de la reactivación del empleo”; proceso sostenido y responsable de muchos meses de gestación concretado con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert de la República Federal de Alemania.

Este extraordinario aporte social, lamentablemente muy invisibilizado a nivel de opinión pública, da en el clavo apuntando los cinco elementos centrales del problema del déficit fiscal que nos amenaza a todos como sociedad: 1) Una baja carga tributaria. 2) Una estructura tributaria que incluso los más optimistas consideran “moderadamente regresiva”. 3) Una evasión fiscal de cuantiosas proporciones, fiscal y éticamente inaceptable. 4) Una administración tributaria con algunos avances pero que todavía mantiene importantes debilidades (sistemas informáticos, falta de personal suficientemente calificado, estructura organizativa). 5) Una legislación tributaria sumamente generosa con ciertos sectores económicos (exoneraciones, escudos fiscales, facilidades para la elusión, tasas preferenciales) y con debilidades en el régimen sancionatorio y en la prevención de la evasión.

Si el nuevo Presidente quiere, en verdad, realizar una gestión gubernativa de trascendencia deberá tener las agallas suficientes para abordar estos cinco graves aspectos que han provocado el problema número uno del país: el crecimiento de la desigualdad. Enfrentar éste es, repetimos, entrarle duro al asunto del déficit fiscal que, a la vez, es entrarle duro a transformar la actual estructura tributaria nacional.

Si el ganador de las próximas elecciones no acomete esta histórica y estratégica tarea, entonces, saldrá de la Presidencia de la República, tanto como o más desacreditado que la señora Chinchilla.

Esta propuesta social “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, contiene una serie de planteamientos propositivos de gran seriedad y de gran profundidad; resaltándose elementos como a) un plan nacional de prevención y combate a la evasión, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales; b) nuevos aportes para el fortalecimiento de la administración tributaria; c) reformas a los impuestos sobre las ventas y sobre la renta; d) un plan de formalización de empresas y de lucha contra el trabajo precario; e) revisión integral de las exoneraciones a sectores económicos privilegiados.

Si el nuevo Presidente quiere asumir, estratégicamente hablando, tan gigantesco desafío a favor de las grandes mayorías populares, deberá buscar el apoyo, no menos estratégico, de los sectores sociales, de los movimientos sociales, de los sindicatos principales, de sectores cívico-patrióticos y de la intelectualidad progresista; para, a la vez, hacerle frente a la arremetida que deberá enfrentar de parte de los poderosos gremios empresariales y cierta prensa de corte oligárquico-neoliberal que hará una fuerte campaña de manipulación acerca de los “nuevos” impuestos.

Estamos llegando a momentos sumamente claves de la historia patria. No podemos seguir, como sociedad, con ese “nadadito de perro”, con ese “pateando la bola para adelante”, que más penurias habrá de generar para quienes las vienen viviendo intensamente de por sí: el pueblo trabajador en sus distintas manifestaciones, por ejemplo: el asalariado, el no asalariado; el de la micro, la pequeña y mediana empresa; el agricultor que no es latifundista; las personas desempleadas, la juventud “ni-ni” (ni estudia, ni trabaja), que está en la desesperanza y en la vulnerabilidad. ¿Hay algún candidato presidencial que, al menos, quisiera escuchar de viva voz este serio planteamiento “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”. Ahí se las dejamos porque, hoy es más real que nunca antes: “sin cacao no hay chocolate”.