Agitación en la Policía Penitenciaria va en aumento

Este lunes 13 de enero un gran contingente de policías penitenciarios bloquearon la vía que pasa frente a la cárcel de San Sebastián en San José.

Provenientes de La Reforma, del centro penal del Virilla y de la misma San Sebas, cientos de policías que cuidan las cárceles se manifestaron, haciendo una demostración de fuerza para solicitar se cumpla con la equidad salarial y pidiendo que el Ministerio de Justicia acepte negociar en sede administrativa el pago de la disponibilidad para no tener que ir a luchar más de 700 casos en los juzgados.

Representantes de la Fuerza Pública también se hicieron presentes para darles su apoyo y reconocimiento al liderazgo de la policía penitenciaria, respecto a las reivindicaciones de los gremios policiales.

ANEP se siente sumamente complacida y satisfecha de la gran acogida a su planteamiento del 6 de enero de 2014, para una movilización general de la Policía Penitenciaria no más empezando este año; planteamiento que la gran vitalidad y disposición de lucha de los compañeros y de las compañeras de San Sebastián, por propia decisión autónoma decidieran que tal movilización, al menos en su caso, debía adelantarse para este lunes 13, como sucedió. Fue el jueves 9 de enero, cuando al compañero Presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, se le planteó el adelanto de fecha. Así se acató.

ANEP se siente sumamente complacida de que el gran número de manifestantes que estaban bloqueando la calle frente a la cárcel de San Sebastián, decidieran, prácticamente, en forma unánime, una segunda y más grande manifestación para la próxima semana. Así, la propuesta de ANEP, formulada en tono de consigna recibió un caluroso respaldo: “EL 20 EN LA 27”.

Así es: Quienes laboramos en San Sebastián, en El Buen Pastor, en el Juvenil Zurquì y en los centros Reforma, San Rafael, Adulto Mayor y Gerardo Rodríguez (y otros que puedan desplazarse), nos concentraremos en gran unidad para desfilar hacia la ruta nacional 27, en las horas de la mañana del próximo lunes 20. Por eso el lema “¡Se oye, se siente! ¡EL 20 EN LA 27!, propuesto por la ANEP sonó, sonó, sonó, hasta convertirse en un gran acuerdo de unidad en la lucha para el próximo lunes 20.

Concursos de puestos vacantes son una farsa

Después de leer los requisitos y condiciones que se solicitan para llenar los puestos que se encuentran vacantes, no nos queda más que hacer un llamado a no participar, no nos podemos hacer cómplices de esa farsa, donde primero ponen a la persona y después le acomodan el puesto y los requisitos. Ya estamos cansados de esos procesos amañados y no podemos seguir avalando ese tipo de cosas.

La idea del Reglamento y de la Comisión de Carrera Administrativa era erradicar esas prácticas, pero nos hemos dado cuenta que estamos nadando contra corriente, la única forma de cambiar el mecanismo de selección de personal en esta institución es cambiando todo el sistema que opera en desde hace muchos años y que ha permitido que se nombre a familiares y amigos sin determinar si tales contrataciones corresponden o no a las necesidades institucionales.

Nos parece que hay que dar un golpe de timón, los dirigentes sindicales deberíamos abandonar la Comisión de Carrera Administrativa hasta que no se garantice la transparencia en los concursos y contrataciones.

No puede ser posible que en esta institución se jubile una persona e inmediatamente la contraten por un salario muy superior al que tenía anteriormente. No es que estemos en contra del trabajador, lo que estamos es en contra de estas cosas, porque se hacen para favorecer los intereses de algunas personas que se aprovechan de su jerarquía en beneficio propio.

En varias oportunidades le hemos dicho a la Presidencia Ejecutiva que de acuerdo a la Ley el único que tiene derecho a un vehículo de uso discrecional es el Presidente ejecutivo, pero en esta institución hay tres vehículos con placa particular, los cuales se usan como si fueran discrecionales, incluso algunos de ellos no permanecen en las instalaciones de la institución durante la noche porque se permite que el chofer se lo lleve para su domicilio, cuando esa persona ni siquiera es funcionario de planilla de la institución.

Como lo hemos dicho siempre los políticos se van y los trabajadores se quedan, si no denunciamos estas cosas, somos los funcionarios los que vamos a tener que asumir las consecuencias cuando nos llamen a cuentas.

Compañeros tenemos que exigir un cambio, un cambio en la forma de escoger a los nuevos funcionarios, un cambio en los procedimientos para comprar fincas, un cambio en la forma de tratar a los usuarios, un cambio en la forma de escoger a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva, un cambio en la forma en que se manejan los asuntos en esta institución.

Todos criticamos la corrupción pero nos hacemos los majes cuando la tenemos ante nuestros ojos, tenemos que hacer algo para evitar ese flagelo que está carcomiendo a nuestra sociedad y la mejor forma de hacerlo es comenzar por nuestra casa.

Walter Quesada Fernández
Presidente Seccional
ANEP-INDER

ANEP si está participando de la negociación salarial

Honorable señor periodista,
Don Roberto Portuguez Huertas
LA PRENSA LIBRE
Vía electrónica: rportuguez@prensalibre.co.cr

Respetuosos saludos. Como siempre, es para nosotros en ANEP sumamente importante la lectura cotidiana de La Prensa Libre y, particularmente las notas periodísticas de enorme valor que usted escribe. En tal sentido, nos queremos referir a la que apareció este viernes 10 de enero de 2014, titulada “Posponen negociación de aumento salarial”, con el pretítulo “Para el sector público”; nota en cuyo párrafo final leemos, textualmente: “La gran ausente fue la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), pues su secretario general, Albino Vargas, ya había anunciado que no negociaría hasta tener una respuesta sobre el desenganche de salarios de los médicos en el país”. Esta parte de su nota, don Roberto, con respeto, no es cierta. En tal sentido, don Roberto, necesitamos que usted nos haga el inmenso honor de leer lo siguiente:

PRIMERO: La ANEP tiene un escaño en el seno de lo que se denomina como “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público” y/o “Comisión de Política Salarial para el Sector Público”. Solamente que nuestro papel y presencia para los efectos apuntados, lo hacemos bajo la cobertura de la CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP), que es un espacio de articulación gremial-sindical y social, legalmente constituido e inscrito como corresponde; mismo que se estableció (entre otras intenciones), para interlocutar ante instancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las dos personas que nos representan en la indicada comisión están ligadas, estructural y directamente a la ANEP: Nuestro representante titular en esa comisión, es el Lic. Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP; junto a don Rafael Ángel Mora Solano, integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP. A su vez, ambos son integrantes directivos de la CSJMP, siendo el segundo de ellos, además, su Director Ejecutivo. Nosotros entendemos que una persona profesional como usted que debe abordar, como periodista, tantos temas, difícilmente pueda reparar en este “mar de siglas” en que está “estructurado” el sindicalismo costarricense; siglas que, por cierto, en algunos casos no representan nada. Lo cierto del asunto es que la ANEP sí estuvo en la sesión “negociadora” del pasado jueves 9 de enero y estará en la del 20 de enero y hasta que se resuelva el asunto o no se resuelva el punto.

SEGUNDO: Como usted bien sabe (y lo sabe el país), fue la ANEP, con el total respaldo del conjunto de entidades conformantes activas de la CSJMP, la que rompió un tabú en el seno del “mundillo” sindical costarricense: Nos atrevimos a plantear la imperiosa necesidad de una “pequeña” modificación legal a la Ley No. 6836, Ley General de Incentivos Médicos, a fin de que las fijaciones salariales generales, semestrales, parciales y gremiales que se han venido dando en una serie de puestos de la estructura salarial del Poder Ejecutivo central, dejen de tener impacto en el salario base del personal médico del país, cada vez que tales fijaciones se dan. A la vez, planteamos ante la opinión pública nacional la necesidad de tal modificación legal para quitarle a los gobiernos, la famosa “excusa” de que tales puestos del Poder Ejecutivo central no pueden ser debidamente remunerados precisamente por ese “enganche” con la ley salarial médica; lo que hace, a grosso modo, que si un policía (de la cárcel, de la Fuerza Pública, de Migración, de Tránsito), que si una señora cocinera de CEN-CINAI, que una oficinista o una secretaria o un chofer o un técnico del Gobierno Central, lograran mil pesos de aumento en sus correspondientes salarios base, los salarios base de los médicos se aumentan en casi 4 mil colones, sin que ellos, como gremio de la salud, muevan un solo dedo. Con nuestra propuesta para el “desenganche”, todo el personal médico del país no pierde un solo centavo de sus actuales salarios ni se su propio sistema salarial. Solamente que de ahora en adelante tendrían que luchar por sus propios reajustes salariales, sin estar atenidos a lo que logren otros con su sacrificio de lucha por una remuneración justa, teniendo que salir a la calle, en algunos casos, sin que médico alguno les acompañe.

TERCERO: Lo que estuvimos apuntando antes de que se diera la apertura de la actual proceso de “negociación” salarial, mismo que se abrió por la insistencia sistemática de la ANEP (y nada más de la ANEP), durante los días de cambio de año; es que insistiríamos en nuestro planteamiento del desenganche salarial médico, explicado en el párrafo anterior. En tal sentido, enviamos una carta (aquí adjunta aunque ya había sido enviada, en su momento y días atrás, a la prensa), a los señores ministros de Trabajo y de Hacienda, al respecto, lanzándoles un respetuoso emplazamiento en el sentido de que si, para esta ocasión y una vez más, nos saldrían con el “estribillo” gastado de “no poder” aumentarle lo justo a puestos como los mencionados por este tema de la ley salarial médica estando de por medio. Dijimos, en consecuencia, que plantearíamos el asunto ante la mesa de diálogo y en contra del criterio de los otros respetables sindicatos que se sientan en la misma cada vez que se dan estos procesos. Porque, efectivamente, como usted bien lo sabe, la tesis de la ANEP sobre el “desenganche” generó una rabiosa reacción de ciertos sindicatos de la Caja, especialmente los del gremio médico, sumidos todos en posiciones ultra-corporativistas.

CUARTO: Muy rápidamente, los señores ministros de Trabajo y de Hacienda respondieron nuestro emplazamiento, formulado desde la ANEP aunque a nombre, bajo la titularidad de la CSMJP. Y, ¡oh, sorpresa!, ¡por primera vez!, un Gobierno de la República, en un documento oficial, reconoce el grave problema que representa para las personas trabajadoras asalariadas cuyos puestos pertenecen a la estructura del Poder Ejecutivo central, el que sus salarios base correspondientes estén ligados a la ley salarial médica; situación de gravedad más marcada, precisamente, para los puestos de las bases salariales más bajas como los de las policías y los de las señoras cocineras y técnicas de los CEN-CINAI. La respuesta que ambos ministros nos dan, es un documento histórico, de antología y lo compartimos con usted y otros colegas suyos, adjunto a esta comunicación electrónica.

QUINTO: Lo que sigue ahora es determinar que hará el actual Gobierno, al reconocer oficialmente el problema, para impulsar la materialización jurídico-legal y operativa del “desenganche”. Nosotros, la ANEP y la CSJMP, tenemos la respuesta pero de ello hablaremos en los próximos días.

SEXTO: Dada la información periodística por usted consignada, debemos también hacer referencia al Editorial de La Prensa Libre de hoy sábado 11 de enero de 2014, titulado “Aumento salarial”; conceptos sumamente atinados. Sin embargo, la parte de tal editorial que dice: “…, con la posibilidad de que Albino Vargas, el líder de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), no participe, pues informó que no negociará hasta tener una respuesta sobre el desenganche de salarios de los médicos en el país” (subrayado nuestro, de nuevo), no es, tampoco, exacta, por las razones indicadas en el párrafo primero de esta aclaración. Como dijimos la ANEP sí está participando, en las condiciones explicadas, en el actual proceso de “negociación” sobre el reajuste salarial para las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, correspondiente al primer semestre del 2014.

SÉTIMO: Por último, en este tema del déficit fiscal, la ANEP lo ha abordado por bastante tiempo. Nuestra última producción al respecto, en conjunto con otras importantes agrupaciones colegas, se denomina “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”; acerca de lo cual, con el mayor respeto, le formulo una vehemente exhortación para que se puede considerar como tema periodístico de La Prensa Libre, dado su alto prestigio y credibilidad en el seno (entre otras), de la comunidad política y económica del país que tiene que tomar decisiones futuras en torno a tan delicado tema; tema que como queda constando por el sistemático abordaje de la ANEP, no le puede ser ajeno a las organizaciones que, responsablemente, dicen representar intereses de la clase trabajadora.

Estimado don Roberto: Nuevamente, nuestro mayor respeto y admiración y sumamente agradecido desde ya, por considerar estos comentarios.

Su servidor,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP.

Señores candidatos: sin cacao no hay chocolate

Estamos ya a pocos días de las elecciones para que este país tenga una nueva persona en la Presidencia de la República (aunque ya son bastantes las opiniones acerca de una eventual segunda ronda).

Es una “belleza” la cantidad de ofrecimientos que se le están formulando a la ciudadanía, especialmente la que compone el pueblo trabajador que, por demás, representa la gran mayoría del electorado empadronado y habilitado para votar. La desbocada carrera por agarrar votos multiplica la oferta propia de la “mercadotecnia” electoral.

Abundan los ofrecimientos de corte social, progresista, reformista, socialista. En el marco de nuestra realidad nacional actual, eso no está nada mal, considerando que Costa Rica es el país de la América Latina donde la desigualdad ha crecido más.

Además, tenemos alto desempleo, tenemos graves violaciones a la legislación laboral, trabajo “esclavo”, aumento en la informalidad, precariedad salarial y un acelerado proceso de concentración de la riqueza.

Con este escenario y desde una perspectiva de los movimientos sociales como lo es la nuestra, tales ofrecimientos llaman la atención, se les ve en la línea correcta y si cogen rango de política pública con determinado triunfo electoral, pues uno debe alegrarse por las posibilidades de justicia social que se abren para ese gran segmento del pueblo que, poco a poco, va siendo relegado, excluido, “descartado” de los beneficios del crecimiento económico.

Sin embargo, no encontramos una mejor expresión popular que aquella que nos dice de que “sin cacao no hay chocolate”, a la hora del desafío de la materialización concreta de alguno o de varios de ese tipo de ofrecimientos “sociales”.

Efectivamente, cualquiera de esas propuestas electorales de corte social, reformista, progresista y/o socialista ocupará de plata, dinero contante y sonante, más recursos en las arcas públicas. Pero eso no está a la mano en estos momentos, habida cuenta del problema número uno que enfrentará la persona que llegue a la Presidencia: el déficit fiscal. ¡Sí!, el gigantesco déficit fiscal que, gústenos o no, es una grave amenaza para la institucionalidad republicana y para la propia paz social.

Pero propiciar la resolución de este gravísimo problema pasa por entrarle durísimo a impulsar una Transformación Tributaria Estructural. Aquí sí se comprobaría de qué madera estaría forjado el nuevo Presidente de la República como para enfrentarse, con valentía y claridad, a los poderosísimos intereses del gran capital, especialmente el de signo financiero-bancario que tiene fuertes vínculos transnacionales; a fin de generar modificaciones legales y ejecutivas para que los nuevos recursos frescos que se ocuparían para una nueva política de inclusión social, lleguen a las arcas públicas.

Es por ello que un relevante grupo de organizaciones sindicales y sociales pone en el tapete su propuesta “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo de la reactivación del empleo”; proceso sostenido y responsable de muchos meses de gestación concretado con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert de la República Federal de Alemania.

Este extraordinario aporte social, lamentablemente muy invisibilizado a nivel de opinión pública, da en el clavo apuntando los cinco elementos centrales del problema del déficit fiscal que nos amenaza a todos como sociedad: 1) Una baja carga tributaria. 2) Una estructura tributaria que incluso los más optimistas consideran “moderadamente regresiva”. 3) Una evasión fiscal de cuantiosas proporciones, fiscal y éticamente inaceptable. 4) Una administración tributaria con algunos avances pero que todavía mantiene importantes debilidades (sistemas informáticos, falta de personal suficientemente calificado, estructura organizativa). 5) Una legislación tributaria sumamente generosa con ciertos sectores económicos (exoneraciones, escudos fiscales, facilidades para la elusión, tasas preferenciales) y con debilidades en el régimen sancionatorio y en la prevención de la evasión.

Si el nuevo Presidente quiere, en verdad, realizar una gestión gubernativa de trascendencia deberá tener las agallas suficientes para abordar estos cinco graves aspectos que han provocado el problema número uno del país: el crecimiento de la desigualdad. Enfrentar éste es, repetimos, entrarle duro al asunto del déficit fiscal que, a la vez, es entrarle duro a transformar la actual estructura tributaria nacional.

Si el ganador de las próximas elecciones no acomete esta histórica y estratégica tarea, entonces, saldrá de la Presidencia de la República, tanto como o más desacreditado que la señora Chinchilla.

Esta propuesta social “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, contiene una serie de planteamientos propositivos de gran seriedad y de gran profundidad; resaltándose elementos como a) un plan nacional de prevención y combate a la evasión, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales; b) nuevos aportes para el fortalecimiento de la administración tributaria; c) reformas a los impuestos sobre las ventas y sobre la renta; d) un plan de formalización de empresas y de lucha contra el trabajo precario; e) revisión integral de las exoneraciones a sectores económicos privilegiados.

Si el nuevo Presidente quiere asumir, estratégicamente hablando, tan gigantesco desafío a favor de las grandes mayorías populares, deberá buscar el apoyo, no menos estratégico, de los sectores sociales, de los movimientos sociales, de los sindicatos principales, de sectores cívico-patrióticos y de la intelectualidad progresista; para, a la vez, hacerle frente a la arremetida que deberá enfrentar de parte de los poderosos gremios empresariales y cierta prensa de corte oligárquico-neoliberal que hará una fuerte campaña de manipulación acerca de los “nuevos” impuestos.

Estamos llegando a momentos sumamente claves de la historia patria. No podemos seguir, como sociedad, con ese “nadadito de perro”, con ese “pateando la bola para adelante”, que más penurias habrá de generar para quienes las vienen viviendo intensamente de por sí: el pueblo trabajador en sus distintas manifestaciones, por ejemplo: el asalariado, el no asalariado; el de la micro, la pequeña y mediana empresa; el agricultor que no es latifundista; las personas desempleadas, la juventud “ni-ni” (ni estudia, ni trabaja), que está en la desesperanza y en la vulnerabilidad. ¿Hay algún candidato presidencial que, al menos, quisiera escuchar de viva voz este serio planteamiento “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”. Ahí se las dejamos porque, hoy es más real que nunca antes: “sin cacao no hay chocolate”.

2014: De elecciones y quehaceres

Inicia un año de mucha expectativa. Un año electoral en el cual nosotros y nosotras como jóvenes trabajadores y trabajadoras debemos ser participantes y no espectadores, ni espectadoras. Ojo, este no es un texto panfletario, más bien es una invitación hacia un papel informado, como llaman ahora un voto informado, para poder ejercer un derecho al sufragio que sigue siendo pieza clave en la democracia costarricense. Trece candidatos se disputan la silla presidencial y como anepistas es nuestro deber conocer en detalle quienes son, como ha sido su gestión pública, su trayectoria política y/o empresarial, quienes lo acompañan y sobretodo cual es el programa político que proponen.

Nos corresponde, en estas semanas previas al domingo 2 de febrero, aprovechar todos los espacios virtuales, impresos y presenciales como insumos para forjarnos una opinión respaldada por un conocimiento adquirido. Como jóvenes, no podemos reproducir discursos de otrora, ni mucho menos debemos permitir que viejas escuelas nos digan que línea seguir. Por lo cual, y a propósito del primer debate televisado (Primera Parte con 6 candidatos) llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el pasado domingo 5 de enero, me permito recomendar algunos puntos a considerar en estos quehaceres que tenemos como jóvenes:

1. Ni chicha, ni limonada. Simplemente no se vale adoptar una postura de confort. No se vale decir: “por ninguno voto”, “yo no voto”, “todos son iguales”. El ejercicio del sufragio implica un derecho constitucional y un deber cívico con este país, el cual debemos proteger a ultranza.

2. Partidos atrapalotodos. Se debe estar alerta de los partidos escoba, quienes para capitalizar votos estén maquillando su verdadera ideología [i]. No se sataniza esta estrategia política, solamente se insta a abrir los ojos en los temas de fondo que pueden marcar cambios drásticos en el modelo del país. Debemos prestar atención a quienes no son consecuentes. Decía el gran José Martí que la mejor forma de decir, es hacer.

3. Temas de fondo. No eclipsarse frente a temas morales (uniones entre personas del mismo sexo, la interrupción del embarazo, entre otros), que si bien son muy relevantes, desvían la atención de los que como clase trabajadora y como costarricenses respetuosos y respetuosas de la Costa Rica inclusiva y solidaria nos deben convocar a buscar planteamientos. Debemos inquirir y sondear sobre: la evasión de impuestos, los casos de corrupción en la obra y la gestión pública, la impunidad, los niveles de pobreza, la inequidad, la ley de salario único, los sistemas de pensiones, el desmantelamiento del Estado. Que sepamos que opinan los candidatos sobre estos temas y cómo los abordarán.

4. ANEP libre de calcomanías. Respetemos que como organización sindical hemos decidido dar espacio a un crisol de colores políticos. Nuestra base gremial no debe ser contaminada por favores político-electorales, ni debemos involucrar nuestra intención de voto con los principios que rigen nuestro ideario. Como anepistas tenemos una agenda y una propuesta de país que no se supedita a quien llegue a Zapote. Más bien, debemos buscar en los candidatos y sus programas lo que hemos planteado por años. Hagamos que nos busquen no como un votante x, sino para pedirnos nuestra opinión, para saber que piensa ANEP.

5. Ojo al Cristo. Un sabio dicho de mi abuela. En esta era de redes sociales, de teléfonos inteligentes y sabotajes informáticos, es nuestra responsabilidad no ser electores y electoras de “me gusta” o comentarios viscerales. No hagamos de esta elección un evento posmoderno, recuperemos su sentido táctil. Asistamos a los eventos que nos sea posible, leamos y construyamos antes de repostear un post de un compa de un amigo. Seamos parte de una difusión sana de datos. No reproduzcamos sin conocimiento de causa y compartamos inteligentemente. Me robo unas palabras de Fidel Castro: «El problema no está en las mentiras que los medios dominantes dicen. Eso no lo podemos impedir. Lo que debemos pensar hoy es cómo decimos y difundimos nosotros la verdad.»[ii]. Así que repliquemos cuanto más sepamos sobre un candidato de manera constructiva, para con ello crear nuestros propios espacios.

6. Más allá de las elecciones. Gane o no el candidato de nuestra elección, vayamos o no a segunda ronda, se de una coalición o no, el quehacer continúa luego del 2 de febrero. Las tareas son infinitas y el tiempo es apremiante. Nos corresponde en los meses venideros seguir las promesas de campaña y como jóvenes sindicalizados y sindicalizadas realizar auditoria de los nuevos gobernantes, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.

En suma, el voto informado lo hacemos cada uno de nosotros y nosotras, con nuestras acciones cotidianas y con los quehaceres que inician este enero 2014. Quehaceres que se cristalizarán con ir a votar responsablemente este primer domingo de febrero.

Página sugerida
Tribunal Supremo de Elecciones – Dónde voto y candidatos
http://www.tse.go.cr/elecciones.htm

[i] Enciclopedia Libre Wikipedia. “Partidos atrapalotodo” http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_atrapalotodo Accesado el 4 de enero de 2014

[ii] Ramonet, Ignacio, “Dos horas más con Fidel”, Rebelión, 4 de enero de 2014 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179004

2014: Recuperemos el legado de “don Juanito”

La actual (y ya casi saliente) Asamblea Legislativa promulgó el pasado 12 de setiembre de 2013, la Ley de la República No. 9165, declarando que este año 2014, recién iniciado, se nombre como el del “Bicentenario del Libertador Juan Rafael Mora Porras”; costarricense más que ilustre y a quien se cataloga como el mejor presidente de la República de toda la historia nacional.

También, y gracias a varios distinguidos compatriotas de hoy en día, estudiosos de su obra y de su legado, se le denomina como el “Héroe Olvidado”; específicamente por parte del prestigioso historiador don Raúl Arias Sánchez.

Don Juan Rafael Mora Porras, popular y cariñosamente conocido como “don Juanito”, nació un 8 de febrero de 1814 y murió fusilado un 30 de setiembre de 1860, cuando combatió a su regreso al país, luego de un exilio involuntario en El Salvador, pretendiendo recuperar la Presidencia de la República que la traición le había arrebatado.

Cuando estaba ya en su tercer mandato para el cual había sido electo (al igual que en los dos períodos inmediatamente precedentes, 1849 – 1853 y 1853 – 1859), le habían dado un golpe de Estado.

Le correspondió a don Juanito liderar el episodio más gigante de toda la historia republicana de Costa Rica: la defensa de la soberanía nacional, a poquísimos años de haberse dado la independencia política de España por parte de los cinco países “originales” de la América Central (1821); así como también a menos de una década de la proclamación de Costa Rica como una república en el amplio sentido del término (1848). Es más, fue “don Juanito” el segundo presidente de nuestro país, pues el primero fue, precisamente, el que hizo tal proclamación, el Dr. José María Castro Madriz.

La historia patria colocó a “don Juanito”, frente a frente, a la primera ola expansiva, con carácter geopolítico, de lo que luego sería conceptuado como el imperialismo estadounidense. Los estados esclavistas del sur de los Estados Unidos de América se proyectaron por estas nuestras tierras y enviaron a sus mercenarios con la misión de anexar a las jóvenes repúblicas centroamericanas a esa ya naciente potencia regional y global.

Se enfrentó “don Juanito” a las huestes imperiales y anexionistas jefeadas por lo que desde la escuela se nos dice, el “filibustero” William Walker; dado que a la historia oficial del país nunca le interesó en denunciar ante las generaciones futuras luego de tal gesta patriótica, que se asociara a Walker y a sus filibusteros, con la política oficial gringa que ya enseñanza sus tentáculos expansionistas de corte imperial.

A nosotros, las generaciones actuales y anteriores se nos “educó” para que viéramos a los gringos que derrotó “don Juanito” y el ejército tico que él estableció, como “aventureros”, “facinerosos”, hombres sin Dios ni ley, “pandilleros” y, genéricamente, como los “filibusteros” (“piratas”).

La envergadura de esta verdadera epopeya independentista de nuestra Patria, apenas empieza a dimensionarse y el papel de don Juan Rafael Mora Porras, apenas comienza a ser valorado en su majestad histórica y trascendencia.

Tuvo que transcurrir un siglo para que el parlamento costarricense, en 1957 (Acta 181), le declarara como “Defensor de la Libertad de Costa Rica” (junto a otros eximios ciudadanos que junto a él estuvieron al frente de ese gran desafío: don José María Cañas y don José Joaquín Mora su hermano). Y fue hasta hace poco, al cumplirse 150 años de su infame ejecución política vía fusilamiento, cuando la Asamblea Legislativa le declaró “Libertador de la Patria y Héroe Nacional” (Acuerdo Legislativa No. 6445-10-11, de 16 de setiembre de 2010). Ahora se declara este 2014, como “Bicentenario del Libertador Juan Rafael Mora Porras”. ¡Enhorabuena!

Ya hemos de ampliar sobre la importancia trascendental de esta figura histórica nacional, cuyo pensamiento y acción, redimensionados al hoy, nos debe servir para enfrentar el devenir futuro, mediato e inmediato, de la Costa Rica actual: la de la desigualdad y la del entreguismo.

Primera huelga del año en Santa Bárbara

Con poco más del 90% de su personal sumado al movimiento, desde las 6 de la mañana de hoy martes 7 de enero de 2014, se está desarrollando un paro de labores en la Municipalidad de Santa Bárbara.

El ambiente laboral se ha deteriorado en grado sumo. El deterioro del equipo y maquinaria, la gran incapacidad para gestionar la compra de un repuesto por sencillo que sea y la carencia de un liderazgo claro en la conducción institucional, amén de las pugnas jerárquico-políticas, tienen al personal de la Municipalidad de Santa Bárbara sumido en la más grande frustración y enojo porque quieren trabajar pero no se les está dando las debidas condiciones, ni objetivas ni subjetivas, para servir bien a la comunidad. Para empeorar la situación, se han dado nombramientos de personal totalmente irregulares que podrían generar mayor deterioro institucional.

Además, tampoco se expresa una real voluntad política de adecuar la dinámica de las relaciones obrero-patronales a la legislación laboral vigente, tal como la firma de la Convención Colectiva de Trabajo y la instauración del sistema de Salario Escolar. El liderazgo sindical de la ANEP en la Municipalidad de Santa Bárbara sufre de cierta persecución precisamente por demandar en la institución la plena vigencia del Código de Trabajo; algo que aparte de paradójico, es inaceptable.

Con el paro de labores se pretende llamar la atención de la comunidad barbareña para que ésta repare en la situación caótica en que está sumida su municipalidad, a fin de que asuma la exigencia de una rendición de cuentas que, de verdad, le ponga coto al desmadre en que la tienen la incapacidad y las rencillas políticas.

La situación podría deteriorarse en las próximas horas y el conflicto se podría prolongar más allá de este día de paro.

Carta urgente a Ministros de Hacienda y Trabajo sobre el ajuste salarial

Licenciado
Olman Segura Bonilla
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

Licenciado
Edgar Ayales Esna
Ministro de Hacienda

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte en este año que recién comienza y que el mismo este lleno de cosas buenas para su vida y para la importante labor que desempeñan al frente de las instituciones públicas que dirigen.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Central Social Juanito Mora Porras han venido planteando a lo largo de los procesos de negociación salarial para el sector público que se han desarrollado durante el presente gobierno, la urgente necesidad de que se realice un aumento en las bases salariales de los trabajadores y trabajadoras de este sector que tienen los salarios más bajos, y es así que en diferentes planteamientos y comunicados públicos hemos dicho lo siguiente:

ANEP insistirá ante una eventual discusión sobre el monto del reajuste salarial del sector Público valedero para el primer semestre del año que acaba de comenzar en esos segmentos laborales de la Administración Pública central (Poder Ejecutivo) que están “ganando mucho menos”: 1) Las señoras de los CEN-CINAI; 2) los vigilantes de las escuelas y los colegios del MEP; 3) los señores que cuidan los parques nacionales; 4) el personal oficinista, técnico y de servicios; 4) las policías (Tránsito, Penitenciaria, Fuerza Pública (los rasos) y Migración). Definitivamente, en el caso de la ANEP somos claros y contundentes: queremos hablar, dialogar, construir, sobre la realidad salarial de los segmentos laborales más empobrecidos de la Administración Pública como los que han sido aquí mencionados. Nada más.”

Pero cuando hemos llegado a la mesa de negociación salarial con el Gobierno, vuestras dignas autoridades nos han dicho que se les hace imposible cumplir nuestras peticiones pues cualquier aumento o reajuste salarial a las bases salariales más bajas, significaría un incremento automático y de un alto costo para el erario público en los salarios de la clase médica costarricense. Ante esta respuesta también hemos reaccionado y hemos dicho públicamente lo siguiente:

“Hemos estado afirmando, abiertamente, que la estructura salarial futura del personal médico nacional no debe estar vinculada (o “enganchada” como es el término que nos gusta emplear), a la estructura de salarios base de importantes puestos del Gobierno Central (Poder Ejecutivo, básicamente ministerios); dado que cambios en éstos (tanto a nivel general, como en lo particular-gremial), de manera automática repercuten en los salarios base del personal médico nacional, mediante una fórmula matemática que eleva sus salarios, semestral o circunstancialmente, de manera sensible, hasta en cuatro veces más, en no pocos casos médicos.

Hemos planteado que a lo largo de los años y en los sucesivos gobiernos, incluido el actual, las fijaciones salariales en el Gobierno Central no pueden ser de mayor dimensión, pues la excusa perfecta es que las cifras de aumento que proponen los sindicatos no pueden aceptarse porque “afectan” (según se nos ha venido indicando sistemáticamente a lo largo del tiempo), el salario del personal médico, en sumas que ni las finanzas centrales del Estado ni las de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), podrían soportar dada la existencia de esa famosa fórmula matemática que tiene rango jurídico: el artículo 12 (y su correspondiente reglamentación) de la ley salarial médica.”

Sobre este tema las discusiones han sido verbales, y ni siquiera en las actas o minutas de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público ha quedado plasmado el tema oficialmente, es decir, no ha dicho el gobierno y/o sus representantes en el seno de la comisión en forma contundente y por escrito, que efectivamente la Ley de Incentivos Médicos, Ley No. 6836, está definitivamente “enganchada” con los demás salarios de los trabajadores del Sector Público, de modo tal que cada vez que se genere un aumento o reajuste aún a los salarios más bajos del sector público, automáticamente los médicos reciben un incremento salarial, que en muchos casos es el doble o el triple del que recibe la clase laboral más baja que se quiso aumentar.

Es por lo anterior y sin pecar de reiterativos en nuestro planteamiento, que solicitamos a vuestras dignas autoridades, aclararnos en forma escrita, clara y a la brevedad posible (dado lo cercano de la fijación salarial del primer semestre 2014), si la situación aquí planteada es correcta; y si, nuevamente, cuando en este proceso de negociación planteemos un aumento a las clases salariales más bajas, ustedes nos contestaran que no es posible debido a lo ya por nosotros expuesto en este documento.

Esperando vuestra amable respuesta con la urgencia aquí explicitada,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Por un voto informado, crítico y útil

Considerando la configuración que muestra el escenario electoral nacional de cara a los comicios del próximo 2 de febrero, de probable polarización y eventual segunda ronda; desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante de la Central Social Juanito Mora Porras, realizaremos una promoción hacia el voto informado, crítico y útil desde nuestra perspectiva sociolaboral.

Aspiramos a que las personas trabajadoras, asalariadas y no asalariadas, potenciales votantes (que representan la abrumadora mayoría del padrón electoral), y con base en el “menú electoral” puesto en la mesa, consideren cuáles planteamientos de las diversas candidaturas presidenciales podrían abrir paso a una mejor calidad de vida digna para la clase trabajadora de este país.

Las puntualizaciones siguientes, calificadas por ANEP como los retos laborales más notables y como los principales desafíos para la movilización social en el ámbito de la reivindicación obrera, de cara a este nuevo año 2014 y de cara a un nuevo gobierno, parten de las siguientes consideraciones.

PRIMERO: Costa Rica es hoy en día la sociedad latinoamericana de mayor crecimiento de la desigualdad; y la Administración Chinchilla Miranda se va del Gobierno dejándonos la más impresionante desigualdad del último cuarto de siglo.

SEGUNDO: Las cifras del desempleo llevan a diversas entidades prestigiosas a afirmar que ya estamos en un 18% y aunque las cifras oficiales lo sitúan en menos (cerca del 10%), en ambos casos la situación es dramática para el pueblo trabajador; abriendo más camino a la precarización laboral y salarial ya en desarrollo, dándose un mayor crecimiento de la informalidad (el “cuentapropismo”).

TERCERO: No llega al 40% el porcentaje de la clase trabajadora que tiene la suerte de tener empleo formal y salario fijo con todos sus derechos laborales fundamentales plenamente respetados. Por el contrario, a 6 de cada 10 de estas personas trabajadoras asalariadas se le violenta, al menos, uno de esos derechos. Además, una cifra superior a las 100 mil personas trabajadoras sufren de ausencia total de respeto a esos derechos laborales básicos y mínimos, lo cual nos lleva a afirmar que en el país se dan formas de trabajo “esclavo”.

CUARTO: Casi dos terceras partes de la clase trabajadora que sí tiene empleo formal y salario fijo no supera la barrera de los 300 mil colones de salario mensual. Ello nos habla de una precariedad salarial creciente, centrada en el deterioro del poder de compra del salario mínimo, amén de su violación bastante extendida en el sector privado.

QUINTO: Finalmente, lo que podemos denominar como el Salario Social también está en caída libre potenciando el crecimiento de la desigualdad, debido a dos factores, especialmente:

A) Deterioro creciente de varios servicios públicos de naturaleza social que deben estar destinados a atajar y revertir el incremento de la exclusión; servicios que continúan precarizándose a raíz del grave problema del déficit fiscal potenciado éste por su intrínseca y perversa naturaleza regresiva, por el elevado porcentaje de exenciones y de exoneraciones, así como por la colosal evasión y elusión tributarias.

B) Los tres conflictos de interés que carcomen la institucionalidad de la Caja están golpeando duramente ese salario social. Estos conflictos son: la politiquería en su seno, la especie de secuestro gremial-corporativo que sufre, y, la visión pública de la salud contra el negocio privado con la misma.

Así las cosas, con este panorama sociolaboral en detrimento de la calidad de vida digna de las grandes mayorías trabajadoras, ANEP llama la atención sobre estos trascendentales retos y desafíos laborales para este nuevo año y para el próximo gobierno y parlamento. Veamos:

1 – SALARIOSNIMOS. En el ámbito de la clase trabajadora asalariada del sector Privado se impone, por una parte, una revisión estructural del actual nivel de los salarios mínimos, de modo tal que una fijación extraordinaria lo eleve para incrementar su poder adquisitivo y a partir de ese nuevo nivel, se sigan dando las fijaciones salariales semestrales rutinarias por costo de vida. Paralelamente, será preciso establecer la obligatoriedad patronal de aplicar y respetar los ajustes salariales semestrales por costo de vida en aquellos salarios que superen el mínimo de ley.

2 – “DESENGANCHE” SALARIAL. Se requiere aprobación legislativa para “independizar” la estructura salarial de varios de los puestos de menor calificación del sistema de Servicio Civil, con respecto a la ley salarial del personal médico del país. Este planteamiento de la ANEP, conocido como el “desenganche”, permitiría a puestos policiales, secretariales, de oficina, de cocina, operativos, de mantenimiento, administración y hasta técnicos, obtener una mejor calificación salarial. El proyecto de ley al efecto ya está en la corriente legislativa pero el presente Gobierno tiene miedo de enfrentar al gremio médico nacional. Adicionalmente y entre otras razones, el “desenganche” vendría a disminuir el impacto de la masa salarial médica dentro del conjunto presupuestario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

3 – REFORMA PROCESAL LABORAL (RPL). Hace falta un gran voluntad política de un gobierno verdaderamente decidido a atajar el crecimiento de la desigualdad por el lado de los Derechos Laborales, para que se apruebe, de manera definitiva, la Reforma Procesal Laboral (RPL); “secuestrada” en su tramitación legislativa por la actual fracción parlamentaria oficialista bajo indicaciones expresas de actuar así, impartidas por la propia Presidenta Chinchilla y su Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, quien opera como el “lugarteniente” de los intereses corporativos del gran empresariado bananero y piñero los que desaprueban la RPL. Como se ha reiterado, la RPL tiene unos 15 años de tramitación y es un compromiso-país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La RPL constituyó en su momento un gran acuerdo nacional multisectorial, obrero-patronal, el cual ahora pretende ser deshonrado. La RPL vendría (entre otros aspectos beneficiosos para la paz laboral nacional), a promover justicia laboral pronta y cumplida, abaratará el costo para las partes de los procesos laborales en sede judicial (oralidad), y pondrá al país al día con sus obligaciones internacionales en esta materia.

4 – SALARIO SOCIAL. El salario social (el que se recibe vía buenos servicios públicos de carácter social, especialmente los de salud), que se proporciona a la clase trabajadora, tanto la que está en la formalidad como aquella que se la “juega” día a día en el “cuentapropismo”, requiere de un Gobierno valiente, decidido y firme para recuperarlo, fortalecerlo y relanzarlo, por medio de:

A) Una reforma fiscal y tributaria desde la perspectiva de los sectores populares a fin de que el ajuste sea para “los de arriba”, es más que urgente. Hemos insistido mucho en el tema y por largo tiempo, generando una gran cantidad de propuestas que no golpearían a los que ya no soportan más impuestos: la clase trabajadora. Ésta no roba impuestos y, por el contrario, los paga rigurosamente: si el salario califica para rebajo del impuesto sobre la renta, éste es deducido drásticamente de planilla; y si es el de ventas, éste se paga al momento mismo de la compra sin importar nivel de ingreso.

B) La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), vital para la vida del pueblo trabajador, necesita ser liberada del secuestro a que está hoy en día sometida por tres grandes conflictos de interés que la tienen amenazada de extinción: el de orden político-partidista que la ha convertido en parte del botín electoral cuatrienal; el de orden corporativo-gremial, tanto de intereses internos como externos; y el del choque ético al vincularse la necesidad popular de una salud pública de alta calidad con oportunidad, eficacia y eficiencia, con el negocio privado que busca lucrar con la salud de las personas.

Estos retos y desafíos laborales de cara al nuevo año 2014 y de cara al nuevo Gobierno, serán parte de los contenidos de un gran evento que la ANEP desarrollará el viernes 24 de enero de 2014, cuando en presencia de unos 600 dirigentes sindicales de base, representantes de los actuales 110 gremios cobijados con la bandera y con la sigla ANEP, se escuchará a varios de los candidatos presidenciales más “sonados” y a los cuales se les ha cursado invitación para que dialoguen con una representación obrera tan calificada.

La ANEP insistirá ante las bases laborales y populares que la escuchan para que se fijen muy bien en estos cuatro señalamientos, determinando cuál candidatura presidencial los está mencionando responsablemente, por un lado; y, por otro, más serio todavía, cuál de ellas sí, en verdad, en realidad, se “comería la bronca” de enfrentar los grandes intereses económico-financieros que se han venido beneficiando con el crecimiento de la desigualdad y que, por tanto, verían en estos cuatro grandes temas amenazas serias al proceso de acumulación de riqueza que vienen disfrutando a costa del bienestar de las grandes mayorías populares de nuestro país.

Por tanto, valoramos que es necesario insistir en un voto informado, en un voto crítico y en un voto útil.

Auguramos «decretazo» de menos del 1% para primer semestre 2014

Empezando el año 2014, las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector Público, no saben el monto del reajuste de sus salarios para el primer semestre del año que ya está a la vuelta de la esquina.

Ni la más mínima señal dio el Gobierno de la ya saliente Presidenta Chinchilla de querer abordar el tema. Probablemente se emitirá un “decretazo”, pues ya poco importa cualquier esfuerzo de diálogo con las principales agrupaciones sindicales representativas del personal del sector Público del país, para un gobierno que terminará su gestión en el más grande descrédito de los últimos 25 años.

Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), al dar a conocer su “balance económico” del 2013, la inflación de este año cerraría entre un 3.8% y un 4.1%.

Estas cifras son un mal augurio para los bolsillos de los empleados públicos de ingresos medios y bajos; pero, especialmente, para aquellos puestos del Poder Ejecutivo central que siguen ligados a los salarios médicos.

Veamos en detalle: Considerando que la inflación según las cifras del Gobierno en el primer semestre de 2013, fue de un 3.24% (y éste fue el reajuste fijado por decreto unilateral en esa ocasión); con base en los datos del BCCR indicados de que terminaremos el año con una inflación total de entre un 3.8% y un 4.1%, se estaría abriendo paso a la imposición de que el sector Público iniciaría el 2014 con un reajuste entre el 0.56% y el 0.86%; es decir, ¡ni siquiera de un 1%!

Esta eventual circunstancia de concretarse, es decir un “decretazo” salarial para el sector Público que podría fijar un reajuste para el primer semestre del 2014 de menos de un 1%, colisionará con el escenario electoral en su fase más intensa.

Considerando que la saliente administración Chinchilla Miranda ha actuado de manera torpe dejando para último minuto un tema tan sensible como el de los reajustes salariales para el personal estatal, lo mínimo que se esperaría es una convocatoria gubernamental a la Comisión de Fijación Salarial para el Sector Público que permita un esfuerzo negociador, no más entrando enero.

Esfuerzo negociador para considerar la situación financiera, especialmente, de ese gran grupo de personas trabajadoras empleadas públicas cuyos salarios, al estar atados a la ley de incentivos médicos, no pueden recuperar el deterioro acumulado e incesante de su correspondiente poder adquisitivo.

Mínimamente, estos deberían, por tanto, ser los elementos centrales a considerar de cara al reajuste salarial para el sector Público valedero para el primer semestre del 2014:

1) La circunstancia que según el mismo BCCR, el crecimiento de la economía en este año 2013 superará el 3%.

2) Un porcentaje de la inflación proyectada para el primer semestre del año que ya casi comienza.

3) La situación de los salarios de los puestos “enganchados” a la ley salarial médica y la superación de esta injusta situación.

4) Un porcentaje de fijación compensatoria para puestos no calificados y afectados por este “enganche”.