Considerando la configuración que muestra el escenario electoral nacional de cara a los comicios del próximo 2 de febrero, de probable polarización y eventual segunda ronda; desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante de la Central Social Juanito Mora Porras, realizaremos una promoción hacia el voto informado, crítico y útil desde nuestra perspectiva sociolaboral.
Aspiramos a que las personas trabajadoras, asalariadas y no asalariadas, potenciales votantes (que representan la abrumadora mayoría del padrón electoral), y con base en el “menú electoral” puesto en la mesa, consideren cuáles planteamientos de las diversas candidaturas presidenciales podrían abrir paso a una mejor calidad de vida digna para la clase trabajadora de este país.
Las puntualizaciones siguientes, calificadas por ANEP como los retos laborales más notables y como los principales desafíos para la movilización social en el ámbito de la reivindicación obrera, de cara a este nuevo año 2014 y de cara a un nuevo gobierno, parten de las siguientes consideraciones.
PRIMERO: Costa Rica es hoy en día la sociedad latinoamericana de mayor crecimiento de la desigualdad; y la Administración Chinchilla Miranda se va del Gobierno dejándonos la más impresionante desigualdad del último cuarto de siglo.
SEGUNDO: Las cifras del desempleo llevan a diversas entidades prestigiosas a afirmar que ya estamos en un 18% y aunque las cifras oficiales lo sitúan en menos (cerca del 10%), en ambos casos la situación es dramática para el pueblo trabajador; abriendo más camino a la precarización laboral y salarial ya en desarrollo, dándose un mayor crecimiento de la informalidad (el “cuentapropismo”).
TERCERO: No llega al 40% el porcentaje de la clase trabajadora que tiene la suerte de tener empleo formal y salario fijo con todos sus derechos laborales fundamentales plenamente respetados. Por el contrario, a 6 de cada 10 de estas personas trabajadoras asalariadas se le violenta, al menos, uno de esos derechos. Además, una cifra superior a las 100 mil personas trabajadoras sufren de ausencia total de respeto a esos derechos laborales básicos y mínimos, lo cual nos lleva a afirmar que en el país se dan formas de trabajo “esclavo”.
CUARTO: Casi dos terceras partes de la clase trabajadora que sí tiene empleo formal y salario fijo no supera la barrera de los 300 mil colones de salario mensual. Ello nos habla de una precariedad salarial creciente, centrada en el deterioro del poder de compra del salario mínimo, amén de su violación bastante extendida en el sector privado.
QUINTO: Finalmente, lo que podemos denominar como el Salario Social también está en caída libre potenciando el crecimiento de la desigualdad, debido a dos factores, especialmente:
A) Deterioro creciente de varios servicios públicos de naturaleza social que deben estar destinados a atajar y revertir el incremento de la exclusión; servicios que continúan precarizándose a raíz del grave problema del déficit fiscal potenciado éste por su intrínseca y perversa naturaleza regresiva, por el elevado porcentaje de exenciones y de exoneraciones, así como por la colosal evasión y elusión tributarias.
B) Los tres conflictos de interés que carcomen la institucionalidad de la Caja están golpeando duramente ese salario social. Estos conflictos son: la politiquería en su seno, la especie de secuestro gremial-corporativo que sufre, y, la visión pública de la salud contra el negocio privado con la misma.
Así las cosas, con este panorama sociolaboral en detrimento de la calidad de vida digna de las grandes mayorías trabajadoras, ANEP llama la atención sobre estos trascendentales retos y desafíos laborales para este nuevo año y para el próximo gobierno y parlamento. Veamos:
1 – SALARIOS MÍNIMOS. En el ámbito de la clase trabajadora asalariada del sector Privado se impone, por una parte, una revisión estructural del actual nivel de los salarios mínimos, de modo tal que una fijación extraordinaria lo eleve para incrementar su poder adquisitivo y a partir de ese nuevo nivel, se sigan dando las fijaciones salariales semestrales rutinarias por costo de vida. Paralelamente, será preciso establecer la obligatoriedad patronal de aplicar y respetar los ajustes salariales semestrales por costo de vida en aquellos salarios que superen el mínimo de ley.
2 – “DESENGANCHE” SALARIAL. Se requiere aprobación legislativa para “independizar” la estructura salarial de varios de los puestos de menor calificación del sistema de Servicio Civil, con respecto a la ley salarial del personal médico del país. Este planteamiento de la ANEP, conocido como el “desenganche”, permitiría a puestos policiales, secretariales, de oficina, de cocina, operativos, de mantenimiento, administración y hasta técnicos, obtener una mejor calificación salarial. El proyecto de ley al efecto ya está en la corriente legislativa pero el presente Gobierno tiene miedo de enfrentar al gremio médico nacional. Adicionalmente y entre otras razones, el “desenganche” vendría a disminuir el impacto de la masa salarial médica dentro del conjunto presupuestario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
3 – REFORMA PROCESAL LABORAL (RPL). Hace falta un gran voluntad política de un gobierno verdaderamente decidido a atajar el crecimiento de la desigualdad por el lado de los Derechos Laborales, para que se apruebe, de manera definitiva, la Reforma Procesal Laboral (RPL); “secuestrada” en su tramitación legislativa por la actual fracción parlamentaria oficialista bajo indicaciones expresas de actuar así, impartidas por la propia Presidenta Chinchilla y su Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, quien opera como el “lugarteniente” de los intereses corporativos del gran empresariado bananero y piñero los que desaprueban la RPL. Como se ha reiterado, la RPL tiene unos 15 años de tramitación y es un compromiso-país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La RPL constituyó en su momento un gran acuerdo nacional multisectorial, obrero-patronal, el cual ahora pretende ser deshonrado. La RPL vendría (entre otros aspectos beneficiosos para la paz laboral nacional), a promover justicia laboral pronta y cumplida, abaratará el costo para las partes de los procesos laborales en sede judicial (oralidad), y pondrá al país al día con sus obligaciones internacionales en esta materia.
4 – SALARIO SOCIAL. El salario social (el que se recibe vía buenos servicios públicos de carácter social, especialmente los de salud), que se proporciona a la clase trabajadora, tanto la que está en la formalidad como aquella que se la “juega” día a día en el “cuentapropismo”, requiere de un Gobierno valiente, decidido y firme para recuperarlo, fortalecerlo y relanzarlo, por medio de:
A) Una reforma fiscal y tributaria desde la perspectiva de los sectores populares a fin de que el ajuste sea para “los de arriba”, es más que urgente. Hemos insistido mucho en el tema y por largo tiempo, generando una gran cantidad de propuestas que no golpearían a los que ya no soportan más impuestos: la clase trabajadora. Ésta no roba impuestos y, por el contrario, los paga rigurosamente: si el salario califica para rebajo del impuesto sobre la renta, éste es deducido drásticamente de planilla; y si es el de ventas, éste se paga al momento mismo de la compra sin importar nivel de ingreso.
B) La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), vital para la vida del pueblo trabajador, necesita ser liberada del secuestro a que está hoy en día sometida por tres grandes conflictos de interés que la tienen amenazada de extinción: el de orden político-partidista que la ha convertido en parte del botín electoral cuatrienal; el de orden corporativo-gremial, tanto de intereses internos como externos; y el del choque ético al vincularse la necesidad popular de una salud pública de alta calidad con oportunidad, eficacia y eficiencia, con el negocio privado que busca lucrar con la salud de las personas.
Estos retos y desafíos laborales de cara al nuevo año 2014 y de cara al nuevo Gobierno, serán parte de los contenidos de un gran evento que la ANEP desarrollará el viernes 24 de enero de 2014, cuando en presencia de unos 600 dirigentes sindicales de base, representantes de los actuales 110 gremios cobijados con la bandera y con la sigla ANEP, se escuchará a varios de los candidatos presidenciales más “sonados” y a los cuales se les ha cursado invitación para que dialoguen con una representación obrera tan calificada.
La ANEP insistirá ante las bases laborales y populares que la escuchan para que se fijen muy bien en estos cuatro señalamientos, determinando cuál candidatura presidencial los está mencionando responsablemente, por un lado; y, por otro, más serio todavía, cuál de ellas sí, en verdad, en realidad, se “comería la bronca” de enfrentar los grandes intereses económico-financieros que se han venido beneficiando con el crecimiento de la desigualdad y que, por tanto, verían en estos cuatro grandes temas amenazas serias al proceso de acumulación de riqueza que vienen disfrutando a costa del bienestar de las grandes mayorías populares de nuestro país.
Por tanto, valoramos que es necesario insistir en un voto informado, en un voto crítico y en un voto útil.
