Categoría: Noticias

El pasado 15 de noviembre, en el despacho del señor Freddy Montero, Viceministro de Gobernación y Policía, se realizó la tan esperada reunión que da ya una luz para la entrada en vigencia del tan esperado Manual de Puestos para la Policía Profesional de Migración.

En esta imrpotante cita participaron, además de todo el personal integrado en las seccionales de la ANEP en Migración y Extranjería, nuestro Secretario General, además de los Viceministros de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y de la señora Mayra Calvo, de la Autoridad Presupuestaria, oficina que debe, al fin y al cabo, dar el visto bueno para la entrada en vigencia del Manual.

El acuerdo permite un acompañamiento activo de las legítimas representaciones laborales (Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería y Seccional ANEP-Dirección General de Migración y Extranjería), de modo tal que podamos constatar el cumplimiento cabal del cronograma y su fase cualitativa.

Las autoridades de Gobierno se comprometieron a entregar, a más tardar el 15 de febrero de 2014, el documento destinado para la aprobación de la Autoridad Presupuestaria, para que el mismo entre en vigencia el 1 de mayo del 2014.

Por otra parte, en dicha sesión negociadora quedó absolutamente claro que producto de la ley salarial médica, cualquier aumento salarial producto del nuevo manual deberá considerar el impacto en las bases salariales de los médicos.

Un ejemplo muy esclarecedor es que si lo que objetivamente por el manual corresponde un aumento de 20 mil pesos, podría ser menor porque si se dan los 20 mil, una base salarial médica podría impactarse hasta cuatro veces más, proporcionalmente hablando con relación a la fórmula matemática de los médicos; y, por tanto, al policía de Migración le darían no los 20 mil objetivamente correspondientes, sino menos.

Por eso ANEP reiteró su voluntad férrea de luchar por lo que denominamos el “desenganche” y pensamos en el impulso de un gran movimento de presión para ello pero con participación de todas las policías afectadas.

Por último, gracias a este importante acuerdo, quedó desestimado el movimiento de protesta que estaba pactado para el día 25 de noviembre.

Quien asuma la Presidencia de la República a partir del 8 de mayo de 2014, tendrá dos gigantescos desafíos, altamente contradictorios. Por un lado, ó da un nuevo impulso para que la institucionalidad democrática siga avanzando hacia al despeñadero; ó, por el contrario, pega un frenazo y desacelerar (al menos), ese pernicioso rumbo que se nos ha impuesto en los últimos gobiernos: desigualdad, corrupción, cinismo político y narcotráfico.

Enterándonos, muy rápidamente, de los más recientes datos de la encuesta regional Latinobarómetro, los datos para el caso de Costa Rica son indicativos de que el país y su institucionalidad democrática van hacia el despeñadero. Veamos.

Cada vez menos gente está satisfecha con la democracia: hoy solamente es una persona de cada tres la que está “contenta” con el estado actual de las cosas en el país. 85% está convencido de que en el país hay una mala distribución de la riqueza. Un porcentaje similar, 83%, cree que se gobierna a favor de un pequeño grupo y no para el bien de todo el pueblo. Solamente un 15% estima que el país progresa. Y 3 de cada 4 personas no cree en la Presidenta ni en su gobierno.

Si bien es cierto no está en la agenda político-estratégica una ruptura sistémica de quienes aspiran a la Presidencia de la República, quien gane y decida enfrentar los problemas derivados de los datos más relevantes de Latinobarómetro para el caso costarricense, deberá dar un giro radical al curso de la “cosa pública”, tal y como se ha venido gestionando en las últimas administraciones gubernativas.

Ese giro, para que sea sostenible y resista el embate de las fuerzas que tienen el poder real en nuestra sociedad, minoritarias pero de gran poderío económico-financiero, debería articularse en una confluencia de alianza con los sectores sociales y cívicos que sin identificación político-partidaria de corte electoral, sí tienen claro de cuál es la naturaleza de lo que debemos defender como sociedad para permitirnos retornar a la senda del bien común, de la integración e inclusión sociales y del mejoramiento estratégico de los mecanismos redistributivos de la riqueza nacional.

En tal sentido, la tesis de gobierno de “unidad nacional” es tramposa porque de lo que se trata es de unir las voluntades del cambio hacia la inclusión social; y no potenciar más las que se han atrincherado en la exclusión, a través de la acumulación desenfrenada, la corrupción con ropaje legal o sin él y el cinismo político llevado a los extremos del reino de los intereses personales de cortísimo plazo, disfrazados de preocupación por el bienestar general.

Se trata de articular fuerzas sanas para que estemos en condiciones de impulsar un punto de inflexión hacia la plenitud de la vigencia de los Derechos Humanos bajo la práctica de una profunda concepción humanista de la vida de las personas.

La lógica dominante desde hace ya bastante tiempo no dejó espacios “en el centro”. Acabó con el “centro”. El camino a retomar no nos es desconocido si nos fijamos en lo mejor que todavía nos queda de la institucionalidad que nos fue heredada por la generación política anterior a la de la llegada del Ajuste Estructural.

Jamás, como sociedad preocupada por la búsqueda del bien común, hemos estado en el “centro”. Los conceptos sociopolíticos de “centro” y de “unidad nacional” solamente potencian el orden impuesto de exclusión.

Para que Costa Rica tenga tarifas eléctricas más bajas, el intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Juan Manuel Quesada, aseguró que es necesario hacer cambios en la legislación nacional.

En su propuesta anota que dentro de las modificaciones se debe permitir a la Aresep recortar excesos en los costos de las inversiones de las empresas eléctricas.

“Además de regular los costos de las empresas, es necesario propiciar un mayor uso del potencial geotérmico del país y eliminar el tope de compras que puede realizar el ICE a los generadores privados”, explicó Quesada.

Según el intendente, estos cambios permitirían incluir en las tarifas solo los costos financieros eficientes y reducir el uso de energía térmica, que resulta más costosa.

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Teófilo de la Torre, reconoció que el peso de la factura eléctrica ha restado competitividad a Costa Rica y que la exploración de gas natural podría ser una opción futura para mejorar las tarifas.

“Por lo menos debería haber una acción en el gas natural que ayude a mermar el escalamiento de precios. No es algo que se vaya a lograr en el corto plazo porque son procesos que duran años, pero me parece que es tirar en la dirección correcta”, dijo De la Torre.

Sobre esta acción, el intendente de Aresep coincide en que es una discusión necesaria desde la Asamblea Legislativa.

Carlos Montenegro, subdirector de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), dijo que en el 2013 las tarifas han subido hasta un 30% y proponen un ajuste de las tarifas para todos los sectores.

Mientras tanto, la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía (Acograce) propone que una parte de los costos de las tarifas se trasladen a hogares, oficinas y otros clientes de las empresas de electricidad.

“En cuanto a la viabilidad de la propuesta del sector industrial no puedo referirme, debido a que se encuentra en trámite una petición tarifaria en ese sentido y cuya audiencia está programada para el 13 de noviembre”, señaló Quesada.

El crecimiento de la demanda de electricidad bajó este año a un 1%. El año pasado, el crecimiento fue de un 4%. Eso equivale a un total de ¢18.000 millones de colones menos de lo que se esperaba recaudar.

El presidente ejecutivo del ICE sostiene que los factores que propiciaron la caída fueron el ahorro de energía en las casas y oficinas, así como el hecho de que las industrias han vendido menos.

Para evitar futuros aumentos innecesarios en la factura eléctrica, Aresep hace inspecciones sobre las inversiones que pretenden realizar las compañías eléctricas.

“En el último año hemos incorporado en el análisis tarifario inspecciones a los proyectos de inversión que permitan una retribución competitiva”, dijo Quesada.

El ICE espera que las nuevas plantas hidroeléctricas, la renegociación de deudas y los planes de ahorro de la institución bajen el peso de la factura eléctrica.