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Nuevamente ha quedado en evidencia el papel que en contra de los bolsillos del pueblo trabajador viene asumiendo, sistemáticamente, la hoy muy desprestigiada y poco creíble Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); esta vez, con ocasión del aumento que está aprobando en las tarifas del agua y de los alcantarillados sanitarios.

Ha sido la propia Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la señora Jessenia Calderón, quien se encargó de poner en la picota esta nueva acción de la Aresep en contra de la gente, del pueblo trabajador: El aumento en la tarifa del agua será altamente perjudicial para los hogares y grandemente favorable para las empresas, el comercio y el propio Gobierno. Tan valiente acción de la indicada jerarca merece un aplauso y un respaldo popular.

La errática decisión de la Aresep en este caso de las tarifas del agua, muestra a las claras que el rumbo general del país sigue siendo el de la concentración abusiva de la riqueza; y, como corolario, el fortalecimiento de un injusto proceso de empobrecimiento que afecta a las mayorías trabajadoras, tanto las que cuentan con empleo informal como las que se desenvuelven en el ámbito del cuentapropismo.

Aresep debe ser sometida a una profunda “intervención quirúrgica”. El pueblo no cree en ella. Si bien sabemos que la abrumadora mayoría de su personal muestra un gran profesionalismo, le hegemonía política en su interior no está del lado de los que menos tienen en este país.

Sus audiencias son ya asuntos de forma, insustanciales, donde, por lo general, las personas usuarias de los servicios públicos cuyas tarifas regula, están totalmente indefensas ante una orientación ideológica que ha desprestigiado, totalmente y de cara al pueblo, a esta entidad; misma que, en buena lid, debería dedicarse a aportar, desde su ámbito de trabajo, para que el país volviera a la senda del bien común. Todo lo contrario: Aresep impulsa el empobrecimiento de la clase trabajadora.

Pese a todo el escepticismo de la efectividad de acciones jurídicas en este tipo de situaciones, la ANEP está analizando ya cuál podría ser el mejor recurso legal para enfrentar la pérfida decisión de la Aresep, perjudicando con la abusiva alza en la tarifa del agua a quienes menos tienen. Concretada esta aspiración nuestra, la daremos a conocer por esta vía.

Los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) saldrán a la calle este próximo lunes 30 de julio de 2012, para defender el exitoso modelo eléctrico que el pueblo costarricense construyó a lo largo de las últimas seis décadas; modelo exitoso amenazado por la voracidad neoliberal que parece insaciable a la hora de que se trata de convertir en negocio mercantil de lucro privado, lo que han sido bienes patrimoniales de la sociedad inspirada en el bien común.

Creemos que esta lucha, liderada por los grupos laborales liceístas, aglutinados en el histórico Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), debe asumirse por parte de todo el pueblo patriótico y sus organizaciones cívicas de toda naturaleza; incluyendo, por supuesto, a las sindicales.

Alegra saber que en esta lucha, también se defiende el exitoso modelo cooperativo costarricense que tiene en las cooperativas eléctricas uno de los bastiones principales de integridad y de movilidad social en importantes zonas rurales costarricenses.

La ANEP también respalda a este modelo cooperativo pues la electricidad debe seguir siendo un bien social y no una mercancía.

La ANEP, específicamente, convoca a la calle a sus afiliados y a sus afiliadas, pues no procederá ni rebajo salarial ni sanción alguna por participar en las horas que dure la manifestación; misma que saldrá desde la sede central del ICE, en La Sabana, y hasta la Casa Presidencial.

Los presidentes y las presidentas de las seccionales de la ANEP, en conjunto con la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, analizarán esta situación mañana viernes 27 de julio, con ocasión del III Consejo Consultivo Nacional (CCN) del período directivo 2011-2013; mismo que tendrá lugar en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desde las 8 de la mañana.

La desprestigiada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), bastante cuestionada ante una multiplicidad de sectores sociales y productivos por su falta de transparencia y erráticas decisiones en contra de la población trabajadora usuaria de los más elementos servicios públicos imprescindibles en la vida cotidiana; le asesta un nuevo golpe al deteriorado poder de compra de los salarios bajos y medios de la clase trabajadora, así como para los ingresos de quienes laboran en el mercado informal: el alza promedio de 25% en la tarifa del agua.

La diferenciación del incremento tarifario, entre quienes consumen menos de 15 metros cúbicos de agua por mes y quienes consumen más de esa cantidad, no representa ninguna “_ganga_” para los amplios sectores medios de la población, compuesta por personas trabajadoras asalariadas, por gente laborando en condición informal; y por micro, pequeñas y medianas empresas.

Más bien, tal “_diferenciación_” en la subida de la tarifa del agua, parece una operación de “_lavado de la cara_” de la Aresep ante su deteriorada imagen pública; pretendiendo aparentar una “_misericordia tarifaria_” en el caso del agua, con quienes tienen mucho menos dentro de los que tienen menos, que son los más en esta sociedad.

Por otra parte, sorprende la “_eficiente velocidad empresarial_” con que la empresa Molinos de Costa Rica ajustó el precio de la harina para el pan, en un 10%, ante las alzas en los precios internacionales del trigo, del maíz y de la soya; que si bien es cierto ya muestran una pronta subida en el mercado internacional de granos y cereales, aún no se habían materializado del todo.

Como siempre, es el pueblo trabajador el que debe llevarse el “_castigo_” por el abandono de la política pública costarricense a estrategias de desarrollo para el consumo nacional basadas en la Soberanía y en la Seguridad alimentarias.

Y ni hablar del alza venidera en las tarifas de autobús, transitoriamente detenidas por la “_metida de pata_” de la Aresep pero que, finalmente, como ya hemos de ver, serán aumentadas, afectando a un más a miles y miles de personas trabajadoras.

Así las cosas, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estima que estas alzas en productos y servicios básicos, y otros que vendrán en el presente segundo semestre de este año 2012; determinan, de manera contundente, que los reajustes semestrales salariales aunque se hagan con base en la inflación vencida, siguen deteriorando el poder de compra de los salarios, disminuyendo su capacidad adquisitiva; y, por ende, potenciando el proceso concentrador de la riqueza ante la mala distribución de los beneficios del crecimiento económico.

En el caso particular de los salarios mínimos que se aplican para el sector Privado, ni siquiera la nueva fórmula de cálculo que tomaría en cuenta el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB), funciona ya para detener el impacto del deterioro salarial, del empobrecimiento familiar y de la exclusión social.

Por tanto, ANEP anuncia que para el próximo mes de octubre y con ocasión de la discusión acerca de cuánto habrá de ser el reajuste en los salarios mínimos del sector Privado para el primer semestre de 2013, propondrá, ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), una revisión estructural, generalizada e integral, de los niveles actuales de esos salarios mínimos; pues, como repetimos, se imponen nuevas bases en esos mínimos ante los raquíticos reajustes por costo de vida semestrales que son devorados, rápidamente, por las alzas siguientes a cada fijación.

Es hora de que se tomen fuertes decisiones para atenuar la velocidad de la concentración de la riqueza que vive nuestra sociedad; y, es la política salarial uno de los mejores instrumentos para combatir tal flagelo de exclusión social. Una alza generalizada de los actuales niveles de salarios mínimos que, repetimos no es lo mismo que el reajuste semestral por costo de vida; es una medida urgente y necesaria ante la gravedad del deterioro de la situación socioeconómica de los salarios de la clase trabajadora con empleo formal, en los niveles bajos y medios de la estructura salarial vigente para el sector Privado.

Esta medida a adoptar por la ANEP, tiene su expresión correspondiente en el sector Público, específicamente en el Gobierno Central, que muestra deterioros salarios importantes en ocupaciones como las policiales y las administrativas no profesionales, a las cuales se les debe justicia salarial con el establecimiento de percentiles para reajustar sus correspondientes salarios base que, al igual que en el sector Privado, no tiene relación con los raquíticos ajustes salariales por costo de vida que se establecen semestralmente.