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ANEP tras nuevas políticas salariales

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San José, 3 de enero de 2011.

Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Honorables señoras y señores
Ministras y ministros de Estado
Consejo de Gobierno
Casa Presidencial
Sus despachos

Honorable y distinguida señora Presidenta de la República:

Honorables personas ministras y ministros de Estado:

Reciban vuestras ilustres autoridades, el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte; indicándoles con toda sinceridad nuestros mejores deseos de que tengan un año 2011 sumamente exitoso en la personal, en lo familiar, en lo profesional y en la gestión gubernativa que les ha sido encomendada.

Resulta de extraordinaria relevancia que el Gobierno de la República considere como un asunto de suma importancia los más recientes estudios, todos provenientes de entidades prestigiosas cuyo profesionalismo y objetividad analítica están fuera de toda duda, acerca de que Costa Rica sigue profundizando la senda de la desigualdad y ya ni siquiera está haciendo lo suficiente para reducir la pobreza.

Uno de tales estudios es el más reciente informe de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), entidad de alta especialización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que así lo estableció con toda claridad y crudeza en el caso de nuestro país.

Vistas así las cosas, nuestra posición es que, efectivamente, el asunto del crecimiento de la desigualdad y el sistemático desdibujamiento de nuestro histórico perfil de sociedad de capas medias, se han convertido en el problema número uno de la agenda nacional.

Por tanto, una senda correcta para enfrentar la dolorosa situación de exclusión social creciente que presupone abordar, de manera integral, el indicado problema, exige tomar decisiones políticas contundentes en varios campos, siendo uno de los más notables el de la política salarial, tanto para el sector Privado como para el Público.

En tal sentido, es preciso insistir en los importantes señalamientos que ha formulado la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuanto al desarrollo de políticas públicas en materia de empleo y de salarios inspiradas en su concepto de Trabajo Decente; recordando, además, que varias de las economías más exitosas del planeta en estos momentos (varias de ellas suramericanas), están enfrentando la denominada crisis sin el sacrificio del componente más sensible de cualquier sociedad: su clase trabajadora, precisamente porque han estado considerando planteamientos constructivos y humanistas como los de la OIT.

En el caso del sector Público, ha empezado ya el primer semestre del año 2011 y las personas trabajadoras asalariadas del mismo no tienen una definición clara sobre el monto de su reajuste salarial correspondiente al indicado período.

Pero más que ello, la ANEP considera que el Gobierno de la República no puede acudir al repudiable expediente de la emisión de un decreto ejecutivo unilateral que defina lo anterior; y, por el contrario, pese al escenario de déficit fiscal de tan honda preocupación para las autoridades ejecutivas del país, es importante que se convoque al Movimiento Sindical con incumbencia en la materia, para retomar el diálogo con relación la propuesta que en su momento le hiciéramos para una “_Política Salarial del Sector Público en el cuatrienio 2010-2014_”, que se presentara al inicio de la presente gestión gubernativa.

Conviene recordar que tal propuesta muestra una serie de contenidos muy relevantes que se deben considerar en el camino del diálogo y la negociación; a saber:

1. Reconocimiento real de la representación y negociación sindical como eje de revaloración de la función pública y como factor dignificador de los servidores y servidoras del sector Público.

2. La política salarial: un instrumento para el fortalecimiento de la inversión social.

3. La política salarial del sector Público como instrumento para la redistribución del ingreso.

4. El mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, resaltando lo siguiente:
4.1. La proyección de la inflación conocida como inflación adelantada.
4.2. Reconocimiento de la inflación acumulada.
4.3. Reconocimiento de la inflación cumulada y un ajuste por inflación adelantada.
4.4. La indexación salarial.

5. Política de salarios crecientes
5.1. Percentil 50 para los puestos no profesionales
5.2. Percentil 75 para los profesionales
5.3. Ajustes porcentuales por crecimiento de la productividad nacional
5.4. Ajustes porcentuales por crecimiento del PIB
5.5. Ajustes porcentuales por avance de la progresividad recaudatoria del sistema tributario
5.6. Reformas al sistema de incentivos salariales. Anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, zonajes, viáticos, incentivos por productividad
5.7. Otros elementos a considerar. Disponibilidad, reconocimiento a jubilados, salarios cuerpos policiales, peligrosidad a guardas y agentes de seguridad de edificios públicos y centros educativos

Si bien es cierto nuestras aspiraciones muestran, como se puede notar, una integralidad en cuanto al establecimiento de una política salarial para el sector Público en el amplio sentido del término y bajo una concepción redistributiva con propósito estratégico; muchos de esos aspectos pueden abordarse con particularidad, con progresividad, en avances paulatinos pero siempre, sin perder de vista, esa concepción.

También tenemos bien claro que una estrategia política que pretenda atajar el crecimiento de la desigualdad debe comprender transformaciones tributarias estructurales de gran profundidad.

En este campo creemos que se puede avanzar en la dirección correcta sin tener que sacrificar a los y a las de siempre: la clase trabajadora que es la sufre directamente las injusticias de una regresividad tributaria aparejada con una gigantesca evasión; precisamente por la ausencia de contundentes políticas gubernativas que ataquen el mal de raíz, aunque ello genere enfrentamiento con los sectores que viven en la riqueza oprobiosa y sin pudor alguno.

En tal sentido, podemos, como movimiento sindical responsable, aportar un conjunto de ideas que no necesariamente deben derivar en nuevos tributos y/o en un elevamiento de los que ya están establecidos.

Valga indicar que hoy más que nunca, tenemos pleno convencimiento de que un desarrollo nacional de sesgo inclusivo, diferente al que se nos ha venido imponiendo, necesita el funcionamiento de una economía con dos motores; el del mercado interno y el del mercado externo. Vemos posibilidades de una vinculación armónica entre ambos pero se necesitan decisiones políticas agresivas de estímulo al mercado interno y, en tal sentido, una política salarial responsable con sesgo expansivo, generará una reactivación del mismo.

Así las cosas, urgimos a vuestras autoridades a que se convoque a la comisión sobre la política salarial del sector Público con la urgencia debida.

Reiterándoles nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

  • Movimiento Sindical Costarricense.
  • Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
  • Junta Directiva Nacional de ANEP.
  • Juntas directivas comités seccionales de la ANEP.
  • Trabajadores y trabajadoras del sector Público.
  • Medios de comunicación colectiva.
  • Archivo.

2011: Rezago salarial agravará la desigualdad

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Sector Público: ¿Hacia el congelamiento salarial?
Sector Privado: ¿Salarios mínimos sin cambios sustanciales?
SE NECESITA OTRA POLÍTICA SALARIAL

Sector Público. A pocos días de iniciarse el 2011, quienes laboran para el sector Público desconocen el monto de su reajuste salarial que ha de regir desde el día 1 de enero. “_Si por la víspera se saca el día_”, dada las cifras oficiales del déficit fiscal al terminar el 2010, de un 5.3 % del PIB, las posibilidades de un congelamiento salarial o de cifras que en la práctica significarán lo mismo, no se deben descartar.

Aunque la ANEP dará a conocer un planteamiento al respecto el próximo lunes 3 de enero de 2011, tratando de rescatar el valor del diálogo y de la negociación, ésta es más que improbable y de seguro la Administración Chinchilla emitirá su segundo decretazo salarial desde que asumió el poder en mayo pasado.

Importantes segmentos laborales de personas trabajadoras del sector Público muestran rezagos salariales notables como por ejemplo, los principales cuerpos policiales nacionales (Fuerza Pública, Migración, Penitenciaria y Tránsito).

Además, los sectores de servicio, administrativos, de oficina y técnicos han recibido “_reajustes técnicos_” que poco aportan a su reivindicación salarial. El sector profesional podría sufrir una reversión en la justicia salarial recibida luego de veinte años de restricciones, si no se toman medidas para que tal situación no vuelva a ocurrir.

Sector Privado. Será imprescindible la expresión de una voluntad política gubernamental de mayor contundencia, para que se tenga a mano una nueva fórmula de cálculo del salario mínimo, de modo tal que entre a operar con ocasión de la fijación salarial del segundo semestre del año entrante 2011. Recordemos que a una tercera parte de las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector Privado (600 mil), ni siquiera se les paga el actual salario mínimo de ley (ya de por sí bastante bajo), o bien están en su límite.

OTRA POLÍTICA SALARIAL. La necesidad estratégica de cambios radicales en la política salarial hasta hoy vigente para ambos sectores de la clase trabajadora está marcada, entre otros, por los siguientes elementos:

Crece la desigualdad. Costa Rica no solamente no reduce la pobreza sino que, por el contrario, aumenta la desigualdad. Esto está ya determinado por una serie de prestigiosas entidades que analizan los asuntos del desarrollo, todas de sólida reputación y prestigio. El crecimiento de la desigualdad es, por tanto, el problema número uno de la sociedad costarricense. Otra política salarial, no restrictiva sino de carácter expansivo, con responsabilidad, ayudará a atenuar el impacto excluyente del crecimiento de la desigualdad.

Injusticia tributaria. El pernicioso sesgo regresivo del sistema tributario costarricense golpea duramente a las personas trabajadoras asalariadas. Proporcionalmente hablando, quienes tienen menos pagan más. Las transformaciones estructurales de carácter tributario son más que urgentes; así como fuertes decisiones políticas en el campo de la gestión de cobro, en la persecución de la evasión, en la “_regalona_” de exenciones.

Alto endeudamiento salarial. Gran parte de la clase trabajadora asalariada está altamente endeudada, particularmente su segmento medio. Seguiremos insistiendo en la necesidad del establecimiento de un fondo solidario para atender el grave problema social de personas físicas altamente endeudadas, las cuales cayeron en tal situación ante las restricciones salariales de los últimos gobiernos, como un mecanismo de evitar la dramática caída al precipicio de la pobreza quedando, por tanto, en altísima vulnerabilidad para que ello se concrete.

Relanzar mercado interno. Necesitamos un relanzamiento del mercado interno como uno de los mecanismos de afrontar de mejor manera la crisis económica amenazante de nuestro entorno global. Para ello, entre otras medidas, es preciso aumentar el poder de compra, el poder adquisitivo del salario, con lo cual ayudaríamos a dinamizar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; por demás, casi el 95 % del parque productivo nacional. No es suficiente que el Estado en sus compras les dé cierta prioridad, como ya se nota en algunos casos. Al dinamismo del mercado externo, necesitamos agregarle el del mercado interno, para que nuestra economía, funcionando a dos motores al mismo tiempo, reduzca los niveles de exclusión social que marca la peligrosa senda del crecimiento de la desigualdad que no se está atajando como se debe para evitar su profundización.

Mercado informal vs. Seguridad Social. La senda del empobrecimiento salarial parece que va de la mano con el crecimiento del mercado informal y del cuentapropismo. Diversos datos recientes dan cuenta de que casi la mitad de la población económicamente activa, obtiene su ingreso por esta vía. Este crecimiento de la informalidad conlleva graves riesgos sociales de exclusión social y de deterioro de la institucionalidad del sistema de la Seguridad Social que, a final de cuentas, afectará a todos los segmentos trabajadores por igual: los que tienen empleo formal y los que no.

Incidencia sindical de ANEP y Asojupro: Futbolistas ganarán ¢287 mil por mes

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El Consejo tiene más de 6 meses de estar viendo el tema. Este órgano está compuesto por 4 representantes del gobierno, 4 del sector empresarial y 4 representantes de los sindicatos. La votación quedó 4 a 3 y con esta decisión los jugadores ganarían ¢9.800 por día aproximadamente.

PROPUESTA INICIAL

Tanto los jugadores como los representantes de los sindicatos habían solicitado que a los futbolistas se les incluyera en el rubro de salarios mínimos, ya que según la FIFA y la Organización Internacional del Trabajo cualquier jugador que labore con empresas deportivas bajo un contrato deportivo tiene derecho a un salario mínimo.

La propuesta inicial es que los futbolistas fueran reconocidos como trabajadores profesionales, teniendo un salario mínimo de ¢500 mil para los de Primera División y de ¢300 mil para los de Segunda División, esto porque los son profesionales en su campo cumplen con una obligación de su patrono y le deben exclusividad a su equipo y completa disponibilidad en todo momento.

En caso de que lo anterior no fuera posible la segunda opción era que por lo menos los ingresaran en la categoría de diplomados, con lo cual hubieran tenido un salario de ¢449 mil.

La aprobación de un salario mínimo para los jugadores sentaría un precedente en el fútbol de Costa Rica, pues nunca se había intentado.

Para tomar esta decisión se escuchó el parecer de todas las partes, incluyendo a los representantes de la Asociación de Jugadores Profesionales de Costa Rica (Asojupro), que compareció ante el Consejo en agosto.

Morales, de la ANEP, indicó: “Para nosotros es injusto que se les vaya a aplicar un salario mínimo tan bajo, esto debido a que los jugadores además de cumplir con sus horarios de juego y de entrenamiento deben asistir a las actividades del club donde laboran y además deben cumplir con una serie de elementos fundamentales tales como entrenamientos, cuidado personal y otros”.

La resolución quedará vigente diez días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En el caso de los jugadores de Segunda División, la decisión queda pendiente para una próxima sesión. Ellos piden que su salario mínimo sea de ¢300 mil por mes.

Fuente: Diario Extra
Sandra Cordero G

Reforma tributaria del Gobierno: Nos oponemos a más impuesto para el pueblo

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En tal sentido, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), dejamos constancia por esta vía de nuestras primeras impresiones al respecto, aunque entregaremos a las señoras diputadas y a los señores diputados, más adelante, consideraciones más puntuales y específicas al respecto.

Antes de entrar en detalle queremos reconocer la cortesía del señor Ministro de Hacienda, el doctor Fernando Herrero Acosta, quien en dos oportunidades nos ha considerado para exponernos, en términos generales, las intenciones gubernamentales sobre esta reforma tributaria.

Primero: Antes de cualquier consideración sobre eventuales subidas impositivas o establecimiento de nuevos tributos, debe partirse de la circunstancia de que el crecimiento de la desigualdad es el problema número uno del país en los actuales momentos. Las autorizadas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), así como el reporte del 2010 emitido por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas (ONU), no dejan lugar a dudas al respecto. También es contundente el señalamiento del más reciente informa del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible; y, para que no quedara la más mínima duda, ahí está el informe último del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Costa Rica no solamente no reduce la pobreza, sino que ésta crece; aumenta el número de familias en situación de vulnerabilidad de pobreza; y, crece, sin freno, la desigualdad. Estamos involucionando en materia de integración e inclusión social.

Segundo: Si consideramos que casi la mitad de la población económicamente activa del país en estos momentos, genera sus ingresos producto de su trabajo en el mercado informal y el cuentapropismo; si consideramos que una de cada tres personas trabajadoras asalariadas en empleo formal en el sector Privado, gana por debajo del mínimo de ley o en la línea de éste; si consideramos que el actual nivel de esos salarios mínimos es insuficiente y empobrecedor; si consideramos, también, que la gran mayoría del personal al servicio del sector Público ha vivido una política salarial restrictiva durante los últimos gobiernos; y si consideramos que la política pública ha dejado a su suerte, estratégicamente hablando, a las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo que éstas constituyen casi el 90 % del parque productivo nacional; entonces aquí hay que ser contundentes e indicar que la pretensión de subir el impuesto de ventas, del 13 al 15 %, representa una agresión económica descomunal, aceleradora de ese pernicioso proceso de crecimiento de la desigualdad y, por tanto, de obligado rechazo ad portas ante las necesidades y realidades económicas actuales de la familias de la clase trabajadora.

Tercero: Es por el lado de la acumulación de riqueza que deberían considerarse ciertos cambios tributarios, como por ejemplo, sobre las ganancias de capital, sobre generación de intereses a partir de montos relevantes, sobre los ingresos de costarricenses en el extranjero. Nosotros somos del criterio de que el país ocupa una profunda transformación tributaria estructural y a como vemos el proyecto del gobierno, no pareciera que va en tal dirección.

Cuarto: Es más que urgente una declaratoria de emergencia nacional (para emplear el concepto metafóricamente hablando), de la recaudación tributaria. La Contraloría General de la República ha formulado, de manera reiterada, señalamientos estratégicos para el fortalecimiento de la gestión de cobro de impuestos y para atenuar la escandalosa evasión en todas sus formas, tanto la tolerada y admitida por razones de corrupción; como aquella que se da por las debilidades de gestión. Es más, en próximos días solicitaremos el apoyo oficial de las universidades públicas, a través del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), con miras a determinar, puntillosamente, cada uno de los pasos que se deberían seguir en estos aspectos de combate a la evasión tributaria, a la luz de los oportunos señalamientos del ente contralor. Demasiados millones, miles de millones, están esperando por ser controlados por las autoridades tributarias y bien se puede generar una gigantesca ofensiva al respecto. Hemos llegado a niveles de tanta irresponsabilidad en esta materia, que la Policía Fiscal del país, ni siquiera llega a las ochenta personas y no todas pueden ejercer a la vez por las circunstancias inherentes a una actividad laboral (vacaciones, incapacidades, licencias).

Quinto: Importantísimo es que se genere un proceso de consulta con el especializado personal tributario y aduanero, abrumadoramente honesto, el cual tiene extraordinaria experiencia acumulada como para generar propuestas correctivas, de fondo, en el combate a todas las formas de evasión, teniendo claro cómo idear el desenmascaramiento de la amplia gama de triquiñuelas que se implementan para eludir la responsabilidad tributaria que obliga la convivencia democrática en paz social. Contamos en el Ministerio de Hacienda con dirigencia sindical de alto profesionalismo, aquilatada honradez y alta conciencia social, deseosa de dar su aporte en tal sentido.

Sexto: Rechazamos caer en el histerismo neoliberal sobre la reducción fundamentalista del déficit fiscal. Una sociedad puede manejar ciertos niveles de déficit combinando una serie de variables de política fiscal y económica con sesgo redistributivo y con real justicia tributaria. Igualmente, hay que empezar a denunciar los chantajes a que países como los nuestros son sometidos por las calificadoras de riesgo-país convencionales, las cuales quedaron muy desacreditadas ante las realidades dejadas por la crisis financiera e inmobiliaria internacional de 2008 y 2009. Debemos empezar a considerar las posibilidades que nos ofrece el IRPA: Índice de Riesgo País Alternativo, dado a conocer este año, con el que nos irá mejor ante los desafíos de la inversión extranjera.

Sétimo: Queremos alertar contra los falsos defensores del pueblo trabajador que en el parlamento trabajan a favor del gran capital y que en el caso de transformaciones impositivas por el lado de las grandes rentas, asumirán falsas posiciones a favor de “los y las de abajo”. Ya los hemos de ver pegando el grito al cielo, manipulando ante la opinión pública las necesidades y congojas económicas de las clases populares, para de tal forma encubrir su real defensa de los intereses de los grandes grupos económicos que, de una manera u otra, están representando en el parlamento. Estas personas fariseas deben ser denunciadas fuertemente a la hora en que salgan contra la necesidad de justicia tributaria por el lado del gran capital y de las grandes rentas.

Octavo: Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales de todas las corrientes, así como a otras entidades de la sociedad civil que representan a los diversos grupos de la clase trabajadora en toda su amplia concepción, para que aunemos esfuerzos y recursos en pro de una profunda transformación tributaria estructural que nos permita atajar el crecimiento de la desigualdad y pasar a nuevos escenarios redistributivos en pro del bien común y de la inclusión social. Esta unidad de voluntades, de sentimientos por la justicia social y la solidaridad, debe incluir estrategias organizativas para la movilización en aras de hacer más potente nuestro clamor de que es “la gente de arriba” la que ahora debe asumir responsabilidades tributarias plenas.

San José, lunes 20 de diciembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP

Oposición exige rectificar proceso de apertura de la telefonía celular

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En nota enviada el día de hoy a la Presidenta Laura Chinchilla, el Partido Acción Ciudadana, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio, Accesibilidad Sin Exclusión y Renovación Costarricense solicitaron que se detenga la concesión de frecuencias para la telefonía celular.

La Oposición detalló en la carta una serie de decisiones adoptadas por las administraciones Arias y Chinchilla que debilitan el patrimonio del ICE y su capacidad para competir en un mercado abierto.

Cuestionan:

    • El “Acuerdo” que le exigió al ICE devolver buena parte de las bandas del espectro que tenía concesionadas por Ley para las comunicaciones celulares;

(2) La declaratoria del espectro que el ICE tenía concesionado por Ley para enlaces fijos de microondas, como espectro de “uso no exclusivo”; y

(3) La fijación de las tarifas de interconexión para el ICE en un nivel económicamente ruinoso.

Sobre este último hecho, los cinco partidos firmantes demandan a la Presidenta exigirle a la SUTEL el restablecimiento de las tarifas de interconexión para telefonía celular, a ¢26,56, por encima de los ¢17,95 por minuto fijados actualmente. Insistir en mantener esa tarifa representaría pérdidas de 30 mil millones de colones al año para el ICE.

La Oposición llamó la atención sobre la injustificada injerencia política, en particular del Ministro de la Presidencia, Marco Vargas, en estas decisiones de carácter económico y técnico.

Señala la nota que esa intromisión se observa en las cuestionables gestiones realizadas por el Ministro Vargas para lograr el retiro, por parte del ICE, del Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y de la demanda que entabló el juicio Contencioso Administrativo contra de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

En consecuencia, los diputados firmantes reclaman “respeto a la autonomía del ICE y a la institucionalidad del país, lo cual pasa por dejar de ejercer presión a través del Ministro de la Presidencia, que ha sido el comisionado para forzar estos acuerdos”.

Nota completa en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

Video de Stella Chinchilla

Griegos no cesan en sus protestas contra los reajustes económicos

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Jueves 16 de diciembre 2010

01:12 a.m.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) de Costa Rica, ante los acontecimientos que se están sucediendo en Grecia, manifiesta:

-Que apoyamos incondicionalmente a la clase trabajadora griega que repudia las políticas neoliberales y que levanta la bandera de resistencia en Europa.

-Que consideramos que la clase trabajadora griega en su lucha se convierte en la vanguardia actual frente a estas políticas, que sólo han traído la socialización de la pobreza en el mundo entero mientras que pequeñas elites se apropian de la riqueza.

Desde Costa Rica reciban nuestra solidaridad militante.

Guillermo Keith Bonilla.
Directivo Nacional ANEP
Coordinador Nacional Sector Privado ANEP

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TeleSur

VIDEO de la BBC Mundo

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Adriana Flores Bórquez Atenas, 16 dic (EFE).- Por cuarta jornada desde el pasado domingo, Atenas se ha quedado este jueves nuevamente sin transporte público, y todo el país sin circulación de trenes.

En cambio, los vuelos que estuvieron interrumpidos el miércoles durante 24 horas, así como los transbordadores a las islas y a Italia, reanudaron sus trayectos esta madrugada.

Pero el servicio ferroviario ha cancelado hoy centenares de itinerarios en el interior del país y al extranjero.

Los miles de viajeros, en especial, los turistas han tenido que pagar taxis para trasladarse al aeropuerto internacional de Atenas debido a que ni el metro ni el tren de cercanías funcionaban.

El paro de 24 horas convocado para hoy por los trabajadores del transporte público ateniense y de los ferrocarriles del país responde al descontento por las reformas previstas por el Gobierno, que incluyen recortes de sueldos, reducción de personal y otros cambios en las relaciones laborales.

Esas medidas forman parte del proyecto de ley del Ejecutivo socialista para frenar el déficit en las empresas de transporte, que supone el traslado a otros servicios públicos de 1.500 funcionarios, la fusión de las cinco empresas en dos, y reducir el déficit en el sector hasta los 155 millones de euros en 2011, desde los 389 millones de este año.

Para el Gobierno, dentro del programa de reducir el déficit fiscal en 30.000 millones de euros en cinco años, es prioritario reducir el sector público, entre otras medidas privatizando compañías o reduciendo el coste de las empresas estatales.

Según informaron las autoridades, 23 policías resultaron heridos ayer, uno de ellos de gravedad (por una bomba incendiaria), en los enfrentamientos durante la masiva manifestación en Atenas que acompañó la huelga general y paralizó la actividad del país.

Por otro lado, testimonios presenciales denunciaron hoy a los medios griegos diversos casos de agresión por parte de la policía, y un fiscal ateniense ordenó una investigación para detener a los responsables de la agresión sufrida por el ex ministro de Transporte Costis Hatzidakis durante las protestas del miércoles.

La falta de transporte urbano y los disturbios han empeorado la ya difícil situación de los comerciantes de Atenas, que hoy han iniciado el horario de Navidad, de 12 horas de apertura, con la esperanza de compensar con más ventas las pérdidas sufridas este año.

Mientras, los médicos del Sistema Nacional de Salud continuaban por segunda jornada con un paro de reivindicaciones laborales y para mañana, los doctores de los hospitales públicos han anunciado una huelga de 24 horas, por lo que atenderán sólo casos de urgencia.

Tras el apagón informativo de ayer, los periodistas griegos se ausentarán de sus trabajos el viernes y el sábado, debido a una ola de despidos, recortes en sus sueldos y cierre de una decena de revistas y dos periódicos de circulación nacional.

Grecia se encuentra desde mayo bajo la supervisión de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (UE), que han acordado un paquete de rescate trianual para la economía helena, en forma de préstamos por 110.000 millones de euros, supeditado a la implantación de un severo ajuste de las finanzas y reformas estructurales. EFE afb/wr/ah

¡Felices fiestas!, prosperidad, justicia y paz en el 2011

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Estimadas compañeras y estimados compañeros
Integrantes de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP

Estimados compañeros y estimadas compañeras
Delegados y delegadas de la ANEP

Estimados compañeros y estimadas compañeras
Afiliados y afiliadas a la ANEP

Reciban ustedes el más respetuoso saludo de nuestra parte.

Estamos terminando el 2010, algo así como el tercer año en “tiempos de TLC’s”. Con la más transparente sinceridad y con el más genuino propósito, reciban de parte de este servidor vuestro, el más fuerte deseo de que esta Navidad sea la más linda de todas cuantas hayan vivido. Que la paz reine en sus hogares y que Dios les bendiga, en unión solidaria con sus seres y amistadas más queridas.

Que el año nuevo 2011 esté profundamente cargado de cosas buenas, especialmente salud, paz, unión familiar y seguridad económica.
Infinitas gracias por seguir confiando en esta organización sindical, manteniéndose como afiliados y como afiliadas. Infinitas gracias por darnos la oportunidad de servirles.

Presentamos nuestras formales disculpas si no fuimos eficientes, si fallamos, ni erramos en la atención de vuestras demandas. Aunque siempre nos desvelamos por elevar, cada vez más, la calidad de nuestro trabajo en pro del bienestar sociolaboral, siempre hay espacio para incrementar la rapidez, la eficiencia y la eficacia de nuestra intervención.

Probablemente no hicimos lo suficiente en tal sentido, pero deben de tener la certeza de que actuamos de buena fe, con cariño, con amor, con convicción de clase, cuando hacemos este trabajo sindical tan incomprendido en no pocos ámbitos y en no pocas oportunidades.
Grandes retos nos esperan para el 2001 y ya la agenda de lucha la tenemos saturada.

Pero por ahora, bendiciones.

¡Feliz Navidad!

¡Feliz Año Nuevo!

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
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Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Nos entusiasma muchísimo saber que el año entrante, 2011, el escenario para las coincidencias de la lucha por la justicia social, por la igualdad y por el bien común, es tan riquísimo, que desde ya hacemos muchos votos para que fortalezcamos nuestros enlaces unitarios, ciudadanos, sindicales y sociales; tal y como lo demanda el noble y transparente deseo del pueblo costarricense que aspira a un nivel de calidad de vida digno, en paz y tranquilidad; con trabajo, salud y estabilidad.

¡Feliz Navidad!
¡Feliz Año Nuevo!

CSJMP
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Por una navidad más ecológica y solidaria

En las sociedades opulentas, y especialmente en Navidad, se despilfarra, mientras que en otros lugares del mundo se carece de lo básico; además, el derroche contribuye a la esquilmación de los recursos naturales y a la explotación del ser humano. Compartimos estos consejos para evitar los mismos.

Evita el consumo de energía. La electricidad no es limpia.

Haz un uso más racional de la energía. Las navidades también pueden ser bonitas sin tantos foquitos en las casas y calles. La producción de electricidad es causante de buena parte de las agresiones que sufre la Naturaleza y del calentamiento global.

Puedes ahorrar energía

Reduciendo la compra de productos superfluos e innecesarios, ya que para su fabricación requiere mucha energía.Utilizando foquitos de bajo consumo y electrodomésticos eficientes y útiles.

Utiliza el transporte colectivo, evitarás contaminación acústica y atmosférica. Ahorrarás energía, tiempo y dinero.

Consume lo más necesario

El consumo excesivo y la acumulación de objetos sólo conduce a no valorar lo que se tiene y al agotamiento de los recursos naturales. Ayuda a los países pobres con la compra de sus productos si te consta que han sido obtenidos en explotaciones ecológicas, sostenibles y solidarias.

No compres pieles; ni cosméticos procedentes de animales.

Evita la destrucción de arbolitos

Utilizando arbolitos de plástico estas evitando la destrucción de un pino. Igualmente estas ayudando a evitar la erosión o a la desertificación en los viveros que los producen. Así mismo, su cultivo intensivo utiliza grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas…

Los musgos, que crecen sobre rocas, suelos y cortezas de árboles contribuyen a la formación y conservación de los suelos. Retienen gran cantidad de agua, creando un microambiente favorable para la germinación de semillas. Aunque carecen de protección legal, ello no debe ser motivo para destruirlos para adornar el Belén o la base de los árboles de Navidad; como alternativa, utiliza hojas secas.

Si a pesar de todo, optas por un árbol natural, debes procurar:

Que no se deje más de diez días dentro de la casa.
Que esté alejado de zonas donde haga calor. Evita los foquitos.
Que posteriormente se planten en zonas ajardinadas o parques públicos, nunca en el medio natural, a fin de no introducir especies no autóctonas.

Regala un juguete educativo y digno de tener

El juguete tiene que ser algo instructivo y pedagógico. No regales juguetes bélicos o sexistas: fomentan aspectos negativos (agresividad, discriminación…). Valora que el juguete no use pilas: es más participativo, ahorrarás dinero y evitarás el impacto que causa su vertido indiscriminado.

Recicla un regalo que ya tengas en casa.

Al recibir regalos, no tires el papel, guárdalo para cuando lo necesites.
En Navidad se reciben muchas tarjetas de felicitación, no las tires, reutilízalas.

Colectivo Voces Ecológicas COVEC-Panamá

Tres graves casos del gobierno anterior deben investigarse

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Ciudadanía espera acción ejemplarizante:

PRIMERO: MINERÍA A CIELO A CRUCITAS. Hoy martes 14 de diciembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) dará a conocer la sentencia completa, de carácter integral, en el caso de la ilegal concesión que se dio, en el gobierno anterior, 2006-2010, encabezado por el Presidente Oscar Arias Sánchez, para la explotación minera a cielo abierto, en la localidad conocida como Crucitas.

A la vez, dicho tribunal está ordenando a la Fiscalía General de la República abrir un proceso investigativo para determinar si el hoy exmandatario incurrió (junto con otros excolaboradores de su administración), en delitos violatorios de la ley en la materia. Sin temor a equivocarnos, creemos que la ciudadanía espera una actuación contundente de parte de la Fiscalía General de la República, en este sentido.

SEGUNDO: PRIVATIZACIÓN DE MUELLES LIMONENSES. Otro proceso espera por decisiones de esta importante instancia judicial: El ofrecimiento de 137 millones de dólares, unos 80 mil millones de colones, para ser “repartido” entre el actual personal de Japdeva, a cambio de que éste aceptase la concesión-privatización de los muelles de Moín y de Limón, como si tal entidad fuese propiedad privada, particular, de tal colectivo laboral.

Una solicitud para determinar si este “ofrecimiento” se puede tipificar como soborno y, por tanto, constituiría un delito impulsado por el propio Expresidente Oscar Arias Sánchez, lleva ya varios meses en el seno de la Fiscalía General de la República. Estamos esperando que esta prestigiosa entidad judicial se pronuncie al respecto.

Se hace más necesario determinar si a la luz de las leyes anticorrupción recientemente promulgadas, tal “ofrecimiento” es delito, por cuanto ya quedó en evidencia el gigantesco negocio que sería una eventual privatización de tales muelles, dada la duplicación de la tarifa actual por movilización de contenedores en los indicados puertos. Es tal la cantidad de millones de dólares en juego que, efectivamente, podría pensarse en que tal “ofrecimiento” tendría “sentido” desde una lógica meramente mercantil.

TERCERO: NUEVA CARRETERA A CALDERA. Se ha denunciado que la puesta en operación de la nueva carretera a Caldera, se hizo sin que la misma estuviera completamente terminada, corriendo gran riesgo los automovilistas que empezaron a transitar por ella, llegando al extremo doloroso de una pérdida humana ya. En el seno de la comisión legislativa que investiga la concesión privada de esta trascendental vía de comunicación terrestre, se denunció no solamente que hubo una directriz política de “altísimo” nivel para forzar la apertura de la misma, sino que, podría haber hasta un sobreprecio de 200 millones de dólares, unos 10 mil millones de colones, que saldrán de los bolsillos de la gente.

Recordamos cómo se lució el Expresidente Oscar Arias Sánchez cortando el lazo inaugural de tal vía, poco antes de terminar su gobierno, lo que hace suponer que, presuntamente, fue él quien ordenó forzar la inauguración de esa carretera. Estimamos que en todo ello, la Fiscalía General de la República podría actuar por propia iniciativa para valorar si también en esta situación cabe otro proceso de análisis de presuntas violaciones a la ley de parte del propio Oscar Arias Sánchez y algunas de las personalidades políticas más cercanas a su gestión, incluyendo su propio hermano, Rodrigo Arias Sánchez.

Dejamos por esta vía constancia pública de nuestra apelación respetuosa a la Fiscalía General de la República, para una actuación contundente y con celeridad, considerando que en estos temas miles y miles de costarricenses creen que hay impunidades intolerables y episodios de presunta corrupción que merecerían severas sanciones.

San José, martes 14 de diciembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

El «Juicio de los Pueblos» falla contra Costa Rica

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Caso Sintrajap analizado en el Juicio de los Pueblos

Los días 7 y 8 de diciembre, se realizó en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el “Juicio de los Pueblos”, un evento en el que organizaciones sindicales de cada uno de los países centroamericanos presentó ante un Tribunal Popular, los casos más emblemáticos de violación a la libertad sindical a nivel nacional.

Este evento se desarrolló en el marco del Día Internacional por la Defensa de los Derechos Humanos y como cierre de la Campaña Regional por la Libertad Sindical desplegada por la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC) en la región, con la que se busca llamar la atención de los organismos internacionales que tutelan los derechos humanos laborales, para que la región centroamericana sea declarada zona de emergencia sindical, dada la criminalización que pesa sobre las acciones sindicales, las organizaciones y su dirigencia.

La Mesa Nacional de la PSCC de Costa Rica expuso el caso de SINTRAJAP, la ilegítima interferencia que para facilitar la privatización de los muelles de Limón y Moín, ha desplegado el Gobierno de la República. Nuestro país estuvo representado por la Coordinadora a.i. de la Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP, compañera Susan Quirós Díaz y el compañero Liroy Pérez Pérez, integrante de la Junta Directiva de SINTRAJAP.

El evento fue un éxito en su convocatoria, el hecho de compartir las experiencias de las organizaciones sindicales de nuestros países hermanos, donde se ha llegado incluso al asesinato de dirigentes sindicales y al despliegue de crueles represiones contra el ejercicio de los derechos de huelga y protesta de las personas trabajadoras, ha permitido profundizar los lazos de hermandad y solidaridad entre nuestros pueblos, nos ha permitido sentirnos ciudadanas y ciudadanos centroamericanos.

El Juicio de los Pueblos concluyó con una sentencia en la que para nuestros efectos, se condenó al Gobierno de la República por violación a la libertad sindical en perjuicio de SINTRAJAP. Asimismo, una declaración por parte de los y las representantes de las Mesas Nacionales, en la que se apuesta por la regionalización de la lucha sindical como mecanismo para la promoción y defensa de los derechos laborales de las y los centroamericano.

Proyecto de Ley: Cuotas obrero-patronales imprescriptibles

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El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó hoy un proyecto de ley titulado “Imprescriptibilidad de las deudas por cuotas obrero-patronales de los seguros sociales. Modificación del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley No. 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas”, cuyo objetivo central es que las deudas por el pago de las cuotas obrero patronales de los seguros sociales de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, y sus respectivos intereses, no puedan vencer con el paso del tiempo.

La razón que motiva esta reforma es que las contribuciones a los seguros sociales que por mandato constitucional administra la CCSS, son derechos irrenunciables, según lo dispone expresamente el numeral 74 de la Carta Magna. De acuerdo con esta norma constitucional los derechos y beneficios del Capítulo de Garantías Sociales de la Norma Fundamental –incluidas las normas que protegen el financiamiento obligatorio de los seguros sociales- “son irrenunciables”.

“Una consecuencia lógica de esta disposición constitucional es que los derechos y beneficios que constituyen los seguros sociales también deben ser imprescriptibles. No deben perderse por el simple paso del tiempo, pues son indispensables para garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la seguridad social de las personas trabajadoras”, afirmó el diputado Villalta.

El proyecto del Frente Amplio contempla dos puntos:

1. Modificar el plazo de prescripción para ejercer la acción penal en el caso de delitos contra la seguridad social, como la retención indebida de cuotas de las y los trabajadores (artículo 45 de la Ley Orgánica de la CCSS, en relación con el numeral 216 del Código Penal). Actualmente la norma vigente del artículo 56 establece un plazo de prescripción de dos años que es menor al término mínimo previsto en el artículo 31 del Código Procesal Penal para delitos sancionables con penas de prisión (tres años).

2. Reformar el párrafo segundo del artículo 56 de la Ley Orgánica de la CCSS, a fin de establecer expresamente que la acción para recuperar las cuotas obrero-patronales adeudadas a dicha institución, correspondientes a los

seguros de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, así como sus respectivos intereses, será imprescriptible.

“La sostenibilidad de los seguros sociales que administra la CCSS es esencial para garantizar la paz social en Costa Rica. Pero esa sostenibilidad es imposible si permitimos que siga debilitando el principio cardinal de solidaridad social en el que se basa la financiación de los seguros sociales. Cada vez, que se abre una vía legal para no pagarle a la CCSS se socava un poco más este principio”, concluyó el diputado Villalta.