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BETANIA ARTAVIA
bartavia@diarioextra.com
Foto: Héctor Rodríguez

Para José Miguel Corrales, la Sala Constitucional busca desprestigiar a la fuerza sindical para debilitarla frente al pueblo, ahora que empieza la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El ex diputado José Miguel Corrales sostiene que la Sala Constitucional ha aprovechado el tema de las convenciones colectivas para desprestigiar a los sindicatos costarricenses y así debilitar la lucha contra el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Critica también que los magistrados no entren a analizar el tema de sus propias convenciones colectivas o los beneficios excesivos que se dan a lo interno del Poder Judicial.

“La Sala Cuarta le hace el trabajo sucio al gobierno del presidente Arias al presentar a los trabajadores públicos ante el país como privilegiados y cargados de gollerías, para quitarles credibilidad ahora que inician la lucha contra el TLC”, detalló Corrales.

Sostiene que precisamente los culpables de las convenciones colectivas han sido los gobiernos, porque debido a una política salarial terminan dando beneficios a los trabajadores para compensar los malos salarios, esto aunado a que quienes terminan negociando por parte del Gobierno, como son los presidentes ejecutivos de las instituciones, también resultan beneficiados de las convenciones.

De manera que no son solo los trabajadores con malos salarios los que se benefician de las convenciones, sino también los altos jerarcas.

Le llama la atención que la Sala Cuarta defina estos temas justo en este momento, y no hace tres años cuando fueron presentadas las acciones de inconstitucionalidad, lo cual a su criterio es un reflejo de que le están limpiando el camino para que el nuevo gobernante pueda actuar a su antojo.

PRIMERO PONEN AL PRESIDENTE Y AHORA LE AYUDAN A GOBERNAR

A criterio de Corrales, la Sala Constitucional primero le dio la posibilidad a Óscar Arias de ser presidente nuevamente, en contra de la Constitución y el Código Electoral, y ahora le quiere ayudar a gobernar.

“Primero sin que a ese órgano le competa la materia electoral, ellos analizan y aprueban la reelección presidencial, y ahora, una vez en funciones su presidente, le vienen a hacer el trabajo sucio para quitarle del paso a los sindicatos, esto es muy grave y generará mayor desconfianza en el sistema judicial”, detalló.

A criterio del ex diputado, cuando al pueblo se le presentan privilegios y abusos inmediatamente señalan a los sindicatos como abusivos, y consideran que en todas sus acciones primará la defensa de sus propios intereses y no la del país, lo cual, afirma, no es cierto.

“Lo que la Sala está haciendo es quitarle la credibilidad a los sindicatos, para que cuando convoque a las marchas contra el TLC, los ciudadanos no les hagan caso, y piensen que solo buscan defender sus intereses, son muy astutos, pero mal intencionados”, detalló.

Corrales, sin embargo, está seguro de que el pueblo no se dejará engañar por esta maniobra, y se mantendrá firme en la lucha contra el Tratado con Estados Unidos, que solo busca afectar a los ciudadanos de menos ingresos.

SISTEMA JUDICIAL SIN ENTRAÑAS

Corrales considera que el sistema judicial no tiene entrañas, perdió su esencia, y ahora se ha dejado mover de acuerdo a conveniencias, debido principalmente a la estructura vertical, donde quienes están arriba tienen todo el poder y control sobre el resto, lo cual impide que haya democracia en ese importante poder de la República.

Esto fue cuestionado seriamente en el pasado y llevó precisamente a la creación de una comisión investigadora sobre el manejo del Poder Judicial, durante la cual se confirmaron problemas y en el dictamen del en ese entonces diputado Corrales, piden sancionar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora.

Irregularidades con la asignación de viajes y becas, donde los funcionarios recibían un doble ingreso, pues además del pago de la beca, recibían su salario; viajes realizados con gastos del Poder Judicial y sin que se presentara informes sobre estos fueron parte de los temas que Corrales cuestionó en su informe legislativo, el cual no llegó siquiera a votarse.

“Cómo puede ser posible que un funcionario judicial esté dando lecciones en horas laborales, esto es uno de los tantos abusos que se cometen en la Corte, donde no existe independencia, ya que si un juez no actúa de acuerdo a los deseos de los magistrados, éstos simplemente no le renuevan su nombramiento, esto es una muestra de lo mal que funciona el Poder Judicial”, detalló Corrales.

El ex diputado considera importante separar el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Corte, pues no se puede ser el investigador, ser el defensor y también ser el que juzga, porque esto ha llevado a ese importante poder de la República a decaer y acabar con la independencia de los funcionarios.

TLC ES UN CAMBIO AL ESTADO DE DERECHO

Corrales insiste en que votar el tema de las Convenciones Colectivas en este momento es parte de la estrategia para promover desde la Sala Cuarta el TLC, el cual en el fondo lo que implica es cambiar el estado de derecho por uno sin solidaridad, donde quienes menos tienen serán los más afectados.

“Si fuera solo un tratado comercial para que no se cobren impuestos a los chayotes de Cartago, sería magnífico, pero el TLC va más allá, es todo un cambio en el Estado de Derecho, que viene a afectar a quienes no tienen recursos”, comentó.

Este cambio social implica pasar servicios que tradicionalmente no han perseguido el lucro, para que se conviertan en un negocio en manos privadas, mientras se afecta a los usuarios, expone Corrales.

Uno de los propósitos fundamentales del TLC es bajar los costos de producción, y esto se lograría eliminando las cargas sociales que los encarecen, analiza el ex diputado.

Este cambio implicaría, por ejemplo, que los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social deban seguir funcionando, pero sin el aporte patronal, porque esto encarece el producir en Costa Rica, y esto llevará a la Caja a derrumbarse, porque no se puede mantener sin que los patronos aporten.

“Si yo tengo dinero y llego a una clínica privada hasta una alfombra roja me ponen para que pase, pero si ven que no llevo ni un cinco para pagar la consulta, ni siquiera me dejan entrar, y eso es lo que va a pasar, que los pobres no tendrán derecho a la salud”, detalló.

Lo mismo ocurriría con el seguro de riesgos del trabajo, manejado por el Instituto Nacional de Seguros, pues encarece la producción, pero es la única garantía para un trabajador en caso de un accidente.

“¿Si un señor está limpiando una ventana y se cae del tercer piso y se parte la espalda, quién va a mantener su familia?, para eso es el seguro de riesgos del trabajo, pero con el TLC se acabaría y a nadie le va a importar lo que pase con ese pobre hombre y sus hijos”, explicó Corrales.

El tema de la educación no está exento de sufrir, según la tesis de Corrales, dado que conforme avanza la tecnología los libros de papel son sustituidos por la Internet, y solo quienes tengan dinero podrán pagar el teléfono y la tecnología, pues pasaría a manos privadas.

“Esto nos devuelve al pasado, se acaba el Estado solidario ideado por Rafael Ángel Calderón Guardia y ‘Pepe’ Figueres, y solo los que tienen dinero podrán estudiar, podrán tener servicios de salud, mientras los pobres cada día serán más pobres”, explicó Corrales, quien planea presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones una solicitud para realizar un referéndum consultivo sobre el TLC.

HAY QUE CONSULTAR AL PUEBLO

Corrales considera que pese a que la Sala Constitucional quiera desprestigiar a los sindicalistas, eso no cambia el derecho del pueblo a opinar sobre si cree conveniente o no el Tratado de Libre Comercio, por lo que planteará la iniciativa y confía en lograr las firmas suficientes.

El proceso para el referéndum consultivo no es tan complicado, empieza con la presentación de un escrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones, luego deben adjuntarse las firmas del 30% del padrón electoral, que serían unas 850 mil.

El referéndum se realizaría a nivel nacional, y su resultado no es de acatamiento obligatorio, pero es una señal clara para el gobierno sobre si el pueblo está o no de acuerdo.

“Con el combo se hizo un referéndum en la calle, y el presidente Miguel Ángel Rodríguez comprendió lo que el pueblo quería y valientemente frenó el proyecto para despedazar el ICE, hoy esperaríamos que igualmente la decisión del pueblo sea respetada”, explicó Corrales, quien presentará el referéndum en pocas semanas.

1. El derecho a negociar libremente con los empleadores y patrones las condiciones de trabajo, constituye un elemento esencial de la Libertad Sindical, universalmente reconocida. Negar la posibilidad de que a través de las convenciones colectivas de trabajo, las personas trabajadoras mejoren sus condiciones de vida y de trabajo, es vaciar de contenido el derecho fundamental a sindicalizarse.

2. Las convenciones colectivas de trabajo tienen rango constitucional. Es la propia Constitución Política, la que en su Artículo 62 establece que estos instrumentos tendrán fuerza de ley. Además, el Código de Trabajo y los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tutelan este derecho humano fundamental de las personas trabajadoras.

3. Además y pocas veces se puede reparar en ello en parte por la gran manipulación mediática, las convenciones colectivas de trabajo también pueden establecerse en el Sector Privado de la economía. Lo que sucede es que por la represión sindical de los patronos es prácticamente inexistente el sindicalismo en dicho sector; por ende, la ausencia de negociación colectiva en las empresas privadas es “comprensible”. En nuestro país, históricamente, se ha negado a las personas trabajadoras del sector privado su derecho básico a organizarse en sindicatos, y por ende, su derecho a y negociar colectivamente.

4. Negar este derecho humano fundamental va contra la ley, contra la Constitución Política, contra los tratados internacionales y contra los principios fundamentales que inspiran la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, las convenciones colectivas de trabajo encarnan y materializan estos principios fundamentales reconocidos universalmente.

5. Las recientes resoluciones de la Sala Constitucional, en las que elimina una serie de garantías y derechos obtenidos por los trabajadores y por las trabajadoras de RECOPE, de JAPDEVA, del Instituto Nacional de Seguros, de la Junta de Protección Social, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de la Caja Costarricense de Seguro Social; constituyen la expresión de una arremetida por parte de los sectores neoliberales, contra cualquier garantía que disfruten las personas trabajadoras. Ahora son las convenciones colectivas de trabajo, después vendrán por los derechos contenidos en el Código de Trabajo y, más temprano que tarde, por las garantías sociales consagradas en nuestra Constitución Política.

6. Desde hace veinte años, los políticos empresarios del PLUSC, ahora reforzados con el partido de los casinos y las casas de apuestas, han apostado a un modelo concentrador de la riqueza, que otorga privilegios profundamente abusivos e irracionales a las empresas transnacionales, que niega todo derecho humano, y considera que los derechos de las personas y del ambiente constituyen barreras para el comercio, convirtiendo el trabajo en una mercancía.

7. Este modelo lo quieren coronar con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, instrumento que exige y lleva intrínseca la precarización de las relaciones laborales. Lamentablemente, para que las empresas “estrellas” de este tipo de tratados, se beneficien y obtengan cada vez más ganancias, el mandato es estandarizar las relaciones laborales hacia abajo, llevando a Costa Rica al mismo nivel del resto de países centroamericanos. Precisamente, las convenciones colectivas de trabajo, las garantías y derechos contenidos en ellas y en nuestro Código de Trabajo, son obstáculos para ese objetivo, por eso hay que eliminarlas, por eso deben desaparecer.

8. La Sala Constitucional, que ha venido materializando esa exigencia de las empresas transnacionales, con la complicidad de la clase política y empresarial gobernante en nuestro país, tiene una doble moral. Día tras día, este tribunal nos cierra la puerta en la cara, cuando se trata de tutelar derechos fundamentales como el trabajo, el salario mínimo, el debido proceso y la libertad sindical.

9. Para los magistrados y magistradas de la Sala IV, sí es competencia constitucional eliminar las garantías que gracias a la Convención Colectiva de Trabajo gozan los trabajadores y trabajadoras de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz; pero no constituye derecho digno de ser tutelado por el tribunal constitucional, el derecho fundamental al trabajo y a la libre sindicalización, que le fue arrebatado a un grupo de trabajadores injusta y arbitrariamente despedidos en COOPELESCA (cooperativa de electrificación rural de la zona de San Carlos).

10. Para esa Sala Constitucional, que borra de golpe y porrazo garantías concebidas en una Convención Colectiva de Trabajo, el derecho de un grupo de trabajadores estibadores de INCOP, a percibir el salario mínimo no es un derecho humano digno de ser tutelado por la jurisdicción constitucional; pero si es materia constitucional, eliminar la garantía de los trabajadores de la Junta de Protección Social de San José, para que en caso de que los despidan por reestructuración institucional, se les cancelen todos los años servicios a la institución.

11. Es evidente que la clase trabajadora costarricense, de los sectores Público y Privado, debe unirse para defender las conquistas que a través de la historia ha logrado conseguir, hasta con su propia sangre, muchos hombres y mujeres. Debemos manifestar nuestro repudio a ese modelo que niega cualquier derecho humano y ambiental, que busca el enriquecimiento irrestricto de unos pocos a cambio de la pobreza de muchos. Es hora de salir a la calle a defender las conquistas sociales que nos heredaron nuestros antepasados y que han hecho de Costa Rica un país diferente al resto de Centro América.

San José, 26 de mayo de 2006

A la vez, hacemos un llamado, una exhortación fuerte para que no nos rindamos, para no claudicar; para no dejarle el INS a esa camarilla neoliberal, corrupta y perversa que anhela nuestra desmoralización; que ansía tener el camino libre para “su” TLC; que espera de nosotros una claudicación sin haber empezado la verdadera pelea por la Patria.

Los sicarios políticos de la derecha económica neoliberal, a través del partido de los casinos y de las casas de apuestas, ejecutan una parte de la tarea sucia para preparar el terreno del TLC: el ataque a las Convenciones Colectivas de Trabajo, paso primero de una estrategia de abolición del Código de Trabajo y de reducción al mínimo de los derechos laborales en general.

Bien decían los señores de la Junta de Notables nombrada por el Gobierno anterior para el análisis del TLC: que Costa Rica tendrá que “homologar” su legislación laboral hacia abajo, para poder ser “competitiva” con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, con Nicaragua; países éstos caracterizados por una pobreza espantosa, una aberrante concentración de la riqueza, una violencia social incontrolable de más de diez homicidios por día, una semiesclavitud laboral, una explotación inmisericorde y una agresión antisindical imposible de imaginar.

Eso quieren para Costa Rica, la oligarquía angurrienta de este país que quiere dejarse para sí, el INS, el ICE, la CCSS, el A y A, etc.; para ello se idearon una conspiración de sentido múltiple: reelección presidencial, TLC, ataque a las convenciones, más represión sindical en las empresas privadas y amenazas de muerte para quienes osen desafiar su “orden” en construcción.

Quitar el derecho de cesantía del INS, tal y como está previsto es un absurdo, porque entonces quiere decir que propia Ley Protección al Trabajador que estableció la ruptura del tope de cesantía, aunque fuera parcial, también sería un “privilegio”; que la Ley de Asociaciones Solidaristas (cesantía en el Sector Privado, por ejemplo), también es un “privilegio”; que la cesantía que se establece en el Régimen de Servicio Civil, por reestructuración, también es un “privilegio”.

Levantemos hoy nuestra voz bien fuerte. Que se perciba nuestra potencia. Que se vea nuestra unidad en la diversidad. Que se tome nota que somos uno solo. El INS, parte esencial de nuestra Patria agredida por la corruptela neoliberal y su TLC, nos necesita.

¡¡¡Que nadie se rinda!!!

Junta Directiva Seccional ANEP-INS

1 – Vamos hacia el primer mes de instalación del nuevo parlamento costarricense, lapso suficiente para hacer públicas nuestras primeras consideraciones al respecto; a fin de compartirlas con los legisladores y con las legisladoras de recién llegada a sus respectivas curules y con sus correspondientes equipos asesores. Igualmente, con las bases sociales de nuestras respectivas organizaciones y con las de las agrupaciones amigas y fraternas.

2 – Estas consideraciones son producto de una seria reflexión colectiva tanto a lo interno de la ANEP como de ASDEICE. Las hemos conjuntado bilateralmente y luego compartido con compañeros y compañeras dirigentes de una amplia serie de organizaciones sociales, las cuales, en términos generales, comparten nuestra visión acerca del carácter del proceso político-social que vive hoy nuestra querida Costa Rica. Empezamos…

3 – La derecha económica oligárquico-neoliberal, aglutinada hoy en el Partido Liberación Nacional (PLN), está más que feliz pues se siente “empoderada” del control y de la iniciativa política parlamentarias; luego de su matrimonio ideológico con el sicariato político de esa derecha representada en el partido de los casinos y de las casas de apuestas.

4 – Particularmente, se nota como la fracción parlamentaria liberacionista está orientada por la agenda ideológica de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Este gremio empresarial logró posicionar, primero como candidata diputadil en ese partido y luego como jefa de su grupo legislativo, a la señora Mayi Antillón, figura de la máxima confianza de los connotados hombres de negocios, Marco Vinicio Ruiz (hoy Ministro de Comercio Exterior) y Samuel Yankelewitz. Así, la UCCAEP se posiciona en dos escenarios decisorios para sus intereses, relegándose a un segundo plano de la agenda política liberacionista puntos de barniz socialdemócrata como para guardar las apariencias.

5 – Esta situación pareciera tener incómodos a algunos de los nuevos legisladores liberacionistas, pero es muy temprano para el surgimiento de eventuales discordancias pues el máximo jefe está en el control total de la iniciativa política… Al menos por ahora. Se considera que la contundencia de las argumentaciones contra el denominado TLC, podría generar quiebres con un compromiso de lealtad personalista y hasta un “domingo siete” podría saltar en la fracción liberacionista cuando llegue la “hora cero”.

6 – Los sectores patrióticos parlamentarios, algunos ya plenamente identificados y otros que podrían asumir posiciones civilistas y democráticas, parecieran “arrinconados”; no obstante, el coraje, el valor y la claridad política de un diputado como don José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, nos dan garantía plena de que la victoria ya cantada por esa derecha, podría convertirse en un revés que, definitivamente, cave su sepultura para siempre. Es sorprendente cómo este ciudadano, costarricense por adopción, tenga más interiorizada la esencia de la idosincracia costarricense que muchos de sus actuales colegas parlamentarios, evidentemente vendepatrias al sonido del tintineo metálico. La solidez intelectual y la base social del diputado José Merino es muy amenazante cuando la docilidad, el oportunismo y la mediocridad empiezan a aflorar en el nuevo parlamento. Su “peligrosidad” es tal que por eso lo excluyeron de la participación plena en la comisión legislativa que debe tramitar el TLC.

7 – Admirable resulta la valiente posición del señor diputado don Oscar López Arias, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), quien pareciera perfilarse como un abanderado calificado de los sectores excluidos, no solamente por la situación de discapacidad, sino desde una perspectiva sociopolítica.

8 – Como bien sabemos, la amplísima mayoría del pueblo costarricense está excluido de los famosos beneficios del crecimiento económico tan pregonado por esa derecha codiciosa y angurrienta. La riqueza se concentra aceleradamente en pocas manos, especialmente luego de la llegada al país del capital sangriento centroamericano para enlazarse incestuosamente con algunos de sus pares nacionales, ya sin más escrúpulos que la avaricia por la acumulación más veloz posible. Tenemos fe en el legislador don Oscar López Arias, dada su trayectoria ética antes de convertirse en diputado; suponiendo la honra fiel a las estimulantes reflexiones y posiciones intercambiadas con nuestras organizaciones, poco antes de asumir su curul.

9 – Por su parte, la fracción del casi en extinción Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), podría tener una excelente oportunidad de exorcizarse de tanto neoliberalismo y corruptela, para recuperar la noble senda del humanismo cristiano. Esta fracción sabe que el gran capital (y particularmente, su sector oligárquico-financiero), los “descartó” en las pasadas elecciones como sus representantes políticos en el sistema institucional formal.

10 – Para la fracción PUSC retornar a la filosofía del humanismo cristiano y a la esencia de las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, implicará, necesariamente, una posición contraria a ese TLC que es defendido por esa oligarquía cuyos intereses estuvo el PUSC defendiendo tanto tiempo y que les “desechó” en la campaña electoral recién pasada. Somos escépticos de su reencuentro con las raíces del pensamiento del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Sin embargo, esperaríamos una recepción profunda y una audiencia calificada a los razonamientos construidos desde los sectores sociales en éste y en otros temas de la agenda nacional que tiene en sus manos el actual parlamento.

11 – Es cada vez más decepcionante el papel del Exdefensor de los Habitantes de la República, el Lic. José Manuel Echandi Meza, del Partido Unión Nacional (PUN). Le creíamos capaz de tener pensamiento propio pero cada vez notamos su “traslado” hacia las tiendas ideológicas del neoliberalismo. Su característica pusilanimidad le lleva a buscar aquel lugar de “mejor” sombra. En todo caso, para los sectores sociales, él ya es visto como furgón de cola de la iniciativa política parlamentaria de la derecha oligárquica pro-TLC.

12 – Sobre la derecha religiosa con escaño parlamentario, no es necesario hacer mayor mención. Está totalmente claro de cual lado está. La ética cristiana no parece colisionar con la “ética” neoliberal cuando de intereses se trata.

13 – Finalmente, la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC) parece tener un grave problema de “identidad” para perfilarse como opción política confiable. Estamos notando una decepción creciente en múltiples de los cientos y cientos de grupos sociales que, por razones de coyuntura, ayudaron, con toda mística y desprendimiento, al ascenso electoral de dicho partido, al punto cuantitativo de sobra conocido.

14 – La esperanza de una militante respuesta patriótica y cívica del PAC en la nueva coyuntura parlamentaria, pareciera estar en el carácter, la decisión y la firmeza de algunas de sus individualidades: algunas connotadas, otras empezando a visibilizarse y otras de potenciales sorpresas. Muchas de las curules del PAC se hicieron realidad por un enorme sacrificio social y eso, respetuosamente lo decimos, debería tenerse presente un día sí y otro también.

15 – El PAC debería entender que el concepto de “mayoría” manejado por esa oligarquía financiera y gran exportadora e importadora, pro-TLC, no necesariamente es aritmético. Por tanto, caer en la trampa de “dejar votar” en una cuestión tan sensible como el TLC, representaría un profundo menosprecio y una burla total para los miles y miles de compatriotas quienes, desde la sociedad civil organizada, escenificarán el Referéndum de la Calle en esa “hora cero”.

16 – La ética política defendida tan fuertemente por el PAC no es la misma “ética política” de esa derecha oligárquica pro TLC, la cual fue capaz de torcer la Constitución Política para permitir la reelección presidencial; facilitando así la llegada de “su mejor cuadro” al Gobierno, a fin de que éste, el Presidente Oscar Arias Sánchez, realice, ¡por fin!, la tarea que no pudieron completar ni Calderón Fournier, ni Rodríguez Echeverría, Ni Figueres Olsen, ni Pacheco de la Espriella, todos hijos de ella.

17 – Finalmente, debe quedar suficientemente claro a las nuevas autoridades legislativas, de todos los partidos sin excepción alguna, la siguiente perspectiva anidada en todos los Sectores Sociales: La suerte del país en las actuales circunstancias históricas, ya no es resorte monopólico de un parlamento reflejo del agotamiento de una democracia representativa totalmente prostituida por una combinación de factores, lo que parece tornar como irreversible una relegitimación institucional según los añejos parámetros todavía vigentes.

18 – En los sectores sociales de nuestra querida Patria, de profunda convicción democrática y civilista, va arraigándose fuertemente el concepto de democracia participativa que tiene hoy rango constitucional. Es bajo esa premisa correcta correspondiente al momento histórico que estamos viviendo, lo conducente para invocar, minuto a minuto, horas tras hora, día tras día, la movilización ciudadana bajo el concepto del Referéndum de la Calle. Es esta la única posibilidad real de frenar o atenuar la voracidad por la acumulación de riqueza de esa oligarquía pro TLC. Esa movilización tendrá que ser profunda, extendida; gremial, sectorial; regional y nacional; coordinada o por etapas, en procesos donde lo tradicional se mezcle con lo no tradicional, con tácticas y estrategias de lucha, típicas y atípicas

19 – La necesidad de esta concepción de democracia callejera, es completamente estratégica para el momento histórico que vive nuestra querida Costa Rica. Para los sectores sociales el TLC constituye el “asalto final”, la conclusión del proceso sistemático de desmontaje del Estado Social de Derecho; terminándose así la tarea sin finalizar todavía debido a la enorme resistencia ciudadana, de la agenda del denominado “Consenso de Washington”. Es decir, la apropiación privada final de los servicios públicos de mayor impacto, cobertura y potencialidad de rentabilidad que tenemos todavía en nuestro país, en manos de importantes instituciones ligadas a la esencia de nuestra nacionalidad costarricense: ICE, INS, CCSS, A y A, agricultura, entre otras.

20- Periódicamente bajo esta forma y otras por ponerse en práctica, los actuales legisladores y legisladoras tendrán una oportunidad directa de saber cómo se mira su accionar desde la perspectiva de los movimientos sociales ó en buena parte de los mismos. Además, se podrá conocer algunos planteamientos generados a partir de esa visión de los sectores sociales, sobre temas candentes de la agenda nacional parlamentaria. Bueno sería que las señoras legisladoras y los señores legisladores tengan presente y recuerden, antes de ingresar al recinto parlamentario, que juraron ante Dios y ante la Patria, honrarla y defenderla, día a día; de lo contrario, El y nosotros, el pueblo en las calles, os lo demandaremos.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente de ASDEICE

23 de mayo de 2006

San Pedro de Montes de Oca, 23 de mayo de 2006.

Señor
Dr. Francisco Antonio Pacheco
Presidente
Comité Ejecutivo Superior Nacional
Partido Liberación Nacional
Su Despacho.

Estimado señor Presidente:

Desde hace muchas décadas mi vida y la de mi familia han estado vinculadas a los principios y valores fundacionales del Partido Liberación Nacional. En los buenos momentos pero también en la hora difícil, una y otra vez invocamos la premisa que la aspiración máxima de Costa Rica era “(Š) la construcción de una sociedad de oportunidades crecientes para el mayor número”. Hoy, en el altozano de mi existencia creo más que nunca en ése postulado que hizo posible que el país al que tanto quiero, fuese durante un dilatado período histórico de casi medio siglo, un paradigma de paz interior, justicia social y desarrollo económico para toda América Latina.

Por fortuna pude compartir esa aspiración con mi esposo, Rodrigo Facio Brenes, cuya vida y obra fueron sinónimos de los anhelos esbozados por los jóvenes idealistas que fundaron el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales primero, y la Segunda República después. Me resulta innecesario señalar los alcances del aporte de Rodrigo al país y al Partido Liberación Nacional. De hecho, si bien su prematura muerte le impidió culminar con muchas de las tareas superiores que albergaba en su corazón, ella no logró detener el ímpetu de su visión que floreció en las aulas, laboratorios y jardines de la Universidad de Costa Rica o en las instituciones de un Estado solidario al que siempre consideró indispensable para garantizar la justa distribución de la riqueza y el bienestar de las familias costarricenses.

Cuando hace ya varios años el Partido Liberación Nacional decidió darle el nombre de Rodrigo Facio Brenes a su instituto de formación política, mi familia y yo consideramos que tal honor era cónsono con la preocupación permanente de Rodrigo de producir conocimiento para las nuevas generaciones de la Patria. Entendimos que dicha decisión era también consistente con la visión de una organización partidaria comprometida con los objetivos supremos que los jóvenes miembros del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales compartían. Pensamos entonces que nada habría satisfecho más a Rodrigo que saber que su nombre quedaría asociado para siempre al centro doctrinario del Partido que encarnaba muchos de sus más caros sueños y convicciones vitales

Esa sensación, sin embargo, se ha apagado con los años. El Partido Liberación Nacional se apartó del camino, se contaminó de los males de la politiquería sobre los que tantas veces advirtió Figueres, y peor aún, hoy gobierna con un programa que en nada se diferencia del de sus adversarios históricos. Esa convicción que nos embarga, y que se constata permanentemente en las declaraciones y acciones de una dirigencia superior del Partido desprovista de toda consistencia ideológica, también se expresa en el abandono del esfuerzo formador que era la razón de ser del Instituto Rodrigo Facio Brenes. Nada queda de la inercia con que éste fue creado; y poco o nada queda, más allá de una retórica vacía e irrespetuosa con la historia del glorioso Movimiento de Liberación Nacional, del Partido que alguna vez pensamos tendría la obligación moral de preservar para Costa Rica el rumbo de Justicia y Equidad que tantas veces defendieron sus fundadores incluso pagando el precio con su propia sangre.

Por todas estas razones, y por respeto a la memoria de Rodrigo, mi familia y yo hemos resuelto solicitar que su nombre sea inmediatamente retirado del instituto de formación del Partido Liberación Nacional. No queremos que el nombre de Rodrigo Facio Brenes siga asociado con una entidad que ya no representa sus ideales, ni refleja sus aspiraciones, ni acompaña su pensamiento transformador. Tampoco queremos que su imagen se vincule al Partido que ayer defendía al Estado Social de Derecho y que hoy es cómplice de quienes lo mancillan y buscan su exterminio, sea por medio de vergonzosas alianzas con partidos y movimientos opuestos a la social democracia, sea por medio de tratados que, como el que gobierno de don Oscar Arias pretende ratificar con los EEUU y los demás países centroamericanos, constituyen poco menos que la anexión de Costa Rica al mercado e intereses geopolíticos de una superpotencia.

Al hacer esta solicitud que es inequívoca e irrevocable, le agradeceré señor Presidente que la haga del conocimiento del Directorio Político y de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional, ambas instancias de las cuales es usted también titular. Ello, con el fin de que los órganos máximos de su Organización estén debidamente enterados de la posición y sentimientos míos y de mi familia, mismos que no son ajenos a una gran cantidad de liberacionistas dignos y de buena fe, para quienes el actual rumbo de esa entidad y del gobierno que supuestamente le representa, constituye un agravio que sólo males acarreará al futuro de la República.

Saluda al señor Presidente con toda consideración,

Leda Fernández de Facio
Cédula 1-149-569
ORIGINAL FIRMADO.

¿Quién fué Don Rodrigo Facio Brenes?
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Sistemática ha sido la campaña mediática de la “gran” prensa del poder económico de este país, centrada en desprestigiar, un día sí y otro también, a los empleados públicos y a las empleadas públicas; y, en general, todo lo que sea prestación de servicios desde las diferentes entidades del Estado.

Una de esas formas de desacreditación es la de catalogar a este segmento de la clase trabajadora como vago y holgazán, lo cual es absolutamente ofensivo e injusto, pues la abrumadora mayoría de las personas trabajadoras de la Administración Pública de Costa Rica, son personas honestas, esforzadas y de bajos salarios.

Es en función de lo anterior que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE), emplazan, vehementemente, al Gobierno de la República para que el día viernes 9 de junio, con ocasión del partido inaugural del Campeonato Mundial de Fútbol, que disputarán las selecciones nacionales de Alemania y de nuestro país, Costa Rica; solamente se autorice la paralización de labores durante la ceremonia de apertura y la duración del partido.

Dar un asueto para esta especial ocasión, sin establecer su carácter y sus límites, es reforzar la diabólica y perversa corriente ideológica neoliberal, acerca de la prescindibilidad del Sector Público y de quienes laboran en él.

Además, dado que la autoridad del Gobierno de la República es poco respetada en el ámbito de las empresas privadas, el asueto en mención no es obligante para las mismas; por tanto, se contribuye al reforzamiento ideológico de enfrentar a la clase trabajadora del Sector Privado con su homóloga del Sector Público, porque ésta sí tendría “libre” para ver el partido y la otra no.

Así las cosas, consideramos lo siguiente:

1. La posibilidad de ver ese partido debería ser para tenerla en el propio centro de trabajo, únicamente.

2. La paralización generada por el asueto gubernamental a concederse, debe tener un escrito carácter de voluntariedad, de forma tal que quien no quiera ser arrastrado por la corriente que provoca este fenómeno social, continúe laborando.

3. Además y como es lógico suponer, se debe hacer énfasis en que ciertas labores y tareas absolutamente imposibles de ser incumplidas y cuya continuidad es su esencia misma, no deben ser afectadas por este asueto; tal y como sucede en feriados nacionales obligatorios de acatamiento para todo mundo.

4. Terminado el partido, las labores paralizadas deberían reanudarse inmediatamente, hasta el término total de la jornada respectiva.

San José, 22 de mayo de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Chaves Castro
Presidente de ASDEICE