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Los trabajadores y los dirigentes sindicales se presentaron ante la Contraloría General de la República para que interviniera en la solución de la problemática municipal de Tibás.

A pesar de la negativa del Alcalde Percy Rodríguez de negociar el pago legal que les corresponde a todos y todas las trabajadoras municipales, se logró que el Concejo Municipal llegara a un acuerdo en el cual se comprometen a cancelar lo adeudado. (Moción del Concejo Municipal del 26 de julio de 2005)

El Alcalde se negó en todo momento negociar lo que legalmente les correspondía a los trabajadores, aduciendo que lo adeudado se incluirá en un presupuesto extraordinario que sería enviado a la Contraloría General de La República, sin embargo en seis meses nunca lo presentó ante el Concejo para su aprobación.

Para algunos la vida es hacerle la vida imposible a los demás, tal es el caso de las autoridades municipales de Tibás, que no solo brinda un pésimo servicio a la comunidad, sino que además bulan la Ley y a las Autoridades.

Los trabajadores de campo en huelga recibieron en tan solo seis horas más de 7.500 firmas de apoyo de la comunidad que se encuentra molesta por la actual administración municipal debido al pésimo estado de las calles tibaseñas, la problemática con la recolección de basura y muchos otros servicios municipales a los cuales ni el Concejo ni el Alcalde Percy Rodríguez brindan solución.

Mientras el Alcalde Percy Rodríguez no paga los aumentos salariales de Ley a los trabajadores, paga miles de miles de colones a una empresa privada para “barrer por donde pasa la suegra” y gasta miles de colones en actividades que no tienen relevancia

La huelga de los trabajadores de campo, además, tenía el objetivo de exigir los implementos necesarios para realizar su trabajo diario. Desde hace casi dos años los trabajadores de campo no reciben guantes, escobones, palas, carretillos, y demás materiales de construcción para obras municipales, por lo que estos tienen que estar pidiendo “regalado” a los vecinos materiales para poder terminar sus trabajos o traérselos de sus casas.

Ante todo esto si el Concejo no cumple con lo acordado con los trabajadores y la trabajadora de campo que participaron en el movimiento de huelga, o si se procede administrativamente contra algún trabajador o trabajadora en represalia, se obligará a estos a levantase en huelga nuevamente.
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Acuerdo entre el Concejo Municipal de Tibás
y los Trabajadores de Campo

Moción

Considerando:

1. Que la Administración Municipal debe presentar ante el Concejo Municipal en el término de dos días un Presupuesto Extraordinario, el cual deberá contener los rubros necesarios para hacer frente a las demandas de los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de Tibás, a saber: El reajuste salarial del primer semestre del año 2005, la diferencia adeudada de salario escolar, tomando en cuenta que en el Presupuesto Extraordinario 2-2005 ya se contempló un monto de 8.000.000.00 para cumplir con tal deuda, además el monto que se requiere para cumplir con el pago de salarios a partir del 15 de noviembre del 2005 y el aguinaldo del presente año.

2. Que la Comisión de Hacienda y los miembros del Concejo Municipal se comprometen a analizar el documento presupuestario, para que en Sesión Extraordinaria a celebrarse el lunes 01 de agosto del 2005, se apruebe Dictamen y Moción al respecto, dando pie al envío de ese Presupuesto Extraordinario a la Contraloría General de la República para su aprobación.

3. Que los trabajadores y sus representantes sindicales, ante el esfuerzo del Honorable Concejo por encontrar solución al problema laboral que se vive en la Municipalidad de Tibás, se comprometen a deponer el movimiento de huelga de forma inmediata, reservándose el derecho de volver al movimiento huelga en caso de incumplimiento de lo aquí acordado.

4. Que los miembros de este Concejo Municipal, firmantes de la presente moción consideran que las demandas de los trabajadores y las trabajadoras obedecen a un derecho contemplado en la Ley y en la Convención Colectiva vigente en esta municipalidad.

Por tanto se acuerda:
Con base a los considerandos de la presente moción,

1. Que el Sr. Alcalde debe presentar en el término de dos días un Presupuesto Extraordinario al Concejo Municipal, según lo contemplado en el considerando 1.

2. Este Concejo Municipal insta de manera respetuosa pero categórica al señor Percy Rodríguez Argüello, Alcalde de la Municipalidad de Tibás, que en consideración del interés público y en aras de lograr la armonía y la paz laboral que debe prevalecer en la Institución; se abstenga de iniciar procedimientos administrativos disciplinarios de cualquier naturaleza o cualquier represalia contra los trabajadores que se mantuvieron en huelga; toda vez que los mismos han externado su anuencia a colaborar, de ser necesario de manera extraordinaria, en la recolección de desechos sólidos y aseo de vías, garantizando así el bienestar de los vecinos del Cantón de Tibás.

3. Instar al Sr. Alcalde para que de forma inmediata cancele a los trabajadores en huelga los salarios retenidos durante el movimiento.

4. Instar al Sr. Alcalde Municipal a que desestime la acción judicial de solicitud de declaratoria de ilegalidad de huelga presentada ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.

Que se dispense del trámite de Comisión y se declare Acuerdo definitivamente aprobado. Notifíquese.

(Original firmado por los Regidores y las Regidoras del Concejo Municipal de Tibás y los representantes sindicales de ANEP y los trabajadores en huelga)

San Juan de Tibás, 26 de julio de 2005, 9:00 p.m.

HUELGA CONTINÚA. Los trabajadores de campo de la Municipalidad de Tibás entran a su tercera semana de huelga indefinida, demandando condiciones mínimamente óptimas para servir mejor a la comunidad, así como compromisos claros para cubrir deudas salariales que la institución tiene con ellos. Este personal está encargado de la recolección de basura, del aseo de vías, de la limpieza de parques y el desarrollo de obras comunales

NATURALEZA DE LOS RECLAMOS. Sus reclamos, en concreto, son los siguientes: a) Dotación de implementos de trabajo para realizar mejor la labor en servicio de la comunidad; b) pago del incremento salarial del primer semestre del presente año; c) definición clara de qué sucederá con el del segundo semestre; d) definición de contenido económico para el salario de la segunda quincena de noviembre y de todo el mes de diciembre entrantes; e) contenido económico para el pago del aguinaldo; f) ausencia de represalias por haber desarrollado el movimiento huelguístico.

• Las condiciones deplorables en que se encuentran los trabajadores se reflejan en los vestuarios cada vez que llueve*

MEDIACIÓN ECLESIAL. El pasado jueves 21 de julio, Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo Metropolitano de San José, ofreció su mediación en este conflicto; ofrecimiento que de inmediato fue aceptado por la parte laboral. Dicho prelado se dirigió en tal sentido al Alcalde de Tibás, MSc. Percy Rodríguez Argüello, mediante oficio A. 085/05, quien hasta el momento no ha respondido nada al respecto.

La solidaridad sindical se ha hecho presente. Por hambre el Alcalde del PUSC, Percy Rodríguez, no acaba con el espíritu combativo de los trabajadores

ESTADO LEGAL. La declaratoria de ilegalidad de la huelga no está en firme. El primer pronunciamiento judicial se hizo sin considerar la opinión laboral, únicamente con base en el criterio de la administración municipal.

La ilegalidad de la huelga no está en firme porque la Jueza a cargo
no incluyó los argumentos de los trabajadores, ya que estos “se les extravió”. Se solicitó a Inspección Judicial que intervenga sobre el procedimiento de la jueza.

Además ocurrió algo sumamente grave: los argumentos de los trabajadores que plantean la legalidad de su movimiento, se “extraviaron” en el juzgado. En tal sentido, ANEP planteó una solicitud de nulidad de todo lo actuado en sede judicial para que se emita un nuevo pronunciamiento. Además, se plantearon las denuncias del caso ante la Inspección Judicial, por no considerarse el argumento laboral a la hora en que hicieron esa primera declaratoria de “ilegalidad”, así como por el “extravío” del documento de los trabajadores en el juzgado, pese a que fue entregado en tiempo y en forma.

CRUCIAL SESIÓN. MINISTRO DE TRABAJO PRESENTE. Mañana martes 26 de julio, a las 7 de la noche, el Concejo de la Municipalidad de Tibás sesionará para buscarle solución a esta huelga, presentándose propuestas que son bien vistas por la parte laboral. La huelga podría terminar en ese mismo momento si, además, se dan garantías de la ausencia de represalias para los trabajadores. ANEP le ha pedido al Lic. Fernando Trejos Ballestero, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que se haga presente a dicha sesión municipal, a lo cual este jerarca accedió.
Tanto los representantes sindicales de ANEP como los trabajadores
han buscado, en el Concejo Municipal negociar el pago del aumento salarial de enero y el salario escolar que les corresponde,
así como los implementos de trabajo necesarios

APOYO COMUNAL. Durante todo el recién pasado fin de semana y en este mismo día feriado, 25 de Julio, se ha estado realizando un intenso perifoneo en los diferentes distritos del Cantón de Tibás, exhortando a la ciudadanía a hacerse presente en la sesión municipal de este martes 26. Las muestras masivas de apoyo de los vecinos para los trabajadores en huelga han sido contundentes y existe un clamor generalizado que pide la salida del Sr. Rodríguez Argüello de la Alcaldía de Tibás.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, 25 de julio de 2005.

Adjuntamos texto de la carta (dos páginas), que en estos momentos se está enviando a los diputados y a las diputadas al respecto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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San José, 20 de julio de 2005.

S.G. 0447-05
¡URGENTE!

Señores Diputados
Señoras Diputadas
Asamblea Legislativa

Honorables legisladores y legisladoras:

Sus autoridades, tienen pleno conocimiento y documentación sobre la posición de ANEP, en relación al denominado Plan Fiscal que se debate en ese plenario.

No obstante, es de nuestro interés, en razón de la función social que despliega el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), insistir, sobre la necesidad de que a esta institución no se le aplique el porcentaje del 10% sobre la renta a los títulos de quienes ahorran en esa institución.

El legislador y legisladora, cuando le facilitó al Banco Popular esta “ventaja competitiva” (como le llaman los neoliberales), lo hizo con el propósito de que los pequeños ahorrantes no fueran gravados en sus ganancias, estimulando el ahorro en los sectores laborales; y, por otro lado, hacer atractiva la inversión para aquellos que manteniendo sus fondos en el BPDC, no cuentan con la garantía estatal, compensando esta dificultad con la exoneración mencionada.

Sobra señalarlo, pero es importante insistir en ello. Esta institución, por su carácter, maneja una cartera de crédito consistente en sumas muy pequeñas, en general créditos menores a los 300 mil colones. De igual forma, los ahorrantes lo hacen en pequeñas cantidades, hasta de 5 mil colones.

Por tanto, respetuosamente, insistimos y demandamos de los señores legisladores y de las señoras legisladoras darle, en materia fiscal, un trato preferencial al BPDC, así como a sus ahorrantes.

No tiene el mismo costo prestar a un solo cliente la suma de 300 millones de colones, que prestar esta suma a dos mil clientes, como es la práctica en el Popular.

Todos y todas los sabemos. El Ministro de Hacienda y el mismo Presidente así lo ha indicado, la plata que produzca el paquete tributario es para financiar la jarana que nos dejará la firma del TLC (si es que lo permitimos); y ahora, de “colada”, los nada tontos banqueros, además de esos fondos, no satisfechos, se quieren echar a su bolsillo con la ley del paquete de impuestos al BPDC.

Esperamos que los señores diputados y las señoras diputadas, que aún tienen compromiso con este país, no permitan que estos intereses, arruinen al Banco de los Trabajadores.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Junta Directiva Banco popular y de Desarrollo Comunal.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
c.:Archivo.

El COMITÉ CIVICO PRO CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE HEREDIA, “MOVIMIENTO HEREDIA POR MEDIA CALLE”, formula el más vehemente llamado a las autoridades del Gobierno de la República, a los señores y señoras diputados y diputadas, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes, a los medios de comunicación colectiva y a la ciudadanía en general; a manifestar su total oposición para que la empresa española OHL, cuestionada recientemente por las obras a ella encomendadas para la construcción y equipamiento del Hospital de Alajuela, hoy pretenda ser adjudicada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para construir el Hospital de Heredia.

Es el colmo que a esta firma española, que con las denuncias de público conocimiento ha atentado contra los intereses de todos los asegurados y muy a pesar de las gravísimas acusaciones que cuestionan la calidad de la obra hecha y de los equipos instalados en el hospital alajuelense, la legislación patria le permita participar como oferente en la licitación para construir y equipar el Hospital de Heredia.

El proceso programado por la CCSS se encuentra en su etapa de precalificación y en él participan 44 empresas, resultando que a estas alturas la empresa española OHL se encuentra en el cuarto lugar. ¿Qué nos pasa?, ¿en qué país vivimos?; ¿será Costa Rica el reino de la impunidad o se debe imponer el Estado de Derecho que garantiza el interés colectivo por encima del particular?.

Protestamos enérgicamente ante esta nueva afrenta para la soberanía nacional y para los más nobles ideales de los asegurados de la provincia herediana. Deben entender tanto los personeros de la empresa española OHL como las altas Autoridades de la CCSS que el MOVIIENTO HEREDIA POR MEDIA CALLE representamos intereses legítimos de una comunidad que sueña con tener un Hospital digno y a la altura de los tiempos modernos, y que no dejaremos nuestra lucha por tal objetivo en manos de una empresa cuestionada por hechos que cuantifican ya varios millones de colones en perjuicio del erario público.

Llamamos a las fuerzas vivas y al pueblo en general para que se manifiesten el próximo miércoles 20 de julio a las 6 p.m., en los altos de la panadería frente a la Farmacia del Hospital de Heredia.

A la prensa le urgimos a que se muestre incisiva en investigar hasta sus últimas consecuencias las implicaciones y causas que rodean la participación de esta empresa en esta nueva licitación.

“Los derechos no se regatean, los derechos se arrebatan”
José Martí
COMITÉ CIVICO PRO CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE HEREDIA, “MOVIMIENTO HEREDIA POR MEDIA CALLE”

Antonio Camacho Ramos
Coordinador
382 52 18

Eduardo Víquez Jiménez
Presidente Red de Juntas de Salud
382 22 31

Ligia Solís Solís
Representante de ANEP
257 99 24

San José, 15 de julio de 2005

01- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se manifiesta ante la opinión pública nacional, con relación a los lamentables hechos acaecidos en uno de nuestros principales centros de atención médica, el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; suceso que deja un doloroso y triste saldo víctimas humanas, 19 personas fallecidas, entre las que se encuentran tres enfermeras de ese hospital; todo lo cual se constituye en una pérdida irreparable que enluta al país entero.

02- El horror que provocó ésta tragedia invita a la reflexión sobre el manejo de la cosa pública, especialmente en el campo de la Seguridad Social. El sentimiento de frustración ante tanto dolor, provoca profunda indignación, sobre todo porque ya habían sido advertidas las autoridades de la CCSS, acerca de las consecuencias de no tomar medidas preventivas concretas a tiempo, que bien pudieron haber evitado tal desgracia y tanto sufrimiento.

03- El altruismo mostrado por el personal de dicho hospital evitó, claro está, consecuencias mayores, a pesar de las serias limitaciones de planta física y recurso humano, logrando evacuar más de 500 pacientes en medio del devastador fuego y el humo, arriesgando y ofreciendo su propia vida, (las enfermeras fallecidas, y el resto del personal no desampararon nunca a los pacientes internados).

04- Las pérdidas materiales también son cuantiosas. Se perdió un costoso equipo de angiografía, para tratar pacientes con patologías cardíacas y varios equipos de hemodiálisis para uso de los pacientes con problemas renales, además del daño estructural al edificio. Se quemaron respiradores, camas, expedientes clínicos; además de tres salones de atención de pacientes dentro de los que destaca la unidad de neurocirugía, cirugías de varones y cirugía de mujeres. Nada se pudo salvar, no hubo tiempo, no fue posible.

05- Desde hace más de dos años, nuestra organización ANEP denunció, a propósito de la construcción y equipamiento de la nueva torre y basados en estudios técnicos de la misma institución, los serios problemas de funcionalidad que enfrentaría la nueva edificación, con efecto negativo hacia todo el hospital.

06- Obra en nuestro poder una serie de documentos que evidencian cómo se advirtió, incluso públicamente, de eventuales consecuencias nefastas. Lamentablemente hoy vemos como la falta de acciones, no sólo de “planes”, deriva en consecuencias tan lamentables.

07- Hay que encontrar responsabilidades y responsables. Para ello es preciso investigar profundamente, primero, el hecho que se presentó en el Hospital Dr. Calderón Guardia. Segundo, es urgente hacer un alto en el camino que permita demandar contundentemente un proceso de rendición de cuentas de la reforma del Sector Salud iniciada a mediados de los años 90. Es necesario precisar qué ha ganado y qué ha perdido la institución con los compromisos de gestión y la desconcentración hospitalaria; revisar si lo proyectado como derrotero institucional en el papel, es congruente con lo que indica la práctica después de su implementación, lo que también en su momento advertimos como una necesidad institucional.

08- No podemos dejar de señalar nuestra preocupación por los intereses particulares que se ciernen sobre la institución aseguradora, baluarte indiscutible de la Seguridad Social costarricense. No debe ser este trágico incidente, razón para que quienes con otro tipo de intereses, saquen provecho propio, queriendo hacer incluso comparaciones odiosas con las empresas privadas que hacen negocio con el derecho a la Salud. No hay el más mínimo espacio para este tipo de comparaciones.

09- Lo que sí es oportuno es corregir el derroche de recursos públicos que han venido financiando el negocio de la salud privada, mediante la compra indiscriminada y sin sistemas de contabilidad de costos que permitan saber qué se compra, a quiénes y por cuánto. Este derroche, en gran medida, explica porqué luego el Gobierno y la Caja dicen que no hay recursos para financiar los hospitales públicos que son de toda la población costarricense.

10- Lo acontecido no será “un pelo en la sopa”, como lo señaló desafortunadamente, el señor Presidente de la República, quien luego optó por arrepentirse por semejante imprudencia y desaguisado. Quizá olvidó que él, personalmente, inauguró la nueva torre, en momentos en que ni siquiera estaba en funcionamiento y coincidió ese acto con una serie de cuestionamientos sobre su construcción; sin explicarnos todavía cómo fue que la persona que en ese momento tenía a su cargo la Dirección de Proyectos de la CCSS, sea la misma que hoy tenga a cargo la Gerencia de Operaciones de toda la institución, una de las más importantes.

11- No sabemos si en aquel momento cuando se enteró de que alguien lo había vuelto a “embarcar”, pidió investigar el asunto profundamente y sancionar a los responsables. Lo cierto es que dos años y medio después, nada sucedió y los responsables siguen impunes.

12- Desafortunadamente, este caso constituye un nuevo episodio de irresponsabilidad política y ejecutiva dentro de las cúpulas jerárquicas de la Administración Pública de nuestro país; autoridades que, por lo general, actúan a posteriori, cuando el daño está causado, cuando el patrimonio público ha sido desperdiciado y/o saqueado, cuando la gestión pública ha perdido la confianza ciudadana.

13- La verdad es que es imposible explicar el doloroso acontecimiento aquí comentado, sin hacer alusión a las contraproducentes políticas fiscales de restricción del gasto social y de la inversión social. La falaz explicación de que no había plata para implementar las recomendaciones de seguridad reiteradamente inobservadas, tienen un origen político-ideológico más que evidente: facilitar un proceso de deterioro de la calidad del servicio público en Salud para acelerar el proceso de posicionamiento de la concepción de mercado y del logro de lucro privado en dicho campo esencial de la preservación de la vida humana.

14- Las absurdas metas fiscalistas que se imponen en las entidades públicas, el fanatismo de la política macroeconómica imperante, el manejo de la cuestión hacendaria baja una ortodoxia ideológica de signo neoliberal; son la base de sustentación que explica, en profundidad, el deterioro de la calidad de los estratégicos servicios ciudadanos que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Si el Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia “no tenía plata” para mejorar los mecanismos preventivos necesarios, reiteradamente señalados, es porque se optó por no atender esas necesidades y, por lo tanto, tiene culpables políticos visibles y notorios, más allá de las responsabilidades internas e institucionales que ha de demandarse en lo inmediato.

15- El doloroso incendio que hoy nos enluta tiene un incendiario: el grupo neoliberal de poder en el control de los últimos gobiernos, incluido el actual; en otras palabras, la Alianza de Negocios PLUSC, o Grupo PLUSC.

16- El mejor homenaje póstumo a las víctimas, no es ni será colocarlos en pedestal o llamarlos héroes, Esto aunque justo no hará justicia. El mejor homenaje que se puede realizar ahora que se ha consumado la tragedia, es derrotar esa política económica castradora asesina del concepto de inversión pública para el bienestar de la gente; junto a la necesidad de desterrar la negligencia institucional-administrativa que cohonesta con su silencio cómplice y/o con su acomodamiento con tal política.

17- Por el contrario, se trata colocar en la dirección política y en los máximos cargos de decisión de gestión pública de nuestras instituciones a ciudadanos y ciudadanos comprometidos con la gente, no con el compadrazgo que les llega desde el Grupo PLUSC y que les coloca en puestos de dirección estratégica de la cosa pública para facilitar la concreción de los negocios por lo que pujan los componentes de tal grupo.

18- Las víctimas del incendio del Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia no dieron su vida en vano. El dolor de sus deudos ha de ser resarcido. Exigimos la más profunda investigación, exigimos renuncias inmediatas por negligencia, exigimos procesos penales para individualizar las responsabilidades; pero, por sobre, exigimos el juicio político a la antihumana política económica vigente, base de sustentación para el doloroso acontecimiento que ha impactado a toda la sociedad costarricense.

19- Como sindicato de servidores públicos y de usuarios de los servicios públicos, la ANEP se pone a las órdenes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Gobierno de la República y de la ciudadanía, en el proceso de reconstrucción del Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia. Para eso necesitamos que las autoridades sean firmes en generar las condiciones para fortalecer la Seguridad Social, evaluar el proceso de reforma llevado a cabo hasta el momento y trazar una línea divisoria entre el interés público y los mezquinos intereses particulares que en nombre de la eficiencia privada, lucran con un mercado cautivo de recursos públicos.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

San José, 14 de julio de 2005

La muerte de personas inocentes, producto de ataques terroristas de esta naturaleza, es una dolorosa situación que indigna las conciencias humanistas del planeta, las cuales anhelamos otro tipo de mundo, más solidario y más justo.

El terrorismo en cualquiera de sus formas merece la más enérgica condena de la Humanidad. Totalmente execrable y condenable es lo que aconteció esta mañana en Londres; como totalmente execrable y condenable es la decisión del gobierno británico de apoyar la invasión de países soberanos como el caso de Irak.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, 7 de julio de 2005.

Los aspectos a tratar son:

1. Vigencia e incidencia de las radios en América Latina. Charla de Fresia Camacho, ex integrante de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.

2. Un vistazo a la Costa Rica actual y la incidencia política de los medios de comunicación. Charla de la Dra. María Pérez, Vicerrectora de Acción Social de la UCR

3. Radio Santa Clara: un actor político en la región. Charla de Alvaro Chaverri, encargado de noticias

4. Presentación de resultados de la investigación: Legislación de radio en Costa Rica. Propuesta de la Red por el derecho a la comunicación e información. Charla a cargo del Ing. Francisco Gonzáles y el abogado Oscar Salas.

Por favor confirme su asistencia al 224-86-41 o 283-21-05, también a los correos seidys@vocesnuestras.org, maurenc@vocesnuestras.org o sandras@vocesnuestras.org

Saludos cordiales,

Seidy Salas V.
Animadora Nacional CAESI
Voces Nuestras

Sandra Salazar Vindas
Directora
Centro de Comunicación Voces Nuestras

San José, julio de 2005.