Categoría: Noticias

Tal percepción se ve reforzada con el otro impactante dato divulgado por el INEC, de que la inflación interanual, julio 2004-junio 2005, fue de un 13.76 %.

Los datos podrían haber sido más dramáticos si los parámetros de medición estuviesen plenamente actualizados. Recordemos que se trabaja con la información de la Encuesta de Ingresos y Gastos que data de 1988.

Estos datos nos llevan a emitir tres conclusiones básicas sobre la política económica vigente; conclusiones que, como es lógico suponer, se elaboran a partir de una perspectiva laboral producto de nuestra naturaleza organizativa:

Primero: La alta inflación golpea, con mayor énfasis, a las personas asalariadas, tanto del Sector Privado como del Público. Los reajustes salariales ni compensan la inflación semestral vencida ni, mucho menos, aumentan el poder de compra del salario.

En el caso del Sector Público, el rezago salarial crece semestralmente; en el caso del Sector Privado, es casi imposible verificar si el empresariado honra, completamente, los porcentajes de reajuste salarial definidos que, a veces, se acercan en el papel (más que en el Estado), a la cifra inflacionaria.

Pero en cualquier caso, tan pronto como el ajuste del mínimo salarial se hace, los salarios son brutalmente golpeados por el incremento inmediato en el costo de la vida. En definitiva, la clase trabajadora asalariada vive un proceso sostenido, sistemático y casi irreversible de empobrecimiento y de deterioro de su calidad de vida.

Segundo: Los responsables de la conducción estratégica de la política económica vigente, inspirados en la filosofía neoliberal y que han servido sin problemas a los sucesivos gobiernos del PLUSC, de los últimos quince-veinte años; siguen sin dar cuentas de sus actuaciones, las cuales, evidentemente, han perjudicado el bienestar de la mayoría de la población.

Han privilegiado la satisfacción de los intereses de ciertos sectores exportadores y de grandes y concentrados grupos financieros, así como de grandes importadores, generando las condiciones macroeconómicas necesarias para apuntalar el odioso y sostenido proceso de concentración de la riqueza que vive la sociedad costarricense y que es la base del abusivo poder político que hoy ostentan tales grupos.

Tercero: Dentro de tal estrategia, hay un tema profundamente tabú en la política macroeconómica de los grupos de poder: la obsesividad por la estabilidad macroeconómica, buscada por medio de mecanismos como el de la deuda interna. Esta situación no sólo ha disminuido los salarios y ha concentrado la riqueza, sino que ha permitido y todavía facilita, la gestación de grandes fortunas altamente concentradas, producto de las necesidades fiscales del Estado costarricense.

Ese mismo Estado que tales grupos han estado controlando en los últimos años y que, paralelamente, tiene diseñada una estructura tributaria débil, laxa y cómplice de tal estado de cosas en lo fiscal.

No hay duda alguna de que la carestía de la vida, las restricciones salariales y la concentración de la riqueza son consecuencias directas de una política económica totalmente equivocada en todos estos años. Sus responsables deben ser objeto del juicio popular y cívico que está pendiente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 5 de julio de 2005.

La situación en Costa Rica es radicalmente distinta. Para quienes adversamos ese TLC, se juega en nuestro país lo poco que queda de eficiente y bueno del todavía existente Estado Social de Derecho; dentro de lo cual destaca la circunstancia de que los más rentables bienes de propiedad pública que todavía quedan en manos de los y de las costarricenses, sigan siendo servicios, derechos públicos, conceptuados para el bien común.

En Costa Rica, afortunadamente, habemos miles de costarricenses, hombres y mujeres de los más disímiles estratos sociales y de las más dispares posiciones políticas, que no respiramos por los pulmones de los Estados Unidos; que sentimos profundamente el significado de haber nacido en este país y que no comulgamos con extremismos ideológicos como el que marca profundamente ese TLC: el neoliberalismo.

Tres errores estratégicos y fundamentales se dieron en el caso costarricense, con la “negociación” de ese TLC:

1- Un proceso carente de transparencia, amañado, impregnado de una única visión ideológica, de signo extremista, sobre el futuro del país; proceso que se dio sin una participación democrática plena y amplia.

2- Un proceso que nos “centroamericanizó”, poniéndonos al nivel de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, cuyos estándares sociales, laborales y ambientales son radicalmente distintos al nuestro; sin hablar de los enormes rezagos económicos que presentan sus sociedades, polarizadas completamente por la concentración de la riqueza.

3- Un proceso que fue desnaturalizado de su esencia comercial, para “resolverle” a la alianza de negocios PLUSC y el bloque de poder económico que la sustenta, su gran problema “pendiente” del ajuste estructural en Costa Rica: las grandes privatizaciones (ICE, INS, CCSS, A y A, entre otras); privatizaciones que el pueblo ha adversado de múltiples formas todos estos años.

Estos elementos, junto a otros tan relevantes como los indicados, son ejes fundamentales del trabajo de concientización que, desde hace meses, se realiza en las bases del pueblo costarricense para enfrentar la coyuntura del TLC en el momento en que la realidad de este país así lo indique.

Adicionalmente a lo anterior, la resistencia al TLC en Costa Rica no es un asunto meramente sindical. Este es un grave error que cometen nuestros detractores. La oposición al TLC es sumamente diversa, multisectorial y de distinta variedad político-ideológica.

La resistencia cívica contra ese TLC abarca desde los agricultores hasta sectores empresariales nacionales, pasando por educadores, empleados públicos, intelectuales, estudiantes, amas de casa, ecologistas, trabajadores del Sector Privado, transportistas, taxistas, ciudadanos en general; todos los cuales se vienen preparando para actuar, coordinadamente, en el momento de la llegada de la circunstancia estratégica aquí, en el país.

Los promotores del TLC tienen un problema esencial que no han podido resolver para “vender” bien su producto entre los y las costarricenses: Provienen del mismo bloque político-económico del PLUSC, altamente desprestigiado; del cual han salido figuras empresariales y políticas acusadas de corrupción y con procesos penales en desarrollo, favorecedoras de ese TLC en su momento.

Los promotores de ese TLC son los mismos de Millicom, los mismos que fracasaron con la intentona legislativa del combo ICE, los mismos de Alterra y Riteve, los mismos de las fracasadas concesiones; en fin, los mismos quienes desarrollan hoy una intensa campaña publicitaria a favor del TLC, financiada con dineros cuya procedencia no han podio explicar. Toda esta circunstancia lo ha venido entendiendo el noble pueblo costarricense, afortunadamente.

Seguimos adelante: ¡NO AL TLC!

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 1 de julio de 2005.

Manifiesto al País
ANEP-ASDEICE

1- Con fecha 6 de abril anterior, las organizaciones laborales ANEP y ASDEICE emitimos un Manifiesto al País, denominado “Pacto politiquero pretende prostituir la institucionalidad de la Contraloría y de la Defensoría”; denunciando que el PLUSC busca la profundización del descrédito popular en el régimen institucional costarricense, nombrando “su” Contralor y “su” Defensor. No nos habíamos equivocado.

2- La forma burda en que se violentó el proceso legislativo con relación al nombramiento para el honroso y más alto cargo jerárquico de la Contraloría General de la República, certifica la profundidad del carácter de la alianza de negocios entre las cúpulas neoliberales del PLUSC. Este nuevo episodio de su escandaloso concubinato político-ideológico, al vaivén del vil metal, fortalece la percepción del pueblo en su creencia de que la práctica de la política es sinónimo de corrupción, de antivalores, de ausencia de ética, de cinismo y de falsedades.

3- Como el PLUSC siente ya, como nunca antes, la cercanía de su ocaso, parece creer que lo mejor es garantizarse cierta supervivencia política; a través del control de las más importantes entidades públicas que le permita, de una forma u otra, seguir incidiendo en el carácter de las transformaciones del Estado costarricense, hacia una esfera integral de lucro total con la cosa pública.

4- La clase política tradicional y su segmento más reaccionario, el PLUSC, le han dado al país un indecoroso y vulgar ejemplo de minusvalidación política del otrora “primer” poder de la República; reduciendo al ridículo la capacidad soberana del parlamento para decidir en cuestiones tan importantes y estratégicas como lo son los nombramientos en la Contraloría General de la República y en la Defensoría de los Habitantes de la República.

5- Es indudable que el PLUSC, esa pérfida alianza de negocios para la facilitación del lucro privado con los servicios públicos, no está dispuesto, jamás, a renunciar al control del poder político de la institucionalidad republicana de nuestro país, sobre todo cuando están a la espera de la ratificación del TLC para asegurar, definitivamente, sus negocios con la cosa pública. Los enfrentamientos electorales son circunstancias coyunturales menores, reducidos a mecanismos de manipulación ciudadana para aparentar cambios que, a final de cuentas, mantendrán todo igual.

6- En esta ocasión, quedó en evidencia dicho juego, cuando el candidato presidencial del Gobierno le sirve en bandeja a quien estima como eventual sucesor a la cabeza del Poder Ejecutivo, la posibilidad de “controlar” la Contraloría General de la República. Este binomio mostró su capacidad de articulación estratégica para mantener el poder de la alianza de negocios PLUSC.

7- Esa alianza de negocios tiene en el sistema de concesión de obra pública una de sus más rentables fuentes de enriquecimiento y, por ende, lo mejor era consolidar ese sistema extendiendo su filosofía lucrativa hasta lograr la máxima legitimación política: la posibilidad de que desde la Contraloría General de la República se institucionalice total y definitivamente, sin posibilidad alguna de reversión política y sin tutela del interés público.

8- Esta aspiración la estaría garantizando la selección de una persona especialista en ese sistema de concesiones; sistema que le ha costado miles de millones de colones al país y que nunca ha sido auscultado. Los lamentables resultados están a la vista. En tal sentido, la Contraloría General de la República debería entregar al país, antes de que asuma la nueva jerarca, un informe sobre todos los estudios realizados por esa entidad de lo actuado en el campo de las concesiones.

9- La perniciocidad política del PLUSC para manejar el proceso de selección indicado a su entero antojo, tiene un baluarte en la ausencia estratégica de una oposición política que no existe en cuanto tal, más que para vociferar y relegitimar con su rabieta un sistema institucional que les cobija a todos y que a todos les garantiza su propia supervivencia política. Ni siquiera se es capaz para generar una crisis parlamentaria profunda, empleando eficientemente la última herramienta de poder que le quedaría a una auténtica, real y beligerante de oposición: el manejo del quórum.

10- El payaso guitarrista, el guasón de la política parlamentaria actual, con su actuación bufonesca, no hace más que facilitar la consolidación estratégica del modelo neoliberal, llevando el desprestigio de la política parlamentaria al máximo; incrementando el rechazo, el asco y la desazón del pueblo ante las ridículas actuaciones de muchos de sus representantes parlamentarios, en el propio seno del otrora sagrado recinto de formulación de las leyes.

11- Ahora, sin duda alguna, seguirá la Defensoría de los Habitantes de la República, la cual parece destinada a ser cooptada definitivamente por esa alianza de negocios, para terminar de sellar el engranaje perfecto que se necesita para la neoliberalización total de la ya pervertida institucionalidad republicana.

12- La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa es la burla más grotesta y la pantomima más vergonzosa y repudiable que desde el propio “Primer” Poder de la República, se le puede hacer a una ciudadanía manipulada que, torpe e ingenuamente, todavía cree que los procesos de selección instituidos en el parlamento, se basan en méritos personales, en competencia profesional transparente y abierta y bajo criterios estrictamente técnicos.

13- Parece que ya no van quedando salidas institucionales válidas. Por menos cosas que las que estamos viviendo, se generaron los dolorosos fenómenos sociopolíticos del 48; aunque ahora, dichosamente, no se necesitan armas para rescatar la institucionalidad democrática que ha sido corrompida. Para eso está la democracia de la calle.

14- La esperanza sigue estando en el pueblo, en nuestro sufrido pueblo: Hastiado de tanta corrupción, empobrecido, estafado y engañado; intoxicado al máximo con la complicidad mediática cotidiana de algunos sectores empresariales; se ha de rebelar en determinado momento, para derribar, de cabo a rabo, la podredumbre política que carcome a la democracia costarricense. Esa es la fe que nos anima seguir adelante, pese a tanta adversidad. A lo mejor, las elecciones generales del 2006, podrán dar el banderazo de salida hacia el rescate histórico de la institucionalidad democrática hoy pervertida.

ANEP – ASDEICE

Albino Vargas Barrantes
Secretario General – ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente – ASDEICE

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto – ANEP

San José, 30 de junio de 2005.

El Gobierno de la República no ha convocado todavía a la ya casi extinta “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público”; pero es prácticamente imposible y extremadamente difícil que se logre un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las principales entidades laborales que representan a sus trabajadores y a sus trabajadoras.

El fantasma del congelamiento salarial invade la Administración Pública, situación que genera las condiciones para un conflicto social en perspectiva.

No hay la más mínima credibilidad en el argumento neoliberal de que “no hay plata”, como la ha venido sosteniendo el Ministro de Hacienda, Sr. Federico Carrillo Zurcher. Tan sólo dos datos, altamente reveladores, no solamente desmienten al citado jerarca, sino que indignan profundamente:

225 mil millones de colones, por evasión fiscal, ¡al año!

90 mil millones de colones, por contrabando de mercancías.

Vistas así las cosas, es muy probable que el proceso para definir de cuánto será el incremento salarial del Sector Público, valedero para el segundo semestre de este año, significará un gran conflicto sociolaboral.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 29 de junio de 2005.

El pasado lunes 27 de junio de 2005 ha sido designada por parte de la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa, como Contralora General de la República la Licda. Rocío Aguilar, nombramiento, que por la manera que se gestó y se tramitó, hace recordar los dolorosos momentos que se dieron con el nombramiento del anterior Contralor Dr. Alex Solís, dada la forma y procedimientos utilizados por la Presidencia de la Asamblea Legislativa que nuevamente fuerza la votación, sin escuchar a un importante sector de diputados y diputadas que querían referirse, en este caso en particular, a la postulación de última hora de la Licda Rocío Aguilar y algunas inquietudes que tenían sobre sus antecedentes laborales y profesionales.

Dadas las anteriores circunstancias y en aras de salvaguardar la institucionalidad del país fortaleciendo a la Contraloría General de la República, y lograr a la vez una legitimación de la labor que como Contralora General está a punto de iniciar, es que respetuosamente le instamos a la señora Contralora General que sea ella la que exija de manera vehemente a los señores diputados y señoras diputados a conformar, antes de su juramentación, una Comisión que se encargue de investigar en un tiempo prudencial los supuestos hechos o situaciones que están cuestionando un grupo de aproximadamente 20 señores y señoras diputados.

Estamos seguros que esta actitud le hará ganar el respeto de los y las costarricenses y elevar el prestigio de la Contraloría General de la República, le permitirá buscar un desempeño transparente y de “respondabilidad” (responsabilidad de rendir cuentas) desde el inicio de su gestión y asumir el cargo con todos los honores, demostrando su valentía, su fortaleza para el ejercicio de la función pública y su independencia de criterio ante los partidos o líderes políticos que han promovido su nombramiento.

Es de nuestro conocimiento, por las declaraciones brindadas a los medios de comunicación, su anuencia a rendir cuentas ante los señores y señoras diputados, sin embargo, también es de nuestro conocimiento la negativa de algunos diputados y diputadas a conformar una Comisión, es por ello que respetuosamente le reiteramos nuestra solicitud para que sea usted doña Rocío, la que exija la conformación de tal Comisión y se presente a atender los cuestionamientos de los diputados y diputadas que no votaron por su designación para ocupar este puesto y sea juramentada lo más pronto posible.

Es claro que la Comisión nombrada a tal efecto debe ser perentoria en dar su resultado y guiarse por principios de justicia, equidad y objetividad, proporcionando un trato justo y responder a los más altos valores de interés por nuestra patria y de nuestra institucionalidad.

Además, tenga la certeza doña Rocío que aquí adentro estaremos los funcionarios y funcionarias de la Contraloría General de la República, esperándola para que una vez juramentada, acompañarla en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda permanente de contribuir al mejoramiento institucional de las entidades del sector público costarricense, promoviendo el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos que permitan a nuestro pueblo gozar del desarrollo económico a que tiene derecho.

JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL
ANEP-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Lic. Luis Rivas Quirós
Presidente

MBA. José Antonio Gutiérrez Díaz
Vicepresidente

MBA. Rosa Maria Salazar González
Secretaria de Actas, Divulgación y Correspondencia

Danilo Bolaños Lepiz
Secretario de Formación Sindical

Lic. Antonio Calderón Porras
Secretario De Finanzas

MBA. Oscar Torres Salazar
Vocal 1

MSc. Ana Patricia Barrientos Guzmán
Vocal 2

Jorge Núñez Naranjo Bach.
Vocal 3

Sugey Monge Solano
Vocal 4

MBA. Adrian Pearson Berrick
Fiscal

—-
c.:Medios de Comunicación Colectiva
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Funcionarios y Funcionarias de la Contraloría General de la República
c.:Archivo Seccional ANEP-CGR-2005

Armando Guardia anota y se vanagloria en su comentario de la “insuficiente” representación que tenemos los sindicatos, alegando que apenas un 1% de los trabajadores de los sectores Público y Privado, están organizados en sindicatos.

En lugar de vanagloriarse por tal situación, el señor Presidente de ANFE debería sonrojarse de vergüenza. ¿Cómo es posible que en Costa Rica, esfinge de la democracia del continente, a los trabajadores y trabajadoras que laboran en el Sector Privado, se les niegue el derecho humano y universalmente reconocido, de agruparse en sindicatos para defender sus derechos económico sociales?

Como usted lo sabe muy bien, don Armando, la palabra sindicato está proscrita, en este sector laboral y la guillotina del despido, pende sobre la cabeza de quien se atreva a demandar el ejercicio de este legítimo derecho. Además, en muchas empresas se tiene la vergonzosa, humillante y antihumana práctica de realizar listas con los trabajadores que hayan osado organizarse en sindicatos, para distribuirlas en todas las empresas, a fin que nunca más sean contratados, por “cabezas calientes”, como usted nos llama en el artículo de comentario.

Ciertamente, cualquier ciudadano o ciudadana que se prestigie de respetar y tutelar los derechos humanos, como parte intrínseca de la vida en democracia, no puede más que sentir una profunda vergüenza por la violación de este derecho humano fundamental; y por los abusadores instrumentos de que se valen los patronos para prohibir el ejercicio de la libertad sindical.

Así las cosas, don Armando, para nosotros en ANEP significa todo un privilegio contar en nuestras filas con más de dos mil afiliados y afiliadas del Sector Privado (todos y todas de forma clandestina, claro está), pues en estas condiciones es sumamente difícil que un trabajador se arriesgue a integrarse a un sindicato, de manera abierta y transparente.

Como vemos, el ejercicio de este derecho fundamental (Libertad Sindical) pone en claro riesgo otro derecho humano fundamental: el derecho al trabajo y esto en una democracia que realmente se precie de serlo, necesariamente resulta un cruel contrasentido.

A usted don Armando le molesta que nuestras organizaciones sindicales, que no representamos nada, salgamos a la calle y tengamos el apoyo de una gran mayoría ciudadana.

Y se confunde usted, por desconocimiento o simple mala fe (en realidad es por esto último), cuando señala que tomamos las calles para defender beneficios. Como si la defensa del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a los servicios de energía y telecomunicaciones, el derecho al agua, el derecho a los seguros, no fueran derechos de toda la población.

Como si repudiar y denunciar la corrupción, el monopolio de RITEVE, la escandalosa forma en que se ha llevado la privatización del INCOP, el agravioso e insoportable alto costo de la vida, la política de salarios decrecientes, los negocios que se tejen con las instituciones del Estado más rentables, de llegarse a firmar el “TLC”, no fueran asuntos de carácter e interés nacional.

Por otra parte usted se queja, se lamenta y acusa a dos Expresidentes de la República de ser nuestros inspiradores e instigadores, que nos dan aliento y doctrina “caduca”.

Sí, don Armando Guardia, no le quepa ninguna duda: Las tesis patrióticas, constitucionales y democráticas que defienden estos Expresidentes de la República son una de las fuentes de nuestra inspiración, pues representan la tradición democrática construida por Costa Rica en el último medio siglo. Tradición forjada en las ideas sociales de la Iglesia Católica, en los principios de la socialdemocracia y en el ímpetu y espíritu del comunismo, a la criolla, que enseñó el Partido Comunista. Lo de instigadores, por la forma burda, malediciente, irrespetuosa, mal intencionada, e instigadora, con que usted utiliza el término no le damos ningún merito. O tal vez, usted quisiera que nos inspiramos en algún político de confianza de la ANFE, que defiende las tesis neoliberales que han echo aguas en todo el mundo y en especial en nuestra América Latina. Para que tome nota sobre falsos argumentos y doctrinas caducas, le recomendamos darse un vistazo por la Argentina, Bolivia y el Ecuador privatizados y si con eso no le

basta, dese una vuelta por el México del NAFTA. Ahí se puede encontrar con el más grande bazar de falsos argumentos y doctrinas caducas, con que políticos neoliberales embaucaron y estafaron a sus pueblos.

Seguramente, usted quisiera que los sindicalistas nos inspiráramos en alguno de los expresidentes que hoy están cuestionados por sus posibles acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones (actos de corrupción); dado que estos señores son defensores y propulsores de las ideas privatizadoras contenidas en el TLC. No sería de extrañar que por esos méritos, la ANFE, se dignara premiar con una distinción a alguno de esos “próceres de la patria”.

Para terminar le ruego revisar los años que tenemos de dirigir la ANEP, que usted llama con el nombre de camarillas vitalicias. Le aseguro que quizás muchos de los dirigentes sindicales de las cámaras patronales, nos superan por mucho en estos menesteres, por lo demás constitucionales. Y en todo caso, pero con todo respeto, nos es el Presidente de la ANFE quien esté legitimado para decidir cuánto tiempo puede ocupar o no un dirigente en un cargo sindical.

Eso es competencia de los afiliados y afiliadas de cada organización y no tiene porqué responder a la prepotencia del Presidente de la ANFE, que por lo visto deseara meter mano hasta en la elección de quiénes deben ser los representantes de los trabajadores y poner dirigencias a su antojo, como lo hacen los patronos en otras organizaciones de carátula laboral, lamentablemente sometidas a sus designios.

En todo caso don Armando, su discurso refleja el ocaso ideológico de la asociación que usted representa (ANFE) y aquí nos viene al dedo, el sabio decir del pueblo “cuando se acaban las ideas aparecen los insultos”.

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 20 de junio del 2005.

Producto de lo anterior, el ente contralor ha vivido momentos de gran dinamismo, de cambios importantes; y también, momentos de pasividad y de incertidumbre. Pero tanto cuando la entidad ha vivido momentos de gran prestigio, como cuando se ha visto cuestionada o bien disminuida, sus funcionarios y sus funcionarias, en su gran mayoría, han estado al margen, sin tener en sí un papel preponderante y manteniéndose a la expectativa de lo que el jerarca de turno decida que hacer; convirtiéndose en el espectador más cercano y que si bien en momentos puede ser beneficiado como en otros perjudicados, no ha dejado de ser un simple espectador.

Sin embargo, dada una serie de circunstancias por todos conocidas, un numeroso grupo del personal de la entidad contralora, decidió dejar de lado ese rol de espectador y con sentido crítico y bajo la figura de una seccional de la ANEP, pretende ser una organización laboral que, guiada bajo la premisa de buscar mejores rumbos para la Contraloría General de la República y su personal, busca mitigar el efecto pernicioso que dentro de la organización, pudieran generar aquellas decisiones nacidas al margen de lo dispuesto en el marco jurídico, legal y ético que rige a la Contraloría General de la República, con la complicidad acomodaticia, pasiva ó activa, que genera el vaivén del nombramiento de los jerarcas.

Ni por asomo pretendemos que la jerarquía nombrada por los órganos competentes no asuma su responsabilidad de guiar a la entidad de acuerdo a su personalidad, ni de organizarla conforme a su objetivo; pero sí estamos dispuesto a velar para que esa guía y objetivo sean para el bien del país, de la organización en sí y de sus funcionarios y funcionarias. No estamos dispuestos a que se vuelvan a presentar ocurrencias irracionales como las de pretender hacer en nuestra institución un “overhault” a ¡¡100 kilómetros por hora!!, por demás de enorme costo económico para las golpeadas arcas públicas.

Hoy, como organización laboral preocupada por el accionar institucional y aún en estos momentos en que la Asamblea Legislativa esta en un “impasse” en el nombramiento del nuevo contralor o contralora, nos sentimos en la obligación de exigir a quien tome las riendas de la Contraloría, en el campo interno de la institución, lo siguiente:

– Respeto al marco jurídico, legal y ético que rige a esta Contraloría General de la República; respeto a la carrera administrativa dentro de la CGR. ¡No más concursos mixtos ni la definición antojadiza de requisitos para cada concurso que se promociones dentro de la institución.

– Claridad en torno a las decisiones que tome en relación con la estructura orgánica que debe prevalecer en la Contraloría. Para ello, en todos los casos debe realizarse un estudio integral de puestos y determinar el número de funcionarios que se requieren para atender las crecientes demandas de labores que confronta la Contraloría día con día. Por supuesto que este estudio debe considerar esa demanda y de manera seria y objetivas ya que la Contraloría General de la República tiene insuficiente cantidad de fiscalizadores para atender su labor sustantiva.

– Procurar una solución rápida a la situación que enfrenta una gran cantidad de funcionarios que están realizando funciones más allá de las que les corresponden y a los cuales, a pesar de vivir esa situación desde hace ya varios años, no se les ha hecho el respectivo estudio de reasignación de puestos.

– Procurar la adecuada dotación de recursos tecnológicos para los fiscalizadores que ejecutan el trabajo de campo en cada institución pública, que le permita poder realizar sus funciones de la manera mucha más efectiva de la que se realiza ahora..

– El establecimiento de salarios competitivos.

Para el accionar externo de la entidad, queremos solicitarle al nuevo jerarca desde la perspectiva de la organización nacional de ANEP que pueda considerar lo siguiente:

1. Establecer un Foro Permanente de Participación Ciudadana

Consideramos que la Contraloría no debe estar aislada de la ciudadanía ni de los grupos de la sociedad civil, ya que al fin es al pueblo al que le debe rendir cuentas del uso eficiente y eficaz de los de los bienes y servicios públicos, así como garantizar la correcta gestión en las instituciones públicas.

En tal sentido sería conveniente establecer este espacio sistemático de diálogo para que los ciudadanos y ciudadanas y los grupos de la sociedad civil puedan intercambiar criterios sobre la misma función contralora o sobre la gestión de las instituciones públicas. Puede ser un espacio para que los funcionarios conozcan sobre la problemática nacional desde una perspectiva de los grupos de la sociedad civil, sin necesariamente asumir compromisos más allá de lo ético y legal.

Se podrían promover giras regionales para que los ciudadanos conozcan que hace la Contraloría y puedan hacer denuncias, de haber hechos irregulares, en los campos de acción de las instituciones ubicadas en cada región de nuestro país.

2. Lucha contra la corrupción

Los actos de corrupción detectados en los últimos tiempos hacen pensar que la Contraloría debe establecer nuevos métodos de fiscalización y control que permitan ir más allá del tipo de trabajo que se ha venido realizando, ya que se denota que la corrupción ha permeado a un considerable grupo de las más altas autoridades públicas y los sistemas actuales no permitieron a la Contraloría ni a las Auditorías Internas detectar estos actos ilícitos.

Por lo tanto, consideramos que el nuevo jerarca de la Contraloría debería establecer como una de sus acciones prioritarias una evaluación exhaustiva del modelo de organización y de los procesos de trabajo tanto de la Contraloría como de las Auditorías Internas, con el apoyo de expertos de Contralorías de países hermanos que han sufrido este flagelo de la corrupción para diseñar una nueva estructura para combatir más eficientemente la corrupción.

La Contraloría debe volver a ser el baluarte que fue en este campo de acción. La Ley de Control Interno y la de Enriquecimiento Ilícito le permiten impulsar esta tarea, solicitando a la Asamblea Legislativa los recursos humanos y financieros necesarios para actuar de forma oportuna.

3. Servicio de Atención de Denuncias

Si bien la Contraloría tiene actualmente una Unidad de Denuncias, consideramos que ésta debe ser fortalecida, ya que por el alto volumen de trabajo que le llega, traslada muchas de estas denuncias a las Auditorias Internas de cada entidad o bien los tiempos de investigación se prolongan.

Consideramos que el nuevo Contralor como parte de las acciones anticorrupción debe capacitar y dotar a esta unidad de más personal especializado, especialmente en el campo de la investigación de la Auditoría Forense y de Sistemas.

4. Programa Permanente de Fortalecimiento de Valores

La Contraloría debe promover una cultura nacional de honestidad e integridad. En tal sentido, debería coordinar acciones, dirigidas tanto a funcionarios públicos como a la ciudadanía en general y sea la que de el ejemplo en trasparencia.

Por medio de programas de televisión, radio, talleres, etc., en conjunto con las Universidades Públicas, el Ministerio de Educación, SINART, podría fomentar la conciencia nacional sobre los valores fundamentales que honraron a nuestros abuelos y que deben rescatarse en la función pública y privada.

La honestidad, la integridad, la rendición de cuentas de nuestros actos, deben ser fortalecidos por estos medios.

A los funcionarios y funcionarias de la Contraloría deseamos decirles que en el corto tiempo de existencia de la organización laboral en la CGR, hemos procurado que lo actuado responda a nuestra razón de existir. Ello nos ha llevado a emprender acciones y luchas para hacer que en esta Contraloría General de la República se respete el marco jurídico, legal y ético.

En algunas ocasiones se ha logrado alcanzar los objetivos, en otras se han presentado serias limitaciones. Sin embargo, hoy más que nunca estamos unidos.

Hacemos por este medio un llamado para integrarse a esta organización laboral, para que sean atendidas nuestras reivindicaciones y para que quien sea nombrado en ese puesto, se encuentre no con simples espectadores, sino con funcionarios comprometidos y dispuestos a defender la institucionalidad y a dar lo mejor de sí para que la Contraloría sea una entidad de prestigio y guía en el buen uso de los recursos asignados a la Hacienda Pública.

Finalmente, queremos recordarles muy respetuosamente a los señores y señoras diputados que en sus manos está el destino de una organización que debe jugar un rol fundamental en el rescate de la decencia y de los más altos valores morales y éticos. Rogamos que el Señor les otorge la sabiduría necesaria para elegir a la mejor persona que contribuya como Contralor o Contralora General para sacar adelante la función de control, y fiscalización operativa y evaluativa en el sector público y se convierta en un baluarte de la lucha contra la corrupción en la administración pública.

JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL
ANEP-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Lic. Luis Rivas Quirós
Presidente

MBA. José Antonio Gutiérrez Díaz
Vicepresidente

MBA. Rosa Maria Salazar González
Secretaria de Actas, Divulgación y Correspondencia

Danilo Bolaños Lepiz
Secretario de Formación Sindical

Lic. Antonio Calderón Porras
Secretario De Finanzas

MBA. Oscar Torres Salazar
Vocal 1

MSc. Ana Patricia Barrientos Guzmán
Vocal 2

Jorge Núñez Naranjo Bach.
Vocal 3

Sugey Monge Solano
Vocal 4

MBA. Adrian Pearson Berrick
Fiscal

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 16 de junio de 2005.

La última esperanza de evitar un conflicto laboral de semejante dimensión, es la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la persona de su máximo jerarca, el Lic. Fernando Trejos Ballestero.

Efectivamente y a pedido institucional, este funcionario se reunirá mañana jueves 16, a las 9 de la mañana, con la representación institucional de Correos de Costa Rica, S. A.: su Junta Directiva y la Gerencia General. Posteriormente, el lunes próximo, día 20, también a las 9 horas, lo hará con los representantes laborales, agrupados en torno a la Seccional de la ANEP en dicha entidad.

Se espera que de ambas reuniones se abra un proceso negociador que ponga fin al tenso clima laboral que reina en dicha institución pública y que se den los primeros pasos para cancelar una deuda que ronda ya los 300 millones de colones; amén de definir la forma de restitución de la jornada laboral de las 40 horas.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, 15 de junio de 2005.

PRIMERO: Entre los meses de agosto y noviembre del año 2004, sin mayor información y en forma acelerada, la administración superior del INS comenzó con un proceso de “Reestructuración Institucional Total”, proceso que siguió impulsando con fuerza en los primeros meses del año 2005. Este proceso de reestructuración se encuentra documentado en un texto que responde al nombre de “PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL: Proceso de Transformación Institucional”; que propone desmantelar la actual estructura de mercadeo y ventas, las direcciones técnicas y los departamentos de producción (especializados por productos); para sustituirlos por un sistema técnico-comercial, en procesos “back office” integrados y en plataformas de servicios integrados respectivamente; en nuestro criterio, sin medir el impacto que se tendrá en los procesos administrativos y el que se podría tener en el campo tecnológico.

SEGUNDO: Que ante este proceso de reestructuración procedimos a consultar a los jerarcas institucionales, mediante nota de fecha 22 de febrero de 2005 sobre los acuerdos de la Junta Directiva del INS que dan fundamento a dicho proceso (la cual adjuntamos); nota que fue contestada con fecha 8 de marzo del 2005, mediante oficios PE-2005-0149 y G-0264-2005, mismos que en el fondo y como se verá (adjuntamos los oficios en cuestión), no responden nuestras consultas; sino que mediante subterfugios tratan de desviar la atención hacia otros conceptos y situaciones que no se apegan en su totalidad a la realidad de los hechos, ni a lo que han estado haciendo dentro de la institución para impulsar este proceso de reestructuración, pero de los cuales extraemos los siguientes hechos notables de nuestras consultas y lo respondido en tales oficios:

a) Les solicitamos copia del acuerdo de Junta Directiva del INS, que respaldaba el proceso de reestructuración y al respecto nos contestaron lo siguiente (tomado el párrafo segundo del oficio arriba indicado):

“Al respecto, es importante indicarle que el proceso actual responde a un Plan de Gestión que tanto la Presidencia como la Gerencia pretendemos ejecutar, el cual no sólo establece cambios en la estructura de servicio sino también a nivel de estrategia comercial, productos, tecnología, así como la reformulación de procesos en las áreas de apoyo. Del desarrollo de lo que será este Plan de Gestión se ha enterado a la Junta Directiva de la Institución, sin que a la fecha haya habido ningún acuerdo concreto, en tanto hasta este momento únicamente se ha referido a la transformación en la forma de brindar el servicio. El plan definitivo en su momento deberá contar con los acuerdos respectivos de ese órgano colegiado con el aval del Ministerio de Planificación.” (el subrayado no es del original)

Como se desprende, se está en un proceso de reestructuración total del Instituto Nacional de Seguros, que es llevado administrativamente por la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, sin que medie un acuerdo de Junta Directiva y mucho menos la autorización del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), tal como lo reconocen.

Por otro lado, que un proceso de tal magnitud no tenga ni siquiera un acuerdo de Junta Directiva del INS, es preocupante, pues además de la reestructuración de servicios, hay una reestructuración en materia de mercadeo, productos y lo más impactante, en el área tecnológica (¿significará acaso este proceso de transformación, más compras de software de esos tan cuestionados en los últimos años, que al final no llenan las expectativas y menos los requisitos, pero por los cuales hay que pagar muchos millones de colones?).

En el párrafo quinto de dicho oficio hacen mención (aparte de otro análisis que haremos de este párrafo más adelante), de que “…han tomado las previsiones para que la etapa de transición afecte mínimamente el proceso de producción y sobretodo, el servicio al cliente”. En nuestro criterio, hasta el momento eso es falso, pues conocemos de una serie de procesos productivos que se han visto afectados y de la disconformidad, por ejemplo, de las comercializadoras de seguros y de agentes de seguros, que han cuestionado el nuevo modelo.

TERCERO: Que hemos consultado al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), mediante nota de fecha 4 de marzo del año en curso, si la Administración Superior del Instituto Nacional de Seguros ha solicitado y le ha sido autorizado algún “proceso de reestructuración interna”; lo anterior al amparo de lo que establece la Ley No. 5525, “Ley de Planificación Nacional y Política Económica”, así como lo que establece el resto de normativa jurídica que rige para estos procesos. Al respecto MIDEPLAN, nos certifica por medio del Director de Modernización del Estado, manifestando lo siguiente:

“De conformidad con los archivos que custodia esta Dirección, el último proceso de reestructuración aprobado al Instituto Nacional de Seguros fue el día treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, mediante oficio DM-681-96, de la misma fecha….”.

Queda claro, entonces, que no existe autorización alguna tal y como lo establece la ley supracitada y sus leyes y normas conexas, para que el Instituto Nacional de Seguros realice un proceso de reestructuración interna, ya que la última que le fue aprobado fue en el año 1996. Tampoco las autoridades del INS han solicitado o han puesto en conocimiento alguna propuesta de reestructuración del INS, para ser aprobada por Mideplan. Eso, por lo menos, hasta la fecha en que estamos presentando esta denuncia.

Estamos en frente de un proceso de reestructuración amañado e ilegal que pone en serio peligro la actividad de los seguros en el país y que, en vez de convertirse en un proceso de mejoramiento de los servicios y las actividades que presta el INS, podría en generar un caos institucional sin precedentes. Surgen aquí varias preguntas: ¿Por qué se está haciendo este proceso de Reestructuración sin contar con los avales de ley?; ¿puede la Junta Directiva del INS, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia del INS aducir desconocimiento de la ley?; y, además, ¿qué esta haciendo la Auditoría del INS?

CUARTO: Asimismo, solicitamos copia del Acuerdo X de la Sesión No. 8707 de la Junta Directiva del INS, del 25 de enero del 2005, sobre la Estrategia Comercial que desarrollará el INS para los próximos años y nos contestan algo totalmente irracional, según se destaca en el párrafo siete del oficio en cuestión:

“En lo que concierne a la solicitud del Acuerdo X de la sesión 8707 del 25 de Enero del 2005, nos permitimos informarle que a la fecha la Junta Directiva no ha tomado acuerdos concretos sobre el particular, pues se ha procedido a informar por parte de la Gerencia del contenido del Plan, pero no hemos alcanzado el momento de la formalización, a cuyo efecto como lo indicamos será necesario además el aval de MIDEPLAN…”.

Lo cierto es que el acuerdo sí existe, y es el Acuerdo X de la Sesión 8707, del lunes 24 de enero del 2005, y que se refiere a la Estrategia Comercial del INS (estamos adjuntando documentos que así lo prueban). Este acuerdo ha circulado dentro de la institución y es un documento de acceso a niveles de jefatura, tal y como lo demuestra el correo interno, G-0134-2005, de fecha 11 de Febrero de 2005; Estrategia Comercial que, como se verá, bajo el subterfugio “de la modernización y preparación para enfrentar un mercado competitivo de seguros”, lo que hace en el fondo, es promover la apertura del Mercado de Seguros desde adentro del INS; adelantándose al criterio de la Asamblea Legislativa en un tema que es de interés fundamental para el desarrollo de la Patria, y cuya competencia es neta y única de la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de la creación y aplicación de las leyes costarricenses, como lo es el tema de las regulaciones del Mercado de Seguros.

Es por ello que basta leer el aparte de “promoción”; del documento que nos han negado y que ratifica nuestra denuncia; a continuación un extracto:

“Previas a la apertura:

“Se preparará a los públicos internos y externos al cambio en las condiciones del mercado monopólico de seguros a uno de libre competencia, asegurando la lealtad y fortaleciendo la imagen de marca del INS.”.

Es decir, desde la Junta Directiva del INS se está legislando y se planifica de manera ilegítima e ilegal, la apertura del mercado de seguros cuyo monopolio es de todos los costarricenses. ¿Qué intereses mueven a los directivos del INS, al Presidente Ejecutivo y a la Gerencia General, para desde ya ir consolidando una apertura del mercado de seguros, cuando ni siquiera los y las costarricenses hemos discutido el tema, y mucho menos en la Asamblea Legislativa se discute algo al respecto?. Grave hecho éste que denunciamos y que debe ser severamente sancionado e investigado por la Contraloría y los entes competentes.

QUINTO: El Decreto Ejecutivo No. 23323-PLAN, Artículo 13, define como “Reorganización Estructural”, “Reestructuración” o “Transformación” institucional, lo siguiente:

“Artículo 13. Se entenderá por reorganización estructural la creación o supresión de unidades administrativas, así como la transformación de las mismas. La Contraloría General de la República, la Autoridad Presupuestaria, la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, no tramitarán presupuestos ni modificaciones presupuestarias de aquellos entes públicos que lleven a cabo reorganizaciones estructurales no autorizadas por MIDEPLAN…”.

Asimismo, dentro de los Lineamientos para el Proceso de Reforma Institucional, que tiene para tales efectos MIDEPLAN, se establece en su punto cuarto, párrafo tercero lo siguiente:

4-Lineamientos de la Autoridad Presupuestaria

“…Por esa razón, entre sus lineamientos se contempla que toda modificación a la estructura organizacional deberá contar con la autorización de MIDEPLAN, esto tiene como propósito garantizar un proceso armónico entre estructura, presupuesto y empleo”.

Queda entonces definido qué se entiende por reestructuración o transformación institucional y la sanción a la que se expone una institución que no cumpla con los requerimientos de la Ley 5525 y del Decreto Ejecutivo No. 23323-PLAN (Artículo 13), incurriendo en falta grave los administradores públicos, por el impacto que significaría la no aprobación de presupuestos institucionales y la afectación a la gestión pública.

QUINTO: Que ante los hechos aquí denunciados, es claro que se transgrede una serie de leyes y normativas existentes para los procesos de reestructuración o transformación institucional; pero, además, se violenta otra normativa legal, tal vez más importante, y que es a la que acudimos en esta denuncia: nos referimos a la Ley General de Control Interno, y a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

El control interno esta definido por la Contraloría General de la República de la siguiente forma:

“La serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporcionar una seguridad razonable en torno a la consecución de los objetivos de la organización, fundamentalmente en las siguientes categorías: a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal: b) Confiabilidad y oportunidad de la información; c) Eficiencia y eficacia de las operaciones; y d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”

De la misma forma se estarían violando artículos de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, a saber, el artículo 3- Del Deber de Probidad; artículo 5- Fraude de Ley; artículo 6- Nulidad de los actos o contratos derivados del Fraude de Ley; y el artículo 7- Libre acceso a la información, entre otros.

Dada la gravedad de los hechos aquí denunciados, estamos solicitando la intervención de la Contraloría General de la República, en las acciones y los actos ejecutados por la Administración del Instituto Nacional de Seguros, a saber, la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General, en cuanto al proceso de reestructuración o transformación del INS.

Asimismo, solicitamos se apliquen las responsabilidades del caso, a quienes están en el deber de conocer las leyes dentro de la Administración del INS, y que con sus actos han puesto en grave riesgo la gestión administrativa y financiera de tan importante Institución.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Rafael Mora Solano
Delegado ANEP-INS

San José, 14 de junio de 2005