Categoría: Noticias

En primer lugar, es totalmente cierto que se recibió una contribución de la organización norteamericana denominada “FREEDOM SOCIALIST PARTY NATIONAL OFFICE” (sic), por un valor de $50.00 (cincuenta dólares estadounidenses); mediante cheque no. 3997 de la sucursal del BANK OF AMERICA en Seattle, Washington; para efecto de lo que los mismos indican en misiva enviada a Albino Vargas como “asistencia en la lucha contra el CAFTA”. Me parece que el lector coincidirá con nosotros en el hecho de que la donación en cuestión no es a todas luces una “contribución millonaria”, como han querido resaltar nuestros detractores.

Por otro lado, cuando la ANEP decide hacer el llamado a través de la Internet al mundo entero, para que apoyen nuestra lucha en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; es claro que cualquier persona o entidad en cualquier parte del globo terráqueo puede verse motivada a colaborar con nosotros y por tanto enviar un donativo en dinero, si su condición, su filosofía y su altruismo así se lo permiten; siempre y cuando las mismas provengan de fuentes honorables. Sin embargo, el objetivo de nuestro llamado no es, y nunca ha sido, el hacernos millonarios a base de donativos; sino más bien crear conciencia mundial sobre el peligro que dicho Tratado representa para nuestro país y sus naciones hermanas, en cuanto al asalto de su soberanía y de sus instituciones públicas; por parte de una potencia extranjera.

Finalmente, debo declarar con todo orgullo y tranquilidad, que la ANEP a la fecha, y hasta donde nuestros registros contables prueban fielmente, no está siendo financiada por ninguna agrupación nacional o internacional de derecha, izquierda o centro. Nuestros ingresos provienen básicamente de los aportes de nuestros asociados del sector público y privado, los cuales contribuyen de forma libre y generosa al mantenimiento de nuestra organización, y a los cuales nos debemos en la defensa de sus intereses como trabajadores, y como pueblo. Cierto es, que en algunas ocasiones hemos recibido ayudas de otras organizaciones sindicales hermanas tanto de este como de otros países, en la organización de seminarios, talleres, proyectos, marchas o invitaciones a participar en actividades dentro y fuera de nuestras fronteras, pero dichas contribuciones aunque loables desde el punto de vista de la solidaridad, distan mucho de ser el abultado financiamiento de que nos hablan nuestros enemigos.

Comprendo que es normal que una agrupación política, como es el caso del partido Libertario, tome las noticias aparecidas en este diario y las acomode a sus intereses; escudados en una supuesta preocupación por el pueblo que dicen representar, pero lo cierto es que a la fecha esta agrupación así como otras ya muy conocidas, no han podido dar respuesta clara a los cuestionamientos, que reiteradamente se les plantean, con respecto al financiamiento millonario de sus propias campañas políticas. Los invito señores, a que así como lo dice la Biblia, limpien bien la basura de sus propios ojos, antes de tratar siquiera de sacar la paja del ojo ajeno.

Lic. Eduardo E. Roldán Álvarez
Contador. ANEP. CPI. 25962

San José, 12 de mayo de 2005.

Primero: A este momento no hemos sido todavía notificados por las autoridades judiciales, acerca del contenido de una acusación en nuestra contra, interpuesta por un ciudadano. según diversos medios de comunicación colectiva; acusación que estaría en función de un presunta comisión de acciones penales de carácter sedicioso, de traición a la Patria y similares.

Segundo: La ANEP se ha caracterizado por una sistemática conducta de defensa de los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora costarricense, particularmente de aquella parte de la misma que nos honra con su membresía; así como hemos abogado, durante todos estos años de políticas económicas neoliberales, por la defensa de un Estado solidario y por la defensa de la institucionalidad pública que nos fue heredada de generaciones anteriores; aspecto éste realizado en conjunto con una enorme cantidad de agrupaciones y de ciudadanos de la más diversas índole, con pensamiento y comprensión cívica similares a la nuestra.

Tercero: En la Cumbre Social del jueves 14 de abril, realizada en el Teatro Popular Melico Salazar, nunca nadie habló ni se emitió documento alguno, planteando un desconocimiento del proceso electoral por venir. El concepto “desconocer” y la alusión asociada al mismo de la palabra “elecciones”, son invenciones generadas en una mente torcida, que se han materializado en una odiosa y perversa manipulación periodística de algunos medios del Grupo Nación, como “La Nación” y “Al Día”.

Cuarto: En próximos días procederemos, con los documentos en mano de tal acusación, a efectuar el análisis de rigor, para la preparación de nuestra defensa. Pero de antemano dejamos claro que todo el proceso judicial que eventualmente se daría en contra nuestra, está inmerso de una atmósfera eminentemente política y es en tal circunstancia que lo enfrentaremos de cara a nuestras bases, de cara a nuestras organizaciones hermanas y amigas de los Sectores Sociales, de cara a los diversos sectores político-partidarios y, por supuesto, de cara al pueblo, cuya solidaridad y respaldo desde ya estamos recibiendo.

Quinto: Rechazamos, tajantemente, de entrada, los errados y perversos ataques y acusaciones de sediciosos, de traidores de la Patria, de violentos y de terroristas que es lo último que les falta por endilgarnos, en medio de una creciente atmósfera de odio y de confrontación, atizando la violencia social y política; cuando de nuestra parte y de todos los Sectores Sociales, nuestro llamado es a la movilización social pacifista, como ha sido la tradición costarricense, altamente demostrado en ejemplos como ALCOA, COMBO ICE y la misma lucha del Movimiento Cívico Nacional. Los traidores a la Patria están en otro lado; son aquellos que pretenden entregar nuestra soberanía y nuestras más preciadas institucionales, mediante un tratado comercial que generará beneficios, exclusivamente, a un pequeño grupo.

Sexto: Seguiremos incansablemente nuestra labor cotidiana que la ANEP nos ha encomendado; seguiremos abogando por todos los principios de la justicia social; seguiremos abogando por la paz y por la democracia, con justicia social y con equidad; seguiremos, desde la órbita de la acción sindical, abogando por una Costa Rica de inclusión, denunciando la corrupción; luchando por una Costa Rica en la que quepamos todos; incluso aquellos que desde la prensa oligárquica, como el Diario La Nación, nos insultan, nos denigran, nos ofenden; pero se equivocan, porque la provocación a la violencia que están lanzando, será masivamente rechazada por el pueblo costarricense. A la ANEP no la callarán jamás.

Sétimo: Aclaramos que hoy no está presente con nosotros, el Dr. José Luis Vega Carballo, el otro ciudadano involucrado en esta irracional acusación, dado que se encuentra en la zona de Occidente, precisamente, educando y concientizando sobre los perversos contenidos del TLC de la oligarquía; pero nos manifestó hacer mención de su compromiso hasta el final en esta lucha y de su decidida vocación de enfrentar esta infamia política dentro y fuera de los estrados judiciales, convocando, como nosotros, al apoyo de la ciudadanía conciente y patriota que es la gran mayoría de la población.

Octavo: Jamás claudicaremos en la defensa de las más sagradas conquista sociales del pueblo costarricense, logradas con el concurso de muchas generaciones de compatriotas, de las más diversas procedencias ideológicas y políticas, a lo largo de varias décadas. No vamos a caer nunca en provocaciones guerreristas de ninguna índole.

Agradecemos a la organización sindical hermana ASDEICE, en la persona de su Presidente, el compañero Fabio Chaves Castro, darnos desde el principio su solidaridad activa, permitiéndonos que esta declaración de prensa fuese leída en su local, mostrando que también en esta causa están tan activamente comprometidos como nosotros.

San José, 29 de abril de 2005

Albino Vargas Barrantes

Edgar Morales Quesada

Totalmente inaceptable, sumamente irracional y una descarada agresión económica, resulta la petición que formula la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), de una alza de 40 colones por litro de gasolina súper y de 38 colones para la regular; cuyo impacto económico en el bolsillo de los consumidores, sobre todos de quienes son asalariados y de las propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas, será devastador.

Esta nueva alza, constituye una verdadera provocación para el angustiado pueblo costarricense, acosado inmisericordemente por una cadena de alzas de enorme impacto en productos y servicios públicos de consumo básico; alzas que se dan en el marco de una política neoliberal cuyo principal responsable es el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Las abusivas alzas en los buses, en la luz, en el arroz y ahora en los combustibles (gasolina, especialmente), tienen un impacto demoledor en la estabilidad económica familiar; pues se trata de rubros de gasto doméstico imposibles de eludir. Sin la menor duda posible, las fijaciones salariales del segundo semestre que ya se avecinan, serán sumamente confrontativas.

La ANEP propondrá a los diferentes sectores sociales incluir dentro de la agenda de lucha de las acciones por venir, una convocatoria de protesta por la cadena de alzas que nos agobia; porque solamente la expresión social organizada en las calles, sensibilizará a las autoridades económicas del Gobierno de la República, de que resulta imposible seguir tolerando, pasivamente, semejante ola de agresión económica; sumamente agravada por un escenario de concentración de riqueza que se profundiza cada vez más.

La gente tiene el legítimo derecho de defenderse y la mejor acción para ello es mostrar el enojo es acción de calle debidamente organizada.

San José, 8 de abril de 2005.

1. Rechazamos, de manera tajante y expresamos el más absoluto repudio a una nueva edición de la perversa política de pactos en la sombra, por medio de la cual el sistema político del bipartidismo tradicional, conocido en el pueblo como “PLUSC”, pretende garantizarse el mayor control institucional posible; ante el indetenible proceso de descrédito que sufre frente a la conciencia crítica de cada vez más sectores ciudadanos.

2. Es inaceptable desde el punto de vista de las mínimas normas de ética política y decencia en la gestión pública, que el PLUSC haya decidido repartirse para sí, el control de dos de las instituciones que todavía gozan de importante credibilidad ciudadana, como lo son la Defensoría de los Habitantes de la República y la Contraloría General de la República.

3. El PLUSC, entregado completamente a la ideología neoliberal del libre mercado; convertido en una asociación de negocios en la cual empresarios-políticos y políticos-empresarios ansían, por medio del TLC, ingresar de manera definitiva a los jugosos mercados de las telecomunicaciones, la energía, los seguros, la salud y el agua; con reacción endeble y cómplice ante los más vergonzosos escándalos de corrupción pública jamás vistos en la historia nacional; pretende ahora asegurarse su “propio” Contralor y su “propio” Defensor.

4. Las condiciones políticas y sociales del país expresan un clima confrontativo de alta intensidad; razón de más para pensar, con responsabilidad y con patriotismo, en las personas que habrán de ocupar esos estratégicos cargos. Deben ser personas de una gran capacidad convocante, que exhiban un pasado político de correcta transparencia, y que puedan certificar una trayectoria de absoluta independencia, con respecto de las viciadas y perniciosas prácticas de ejercicio de poder a cargo del PLUSC.

5. Las personas honestas y honradas que aún pertenecen y que pusieron su nombre a discutir en estas estratégicas designaciones; no deberían legitimar este tipo de componenda; al menos, para bien de la transparencia del proceso, deberían renunciar de inmediato a pertenecer a esos partidos, si pretenden que les creamos que no entregarán ambas entidades al control total del PLUSC.

6. Es en este marco de situación que, por ejemplo no podemos aceptar, como un gesto transparente y bien intencionado, las aspiraciones del actual Diputado Federico Vargas Ulloa, actual Jefe de la Fracción Parlamentaria del PUSC. No solamente está en una evidente posición ventajosa con relación a otros postulantes al cargo de Defensor de los Habitantes de la República; sino que, por sus directas vinculaciones con la máxima cúpula de ese partido, es evidente que no puede rehuir responsabilidades en cuanto al deterioro de la institucionalidad pública costarricense, luego de que el PUSC renegara de su filosofía socialcristiana para pasarse al neoliberalismo.

7. Por otra parte, el Exministro de Hacienda en el Gobierno del José María Figueres Olsen, el Dr. Fernando Herrero Acosta, aspirante al cargo de Contralor General de la República; debe bastantes explicaciones pues no se puede negar su responsabilidad directa en el escenario confrontativo de enorme impacto en esa época, con ocasión de la Huelga Magisterial. Además, los cierres del Banco Anglo Costarricense y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), son situaciones de incumbencia directa en el desarrollo de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda; reveladoras de una concepción social del desarrollo que no es la mayoritaria en la conciencia nacional. Además e indudablemente que al tener la “bendición” del Expresidente Oscar Arias Sánchez, se pone en duda una actitud de independencia en las aspiraciones por alcanzar el alto cargo contralor.

8. La Contraloría y la Defensoría no pueden ser conducidas bajo concepciones neoliberales bajo ninguna circunstancia; ni con remedos de una supuesta tecnocracia “neutral” que tan sólo le hace el juego. Ambas entidades necesitan figuras altamente comprometidas con el rescate de nuestro Estado Social de Derecho, con la revitalización de los principios constitucionales que le dan sustento al mismo; con la más absoluta energía para frenar, radicalmente, la orgiástica fiesta de los negocios privados con los servicios públicos.

9. Tienen sobrada razón quienes, desde el mismo parlamento, han denunciado ya que la Contraloría es para el PLN y la Defensoría para el PUSC. Esto no debe ser permitido. Esto es perversión malsana de un concepto de gestión pública al servicio ciudadano. Es más, si el PLUSC insiste en repartirse estos honrosos cargos, se lanzará una provocación más que justificada para ir allanando los caminos hacia salidas que algunos creen que ya no son institucionales.

10. Hacemos un llamado respetuoso a aquellos honorables diputados y a aquellas honorables diputadas que todavía tienen reserva moral y patriótica para no permitir este vulgar reparto institucional que pretende el PLUSC de dos entidades que debemos, hoy más que nunca, salvaguardar para beneficio del decoro institucional y para la preservación del interés público.

11. No se debe prostituir la elección de las personas que han de dirigir a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Hay que emplear todos los mecanismos institucionales disponibles para que el PLUSC no se salga con la suya.

12. Hacemos un llamado vehemente a todas las organizaciones sociales para que exijan un Contralor para la Ciudadanía, una Defensoría para la Ciudadanía. Ya hemos experimentado lo que es un tener un contralor al servicio de la alianza de negocios del PLUSC. Alterra pasó. RITEVE pasó. La cogeneración eléctrica privada pasó. El asunto de las comisiones pasó. Los viciados carteles de licitación de Puerto Caldera pasaron. Tan sólo son éstos unos pocos casos de situaciones hoy en gran polémica que, sencillamente, pasaron por el ente contralor.

13. Dichosamente, en la Defensoría, las personas que la han tenido a cargo, han logrado mantenerla con decoro, con independencia, con seriedad y con propiedad. Esto debe continuar así y profundizarse para bien de la gente.

Queremos una contraloría al servicio del bien común,
no para el plusc.

Queremos que la defensoría siga siendo de la gente,
no que pase a manos del plusc.

Basta ya de tanto atropello a la institucionalidad democrática
sana que todavía nos queda la delicada situación política del país así lo exige.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente
ASDEICE

San José, 6 de abril de 2005.

Mediante el Voto No. 152, del 25 de febrero de 2005, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha reivindicado el derecho fundamental a percibir salario mínimo, de un grupo de trabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP); quienes han venido sufriendo los más insospechados maltratos por parte de las autoridades de la institución y la indiferencia de las autoridades políticas nacionales por más de cinco años.

A estas personas, que laboran para una institución pública y que con lo que ganan allí mantienen a sus familias, no se les ha estado reconociendo el salario mínimo legal; estableciéndose una discriminación con respecto a los trabajadores fijos que realizan exactamente el mismo trabajo en idénticas condiciones. Tampoco se les reconoce otras reivindicaciones colaterales, como el Salario Escolar.

Adicionalmente, las autoridades administrativas de INCOP han llegado al absurdo de negar el derecho a percibir subsidios por incapacidad, pese a que todos ellos cotizan mensualmente para la Seguridad Social.

En la sentencia de comentario, los miembros del Tribunal de Casación resolvieron lo siguiente: “Se condena al demandado a cancelarle al actor el salario base o sobresueldo que si les reconoce a los trabajadores fijos (incluyendo el porcentaje que se debe pagar en forma acumulativa en el mes de enero de cada año por salario escolar); así como las diferencias resultantes por ese concepto en los renglones de vacaciones y aguinaldo y los intereses sobre dichas sumas desde que los rubros se debieron haber pagado y hasta su efectiva cancelación.”

El voto de la Sala reestablece la justicia en el INCOP, institución que hasta el día de hoy, había permanecido como una “república independiente”, a la que ni siquiera las autoridades políticas superiores habían podido someter al ordenamiento jurídico costarricense.

Reiteramos nuestra confianza absoluta en la independencia de los tribunales laborales, que representan una luz de esperanza para la clase trabajadora costarricense.

San José, 4 de marzo de 2005.

Todos los sectores sociales y populares se han venido articulando, en medio de una gran diversidad, para desplegar con éxito lo que hemos denominado el REFERÉNDUM DE LA CALLE.

Ahora bien, si la Asamblea Legislativa y/o el propio Gobierno de la República abogan porque esta dura situación de confrontación social a la vista, se resuelva dentro de los cauces de la institucionalidad republicana; la opción de un referéndum para consultar al pueblo en el asunto del TLC, podría ser viable con ciertas condiciones, como las siguientes:

1- La promoción y el financiamiento necesario para un profundo, pausado y altamente equitativo debate nacional, de frontera a frontera y de costa a costa, que permita a la gente conocer qué contiene el denominado TLC, tanto en sus aspectos positivos como en los negativos. Este proceso es imprescindible para que el mayor número posible de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses tengan plena noción sobre lo que se irían a pronunciar, ya sea a favor ó en contra.

2- Bien podría promulgarse una ley para el caso específico de un referéndum sobre el TLC; no obstante, tal legislación debe tener suficientes normas claras y fundamentales como la igualdad de acceso de las tesis encontradas (el NO y el SÍ); de forma tal que ambas posiciones tengan la misma cantidad de espacios en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, para que la gente tenga equidad en el acceso a las argumentaciones en uno u otro sentido.

3- En la redacción de dicha ley, deben tomar parte las representaciones sociales y productivas más visibles, en cuanto a las posiciones encontradas sobre el TLC. Además, debe establecer que los dineros que habrían para financiar campañas de base en una ó en otra dirección, deben acreditar total transparencia y procedencia ética.

4- Sería necesario la conformación de una Comisión de Alto Nivel, constituida por ciudadanos y ciudadanas de altísima honorabilidad y de incuestionable solvencia moral, para fiscalizar todo el proceso organizativo; comisión que trabajaría conjuntamente con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para certificar una credibilidad absoluta e incuestionable sobre el proceso de debate y sobre los resultados finales de una consulta popular como ésta, sin precedentes en la historia nacional.

San José, 3 de marzo de 2005.

Estimado señor:

Luego de saludarle de la manera más atenta y respetuosa, solicitamos el debido derecho de respuesta, dado que en la edición de la fecha, en la columna del empresario don Samuel Yankelewitz, se alude de manera directa a las posiciones de esta organización, en el asunto de la reforma de pensiones IVM-CCSS. El texto de nuestra respuesta es el siguiente:

LA VERDAD SOBRE PENSIONES DE IVM

La UCCAEP, de Samuel Yankelewitz, propuso medidas que obligarían a cotizar 10 años más para obtener la pensión, así de simple.

Ante la crisis que vive el Régimen de Pensiones Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), concretamente en lo que se refiere a su sostenibilidad financiera; la UCCAEP de don Samuel Yankelewitz , no realizó ningún aporte que le representara un sacrificio para la porción del sector empresarial que le es afín, ni tampoco para el sector solidarista que le acompañó. Su “propuesta” consistió en disponer de medidas conocidas por los tecnócratas como “PARAMETRICAS” (elevar cotizaciones de los trabajadores, disminuir beneficios de retiro, así como castigar las pensiones por invalidez y por muerte.).

Se trata de medidas que implicarían que aquellos trabajadores que ganan menos salario, tendrían que cotizar más y recibir menos beneficios al momento de su retiro.

Las estimaciones que hacemos en ANEP sobre esa propuesta, nos dicen que al incrementar en 60 el número de cuotas, se debe laborar cinco años adicionales; y, paralelamente, otros cinco años más si se disminuyen los beneficios de la pensión de 60% a 40%, tal y como queda reflejado claramente en la propuesta del Sr. Yankelewitz y su grupo, para lograr alcanzar el mismo beneficio de hoy en día Ni más ni menos que ¡10 AÑOS MÁS PARA JUBILARSE!

Proponer que sobre las espaldas de los trabajadores recaiga el peso de la reforma es una medida fácil, oportunista y simplista de quienes pretenden aparentar ser los “adalides de la verdad”; quienes con su actitud sólo pretenden defender sus propios intereses.

Ser consecuente con el planteamiento de una reforma integral y realmente sostenible, implica un alto grado de sacrificio de todos los componentes del problema; visión que la UCCAEP de don Samuel no parece querer asumir.

Honrar la Seguridad Social es comprometerse con ella y sus principios. El sistema de Invalidez, Vejez y Muerte sostiene buena parte de nuestra paz social y el compromiso debe ser común a todos los actores productivos de la sociedad costarricense, incluida la UCCAEP.

Don Samuel: Atendamos primero el problema de la morosidad, de la subdeclaración y de la evasión, aun cuando con ello toquemos intereses de empresarios afiliados a la cámara empresarial que usted representa.

Hagamos cumplir la Ley de Protección al Trabajador, que bien que mal contiene medidas para mejorar Cobertura, Inversión y Recaudación.

Ayude usted a eliminar el clientelismo político, el tráfico de influencias y la corrupción que se institucionalizó desde las altas esferas del poder político, imprimiendo daños irreparables a nuestras instituciones y a la misma credibilidad ciudadana. El mayor y más importante régimen de pensiones del país, como lo es IVM, también ha sido afectado por tales fenómenos perniciosos.

Pese a que su organización ya anunció que no regresarán a la comisión, porque aducen que ya dieron su aporte; le instamos don Samuel, respetuosamente, a que usted le indique a la ciudadanía y en especial a la gente del trabajo, en qué consiste el aporte que supuestamente hecho por UCCAEP para fortalecer el IVM; concretamente, cuántos colones le está constando al empresariado que usted tan responsablemente representa, esa propuesta balanceada, que usted señala en su nota.

Pensamos que estamos muy cerca de un acuerdo, gracias a nuestra modesta gestión y a la directa y oportuna intervención del señor Presidente de la Republica, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella; la del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Lic. Fernando Trejos Ballestero, así como la del señor Presidente Ejecutivo de la CCSS, el Dr. Alberto Sáenz Pacheco.

Además, el aporte del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), ha sido vital en cuanto a los derechos de las mujeres en este asunto de las pensiones. De la misma forma, los oportunos señalamientos de la Defensoría de los Habitantes de la República, sobre el carácter del proceso y la necesaria integralidad del mismo, posibilitan las bases para un acuerdo que podría ser histórico.

De acuerdo, don Samuel, coincidimos en lo que hay que corregir. Corrijámoslo; pero aún así, hay que poner más recursos para la sostenibilidad del sistema; por eso insistimos, y para que su interés apuntado en su nota sea creíble, díganos con cuántos colones más va a contribuir el sector empresarial que usted representa.

La reactivación de la comisión que ve los problemas de sostenibilidad financiera del Régimen de IVM , tiene una responsabilidad histórica, en la elaboración de una propuesta integral, políticamente viable, estructuralmente posible y, sobre todo, solidaria.

No debe por ningún motivo desestimularse el componente solidario que le ofrece como marco filosófico, la Seguridad Social a los depositarios del fondo de IVM. Procuremos que quienes ganan más aporten más y, consecuentemente, hagan mayores sacrificios al momento de recibir los beneficios.

Esté seguro don Samuel de que la ANEP, ha puesto y pondrá todos sus recursos para que el sistema de pensiones de IVM siga siendo un régimen de reparto, absolutamente solidario y no de capitalización individual, ya que ello conduciría irremediablemente a la privatización de nuestro sistema de pensiones.

Entonces don Samuel, para hablar claro, sin ambages y con sinceridad, queremos saber cuánto más va a poner en la mesa el sector empresarial y cuánto más el Estado como patrono. Porque hablar de responsabilidad empresarial, cuando en una propuesta solamente ponemos el pellejo los trabajadores y sobre todo las trabajadoras, resulta fácil y hasta cínico. Por favor, seamos serios.

Hasta aquí nuestro texto.

Anticipadamente le agradecemos la valiosa consideración a la anterior solicitud de derecho de respuesta.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional

—-
c.: Ing. Samuel Yankelewitz Berger, Presidente, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP)
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Una delegación de la comunidad de Abangares, compuesta por un número superior a la centena, estarán mañana viernes 25 de febrero, frente a la sede de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en esta ciudad; respaldando la justa demanda de la Municipalidad de Abangares, para que la firma CEMEX (COSTA RICA), S. A., pague una presunta deuda tributaria de cerca de 3 mil 500 millones de colones. La actividad será a las 10 de la mañana.

Dicha representación de las fuerzas vivas de esa comunidad guanacasteca, en alianza con su Concejo Municipal, contando además con el apoyo de la ANEP; solicitarán a los señores magistrados de ese alto tribunal, que se haga justicia en el caso indicado; toda vez que consideran que la ley está del lado de la comunidad y, por ende, esa empresa debe honrar la deuda que se le está cobrando.

“David contra Goliath”, pareciera ser el símil más apropiado para definir esta pugna entre una comunidad pobre, de bajo desarrollo socioeconómico, ubicada en una de las regiones más “olvidadas” del país; con un consorcio cementero de alcance mundial, ubicado casi en el primer lugar de dicha actividad productiva.

Desde ya agradecemos a la prensa nacional, la posibilidad de que mañana estos hombres y mujeres costarricenses del campo puedan tener acceso a la opinión pública nacional con su planteamiento. Son compatriotas que hacen un gran esfuerzo económico para venir hasta San José, pero motivados con una profunda convicción patriótica de que el Derecho les asiste en este caso.

San José, 24 de febrero del 2005.

La ANEP tuvo acceso al documento en mención, del que se extraen interesantes datos como los siguientes:

Nombre del jugador
ALVARO MESÉN MURILLO
Salario mensual
200.000.oo

Nombre del jugador
AUSTIN BERRY MONTOYA
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
CHRISTIAN BADILLA ZAMORA
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
MICHAEL UMAÑA CORRALES
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
KURT BERNARD SIMPSON
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
JEWISON BENNETTE GRANT
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
ROBERTH ARIAS SANCHO
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
RAYNER ROBINSON WATSON
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
KENNETH VARGAS ALFARO
Salario mensual
150.000.oo

ANEP comparte esta situación con la opinión pública nacional, intermediando la valiosa atención de los medios de comunicación colectiva, en momentos en los cuales está en discusión el carácter de la reforma al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el cual tiene entre sus principales problemas diferentes formas de evadir la responsabilidad patronal que tal régimen presupone.

La ANEP no está afirmando que los datos de la planilla patronal del mes de diciembre anterior, presentada por el Club Sport Herediano a la CCSS, presente anomalías de evasión de responsabilidades patronales; pero sí estimamos necesario que se abra un debate público sobre lo que en realidad pudiera estar acontecimiento en la materia, entre los clubes de fútbol de primera división del campeonato nacional.

Sobre el particular surgen preguntas como las siguientes: ¿Los salarios pagados a jugadores de fútbol en la primera división son parecidos a los que declara el Club Sport Herediano?; ¿existe entre los clubes deportivos del fútbol mayor de Costa Rica, prácticas de evasión de responsabilidades patronales para con la Caja Costarricense de Seguro Social?; ¿cómo actúa la CCSS para comprobar si los datos que se le aportan son reales?;

Sin duda alguna que la situación aquí comentado merecería un exhaustivo análisis de las instituciones correspondientes, así como el necesario debate público, en momentos en que se discute la reforma al sistema de pensiones IVM-CCSS.

San José, 10 de febrero del 2005.

Todo esto a pesar de que existe un compromiso con el Ministerio de Educación Pública (MEP), para que el 7 de febrero se haga entrega de los programas de estudio, el control de asistencia y el registro de actividades, para que los docentes del país cuenten con las armas de trabajo para el año 2005.

Lo importante de todo este caos es que mientras la Administración se hace de la vista gorda para cumplir con este compromiso, son los propios trabajadores de la Institución, los que han asumido toda la responsabilidad y con el compromiso de trabajo; por lo que han tenido que ampliar su jornada laboral, trabajando horas extras, sábados y domingos.

Se busca cumplir con el plazo de entrega establecido, para que así todos los docentes, dispongan a tiempo del material necesario para desempeñar sus labores y que todos los niños, todas las niñas y adolescentes de nuestra querida Costa Rica, cuenten con un educador preparado para lograr los objetivos propuestos para este año.

Es obvio: la Imprenta Nacional, se encuentra en manos de Dios y de sus trabajadores y que nuestro Señor Jesucristo nos acompañe.

La Seccional ANEP-Imprenta Nacional deja en claro nuestro compromiso con el Estado Costarricense y a la vez externamos nuestra preocupación por la falta de dirigencia en la Imprenta Nacional y que la Junta Administrativa no resuelve. Por lo que le solicitamos al señor Ministro de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, Lic. Rogelio Ramos Martínez, su intervención lo más pronto posible.

San José, 3 de febrero del 2005.