Categoría: Noticias

Esta segunda etapa da seguimiento al primer producto que en el tema arrojó, en diciembre pasado, la denominada Comisión Social para la Reforma de IVM; comisión que sesionó casi todo el año 2004. Como ya es notorio, en esta primera etapa se evidenciaron grandes problemas de conducción, de transparencia y de apoyo técnico actuarial por parte de la entonces representación de la Gerencia de Pensiones de la CCSS. Esos problemas generaron que, con absoluta claridad, quedaran en la mesa dos visiones distintas del carácter del problema y de su eventual solución.

Por un lado, una visión excesivamente actuarial, de corto plazo, que aumenta contribuciones y reduce las pensiones; refrendada por la representación en su momento de la mencionada gerencia institucional, con el respaldo del sector empresarial ligado a la UCCAEP y del solidarismo que influencia este gremio productivo.

Por otro, la visión social, más integral y a largo plazo, con respaldo sindical, cooperativo y del movimiento de mujeres; además del aval del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y de la Defensoría de los Habitantes de la República. Las propuestas de esta visión resolverían el desequilibrio actuarial del régimen IVM, pero protegiendo los problemas de las personas trabajadoras.

En esencia, este proceso de discusión en búsqueda de un verdadero acuerdo (que por ahora no se logró), partió de reconocer que en el corto plazo habrá un desequilibrio entre los ingresos y los egresos del fondo de IVM y que para corregirlo es necesario combinar distintos tipos de medidas; que van desde la mejora en la eficiencia administrativa, hasta cambios en la fórmula de cálculo de las pensiones, respetando, por supuesto, los derechos de las personas que ya están cerca de la edad de retiro.

El siguiente cuadro resume las principales diferencias de las dos visiones:

Aspecto	Propuesta con visión exclusivamente actuarial de la UCCAEP y el solidarismo afín (apoyada por la conducción previa de la Gerencia de Pensiones de la CCSS)	Propuesta con visión social, del Sindicalismo, el Cooperativismo, el Movimiento de Mujeres, INAMU y Defensoría
El problema	IVM tiene un desequilibrio financiero debido a que la gente cada vez vive más; a que cada vez hay más gente que se pensiona; y a que lo que se contribuye es insuficiente. No es posible estimar la evasión actual y aumentar la cobertura, sólo agregará “más agua a la sopa”.	demás de factores externos, una causa fundamental del desequilibrio financiero de IVM, es la ineficiencia institucional para optimizar la recaudación, la inversión y la cobertura: cada vez menos gente financia a cada vez más gente. La legislación existe (LPT), no así la voluntad de las autoridades (en particular, la Gerencia de Pensiones de la CCSS), para implementarla.
El objetivo de la reforma	Hay que “ajustarse la faja”, contribuyendo más y recibiendo menos pensiones.	Hay que lograr que todas las personas, desde las más ricas hasta las más pobres, contribuyan según sus posibilidades reales; y que antes de pedirle más a la gente, el Estado muestre su eficiencia y rinda cuentas de su gestión.
Las propuestas concretas	Pensiones por vejez: Se aumentará número de cuotas y porcentaje de cotización, y se reducirán generalizadamente los montos de las pensiones. Para mantener pensiones actuales habrá que trabajar 10 años más, sea que la persona gane 100 ó 700 mil colones. Pensiones por invalidez: Se aumentará el número de cuotas requeridas para tener el derecho a solicitarla; y se reducirán los montos con respecto a las pensiones por vejez. Pensiones por viudez: Se aumentará el número de cuotas requeridas para obtenerlas.	+Pensiones por vejez: +Se aumentará el número de cuotas y porcentaje de cotizaciones; pero +quienes ganan más recibirán pensiones menores a las actuales y quienes ganan menos las mantendrán +(según propuesta de la OIT). Pensiones por invalidez: Se eliminará la corrupción y el tráfico de influencias; pero quienes demuestren invalidez, mantendrán pensiones similares a las de vejez. +Pensiones por viudez: Se +mantendrán las condiciones actuales, pero se iniciará una campaña para que 800 mil mujeres que actualmente no cotizan aún cuanto tengan ingresos, coticen para una pensión propia.

La visión que fue apoyada por la antigua delegación de la Gerencia de Pensiones de la Caja, no recoge, necesariamente, la visión de la institución como tal.

Por otra parte, la decidida intervención, oportuna y directa, del propio Presidente de la República, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, quien mostró una gran sensibilidad a la importancia de un sostenido esfuerzo para un acuerdo estratégico en la materia; generó el espacio necesario para la segunda fase de este proceso de reforma al IVM-CCSS.

Ahora, con la convocatoria de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la persona del Dr. Alberto Sáenz Pacheco; contando con la participación del nuevo Gerente de Pensiones de la Caja, Lic. José Alberto Acuña; se ha abierto la indicada segunda fase con la presencia de las instituciones públicas involucradas que venían ya trabajando en la primera fase; así como de las organizaciones sociales que cuestionaron fuertemente el proceso en su primera parte.

Entre las primeras, están el INAMU, la Defensoría, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN). Por su lado, el sindicalismo, el cooperativismo y el movimiento de mujeres, son las organizaciones sociales presentes en esta nueva etapa. Paralelamente, se buscarán acercamientos con la UCCAEP y su rama solidarista.

Ahora, en esta segunda fase de discusión sobre el futuro de la reforma de pensiones IVM-CCSS, se han de revisar los acuerdos y los desacuerdos existentes a diciembre de 2004 (cuando finalizó la primera fase); para contar con un documento que recoja una propuesta de reforma con visión social.

El próximo 31 de enero empezará a ser discutido, en consecuencia, el nuevo documento de propuesta, entre las representaciones oficiales y sociales que están en la mesa de negociación; así como por distintos sectores, organizaciones, entidades y, sobre todo, por la población en general.

Está en juego una política pública de Estado y no sólo de Gobierno, con respecto a una de las principales áreas de política social del país.

ANEP espera que este nuevo esfuerzo rinda frutos y que contemos con una propuesta de reforma que fortalezca, estructural y estratégicamente, el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para todos los y para todas las costarricenses.

Estimado señor Presidente:

Con el debido respeto, a nombre de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-SINART, S. A. y de la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), acudimos a la digna autoridad presidencial depositada en su persona, para solicitarle la separación inmediata del cargo de Presidente del Consejo Ejecutivo del SINART, S. A., Lic. Belisario Solano Solano; hasta tanto se aclare la verdad sobre los hechos publicados en el periódico La Nación en el día de ayer y hoy mismo, día 18 de enero; informaciones que hablan de que dicho jerarca habría recibido dineros para arreglo de vías comunales que nunca fueron entregados al MOPT.

Como usted comprenderá, Sr. Presidente, tales cuestionamientos afectan, de manera directa, la imagen del SINART, S. A. y de quienes laboran con gran entrega para esta noble institución. Sin lugar a dudas, don Abel, la situación en que se involucra al Lic. Solano Solano, contribuye a deteriorar la credibilidad de los y de las costarricenses en el sistema republicano de instituciones y, por ende, ante tal situación y sin condenar a nadie apriorísticamente ni arrogándonos el monopolio de la verdad absoluta; razón por la cual ni la Seccional ANEP en el SINART, S. A., ni la ANEP misma podríamos permanecer callados, sin emitir nuestro criterio y posición al respecto.

Usted ha sido categórico, Sr. Presidente, ante este tipo de situaciones y la que se da en estos momentos con la máxima figura ejecutiva del SINART, S. A., no tendría razones para ser tratada de manera diferente.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL ANEP-SINART, S. A.
Fernando Vargas Torres
Presidente

Rosibel Flores Salazar
Vicepresidenta

—-
c.:Licda. Lineth Saborío Valverde, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.: Lic. Belisario Solano Solano, Presidente del Consejo Ejecutivo del SINART, S. A.
c.: Señores y señoras Consejo Ejecutivo del SINART, S. A.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-SINART, S. A.
c.: Archivo.

La señora Irene Arguedas, en su calidad de funcionaria pública (de las mejores pagadas en el país, llegando a tener un sueldo igual o más alto que el del propio Presidente de la República); más bien le debe al país muchas explicaciones, por el temor que deja entrever con el anuncio que ha hecho de la citada acción judicial. Los documentos acumuladas en una computadora del servicio público son de acceso para la ciudadanía.

* ¿Qué esconde la señora Irene Arguedas en su computadora?;
* ¿cuál es la naturaleza de la información que ha tenido guardada, como para que su molestia porque la misma se conozca, la lleva hasta las instancias judiciales?;
* ¿por qué esa posición histérica ante la posibilidad de que el Ministro del COMEX pudiera tener acceso a la información acumulada en la computadora de trabajo de la señora Arguedas?….

La señora Irene Arguedas, una de las personas de mayor confianza de la otrora poderosa figura de las negociaciones comerciales del país, la señora Anabel González; manejó, prácticamente a su entera discreción, todo el apartado de cuotas textiles dentro del denominado tratado de “libre” comercio (TLC), con los Estados Unidos de América.

Prácticamente es ella la única persona que tiene acceso a la profundidad de la información referida a este apartado del TLC, al punto de que se rumora que los empresarios ligados al sector textil, se la llevarían a laborar junto a ellos para poder entender a qué se enfrentan en el caso de que el tal TLC logre consolidarse.

La actitud intervensionista de la señora Anabel González en la actual gestión política del COMEX; la irreverente posición de la Viceministra del ramo, señora Amparo Pacheco; la salida intempestiva y prepotente del señor Fernando Ocampo; así como la furia de la señora Irene Arguedas porque se pueda conocer qué tipo de información tiene en su computadora de trabajo; muestran a las claras la imperiosa necesidad de una profunda auscultación política del papel de todos ellos en la negociación del TLC.

Sin duda alguna, un gran beneficio le haría al país la Asamblea Legislativa, si procede cuanto antes y apenas reanude funciones, a investigar todos estos bochornosos incidentes.

San José, 14 de enero de 2005.

Ese porcentaje, además de ridículo, insuficiente y ofensivo, es muy lejano a las aspiraciones de la clase trabajadora y a la cifra del costo de la vida que el año pasado cerró con un índice inflacionario del 13.13%.

Con este decreto salarial insuficiente, ofensivo e irrespetuoso para la gente que labora en el Sector Público, el Gobierno no hace más que echarle más leña al ya encendido fuego que agita e indigna a la familia laboral costarricense.

El costo de vida que ya se hace insoportable (incluyendo el odioso incremento en el pago a RITEVE); la intención de esta administración de realizar una reforma en pensiones (IVM) de tipo neoliberal (que conlleva entre otras aspectos a elevarnos en 10 años la edad para pensionarnos); la nefasta y millonaria factura que paga el pueblo por la corruptela descarada; la serie de negocios que realizan los políticos empresarios desde al institucionalidad; así como la amenaza de los sectores neoliberales de cerrar su círculo de negocios con la firma del anticristiano y, por tanto, antihumano TLC; presentan las características de un coctel social explosivo, de dimensiones muchos mayores a lo que aconteció en agosto del año anterior 2004.

Se trata de un mensaje provocador y confrontativo que envía el Gobierno. Lamentablemente no nos queda más alternativa que aceptar “el reto” y prepararnos “para el partido”.

San José, 12 de enero de 2004.

La señora González parece no haber comprendido todavía que su papel político dentro del actual Gobierno ya concluyó y, lamentablemente, aún se le rinde pleitesía y lealtad de varios de quienes fueron sus subalternos; especialmente, la señora Amparo Pacheco, actual Viceministra del COMEX y el señor Fernando Ocampo, Director General de Comercio de dicha entidad.

Fuentes confidenciales allegadas a la ANEP, de carácter empresarial y de la mayor credibilidad, nos han indicado que la actitud intervencionista de la señora González ha llegado a tal punto, que hasta se da su presencia física en las instalaciones del COMEX, llegando a impartir instrucciones y hasta llamadas internaciones habría efectuado a los Estados Unidos, contactando a sus homólogos, para seguir abogando por el TLC que ella negoció.

Esta es la situación límite que no toleró el actual Ministro de Comercio Exterior, señor Manuel González, generando el despido de la señora Irene Arguedas, Directora de Negociaciones Comerciales; precisamente porque esta funcionaria le habría estado rindiendo más lealtad a la señora González que al propio ministro, facilitando tal actitud intervencionista.

Esta nueva crisis en el COMEX, únicamente tiene una salida: es la renuncia inmediata ó destitución de la señora Amparo Pacheco y del señor Fernando Ocampo; por mantener una línea política que contradice las definiciones actuales del Gobierno de la República en materia del trámite del denominado tratado de “libre” comercio (TLC): no enviarlo al trámite legislativo hasta que se apruebe el plan fiscal; y, además, empezar a considerar la posibilidad de un plebiscito o consulta popular, para su aprobación o rechazo, de manera definitiva.

La señora Pacheco y el señor Ocampo sólo tienen lealtad para la línea política que les marca la señora Anabel González. En función de ello, han venido colisionando con el accionar del actual Ministro del COMEX por lo que deben irse, inmediatamente, de esta institución por no compartir la línea oficial que mantiene la misma en las actuales circunstancias.

San José, 8 de enero del 2005.

TLC. El envío del TLC a la Asamblea Legislativa, activará todos los mecanismos de movilización que se han venido preparando, por parte de las diferentes redes organizativas que se han establecido para este enfrentamiento. La explosión social que se tiene en perspectiva, adquirirá un carácter jamás visto, de consecuencias imprevisibles.

PENSIONES IVM.CCSS. La reforma de pensiones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es otro coctel explosivo. Si la Junta Directiva de la CCSS decide tomar una decisión únicamente con base en el apoyo del empresariado y del solidarismo, no estaría más que prendiendo una candela de dinamita; pues estamos seguros que la clase trabajadora no aguantará una reforma de pensiones cuyo costo será absorbido, totalmente, por la parte laboral, quedando exoneradas las partes empresarial y estatal.

SALARIOS. Los salarios de la clase trabajadora de los sectores Público y Privado, sin duda alguna que es otro factor de conflicto latente. Recordemos, por ejemplo, que para los empleados públicos no se ha fijado el aumento salarial del primer semestre del 2005. Los datos de este año por concluir, revelan una sensible pérdida, de casi un 6 %, del poder adquisitivo real de los salarios; los cuales anduvieron muy por debajo del índice de inflación, por demás alto como bien es conocido.

RITEVE. El asunto de la revisión técnica vehicular, en manos del ilegal monopolio privado de RITEVE, sigue en capilla ardiente. Esta empresa deberá defenderse de los cargos que le imputa el Movimiento Cívico Nacional, en audiencia oral y pública prevista para el día 12 de enero de 2005. A partir de ahí, cualquier cosa puede pasar en las calles de Costa Rica.

PLAN FISCAL. El tema fiscal es otra brasa caliente. La reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, no es aceptada por importantes sectores sociales, por cuanto no incluye muchas de las propuestas que en su momento se hicieron para hacerla más justa y equitativa. Sin tales cambios, nunca se podría aceptar el ya famoso plan fiscal. Además, la necesidad de tal reforma se ha descalificado, aún más, ante el movimiento popular costarricense, conociendo el dato espantoso de la cuantía gigantesca anual de dinero que se evade, desde el Sector Privado, en pago de impuestos: unos 200 mil millones de colones (casi un 3 % del Producto Interno Bruto PIB).

RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS. Aunado a lo anterior, las restricciones presupuestarias implicarán confrontaciones sectoriales muy serias, pues ni los trabajadores ni las personas usuarias de los servicios públicos afectados, se quedarán con los brazos cruzados ante el agravamiento del deterioro de la calidad de los mismos por la supuesta falta de fondos.

Ante este panorama, no hay más que una conclusión: el 2005 promete ser mucho más intenso y confrontativo, que el no menos agitado año que está por concluir.

Solamente una combinación correcta entre responsabilidad y credibilidad políticas, con sentido estratégico, podrá posibilitar sólidos espacios de búsqueda de acuerdos sociales de alto alcance, con participación social y productiva sin exclusiones; buscando evitar así que las colisiones anunciadas no se den. Lamentablemente, en tal sentido, la clase política y económica que hoy dirige el país, como bien sabemos, no da muestras serias y responsables para apuntar en la dirección indicada de la paz social.

San José, 16 de diciembre de 2004.

Elevado al más alto pedestal de la gestión contralora del país, por un acuerdo político extraparlamentario del desacreditado sistema bipartidista “PLUSC”, incluido el beneplácito del Expresidente de la República, Oscar Arias Sánchez; el Lic. Alex Solís Fallas parece haber desatado la furia de ese sistema cuando evidenció que le imprimiría un sesgo independentista a la Contraloría General de la República, dando paso a la superioridad del interés público por encima del interés del lucro privado.

En tal estado de cosas, altamente riesgosas para los tradicionales y poderosos intereses económicos tutelados por el PLUSC, nada mejor que las revelaciones públicas de las actuaciones erráticas privadas en el campo de la actividad notarial de quien ya, hoy, es Excontralor General de la República, el Lic. Alex Solís Fallas; pese a que los resultados del tiempo en que permaneció en el mismo (seis meses), dejaron al desnudo cuán permisivo había sido el rol político contralor de los últimos años, en la construcción de la compleja red de negocios privados con la institucionalidad pública, para el favorecimiento del proceso concentrador de riqueza que vive la Costa Rica de hoy.

Ese fue el eje central de nuestra posición con respecto a toda esta situación: Observar y aplaudir resultados concretos en el corto tiempo, en beneficio de la transparencia en la gestión pública; y que el cuestionamiento legal de la irregular actividad notarial del Lic. Alex Solís Fallas, se ventilase para la sanción respectiva, en las instancias correspondientes según el ordenamiento jurídico vigente.

Desde nuestra perspectiva, tales resultados ponían en peligro la existencia útil de la poderosa red de negocios privados con los servicios públicos que, en no pocas ocasiones, recibió la bendición contralora; como ya consta en varios casos de conflicto abierto entre el interés público y el lucro privado, con las necesidades que representa la satisfacción del bien común.

Sinceramente, siguiendo el sentido que nos dicta nuestra orientación de clase, observamos cuidadosamente el ataque sistemático, persistente y hasta rabioso que la gestión del ya hoy Excontralor General de la República, estuvo recibiendo desde el periódico La Nación; como vocero de esos poderosos grupos económicos que han encontrado inspiración política en la devaluada figura del Expresidente de la República, Oscar Arias Sánchez.

Para la ANEP está más que claro que La Nación, verdadero partido político-ideológico con ropaje de medio de comunicación colectiva, decidió la suerte política de quien hasta ayer fue Contralor General de la República; creando las condiciones escénicas necesarias para garantizar su remoción; habida cuenta de que los poderosos intereses económicos que se reflejan en la línea informativa y editorial de tal periódico, se sentían incómodos con una gestión contralora que, sencillamente, “se salió de control”.

El tránsito sociopolítico y económico hacia una total neoliberalización de la sociedad costarricense, reduciendo al mínimo el papel del Estado en la conducción del país, no podía ponerse en riesgo; mucho menos, en vísperas de la concreción del más ansiado sueño de esa neoliberalización: la imposición del denominado tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos de América.

Indudablemente que el descrédito en que ha caído el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa (descrédito no del todo completamente genuino por sus propias obras, sino que inducido, en no pocas ocasiones), necesitaba de una acción política de impacto como la remoción del Contralor General de la República; mejor todavía si esa estratégica decisión era tomada en una atmósfera circense creada al efecto. Nuestro parlamento, acorralado para los efectos del caso, siente que logra para sí un poco de reivindicación política.

“Muerto el rey, viva el rey”. Queda para el ya casi encima 2005, la elección de la persona que habrá de encabezar la estratégica entidad contralora. Sobre el tema quisiéramos aportar en su momento.

San José, 14 de diciembre de 2004.

Que el documento denominado “Informe Final de la Comisión Social”, con relación al proceso para buscar una solución compartida, en cuanto al carácter de las reformas necesarias para la sostenibilidad financiera futura del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); NO RESPONDE A UN CONSENSO ENTRE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE TOMARON PARTE EN TAL DISCUSIÓN; considerando que, por ejemplo, nuestras dos organizaciones se vieron en la imperiosa necesidad de retirarse de tal proceso, habida cuenta de la imposibilidad política de que, particularmente, los representantes de la Gerencia de Pensiones de la CCSS y, peor aún, la persona nombrada como facilitadora del proceso, consideraran discutir sobre propuestas alternativas a las oficiales, prácticamente delineadas éstas desde una perspectiva de corto plazo, reduccionista del problema y con un único y dominante sesgo paramétrico.

Por tanto, el denominado “Informe Final de la Comisión Social”, no refleja la realidad del proceso que se dio en torno a la discusión y es irrespetuoso de las posiciones disidentes de la línea oficial; posiciones construidas con gran precisión técnica y la más seria responsabilidad profesional. Por tanto, el subtítulo que tal informe presenta, “Propuesta de Reforma al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, es la propuesta de una parte de las representaciones que estuvieron discutiendo sobre el tema: esa parte, en esencia es la coalición de la cúpula empresarial tradicional, su rama laboral (el solidarismo) y la conducción tecnocrática de la Gerencia de Pensiones de la CCSS (ni siquiera su conducción institucional principal en estos momentos, que es el actual Gerente Financiero, el cual tiene la Gerencia de Pensiones como recargo). Esa conducción tecnocrática, carente de un real sustento político, impuso “su” reforma.

Vistas así las cosas, la ANEP y la ANPE (así como potencialmente otros sectores sociales que sienten la misma sensación de exclusión en esta situación), haremos absolutamente todos los esfuerzos necesarios, de las más distinta naturaleza y en la mayor cantidad de escenarios posibles; para denunciar la farsa de un falso consenso en materia de reformas al Régimen de Pensiones I.V.M. No seremos cómplices de una reversión social en esta sensible materia y creemos que la última palabra la habrá de decir la propia clase trabajadora y la población costarricense afectada por esta reforma.

Como evidencia de hasta qué punto la comisión no ha alcanzado acuerdos en aspectos fundamentales de la propuesta; adjuntamos el documento presentado por la Gerencia de Pensiones, con fecha 8 de diciembre de 2004, señalando, punto por punto, los profundos problemas técnicos que contiene esa propuesta; su desconocimiento de la legislación actual, la falta de voluntad política para cumplirla, así como su desencuentro con los principios de universalidad, equidad, solidaridad y obligatoriedad que animan nuestra Seguridad Social.

San José, 10 de diciembre de 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional de ANEP

MSc. Virian Mejías Padilla
Secretaria General ANPE

01- El desprestigiado sistema bipartidista tradicional, golpeado duramente por las últimas situaciones de presunta corrupción al más alto nivel, ampliamente conocidas, uno de los últimos peldaños de un proceso sistemático de degeneración política; resiente la pérdida del control de dos de las instituciones de mayor trascendencia para la transparencia y la justicia de un sistema que realmente se precie de democrático: la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República.

02- La designación del actual responsable máximo de la Contraloría General de la República, parece habérseles salido en el último minuto, del control esperado; luego de que en el proceso previo de designación, había recibido la “bendición” de dicho sistema, a través del respaldo de figuras poderosas, expresidenciales, del decadente “PLUSC”.

03- Independientemente de los cuestionamientos formulados al Lic. Alex Solís Fallas, en su vida previa a la asunción de tal cargo, la cadena de sus actuaciones, sus pronunciamientos y sus señalamientos puntuales desde esa posición contralora, en múltiples situaciones críticas de controversia entre política pública y negocios privados, tiene muy molestos a los abanderados de tal forma de enriquecimiento; quienes habían elaborado un tejido prácticamente perfecto entre esos dos ámbitos de la vida institucional del país (la relación política-empresarial, empresarial-política).

04- Ahora que el actual Contralor General de la República se les “salió” de control, tratan de deshacerse de su incómoda presencia, lo más rápidamente posible; sobre todo a partir de las órdenes dictadas por ese partido político con ropaje de periódico, el cual es el gran tutelador de la citada forma de hacer dinero con la cosa pública.

05- Por otra parte, sin duda alguna, que la otra “pieza” molesta, es el responsable máximo de la Fiscalía General de la República. El montaje que se le hizo en estos días, revela la profundidad del rechazo generado en esas intrincadas redes tejidas al amparo del bipartidismo tradicional, para la facilitación de negocios privados con los servicios públicos.

06- En vez de “deshacerse” del Lic. Francisco Dall`Anese Ruiz, porque su destitución es políticamente inviable, sin tener ningún punto flaco en que apoyarse para ello (como sí estaría presente en la otra situación); lo ideal es desprestigiarlo, restarle autoridad, “candidatearlo”, para disminuir el impacto de sus decisiones, que han golpeado a figuras prácticamente intocables hasta ahora de la política tradicional.

07- En uno y en otro caso, pese a la diferencia de las situaciones, el mejor de los escenarios para el bipartidismo corrupto, es que ambas figuras desaparezcan del ámbito institucional de control de la gestión pública, en sus más altos niveles. “Negocios son negocios”, parece ser la única consigna motivadora de ese nefasto accionar del hoy alicaído sistema bipartidista tradicional.

08- Hoy, en los momentos en que se ha de tomar una decisión presuntamente final en el primer caso; hacemos un vehemente pero respetuoso llamado a los honorables señores diputados y a las honorables señoras diputadas, para que sopesen de manera adecuada la decisión que habrán de tomar.

09- Por un lado, si ha de pesar más una presunta conducta errónea, asumida antes de la asunción al cargo, censurable sí, pero que no puede catalogarse de corrupta; versus, por otro lado, la ya larga lista de situaciones abordadas en estas semanas, desde la Contraloría General de la República, reveladoras de un sano y comprometido accionar de tal entidad, con respecto a la protección del interés público.

10- Esto es lo que en ANEP valoramos en su real dimensión, contrastándolo con el carácter de la gestión contralora precedente, la cual fue altamente permisiva del deterioro de la institucionalidad pública; generándose así, por ejemplo, hoy cuestionados contratos como la prestación de servicios públicos aeroportuarios y de revisión técnica vehicular, entre otros.

11- Sabemos que para varios honorables legisladores y no menos honorables señoras legisladoras, el escenario de votación no será autónomo, producto de un libre albedrío soberanamente ejercido, dada una atmósfera circense de quemas sumarias deliberadamente construidas, para castrarles esa voluntad autónoma. Aún así, les instamos a ser valientes y actuar, únicamente, con lo que su conciencia les ha de dictar. Únicamente deben tener presente su juramento constitucional, ante Dios y la Patria; y no lo que cierto periódico quiere imponerles.

12- Los señalamientos formulados desde esta entidad han dejado en absoluta evidencia, cómo se venían acumulando situaciones irregulares, ilegales y hasta corruptas, en el ámbito de la política pública y en su relación con las aspiraciones privadas de lucrativos negocios al amparo de la misma.

13- En ANEP preferimos que en la Contraloría General de la República se continúe por tal senda; y que las sanciones administrativas que han de corresponder, se tomen en las instancias adecuadas según las determinaciones procedimentales.

14- De la misma manera, deben hacerse todos los mayores esfuerzos para que el camino marcado por la Fiscalía General de la República, no sea saboteado ni descalificado, pues está en juego casi que la última oportunidad de restaurar una confianza más que lesionada en nuestra institucionalidad.

San José, 6 de diciembre de 2004.

La clase trabajadora costarricense, tanto la del Sector Privado como la del Sector Público, es la gran castigada con el triste anuncio de que la inflación del presente año, acumulada al mes de noviembre, llegó al 11.89 %; la más alta en los últimos ocho años. Al terminar el presente mes de diciembre, es de esperar un empeoramiento de tal situación, cuando se habrá de superar la barrera del 12 %.

Anuncio desesperanzador, acongojante e ingrato para una población laboral, como la clase trabajadora, que es la base fundamental de la generación de riqueza nacional.

Sin duda alguna estamos ante la más evidente muestra del fracaso de una política económica, de signo neoliberal, destinada únicamente para el favorecimiento de reducidos grupos económicos de gran poder, por su ligamen con el sector financiero; sector que ha gozado de enorme posición hegemónica en el control de los últimos gobiernos del bipartidismo tradicional, incluido el actual.

2005 será un año durísimo para las personas trabajadoras dependientes de un salario. Los reajustes salariales se quedarán cortos para hacerle frente a la alta inflación del 2004.

Nuevamente, la orientación principal de la política económica predominante castiga duramente a nuestra clase trabajadora; certificando, con dolor y angustia, el abominable proceso de concentración de la riqueza que nos lleva, de manera irreversible, hacia una polarización social de consecuencias insospechadas.

Abrigamos la esperanza de que, al menos, puedan darse algunos resultados positivos, aunque sean mínimos, del proceso actualmente en desarrollo, de conversación y eventual negociación, en materia de costo de vida, entre el Gobierno de la República y el Movimiento Cívico Nacional. En los primeros días de enero, se sabrá si algo positivo habrá salido de este proceso.

San José, 3 de diciembre de 2004.