Categoría: Noticias

Las políticas concesionadoras y privatizadoras en el caso del agua, han venido siendo orientadas desde el seno del Foro Mundial del Agua, organismo que se reúne cada tres años y que es auspiciado por el Consejo Mundial del Agua, el Banco Mundial y empresas transnacionales del agua, tales como Vivendi, Suez y Thames Water, entre otras.

Estas gigantescas multinacionales dueñas del mercado del agua, son utilizadas como referentes por el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales, para que los llamados países pobres o en desarrollo opten por entregarles el agua; vía privatización en los países dominados por las políticas neoliberales, y vía concesión como antesala de la privatización en los países que han resistido desde la sociedad civil la arremetida del modelo neoliberal, como lo son el caso de Costa Rica y Uruguay, naciones modelos en Latinoamérica.

Como ANEP, de manera reiterada, hemos afirmado la imperiosa necesidad de un moderno e integral marco jurídico en materia de Recurso Hídrico, posición en la que coinciden el Gobierno, los ecologistas sociales, ambientalistas y las organizaciones sindicales.

No obstante, según nuestra visión, la iniciativa legislativa denominada Proyecto de Recurso Hídrico, presenta un claro sesgo privatizador, mismo que surge como alternativa de solución, ante los diagnósticos catastrofistas y tendenciosos, sobre el manejo del recurso hídrico; realizados por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el auspicio del Estado y ciertas ONG’s promotoras de la privatización del agua. Súmesele a lo anterior las dimensiones de un Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos, contexto en el cual podemos entender el aspecto de fondo del proyecto: nos referimos al capitulo de concesiones.

Entendemos con toda claridad el juego de interés tanto del sector económico empresarial, como del equipo económico neoliberal del Dr. Abel Pacheco; así como de la empresa periodística La Nación, ya que dicha iniciativa legislativa obedece a sus posiciones ideológicas de la privatización y del libre mercado.

No esta de más decir que el capítulo de concesiones y el proyecto en general, representa la tabla de salvación o mejor dicho el marco jurídico, para las empresas generadoras y cogeneradoras que se dedican a la hidroelectricidad, cuyos propietarios son influyentes figuras políticas del PLN y PUSC; mismos que años atrás, lograran la emisión de las leyes 7.200 y 7.500, que les permitió vender electricidad al ICE, institución que se vio obligada a pagarles al 31 de enero del 2002 la módica suma de 35.549 millones de colones.

En tal sentido, es de entender las posibles alianzas que quieran hacer las empresas con las multinacionales del agua, como forma de mantenerse en el mercado. De igual forma entendemos la presencia de RITEVE en nuestro país, supuesta subsidiaria de Aguas de Barcelona.

Amén de nuestro reiterado señalamiento, respecto al componente fundamental del proyecto, desde la perspectiva ideológica, dígase capitulo de concesiones; dicha iniciativa consta de un complemento integral, tales como principios y naturaleza del Recurso Hídrico, protección de ciencias hidrográficas, planes hidrológicos, planificación hídrica y el establecimiento de cánones ambientales, entre otros aspectos relevantes.

En este contexto, tenemos la convicción de que el contenido constitucional no es suficiente garantía para que el agua continúe siendo un recurso natural de dominio público, por lo que se hace necesario un mayor sustento jurídico del artículo 50 de nuestra carta magna, adicionándole entre otras cosas el agua como un Derecho Humano.

Finalmente como ANEP, es piedra angular de nuestro quehacer la defensa de la institucionalidad costarricense y su fortalecimiento, sobre lo cual se gestan los principios de eficiencia y eficacia en los servicios públicos; la llamada inversión social (que ahora llaman, despectivamente, los neoliberales “gasto” social), nos ha ubicado como nación a la par de países con un alto desarrollo humano.

Auguramos para los próximos meses una enorme efervescencia social de dimensiones semejantes a las del histórico como del ICE; ya que si bien entendemos la sociedad costarricense que el agua debe de tener un valor económico en su integralidad, no debe de ser el que le pongan las empresas privadas que pretendan entrar en el gigantesco negocio del agua, vía concesiones.

Tenemos una responsabilidad patriótica, trabajadoras y trabajadores del A y A. Corresponde a nosotros dar el primer paso, como mencionamos en alguna oportunidad en uno de nuestros volantes de reflexión.

¡¡SÍ A UNA MODERNA E INTEGRAL LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RECURSO HÍDRICO!!

¡¡NO A UNA LEGISLACIÓN QUE CONCESIONES Y PRIVATICE EL AGUA, QUE PRIVATICE LA VIDA!

San José, 22 de agosto del 2003.

El Ministro Dent le debe explicaciones claras al país de su desacato a la Ley de Contingencia Fiscal que dispuso el fortalecimiento de la Administración Tributaria costarricense, a la cual se le destinarían 5 mil millones de colones para contratar nuevo personal profesional, adquirir equipos y establecer modernos programas informáticos; todo lo cual, supuestamente, ayudaría a combatir la escandalosa evasión tributaria en todas sus formas.

El Ministro Dent al proceder así, está haciéndole el juego a los gigantescos y poderosos intereses económicos que se han venido beneficiando con las políticas económicas neoliberales; facilitando la preservación del grave problema de las finanzas públicas, a raíz de los miles y miles de millones de colones que no ingresan a las arcas públicas, precisamente por las debilidades de una administración tributaria que no se quiere fortalecer, pese a que una ley de la República así lo ordenó.

El Ministro Dent se ha convertido en un gran provocador de la desestabilización social con su ataque sistemático contra los servicios públicos, contra los programas sociales, contra la institucionalidad del sistema social solidario de Costa Rica, contra los empleados públicos.

Más temprano que tarde la respuesta a los ataques del Ministro Dent no se harán esperar, considerando, además, que los mismos están ayudando a un acelerado proceso de confluencia y de coordinación de acciones de defensa conjuntas, por parte de todos aquellas personas, programas y sectores que han estado bajo el ataque de este funcionario fanático del dogma neoliberal.

ANEP y los Sectores Sociales enfrentaremos, abiertamente, el desafío que lanza el Ministro Dent y los intereses sectarios por él representados.

San José, 21 de agosto del 2003.

Para nadie es un secreto que la presente administración gubernamental del PUSC, así como va, augura una gran derrota electoral para esta agrupación política en las elecciones generales del año 2006; considerando, además, el impacto negativo sobre la misma, dada la gravedad de las denuncias de la financiación de la campaña del hoy mandatario presidencial.

Así las cosas, no solamente perderían la conducción del Poder Ejecutivo sino que, más grave aún, corren el riesgo de llevar su representación parlamentaria a la mínima expresión y a perder, en consecuencia, cifras millonarias del pastel de la deuda política.

Vistas así las cosas, podría resultar imperioso para el PUSC garantizarse influencia en el manejo de los millonarios fondos sociales con perspectiva electoral; quitando del camino todos aquellos obstáculos que impidan el otorgamiento de bonos de vivienda y el suministro de ayudas sociales que no estuvieren basadas en criterios político-electorales, para apuntalar candidaturas diputadiles, pretendiendo asegurar así su posterior elección.

La gestión de la señora Lara Povedano y del señor Fallas Venegas, en consecuencia, representaría un grave obstáculo en la estrategia electoral del PUSC para el año 2006; particularmente, para aquellas candidaturas diputadiles bendecidas por los arcángeles, quienes, por tanto, le habrían pedido al Presidente Pacheco deshacerse de tan brillantes profesionales al frente de esas instituciones claves para el desarrollo social de los costarricenses más pobres.

La ANEP insta al Presidente Pacheco de la Espriella a impedir que la politiquería y el clientelismo electoral influya en el manejo de los fondos sociales a cargo del IMAS y del Ministerio de Vivienda. Repudiamos que las necesidades de los más necesitados sean utilizadas para fines electoreros y de sobrevivencia de partidos políticos gastados por el neoliberalismo que han venido practicando en los últimos años.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales QuesadaSecretario
General Adjunto

San José, 12 de agosto del 2003.

Honorables señoras diputadas; Honorables señores diputados:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad y Afines (SNTSA); con gran respeto para sus dignas autoridades legislativas, se manifiesta ante usted acerca del Expediente No. 12.877, “Ley de Servicios Privados de Seguridad”, para que se considere lo siguiente:

Primero: Evaluación del cumplimiento de la Seguridad Social. Es imposible aprobar dicho proyecto de ley si, al menos, no se tiene una evaluación contundente y transparente, de cuál ha sido el comportamiento de las hasta ahora vigentes empresas privadas de seguridad, en cuanto a sus obligaciones patronales para con nuestro Sistema de Seguridad Social: Horarios, salarios honorables, pago de cuota patronal, declaración correcta de salarios realmente pagados, entrega puntual de la cuota obrera rebajada, reserva de cesantía según la Ley de Protección al Trabajador, póliza de riesgos de trabajo, entre otras.

Segundo: Evaluación del cumplimiento de responsabilidades tributarias. Esa evaluación contundente y transparente debe extenderse a las responsabilidades tributarias y fiscales de tales empresas, de forma tal que se pueda establecer su rectitud de respeto para con las leyes impositivas vigentes en nuestro país.

Tercero: Condiciones para un empleo digno. Es imposible aceptar una legislación al respecto sin que contenga disposiciones, totalmente claras, para desarrollar condiciones de empleo totalmente dignas. La discriminación por edad y/o por nivel académico, debe evitarse contundentemente. Es inadmisible aceptar que se descarte, como “basura” a trabajadores mayores de 35-40 o más años; o por el contrario, que se despida a quien solamente ha podido alcanzar el sexto grado de enseñanza primaria; o bien, que a éste se le pague menos, que quien ha tenido la suerte de alcanzar algunos grados educativos más.

Cuarto: Maniobras legales para evadir responsabilidades empresariales. No puede emitirse una legislación si la misma no incluye disposiciones que eviten la fácil transformación de una razón social en otra, de manera constante, intermediando los mismos abogados y/o bufetes; maniobras legales ejecutadas con la finalidad de evadir responsabilidades patronales, sociales y tributarias.

Quinto: Aplicación irrestricta del Convenio 94-OIT. Es de la mayor importancia que en una legislación como la propuesta, quede absolutamente explícito la obligatoriedad de todas las instituciones públicas (centrales, descentralizadas, adscritas, autónomas, semiautónomas, municipales, etc.), de observar, estrictamente, el Convenio No. 94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la hora de contratar servicios privados de seguridad. Ese convenio es ley de la República y dado su carácter tiene un rango de mayor alcance jurídico.

Sexto: Evaluación actuales contratos vigentes en el Sector Público. Es conveniente demandar de las más importantes instituciones públicas del país, un informe sobre la naturaleza de los contratos actualmente vigentes con empresas de servicios de seguridad privados: Nombres, períodos, montos pagados, salarios pagados al personal contratado, procesos de verificación del respeto a la legislación laboral y social, entre otros tópicos de naturaleza obligada: como permiso y registro de portación de armas, pólizas de vida, cumplimiento de responsabilidades fiscales, por ejemplo.

Sétimo: Libertad de asociación y de organización sindical. Al igual que los empresarios y firmas prestatarias de servicios privados de seguridad, se han agrupado de una asociación defensora de sus intereses; los trabajadores de los servicios de seguridad privados, deben tener garantizado su derecho a la libre sindicalización; pero esto debe quedar explícito en la nueva legislación, porque siendo ellos la parte más débil de la relación obrero-patronal, no es suficiente indicar la existencia de una legislación general al respecto, violentada un día sí y otro también, en la práctica totalidad del Sector Privado de la economía costarricense.

Octavo: Tráfico de influencias. Resulta una necesidad estratégica, de Seguridad Nacional, establecer los vínculos que han existido y/o que existen, entre funcionarios de la Fuerza Pública de Costa Rica y de otros cuerpos policiales de los distintos poderes institucionales, y las empresas privadas que brindan servicios de seguridad. Pareciera que en ello se ha venido gestando un círculo vicioso de gobierno en gobierno, cuya profundidad desconocemos pero que, a no dudarlo, podría ser de repercusiones contraproducentes para la misma estabilidad democrática costarricense.

Noveno: Registro y control de las armas. Con enorme preocupación planteamos el tema del control y del registro de las armas que emplea el personal de tales empresas; indicando la necesidad de establecer las garantías imprescindibles para la absoluta independencia entre la entidad pública rectora, registradora y contralora, con respecto a los empresarios, su círculo de poder y sus eventuales influencias en los mandos policiales según los distintos gobiernos.

Señores diputados, señoras diputadas: La democracia costarricense necesita de una ley de Servicio Privados de Seguridad, que desarrolle nuestra manera civilizada de convivencia:

1.
Respeto a la legalidad vigente en todos sus ámbitos: Seguridad, Social, Laboral, Tributario;
2.
Transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, profesionalismo, en cuanto a la entidad contralora de los servicios privados de seguridad;
3.
Procesos verificadores realmente efectivos y prestigiosos; procesos para los cuales las empresas den un aporte económico en función de su membresía, para así elevar la calidad de esa verificación.
4.
Normas fuertes para evitar la concentración empresarial, la evasión patronal de responsabilidades creando empresas fantasmas; disposiciones que humanicen el trabajo del guarda privado: salario justo, respeto a su dignidad, libertad para organizarse, posibilidad de crecimiento profesional.

Unicamente de esta forma, la sociedad costarricense de hoy en día podrá avanzar hacia nuevas etapas de mayor institucionalidad democrática.

Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados
ANEP

Sindicato Nacional de Trabajadores
de Seguridad y Afines
SNTSA

San José, 6 de agosto del 2003.

Tutela de los Derechos Humanos y el respeto al Derecho internacional

Los Estados Unidos de América, primera potencia económica y militar del planeta, ha venido menospreciando, sistemáticamente, el imperio de la Ley y del Derecho Internacional. La monstruosa violación a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), agrediendo e invadiendo a Irak, basándose en la mentira más burda (como ya ha quedado más que demostrado); así como su menosprecio a someterse a los preceptos de la recién creada Corte Penal Internacional (dentro de la cual una distinguida costarricense, la Licda. Elizabeth Odio Benito, es una de sus juezas); dan muestra más que clara que el respeto al Derecho Internacional y, por tanto, a la protección de los Derechos Humanos, es un asunto de tercer orden para dicho país.

Igualmente grave es la posición estadounidense contraria a evitar el incremento en el deterioro del entorno y la destrucción de la capa de ozono, negándose a aceptar la validez jurídica del denominado Protocolo de Kyoto.

Al día de hoy, cuando ya es más que notorio el papel jugado por los Estados Unidos de América en la instauración de las salvajes dictaduras del cono sur latinoamericano, con sus dolorosas secuelas de asesinatos políticos, desapariciones, exilio forzoso y violación atroz del Estado de Derecho; ningún ciudadano responsable de ese país, involucrado en tales situaciones, ha podido ser juzgado por los tribunales internacionales, como por ejemplo, el Exsecretario de Estado, Henry Kissinger.

Estado de derecho y tradición jurídica costarricenses

El fuerte desarrollo de la ciencia jurídica en Costa Rica, dada su arraigada tradición civilista de Estado de Derecho, le ha dado al país una respetable imagen internacional, considerándose que la independencia de nuestro Poder Judicial, muestra niveles más altos con relación a lo que sucede en la casi mayoría de los países latinoamericanos. No es de gratis que instituciones jurídicas internacionales tan prestigiosas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), tengan su sede en Costa Rica.

Contexto internacional de creciente “antiamericanismo”

Distintas personalidades de relieve mundial, a las cuales no se les podría acusar de tener prejuicios antiestadounidenses, reconocen que la política exterior de la primera potencia militar mundial, es objeto de gran repudio en amplísimos sectores de la opinión pública mundial. Las jornadas cívicas que tuvieron lugar a lo largo y a lo ancho del planeta, con ocasión de la invasión a Irak, demuestran que el mundo está a favor del Derecho Internacional, de la Paz, de los Derechos Humanos; valores éstos no muy preciados para los gobiernos estadounidenses.

Este creciente “antiamericanismo” (terminología incorrecta que hace sinónimo el concepto “América” con el de “Estados Unidos”), del cual escriben famosos Premios Nobel (hasta el costarricense); ha convertido en objetivos de eventuales agresiones terroristas, los intereses estadounidenses en distintos lugares del mundo. Pruebas sobran. Una instalación militar como la pretendida por los Estados Unidos de América en Costa Rica, dada nuestra alta vulnerabilidad como país, facilitaría las acciones terroristas de distinto origen.

Lamentablemente, el pueblo hermano de la República de Colombia se debate en una violenta guerra civil; conflicto que muestra un involucramiento activo y sistemático por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, al punto de patrocinar una estrategia global político-militar y económica, denominada “Plan Colombia”, para buscar la derrota de las fuerzas insurgentes. Para nadie es un secreto que las ramificaciones de tal estrategia alcanzarán a los países vecinos de Colombia, como Costa Rica; así que para los sectores sociales y populares la academia ILEA está inscrita dentro de la misma.

Crisis fiscal y Seguridad Ciudadana

Es inadmisible que se destinen fondos públicos, para el sostenimiento económico de la tal academia ILEA, cuando se dice que estamos en “crisis fiscal”. Un solo colón que ponga el país con tal propósito, es un colón menos para sobrellevar la alicaída tarea de la Seguridad Ciudadana. En ANEP somos testigos del día a día de las congojas del personal de la Fuerza Pública para cumplir a la sociedad sus demandas de protección. Menos avituallamiento, más reducción de ración de alimentos, menos posibilidades de mejoramiento salarial, menos equipos, etc.; son constantes cotidianas que impiden un mejor servicio público de seguridad para la sociedad y todo lo justifican por la famosa crisis fiscal.

Sobran razones para fundamentar una posición contraria a la instalación de la academia ILEA en Costa Rica. Pero la principal de ellas, es la que nos indica la naturaleza de nuestra idiosincrasia civilista, la que nos llevó a la abolición del ejército, la que nos dio hasta un Premio Nobel de la Paz, la que nos llevó a ser sede de prestigiosas entidades internacionales relacionadas con los Derechos Humanos, con la Paz, con la Solidaridad, con el Derecho Internacional.

La ILEA es un peligro para el país; la ILEA es parte de una estrategia de confrontación militar ante la elevación de la calidad de las formas de lucha de los pueblos latinoamericanos contra tanta acumulación de injusticia y de miserias; la ILEA está promovida por un Estado con un récord impresionante de agresiones militares, invasiones a países soberanos, patrocinio de estrategias de represión inmisericorde y violaciones a la legislación internacional.

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica debe votar, negativamente, el Expediente No. 15.215 sobre una “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley” (¡vaya paradoja!), en nuestro país.

San José, 5 de agosto del 2003.

Así consta en nota oficial 1734 03 DUE, fechada 31 de julio anterior, suscrita por el Comisario Mario Calderón Cornejo, Director de Unidades Especializadas del Ministerio de Seguridad Pública de nuestro país; quien le pide al Lic. Luis Fernando Vásquez Castillo, Jefe del Departamento de Normalización de la Dirección General de Aduanas, “agilizar” los trámites del aeropuerto, tanto de entrada como de salida, para los 40 militares colombianos.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), esta situación reviste extrema gravedad por las siguientes razones:

1.
La llegada de estos militares de guerra colombianos se produce a pocas semanas de la vista al país del Presidente de la República de Colombia, Alvaro Uribe Vélez; lo cual estaría indicando que tuvieron que darse compromisos políticos por parte de nuestro Gobierno, en torno a la situación de guerra en ese hermano país suramericano, que se pactaron en secreto.

2.
Resulta risible y ridículo creer que militares colombianos, provenientes nada más y nada menos que de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Colombia, vengan a Costa Rica a recibir un curso impartido por nuestra Fuerza Pública. Todo lo contrario. Estamos seguros que la situación es la inversa y que se quiere esconder que el personal policial costarricense participante en dicha “capacitación” recibirá, muy probablemente, instrucción militar de guerra y de contrainsurgencia.

3.
Desconocemos si la Asamblea Legislativa de Costa Rica fue informada de tal situación y si ello requería permiso parlamentario para la entrada al país de militares de guerra colombianos, una de las partes del grave conflicto armado de Colombia.

4.
Costa Rica estaría involucrándose, de manera activa, a espaldas de la ciudadanía, en la estrategia militar estadounidense denominada “Plan Colombia”; diseñada para exterminar por la vía de la guerra a la otra contraparte del conflicto colombiano, las fuerzas guerrilleras.

5.
Esta situación deja al desnudo las verdaderas intenciones de la famosa escuela policial internacional que el Gobierno de los Estados Unidos de América quiere establecer en nuestro país. La denominada “Academia para el Cumplimiento de la Ley” (ILEA, por sus siglas en inglés), no es más que la instalación de un centro de operaciones de estrategia militar, pensado inicialmente para el abordaje del conflicto armado colombiano; situación que atenta gravemente contra la tradición civilista costarricense y la famosa “neutralidad” que predicamos al mundo. Además, indudablemente, nos convertirá en objetivo de eventuales acciones terroristas.

6.
Con este ingreso de militares colombianos al país para una supuesta capacitación, Costa Rica toma partido en cuanto a una de las partes del conflicto armado de Colombia, convirtiéndonos en blanco de ataque de la otra contraparte, por lo cual nos expondríamos, como país, a vivir situaciones de alto riesgo en suelo costarricense.

7.
Finalmente, se debe explicar por parte de las autoridades ejecutivas involucradas en esta situación, tajante y públicamente, qué se entiende por “agilizar los trámites correspondientes”, en el caso del ingreso al país de personal militar extranjero; con cuánta periodicidad ocurren situaciones similares y qué tipo de personas o grupos reciben ese trato ágil por parte de las autoridades aduaneras.

Por tanto:

1.
Demandamos la suspensión inmediata de la llegada al país de dichos oficiales militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Colombia.

2.
Exigimos total transparencia por parte del Poder Ejecutivo, especialmente de los ministros de Estado en las carteras de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores y Culto, así como del propio Sr. Presidente de la República, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella; acerca de la naturaleza de los compromisos que en nombre de nuestro país asumieron con el Presidente de la República de Colombia, con relación a la guerra civil que vive ese país suramericano.

3.
Exhortamos a la Asamblea Legislativa para que inicie el proceso político correspondiente a fin de esclarecer esta peligrosa situación; desde la perspectiva de la posibilidad de violación constitucional en cuanto al ingreso al país de fuerzas militares extranjeras, mancillándose la potestad del Primer Poder de la República al respecto.

4.
Llamamos a todas las organizaciones sindicales, sociales, cívicas y patrióticas a formar una gran unidad política y de acción ciudadana para que la Asamblea Legislativa rechace la instalación en el país de la escuela militar que con la anuencia del Gobierno de la República, los Estados Unidos de América pretenden instaurar en el país.

San José, 3 de agosto del 2003.

Los señores diputados y las señoras diputadas que le dieron su aval a esa transferencia presupuestaria, consienten una privatización realizada de una manera solapada, inconstitucional, puesto que se realiza vía presupuesto. Lo más grave de esto, es que todos los señores y todas las señoras diputadas han sido prevenidos sobre esta inconstitucionalidad; además de que conocen la gran cantidad de irregularidades que contiene el proceso licitatorio de las terminales de Puerto Caldera, mismas que hemos denunciado insistentemente.

Para nosotros, la aprobación de la transferencia presupuestaria del CONAVI al INCOP para que este último atienda su mal llamado proceso de modernización, es consentir y legitimar, un negocio leonino, desarrollado a “golpe de tambor”, con absoluta falta de transparencia, que contiene serios vicios de legalidad.

La transferencia de fondos de CONAVI al INCOP es inconstitucional, puesto que los dineros que son objeto de esta transferencia, tienen un destino específico. Además, no es posible cerrar una institución creada por ley mediante una norma presupuestaria. Así se lo han hecho ver a los señores diputados y señoras diputadas, expertos en temas constitucionales y la misma Unidad de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

El proceso licitatorio tiene serios vicios de nulidad, dentro de los que podemos citar los siguientes:

1.
Los carteles de licitación sufrieron alrededor de 100 modificaciones y cambios drásticos;

2.
El Reglamento para los contratos de Concesión de Gestión de los Servicios Públicos Portuarios fue publicado cuando ya se habían realizado las adjudicaciones;

3.
Un servicio público como el pilotaje y el servicio de lanchas fue adjudicado luego de incluirse en el cartel mediante aclaración, lo cual es a todas luces ilegal;

4.
En la licitación de los remolcadores se estipuló la obligación del adjudicatario de adquirir los dos remolcadores propiedad del INCOP, estableciendo en un primer momento un precio de 3 millones de dólares, el cual se redujo posteriormente en casi un millón de dólares, sin un estudio técnico que lo justificara;

5.
El remolcador “Don Pepe” se incluyó en el cartel de licitación y en ese momento no se encontraba inscrito a nombre del INCOP, lo cual debió conducir a la nulidad del proceso, lo que, por supuesto, no ocurrió.

6.
Las empresas adjudicatarias de los servicios de Puerto Caldera y la construcción de la Terminal Granelera no tendrían la suficiente solidez financiera para llevar adelante la concesión;

7.
Parte de las acciones de las empresas adjudicatarias de los servicios de Puerto Caldera pertenecen a SARET, empresa que no podría participar directamente puesto que tenía una deuda millonaria con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Evidentemente todas estas irregularidades conllevan una nulidad del proceso, no obstante se ha continuado con el mismo.

El proceso licitatorio fue desarrollado en su totalidad por el ex Presidente Ejecutivo de INCOP, señor Guillermo Ruiz. Respecto de su gestión, la Contraloría General de la República ha emitido sendos informes de graves irregularidades, enviando al menos uno de los casos, al Ministerio Público. Esto nos permite dudar de la transparencia en el proceso licitatorio, mismo que como indicamos, fue dirigido por el ex Gerente General.

El licenciado Gustavo Esquivel Quirós, asesor externo contratado para asesorar a la Junta Directiva en el proceso de “modernización” ha sido cuestionado por la Contraloría General de la República, por su asesoría en el tema de pago de las prestaciones al ex Gerente General Ruiz Castro, puesto que rindió dos pronunciamientos distintos respecto al tema, opinando en el último de ellos que si procedía el pago de prestaciones legales a pesar de que éste había sido destituido por pérdida de confianza.

El actual Presidente Ejecutivo del INCOP, señor Enrique Montealegre Martín, mientras fungía como funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), fue contratado para realizar una consultoría en el proceso de “modernización” del INCOP, misma que fue millonaria y que se le canceló con dineros provenientes de FUCE.

El proceso de “modernización” de INCOP le costará al Estado costarricense, es decir, a todos y todas los y las costarricenses, más de ¢6.204.848.000.oo, siendo conservadores en los cálculos. Así se lo hicimos saber al señor Ministro de Hacienda; no obstante, al día de hoy no hemos tenido respuesta que nos indique su posición al respecto.

La administración del INCOP ha discriminado a los trabajadores y trabajadoras de la institución que han decido pertenecer a nuestra organización sindical, por la única razón de oponernos abierta y decididamente al gran negocio que implica la entrega de la institución a manos privadas. Se ha negado a reconocernos como representantes de los trabajadores y trabajadoras y se nos ha impedido la interlocución con las autoridades institucionales, favoreciendo abiertamente a las dos organizaciones sindicales que negociaron la venta del INCOP.

Todas estas razones nos han impulsado a presentar las correspondientes denuncias ante la opinión pública costarricense, puesto que no se puede permitir que se continúe con este proceso, a todas luces ilegal, que solo acarreará mayor pobreza y desempleo a la Provincia de Puntarenas.

Por todo lo anterior, repudiamos y condenamos la errónea decisión de los legisladores y de las legisladoras que aprobaron esta nefasta forma de privatización de un activo estratégico del patrimonio nacional. Se ha cometido, no solamente un atropello constitucional, sentando un precedente nefasto, sino se ha incurrido en una grave inmoralidad política.

Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas que se negaron a legitimar este vergonzoso negocio, para que impugnen la disposición aludida ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y, de esta forma, se pueda restaurar la honra de la moral cívica nacional lesionada por este proceso privatizador, lamentablemente aprobado por el denominado Primer Poder de la República.

San José, 30 de julio del 2003.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Douglas Carrillo Azofeifa
Presidente Junta Directiva
Comité Seccional ANEP-INCOP

Es más que evidente la insistencia de ciertas corrientes de poder político y económico que, de una manera u otra, abierta o veladamente, muestran su “molestia” por la preservación en el tiempo de este importante instrumento jurídico que norma las relaciones laborales en Costa Rica; pese a que, como es muy notorio, las infracciones a sus postulados son cuestión de todos los días, en los distintos niveles del desenvolvimiento de las relaciones productivas.

La pretensión central de estos sectores es revertir algunos de sus principales contenidos, para dar paso a la instauración de la pretendida “competitividad”, con base en la reducción de los estándares laborales que establece esta crucial legislación. Sobran indicadores de esa estratregia de reversión de los postulados de nuestro todavía vigente Código de Trabajo. Veamos algunos:

La férrea resistencia, ya clásica, de una buena parte del empresariado nacional, de marcada conducta antidemocrática, por impedir el libre ejercicio de la Libertad Sindical para sus respectivos obreros;

La propuesta de la denominada “flexibilización” de la jornada de trabajo (ya de por sí impuesta ilegalmente en ciertas actividades productivas a exigencias empresariales, fundamentalmente transnacionales);

El descarnado ataque al que debería ser el mecanismo estrella de las relaciones obrero-patronales: la Convención Colectiva de Trabajo (más allá de ciertos errores y algunos abusos que se han dado en el Sector Público que, por supuesto, se pueden corregir mas nunca obstaculizar su utilización); mecanismo que, por cierto, debería estar plenamente extendido en el Sector Privado de la economía, pues no existe ni el menor asomo de duda jurídica para que no fuera así.

Por otra parte, el planteamiento para incluirnos en un tratado de “Libre Comercio” con la mayor potencia económica y militar del planeta, marca la trascendencia de la vigencia del Código de Trabajo. Si al final nuestra clase gobernante se entrega a esa pretensión imperial, sin duda alguna que la conflictividad laboral será alta y multifacética.

Jamás aceptaremos que ese “libre comercio” expolie a nuestra clase trabajadora al punto de cuasiesclavizarla; fundamentándose en la desgraciada desventura de los restantes países centroamericanos incluidos en tal proceso, de tener rasgos laborales de menor tradición y alcance jurídico; así como costos de producción mucho menores, incluyendo salario y las mal llamadas “cargas sociales”.

La triste realidad latinoamericana, con su espantosa pobreza y ese proceso injusto e insano de acelerada acumulación de riqueza, nos han dado la pauta para que, en Costa Rica, una amplia gama de sectores productivos de distinta naturaleza, hayamos tenido la virtud de plantearnos grandes interrogantes sobre la realidad actual y futura de nuestro país y hayamos tenido la “osadía” de pensarnos una sociedad diferente.

Este esfuerzo inédito, dentro del cual, afortunadamente participa cierto sector empresarial que todavía se resiste a la propuesta neoliberal descarnada y totalmente deshumanizada, con toda la terrible secuela de violencia, de inestabilidad y de exclusión que conlleva; ha posibilitado que el país sepa de una propuesta para el desarrollo de una estrategia de producción laboral, social y ambientalmente limpia.

Ese esfuerzo, comúnmente denominado “Tercera República”, ha sido vilipendiado precisamente por los sectores que han venido abogando por la reversión de las conquistas jurídico-sociales plasmadas en nuestro Código de Trabajo.

Sin embargo, poco a poco, va ganando adeptos y más tarde que temprano, se convertirá en una gran necesidad nacional que nos lleve a enfrentar los desafíos de la tal globalización, desde nuestras particularidades sociohistóricas; permitiendo eso sí, una verdadera tutela de aquellos derechos que consagrados en el Código de Trabajo, son escamoteados unas veces, cumplidos a medias en otras, y/o abiertamente violados en la más vergonzosa impunidad.

En ese sentido, es una imperiosa necesidad avanzar en la reforma procesal laboral, así como en la instauración de un verdadero Sistema Nacional de Promoción de la Producción Laboral, Social y Ambientalmente Limpia.

Finalmente, no podíamos terminar estas breves reflexiones a propósito de ocasión tan especial, sin plantear la imperiosa necesidad de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tenga un rol estratégico en las actuales circunstancias; dándole el rango que se merece. Esas fuerzas revisionistas de los postulados del Código de Trabajo, han querido que tenga una categoría secundaria, más bien terciaria, dentro del conjunto de las entidades que definen política pública para la producción, para el empleo y para los salarios.

Rendimos homenaje a los ilustres costarricenses que la historia oficial destaca como los adalides patrióticos que en esa época tuvieron mucho que ver en la promulgación del Código de Trabajo: El Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, Presidente de Costa Rica en esos cruciales momentos; el ilustre prelado de la Iglesia Católica, Monseñor Vïctor Manuel Sanabria Martínez; y el líder del entonces Partido Vanguardia Popular, Partido Comunista, el Lic. Manuel Mora Valverde.

Pero junto a ellos, también rendimos homenaje a los ignorados: la Clase Trabajadora de ese entonces, organizada en sindicatos, que en las calles, por cientos y cientos de personas en acción militante, entendieron el mensaje de sus dirigentes y supieron crear la base social y política para arrancarle a los oligarcas de la época, ese cúmulo de derechos laborales consagrados en nuestro Código de Trabajo.

Tenemos el compromiso férreo de que esa herencia no debe perderse y hay que preservarla a cualquier costo.

San José, 27 de agosto del 2003.

Tal fijación deberá ocurrir en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Este proceso no se ha iniciado todavía aunque ello no es problema, pues el monto del incremento que quede finalmente debe hacerse retroactivo al 1 de julio.

La ANEP ha venido promoviendo entre las diferentes bases del Sector Público, así como entre los distintos sindicatos y gremios institucionales, la necesidad de un involucramiento directo, a través de diferentes acciones a desarrollarse en los momentos claves del proceso de negociación, para que se pueda obtener un incremento salarial digno y justo.

La ANEP espera que el proceso de negociación para tal propósito, entre los sindicatos del Sector Público y el Gobierno de la República, genere un acuerdo satisfactorio para las partes, de modo tal que no ocurran severas alteraciones en la prestación de los más diversos servicios públicos y, por ende, de la paz social.

El Gobierno todavía no ha convocado a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, aunque no hay prisa para establecer la fijación, considerando que hay que hacer los mayores esfuerzos para que se dé un acuerdo. De lo contrario, la posibilidad de una fijación unilateral, vía decreto ejecutivo, impuesto arbitrariamente, generará una fuerte y furiosa reacción laboral que desembocaría en una fuerte confrontación.

San José, 30 de junio del 2003.

La ANEP es consciente de que a esta altura de las circunstancias, el apoyo moral y la solidaridad política necesita expresarse con acciones claras, contundentes y militantes que, verdaderamente, expresen un respaldo categórico al Magisterio Nacional en Huelga Indefinida.

Desde esa perspectiva, la ANEP se encuentra realizando un intenso trabajo entre sus bases, seccionales, gremios aliados y otras entidades sindicales amigas y fraternas, para el desarrollo de acciones abiertamente expresas, en respaldo total a la justa causa del Magisterio Nacional.

La ANEP ha decidido plantear al resto de las agrupaciones laborales y sociales el desarrollo de una acción coordinado y efectiva, de gran envergadura para los próximos días, como lo podría ser un Paro Nacional ó, incluso, una Huelga General Total, en caso extremo. En tal sentido, la ANEP estará planteando esta iniciativa, en las próximas horas, a entidades laborales tan importantes y estratégicas como el FIT-ICE, SITRAPEQUIA (RECOPE), FETRAL y los gremios del Sector Salud.

La ANEP insta, respetuosamente, al Gobierno de la República para que, de una vez por todas, abra un espacio negociador directo, transparente y contundente con el Magisterio Nacional; de manera tal que, entre otros aspectos, el Poder Ejecutivo, sin miramientos, inste a la Asamblea Legislativa a aprobar, con urgencia y con dispensa de trámites, el proyecto de ley que resolvería el asunto de las pensiones de los educadores.

San José, 24 de junio del 2003.