Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con el apoyo de múltiples sectores de diversa procedencia y composición organizacional, hoy, miércoles 29 de marzo de 2023, cientos de compatriotas, hombres y mujeres del campo, integrantes de una importante coalición de la ciudad capital del país; ante la ya impactante ausencia de una política de Estado de apoyo al sector agropecuario, perjudicando especialmente a nuestras zonas rurales y costeras costarricenses.

Las personas manifestantes creemos que el fortalecimiento del sector agropecuario, agroindustrial, acuícola y pesquero es clave para garantizar la seguridad alimentaria nacional y lograr que la mayoría de los bienes de la canasta básica sean producidos en el país.

En la Costa Rica del presente, la política pública de reactivación interna del sector productivo agrario y agroindustrial no es una prioridad y continúa rezagada y fragmentada. Prevalece la ausencia de variables de seguridad alimentaria y no se cuenta con un enfoque estratégico de decisiones del Estado hacia el bienestar de las personas.

En la actualidad, es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la entidad que gerencia la política pública de este sector, únicamente desde su limitada visión de importación y exportación de bienes. En tal sentido, se plantea un conjunto de propuestas de nuevas políticas públicas para el sector agropecuario nacional. Dentro de éstas, resaltamos las que aparecen de seguido, pues por problemas de espacio no pudimos citarlas todas y a plenitud:

• Recuperar la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y reorganizar la institucionalidad del sector agropecuario, de manera inteligente y racional.

• Impulsar el proyecto de ley de Defensa Comercial, actualmente en trámite parlamentario, al cual se le hicieron observaciones por parte del sector agro.

• Construir una política cambiaria y monetaria que equilibre el tipo de cambio para que el productor local pueda competir contra los productos importados; y que armonice los costos y beneficios entre productores para mercado local y de exportación.

• Rechazar el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico porque no garantiza el mantenimiento de exclusiones y aranceles negociados bilateralmente con sus países miembros y conlleva la destrucción del sector agropecuario costarricense; el cual sí aporta valor agregado, facilita la seguridad alimentaria y resguarda al consumidor en tiempos de crisis.

• Revisar las tarifas de combustibles y electricidad en el ICE y en RECOPE para evitar la constante pérdida de competitividad internacional para el sector agrario-productivo nacional por el encarecimiento de materias primas cruciales.

• Suspender y revertir la eliminación de aranceles de importación (ej.: papa y arroz) que desmantelan la producción nacional; y crear líneas de crédito flexibles para agricultores, con extensión de plazos (como período de gracia) por dos años mínimo.

• Detener los intentos de gravar doblemente la renta sobre las utilidades del sector cooperativo porque este ya cumple con todas su responsabilidades fiscales y tributarias y contribuye a generar empleo y distribuir riqueza en todo el país.

• Incluir en los programas de CINDE la promoción prioritaria de la inversión extranjera en zonas rurales y costeras. Y fortalecer desde PROCOMER el programa DESCUBRE para orientar en las oportunidades de inversión agropecuaria con potencial de exportación.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

En el tema del empleo público, hay una línea ideológica clara: la vulneración de derechos adquiridos y de situaciones jurídicas consolidadas, en el marco de una gran acción política de violentar la piedra angular de la doctrina de los Derechos Humanos: el principio de no regresividad de los mismos.

Esta misma línea ideológica es la que se viene manifestando, por ejemplo, en cuanto al pago de intereses de la deuda pública: es la prioridad absoluta del neoliberalismo en materia fiscal. Aunque se muera la gente, aunque los más necesitados sufran, aunque se extienda la pobreza y crezca la desigualdad; nada es más prioritario que el pago de esos intereses obscenos.

Volviendo al tema de la clase trabajadora asalariada del Estado y la perversa Ley Marco del Empleo Público (LMEP), la alianza de los partidos Liberación, Unidad y el ya extinto Acción Ciudadana (PAC), fue fundamental para que se tramitara y aprobara, a golpe de tambor y contra toda racionalidad, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, cuatrienio 2018-2022, cuando él ejerció la Presidencia con el apoyo político de esos tres partidos.

Hoy, en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, la línea ideológica que le fue impregnada a esa ley, se mantiene incólume con su nueva ejecutora política, la ministra del Mideplan, Laura Fernández Delgado. Esa línea ideológica, nosotros la definimos como todo mercado-Nada Estado.

El todo mercado-nada Estado tiene varias características dentro de las cuales destaca un odio de clase, de la clase-élite dueña del poder real en nuestra sociedad, contra las personas trabajadoras empleadas públicas, contra todos los servicios públicos, a excepción de los que generan grandes rentas, los cuales deben ser privatizados.

Por eso, la corriente sindical en la cual militamos no aceptó sumarse a esa fanfarria denominada “Diálogo Nacional” que empezó el pasado lunes 20 de marzo, dizque para “construir” una reforma legal a esa perversa LMEP, catalogada como “mamarracho”, como “mamotreto”, como “Frankenstein jurídico”, como “adefesio”, como “ornitorrinco legal”.

Quebrantada como está la legitimidad ético-moral de esa perversa LMEP, la única aspiración del dueto gubernativo Chaves-Fernández, es cómo darle a la misma mayor legitimidad embarcando a las diversas organizaciones gremiales que se expresan en la dinámica laboral del Sector Público.

Y ya ustedes vieron el desenlace: prácticamente no hay sindicato alguno, por más allanado sistémico que haya estado en los últimos gobiernos, dispuesto a la “operación embarre” con una nueva versión de la LMEP que tenga mayor contenido autoritario-totalitario, para castrar-eliminar los pronunciamientos institucionales de resistencia (“exclusivos” -“excluyentes”), que se vienen manifestando, inspirados en la Carta Magna de 1949 y que, para suerte de la institucionalidad republicana, el alto tribunal constitucional preservó, según se destaca en su artículo 6.

Veamos: ARTÍCULO 6-Creación del Sistema General de Empleo Público. La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución.

En esencia, quieren eliminar este artículo, volárselo, con el nuevo proyecto de empleo público que están discutiendo en esas espúreas mesas de diálogo. Pareciera que este artículo es lo que le impide, al neoliberalismo del todo mercado-nada Estado, instaurar, definitivamente, un Estado vertical, autoritario que, incluso, controle a los gobiernos locales, las municipalidades. ¡Qué gran peligro para la democracia republicana costarricense! El neoliberalismo no negocia, impone.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Furia, enojo y amenaza de parte del Gobierno es lo que ha generado la avalancha de pronunciamientos de la casi totalidad de los concejos municipales, con relación a cerrarle el paso a la intromisión política e ideológica en el seno de los gobiernos locales de nuestro país, de varios de los más perversos contenidos de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159, la cual entró en vigencia el pasado viernes 10 de marzo de este año 2023.

Con base en lo que esa misma ley indica en su artículo 6, una a una, las municipalidades del país, a partir de la gestión directa de sus correspondientes organizaciones sindicales de base, han votado que para que la institucionalidad democrática representada en la autonomía constitucional del régimen municipal se mantenga; conforme a la historia republicana costarricense que tiene en la municipalidad, el gobierno más cercano a la gente, a la ciudadanía.

Dice ese artículo 6 de la perversa LMEP lo siguiente: “Creación del Sistema General de Empleo Público. La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución”.

¡Y es que fue eso, precisamente, lo que pasó! Con una fuerte fundamentación jurídico-legal y constitucional, cada concejo municipal, en su carácter de ente público con autonomía de gobierno y organizativa, determinó que todo su respectivo personal trabajador, realiza funciones exclusivas y excluyentes: sus sectores operativo, administrativo, técnico y profesional. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella.

Ahora, haciendo gala de una prepotencia y una arrogancia repudiable, la jerarca política máxima del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), doña Laura Fernández Delgado, amenaza a toda la comunidad municipal de cada cantón de la República en doble vía: ir a tribunales (seguro, en sede contencioso-administrativa), para cuestionar cada votación concejal soberana adoptada en lo indicado en el artículo 6 de la perversa LMEP; y, lo que es más grave, aún, anuncia que bloqueará la aprobación de los correspondientes presupuestos municipales para el 2024, ante la Contraloría General de la República (CGR).

Doña Laura, apadrinada como es lógico suponer por el propio Presidente de la República, quiera saltarse la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, para así profundizar lo que en su momento significó la aprobación de la perversa LMEP, en el cuatrienio legislativo anterior, 2018-2022, cuando ocurrió, según nuestra visión, un Golpe de Estado parlamentario a nuestra Carta Magna.

Desde esta columna de plena Libertad Expresión que nos permite DIARIO EXTRA, alertamos a toda la comunidad municipal costarricense: a su personal trabajador y a las organizaciones obrero-sindicales que les representan; a sus autoridades políticas: alcaldía y concejos, regidores y regidoras, síndicos y síndicas; a las fuerzas vivas de cada cantón y, por supuesto, a sus partidos políticos aspirantes para las elecciones municipales venideras. Hay que cerrarle el paso a esas tendencias autoritario-totalitarias que pretenden hacer de la democracia en los gobiernos locales, una caricatura.

Hay algo más grave aún. Denunciamos que se va a entregar al Fondo Monetario Internacional (FMI), la autonomía histórico-constitucional de los presupuestos municipales. Este Gobierno pretende comprometer el sometimiento de los presupuestos municipales a la lógica perversa de la Regla Fiscal, a un 15%, sino más. Una nueva delegación del FMI vendrá al país en próximas semanas y hay que estar en guardia. En realidad, esto es sumamente grave pues hemos notado como esa Regla Fiscal tiene en precariedad total a la Fuerza Pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado lunes 6 de marzo de 2023, en el seno de la Asamblea Legislativa imperó la dictadura del mercado total, esa que tiene un profundo desprecio por todo lo que huela a sector Público y, en especial, con fuerte carga de odio en contra de las personas trabajadoras asalariadas estatales. 

Únicamente doce personas legisladoras comprendieron la insensatez de exponer al país a diversos riesgos en momento en los cuales es bien sabida la fragilidad del propio sistema democrático-institucional, el cual muestra su deterioro por varios factores de gran peligrosidad; dentro de los cuales hay que destacar el avance del crimen organizado y del negocio sucio del narcotráfico penetrando, como ya es reconocido, los tres poderes clásicos de las democracias: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, dejamos expresa gratitud al señor legislador don Gilbert Jiménez Siles quien, con gran arrojo y valentía, osó desafiar el orden totalitario del periodismo de odio que pesa mucho en las decisiones parlamentarias costarricenses; tal y como lo vimos en el período constitucional anterior, 2018-2022, cuando impusieron las nefatas leyes combo fiscal (No. 9635) y anti-huelgas (9808). Por cierto, ambas con fuertes acciones de inconstitucionalidad en proceso presentadas por la ANEP.

Don Gilbert presentó el proyecto de ley para extender por dos años más la entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, legislación cuestionada por los cuatro costados y totalmente desprestigiada: solo creen en la misma en el seno del mercado total y sus adoradores por convicción y por salario.

A don Gilbert, del PLN, le acompañaron sus colegas de bancada parlamentaria, Dinorah Barquero Barquero, Francisco Nicolás Alvarado, Katherine Moreira Brown, Rosaura Méndez Gamboa, Sonia Rojas Méndez, en lo que nosotros interpretamos como un voto de ética socialdemócrata, misma en extinción en ese partido. La mayoría de la actual bancada parlamentaria liberacionista siguió la senda marcada en el período legislativo anterior por sus colegas de partido Carlos Ricardo Benavides Jiménez y Yorleny León Marchena, envenenados contra el empleo público a más no poder. 

Las otras seis diputaciones que optaron por la sensatez, la prudencia, la razón y la lógica en aras de la tranquilidad pública, la paz social y la seguridad jurídica del país fueron las del Partido Frente Amplio: Jonathan Acuña Soto, Rocío Alfaro Molina, Sofía Guillén Pérez, Priscila Vindas Salazar, Ariel Robles Barrantes, Antonio Ortega Gutiérrez.

Lo que sí queda muy claro para nuestra visión del desarrollo de la lucha social y sindical, cívico-patriótica, en el marco de las actuales condiciones político-económicas y sociales de la maltrecha democracia costarricense de la actualidad, es que la Democracia de la Calle ¡volverá!

Con mucho entusiasmo, estamos solicitando una audiencia a la señora Angie Cruickshank Lambert, a quien, recientemente, la Asamblea Legislativa le dio la gran responsabilidad de conducir la importante institución de nuestra nación conocida como la Defensoría de los Habitantes de la República.

Desde la corriente sindical en la cual militamos. y mediando una enorme cantidad de años de lucha por la justicia social, constatamos que Costa Rica está en abierto retroceso, está involucionando, está desvirtuando los nobles valores de los y de las patriotas que forjaron nuestra nacionalidad, teniendo como eje central de su diverso quehacer, la promoción del bien común y de la inclusión social y económica.

Al analizar el impresionante currículo de la señora Defensora, notamos, con mucho agrado, que tiene en el campo de los Derechos Humanos mucha formación y experiencia. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque es nuestro criterio que la peligrosa ruta de la desigualdad que le han impuesto al país con políticas económico-fiscales que no priorizan en la persona, nos obligan a apelar a la doctrina y a los instrumentos de los Derechos Humanos, en especial, a los tratados que en la materia ha firmado el país y que tienen naturaleza supra-constitucional, para combatir, estructural e integralmente, con perspectiva de lucha social-sindical, el fenómeno criminal de la desigualdad.

Al menos, cuatro puntos le vamos a plantear a la señora Defensora y de cada uno, hay mucha documentación y justificación. Tome nota usted:

Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respecto a los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género.

Declaración de Fin de Misión a Costa Rica: Tomoya Obokata, Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre formas contemporáneas de esclavitud.

La deuda pública de Costa Rica y su obsceno pago diario de intereses, relacionado ello con la persistencia de un sistema tributario doblemente perverso: injusto y corrupto vs. el crecimiento de la desigualdad.

Presentarle el documento-Acción de Inconstitucionalidad de la ANEP en contra de la Ley Marco de Empleo Público No. 10-159.

Cada uno incluye derivaciones de fuerte impacto socioeconómico y democrático-social que están poniendo en riesgo la calidad de vida y la vida misma de una elevada cantidad de habitantes de la República, costarricenses esencialmente; razón de gran peso como para que en la Defensoría de los Habitantes de la República logremos atención debida a nuestra preocupación, lo cual, por supuesto, no dudamos.

Y, como habitante de la República, en representación otros y de otras habitantes de la República, anhelamos intervención y respuestas de nuestras inquietudes a la Defensoría de los Habitantes de la República y su nueva autoridad, doña Angie Cruickshank Lambert.

Honorables señoras diputadas y honorables señores diputados: Es tiempo de la cordura, de la sensatez, de la razón, de la justicia y de la Paz. Enorme cantidad de argumentos de todo tipo aconsejan que el proyecto LEY POSPOSICIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, Expediente Legislativo No. 23.573, debe aprobarse. Solicitamos, con todo respeto, su voto, señoras diputadas y señores diputados y les damos estas cinco razones:

PRIMERA: Independientemente de la cuestión de fondo acerca del tema del Empleo Público y de la Reforma del Estado, se estima que este proyecto de ley 23.573 se presenta en un oportunísimo momento, considerando que es la prudencia la más atinada decisión que se puede tomar en circunstancias de gran vulnerabilidad multifactorial para la propia institucionalidad de la República y su Paz Social.

SEGUNDA: Muchas son las opiniones y los criterios que, desde distintos espacios del quehacer sociopolítico y hasta económico, vienen expresando grandes preocupaciones acerca de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, pues generará un grave caos administrativo y fuertes controversias jerárquicas intra e interinstitucionales; amén de un desasosiego sociolaboral de potenciales consecuencias negativas pues esta legislación, y su correspondiente reglamentación, son tan enrevesadas que, sin duda alguna, han de golpear más a una serie de servicios públicos que, de por sí, vienen sufriendo merma pronunciada de calidad por rigideces fiscales hasta irracionales en no pocos casos.

TERCERA: Esta Ley 10.159, en sí misma, aprobada a golpe de tambor, cargada implícita y explícitamente de contradicciones, inconsistencias, disparates, ocurrencias y muy pletórica de violaciones jurisprudenciales y constitucionales; nos lleva a la entronización de una especie de anarquía estructural, considerando las reacciones naturales de defensa socio-obrera y laboral, individual y/o colectiva que, como es lógico suponer, aflorarán ante amenazas a la estabilidad (ya de por sí endeble) de miles de hogares de familias trabajadoras asalariadas estatales.

CUARTA: La aprobación, irresponsablemente célere de esta ley, impulsada por una fuerte campaña ideológico-político-mediática cargada de odio de clase contra la clase trabajadora asalariada estatal, desdeñó no solamente consideraciones filosófico-históricas-políticas y ético-morales inherente a una concepción de Estado Social de Derecho; sino que, fue más lejos, con la transgresión abierta de compromisos internacionales consolidados por el país en materia de Derechos Humanos, e incorporados a nuestro sistema jurídico con fuerte peso supra-constitucional. Ábrase así, nuevas posibilidades de litigios desfavorables para el país con reparaciones mega-millonarias inimaginables ante gran cantidad de demandas contra el Estado costarricense.

QUINTA: Resulta imprescindible frenar la entrada en vigencia de una legislación como la Ley Marco de Empleo Público que violenta, haciendo alarde de una impresionante corriente de regresividad e involución jurídico-legal, aspectos fundamentales de los Derechos Humanos como el debido proceso, el principio de inocencia, la seguridad jurídica. Derogados éstos, la vulnerabilidad, la fragilidad y la subasta del empleo público va a adquirir grados desastrosos como los que se manifestaban en los tiempos anteriores a la entrada en vigencia de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

• La Costa Rica de la desigualdad.
• La Costa Rica que vulnera su más venerada institución: la Caja.
• La Costa Rica del acoso privatizador constante a sus más exitosas empresas públicas.
• La Costa Rica que destruye-vende-privatiza su patrimonio ecológico-ambiental.
• La Costa Rica de la doble moral en Derechos Humanos.
• La Costa Rica de la esclavitud laboral.
• La Costa Rica de violación diaria de derechos laborales, económicos y sociales.
• La Costa Rica que debilitó, perversamente, su política de inspección laboral.
• La Costa Rica de los salarios congelados y precarizados.
• La Costa Rica de la reversión de conquistas laborales.
• La Costa Rica del salario mínimo miserable que se escamotea.
• La Costa Rica del fraude fiscal-vergüenza internacional.
• La Costa Rica de la evasión fiscal-tributaria cotidiana.
• La Costa Rica del sistema tributario más perversamente injusto.
• La Costa Rica que dejó pervertir su régimen de zonas francas a favor del gran evasor nacional.
• La Costa Rica de una deuda pública impagable.
• La Costa Rica que paga intereses escandalosamente obscenos por esa deuda.
• La Costa Rica que está dejando a su juventud morir en la desesperanza.
• La Costa Rica del desempleo y de la informalidad.
• La Costa Rica que desfinancia y deteriora su otrora ejemplar sistema de educación pública.
• La Costa Rica de la violencia delincuencial atroz y su creciente cantidad de asesinatos diarios.
• La Costa Rica del narcotráfico, del crimen organizado y del sicariato.
• La Costa Rica de los feminicidios.
• La Costa Rica que está destruyendo su clase media.
• La Costa Rica que se polariza entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres.
• La Costa Rica de los poderes fácticos que no van a elecciones, pero imponen sus políticas.
• La Costa Rica del adoctrinamiento mediático cotidiano hacia la banalidad, el facilismo y la infantilización.
• La Costa Rica del búnker legislativo con su carga simbólica antipopular.
• La Costa Rica donde la gente vota, pero no elige.

…Y podemos seguir. ¡Hay más aspectos para plantear! ¿Qué nos pasó?

Lo que sí es contundente afirmar es que no fue la gente de abajo, ni siquiera la de en medio, la que nos llevó a este estado de cosas.

El rumbo que le ha impuesto al país la clase gobernante, de uno u otro signo partidario, durante los últimos 35-40 años, es a la que hay que someter al juicio de la Historia; siendo sus acusadores principales esos grandes hombres y esas grandes mujeres forjadores de nuestra particular idiosincrasia y de nuestras peculiaridades en la construcción de nuestra identidad nacional.

Es en este marco-escenario de la vida nacional de la actualidad costarricense que nosotros concebimos como el real sentido de las luchas sociales de hoy.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El presidente de la República y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señor Rodrigo Chaves Robles y señora Martha Rodríguez Esquivel, respectivamente, acaban de consumar el Golpe de Estado institucional que representó la ilegal destitución de las anteriores personas representantes de los sectores Cooperativo, Solidarista y Sindical como integrantes de la Junta Directiva de la CCSS (junto a otros directivos). Él y ella, profundamente molestos porque al personal trabajador de la Caja le fue honrada una deuda salarial por reajuste por costo de vida, la cual databa desde el 2019, se sacaron el clavo, cortándole la cabeza a quienes se encontraron como directivos de la Caja cuando asumieron el Gobierno y no hicieron caso de la directriz presidencial de traerse abajo ese pago salarial; pago salarial cargado de una profunda fortaleza jurídico-legal que, al final, se impuso y la clase laboral de la CCSS recibió lo que en pleno Derecho les correspondía.

Confesamos nosotros que varias de las personas directivas que, de manera ilegal, soberbia, prepotencia y autoritaria fueron destituidas por la dupla Chaves-Rodríguez, no eran gratas a nuestra propia visión sociolaboral de los desafíos de la Caja en las actuales circunstancias. Mucho más cuando las tres representativas de sectores sociales se opusieron a que en la CCSS se respetara, sin miramientos, el Derecho Humano y Constitucional al Salario Mínimo Inembargable. Particularmente, la persona destituida procedente del sector sindical había logrado su asiento en la Junta Directiva de la CCSS (para completar el período de nombramiento del respetado don Mario Devandas Brenes -q.d.D.g.-), en el nefasto gobierno de Carlos Alvarado Quesada; y, con sobrados argumentos, tenemos la convicción de que logró ese escaño directivo mediando una componenda con este señor.

Todas estas situaciones pasan a segundo plano ante la gravedad del Golpe de Estado presidencial a la Caja Costarricense de Seguro Social, con los nombramientos de facto que don Rodrigo y doña Marta han impuesto para sustituir a los ilegalmente destituidos representantes del Cooperativismo, del Solidarismo y del Sindicalismo.

En este último caso, el “ungido” para ser el nuevo representante del sector sindical es una persona de nombre José Luis Castro Vásquez, cuya trayectoria de defensa laboral es bastante “controversial” a juzgar por quienes le conocen de su presunta labor en favor de la clase obrera bananero-piñera. Lo que sí queda claro es que él no puede exhibir apoyo de ninguna corriente sindical del país, incluso, de las que entre sí mantienen fuertes discrepancias. Es decir, para todo el sindicalismo del país, el señor Castro Vásquez se sentará en el seno de la Junta Directiva de la CCSS de manera espuria. Sumamos nuestra voz a la amplia corriente de opinión en desarrollo de condena al errático proceder de la dupla Chaves-Rodríguez con relación a la intromisión abusiva, peligrosamente ilegal e inconstitucional, en contra de la autonomía de la más venerada institución por parte del pueblo costarricense. La actual directiva de la CCSS está sesionando en una profunda ilegalidad y son impredecibles las consecuencias de ello.

La Caja está sufriendo el más feroz ataque ideológico-político de toda su historia; ataque que se marca con toda crudeza desde el período constitucional anterior, 2018-2022, cuando los neoliberales del grupo de Carlos Alvarado Quesada impusieron la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP). ¡Cuánta urgencia de construir acuerdos sociales para salvarla!

Poco más de 2 mil millones de colones al año le cuesta al país estar afiliado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); catalogada por algunos como “el club de los países ricos”, y por otros, como la “oficina de estadísticas más sofisticada y costosa del planeta”. Desde nuestras posiciones del sindicalismo sociopolítico, siempre hemos adversado que Costa Rica ingresara a tal ente, instalado en lujosas oficinas ubicadas en París, Francia.

Más bien, quien paga esa membrecía es el pueblo trabajador pues bien sabemos que en Costa Rica es la gente de abajo y la de en medio la que carga sobre sus espaldas la injusta estructura tributaria que azota a nuestra sociedad.

Estar en la OCDE obliga a, en promedio, un pago diario 5 millones 500 mil colones (5.500.000), plata que tendría mejor finalidad invertirla en tanta necesidad social descubierta y no en la burocracia parisina de la OCDE.

A nivel de la América Latina, la región más desigual del planeta, solamente 4 países se han metido en esa aventura de la OCDE: México, Colombia, Chile y Costa Rica. Los 4 tienen gigantescos problemas de exclusión social y de desigualdad económica. ¡Sí! Los 4, dado que nuestra querida Patria por esos extremismos fundamentalistas de la macroeconomía neoliberal, hoy es una sociedad golpeada por el doloroso flagelo de la desigualdad.

Colombia y Chile han sufrido, recientemente, potentes estallidos sociales que, incluso, generaron significativos cambios políticos en la conducción gubernativa de ambos países. México muestra una desigualdad espantosa y un poderoso proceso de crecimiento del control del Estado por parte del crimen organizado del narcotráfico. Y, Costa Rica, vivió en el período 2018-2022 fuertes tormentas sociales y sigue acumulando combustible para un estallido social a la colombiana o a la chilena. Eso es lo que nosotros vemos y percibimos desde el campo de la lucha social. Preguntémonos, en consecuencia: ¿para qué es “buena” la OCDE?

Nada nuevo nos vino a decir la OCDE en su documento Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023. Se está pagando la “consultoría” más cara de la historia nacional para que se siga intoxicando a la población de que la gente trabajadora asalariada del sector Público es la responsable del desastre de las finanzas públicas; de que el gasto público es malo per se; de que la regla fiscal debe imponerse a rajatabla; de que hay que ponerle impuesto al salario escolar y a las cooperativas; etc., etc. ¡Lo mismitico del recetario neoliberal clásico y extremista que tiene a la sociedad costarricense en la etapa más desigual desde la promulgación de la denominada Segunda República.

Lo que si nos queda suficientemente claro es que de parte de la OCDE nada bueno puede esperar el pueblo trabajador; ni el que labora para el sector privado ni para que el trabaja en la Administración Pública, mucho menos esa parte tan fuerte que es quienes están desempleados y/o en el mercado informal de la economía: casi el 50% de la población económicamente activa. Tampoco, el ya casi inexistente conglomerado social de la producción agropecuaria para el mercado interno puede esperar algo bueno de la OCDE.

Finalmente, un distinguido grupo de costarricenses le mandó una carta al jerarca de la OCDE que nos visitó, el Sr. Mathias Cormann; carta cuyo contenido, en términos generales, coincide con planteamientos socioeconómicos que venimos haciendo desde la corriente sindical en la cual militamos. Le recomendamos a usted que la lea y la puede encontrar en nuestro sitio web: www.anep.cr

Queremos ser contundentes: la regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social. Y, con base en lo que el diccionario define como “perverso”, podemos decir que la regla fiscal nos fue impuesta con mucha maldad y, conscientemente, buscando hacer el mayor daño posible a la sociedad.

De acuerdo a la serie de datos estadísticos socioeconómicos que han venido dándose a conocer en los últimos tiempos, los cuales indican del sufrimiento financiero y de las congojas económicas de la mayoría de la población del país; urge una fuerte flexibilización de ese mecanismo de control ideológico-económico de la inversión pública conocido como regla fiscal.

Convencerse de que ello es necesario no ocupa de grandes ejercicios mentales: sólo constatemos todo lo que concierne a la desigualdad carcomiendo el tejido democrático de la sociedad.

Creemos que es correcta la tesis del actual Gobierno al respecto, es decir, en cuanto que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla. Ahora bien, la magnitud, los alcances, los propósitos sociales, las entidades que “escaparán” de la misma (en todo, o en parte), debe ser una discusión muy participativa y no meramente un ejercicio político-tecnocrático que no estaría considerando las voces y las representaciones sociales involucradas, directamente, en el perverso mundo de la regla fiscal.

Ahora resulta que la tímida flexibilización de la regla fiscal que estaría defendiendo el Gobierno, es objetada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.

En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.

Por otra parte, entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.

Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.

Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal. Convencidos estamos de que la regla fiscal es, por tanto, una perversidad contra la misma Democracia.