Categoría: Opinión

El próximo domingo 10 de diciembre estaremos conmemorando el 75 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, efectuada el 10 de diciembre de 1948, teniendo como motivación fundamental responder a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tal conmemoración, en el caso costarricense, nos llega en uno de los momentos históricos de nuestra vida republicana más tristes, dolorosamente hablando, pues es la desigualdad reina total de nuestra convivencia cotidiana, prácticamente en todos los órdenes de la vida nacional: en lo social, en lo económico, en lo educativo, en libertad, en lo salarial, por ejemplo.

Particularmente, en el seno de la clase trabajadora, en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), tenemos graves violaciones en cada uno de sus 30 postulados fundamentales.

De esos 30 postulados, si nos fundamentamos en el No. 23, notaremos fuerte regresión en el devenir democrático del país en estos 75 años. Miremos lo que nos dice ese artículo 23 de la DUDH:

Artículo 23- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Note usted que cerca del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país está desempleada, es decir, se le violenta su Derecho Humano al Trabajo y no tiene protección contra el desempleo. Note usted, también, que gran parte de la población trabadora que sí tiene empleo formal y salario, está recibiendo un salario que no le garantiza una existencia conforme a la dignidad humana pues el salario mínimo no es salario digno. Note usted que el derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses, sufre una violentación cotidiana en el sector privado de la economía; y en el público, la castración de la verdadera negociación colectiva para dignas condiciones de trabajo está imperando en estos momentos.

La corriente sindical en la cual militamos está impulsando un proceso serio y profundo para una concientización plena en el seno de la clase trabajadora, de que los Derechos Humanos, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos ofrece la posibilidad de obtener una bandera de lucha de alcance global para enfrentar, de mejor manera, la serie de efectos perversos generados a partir de las políticas neoliberales de ajuste fiscal extremista y fanático; también para contrarrestar el ataque a los derechos laborales, económicos y sociales conquistados; también para hacerle frente al desafío de evitar la consolidación de la desigualdad y de la perniciosa concentración abusiva de la riqueza; así como para la defensa misma del planeta acosado por la vorágine de la explotación capitalista inmisericorde.

Y, hablando, actuando: mañana jueves, vísperas del 75 aniversario de la DUDH, se graduará el primer grupo de dirigentes sindicales de base con una formación específica en cuanto a la relación de la lucha sindical en estos tiempos de neoliberalismo desenfrenado, con el conocimiento, la defensa y la promoción de la Doctrina de la Derechos Humanos. ¡Simbólico! Recibirán su certificado en la sede de la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sede está en nuestro país. ¡Vivan los Derechos Humanos!

Trata usted de leer esta cantidad en números: ₡1.976.620.000.000. ¡Cuesta!, ¿verdad? En letras es así: Un billón novecientos setenta y seis mil seiscientos millones de colones. En realidad, son números de difícil asimilación mental. Es una cantidad espantosamente astronómica.

¿De qué se trata? Toda esa plata representa el pago de los intereses de la deuda pública durante los primeros 10 meses del presente año 2023. Son datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

Del 1 de enero del 2023 al 31 de octubre de 2023, han transcurrido 304 días de este año próximo a terminar.

Eso significa que: a) En estos 304 días del año 2023, se han estado pagando 4 millones 515 mil 305 colones (₡4.515.305) por minuto por concepto de intereses, solamente intereses, de la deuda pública. b) El pago por hora en estos 304 días es impresionante: 270 millones 918 mil 311 colones (₡270.918.311).

Y, al día, cada 24 horas, en estos primeros 10 meses del año, se han estado pagando 6 mil 502 millones 39 mil 473 colones: ₡6.502.039.473.

En estos 10 primeros meses del 2023, al pueblo trabajador y a los sectores diversos de las capas medidas, les han extraído de sus golpeados bolsillos, casi 2 billones de colones; exactamente, ese billón novecientos setenta y seis mil seiscientos millones de colones (₡1.976.620.000.000).

¿Cómo es posible que la indolencia total de los políticos actuales sea lo que prive ante ese desangramiento de las debilitadas finanzas públicas, si al pasar esa cantidad a dólares USA y con el tipo de cambio actual, unos 12 millones 200 mil dólares se están destinando, por día, a ese pago?

Se espera que al terminar el presente año 2024, el pago total de intereses de la deuda pública llegue a la cifra hiper-gigantesca de dos billones 395 mil 125 millones de colones: ₡2.395.125.000, que es equivalente a 5.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Es un “misterio” el destino de esos intereses. Lamentablemente, a la actual clase política le importante un bledo lo que está pasando con esas platas.

Esos dineros se necesitan, urgentemente, para fortalecer, integral y estructuralmente, la política pública de seguridad; para citar únicamente uno de los puntos más débiles que está mostrando en la actualidad la Democracia costarricense.

El narco nos está matando. El narco le está ganando la batalla a la sociedad. El narco ya está dispuesto a asumir el control del propio Estado y los ejemplos y episodios ya los estamos viendo y viviendo. El narco-Estado se asoma y de manera que parece que ya es incontenible.

Pero también, ese pago abusivo de intereses de la deuda pública nos está matando también. Los programas de asistencia social, de inclusión social, de educación y de salud, de seguridad social, de nutrición, de apoyo estratégico a los sectores productivos nacionales, están sufriendo por las reducciones presupuestarias que se les imponen, pues la parte principal de la plata que se recauda es para esos intereses de la deuda; una deuda que nosotros estimamos que es impagable.

De nuevo y con toda vehemencia, la corriente sindical en la cual militamos seguirá abordando el punto, de manera terca e incansable. El narco nos está matando, ¡pero esto también!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Los niveles de explotación laboral en Costa Rica son alarmantes. No solamente se pueden constatar con informes internos, sino que, más grave, el asunto fue de conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace apenas un año.

Por ejemplo, el inspector internacional que nos visitó como experto de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con lo que denominan formas de esclavitud moderna, indicó en su informe final “…que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día”.

Dicho experto de la ONU, de nacionalidad japonesa, en su informe final, también, consignó lo siguiente: “Una cuestión conexa es la inspección del trabajo. Un gran número de interlocutores señaló que la inspección del trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal. Además de los limitados recursos humanos y financieros, el Relator Especial se enteró de que las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores. También hay casos de colusión en los que se informa a los empleadores de la inspección con antelación para que puedan prepararse para la inspección y ocultar las malas prácticas. Por ejemplo, a los trabajadores se les da un día libre o se les envía a lugares remotos el día de la inspección para que no puedan proporcionar sus historias, y esto parece ser una práctica común. Además de la agricultura, la inspección en otros sectores, como el trabajo doméstico, la construcción, el transporte, la manufactura, el comercio y los servicios, sigue siendo insuficiente”.

Vistas así las cosas, resulta indignante la circunstancia de que en la Asamblea Legislativa se decidiera archivar un proyecto de ley destinado, precisamente, al fortalecimiento de la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); legislación que habría ido en la línea de las recomendaciones del señor de las Naciones Unidas, Tomoya Obokata, en su condición de Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

Y fue tan contundente en su informe conclusivo que señaló, de manera explícita, al proyecto de ley ahora archivado por las diputaciones pro-gran capital o “asalariadas” de él identificadas con su ideología: “money, money, money”.

El señor Obokata no se anduvo por las ramas para solicitar esto: “Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ, adoptando el Proyecto de Ley 21.706 para el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección Laboral, e involucrar a los sindicatos u otros terceros en la inspección del trabajo para aumentar la transparencia”.

Aunque hubo diputaciones sensibles al tema, la realidad política que emerge es que estamos de cara a un nuevo ataque parlamentario contra la clase trabajadora. Calificadas instancias y respetados espacios internacionales serán receptores de nuestras denuncias en próximas fechas.

Rechazo generalizado en el mundo obrero-social de nuestro país está provocando la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que al aguinaldo y al salario escolar se les grave con el impuesto sobre la renta; una medida que, sin lugar a dudas, constituye un explosivo social.

Bien es sabido, porque se ha dicho cientos de veces, que el sistema tributario costarricense es doblemente perverso: por una parte, es completamente injusto pues pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen (en cuenta, la clase trabajadora asalariada); por otra, está corrupto: es de tal nivel el fraude fiscal-tributario a gran escala que Costa Rica está ocupando el tercer lugar a nivel del planeta por tan deshonrosa razón, según prestigiosa investigación internacional recientemente realizada en 140 países.

El aguinaldo es una conquista social, prácticamente, sagrada. El salario escolar no es una regalía ni un privilegio a nivel del sector Público: hoy está conceptuado como un componente salarial, así inserto ya en el sistema constitucional-jurídico-laboral del país y, además, tiene exención de pago de renta.

Es evidente que el FMI actúa en correspondencia directa a su línea ideológica fundamental y clásica: sus políticas estructurales de ajuste fiscal siempre han estado dirigidas para golpear a los y a las de abajo, especialmente a la clase trabajadora.

Pensamos nosotros que gravar con impuesto sobre la renta al aguinaldo y al salario escolar cuenta con el beneplácito político del gobierno actual, aunque para nivel de opinión pública, lo nieguen.

Es más, si tomamos en cuenta que la cuestión macrofiscal del país no cambia, aunque cambie el presidente y el respectivo gobierno, los sectores económicamente dominantes en las sucesivas administraciones siempre tienen en consideración, en su “menú” fiscal, este impuesto.

Solamente esperan las condiciones propicias para darle este grotesco zarpazo a los deteriorados ingresos obrero-salariales, tanto del sector privado como del público (exceptuando, las altas cúpulas político-gerenciales en ambos).

También, está ya sumamente certificado, política y socialmente, que Costa Rica está en un proceso sistemático de potenciar la desigualdad y la exclusión social y económica; que ya dejamos de ser una sociedad facilitadora de la movilidad social ascendente; que el poder adquisitivo de los salarios se ha venido reduciendo de manera sensible; y que, los servicios públicos diseñados para la promoción del bien común, los tienen contra la pared.

Que el aguinaldo se mantenga intocado, que el salario escolar se mantenga intocado, va a depender, en gran medida, de la capacidad de reacción de la diversidad de agrupaciones, especialmente, las sindicales, que aglomeran a amplios segmentos de la clase trabajadora asalariada, pública y privada. E, indudablemente, si grandes grupos de trabajadores y de trabajadoras están dispuestos a movilizarse bajo en concepto de Democracia de la Calle.

La clase trabajadora únicamente cuenta con sí misma y con sus organizaciones obrero-sociales consecuentes, para defender estas conquistas y otras más que están en peligro de ser arrasadas.

Esperamos y confiamos en una reacción generalizada y con movilización social incluida, si persisten en estas aberrantes ideas de ponerle impuesto de renta al aguinaldo y al salario escolar. ¡No se atrevan!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

No nos llamemos a engaño. Los y las de arriba, con sus respectivos partidos políticos, constituyen una sola élite. Los mismos, si bien muestran “diferencias”, estas son de estilo y de accionar.  “Se agarran del pelo”, unos y otros en la campaña electoral de turno, pero tienen una comunidad ideológica que se ve reflejada, muy claramente, en los siguientes aspectos fundamentales (aunque hay otros no menos relevantes).

Primero: la gran prioridad macroeconómico-fiscal de esta élite es el “servicio” de la deuda pública con su obsceno pago de intereses. Note usted que, la práctica totalidad de los partidos políticos representados en el parlamento, junto a los partidos seguidistas de Chaves Robles, ni se inmutan, ni se escandalizan (aunque sea de “mentirillas”), con el pago diario de 30 millones de dólares USA que habrá que hacer a partir del 1 de enero de 2024 y cada uno de los 365 días del año entrante por esa deuda pública. Todos esos partidos: los viejos y los “nuevos”, tienen una máxima prioridad mental: que el FMI dé el visto bueno al manejo de ese “servicio” de la deuda pública y sus colaterales variables macrofiscales. La deuda pública, su obsceno pago de intereses, el déficit fiscal y los préstamos, alimentan el negocio bancario-financiero, piedra angular del proceso concentrador de riqueza.

Segundo: Tienen un acuerdo tácito de que no se debe transformar, ni en lo más mínimo, la naturaleza doblemente perversa del sistema tributario costarricense: que es injustamente regresivo y suciamente corrupto. Por ejemplo, usted no verá a ningún partido político al servicio de la élite hablando de “Los papeles de Panamá” con el listado de legislación pendiente que se debe tramitar para empezar a impulsar una Transformación Tributaria Estructural. La élite de los y de las arriba duerme muy tranquila todos los días.

Esta doble perversidad tributaria se está agravando con la degeneración que está sufriendo el régimen de Zonas Francas: cada vez son más las empresas de capital nacional que se “infiltran” en ese régimen para evitar pago de impuestos, para lo cual cuentan con complicidades burocráticas de cuadros tecnocráticos afines a los partidos de la élite.

Tercero: Los partidos políticos de la élite (los viejos y los “nuevos”), no tienen el más mínimo interés en que la persona trabajadora asalariada, ya sea del sector público o del sector privado, tenga un real poder de compra en sus respectivos salarios. No hay interés en concebir la política salarial del país cómo un factor de movilidad social ascendente ni como factor reductor de la desigualdad. Lo vemos muy bien en la concepción restringida del valor del salario mínimo aplicable al sector privado; o, en el congelamiento salarial total que se ha impuesto en el sector público, aunque es inconstitucional y violatorio de Derechos Humanos.

Se exceptúan de esto, por ejemplo, la alta cúpula político-gerencial del aparato estatal; así como la alta gerencia corporativa del sector privado. En ambos casos, por lo general, están ligados a, o lo sirven, a la partidocracia de la élite con los abultados salarios que se pagan en uno u otro caso.

Cuarto: La corrupción es factor común a toda la partidocracia de la élite. Los ejemplos son abundantes, por ejemplo, la corrupción que se da en el financiamiento de las campañas electorales cuatrienales. Tan grave es esto que ya es secreto a voces la presencia de dinero sucio-narco financiando candidaturas, antes y ahora. La lista de las corruptelas con fondos públicos es larguísima.

El tema es, prácticamente, inagotable. Lo más grave es que este sistema de una sola élite con múltiples partidos políticos a su servicio, está minando las bases mismas de la confianza de la gente en la propia democracia costarricense.

Estamos tratando de constatar la veracidad de informaciones recientes aparecidas en prensa, específicamente en Semanario Universidad, acerca de que la reciente misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita en el país; hizo señalamientos “no usuales”, acerca de la cuestión fiscal del país.

El indicado medio de prensa goza de mucha credibilidad y prestigio, por lo que vamos a referirnos a esos señalamientos fondomonetaristas.

En todo caso, estamos solicitando una reunión con el representante oficial del FMI para Costa Rica, don Santiago Ochoa Olarticoechea, ahora que tal entidad abrió oficina permanente en nuestro país.

Vamos con lo primero. Que para la misión técnica del FMI los intereses de la deuda pública son “altos”. De ser así, debemos corregir de nuestra parte y decir que son excesivamente altos, que están entre los más altos del mundo, que son obscenos y de usura; y que, en esencia, son socialmente criminales.

La corriente sindical que cobija nuestro quehacer diario ha venido asumiendo este asunto como una cruzada de inspiración humanista; y, por eso, que el FMI haya empleado el calificativo de “altos” para los intereses de la deuda pública, representa una especie de pequeña victoria desde la perspectiva de la lucha social.

Todavía seguimos atónitos de que el servicio de la deuda pública y su más que exorbitante carga de intereses, implique sacar de las raquíticas finanzas públicas, a partir de enero 2024, la escalofriante, espeluznante y escandalosa cantidad de 900 millones de dólares mensuales; lo que hará que al final del año venidero, casi 11 mil millones de dólares se le haya sacado del bolsillo a los sectores medios y obrero-sociales, los cuales llevan sobre sus espaldas, el grueso de la carga tributaria nacional.

El ya marcado descenso de la inversión pública en política social, seguridad, educativa, en infraestructura vial, por ejemplo, tiene que ver con que esa gigantesca cantidad de casi 11 mil millones de dólares estadounidenses sean destinados, únicamente, para los mercados financieros, empobreciendo al conjunto de la sociedad.

Creemos que estamos llegando a puntos extremos de explotación social por honrar una deuda pública que esconde muchos aspectos que no se ventilan ante la ciudadanía.

Llama poderosamente la atención que en la Asamblea Legislativa, que debe aprobar el mal llamado presupuesto de la República para 2024, con esa monstruosa partida de casi 11 mil millones de dólares USA para el servicio de la deuda pública; no haya una sola voz parlamentaria que con vehemente argumentación plantee que ya es hora de parar esa aprobación anual a ciegas de ese tipo de erogaciones multimillonarias a costa de mayores sacrificios para la inmensa mayoría de la población.

El otro señalamiento que habría realizado la misión técnica del FMI, tiene que ver con la naturaleza perversa y corrupta del sistema tributario costarricense. Pero esto merece un próximo comentario en esta misma prestigiosa preocupación.

En todo caso, como se dice popularmente ante un acto relevante de un protagonista del cual no se esperaría ese acto, para que la misión técnica del FMI, con estos dos aspectos que críticamente habría señalado con relación a la situación fiscal del país, tenemos que decir que el FMI “la voló”

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El monto actual del salario mínimo, el que se utiliza para reconocer, anualmente y a nivel del sector Privado de la economía el alza en el costo de la vida, se queda muy corto si se contrasta con lo caro que resulta vivir en Costa Rica.

Cuesta muchísimo llegar a fin de mes, o de la quincena, en hogares como los de los choferes de bus, las trabajadoras domésticas, los y las oficiales de la seguridad privada, la clase obrera bananera y piñera, el peón agrícola, la gente trabajadora del comercio y servicios, por ejemplo.

Es por ello que dos importantes organizaciones sindicales que en sus filas cuentan con importantes grupos de clase trabajadora asalariada privada, vienen levantando la bandera de que en Costa Rica ocupamos un nuevo salario mínimo, congruente con lo caro que es vivir en nuestro país; pues la fijación anual por costo de vida al actual salario mínimo es una ridiculez, una burla, una miseria.

Hablamos del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP), y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Para empezar, estamos mal cuando no se concibe que la mejor política salarial posible en una verdadera democracia, es aquella que permite el ascenso social. Eso no está sucediendo en nuestro país.

Ambas organizaciones denuncian que el cálculo del actual salario mínimo en Costa Rica está orientado a correr tras el consumo de los productos incluidos en la canasta básica como parámetro de ingesta y sobrevivencia (índices de pobreza), pero no aleja a las familias de la línea de pobreza. El cálculo de la fijación se limita únicamente a las necesidades de consumo básico y no contempla posibilidades de movilidad social.

Anotan, por ejemplo, que el trabajador agrícola realiza jornadas de trabajo que normalmente se extienden hasta doce horas al día. Por tanto, este trabajador no podrá realizar ninguna otra actividad económica que le permita ajustar sus ingresos y permitirse el consumo de otros bienes y servicios pues se encuentra estrictamente condicionado al consumo limitado de los bienes básicos para su supervivencia, con un único ingreso: el pago del salario que recibe por su trabajo.

Otro aspecto crítico es que no es correcta la relación de precios de consumo de manera general, ya que en la realidad los establecimientos comerciales tienen diferencias considerables en los precios de acuerdo con las zonas del país en las que nos encontremos; y, desdichadamente resultan más cuantiosos en las zonas de mayor vulnerabilidad como lo son las zonas rurales.

SITRAP y ANEP ponen el dedo en la llaga al afirmar que no se puede proyectar un incremento salarial que ocasione efectos negativos en la sociedad al detener la posibilidad de desarrollo el comercio y de la economía desde la producción del trabajo; sin embargo, la creciente ola de criminalidad, la saturación del sistema de seguridad social, las tasas de desempleo y de trabajos subempleados, también son repercusiones negativas para la sociedad y se vinculan, de manera directa e indirectamente, al insuficiente salario mínimo que se ha mantenido en las últimas décadas.

Dicho lo anterior, un nuevo salario mínimo se impone en el país, considerándolo como un esfuerzo atinado hacia la reducción de la brecha de la desigualdad y para posibilitar a las familias movilidad social que les permita salir de la línea de pobreza, agregar al salario elementos de proyección del consumo de las personas asalariadas más allá de lo que establece la canasta básica.

¡Llamemos al FBI, a la DEA, a la CIA! ¡Llamemos a Scotland Yard, a la Sureté, a la KGB!… Se desarrolló en el país una especie de banda de cuello blanco que nos está matando, estrangulando, desangrando: es la plutocracia de los mercados financieros que para el año 2024, “asaltará” el presupuesto de la República, dejándose para sus egoístas arcas, nada más y nada menos que, 900 millones de dólares por mes. ¡Sí!: $900.000.000 que son, dizque, para atender el servicio de la deuda pública, especialmente el pago de los más que criminales y obscenos intereses.

En ese presupuesto para el año entrante, mismo que ya debate la actual Asamblea Legislativa, se incluye la más que gigantesca partida de 5 billones 814 mil millones de colones (₡5.814.000.000.000) para “atender” el servicio de la deuda pública.

Eso significa que, por cada uno de los 12 meses de 2024, se presupuestan ₡484.500.000.000 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos millones de colones). Y, si consideramos el tipo de cambio actual, a un promedio de 538 dólares estadounidenses, tenemos la también enorme cantidad de 900 millones 557 mil 620 dólares ($900.557.620).

Nadie, absolutamente nadie, a nivel de la clase política del país, quiere abordar este delicado asunto. Por eso, de manera jocosa, planteamos que hay que apelar a los más connotados organismos de investigación y de espionaje del mundo actual, para determinar por qué nos han llevado a niveles de, prácticamente, de exterminio social, con gran afectación de la misma Democracia.

¿Cómo comenzó todo esto? ¿En cuáles administraciones gubernativas? ¿Cuáles partidos políticos? ¿Liberación?, ¿Unidad?, ¿PAC?, ¡sin duda! ¿Cuál es la legislación financiera que impulsaron para que lleguemos a este nivel de impunidad criminal en el cobro de intereses de la deuda que, según los entendidos, están entre los más altos del mundo, sino el más alto del mundo? ¿Cómo opera ese mercado financiero? ¿Quiénes son los comisionistas con la colocación de bonos de la deuda? ¿Cómo opera el perverso negocio de que el Estado tenga un déficit “eterno”? ¿Qué papel ha jugado en todo esto la existencia de un sistema tributario perversamente corrupto e injusto?

Casi a diario escuchamos el lamento presidencial de “no hay plata”. ¡Pues claro! Se la lleva toda esa mafia financiera. Por eso es que los cuerpos policiales están, prácticamente, en la calle: desfinanciados, precarizados salarialmente, superados tecnológicamente, en condiciones de salud ocupacional peligrosas. ¡Y todavía, el Presidente y la ministra Mideplan les engañaron que tendrían “salario global”!

Se reduce la inversión social en salud y seguridad social. La educación pública de preescolar, primaria y secundaria, en estado calamitoso. Llevan a la quiebra a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a punta de no honrarle la deuda que tiene el Estado con ella. Los parques nacionales van hacia la privatización. La inversión en infraestructura pública tiene un rezago de 30 años, sino más; y podemos seguir citando las diversas manifestaciones del retroceso estructural que estamos viviendo como sociedad, producto de una deuda pública que es impagable y del pago de unos intereses que, en toda su dimensión, no es más que un asalto “legalizado” a las arcas públicas: ¡900 millones de dólares mensuales para disfrute de una minoría! ¡Esto va a explotar!