Categoría: Opinión

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“El edificio más feo del mundo”, es la calificación que recibió, en un artículo periodístico de opinión, de parte del ciudadano Jaime Ordóñez Chacón, la nueva construcción, ¡horripilante! (decimos nosotros), que albergará la Asamblea Legislativa; edificación próxima a terminarse.

Hace tiempo habíamos llegado a la conclusión de que esta construcción tiene varios significados simbólicos, como el de que la dureza, la frialdad y el encierro que muestra son totalmente congruentes con el deterioro de la confianza de la ciudadanía en sus máximos dirigentes políticos nacionales, los cuales necesitan esconderse de la gente. Es decir, nada mejor que darle una imagen a la creciente distancia entre el gobernante y los gobernados que “el edificio más feo del mundo”, una especie de búnker invertido.

Para nadie es un secreto que la Costa Rica de hoy está avasallada por elementos de un poder real, por lo general de naturaleza económica, que actúan en la sombra, que no se ven, que no conocemos sus nombres, que no van a elecciones pues no postulan sus nombres de manera directa, sino vía testaferros; pero que sus decisiones contrarias al bien común son puestas en práctica por este tipo de personas, sus operadores políticos en los tres poderes del Estado; cual si fueran asalariados ideológicos del capital, pero pagados con fondos públicos que todos aportamos por medio de los impuestos que nos cobran; además de sus agentes mediáticos matriculados con el periodismo de odio, los cuales desde un estudio de televisión o de una sala de redacción dan órdenes ejecutivas. 

Las medidas de transformación estructural de la sociedad costarricense y de su correspondiente institucionalidad (misma que está vigente desde el establecimiento de la Constitución Política actual, el 7 de noviembre de 1949), que se están impulsando, especialmente aquellas con ropaje legislativo, son abiertamente impopulares. En la actual gestión gubernativa, tanto parlamentaria como ejecutiva, no se está legislando para el bien común, para la inclusión social ni para reducir las desigualdades. Todo lo contrario.

El enojo, la indignación, la ira y la molestia popular están en crecimiento. Estos sentimientos de frustración y de impotencia pueden adquirir potenciamientos de calidad, de cantidad, de variedad, totalmente insospechados. Por tanto, esa clase política, consciente de su lejanía del pueblo que le vota, le da la espalda a este; haciéndose necesario encerrarse, esconderse, ocultarse, invisibilizarse para el ojo ciudadano, pues las leyes en curso y las por venir son completamente contrarias al bienestar de las mayorías.  ¡Y qué mejor cosa para ello que estar protegidos por una fortaleza inexpugnable, un búnker!

Efectivamente, la clase política tradicional ha decidido “bunkerizarse”, concreta y simbólicamente, en “el edificio más feo del mundo”, según don Jaime Ordóñez Chacón. Al profundizarse la concentración de la riqueza y la exclusión económica y social; al incrementarse la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y salarial; al hacerse más cruel la corrupción y el tráfico de influencias, etc., etc., y no haber respuestas sólidas para corregir estos males, la respuesta del oficialismo, el formal y el real, es atrincherarse en su búnker: el nuevo edificio legislativo; para, por un lado, disminuir el riesgo del reclamo popular abierto; por otro, para esconder con mayor seguridad el carácter de la traición a su ciudadanía votante.

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La clase política tradicional, hoy tripartidista (PLN-PUSC-PAC), nos tiene con un nivel de endeudamiento, como país, que no podremos pagar nunca, según nuestro criterio. Hemos llegado a una peligrosa ruta de, prácticamente, un no retorno, sobresaliendo el dato de que, para el año entrante, 2020, el servicio de esa deuda (entre pago de intereses y abonos-amortización al principal) implicará 11 mil millones de colones diarios, cada 24 horas; con gran impacto en las condiciones de vida de la gente del pueblo, “los y las de abajo”, las capas medias y el micro, pequeño y mediano empresariado. O sea, el bienestar general será golpeado todavía más.

Esa clase política hoy totalmente desprestigiada, envalentonada por contar (como nunca antes) con la militancia activa, política e ideológicamente hablando del periodismo de odio, no solamente tiene claro que esa deuda pública es impagable, sino que planteará, próximamente, más “reformas estructurales” para hacerle frente.

La monstruosidad del tamaño de esa impagable deuda pública es de tal calibre que se pronostica que llegará al 65% del Producto Interno Bruto (PIB), en el año entrante 2020. El pernicioso camino que escogieron para hacerle frente es seguirse endeudando para pagar esa deuda, por una parte; por otra, más “reformas estructurales” como gusta llamarles la jerarca hacendaria Rocío Aguilar Montoya.

Tales “reformas estructurales” no son ni más ni menos que, por una parte, la venta de aquellos activos de propiedad pública que todavía quedan en manos del Estado y que son sumamente valiosos; por otra, el abaratamiento de la mano de obra, precarizando los salarios al máximo. Además, es previsible nuevos paquetes tributarios por el lado de la regresividad, como la tentación de subir el impuesto al valor agregado (IVA), al 15-16%.

Esta clase política hoy totalmente desprestigiada sabe que en los últimos tiempos se ha dado una feroz resistencia cívica, por múltiples formas y en diversas circunstancias de oposición al empobrecimiento generalizado que va en crecimiento, especialmente con la aprobación-imposición del combo fiscal el año pasado 2018.

Por tanto, enfrentar el desafío de una deuda pública en crecimiento desbocado y un pago de intereses que es como una bola de nieve, exige un disciplinamiento social de corte autoritario, cercano a la dictadura, manteniendo una especie de democracia de fachada para la gestión pública, aunque acuartelada, como las acciones legislativas de próximas fechas que se darán en el seno del búnker parlamentario que se mandaron a construir.

Ese disciplinamiento autoritario, la eliminación del derecho de huelga y de toda protesta-manifestación pública, se expresa en el Expediente Legislativo 21.049, denominado Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. El nombre políticamente real y correcto debe ser: “Ley de prohibición de la huelga, de toda manifestación y de la proscripción sindical y sus procedimientos”.

Si para hacerle frente a lo que nosotros consideramos como impagable deuda pública y su escandaloso pago de intereses, se deben vender activos como el INS, como Recope, como los dos bancos estatales que quedan; entonces, procédase (dicen ellos), con las leyes respectivas, a ejecutarlo sin oposición civil alguna y, mucho menos, la que se ha venido manifestando bajo el concepto político de Democracia de la Calle. Para eso ocupan la ley mordaza, la ley antihuelgas y contra toda acción pública de calle que están tramitando, acelerada y atropelladamente, en este momento.

Si para hacerle frente a lo que nosotros consideramos como impagable deuda pública y su escandaloso pago de intereses se debe subastar el modelo eléctrico nacional que todavía sigue en propiedad del ICE, pues qué mejor circunstancia que garantizarse que no habrá una resistencia cívica como la del año 2000, cuando la ciudadanía, opuesta al combo ICE, estrenó, con lujo cívico, la Democracia de la Calle y se detuvo, en aquel momento, esa privatización abiertamente descarada. Para eso ocupan la ley mordaza, la ley antihuelgas, y contra toda acción pública de calle que están tramitando, acelerada y atropelladamente, en este momento.

Si para cerrar instituciones públicas, bajo el cuento chino de fusionar, por tanto, ejecutar despidos masivos, es mejor no tener resistencia ni cuestionamiento, pues es mejor tener asegurado el control, castrando de antemano de cualquier protesta o amago de resistencia. De ahí la importancia de garantizarse, mediando la ley mordaza, que nadie alzará la cabeza.

Es muy grave lo que está ocurriendo. Nos llevan al retroceso social, a la involución en el desarrollo de derechos, a la instauración de un sistema de gestión democrática de fachada, cargado de autoritarismo y verticalidad de gestión.

Ahogada por una deuda pública que no se puede pagar, la clase política tradicional, totalmente desprestigiada, solamente puede acudir a la instauración de mecanismos institucionales de represión, bajo la modalidad de leyes, para mantener un control social, llegando al extremo de legislar para criminalizar la protesta social. El ascenso de la Democracia de la Calle amerita una acción represiva como la que están tramitando en el parlamento en estos momentos. Nos preguntamos: ¿en verdad se creen eso, que legislando para reprimir se garantizarán el control social…? ¡Ilusos! 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La representación sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en el servicio público de cuido de los parques nacionales, le comparte a usted por nuestro medio sus consideraciones ante lo que podemos definir como el momento más crítico de la historia de lucha por la preservación eterna de este patrimonio ecológico; en estos momentos en que las concepciones político-ideológicas imperantes favorables a la totalización de las relaciones sociales bajo los postulados del mercado neoliberal, hacen estragos en múltiples servicios públicos y, por supuesto, el de los guardaparques no es la excepción. 

El 24 de agosto fue definido como el Día de los Parques Nacionales. ¿Celebrar qué? Si los parques nacionales y sus guardaparques están en peligro de extinción. Lo que se asoma en el horizonte es su privatización por diversas modalidades. O de lo que quede de ellos. No nos llamemos a engaño pues para ahí los llevan.

El 24 de agosto de cada año, Costa Rica celebra el Día de los Parques Nacionales, fecha decretada por el entonces presidente de la República, Luis Alberto Monge Álvarez, en 1984. Tal festejo, que debería tener un profundo contenido cívico-ecológico de gran impacto en la sociedad, fue establecido con el objetivo de consagrar la protección y mantenimiento de estos espacios naturales que brindan a la sociedad un ambiente de tranquilidad y pureza. 

Las instituciones encargadas del cuidado y de la administración de los parques de Costa Rica son el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Cabe mencionar que los parques nacionales se encuentran en una categoría de manejo de Área Silvestre Protegida, según la legislación vigente.

En un esfuerzo por conservar mucha de la belleza natural y los alrededores de Costa Rica, el 25 % de la tierra del país ha sido apartada y convertida en parques protectores y reservas para salvaguardar la belleza y espectacularidad del entorno y así prevenir la deforestación y explotación.

Costa Rica cuenta con 27 parques nacionales, 58 refugios de vida salvaje, 32 zonas protegidas, 15 zonas de humedales pantanosos, 11 reservas forestales y 8 reservas biológicas, lo mismo que otras 12 regiones de conservación que protegen los diversos hábitats naturales encontrados a lo largo de todo el país.

Esta realidad ha sido el argumento fundamental y de gran peso empleado por los últimos gobiernos del bipartidismo tradicional (más el agregado paquiano); caballo de batalla que han utilizado para brindar un doble discurso al mundo, en general, y a la sociedad costarricense, en particular, vendiendo la “marca-país” de que, prácticamente, ningún otro país del planeta tiene su territorio tan protegido, ambiental y ecológicamente hablando, como el nuestro.

Hoy en día es todo lo contrario. Estas áreas protegidas se encuentran desprotegidas, pues no existe una adecuada infraestructura tanto para el visitante como para los guardaparques: senderos de visitación en mal estado, no se cuenta con el equipo óptimo (lanchas, vehículos terrestres, uniformes, GPS, bolsos, botas, alimentación, chalecos antibalas, chalecos salvavidas, mala comunicación radial, entre muchas cosas más); equipo que es indispensable para realizar las actividades diarias de control y protección que demanda la legislación ambiental y nuestra Constitución Política.

Sumado a esto, están las jornadas de trabajo que son extensas, de más de 12 horas, sin el pago de horas extras y recientemente quitaron el pago de la disponibilidad. El Gobierno no ha querido pagar el riesgo policial, cuando de sobra se puede demostrar que los guardaparques están expuestos a grandes peligros que atentan contra su integridad física como, por ejemplo: oreros, cazadores furtivos, madereros, pescadores y, recientemente, el narcotráfico que como es sabido es un flagelo que está afectando todos los niveles de la sociedad costarricense. Muestra de ello fue el guardaparques que salió herido en un encontronazo con narcotraficantes.

Para ponerle la cereza al pastel, recientemente se ordenó a las guardaparques con plaza de Oficial de Servicio Civil 1, que no podrán seguir realizando labores de Control, Prevención y Protección, debido a una prohibición en el Estatuto de Servicio Civil; algo sospechosamente extraño pues, por más de 20 años, estos compañeros venían ejerciendo esas funciones sin que nadie se hubiera manifestado al respecto. Todo salió a raíz de la controversia sobre el pago de la disponibilidad, muy conveniente para el Gobierno. Esto viene a demostrar la inoperancia por parte de las instituciones involucradas en esta situación.

Todo esto repercute, especialmente, en los guardaparques, ya que están limitados para realizar las acciones de control y protección. Además, se verán afectados directamente los recursos naturales del Estado puesto que más del 80 % de los guardaparques que hacen control y protección en todo el país son oficiales 1, por lo que no habría personal para cuidarlos, quedando estos a merced de las personas que les hacen daño.

Esta es la razón principal que nos da pie para pensar en que lo que en realidad se piensa es que la responsabilidad de la protección de los parques nacionales y de las áreas protegidas salga de la esfera pública, se concesione, se privatice; pase a ser objeto de actividad mercantil y de lucro privado y hasta de iniciativa extranjera.

Recordemos que las áreas protegidas brindan servicios ecosistémicos que son importantes para las generaciones presentes y futuras de la sociedad costarricense y del resto del planeta.

Con todo lo argumentado anteriormente, nos damos cuenta de que no había nada que celebrar este pasado 24 de agosto. No podemos celebrar la extinción de los parques nacionales ni de su servicio público de guardaparques, que es lo que está pasando hoy en día. Estamos viviendo una utopía en cuanto al tema de las áreas protegidas. Lo único real es que los parques nacionales y los guardaparques parecen ser personajes salidos de la novela de Gabriel García Márquez: “Crónica de una muerte anunciada”. 

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El deterioro de la Democracia Representativa es una circunstancia sociopolítica innegable, especialmente al acabarse el histórico sistema tradicional bipartidista, mismo que intentara remozarse o camuflarse con el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), la más grande estafa política de los últimos tiempos.

Ese deterioro de la Democracia Representativa ha sido de tal magnitud que no solamente se ha reflejado en que los partidos políticos tradicionales (ahora 3), están partidos a su interior; sino que, las nuevas colectividades partidarias no muestran coherencias político-programáticas e ideológicas, sino que son personalismos de ocasión sus ejes motivadores centrales.

El vacío de credibilidad que ha venido generando la Democracia Representativa, a partir del deterioro acelerado de la confianza de los gobernados en sus gobernantes, luego de que éstos se muestren en el ejercicio del poder como verdaderos estafadores políticos; empezó a potenciar el surgimiento de otra forma de democracia, la Democracia de la Calle, misma que tuvo su surgimiento potente en la acción pública con ocasión de las protestas cívicas del combo ICE, en el año 2000.

La Democracia de la Calle ha venido prestigiándose y legitimándose, generando la furia, la cólera y la ira de los sectores hegemónicamente dominantes, los del gran capital neoliberal y su prensa oficial; al punto de que ahora pretenden cercenar la crecimiento cuantitativo y cualitativo de la misma, con la proscripción del derecho de huelga y de manifestación; abriendo paso a la imposición de un ejercicio autoritario, totalitario y dictatorial de la gestión pública.

El crecimiento del desempleo, de la precarización de los salarios y la rebaja de los mismos, el potenciamiento de la destrucción de la otrora pujante clase media (hoy acosada más, económica y financieramente hablando, con el combo fiscal-Ley 9635), ha encendido las alarmas y ha puesto en alerta roja a los grupos económicos acumuladores de gran riqueza, siempre dominantes.

La decisión estratégica que han tomado para incrementar su tasa de ganancia con la apropiación final de los bienes públicos de alta rentabilidad que todavía no han podido pasar a ser patrimonio privado y fuente de lucro mercantil, les lleva a intentar, mediando legislación, cerrar las vías democráticas de la protesta social y de la resistencia civil.

Saben muy bien estos grupos dominantes y sus operadores políticos, tanto a nivel del Ejecutivo como del parlamento, que la resistencia a la exclusión social y económica y al empobrecimiento generalizado tiende a crecer, tanto en variedad como en mecanismos de autodefensa civil y obrera; por tanto, les resulta urgente el control social punitivo, con la perversa visión ideológica que la protesta es un acto delincuencial. ¡Han decidido criminalizarla!

Lo que tenemos en puertas es la apertura de una fase de la convivencia democrática y republicana marcada por el autoritarismo, con formas totalitarias y dictatoriales.

Ciertas conciencias ciudadanas, sometidas a la más grande manipulación mediática de los últimos tiempos, estiman que se trata de una acción “necesaria” ante los presuntos abusos sindicales; cuando en realidad, es que vamos a ser insertos en una de las fases más crudas de la imposición total del neoliberalismo en nuestra sociedad, el cual, en esencia, es autoritario per se.

No habrá ley alguna que pare la protesta social, que frene la resistencia cívica, que castre ala legítima defensa ciudadana si sigue avanzando el hambre, el desempleo y el empobrecimiento.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El Ministerio de Hacienda acaba de reconocer que, al final de este año 2019, dejará de percibir la gigantesca cantidad de 2 billones de colones debido a unas 440 leyes que conceden exoneraciones y exenciones de pago de impuestos, a gran cantidad de actividades del ámbito productivo y comercial del país. Esos 2 billones de colones representan, en la práctica, 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

Este asunto de las exenciones y de las exoneraciones es uno de los aspectos fundamentales del contenido de nuestra lucha de los últimos años, en cuanto a la necesidad de una verdadera TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL (TTE) que le urge al país; y nos gusta ponerlo siempre en mayúsculas, para enfatizar en que esta es una tarea histórica pendiente en nuestra sociedad.

Nuestros lectores, personas sumamente respetables y de amplio sentido crítico, tienen conciencia de que desde las esferas político-mediáticas dominantes, especialmente las del periodismo de odio, no se desaprovecha ni la más mínima oportunidad para meterle en la mente a las personas que el problema fiscal del país, que es grave, tiene como principal causa los salarios que se le pagan a las personas trabajadoras asalariadas de la planilla estatal. ¡Mienten! ¡Mienten! ¡Mienten!

Tal matriz mediática político-ideológica dominante aduce que el déficit fiscal es igual a los salarios devengados en el empleo público; nosotros hemos tratado de contrastarla, de responderla, de confrontarla en que el déficit fiscal es igual a la ausencia de una TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL (TTS), largamente postergada y que ha generado, por ejemplo, gran parte del altísimo endeudamiento público que tenemos (cercano ya al 60% del PIB); y este, a su vez, ha generado el abusivo y obsceno pago de intereses de la deuda que, también, se lleva la mayoría de los recursos asignados anualmente a lo que se conoce como el Presupuesto General de la República, impropiamente así denominado pues únicamente lo que tramita la Asamblea Legislativa es el 40% de la estructura financiera del Estado.

Se ha venido planteando, además, por los poderes hegemónicos dominantes, que al final del presente año 2019 el déficit fiscal llegará a los 6,3% puntos del PIB, cifra muy similar a los ya indicados arriba 6 puntos PIB por ese perverso sistema de exenciones-exoneraciones.

Cualquiera puede colegir entonces que, si se eliminan todas las 440 leyes que otorgan, que autorizan, que conceden esas exenciones-exoneraciones, no tendríamos déficit fiscal. ¡Pues sí, así sería! Por supuesto que esto no es tan simple y tan solo se hace la relación para dramatizar que este aspecto es parte del grave problema del déficit fiscal, puesto que hay 2 billones de colones que no llegan, anualmente, a las arcas públicas y que, por tanto, hay que actuar para corregir esta situación que sí puede catalogarse como de privilegio.

Los sectores dominantes del poder económico y sus operadores políticos dentro del actual gobierno y parlamento decidieron sacrificar, fiscalmente hablando, a las grandes mayorías populares con la imposición de la ley 9635, impropiamente denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus contenidos más crueles, el IVA y la rebaja salarial; tan solo para obtener de los golpeados bolsillos obreros y ciudadanos un porcentaje de PIB del orden del 1,20% (unos 420-440 mil millones de colones); teniendo como contracara esos 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones (2 billones de colones).

Es decir, se pudo haber cambiado, o modificado, o eliminado varias de esas 440 leyes de exenciones-exoneraciones y haber conseguido así esos 420-440 mil millones de colones, de esos 2 billones, sin afectar a las grandes mayorías ciudadanas, especialmente las de corte obrero-laboral.

Este aspecto, desde nuestro lado, tenemos que repetirlo muchas pero muchas veces por las más diversas formas, mecanismos y medios: el país ocupa una TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL (TTE), constituyendo el tema de las exenciones-exoneraciones tan solo una parte de esta.

Ellos, los sectores neoliberales, los del real poder económico, con su matriz mediática dominante y la expresión concreta de esta, el periodismo del odio, invocando los principios de la propaganda nazi, lo siguen repitiendo: es el sector público el culpable del déficit fiscal y, particularmente, los salarios devengados en el mismo. ¡Mienten, mienten, mienten!

¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Nosotros, tenemos que confrontarlos en todo momento: es la ausencia de una verdadera TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL (TTE) el problema fundamental del déficit fiscal; o, por lo menos, es un contenido esencial de este. Con datos en la mano, siempre hemos estado del lado correcto. Y no tenemos que apelar a la propaganda nazi.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Sin duda alguna, el acontecimiento obrero más relevante de los últimos tiempos en el plano político-jurídico, es la promulgación de la Ley de la República, No. 9343, conocida como la Reforma Procesal Laboral (RPL); misma que superó 17 años de un largo y sinuoso camino sociopolítico, lleno de altibajos; más 18 meses de preparación para que entrara a regir a plenitud.

A nivel sindical, y hay que plantearlo sin falsas humildades, le correspondió a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), llevar sobre sus espaldas la principal carga de tal proceso; incluso, en momentos de enorme soledad política a nivel del Movimiento Sindical Costarricense, prácticamente escéptico (cuando no crítico negativo), de que tal legislación pudiera darse en nuestro país.

Una de las cosas más espectaculares y uno de los logros más extraordinarios de la RPL, consistió en la posibilidad de la materialización real y concreta del Derecho Constitucional de Huelga, sin que las personas trabajadoras asalariadas que lo invocaran y que hubiesen seguido los procedimientos de esa novedosa legislación, pudieran accesar a tal derecho sin recibir ningún tipo represalia (ni siquiera el rebajo del salario correspondiente al tiempo holgado), una vez declarada legal la huelga; y, por el contrario, si no fuese así, se otorgó un período de gracia de 24 horas para el retorno a labores, sin riesgo de sanción alguna.

Durante la gran lucha sindical, social y popular del año pasado 2018, con ocasión del enfrentamiento de clase ocurrido por la tramitación legislativa del proyecto comúnmente conocido como combo fiscal, Fortalecimiento de las finanzas públicas (hoy ley de la República No. 9635); varias de las huelgas que tuvieron lugar en diversos servicios públicos alcanzaron la categoría de legalidad según la RPL, destacándose los casos de la educación y de la empresa pública estatal ligada al combustible.

Evidentemente, la furia y la iracundia del capital y sus agentes mediáticos ante tales circunstancias nuevas con relación al ejercicio real del derecho constitucional de huelga, no se hicieron esperar y, con gran carga de odio hicieron lo correspondiente para que en el parlamento dos de sus integrantes (Carlos Ricardo Benavides Jiménez y Yorleny León Marchena, del hoy neoliberal Partido Liberación Nacional -PLN-), muy afines a la visión de mundo de ese gran capital, impulsaran iniciativas de ley, gemelas y paralelas, para acabar, de un solo porrazo legal, el avance de notable carácter progresivo que representó la RPL en materia de huelga.

Envalentonados, el dúo diputadil Benavides Jiménez-León Marchena parece estar a pocos días de alcanzar su perverso objetivo antidemocrático, considerando la proclividad de la mayoría legislativa hacia la agenda del gran empresariado del país, especialmente el de carácter “empresaurial”.

Empoderados, además, por la matriz mediática del periodismo de odio (verdadero poder real en la sociedad actual costarricense); rabiando de ira enfermiza por el movimiento huelguístico ocurrido en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tienen todo el contexto y la correlación de fuerzas (momentánea), para imponerle a la Democracia la ley anti-huelgas y abrir paso, a la proscripción-ilegalización de los sindicatos.

En tal sentido, nos debemos preguntar: ¿qué necesidad había para que cierta dirigencia sindical nacional le legitimara a todo lo que representa el dúo diputadil Benavides Marchena, su artero ataque a la Democracia con la castración del contenido constitucional del Derecho de Huelga y su arrasar con su materialización concreta en la RPL?

Ese dúo diputadil, en realidad verdaderos operadores políticos con curul legislativa del gran capital, tiene ahora una verdadera excusa para vender la idea de que su artera ley anti-obrera es producto de un “consenso” con el Movimiento Sindical Costarricense, pues la manipulación mediática lo expondrá así al público ciudadano indefenso y objeto de informaciones subjetivizadas, de carácter tóxico.

Nuestra experiencia nos indica que los neoliberales no negocian, imponen. La dignidad obrera, aún en su mínimo nivel, no ameritaba ser mancillada por un pragmatismo (“es que ellos tienen los votos”), tan vacío de contenido y más cercano al entreguismo que a una real negociación con verdadero logro para la parte trabajadora.

Y para peores, pretendieron que las respectivas bases sindicales no se dieran cuenta, pues el secretismo, el mutismo y la encerrona cuatro-paredes fue lo que imperó en esas negociaciones con el neoliberalismo. Se dio sustento así a lo que será un grave error que ha de llenar de oprobio para siempre a las personas representantes sindicales que firmaron la derogatoria de facto para la desconstitucionalización del derecho de huelga; para borrar de un porrazo el más grande avance jurídico-legal que el derecho de huelga había logrado en nuestra legislación obrera, mediando la RPL, desde que el Código de Trabajo se emitiera en 1943.

De 1943 al 2017, mediaron 74 años (casi tres cuartos de siglo) para haber logrado la legalidad plena de la huelga; tan solo fue necesario para que transcurriera un período de unos 24 meses para que el capital lo eliminara (tal y como se ve venir). Pero lo más indignante y lo más doloroso, es que desde el propio lado obrero se le diera le legitimación que el neoliberalismo ocupa para quitarse su esencia autoritaria-totalitaria y mostrar una mascarada “negociadora”.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La ofensiva patronal del gran empresariado (y su sector más recalcitrante, el de corte fascista), está decidida a acabar con la última frontera de resistencia que queda para evitar el desmantelamiento absoluto del Estado Social de Derecho, del Estado de Bienestar: los sindicatos.

Nadie, en los movimientos sociales de distinto carácter, debe llamarse a engaño: prácticamente la totalidad del parlamento está al servicio de esos intereses contrarios al bien común; y, por el contrario, están en la línea de potenciar todavía más el cruel proceso de concentración de riqueza que venimos sufriendo, con sus secuelas dolorosas de congelamiento salarial, de la precarización del empleo, de reversión de derechos laborales, de reducción del salario mínimo, de institucionalización de la informalidad y de aumento en la carga de impuestos de naturaleza regresiva.

La alta carga política pro-empresarial, que ya es más que notoria en la actual Asamblea Legislativa, es inversamente proporcional a la ausencia de una poderosa articulación de lo social y popular, puesto que la resistencia que se ha venido expresando, es de manera fragmentaria y sectorial; imposible de mostrar un fuerte polo de oposición estratégica al desafío de clase lanzado por los reales detentadores del poder.

Tal dificultad se debe a factores completamente subjetivos, determinados por fuertes personalismos en pugna entre sí.

El odio de clase que se muestra en vocerías notorias al servicio del gran capital desde varias curules legislativas, es de tal calibre que se han atrevido a impulsar un proyecto de ley de profundo sesgo antidemocrático: legislando para la ilegalización, la proscripción, el exterminio de la organización sindical. Solamente habíamos tenido noción de esta barbaridad tiránica en países latinoamericanos bajo sangrientas dictaduras.

El proyecto de ley que lo permitiría avanza a paso firme en su tramitación parlamentaria; avance que se consolidó con la aportación colaboracionista de representaciones sindicales del más alto nivel del sector magisterial, haciéndose nugatorio en la práctica cualquier mecanismo huelguístico en el futuro, incluido en el propio sector Educación.

La ley en trámite final para castrar de contenido el derecho constitucional de huelga, representa una fuerte acción jurídica de disciplinamiento obrero a fin de eliminar, de raíz, el contenido de avanzada que tuvimos, como país y en fecha reciente, en materia de legislación obrera, con ocasión del surgimiento a la vida legal de la ley de la Reforma Procesal Laboral.

Está sumamente demostrado que el neoliberalismo, a falta de argumentos convincentes, recurre a las más diversas formas de autoritarismo (incluido el de corte sangriento como el de Chile con Pinochet). Se trata de imponer un disciplinamiento obrero, liquidando o reduciendo al mínimo, a su más natural y legítima organización: el sindicato.

Noten ustedes que, en materia de potenciamiento político para que el gran empresariado materialice su agenda excluyente y haga real su cruzada antidemocrática, prácticamente todos los partidos políticos están coincidiendo en la Asamblea Legislativa actual: el desprestigiado bipartidismo clásico, ahora tripartidismo (PLN-PUSC-PAC), más las dos vertientes partidistas del evangelismo.

Este primer y duro golpe que le pretenden dar a la Reforma Procesal Laboral, con la castración del real contenido del derecho constitucional a la huelga, aunado a la posibilidad de la proscripción-ilegalización de sindicatos; consolida el papel nefasto del gran “empresauriado” en el control de la agenda política del país, contraria al bien común y a la integración y movilidad sociales.

Castrado el derecho constitucional a la huelga y abierta la posibilidad legal para disolver sindicatos, esa agenda del macro-corporativismo empresarial de corte neoliberal, incluye la relativización de la histórica jornada de 8 horas, la revisión a la baja del salario mínimo, la anulación del fuero de protección sindical, todo ello con especial énfasis en la actividad productiva privada.

En el caso del sector Público es dable esperar un fuerte cuestionamiento al salario escolar, así como entrarles duro a privatizaciones de gran calado que están pendientes desde hace mucho tiempo, en materia de las empresas estatales que todavía quedan en manos de propiedad pública y que siguen mostrando una fortaleza rentable sumamente codiciada.

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la aportación de pensamientos y de ideas en aras de un nuevo proceso para la recuperación de la senda del bien común, tiene que ver con el sensible asunto de la soberanía y la seguridad alimentarias.

La corriente sindical en la cual militamos, logró concitar el mayor esfuerzo realizado hasta el momento en este aspecto, mediando el atinado y conocimiento de integrantes del Sindicato de Trabajadores y de Profesionales del Consejo Nacional de Producción (CNP) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), cuyas siglas son SIPRO-CNP.

Esta entidad obrera forma parte del conglomerado asociativo Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, mismo que incluye a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La nueva cadena agroalimentaria costarricense es posible y necesaria representa un conjunto de planteamientos formulados en marzo de 2015. Se propone una producción sostenible de alimentos, libre de transgénicos, por cuando Costa Rica necesita una auténtica seguridad alimentaria.

Se nos insta en esta propuesta a que “…los costarricenses tomemos el control sobre la producción, almacenamiento, procesamiento, calidad e inocuidad, transporte y consumo; certificando la verdadera inocuidad de los alimentos”.

Uno de los puntos de mayor énfasis de la propuesta es su enlace directo con la necesidad de imperio de un buen proceso de nutrición de la población, planteado de la siguiente manera: “El costo social de la malnutrición, medidos por los años de vida perdidos -por muerte prematura o discapacidad-, a causa de la malnutrición infantil y materna y del sobrepreso y la obesidad, es muy alto”.

Por otra parte, para ese año en que se formuló la propuesta La nueva cadena agroalimentaria costarricense es posible y necesaria, las cifras en cuanto a la seguridad alimentaria costarricense nos hablaban de que el país estaba importando el 100% del maíz amarillo, el 100% de la soya y el 90% del maíz blanco, pero de carácter transgénico en los tres productos. Se citó que se importaba el 80% del frijol y el 60% del arroz. Además, se indicaba que toda la producción de lácteos, cárnicos (cerdo, pollo, res), y hasta la tilapia, resultaban alimentados con productos de origen transgénico. Estas cifras y estas proporciones no deben haber variado mucho a cuatro años de la presentación de la indicada propuesta. Por el contrario, la validez de la misma se ha acrecentado.

Ahora bien, según los proponentes, con la nueva cadena agroalimentaria está sustentada en tres principios: sostenibilidad ecológica, viabilidad económica y responsabilidad social.

Lo que nos interesa dejar claro es que la preocupación sindical en cuanto a la generación de propuesta ha abarcado hasta este sensible ámbito de la soberanía y de la seguridad alimentarias; es decir, teniendo en mente una visión-país centrada en la recuperación de la senda del bien común y de la integración y la movilidad sociales, buscando que los y las costarricenses produzcamos lo que nos debemos comer como alimentación básica y realmente nutricional; se muestra así un esfuerzo sindical responsable, el que no es del interés de los mass-media comerciales e ideológicamente matriculados con el fracasado neoliberalismo.