Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Una de las demandas que generan mayor atención, planteadas con ocasión de la histórica manifestación de los cuerpos policiales del país, ocurrida este lunes 24 de junio, tiene que ver con el delicado debilitamiento que sufren los mismos en cuanto al recurso humano; una circunstancia que no han querido atender las autoridades políticas de los últimos gobiernos, precisamente por los fundamentalismos dogmáticos que dominan las cuestiones relacionadas con la política macroeconómica y fiscal del país.

En tal sentido, resulta dramática la situación que se vive en los parques nacionales y en las áreas protegidas de nuestro país. Se le pregona al mundo que somos un país “verde” y que el 25 % del territorio nacional está ecológicamente destinado a su preservación. Éste es uno de los mejores “ganchos” para la atracción del turismo internacional.

Sin embargo, estamos mostrando una doble moral pues se está perdiendo esta ventaja comparativa que se ha tenido en cuanto al mercadeo turístico, dado que el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común y la caza furtiva están arrinconando al escaso y desprotegido personal del servicio público de guardaparques; cuyos trabajadores se sienten impotentes y en total estado de indefensión para asumir tantos frentes abiertos a la vez, en materia de seguridad y de preservación de las áreas verdes del país. Mal pagados, precariamente dotados de herramientas y de tecnología y sobre-explotados, exigen más personal.

Otro caso de irresponsabilidad política de la clase hegemónicamente gobernante tiene que ver con la carencia de personal en la policía migratoria del país. Sin caer en xenofobias, la realidad es que a nuestro país entra “Raymundo y todo el mundo” con la mayor facilidad. Las fronteras nacionales están, prácticamente, abiertas y el escaso personal, también mal pagado, extenuado y sobre-explotado, sigue sin reforzamiento estratégico.

Por ejemplo, en los aeropuertos internacionales del país crece la llegada de turistas y con bombos y platillos se anuncia que más líneas aéreas abren rutas de acceso directo desde sus lugares de origen al territorio nacional. Pero la agilidad de la tramitación sufre en cuanto a celeridad por la escasez de personal.

El colmo de esta penosa situación es el fuerte reclamo de que hemos llegado a punto tal de irresponsabilidad, de que está haciendo falta personal de control aéreo, algo que nos hace corre el riesgo de que seamos un país que cae en el ridículo al respecto, por graves problemas de seguridad aérea.

En cuanto a la carencia de personal para la importante labor de la seguridad en las carreteras, la situación es igual de grave. Se ha determinado que, al menos, hacen falta unos 1.000 oficiales de tránsito para atender el fenómeno psicosocial que acontece en las carreteras del país con conductores en alto grado de estrés, de tensión, de agresividad, por la acumulación de una serie de factores que vuelven más peligroso el transitar por las rutas nacionales.

No hay palabras para expresar la realidad que vive el sacrificado y disminuido cuerpo de oficiales fiscales del país, encargado de combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Cuesta creer que un país con una cifra de evasión tributaria superior a los 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), tenga 100 policías en este cuerpo policial.

La magnitud de la irresponsabilidad política de la gente que controla el real poder en este país al respecto, no tiene perdón de Dios. El robo de impuestos es un crimen contra toda la sociedad y debería ser estratégicamente prioritario su combate para una buena fe gubernativa centrada en la promoción del bien común y de la inclusión social. ¡No la hay!

El déficit de personal policial penitenciario es, igualmente, preocupante en grado sumo. Si no fuera por su altísima vocación de servicio público, el país habría presenciado y vivido dolorosos episodios de violencia intramuros carcelarios como se han dado en otros países, con muertes incluidas.

Igualmente, el cuerpo policial más grande del país, la Fuerza Pública, tiene grandes dificultades para atender los crecientes desafíos de seguridad ciudadana en un país que, dolorosamente, está apostando por la desigualdad, por la concentración de la riqueza, por el alto desempleo y la no menos alta informalidad; amén de que la violencia y el crimen organizado muestran un desarrollo criminal muy cualitativo y el Estado no está haciendo lo correspondiente con relación al fortalecimiento, en todos los ámbitos, incluido más personal, con su fuerza pública.

Hay que enfrentar con mucha fuerza, unidad, solidaridad y argumentos, la perversa política neoliberal de satanización del empleo público, especialmente en el campo de la seguridad ciudadana y en todos los cuerpos policiales que sirven a la misma. En eso estamos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Por la defensa del ICE y el modelo eléctrico nacional”, es el lema principal que ha llevado a varias estimables personas de mucha notoriedad en nuestra sociedad costarricense actual a conformarse en un grupo civil al que ha denominado como “Unidos por el ICE”.

Creemos nosotros que se trata de un acontecimiento muy relevante, muy necesario y muy significativo, dado el carácter del enfrentamiento de clase que se está dando en estos momentos, sumamente agudo, cuando las fuerzas más reaccionarias del capital neoliberal pujan con muchísima intensidad por apropiarse de lo poco que queda del que fuera el patrimonio más rentable de los servicios públicos estatales; amén de propiciar la instauración de un peligrosísimo autoritarismo en contra de las libertades democráticas.

Estos notables costarricenses nos indican que son “ciudadanas y ciudadanos costarricenses provenientes de distintos lugares sociales y afines de diferentes corrientes de pensamiento económico, político e ideológico; con el denominador común de comprender la importancia que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha albergado y alberga en el desarrollo económico y social de nuestro país y entendiendo la importancia que tienen para los habitantes de la República las bondades del modelo eléctrico nacional”. En su proclama nos comparten que decidieron conjuntarse “para la defensa activa del ICE y del Modelo Eléctrico Nacional”.

Nos dan diez razones para asumir una activa posición ciudadana al respecto. De seguido se las compartimos como han sido formuladas:

• 1. En los últimos meses, hemos estado dando seguimiento a noticias, de cuyo análisis se desprende que una vez más se ha puesto en marcha una nueva ofensiva contra el ICE y el Modelo Eléctrico Nacional.
• 2. Desde nuestra perspectiva ciudadana, dicha ofensiva se motiva en intereses económicos sectoriales, que desde hace mucho tiempo esperan el momento oportuno para ejecutar lo que no pudieron hacer en el año 2000: cambiar el modelo histórico del ICE en beneficio de pequeños grupos de poder que manejan la economía y la política del país.
• 3. Por lo anterior, al igual que a miles de compatriotas, nos genera suma preocupación lo actuado por el Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia, el Ministro de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y parte de la Administración Superior del ICE, quienes, a través de múltiples declaraciones, despliegan un discurso mediático que, dibujando el supuesto estado crítico del ICE y sus empresas, crea el clima perfecto para que los competidores y opositores del ICE avancen en su ofensiva contra el Instituto y el Modelo Eléctrico Nacional en busca de la venta y/o la apertura del mercado eléctrico costarricense.
• 4. Al igual que miles de compatriotas, creemos que la posición de estos jerarcas se debe a que el Gobierno se allanó a la política de esos intereses económicos sectoriales, ajustando sus decisiones a los grupos de presión que desde hace larga data promueven intereses económicos contrarios al ICE y al modelo eléctrico nacional.
• 5. Igualmente crea enorme preocupación ciudadana ver a la Alta Administración del ICE, especialmente a su Presidenta Ejecutiva, en la misma sintonía de dar declaraciones que facilitan el camino a los grupos de presión interesados en hacer creer a la ciudadanía que el modelo del ICE está acabado, idea que facilita su ruta de cambiar el modelo y papel histórico que ha desempeñado el ICE en la sociedad costarricense.
• 6. Con tal actuar, la presente Administración Superior del ICE contribuye al gran daño que al Instituto le han hecho jerarcas de Administraciones pasadas, cuya deslucida gestión afectó gravemente al Grupo ICE.
• 7. El discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE, omite, no menciona, o esconde, que el estado de resultados lo forzaron negativo producto de pasar la inversión realizada del proyecto Diquís en libros a pérdidas, obviando que el estado de resultados no representa la verdadera situación de los negocios de la empresa. Tal estado de resultados debe verse dentro de un contexto más amplio, junto a los demás estados financieros de la Institución, incluyendo sobre todo los flujos de efectivo proyectados que pueda tener el Instituto. Se debe recordar también que los estados financieros de una empresa son un síntoma de varios factores internos y externos relacionados con ella y no la causa verdadera de los problemas empresariales.
• 8. Desde su fundación en los orígenes de la Segunda República, el ICE ha sido motor de desarrollo económico y social, catalizando la política económica, contribuyendo activamente con la movilidad social ascendente de distintas capas de la sociedad costarricense, pero, además, dinamizando el sector productivo nacional. Es el ICE un bien estratégico del Estado Social que quieren desmantelar, y del pueblo de Costa Rica que quieren empobrecer.
• 9. De la mano del ICE y luego de 70 años de desarrollo eléctrico, nuestro país ha creado un modelo eléctrico nacional que ha proporcionado bienestar al pueblo de Costa Rica sin distingo de clase social, que ha sabido dinamizar la economía a través de distintos encadenamientos productivos y que ha logrado una matriz eléctrica renovable que ha alcanzado reconocimiento de talla mundial y es hoy orgullo de la identidad nacional costarricense. Esto alcanzando cobertura nacional bajo principios de solidaridad sobre todo con los habitantes de las zonas más alejadas y empobrecidas del país.
• 10. Finalmente planteamos ser seguidores de un modelo de Estado Social y Solidario, conformándonos como grupo que velará por el ICE y cualquier intento de privatizar o desmejorar los servicios que deben seguir estando al servicio de la sociedad. Lo anterior integrando esta iniciativa ciudadana UNIDOS POR EL ICE.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

“Estudiante dice que hay filibustero gobernando”. Así tituló en su primera página el Diario Extra, el más leído y el de mayor circulación del país, en su edición del pasado sábado 15 de junio, dando cuenta del emotivo acto de conmemoración de los 100 años de la caída de la dictadura de los hermanos Federico y Joaquín Tinoco Granados, quienes habían usurpado el poder de la República dándole un Golpe de Estado, en 1917, al presidente de entonces, don Alfredo González Flores.

Como sabemos, pese a que la historia oficial no calibra bien la relevancia de tal acontecimiento, un movimiento cívico conducido por educadores, estudiantes, intelectuales y otros ciudadanos, se rebeló, se sublevó, en el año 1919, contra el arbitrario gobierno de facto que encabezaba el dictador Federico Tinoco Granados y, mediando una acción cívica militante, vía lo que hoy conocemos como la Democracia de la Calle, lo derrocaron.

Los y las jóvenes estudiantes de aquel entonces, específicamente del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas y del Colegio Seminario, fueron protagonistas de primera línea para el restablecimiento de la Democracia.

Resulta extraordinariamente emocionante, conmovedor y gratificante, que sus pares, 100 años después, nos recuerden ese episodio de nuestra historia Patria; hecho histórico que debería ocupar un sitial de honor anual en las conmemoraciones principales del país y resaltarse por siempre.

Que esa muchachada estudiantil de tan legendarias instituciones educativas, 100 años después, lo conmemore y con su estremecedor mensaje, en verdad que constituye un evento de altísimo calibre cívico. Lo que ocurrió el pasado sábado 15 de junio debe ponernos a pensar. Afortunadamente, gracias a Diario Extra, no pasó desapercibido.

El joven Adriel Delangton Barquero, Presidente del Gobierno Estudiantil del Liceo de Costa Rica, fue contundente al afirmar: “Nosotros debemos ser fiscalizadores y protectores de la República, así como lo fuimos hace 100 años con la caída de los Tinoco”. ¡Qué clase de ejemplo nos da él, en especial en estos tiempos de tanto desaliento cívico!

Pero este otro pensamiento del joven dirigente estudiantil liceísta, es todavía más profundo: “También nos topamos y seguiremos encontrando con filibusteros y Tinocos modernos que buscan desangrar a nuestra Patria, no con látigos ni armas, pero sí con amenazas a nuestros derechos como ciudadanos”.

¡Es impresionante! Según la nota de prensa en comentario, el estudiante Adriel Delangton Barquero estima que “hay proyectos en el Congreso que amenazan el Estado de derecho, las garantías sociales e individuales y los grandes avances que el país ha logrado a lo largo de su historia”.

Estos criterios, con toda seguridad avalados por la dirigencia de los otros dos colegios participantes en el acto cívico del pasado sábado 15, representan una enorme estimulación para la dura lucha popular y social que, en estos momentos, muchas personas y grupos patrióticos libran, para tratar de enfrentar la más fuerte ofensiva de los sectores económicamente poderosos para los cuales, el dinero es lo que importa y no la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, como los y las patriotas de las jornadas de calle del mes de junio de 1919, contra la dictadura de los Tinoco; como la extraordinaria participación de la educadora y luchadora social Carmen Lyra, cuyo legado es eterno.

El mensaje del joven estudiante Delangton Barquero fue más específico en cuanto a la responsabilidad de sus congéneres de edad y de época, al instarlos para que la juventud actual de nuestra Patria sea abanderada del bien común y de la lucha en favor de quienes padecen injusticias: un altísimo porcentaje de la población nacional de hoy día.

El espíritu cívico del Paseo de Los Estudiantes nos convoca, sin duda alguna. Los otros Tinoco vienen, hace ya bastante rato, transformando de manera radical la sociedad por la cual se luchó, hace 100 años, en el Paseo de los Estudiantes; entre otros notables episodios magistrales de nuestra historia republicana, varios de los cuales han sido miserablemente invisibilizados, desvalorizados, ocultados, como éste.

Se requieren altísimas dosis de desprendimientos personalistas, caudillistas, hegemonistas para poder atender, con mejor perspectiva, la naturaleza del llamado de la juventud estudiantil del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas y del Colegio Seminario que formularan el pasado sábado 15. La esperanza no la perdemos.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Señora Rocío Aguilar Montoya: usted debe abandonar el Gobierno de la República, dejando cuanto antes el Ministerio de Hacienda.

Durante 4 años, de 2013 a 2017, usted formó parte del Comité de Inversiones de Aldesa, cuyo máximo jerarca financiero-empresarial, Javier Chaves Bolaños, al momento de escribir este artículo, estaba bajo rejas, detenido.

No sabemos si él tendrá la “suerte” del gran estafador, del mismo conglomerado empresarial, el señor Yankelewitz (Yanber), al que le dieron casa por cárcel.

Doña Rocío: Usted tiene información privilegiada de lo que pasó con la plata de los cientos de inversionistas de Aldesa; usted debe conocer adónde fueron a parar los 200 millones de dólares hoy “perdidos”.

Usted, doña Rocío, debe presentarse de manera voluntaria ante el Ministerio Público luego de abandonar su cargo y declarar todo lo que sabe sobre las inversiones de Aldesa, durante esos 4-5 años de ejecución de las maniobras financieras que hacía el señor Chaves.

El principio constitucional de presunción de inocencia le asiste, pero su permanencia en este ya muy desprestigiado Gobierno la deslegitima en grado sumo.

Ya, de por sí, su conducta política deja mucho que desear, si consideramos su ilegal proceder al saltarse la Constitución, disponiendo recursos para pago de deuda pública al margen de la propia Asamblea Legislativa. 

Usted forma parte selecta de esos poderes fácticos, ideológico-hegemónicos que han venido controlando la política macroeconómica-fiscal de los últimos Gobiernos; y que se le impone a la gente pese a que esta votó por otra cosa radicalmente distinta. 

Doña Rocío: su fundamentalismo ideológico en materia fiscal está llegando a extremos intolerables, pues aparte del fracaso de su más preciada creación, el combo fiscal (ley 9635); usted insiste en extremizar el ataque salarial al empleo público con el Decreto Ejecutivo No. 41729-MIDEPLAN-H, firmado por usted junto a su lugarteniente ideológica, en su aversión patológica al empleo público, doña Pilar Garrido Gonzalo, la ministra del Mideplan. 

Sabemos del malestar de propios compañeros suyos, del Consejo de Gobierno, que refunfuñan y hablan a sus espaldas de sus draconianas medidas fiscales extremas y extremistas. 

Doña Rocío: Alvarado no la va a destituir. Él no manda en este ámbito de la política pública de lo macrofiscal de corte neoliberal. ¡Déjelo! Ya lo ha hundido lo suficiente.

Tal vez yéndose usted (y todo lo que usted representa), a lo mejor él decide “reconciliarse” con sus estafados políticos: por ejemplo, los miles de empleados públicos vilipendiados por usted y por sus congéneres ideológicos (como “los Aldesa”), que le creyeron a Alvarado y su cuento de evitarle al país “el reino de Satanás”.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

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Cada una de esas cantidades, representan el pago de intereses de usura que miles de costarricenses, personas y empresas, pagan constantemente, de manera inmisericorde; convirtiendo a los sectores económico-empresariales receptores de semejantes cantidades de dinero, en uno de los grupos más poderosos del país, con fuerte incidencia en la gestión gubernativa y con suficiente fuerza como para haber bloqueado, durante tantos años, que algo de control hubiese en esa materia del cobro de los intereses de usura.

Los intereses de usura que se cobran en tarjetas de crédito, en la compra de electrodomésticos, en intereses de préstamos bancarios, créditos personales, casas de empeño y similares, representan uno de los más fuertes desencadenantes del proceso de desigualdad que sufre la sociedad costarricense.

Se está hablando de una cantidad equivalente a 6.57 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, poco más de 5 veces el monto a recaudar por parte del fisco con el detestado paquetazo de impuestos, ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Es decir, otro tipo de política fiscal, más afín a la gente y al bien común, pudo haber establecido un impuesto de un 1%, o de un 1.20% al cobro de intereses de usura, poniendo fuertes frenos-límites al cobro de los mismos, de tal suerte que los emisores de tarjetas y los prestadores de plata, recibieran un 20% menos en sus ganancias y, pese a ello, éstas seguirían siendo astronómicas y hasta obscenas; y, por el contrario, la mayoría de la gente sería beneficiada y, por supuesto, las mismas finanzas públicas con impacto en la desaceleración del déficit fiscal.

El insistente reclamo obrero por una fuerte regulación en tal sentido, es una consigna sindical muy vehemente levantada hace bastante tiempo; al punto de que fue un emplazamiento directo de nuestra parte, con ocasión de la pasada campaña electoral presidencial, a los dos candidatos presidenciales (Carlos Alvarado Quesada y Fabricio Alvarado Muñoz), quienes afirmaron, en ese entonces, estar de acuerdo en proceder al respecto.

Vemos con buenos ojos que se esté anunciando la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 20.561, que pretende poner algo de control y de razonabilidad al desenfreno que ha representado el cobro de intereses de usura.

Posibilitar algo de freno a tal exceso de esa acumulación de capital desenfrenada, puede convertirse en uno de los factores que impacten un proceso, integral y articulado, de reactivación económica; pues significaría -entre otras posibilidades-, que familias altamente endeudadas y sacrificadas, financieramente hablando por esos intereses de usura, tendrían mayor liquidez para depositarla en el mercado interno de bienes y servicios, especialmente en compras a micro-pequeñas y medianas empresas.

Según datos en manos de los diputados promotores de esta iniciativa, el interés promedio en los almacenes que venden a crédito electrodomésticos, es del 60% y este tipo de consorcios megaempresariales, altamente concentrados en cuanto a su propiedad, se estarían ganando unos 883 mil millones de colones anuales en este tipo de intereses de usura; es decir, 2.52 puntos PIB. ¡Ganancias extraordinariamente abusivas! Nos preguntamos: ¿y cómo han sido sus declaraciones de impuestos?

La corriente sindical que representamos someterá a un exhaustivo análisis esta relevante iniciativa, de forma tal que la misma no represente “un alegrón de burro”, pues como dice el sabio refrán popular, “el diablo está en los detalles”.

Es más que evidente la naturaleza del poderío económico de estas entidades acreedoras bancarias y de los grandes consorcios empresariales detrás del negocio de los créditos a la gente.

Por tanto, se hace más que necesario que las entidades sindicales y civiles, le sigan la pista a la tramitación de esta iniciativa de ley, prácticamente, a diario, sin dejar de pronunciarse apoyando que este proyecto sea ley lo más rápidamente posible.

Cualquier materialización concreta en torno a una especie de agenda-país, distinta a la que está carcomiendo el tejido socioeconómico de la Democracia en estos momentos, deberá incluir como uno de sus contenidos fundamentales, la regulación legal del cobro abusivo de intereses de usura.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Gracias a la acción más que oportuna del señor diputado don José María Villalta Florez-Estrada, hemos podido conocer otra de las facetas más vergonzosas y más injustas del no menos injusto sistema de impuestos de este país: las amnistías tributarias.

La más reciente regalía de los neoliberales en el poder, fue incluida en la detestada ley del combo fiscal, No. 9635, mal llamada Fortalecimiento de las finanzas públicas; dentro de la cual se incluyó una disposición para otorgarle amnistía tributaria a los evasores-elusores de impuestos.

Recordemos que el actual presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, ha sido acusado por varios sindicatos judiciales de que él mismo, destacado promotor de esa ley y que la misma se concretó con su propio voto, se habría beneficiado de la misma, pues habría sido uno de los amnistiados tributarios.

El despacho del indicado legislador nos compartió los datos que a regañadientes le entregó la neoliberal Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, en el sentido de que la amnistía tributaria, el perdón tributario a los deudores de impuestos, ascendió a la enorme suma de, prácticamente, los 195 mil millones de colones (195.000.000.000), equivalentes a 0.55% puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Este montón de plata que debió entrar a las debilitadas arcas públicas, es porque con esa amnistía tributaria, los evasores recibieron perdón de sanciones y perdón en cuanto a pago de intereses acumulados por esa mora tributaria.

Pero, lo más notorio de esa amnistía tributaria es que, pese a que hubo 14 mil beneficiarios de las mismas, solamente 25 de ellos concentraron el 90% del dinero que se dejó de recaudar por ese perdón tributario incluido en la ley del combo fiscal, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Los de arriba”, ¡perdonados! (amnistiados)… “Los de abajo”, ¡garroteados! Veamos estos datos que reflejan esta nueva injusticia con el tema de los impuestos en nuestro país:

A Durman Esquivel le perdonaron -amnistiaron-, 10 mil 313 millones de colones (10.313.000.000); a Florida Capitales S. A., casi 1.151 millones (1.151.000.000); a Productora La Florida, 1.119 millones de colones; al Banco BCT, 1.123 millones; a la Standard Fruit Company, 24 mil 521 millones; a Café Rey, 1.070 millones de colones; a Banco Promérica, 852 millones de colones…

¿Es esto justo? ¡Por supuesto que no! Si bien es cierto esos 14 mil contribuyentes tributarios amnistiados pagaron al fisco 207 mil millones de colones (0.59 puntos del PIB); el perdón tributario recibido de los casi 195 mil millones de colones, será repuesto mediante el impuesto al valor agregado (IVA), a la canasta básica durante seis años seguidos.

Es decir, y según los cálculos del diputado Villalta, las familias asalariadas, las familias desempleadas, las familias en pobreza extrema, las familias altamente endeudadas; deberán sacar, a partir de julio próximo, de sus raquíticos ingresos, 33 mil millones de colones anuales para reponer los 195 mil millones de colones amnistiados a, prácticamente, esos 25 contribuyentes como los que acabamos de citar. Por supuesto, que este dato es para efectos de ejemplificar cuán injusto es el sistema tributario costarricense.

¿Queda claro, entonces? En materia de impuestos, “los de arriba”, ¡perdonados!; “los de abajo”, ¡garroteados!

Y a propósito de este nuevo cuadro-escenario de lo perverso que es el actual sistema tributario nacional, debemos emplazar (nuevamente), al señor Carlos Alvarado Quesada, quien como cabeza principal del Poder Ejecutivo se presentó ante la Asamblea Legislativa, el pasado 2 de mayo y leyó el documento por él denominado Estado político de la República y los asuntos de la Administración; para indicar lo siguiente: “Debemos también aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panama Papers, como lo referencia al secreto bancario”.

Efectivamente, los proyectos de ley derivados de la investigación legislativa de los Papeles de Panamá, abren el camino para una ruta de transformación estructural de ese perverso sistema tributario; y, además, abren una seria oportunidad de considerar alternativas de reactivación económica que tanta urgencia representa en estos momentos, dado el mal estado de las cosas actuales en el país.

Entonces, ¿por qué no abre la discusión nacional al respecto?; ¿por qué no convocar a una mesa nacional, multisectorial, de trabajo al respecto?; ¿por qué no hablarle al país con claridad cuáles son esos proyectos de ley?

La respuesta es obvia: el verdadero real poder en estos momentos es, precisamente, el gran perjudicado con esos proyectos de ley si éstos llegaran a aprobarse. Entonces, ¿por qué el señor Alvarado habló de ellos en su mensaje del 2 de mayo al parlamento? ¡Vaya usted a saber!

No habrá forma de salir adelante en este país, si una transformación estructural como la tributaria no se emprende con toda la potencia política que requiere.

Ellos, “los de arriba”, los del real poder, seguirán robando impuestos, eludiéndolos, evadiéndolos, amnistiándose, perdonándose intereses y multas…; hasta que “los de abajo”, que también representan un real poder, se decidan actuar, articuladamente, para desplazarles del control de la hegemonía política que hoy les permite tanta impunidad.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Cada joven costarricense que en estos momentos se encuentra en el desempleo, en la informalidad, en la delincuencia, es una muestra dolorosa del fracaso de las políticas económicas de los últimos gobiernos, incluidos -por supuesto-, los del Partido Acción Ciudadana (PAC).

No nos reponemos del impacto que nos ha generado el conocer, según la más reciente encuesta que acaba de salir a la luz pública, que el 60% de la muchachada entre los 18 y los 24 años de edad, desea irse de Costa Rica, desea migrar a países como Estados Unidos o Canadá.

Este tipo de sentimiento de las personas jóvenes, en cuanto a la desesperanza que les embarga acerca de su futuro en el suelo que les vio nacer, solamente se conocía en países centroamericanos como Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Que Costa Rica esté ya creando las condiciones para expulsar de su propio suelo a gran cantidad de personas jóvenes, no puede sino señalarlos con contundencia que el país va por un rumbo económico-social más que equivocado; que nos llevan al despeñadero, que vamos en caída libre hacia el abismo de la desigualdad.

Lo hemos, reiteradamente dicho; lo seguiremos diciendo.

Esta gente del poder real, mediante sus medios de comunicación, todos los días vive envenenando a la sociedad acerca de lo “pernicioso” que significa la acción directa de la política pública, la intervención abierta del Estado, para propiciar condiciones sólidas de tránsito de nuevas rutas para la inclusión social y para la promoción del bien común.

Pero si lo que están dejando en evidencia sus políticas económico-fiscales es que su apuesta por el “todo mercado-nada Estado”, ha fracasado; y que la satanización extremista de lo público se les ha convertido en un boomerang, por el abrumador repudio ciudadano que han concitado ante la imposición de ese rumbo equivocado.

Este doloroso dato de la alta cantidad de jóvenes que quieren irse del país, se une a una cadena de realidades socioeconómicas que nos gritan en la cara de que el modelo económico vigente debe cambiarse.

Ese modelo centrado en la priorización absoluta en el equilibrio macro-fiscal fanático, ideológicamente concebido como el único posible; ese modelo que está enfermizamente obsesionado con un pago a ciegas de la deuda pública y de sus obscenos intereses, sin cuestionarse si ello puede manejarse de otro modo; ese modelo centrando en la corrupta permisividad para que el megacorporativismo empresarial eluda, por todas las vías posibles, su responsabilidad tributaria para con la sociedad; ese modelo centrado un sistema tributario para castigar a los que sí, realmente pagan sus impuestos; repetimos, ese es el modelo fracasado que está ya creando las condiciones para la expulsión del país de toda esa juventud desalentada, decepcionada, desesperanzada.

Las alternativas están. Pero falta un poderoso músculo social y cívico-patriótico que le quite la hegemonía a esas políticas y a sus ejecutores. Todos esos jóvenes que se quieren ir del país, les están señalando con dedo acusador; y, a la vez, nos reclaman la inacción de quienes sí estamos en condiciones de hacer algo estratégico al respecto.