Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¿Cómo se conquistó en Costa Rica la jornada de 8 horas? Hace unos días, el reconocido y prestigioso historiador nacional, don Vladimir de la Cruz de Lemos, hizo circular en redes sociales un oportuno e interesante comentario acerca de cómo fue que en nuestro país se adoptó la histórica jornada de 8 horas:

“En Costa Rica la movilización obrera, cada 1 de mayo, se empezó a realizar, desde entonces, en 1913 y, la jornada de 8 horas diarias se aprobó, como resultado de luchas y huelgas que se dieron en 1920, cuando a finales de enero se inició esta lucha en trabajadores del sector público, que se generalizó a otras actividades laborales, y en diciembre de 1920, el Presidente Julio Acosta García, mediante un Decreto reconoció el derecho de organización sindical, el derecho de huelga y el establecimiento de la jornada de trabajo en 8 horas diarias, junto con un aumento de salarios”.

¡Nada le ha sido regalado a la clase trabajadora! Ni a nivel mundial ni a nivel nacional. Sangre, sudor y lágrimas ha habido para que tengamos, como derecho sagrado, la jornada de 8 horas; desde que el movimiento obrero internacional y, particularmente, el estadounidense, inició esta gran cruzada de humanización del trabajo, en 1886.

La autorizada voz de don Vladimir nos refresca la memoria acerca de lo que pasó en nuestro país cuando se logró la jornada de 8 horas: a) fue en 1920; b) en el gobierno del Presidente don Julio Acosta García; c) mediante la presión organizada, incluso mediando la huelga; d) impulsada esta lucha por clase trabajadora empleada pública; y e) esa lucha generó, además, el reconocimiento de la organización sindical, el derecho de huelga y hasta un aumento de salarios.

Así que, señorones del capital, ¡con nosotros no cuenten! No vamos a ser cómplices de este nuevo asalto a la Constitución Política de 1949, pues la jornada de 8 horas está incluida como derecho pétreo en nuestra Carta Magna; no vamos a entregarla, prácticamente, piedra angular del Código de Trabajo que la incluyó, en medio de las grandes jornadas de movilización obrera y social en la primera mitad de la década de los años 40 del pasado siglo XX; no vamos a avalar derogatorias flagrantes que tenemos como país en este sentido, de la jornada de 8 horas, con relación a compromisos jurídicos de alcance mundial, como el Convenio No. 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los diversos tratados de Derechos Humanos que, como Estado-Parte de los mismos, hemos jurado respetar, aplicar y someternos a sus dictados. Algunas personas, cuya buena intención recocemos, plantean que se derogue la jornada de 8 horas para que se aplique la jornada 4×3 solamente en zonas francas. ¡Por Dios Santo!

Algunos de esos esos señorones del capital han venido abusando, usurpando y desnaturalizando lo que, en principio, fue el objetivo estratégico de las zonas francas: atracción de intervención extranjera. Han venido trasladando sus consorcios de negocios a tal régimen, para evadir el pago de impuestos. Hasta una denuncia penal al respecto está planteada ante el Ministerio Público por ello. 

El objetivo fundamental de este proyecto de Jornada 4×3 es eliminar el pago de horas extra. Punto. Ya nadie engaña a nadie.

Finalmente, la responsabilidad política fundamental a nivel parlamentario es la del PLN. Doña Laura Chinchilla Miranda dice que en el Parlamento la verdadera oposición es el Frente Amplio. ¡Cierto! El PLN ha renunciado a ello pese a algunas voces socialdemócratamente consecuentes. Viene la prueba de fuego: Si les dan a los votos a Chaves Robles para “su” proyecto jornadas 4×3, se hundirán sin remedio.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Pocos días antes de que tomara posesión del cargo presidencial el señor Rodrigo Chaves Robles, recibió una carta de la corriente sindical en la cual militamos. En ese documento, y entre otras temáticas, abordamos el tema de la política salarial y su relación con la reactivación económica para el mercado interno. Nunca recibimos respuesta (la verdad es que nunca creímos que la daría).

En ese documento (disponible en www.anep.cr), indicamos la urgencia de que esa reactivación económica con énfasis en el mercado interno, pase por una revaloración integral del salario mínimo; comprendiendo que esto es de urgente definición e implementación para ampliar su poder de compra, para aportar en la reducción del crecimiento de la desigualdad y para evitar la precariedad salarial que no posibilita salir de la pobreza.

Los gobiernos de los últimos tiempos, por supuesto, no han considerado para nada un cambio estructural de la política salarial, especialmente, la del salario mínimo, para vincularla con una línea de mejoramiento de la distribución del ingreso. Suele hacerse bulla con relación a cifras de crecimiento, pero en las esferas del poder político, tanto el real como el formal, aumentar la capacidad adquisitiva del salario mínimo es un tema tabú.

Leímos la siguiente frase en la publicación digital El Banco Mundial en Costa Rica: “Un sólido desempeño económico en 2021 y la disciplina del gasto permitieron una consolidación fiscal más rápida de lo esperado y permitieron una mejora en los resultados sociales y en el mercado laboral. El Producto Interno Bruto (PIB) se recuperó un 7,8 por ciento en 2021 después de la mayor caída en cuatro décadas en 2020”. (https://www.bancomundial.org/es/country/costarica/overview#:~:text=El%20Producto%20Interno%20Bruto%20(PIB,en%20cuatro%20d%C3%A9cadas%20en%202020).

Ni siquiera reportes de este calibre, mueven a una discusión de fondo sobre el tema de la política salarial en cuanto a salario mínimo, y la conexión de la misma con redistribución de la riqueza y de la reducción de las desigualdades.

En estos momentos la Asamblea Legislativa está “ardiendo” por la discusión de un proyecto de ley que, en nuestro criterio, apunta en la dirección incorrecta: más precarización salarial, más explotación de la fuerza obrera, menor aporte patronal a la seguridad social, más discriminación laboral por género, menos productividad, más deterioro de la salud ocupacional y más autoritarismo en la relación capital-trabajo. Hablamos de la jornada 4×3.

La modificación a, si se quiere, la máxima conquista de la clase obrera internacional, la jornada de las 8 horas, nos lleva a repudiar un abordaje tan parcial de lo que es el empobrecimiento de la fuerza asalariada que está sujeta a la “dictadura” del salario mínimo.

Aparte de haber ya planteado nuestra contundente oposición a la traición al legado histórico-obrero, conquistado a sangre y fuego, que significa modificar la jornada de 8 horas; valga la ocasión para señalar que cualquier intento partidista por apegarse a los valores de la socialdemocracia clásica de justicia social, no solamente implican la defensa de tal legado, sino que obligan a reflexionar sobre y corregir el estado de postración y de precariedad sociolaboral y familiar a la que ha estado sometido la clase trabajadora dependiente del salario mínimo.

Y digo “cualquier intento partidista”, sin referirme a ninguna colectividad política en particular, pues creemos que la Socialdemocracia, especialmente la clásica, hoy está más huérfana que nunca en este país.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

A 110 años de tan sublime ocasión, si pensamos que fue en 1913 la vez primera que en nuestra patria se conmemoró la gesta histórica del Primero de Mayo, nos juntamos, una gran diversidad organizacional y sectorial, este pasado lunes en el Parque La Merced, en el marco de una Costa Rica prácticamente irreconocible: totalmente desigual con grandes sectores excluidos, de manera radical, de los beneficios del crecimiento económico.

Nos encontró el Primero de Mayo con una Costa Rica que convirtió a la concentración de la riqueza en su problema número uno por la preservación de un sistema tributario injusto y corrupto.
Llegó el Primero de Mayo y encontró a la clase trabajadora asalariada (pública y privada), con salarios congelados y precarizados, altísimamente endeuda y con severos problemas de liquidez; además, con un sector agropecuario nacional a punto de su liquidación y extinción total.

Este Primero de Mayo de 2023 nos muestra un centro de poder real constituido por una escandalosa colusión de intereses públicos y privados, formadora de una élite banquero-financiera controladora de los poderes públicos. También, este Primero de Mayo nos encontró con un endeudamiento público colosal y su correspondiente y más que obsceno pago de intereses que desequilibra los programas de bienestar y asistencia social.

Llegó este Primero de Mayo y constatamos que la violencia criminal y delincuencial y su parte más descarnada, el ilegal negocio organizado del tráfico de drogas, sigue poniendo en jaque a la propia institucionalidad republicana con su sostenido proceso de infiltración, que ya no solamente abarca los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también al Judicial.

Conmemoramos este Primero de Mayo y, nuevamente, hemos sido testigos de un nuevo y perverso ataque artero a la misma democracia: los pactos políticos “de los de arriba”; los cuales siguen vulnerando la confianza de la ciudadanía trabajadora en sus gobernantes y asoma, con toda crueldad, el carácter de una nueva estafa política.

La vieja y la “nueva” clase gobernante con la repudiable práctica del pacto y de la componenda, asesta un nuevo golpe a la moral obrera y ciudadana: El Pacto de los Rodrigo en contra de un pilar hasta hoy sagrado de las conquistas obreras universales y nacionales, la jornada de 8 horas. Cruzaron la línea para abrir la ofensiva del capital neoliberal en contra de la esencia misma del Estado Social de Derecho y varias de sus instituciones legales, sociales y republicanas más emblemáticas, como la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

No podía darse una más macabra respuesta político-patronal por mayor justicia obrera y social que esta: que se dé en el marco de la conmemoración histórica del Primero de Mayo la decisión del ataque a la más que sagrada conquista de las 8 horas.

Hoy más que nunca está más que transparente el desafío de los sectores sociales, laborales, cívicos y patrióticos: construir una gran unidad, al menos, en la acción.

Hoy en día, hay muchas más razones para la unidad y esa gente, “los y las de arriba”, nos las viene indicando con su accionar de los últimos tiempos. Al respecto, es alentador: este Primero de Mayo nos encontró pensando en que es más lo que nos une que lo que nos separa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Y llegó el Primero de Mayo! Este próximo lunes, en el Parque La Merced, participaremos de la más sagrada conmemoración obrero-social de la clase trabajadora mundial: el Primero de Mayo. De seguido, como marchante le quiero compartir lo que consideramos es la más relevante motivación para participar, en nuestro propio criterio. 

Es esta: “Con base en nuestras propias evaluaciones… el mayor problema que reviste la Costa Rica actual, es la brutal concentración del ingreso que se viene generando año tras año…”. Así lo consignamos en el documento que la corriente sindical en la cual militamos preparó con motivo de una nueva visita de los ‘mega-supervisores financieros’ de la economía costarricense”: la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Además, le indicamos: “…el coeficiente de Gini, antes de impuestos y después de impuestos, no muestra cambio significativo y está en ascenso anualmente, debido a que la fiscalidad está enfocada en las pymes y en los trabajadores y en las trabajadoras, únicamente. Al respecto, Costa Rica muestra el Índice de Gini más alto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”. El Coeficiente de Gini es el método más adecuado para medir la desigualdad de ingresos y la riqueza: puede tener valores entre 0 y 1; entre más cerca del 0 (cero), este un país, menor será la desigualdad que sufre. En Costa Rica, nos vamos acercando al 1 porque la desigualdad es brutal.

Esa gran desigualdad, que hoy está amenazando la paz social y la propia estabilidad democrática del país, tiene una poderosa explicación dada la persistencia de un sistema tributario altamente corrupto y completamente injusto. Sobre esto, a FMI le indicamos como ejemplo, lo siguiente: “…el Régimen de Zonas Francas se está utilizando como un mecanismo de erosión de la base tributaria, ya que se permite que empresas que siempre ha sido parte del régimen tributario definitivo, se trasladen a ese régimen especial, con solo cambiar de personería jurídica; sin que el país aumente la inversión o el empleo, pero sí que se genere una caída importante en la tributación y la consecuente competencia desleal para las empresas pymes que producen los mismos bienes desde el régimen definitivo”.

Le denunciamos al FMI, entre otros aspectos que dan sustento a ese perverso sistema tributario que “… el oligopólico e ineficiente mercado financiero hace que los y las costarricenses y el Estado, paguen tasas de interés promedio y comisiones muy por encima de países con un nivel de desarrollo semejante, consecuencia de un mercado financiero altamente oligopólico y colusionado, el cual tiene demasiados mecanismos comunicantes, expresamente ideados para coordinar acciones y estrategias que han imperado libremente, pero que eliminan tácitamente la competencia. Sólo veamos unos ejemplos de los mecanismos de articulación: Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines, Cámara de Emisores de Títulos Valores, Cámara de Fondos de Inversión, Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, entre otras”.

Contra el congelamiento salarial: A nivel del sector Público, el 2023 representa el cuarto año consecutivo de un congelamiento salarial total para la abrumadora mayoría de quienes prestan sus servicios al Estado. A esta parte de la clase trabajadora asalariada, la hegemonía dominante la responsabilizó del desastre de las finanzas públicas del país, lo cual nunca fue real, tan sólo sirvió para desprestigiar la función pública. Uno pensaría que esta es una gran motivación para participar en la marcha obrero-social del Primero de Mayo y de esta manera, mandar un fuerte mensaje colectivo de repudio a las leyes anti-obreras que se han venido imponiendo contra el bien común de las familias asalariadas estatales.

El salario mínimo, el cual se aplica en el sector privado de la economía requiere, al menos, de dos modificaciones fundamentales: que se vuelva al sistema de revisión y reajuste por costo de vida, dos veces al año, cada semestre. Estuvo vigente la fijación semestral hasta que en el nefasto gobierno PAC-Alvarado, se impuso el sistema de una única fijación por año, en el mes de octubre. Por supuesto que esto agravó la recuperación del deterioro del poder de compra del salario mínimo.

La otra modificación fundamental que requiere el salario mínimo es una redefinición de su cuantía, de conformidad con el elevado costo de la vida que tiene el país; y, a partir de esa nueva cuantía seguir con los reajustes por costo de vida cada semestre. Es bien sabido que, por la vía de salarios justos y dignos, se mejora la distribución de la riqueza y se ayuda a atajar-desacelerar el crecimiento de la desigualdad.

Hay otra parte de la clase trabajadora que está sufriendo demasiado: la que no tiene empleo y/o la que tiene que jugársela, a diario, en la informalidad/en el cuenta-propismo, o como gusta denominarse en el lenguaje oficial, trabajo independiente. Sin exageración, asumida de manera conjunta, se puede afirmar que está ya en un porcentaje tan alto como decir que es la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) del país.

Todas estas modalidades de la población trabajadora del país (incluyendo en ella la migrante), tienen un denominador común: para su salud y la de sus respectivas familias, dependen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), modelo de servicio público de salud único en el mundo.

Es categórica la afirmación de que, a nivel de toda la clase trabajadora, la Caja significa la vida misma; o, el pueblo trabajador no sabe lo que es vivir sin ella. Tiene ya 83 años de fundada y está viviendo, en nuestro criterio, el momento más difícil de toda su historia. Salir a defenderla, a luchar contra sus poderosos enemigos (internos y externos), es un tarea obrero-social de primer nivel para la actual generación de personas trabajadoras. Por eso es que creemos que esto es fuerte estímulo para demostrarle a la clase hegemónicamente dominante, mediante la marcha del Primero de Mayo nuestra gran disposición de defenderla.

Nunca como antes el mundo que nos tocó vivir es la etapa más desigualdad de la historia de la Humanidad. Personas y entidades prestigiosas, de las más diversas nacionalidades así lo plantean. Esta monstruosidad no termina de impactarnos cada vez que la leemos en las más diversas publicaciones que tratan el tema de la desigualdad: el 1% de los seres humanos (un puñado de personas, sobre todo hombres), tienen tanta riqueza acumulada como la tiene, el 99% restante de la población del planeta, sumada toda junta.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Sí!, es posible que la conmemoración histórica del Primero de Mayo la llevemos a cabo en una gran unidad de acción. Y hacemos un llamado en tal sentido por esta vía. 

El lunes 1 de mayo de 2023 se cumplirán 110 años desde que en Costa Rica se honra tan emblemática fecha. El primer Primero de Mayo conmemorado en Costa Rica fue en 1913.

El ya desaparecido académico-historiador, de origen chileno pero que se radicó en nuestro país desde la década de los años 70 del siglo pasado, don Mario Oliva Medina, al respecto nos indicó: “Entre 1913 y 1932, se aprecia que no hubo una sola agrupación encargada de los actos, mítines, u otros eventos, para la celebración del 1° de mayo. La evidencia histórica muestra que, por el contrario, fueron diversas organizaciones las que lo hicieron, dependiendo del grado de cohesión y estabilidad por los que atravesaban”.

Hoy, en el 2023, esa diversidad, guardando las respectivas perspectivas de espacio y de tiempo, sigue caracterizando la lucha popular y social de la Costa Rica del siglo XXI. Enorme desafío, por tanto, representa la construcción de un polo de unidad sindical y social que, respetando la diversidad del actual escenario político-social y económico, conjunte diversos enfoques y propuestas de cara al momento histórico que estamos viviendo.

En los últimos tiempos se ha generado una enorme cantidad de propuestas alternativas con relación al modelo de sociedad egoísta y concentradora de la riqueza que en Costa Rica se nos ha venido imponiendo. Ello nos lleva a afirmar que sí es posible encontrar un conjunto de propuestas que unifiquen el pensar y el actuar desde la amplia diversidad de los sectores sindicales, sociales, cívicos y patrióticos. Es cuestión de buena fe, básicamente.

Por ejemplo, en varios ejercicios fallidos de diálogo social, quedaron en mesa valiosos planteamientos con sello sindical, solidarista, cooperativo, comunal, ecuménico-eclesial, ecologista, académico y hasta empresariales; todos despreciados por la hegemonía político-ideológica en el poder que sigue siendo la misma a pesar del cambio de administraciones gubernativo-ejecutivas.

Por otra parte, a nivel de la clase trabajadora ampliamente conceptuada, el panorama actual es desalentador, ante la carencia de un músculo obrero-social que contrapese los abusos de poder de esa hegemonía. Sin embargo, sí es posible una rearticulación para la recomposición de ese músculo, pensando en que la unidad en la acción pueda sentar las bases de un reacomodo en la correlación de fuerzas.

Grandes ejes de lucha motivan, objetivamente, para marchar este Primero de Mayo. Por ejemplo, la seguridad en el empleo para quienes laboran en el empleo público, ya no es la misma. Hoy está muy vulnerabilizada y lo estará mucho más sino no se da un repunte organizativo de sus agrupaciones obrero-sociales de base. Prácticamente, en tal sentido ya están en las mismas condiciones de quienes trabajan para el sector privado de la economía: el despido es algo fácil para la parte patronal. Es decir, hay que marchar para defender el sagrado y constitucional derecho el trabajo.

Por otra parte, defender la histórica jornada de las 8 horas, conquistada con sangre obrera, es algo que demanda de gran movilización de resistencia. Defender la institucionalidad pública que fue establecida para el bien común y para la inclusión social, también exige de un fuerte esfuerzo de reacción popular y social de gran dimensión y extensión. Nos vemos en la calle este PRIMERO DE MAYO.

El ciudadano don Daniel Quesada Mora, en su calidad de Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco), nos hizo llegar la posición oficial de su representada, con el formato de Comunicado de Prensa, en torno a la participación de esta entidad de la sociedad civil de nuestro país en la gran manifestación del sector agropecuario nacional, celebrada el miércoles 29 de marzo anterior y que tanto ardor le generó al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

Sin duda alguna, Conadeco juega un importante papel en la defensa de la Democracia costarricense y, por tanto, consideramos relevante que las personas lectoras de esta columna semanal, tengan conocimiento de su pensamiento en torno al indicado evento que, desde nuestra perspectiva de sindicalismo sociopolítico, representó un notable ejercicio de La Democracia de la Calle. Dice Conadeco lo siguiente:

“Somos parte del Chop Suey. Ante las desafortunadas declaraciones del señor Presidente, peyorizando a las organizaciones que nos hicimos presente a la Marcha Nacional en apoyo al Sector Agropecuario, queremos señalar:

1. El movimiento comunal costarricense lo integran más de 3.500 organizaciones comunales, una gran parte de cuales está presente en el ámbito rural.

2. Las asociaciones de desarrollo son instrumentos activos de miles de productores agropecuarios, facilitando la compra de insumos, centros de acopio y comercialización, transporte, entre otras actividades.

3. En ese tanto, el movimiento comunal somos parte activa del sector agropecuario.

4. Pero más de ello, como organización comunal nos asiste el deber, que asumimos con decisión y prontitud, de brindar nuestro apoyo solidario y activo a todo movimiento social, que luche por justas reivindicaciones para el pueblo de Costa Rica.

5. El señor Presidente cuestiona y trata de ofender a los participantes señalando que no sembramos nada. La pregunta al Señor Presidente obligada es: con su soberbia, irrespeto, incapacidad de para escuchar y dialogar: ¿Qué está sembrando Ud. señor Presidente?

6. Lamentamos que las rutas de diálogo, negociación y concertación se cambien por insultos y descalificaciones, lo que ineludiblemente convertirá la calle en una gigantesca cocina donde se cocinarán nuevos y más potentes chop suey sociales y de los cuales, Señor Presidente, Ud. será su cocinero.

7. Por ello, el movimiento comunal, a través de CONADECO, quiere dejar patente: a. Asumimos las palabras del señor Presidente y le indicamos: fuimos parte chop suey social y nos sentimos orgullosos de ello. Y más importante, seguiremos siendo parte. b. Llamamos a todas las organizaciones del Movimiento Comunal a estar alerta. Mucho está en juego en este momento. Hay intentos serios de llevar a este país por sendas de confrontación con tal de favorecer intereses mezquinos. c. Invitamos al Señor Presidente a la reflexión y cambio de actitud. Debe tener claro que sus poses demagógicas y autoritarias, son la base del conflicto social vigente y en crecimiento”.

Con entusiasmo, estamos apreciando la posibilidad de una articulación fuerte de sectores sociales en la medida en que las acciones gubernativas siguen adoleciendo de políticas claras en diversos órdenes de la promoción del bien común, de la inclusión social y en contra de la exclusión económica. Este clamor está llegando hasta el propio parlamento costarricense donde la acción cívica conocida como La Democracia de la Calle ya se considera en desarrollo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con el apoyo de múltiples sectores de diversa procedencia y composición organizacional, hoy, miércoles 29 de marzo de 2023, cientos de compatriotas, hombres y mujeres del campo, integrantes de una importante coalición de la ciudad capital del país; ante la ya impactante ausencia de una política de Estado de apoyo al sector agropecuario, perjudicando especialmente a nuestras zonas rurales y costeras costarricenses.

Las personas manifestantes creemos que el fortalecimiento del sector agropecuario, agroindustrial, acuícola y pesquero es clave para garantizar la seguridad alimentaria nacional y lograr que la mayoría de los bienes de la canasta básica sean producidos en el país.

En la Costa Rica del presente, la política pública de reactivación interna del sector productivo agrario y agroindustrial no es una prioridad y continúa rezagada y fragmentada. Prevalece la ausencia de variables de seguridad alimentaria y no se cuenta con un enfoque estratégico de decisiones del Estado hacia el bienestar de las personas.

En la actualidad, es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la entidad que gerencia la política pública de este sector, únicamente desde su limitada visión de importación y exportación de bienes. En tal sentido, se plantea un conjunto de propuestas de nuevas políticas públicas para el sector agropecuario nacional. Dentro de éstas, resaltamos las que aparecen de seguido, pues por problemas de espacio no pudimos citarlas todas y a plenitud:

• Recuperar la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y reorganizar la institucionalidad del sector agropecuario, de manera inteligente y racional.

• Impulsar el proyecto de ley de Defensa Comercial, actualmente en trámite parlamentario, al cual se le hicieron observaciones por parte del sector agro.

• Construir una política cambiaria y monetaria que equilibre el tipo de cambio para que el productor local pueda competir contra los productos importados; y que armonice los costos y beneficios entre productores para mercado local y de exportación.

• Rechazar el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico porque no garantiza el mantenimiento de exclusiones y aranceles negociados bilateralmente con sus países miembros y conlleva la destrucción del sector agropecuario costarricense; el cual sí aporta valor agregado, facilita la seguridad alimentaria y resguarda al consumidor en tiempos de crisis.

• Revisar las tarifas de combustibles y electricidad en el ICE y en RECOPE para evitar la constante pérdida de competitividad internacional para el sector agrario-productivo nacional por el encarecimiento de materias primas cruciales.

• Suspender y revertir la eliminación de aranceles de importación (ej.: papa y arroz) que desmantelan la producción nacional; y crear líneas de crédito flexibles para agricultores, con extensión de plazos (como período de gracia) por dos años mínimo.

• Detener los intentos de gravar doblemente la renta sobre las utilidades del sector cooperativo porque este ya cumple con todas su responsabilidades fiscales y tributarias y contribuye a generar empleo y distribuir riqueza en todo el país.

• Incluir en los programas de CINDE la promoción prioritaria de la inversión extranjera en zonas rurales y costeras. Y fortalecer desde PROCOMER el programa DESCUBRE para orientar en las oportunidades de inversión agropecuaria con potencial de exportación.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

En el tema del empleo público, hay una línea ideológica clara: la vulneración de derechos adquiridos y de situaciones jurídicas consolidadas, en el marco de una gran acción política de violentar la piedra angular de la doctrina de los Derechos Humanos: el principio de no regresividad de los mismos.

Esta misma línea ideológica es la que se viene manifestando, por ejemplo, en cuanto al pago de intereses de la deuda pública: es la prioridad absoluta del neoliberalismo en materia fiscal. Aunque se muera la gente, aunque los más necesitados sufran, aunque se extienda la pobreza y crezca la desigualdad; nada es más prioritario que el pago de esos intereses obscenos.

Volviendo al tema de la clase trabajadora asalariada del Estado y la perversa Ley Marco del Empleo Público (LMEP), la alianza de los partidos Liberación, Unidad y el ya extinto Acción Ciudadana (PAC), fue fundamental para que se tramitara y aprobara, a golpe de tambor y contra toda racionalidad, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, cuatrienio 2018-2022, cuando él ejerció la Presidencia con el apoyo político de esos tres partidos.

Hoy, en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, la línea ideológica que le fue impregnada a esa ley, se mantiene incólume con su nueva ejecutora política, la ministra del Mideplan, Laura Fernández Delgado. Esa línea ideológica, nosotros la definimos como todo mercado-Nada Estado.

El todo mercado-nada Estado tiene varias características dentro de las cuales destaca un odio de clase, de la clase-élite dueña del poder real en nuestra sociedad, contra las personas trabajadoras empleadas públicas, contra todos los servicios públicos, a excepción de los que generan grandes rentas, los cuales deben ser privatizados.

Por eso, la corriente sindical en la cual militamos no aceptó sumarse a esa fanfarria denominada “Diálogo Nacional” que empezó el pasado lunes 20 de marzo, dizque para “construir” una reforma legal a esa perversa LMEP, catalogada como “mamarracho”, como “mamotreto”, como “Frankenstein jurídico”, como “adefesio”, como “ornitorrinco legal”.

Quebrantada como está la legitimidad ético-moral de esa perversa LMEP, la única aspiración del dueto gubernativo Chaves-Fernández, es cómo darle a la misma mayor legitimidad embarcando a las diversas organizaciones gremiales que se expresan en la dinámica laboral del Sector Público.

Y ya ustedes vieron el desenlace: prácticamente no hay sindicato alguno, por más allanado sistémico que haya estado en los últimos gobiernos, dispuesto a la “operación embarre” con una nueva versión de la LMEP que tenga mayor contenido autoritario-totalitario, para castrar-eliminar los pronunciamientos institucionales de resistencia (“exclusivos” -“excluyentes”), que se vienen manifestando, inspirados en la Carta Magna de 1949 y que, para suerte de la institucionalidad republicana, el alto tribunal constitucional preservó, según se destaca en su artículo 6.

Veamos: ARTÍCULO 6-Creación del Sistema General de Empleo Público. La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución.

En esencia, quieren eliminar este artículo, volárselo, con el nuevo proyecto de empleo público que están discutiendo en esas espúreas mesas de diálogo. Pareciera que este artículo es lo que le impide, al neoliberalismo del todo mercado-nada Estado, instaurar, definitivamente, un Estado vertical, autoritario que, incluso, controle a los gobiernos locales, las municipalidades. ¡Qué gran peligro para la democracia republicana costarricense! El neoliberalismo no negocia, impone.