Categoría: Opinión

Los famosos y nefastos
Tratados comerciales,
Solo nos han dejado
Problemas fiscales.

Nos hablaron de beneficios
Y de grandes inversiones,
Y solo resultaron
Falsas ilusiones.

Las empresas se fueron
Y se llevaron la plata,
Porque andaban buscando
Mano de obra barata.

Todos los empleos
Que se iban a generar,
Parece que nunca
Se van a concretar.

Los precios más bajos
Que nos ofrecieron,
Fue una promesa
Que nunca nos cumplieron.

Tampoco el BM
Ni el Mercedes Benz,
Debemos conformarnos
Con andar en tren.

Mucha gente joven
Muy bien preparada,
En este momento
Se encuentra desempleada.

Después de diez años
De vigencia del Tratado,
Este país
Se encuentra quebrado. .

Autor: Walter Quesada Fernandez, Secretario General Adjunto ANEP

“Cinco datos escandalosos sobre la desigualdad extrema global”, es el titular de una de las más recientes publicaciones de la prestigiosa organización no gubernamental Oxfam International.

Leemos en su sitio web oficial (www.oxfam.org/es) que “Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan junto a organizaciones socias y comunidades locales en más de 90 países. Trabajamos proporcionando ayuda de emergencia, llevando a cabo proyectos de desarrollo a largo plazo y haciendo campaña por un futuro más justo. Creemos que la pobreza no es inevitable. Es producto de la injusticia. Nuestro objetivo es restablecer el equilibrio para que las personas tengan acceso a recursos necesarios para mejorar sus vidas y medios de subsistencia, y para que puedan participar en la toma de las decisiones que afectan a sus vidas”.

En varias ocasiones y en este tipo de publicaciones, nosotros hemos mencionado a Oxfam International para referirnos a este enorme flagelo de nuestro tiempo, el de la desigualdad. La autoridad moral, ética y el prestigio global que tiene Oxfam International le llevan a exhibir una inobjetable credibilidad para los más diversos ámbitos sociopolíticos planetarios que están relacionados, directa o indirectamente, con estas justas causas del noble ideal de que “Otro mundo es posible”.

Como es bien sabido, la corriente sindical costarricense en la cual militamos tiene en el tema de la lucha contra la desigualdad en el país su eje estratégico fundamental. Y cientos de veces hemos señalado que la desigualdad es el problema número uno que tiene la sociedad tica de la actualidad.

Volvamos a la cruzada de Oxfam International contra la desigualdad. En el reporte “Cinco datos escandalosos sobre la desigualdad extrema global”, leemos información como la siguiente:

“La crisis de desigualdad es mucho mayor de lo que se temía. El Banco Mundial ha alertado de que no se conseguirá el objetivo de acabar con la pobreza extrema para 2030 a menos que los Gobiernos redoblen sus esfuerzos para combatir la desigualdad a nivel global”.

“Las grandes multinacionales y los milmillonarios, que se han reunido recientemente en el Foro Económico Mundial, en Davos, desempeñan un papel crucial en esta crisis de desigualdad. Estos ‘súper ricos’ utilizan una intrincada red de paraísos fiscales para eludir el pago de los impuestos que les corresponden, devalúan los salarios de sus trabajadores y los precios que se pagan a los productores e invierten cada vez menos en sus empresas. También utilizan su dinero e influencia para que leyes y políticas se vuelvan a su favor”.

En Costa Rica, buena parte de la clase pudiente y excesivamente adinerada calza muy bien con tal caracterización.

Continúa el indicado reporte de Oxfam International señalando lo siguiente: “Existe una enorme brecha entre los súper ricos y el resto de la humanidad que está sumiendo a millones de personas en la pobreza, fracturando nuestras sociedades y debilitando la democracia. Cada vez más personas viven con más miedo y menos esperanza”.

En Costa Rica este fenómeno, con las adaptaciones lógicas y concretas, lo estamos viviendo en estos momentos.

De seguido les compartimos, de manera textual, estos “Cinco datos escandalosos sobre la desigualdad extrema global”, leemos datos como los siguientes:

Uno: “Actualmente, tan solo ocho personas (concretamente ocho hombres), poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, 3.600 millones de personas. Aunque algunos de estos súper ricos han obtenido su fortuna gracias a su talento o duro trabajo, más de la mitad de los milmillonarios del mundo ha heredado su fortuna o la ha acumulado gracias a su participación en industrias en las que la corrupción y el nepotismo son prevalentes”.

Dos: “Siete de cada diez personas vive en un país en el que la desigualdad ha aumentado en los últimos 30 años”. Costa Rica no es la excepción. ¡Ahí están los datos objetivos!

Tres: “Si los más ricos siguen este ritmo sobrecogedor de acumulación de riqueza, podría haber el primer ‘billonario’ del mundo en tan sólo 25 años. Es decir, esta persona necesitaría derrochar un millón de dólares al día durante 2.738 años para gastar toda su fortuna”.

Cuatro: “La desigualdad extrema tiene un enorme impacto en las vidas de las mujeres, sobrerrepresentadas en los sectores con peores salarios y que sufren mayores niveles de discriminación en el ámbito laboral y asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado. Al ritmo actual, llevará 170 años alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres”.

Cinco: “La evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales priva a los países pobres de, al menos, 100 mil millones de dólares cada año en ingresos fiscales, dinero suficiente para financiar servicios educativos para los 124 millones de niños y niñas sin escolarizar, o servicios sanitarios que podrían evitar la muerte de, al menos, seis millones de niños y niñas cada año”.

Esta crudísima realidad, desde la perspectiva de un real y radical Humanismo Cristiano no puede pasar desapercibida sin que hagamos algo, sin que aportemos algo. Ello motiva a la acción obrero-social que en el plano continental despliega la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), con su campaña “Alto a la codicia corporativa”, misma que reivindica dos ejes fundamentales: protección social universal y un salario mínimo digno.

Durante los días 5 y 6 de este mes de octubre, representantes sindicales nacionales afines a la CSA y con la facilitación de la FES plantearon, mediando un gran esfuerzo de análisis y programación, la concreción de esta campaña a nuestra realidad socio-laboral y sindical del presente. En nuestro caso, agradecemos a la compañera socióloga María Laura Sánchez Rojas su compromiso de representación para con la corriente sindical que conjunta nuestros esfuerzos de lucha.

Tal campaña tiene rango global, pues viene promovida desde la Confederación Sindical Internacional (CSI, por sus siglas en español), cuya vertiente en nuestra región es, precisamente, la CSA.

Exactamente de hoy en cuatro meses, el 4 de febrero de 2018, se realizarán las votaciones para elegir el nuevo presidente de la República y las 57 nuevas personas diputadas para la Asamblea Legislativa. Será el periodo constitucional 2018-2022 el cual comprenderá las celebraciones del Bicentenario, los 200 años, de la independencia de Costa Rica con respecto a España, el 15 de setiembre de 2021.

Hoy, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunciará el inicio de la campaña electoral la cual hace mucho tiempo empezó, por supuesto. Tal anuncio será mera formalidad protocolaria.

Serán las elecciones luego de cumplirse una década de la imposición del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, mediando el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007.

El escenario sociopolítico y económico para tales elecciones está caracterizado por varios aspectos: a) casi la mitad de la población con edad para trabajar está desempleada y/o en el mercado informal; b) una deuda pública que se está comiendo más de la tercera parte del presupuesto nacional de la República; c) un déficit fiscal, según los parámetros neoliberales, que nos tiene al borde del precipicio como país y/o de ser víctimas de un ajuste fondomonetarista clásico y draconiano; d) salarios prácticamente congelados que empobrecen más a las familias trabajadoras pues somos (si no el más), uno de los países más caros para vivir de la América Latina; e) un altísimo endeudamiento de la población, especialmente la clase trabajadora, superando los 3 puntos porcentuales de PIB; f) un sistema tributario que extorsiona a los que menos tienen para favorecer a los que más acumulan; f) un proceso de concentración de la riqueza que parece ser el más veloz de la región; g) un robo de impuestos y una evasión fiscal que está llegando a los 9 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), más que suficientes para que no hubiera déficit fiscal alguno y pararan de atormentarnos todos los días por ello pues habría superávit; h) el crimen organizado, la penetración del narcotráfico, la inmigración incontrolada le están ganando la batalla a la política pública de seguridad ciudadana pues los respectivos cuerpos policiales están debilitados y superexplotados. ¿Seguimos?…

Y la corrupción… ¡Sí la corrupción! Los escándalos de los créditos del cementazo y de la chatarrera hidroeléctrica-cooperativa (2017 gobierno PAC), ya alcanzaron el nivel, el impacto y las dimensiones de los casos del Fondo de Emergencias (1984, gobierno PLN), de los Fondos de Compensación Social (1998, gobierno PUSC); la trocha fronteriza (2012, gobierno PLN) …

¡Hay más, mucho más! No nos extrañemos, por tanto, en que hoy tanta gente no quiere saber nada de elecciones, no quiere ir a votar, nadie le merece confianza porque está harta de tanta estafa política.

¡Sí! Estafa política como esa que cometió el arismo (ese mismo que volverá al próximo parlamento), cuando pidió votos para el TLC con Estados Unidos y que haría las modificaciones tributarias necesarias para reponer el hueco en las finanzas públicas que la eliminación de aranceles de aduanas dejaría ese tratado, de entre 2 y 3 puntos PIB que hoy están haciendo falta para disminuir el déficit fiscal; plata que se ya se le está cobrando al pueblo vía reducciones salariales y deterioro dramático de servicios públicos.

Es bien cierto que las generalizaciones son odiosas. Es bien cierto que, incluso en los partidos pringados por la corrupción y ahora por el cementazo hay gente sana, limpia, honesta. Sin embargo, es real que los que votamos no decidimos.

En la generalidad de los partidos políticos de los tiempos del neoliberalismo y de los TLC’s, lo que hay es competencia electoral por cargos públicos; por demás muy desigual.

Este tipo de elecciones no pone en entredicho la estabilidad de los reales poderes hegemónico-político y económicos que son los responsables directos de los aspectos que caracterizan el proceso electoral ya en desarrollo y que citamos líneas arriba.

En realidad, se va a votar por quien va a administrar el Poder Ejecutivo y cuál es la gerencia ideológico-política-parlamentaria que determinará el caminar de la próxima Asamblea Legislativa en su orientación hegemónico-dominante. Nuestra democracia es formal. Los cambios estratégicos para hacerla real implican el desafío a semejantes poderes que en no pocas ocasiones operan desde una sala de redacción periodística o desde un estudio televisivo de noticias.

El contrapoder, el de corte ciudadano, está por ser construido y ya ha habido varios escenarios en el pasado reciente de nuestra historia que demostraron que sí es posible lograrlo. Aunque hubo “frauduréndum” el 7 de octubre de 2007, el día 30 de setiembre anterior vimos en acción un poder ciudadano en expresión democrática real.

Escuche la retahíla de Walter Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP.

“La democracia se juega su futuro en la cuestión tributaria”. Este pensamiento es de la señora María Fernanda Ávila, Coordinadora de Programas de la Fundación Friedrich Ebert (FES), de Colombia, quien estuvo en el país durante el desarrollo del “Conversatorio Justicia Fiscal”, celebrado el pasado miércoles 27 de setiembre en la sede de la FES-Costa Rica. Tuvimos la honrosa distinción de ser invitados a tan relevante actividad por parte de la compañera Sandra Cartín Herrera, Coordinadora de Programas de la FES en el país.

Dos objetivos se planteó el conversatorio: “Intercambiar elementos de análisis, a partir de las experiencias”. Segundo, “reflexionar e identificar algunas alternativas posibles comunes para construir una política fiscal progresista”.

La Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania, tiene en desarrollo un proceso denominado Programa Latinoamericano de Justicia Tributaria, cuyo objetivo central y fundamental es el diseño de una política fiscal progresista para la región latinoamericana, impulsando un proyecto de “Tributación para la Equidad” que aporte para la reducción de la desigualdad en la región más desigualdad de todo el planeta: la América Latina. Costa Rica incluida, por supuesto.

“Los países de América Latina enfrentan serias dificultades para impulsar una política tributaria progresiva y más justa, en un contexto de estancamiento económico, en algunos casos; o de crecimiento económico, en otros, sin redistribución de la riqueza y de gran desigualdad, con problema de empleo, solo para mencionar algunos”. Es ésta la premisa fundamental que motiva tal esfuerzo de análisis.

En tal sentido, la FES está coordinando con la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la CEPAL; y la prestigiosa organización no gubernamental de renombre mundial, OXFAM International. Comprenderá ustedes, estimadas personas lectoras, que un evento de tal calibre no podía pasar desapercibido.

De hecho, hemos venido planteando hace bastante tiempo que el problema número uno de la sociedad costarricense actual es la desigualdad; el crecimiento, la extensión y la profundización de la misma.

Y que del grave problema nacional de la desigualdad se derivan los tres más grandes flagelos que sufre la democracia tica en estos momentos: el crecimiento de la violencia en todas sus manifestaciones (delictiva, familiar, sexual, económica); el fenómeno de la corrupción, pública y privada, con ropaje legal o sin él; y, la penetración del narcotráfico en el tejido social, por “arriba” y por “abajo”.

Pues bien, dada la crisis fiscal-tributaria que está viviendo Costa Rica por estos días, semanas y meses, en este conversatorio tuvimos la extraordinaria oportunidad de compartir con varios expertos de mucha especialización en los temas tributarios y fiscales de nuestra región latinoamericana, versando el diálogo sobre el caso costarricense.

Conocimos a figuras renombradas como el boliviano don Sergio Villarroel Böhrt, profesor de la Universidad Católica Boliviana; al ecuatoriano don Pedro Páez Pérez; al guatemalteco don Abelardo Medina Bermejo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI); al venezolano don Leonardo Vera, de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Los distinguidos especialistas costarricenses en el tema como don Miguel Gutiérrez Saxe, Excoordinador del proyecto Estado de la Nación; y dos jóvenes brillantes economistas, don Jonathan Acuña (del Partido Frente Amplio) y don Suráyabi Ramírez (del Partido Acción Ciudadana), enriquecieron el debate sobre el caso fiscal-tributario costarricense de la actualidad.

Para quien esto escribe, como militante de una organización sindical de carácter sociopolítico y que ha procurado tomar como uno de sus estandartes fundamentales de su lucha, lo que hemos denominado la necesidad de una transformación tributaria estructural en Costa Rica, escuchar a tan ilustres especialistas fue algo extraordinario para potenciar con nuevos elementos esta causa. Y, además, que se nos prolongue tal privilegio tomándosenos en cuenta en la continuación de la experiencia.

La principal conclusión es que puedo compartirles es que, efectivamente, el ajuste fiscal que se nos está imponiendo es de cortísimo alcance, altamente explosivo y de mediocre creatividad; pero, lo más grave, es que lo tendría que pagar quien menos responsabilidad tiene en el problema: la clase trabajadora. El sentido de esta lucha ha recobrado nuevos bríos gracias a la oportunidad que nos dio la FES-Costa Rica.

Decidimos postergar la cuarta entrega de la serie de “El Cementazo” que venimos publicando en este mismo espacio, pues nos pareció oportuno y necesario compartirles nuestras primeras impresiones de cómo vemos nosotros podría estar conformada la próxima Asamblea Legislativa, que se elegirá en los comicios diputadiles de 2018. Algo de ello ya comentamos en nuestro artículo semanal para La Prensa Libre (digital), publicado el pasado miércoles 19 de setiembre.

Todo indica que la agenda político-estratégico del gran capital neoliberal imperará en el próximo parlamento. Especialmente esa parte de tal agenda que tiene una gran potenciación a partir de la “información” de contenido editorializado de la prensa que refleja, difunde y promueve la ideología del mercado absoluto y enemiga acérrima del sector público que está comprendida en tal agenda.

La esencia de esa agenda tendrá relevantes vocerías parlamentarias que funcionarán como su peonada política, aunque con ropaje partidario de diversos colores. La fracción legislativa, de facto, que tendrá el capital neoliberal en la venidera Asamblea Legislativa mostrará un poderío considerable.

Tanto en los partidos del bipartidismo clásico como en el del cambio, el gran capital neoliberal logró colocar sus fichas principales promotoras de esa agenda en puestos legislativos decisorios.

Patético resultó el episodio de la asamblea de candidaturas diputadiles del partido del “cambio”, pues a partir de ese tipo de notas periodísticas de contenido editorializado, la dictadura mediática ordenó una exclusión.

Los partidos pequeños que logren algún escaño diputadil funcionarán como furgón de cola y procurarán sacar algún provecho, personal y de corto plazo, para viabilizar la tramitación de la agenda del capital neoliberal, ordenada por la dictadura mediática de que nos habla el ilustre costarricense, historiador y académico de renombre, don Oscar Aguilar Bulgarelli, en su reciente libro “Costa Rica ¿Dictadura mediática, o Tiranía en Democracia?”.

Lo que algunos llaman progresismo o “progresía”, al parecer, perderán espacio parlamentario y la ausencia de una articulación estratégica entre las opciones electorales que todavía lo reivindican con los movimientos sociales agravará más la situación, pues es más que obvio que éstos, en sí mismos, están totalmente desperdigados.

Por tanto, los contenidos de una agenda popular y cívica, con aspiraciones de presentar resistencia contrahegemónica, tendrán verdaderos valladares para ser considerados; y si acaso algunos logran beneplácito de ese capital neoliberal para avanzar, podría ser a cambio de que acepten los representantes diputadiles que logren colarse en el nuevo parlamento, concesiones sistémicas claves como la de reformar el reglamento legislativo.

Como ya es sabido, se ha estado escenificando un combate de clase desde hace ya bastante tiempo entre los impulsores de esa agenda estratégica del capital neoliberal, hoy bien posicionado en, prácticamente, la totalidad de los partidos que van a las elecciones de febrero entrante; y todos aquellos sectores sociales, cívico-patrióticos, obrero-laborales y populares que nos resistimos al desmontaje total de lo que queda del Estado Social de Derecho para entregárselo a sus ansiosos depredadores que quieren ver la totalidad de la cosa pública convertida en fuente de lucro privado.

Lo que falta en apertura en electricidad, instaurar el mercado privado de la refinación de combustibles, acabar con la empresa pública de telecomunicaciones vía su estrangulamiento por parte del duopolio transnacional; pulverizar la banca pública con base en sus errores producto de las componendas y corruptelas internas; impedir que el agua sea conceptuada como derecho humano fundamental para imponer su mercantilización total como bien de mercado; bloquear cualquier modificación para transformar el sistema tributario y seguir robando y evadiendo; obligar a la clase trabajadora (especialmente la del sector público) a que se haga responsable del déficit fiscal y de la prácticamente impagable deuda pública; ampliar el poder de la dictadura mediática con la introducción de la televisión digital; fomentar el máximo extractivismo, la sobreexplotación agrícola y cero controles ambientales; la reducción de derechos salariales y laborales; el hundimiento de los servicios diversos de seguridad; son parte de los contenidos esenciales de la agenda estratégica del capital neoliberal que, repetimos, tendrá una numerosa fracción parlamentaria a su servicio a partir de mayo de 2018.

Y, ¿qué haremos quienes estamos del otro lado de la acera? La acera del bien común, la acera de la lucha contra la creciente desigualdad, la acera por la promoción de la inclusión y de la movilidad sociales, la acera de la transformación tributaria estructural, la acera desde donde se defiende el empleo y el trabajo decente, la acera desde la cual se debe combatir la corrupción… ¿Qué haremos?…

El diputado Otto Guevara Guth, personaje político en decadencia y quien, al parecer, estaría siendo evidenciado como uno de los más pringados de cemento, ha presentado un descabellado proyecto de ley para que desaparezca el Banco de Costa Rica (BCR), la segunda institución financiero-bancaria más importante del país.

Cierto es que el escándalo del “cementazo” ha golpeado la imagen y la credibilidad del BCR en alguna medida, pero lo real es que los casi 70 millones de dólares en riesgo de perderse por los cuestionados créditos del cemento chino y de la chatarrera hidroeléctrica, no pondrá en riesgo el patrimonio de este importante banco; a no ser que en todo esto del “cementazo” sea la impunidad la que prime y prevalezca la sucia politiquería del tráfico de influencias y del compadrazgo que, muy dolorosamente, ha venido minando la banca estatal, desde adentro.

Sanearlo, para salvarlo, es la consigna.

Todavía más descabellada es la idea de vender el BCR al mejor postor, poniéndosele ya precio para la “subasta”: 1.500 millones de dólares (5 puntos de Producto Interno Bruto, PIB), dizque para aliviar la estranguladora deuda pública que está azotando al país y así, dice el cadavérico proponente (políticamente hablando), se aliviaría algo del déficit fiscal. Afortunadamente, don Otto Guevara Guth, quien se siente orgulloso amigo de don Juan Carlos Bolaños Rojas (JCB), no pega ni una.

Sabemos que son la honestidad, el profesionalismo, la ética de la transparencia y la vocación por servir con alta eficiencia y calificada eficacia, los elementos fundamentales de la cultura corporativo-laboral del Banco de Costa Rica (BCR), de la cual hace gala la abrumadora mayoría de su personal, altamente especializado en el negocio bancario-financiero.

Sin embargo, no pueden expresarse con libertad en la actual circunstancia del “cementazo”. Ya no solo por la circunstancia de que su organización sindical interna ha sido silenciada por la cooptación patronal de su principal dirigencia; sino que, la entronización de la cultura del miedo que ha impuesto la estructura gerencial y político-tecnocrática del poder hegemónico a lo interno del BCR, con el beneplácito gubernamental, representa un fuerte muro de contención para posicionar ante la ciudadanía una calificada voz independiente que denunciara todo lo que se ha venido haciendo mal, según la lupa obrera interna, en este histórico y fundamental banco para la estabilidad macroeconómica y financiera de la República. Y, además, el indicara al pueblo cuáles medidas habría que tomar para salvarlo y robustecerlo.

El personal honesto del BCR debe saber que la ciudadanía reclama voces independientes y transparentes de lo que ha venido sucediendo en su interior.

Se debe reconocer el papel de la prensa en cuando a la denuncia de los erráticos créditos objeto de la polémica pública en toda esta situación de los cuestionados créditos del BCR. Eso se debe reconocer.

Pero no podemos perder de vista que algunas de las vocerías mediáticas que han venido denunciando con fuerza lo del “cementazo”, expresan intereses ideológicos contundentes en cuanto a lograr su objetivo estratégico en este campo, cual es la de la desaparición de la banca pública del escenario financiero del país, pues esta ha sido de gran obstáculo para la apropiación privada de sus excedentes.

Bien es sabido que la existencia de la banca pública, pese a lo que en criterio nuestro ha sido su desnaturalización político-filosófica e ideológica de quien impuso su nacionalización, en 1949, don José María Figueres Ferrer (Don Pepe); ha impedido en buena parte que, en Costa Rica, por ejemplo, suframos una desigualdad dramática como la que viven naciones hermanas centroamericanas como Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque parece que nos acercamos a esos niveles.

Suculento banquete y deleite orgiástico representa para la oligarquía financiero-mediática de corte neoliberal, escándalos como estos del “cementazo” y de la chatarrera hidroeléctrica; y, todavía más favorable para sus intereses expropiatorios del negocio bancario público, cuando es desde el propio interior de esa banca pública que se propician las condiciones para su desacreditación.

A estas alturas de la investigación parlamentaria sobre el ya más que famoso escándalo del cementazo, cada uno de los señores diputados y cada una de las señoras diputadas integrantes de la comisión legislativa que está a cargo de ese proceso deben haber recibido (como quien esto escribe lo recibió), un impactante anónimo al respecto de este sonado caso.

En ese anónimo se describe el presunto proceso de inserción, sumamente veloz y efectivo y hasta planificado para sus propios intereses, que en los últimos años habría tenido al cuestionado Juan Carlos Bolaños (JCB), en el mundo de los grandes negocios y en el mundo de la “alta” política del país, al punto de que en estos momentos en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) hay gente “bien pringada de cemento”.

Si no lo tuvieran, con gusto se lo compartimos. Si lo tienen, con todo respeto les increpamos pues ya deberían haberlo comentado con la opinión pública.

La actual legislación costarricense ha establecido diversa normativa para el combate a la corrupción y para el imperio de la transparencia en la cosa pública, que acredita el anónimo como vía adecuada para denunciar la comisión de presuntos ilícitos contra la hacienda pública, especialmente cuando se coluden para cometerlos personas de los ámbitos público y privado.

Por eso nos hemos visto obligados a comentarlo por esta vía de opinión. No nos corresponde la constatación de la certeza de la veracidad de todos y cada uno de los contenidos de ese anónimo. La institucionalidad republicana tiene las entidades responsables al respecto, pero lo grave es que en estos momentos la desconfianza está imperando en las mismas.

Nos corresponde denunciar y dado el gran sentimiento de estupor, de asombro, de indignación y de enojo de la ciudadanía por todo lo de las implicaciones y alcances nocivos para el país, del caso del cementazo (lo que ya se sabe y lo que está por saberse que parece que será peor), desde una perspectiva patriótica aportamos a la causa cívica en desarrollo, comentando de la existencia de este anónimo.

Llama poderosamente la atención que la persona que lo redactó parece haber estado muy cerca de esos momentos, de esos encuentros, de esas circunstancias y de esos nombres citados en el anónimo. Su contenido podría ser muy comprometedor para todas esas personas políticas involucradas (las que ya son conocidas y las que están por salir a flote), de una manera u otra, en el escándalo del cementazo. Quien lo escribió sabe demasiado.

Es imposible, por ejemplo, creer que el actual y ahora cuestionado fiscal general de la República, don Jorge Chavarría Guzmán, por un lado; y, por otro, el jerarca máximo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), don Mariano Figueres Olsen, no estuvieran al tanto de tanta circunstancia irregular e ilegal, por lo menos las “llamativas”, del rápido ascenso al alto poderío económico-corporativo de este país de una persona tan joven, como para que la banca pública le prestase casi 50 millones de dólares (hoy al punto de perderse todos o en parte), por una parte; y, por la otra, que Bolaños Rojas lograse en un periodo, también corto, tanto padrinazgo, patrocinios, conocidos y similares en los tres poderes del Estado.

El anónimo plantea, por ejemplo, la necesidad de revisar las relaciones de Bolaños Rojas con el Instituto Nacional de Seguros (INS), entre los años 2009 y 2014, por cobros de seguros por deterioro de maquinaria y de equipos, como grúas. Parece que en este ámbito también se podría preguntar mucho por parte del panel legislativo investigador, por estar latente una posible estafa de seguros.

Dado que hay tanta plata de la banca pública que se podría perder con los peculiares créditos concedidos a JCB, el anónimo plantea que se debería investigar el destino final aquí, en suelo nacional, de los 7 y medio millones de dólares retornados al país, “repatriados”, luego de uno de los desembolsos multimillonarios de los créditos concedidos a dicho caballero por parte del Banco de Costa Rica (BCR).

El anónimo denuncia que el indicado JCB le habría financiado la campaña electoral del año 2014 a un tradicional ya, casi que folclórico, candidato presidencial. Y que hasta una fiesta de cumpleaños le habría pagado pues ambos son grandes amigos.

Si no lo ha hecho ya, la persona quien redactó el anónimo debería entregarlo en la instancia política o judicial correspondiente. Pero, a como se ven las cosas, ¿cuál instancia podría brindar confianza? Dice la persona redactora del anónimo que teme por su propia vida. ¡Tiene razón! Parece que el fenómeno de la corrupción, especialmente la corrupción político-empresarial está enraizándose tanto que nadie denuncia por temor a que le hagan daño o acaben con su vida.

¿Hasta ahí hemos llegado como sociedad? …

Si todo lo que dice el anónimo se investiga, la institucionalidad republicana se conmovería en una forma tal que resultaría indescriptible las consecuencias para la misma.

Ahora que en el Poder Judicial se tomaron medidas para quitarse el cemento que les está pringando, gracias a una intensa presión ciudadana y gremial interna, nos preguntamos las razones por las cuales no se separan de sus cargos, transitoriamente, mientras se investiga, al señor don Celso Gamboa Sánchez. Por cierto, su nombre se menciona en ese anónimo.

Y, también, creemos que resulta más que conveniente para la salud institucional de la República hoy en grave estado, que el señor Fiscal General de la República también fuera separado del cargo.

Actualmente es tan grave esto de la corrupción que no solamente incurre en delito quien lo perpetra, sino también comete delito quien, teniendo la responsabilidad de combatirle, no hace nada.

El sistema político de Costa Rica ocupa una intervención quirúrgica profunda. El cáncer de la corrupción podría convertirse en metástasis. Y solo una pequeñísima parte de lo que plantea en ese anónimo es lo que hoy les hemos compartido.