Categoría: Artículos

El Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, resolvió en la asamblea del pasado 27 de mayo, realizar el 9 de junio próximo, una movilización en la ciudad de Guayaquil, sede de la “X Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio, TLC, para exigir que Ecuador se retire de las negociaciones, y busque otras alternativas comerciales, en donde los pequeños productores puedan competir y los ecuatorianos mantengan el control de su soberanía.

El Presidente de la FENOCIN, Pedro de la Cruz, informó que como parte de las acciones de rechazo del TLC, se realizará el próximo jueves 9 de junio, a las 09H00, en la Plaza San Francisco, de Guayaquil, “La exposición de semillas”, como parte de las defensa de las semillas tradicionales y en contra de los transgénicos, que impone Estados Unidos. Los indígenas, dijo vamos a defender las semillas mediante los proyectos agro ecológicos que se están aplicando en las diferentes comunidades de la sierra, costa y amazonía, a través de los cultivos asociativos. Participarán en la exposición delegaciones de todas las provincias.

El dirigente indígena campesino, anunció que ese día, las organizaciones de base de la Cuenca del Guayas, se concentrarán a las 12H00, en el Coliseo de la Facultad de Educación Física de la Universidad Estatal, para participar en la movilizarán que iniciará a las 14H00 y se dirigirá hacia las Instalaciones del Banco de Progreso, ubicada en la avenida Francisco de Orellana, sede de la X Ronda de Negociaciones.

La FENOCIN, movilizará a más de dos mil personas, entre campesinos, arroceros, ganaderos, pequeños agricultores, quienes sienten desde ya los efectos destructores que acarreará el TLC, por eso insisten nuevamente al gobierno de Alfredo Palacio, para que Ecuador se retire con dignidad de este proceso de negociaciones, en los cuales Estados Unidos está imponiendo condiciones drásticas, sin importarles que la pobreza en el país se agudizará.

Pedro de la Cruz, señaló que esta organización está preocupada en vista de que en la X Ronda, no se incluye el tema agrario y que el gobierno de Estado Unidos negociará en Washington. Se preguntó, será a caso para imponer nuevas condiciones como siempre lo ha realizado.

www.fenocin.org
Ecuador

Mayo de 2005

(bilaterals.org).- República Dominicana está obligada a tener una competitividad “sistemática y no sólo basada en recursos naturales y fuerza de trabajo barata”, dice el estudio del PNUD dado a conocer a la prensa la semana anterior en Santo Domingo. Entre las trabas para alcanzar esa competitividad están los problemas eléctricos que arrastra el país caribeño desde hace años.

El TLC no representa “ventajas trascendentales” para el bienestar de los dominicanos, dice el PNUD, que analiza “las concesiones” que debió ejecutar Santo Domingo para aprobar el tratado con Washington en 2004.

“Desde enviar tropas a Irak, apoyar las solicitudes de Estados Unidos de no aplicar un artículo del Tribunal Penal Internacional (TPI) que permita juzgar a ciudadanos de ese país acusados de violar los derechos humanos”, incluyeron esas concesiones. Para lograr el acuerdo, el gobierno dominicano debió renunciar a posiciones en los foros internacionales “que pudieran ser interpretadas como contrarias a sus intereses económicos”, anotó el informe.

Para lograr competitividad, el país caribeño deberá “incrementar las exportaciones de bienes con mayor contenido tecnológico y en sectores más dinámicos”. República Dominicana debe impulsar acciones institucionales para crear un trato especial diferenciado de su economía con Estados Unidos.

Aunque las autoridades dominicanas anunciaron un 99,5% del universo de los bienes quedará exento de aranceles de manera inmediata, el 90% de las exportaciones dominicanas ya entraba libre a Estados Unidos.

En cambio, República Dominicana se comprometió a una liberación inmediata de 76,5% de sus líneas arancelarias y a desgravar el resto en 20 años. “Esto significaría un drástico desmantelamiento de las barreras a las importaciones, con potenciales implicaciones productivas y para los ingresos fiscales”, sostiene el informe.

República Dominicana es el principal socio comercial de Estados Unidos entre los signatarios del TLC y ocupa el número once entre los proveedores de textiles al mercado estadounidense. Aparte de ese renglón la economía dominicana depende del sector turismo y la venta de productos agrícolas. República Dominicana y Estados Unidos firmaron el tratado en abril de 2004, cuando ocupaba la presidencia el socialdemócrata Hipólito Mejía (200-2004) y ahora el liberal Leonel Fernández gestiona su ratificación en los parlamentos de ambos países.

www.bilaterals.org

Mayo de 2005.

¿Qué divulgó el estudio de impacto en Propiedad Intelectual (PI) que la Organización Panamericana de Salud (OPS) hizo en Colombia de cara al TLC?
En los resultados entregados en diciembre pasado se mostró que tanto patentes como protección de datos de prueba tienen un impacto negativo sobre el acceso a medicinas.

¿De qué efectos negativos estamos hablando?
Con las reformas solicitadas por EE.UU. en el marco del TLC se elevan los precios de los medicamentos en el mercado. En los países que tienen escasos recursos para sus sistemas de seguridad social y cuyos habitantes son pobres, un precio elevado se traduce en imposibilidad o mayores dificultades para acceder a los medicamentos. Eso en algunas enfermedades es particularmente grave. Tomado como ejemplo el sida se mostró que las personas que no tomen los medicamentos morirán.

¿Se puede cuantificar el impacto negativo?
La aplicación de varias de las medidas que sugiere EE.UU. pudieran perjudicar el acceso a medicamentos para 2,5 millones de colombianos en los próximos 10 a 15 años. Eso puede representar, a partir del 2015 (fecha de posible vigencia del acuerdo en el tema), que 2 500 personas mueran por Sida en un solo año por no poder acceder a los fármacos.

¿Qué sucede con otras dolencias más comunes del Tercer Mundo como infecciones respiratorias, intestinales…?
Con las reformas a la propiedad intelectual, cualquier molécula nueva que entre al mercado tendrá un monopolio de comercialización y, por tanto, tendrá un mayor costo porque tendrá un mayor beneficio comercial del que tiene ahora.

¿El estudio cuantificó el valor del producto comercial de marca con su genérico?
Hay varios estudios sobre esto y en promedio la diferencia está por sobre el 70 por ciento.

¿Ese 70 por ciento es utilidades y costos de patentes?
Sí. Para explicar esto es emblemático el caso del sida en Brasil. En ese país se redujo el costo por paciente de 15 000 a 800 dólares promedio, cuando el Estado dispuso la elaboración de genéricos en plantas nacionales, además de las importaciones paralelas. La diferencia es abismal.

¿Cuánto mueve al año el mercado colombiano de fármacos?, y de esto ¿cuánto paga en patentes?
Unos 1 500 millones de dólares y en patentes se pagan al año unos 100 millones.

¿Se puede hacer una comparación entre el mercado de Colombia y Ecuador para cuantificar el impacto de la Propiedad Intelectual?
Sí. Nosotros utilizamos variantes sencillas que se sirven del tamaño del mercado. Entonces, se pudiera estimar globalmente que si el mercado ecuatoriano es la mitad del colombiano, las pérdidas también van a corresponder a ese porcentaje. Sin embargo, hay que aplicar varios modelos de impactos según cada una de las realidades. La industria farmacéutica defiende la propiedad intelectual porque eso le permite continuar con las innovaciones tecnológicas.

¿Qué tan cierto es aquello?
Eso es cierto. La patente es un mecanismo para promover la inversión tecnológica, pero hay que ver la otra cara de la moneda. Si como país estamos pagando una medicina más cara hay que preguntarse qué es lo que ganamos. Los beneficios deben redundar en investigaciones en enfermedades propias de nuestros países.

Las farmacéuticas priorizan la investigación en enfermedades del Primer Mundo porque ahí están su mayores ventas. Colombia representa el 0,02 por ciento del mercado mundial de medicamentos, lo cual no es trascendental para las multinacionales. Otro punto es que no hay mayor transferencia de tecnología.

Así, cuando vence una patente la industria nacional puede producir genéricos más económicos. En Colombia, luego de respetar por 10 años estos acuerdos, la inversión extranjera en este campo y la transferencia en tecnología ha disminuido. De 32 plantas multinacionales que había, actualmente solo quedan siete.

Si nuestros mercados son tan pequeños, ¿por qué EE.UU. presiona en propiedad intelectual?
Estados Unidos tiene una estrategia que funciona en tres dimensiones: la global, la regional y la bilateral. Lo que no puede lograr globalmente lo intenta regionalmente.

Entrevista a: Miguel Cortés
Consultor de la Organización Panamericana de la Salud, OPS,
en el tema de Propiedad Intelectual

Tomado de: www.elcomercio.com

MÉXICO (EFE).- El aumento de las exportaciones agrícolas mexicanas a EE.UU. se debió, sobre todo, a la devaluación del peso, no al Tratado de Libre Comercio (TLC), afirmó ayer la Comisión Económica para América Latina.

En un informe divulgado ayer por el organismo, se destacó que las exportaciones mexicanas a EE.UU. crecieron a una tasa promedio anual de un 7.4% en la última década, cifra superior a la media de 1.9% observada entre 1990 y 1994.

Este resultado se había interpretado como un efecto benéfico del TLC. Sin embargo, diversos estudios apuntan a considerar el efecto del tipo de cambio en el comercio binacional debido a la fuerte devaluación del peso en diciembre 1994.

La Cepal explicó que realizó un análisis para separar los efectos de la devaluación y del rratado en el comercio agrícola.

“El estudio concluye que, en concordancia con investigaciones previas, el tipo de cambio es la variable de mayor importancia para explicar el comportamiento de las importaciones agropecuarias estadounidenses, particularmente en el corto plazo”.

El estudio observó que “una devaluación en 10% en el tipo de cambio real del peso contra el dólar produce incrementos de aproximadamente 3% en las importaciones estadounidenses”.

No significativo El estudio concluye que el TLC “es estadísticamente no significativo en una serie de especificaciones del modelo”.

Asimismo, señaló que otra conclusión apunta a que el aumento de las ventas agropecuarias hacia Estados Unidos es un proceso que había comenzado antes del TLC.

Mayo de 2005

El Rep. Grijalva reveló lo siguiente sobre el voto:

“Esta decisión oficial de oponerse a CAFTA es una clara declaración que nosotros, como miembros del Caucus Congresional Hispano, consideramos que la comunidad hispana merece un tratado superior a este acuerdo. El CAFTA es una extensión del modelo de NAFTA, el cual ha tenido un record terrible en más de once años.

Los defensores de CAFTA han tratado de hablar en nombre de la comunidad hispana, y no haber desistido de su estrategia de difamar a oponentes del CAFTA como “anti-hispanos”. Me da gusto que el CHC haya tomado acción para disipar estas tonterías. El “Comercio Libre”, tal como ha sido ejercido, ha dañado a Latinos en los EE.UU. y ha ampliado el hueco entre el rico y el pobre. No vamos a dejar que la Administración de Bush trate de decirnos que nos conviene”.

Aunque los Latinos representan sólo el 13 por ciento de la población, constituyen una cifra certificada de 47 por ciento de trabajadores quienes han perdido sus empleos debido al Tratado de Libre Comercio y así haber calificado para ayuda conforme al programa de Ayuda de Ajuste Comercial.

Grijalva reconoció el impacto que CAFTA tendría en inmigración, un tema de gran interés para el sur de Arizona:

“Hemos visto el impacto de NAFTA hacia la inmigración, ya que el flujo ha aumentado debido a 1.3 millones de agricultores mexicanos quienes se han visto evacuados de sus tierras debido a importaciones baratas estadounidenses. Las economías de América Central dependen aún más en la agricultura, y una réplica de la experiencia de NAFTA sería devastadora. Cuando las importaciones baratas estadounidenses empiecen a inundar, los trabajadores agrícolas Centroamericanos, aproximadamente el cincuenta por ciento de la población, tendrán que tomar empleos en las maquila o emigrar a los EE.UU.”

Grijalva también criticó fuertemente las provisiones de trabajo del CAFTA, las cuales sólo requieren que las naciones centroamericanas hagan cumplir sus leyes existentes, a pesar de que estas leyes no se conforman a los estándares de la Organización Internacional de Trabajo. La insuficiencia de asegurar los derechos básicos de trabajo ha sido notada en informes de la Organización Internacional de Trabajo y fue recientemente dirigido por documentos que el Ministerio de Asuntos Exteriores fue obligado a divulgar a petición del Congreso. La pena máxima por violaciones de trabajo es 15 millones de dólares por año, cantidad que el gobierno ofensor pagaría a sí mismo.

Grijalva agregó:

“Una ‘multa’ de trabajo que es una gota dentro del mar, y que un gobierno se paga a sí mismo, después de un proceso que excluye peticiones de ciudadanos, es completamente inadecuada. Al mismo tiempo que el CAFTA disminuye exigencias en programas regionales comerciales existentes, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y el Sistema Generalizado de Preferencias requieren que naciones reesfuercen leyes de trabajo para satisfacer los estándares principales de la Organización Internacional de Trabajo.

Finalmente, este acuerdo no hará nada para proteger el rico y bio-diverso medio ambiente de América Central, mas dará instrumentos a inversionistas extranjeros para socavar las pocas protecciones del medio ambiente existentes al reclamar que sus expectativas de ganancias no fueron realizadas.

Sobre toda cuestión pertinente a nuestra comunidad, el CAFTA es un pésimo trato. Espero ansiosamente colaborar con mis colegas del Caucus Congresional Hispano para derrotar este acuerdo”.

Más información en aquí:

San José, 27 de mayo de 2005.

Podemos distinguir: 1- agua para el consumo humano vía acueducto, y 2- agua como insumo para actividades productivas (incluyendo agua embotellada, agua para la cerveza, agua para los procesos de la industria informática INTEL, etc)

El TLC no se extiende al agua en lo referente al anterior punto 1. ¿Por qué? Considero que no por consideraciones de protección del recurso para el consumo humano en condiciones de equidad, todo lo contrario. Ya se habla de la “necesidad” de un TLC con la Unión Europea (UE), pues bien en la UE encontramos las mayores y más agresivas transnacionales del agua. Así que el agua (acueductos) quedará como carta de negociación ante los europeos, de igual forma que el ICE, el INS y la biodiversidad han sido cartas en el proceso del CAFTA.

En nuestro país encontramos cada vez más conflictos en torno al agua, es decir en torno a sus usos alternativos, estos conflictos acaparan la atención pública y son expresión precisa de los límites del actual modelo de explotación insustentable de la naturaleza (incluyendo al ser humano).

Sin embargo, la protección de los acuíferos, sobre todo para garantizar el consumo de agua de las comunidades y para las necesidades de los ecosistemas, se ve constantemente amenazada. En la lógica del TLC, el agua es mercancía, no un derecho, ni mucho menos fuente esencial no sustituible de los procesos de vida. Más y más empresas la emplean desde turísticas para irrigar sus abyectos campos de golf hasta industriales que la usan en enormes cantidades (para la industria de los microprocesadores por ejemplo) o bien para simplemente embotellarla y lograr enormes ganancias con su venta a cambio de miserables cánones.

¿Qué pasaría si hay un conflicto a partir de que esa expoliación del agua amenace el agua para el consumo y los cultivos de las comunidades, se podrá restringir la sobreexplotación en el marco del TLC? No es para nada viable. Veamos lo que se señala en la Sección D: Medidas no Arancelarias del artículo 3.8: Restricciones a la Importación y a la Exportación del capítulo 3 Trato nacional y acceso de mercancías al mercado

1. Salvo disposición en contrario en este Tratado, ninguna Parte adoptará o mantendrá alguna prohibición o restricción a la importación de cualquier mercancía de otra Parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de otra Parte, excepto lo previsto en el Artículo XI del GATT 1994 y sus notas interpretativas, y para tal efecto, el Artículo XI del GATT 1994 y sus notas interpretativas se incorporan en este Tratado y son parte integrante del mismo, mutatis mutandis.

Empresas radicadas en el país (PANAMCO, ENERGY DE CENTROAMERICA S.A.Aguas Minerales de Costa Rica, Agua Electropura, etc) exportan agua bajo la designación Arancelaria 2201.90.00 “Aguas, incluso aguas naturales, artificiales o minerales, que no contengan azúcar u otros edulcorantes; hielo y nieve”. Estas exportaciones no alcanzan aún montos extraordinarios, pero las disciplinas desreguladoras y pro inversión del TLC podrían propiciar una exportación significativa del recurso.

El país, en caso de conflictos distributivos en torno del agua, tendría que plegarse a las normativas del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio. En el artículo XI-2ª del AGCS se establece que eventuales restricciones a la mercantilización del agua solo serán posibles . Para prevenir o remediar una escasez aguda de productos alimenticios o de otros productos esenciales para la parte exportadora.

O sea la sociedad habría de experimentar una situación de crisis extrema para limitar el comercio del agua. Además, cualquier restricción sería de carácter temporal, con lo cual se prohíbe de hecho una gestión responsable del agua de cara a su condición de elemento fundamental para la vida, no solo humana, y de cara a las generaciones futuras.

Estamos, evidentemente, ante un verdadero modelo de desarrollo sostenido, pero no para las personas y los ecosistemas, sino para la acumulación del capital.

Con todo respeto,

Lic. Manuel López
Coeco-Ceiba

25 de mayo de 2005

M.Sc. Jorge Mora Portuguez
Especialista en Derecho Ambiental y Recursos Hídricos

Según Alejandra Aguilar: “contrariamente a lo señalado por los panelistas de este foro, el TLC no establece ninguna disposición que obligue al país a modificar la legislación relativa a la gestión del recurso hídrico, más bien, se establece la obligación de realizar un mayor cumplimiento de nuestros estándares ambiéntales incluyendo los relativos a la protección del recurso hídrico. En este sentido, es absolutamente incorrecto afirmar que el TLC provocará que el agua se regule por las reglas de la oferta y la demanda…”

¿Es correcta esta afirmación?

NO, no lo es.

Yo no dudo de la integridad profesional de Alejandra Aguilar, ni de su sensibilidad por los temas ambientales y sociales, pero es precisamente esta sensibilidad la que la lleva a confundir su deseo (de que el TLC no afecte al ambiente ni al agua) con la realidad.

Alejandra cae en la falacia del “wishful thinking” mencionada por Gustavo Solano en un artículo publicado por la Nación el pasado 15 de mayo:

“Es una tendencia natural del ser humano…confundir los deseos (o los temores) con la realidad…Esa ha sido la tónica de las pobres y estériles discusiones sobre el tema (se refiere al TLC), donde se han gastado miles de palabras en confirmar los deseos o los temores de sus admiradores o de sus detractores”

Este es precisamente el error en que cae Alejandra Aguilar, pues en su defensa a ultranza del TLC, obvia la realidad, los hechos, los antecedentes, que son al fin y al cabo los que nos indican el posible riesgo o no, que representa el TLC para nuestros países y sus recursos naturales; y se limita a describir lo que según ella implica el texto del Tratado.

Yo por el contrario no voy a caer en un “dime que te diré” sobre lo que dice o no dice el texto del TLC; sino a lo que ha sucedido en la realidad con el agua y con otros recursos naturales en países en donde se han firmado tratados de libre comercio similares al nuestro; especialmente el caso del NAFTA (México-Canadá-Estados Unidos) y luego haré algunas referencias a nuestro tratado para demostrar cuán equivocada está Alejandra sobre la inocuidad del TLC para nuestro ambiente o para nuestros recursos hídricos.

Más allá del Capítulo 17 sobre Protección Ambiental

Aun y cuando ciertas disposiciones del Capítulo 17 citado por Alejandra parecieran ir dirigidas a comprometer a los Estados a no hacer más laxa su normativa ambiental, lo cierto es que el problema principal no está en ese punto, sino en la imposibilidad de aplicar dicha normativa en función del capítulo de Inversiones y otros temas relacionados. Veamos:

Como bien lo señala Colmenares Mejía: “En el marco de los TLC el capítulo de Inversiones es crucial; en él se establece que las controversias que surjan entre los Estados firmantes y los inversionistas extranjeros, por presuntas violaciones del derecho de propiedad, serán dirimidas por tribunales arbitrales internacionales, cuando así lo soliciten dichos inversionistas, quienes podrán exigir una compensación por cualquier acto gubernamental que afecte sus ganancias potenciales. Queda establecido que tales demandas las pueden realizar las empresas contra los Estados, pero éstos no pueden hacerlo contra las empresas.”

En un informe para la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (del 17 de marzo del 2003) la Asociación Americana de Juristas (entidad consultiva especial de esta Comisión) señala que:

“En efecto, diversas corporaciones han ganado litigios arguyendo que las normas ambientales transgreden su derecho como inversionistas a tener utilidades. Los gobiernos han llegado a pagar millones de dólares a corporaciones mediante arreglos extrajudiciales.”

Entonces, si por ejemplo, decidiéramos regular la exportación de agua embotellada o el reconocimiento de un pago o restricción por el agua virtual exportada en hortalizas, frutas, productos industriales por parte de empresas transnacionales; estas podrían demandarnos ante un tribunal arbitral externo a nuestro país si sienten que sus intereses comerciales se ven afectados.

O bien, si quisiéramos establecer planes reguladores urbanos, de ordenamiento territorial, o de manejo de cuencas; y en las zonificaciones propuestas una empresa siente lesionados sus intereses, podríamos ser objeto de una demanda multimillonaria.

¿Y que pasaría si quisiéramos gravar la importación de autos usados?

¿O regular la exportación de productos elaborados con maderas finas?

¿O eliminar sustancias tóxicas en productos exportados al país por empresas transnacionales estadounidenses o del todo prohibir su ingreso?

¿Qué sucedería si quisiéramos “tomar medidas o aplicar instrumentos que estén vinculados a aspectos de desempeño, como sería el caso de aplicar impuestos a los agroquímicos para reducir la contaminación y mejorar el desempeño ambiental”?. (Miranda, F.)

¿O si quisiéramos “aplicar instrumentos fiscales para estimular el uso de tecnologías menos contaminantes o para desestimular, o restringir el uso de tecnologías ambientalmente ineficientes o negativas”? (Ibidem)

En todos estos casos las empresas “afectadas” podrían demandar al país por sumas multimillonarias ante tribunales arbitrales internacionales; procesos que aún y cuando los ganáramos (lo que casi nunca ocurre según lo demuestra la evidencia empírica) costarían al país millones de dólares.

Los siguientes son hechos reales, no producto de los temores o deseos de nadie (tomados de: Colmenares Mejía, E., Oxform Internacional y Asociación Americana de Juristas entre otros) y que nos indican a qué nos estamos exponiendo con la firma de este Tratado de Libre Comercio:

-La empresa Ethyl Corp. (USA) demandó a Canadá porque este país prohibió la venta del aditivo para gasolina MMT por ser una Neurotoxina peligrosa. El Gobierno de Canadá tuvo que pagar US$19,3 millones de indemnización.

– La empresa Metalclad (USA) demandó a México porque el Gobierno de San Luis Potosí le negó el permiso de construcción y operación de un relleno sanitario de desechos peligrosos por no cumplir normas ambientales y luego de que una auditoría geológica demostró que las instalaciones contaminarían el suministro local de agua. El Gobierno de México fue sancionado con US$ 16,7 millones.

– La empresa S.D. Myers (USA) demandó a Canadá porque este país, aplicando la Convención de Basilea, prohibió la comercialización transfronteriza de residuos de PCB. El Gobierno canadiense fue condenado a pagar US$50 millones y tuvo que retirar la prohibición.

– La empresa Sun Belt Water inc. (USA) demandó a Canadá por prohibir la exportación masiva de agua fresca hacia Estados Unidos. El gobierno canadiense fue condenado a pagar $10. 5 millones.

– La empresa Pope &Talbot (USA) demandó a Canadá porque este país restringió la cuota de exportación de maderas suaves con el propósito de protger sus bosques. La demanda es por US$ 461 millones.

– La empresa Methanex (Canadá) demandó al Estado de California porque este ordenó retirar del mercado el aditivo para gasolina MTBE (el cual es altamente tóxico para la Salud y el Ambiente). La demanda es por US$ 970 millones y aunque no se ha resuelto aún, el Gobierno de California ya ha tenido que desembolsar más de US$6 millones para su defensa en el proceso arbitral.

– La empresa Desona de Canadá demandó a México porque el Gobierno anuló el contrato de recolección y disposición de basura alegando mal desempeño. La demanda fue por US$ 20 millones.

– La empresa USA Waster (Acaverde) demandó a México porque el Gobierno de Acapulco rescindió el contrato de barrido y de construcción del relleno sanitario. Demanda por US$ 36 millones.

– La empresa Karpa, de USA demandó a México porque este país se negaba a rebajar los impuestos de exportación de cigarillos. Karpa ganó $ 1.5 millones.

En todos los casos anteriores las demandas se dieron debido a intenciones de los Gobiernos de aplicar medidas de protección ambiental o de la salud de las personas.

La realidad es que si bien el capítulo 17 señala que nuestros países pueden ser multados hasta por $15 millones por no hacer cumplir su legislación ambiental; lo cierto es que es mayor el riesgo a condenas mucho más elevadas si se adoptan medidas y regulaciones ambientales que puedan lesionar los intereses comerciales de tales empresas. Tal contradicción es real, es intrínseca a nuestro TLC y COMEX reiteradamente se niega a debatir al respecto.

Existen muchos otros casos similares en materias no relacionadas con Ambiente, pero que igualmente han implicado un fuerte impacto para la economía de México e incluso de Canadá, siendo las más beneficiadas en todos estos litigios, las empresas de Estados Unidos.

¿Está nuestros países en capacidad de resistir semejantes demandas?

¿Podríamos afrontar los costos millonarios que implica ir a un proceso arbitral aún y cuando no nos condenen?

El temor a demandas multimillonarias, o a procesos arbitrales con costos millonarios, podría llevar a nuestros Gobiernos a preferir no regular el desempeño ambiental de empresas transnacionales, o a hacerse la vista gorda sobre los posibles impactos de actividades dañosas por parte de estas.

Esto tampoco es un temor infundado, sino otra lamentable realidad que ya está ocurriendo en el caso de México; donde lejos de mejorar la calidad ambiental del país (como se había prometido con el TLC) el ambiente ha sido, junto a los pequeños y medianos productores, el gran perdedor:

En estadísticas mencionadas por Oxfam Internacional, se indica que a 6 años de vigencia del NAFTA “la situación histórica de agotamiento de los recursos y la contaminación, lejos de disminuir se venían acelerando…El costo de la degradación ambiental alcanza el 11% del PIB (cerca de US$36.000 millones anuales); y mientras el valor del daño del capital natural creció 20% el porcentaje destinado a su reparación disminuyó más del 50%.”

Otras fuentes citadas por la Asociación Americana de Juristas revelan que:

– En zonas maquiladoras el crecimiento de la polución y los desechos químicos han incrementado los casos de hepatitis y enfermedades congénitas.

– El uso de plaguicidas y fertilizantes se triplicó desde 1996.

– En Estados como Guerrero los bosques han sido talados hasta en un 60%.

– Seis millones de campesinos han perdido sus tierras y empleo.”

– Se han dejado de cultivar 2 millones de hectáreas de maíz como producto de la invasión masiva de maiz subsidiado desde USA, dejando en la miseria a millones de familias y aumentando la migración hacia aquel país a razón de un millón de personas al año. (Terre des Hommes-Managua)

Degradación ambiental en México (1988-1999)

Periodo	Deforestación Miles m3	Erosión Mill. Ton.	Agua contaminada Mill. m3
				Residuos sólidos Mill. Ton.	Hidrocarburos Mill. Ton.
Pre-TLCAN	5.246	479	17.360	21,7	2.233
TLCAN	3.435	629	19.103	32,7	2.858

(Fuente: VILLAMIZAR, Alejandra. Impactos ambientales de la liberalización económica. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Oxfam International. Dic. 2001.)

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (NAFTA) no deja duda posible de que México fue el gran perdedor en materia de soberanía alimentaria, agricultura y ambiente.

Existe suficiente evidencia empírica (más allá de los deseos de los asesores de COMEX) que ponen en evidencia los riesgos reales a los que se exponen nuestros países con la ratificación del TLC; riesgos que incluso el mismo Banco Mundial reconoce cuando en su Informe del 2005 señala la inconveniencia para los países pobres de ratificar Acuerdos Bilaterales con países como Estados Unidos. (“Proyecciones Económicas Globales”. 2005. BANCO MUNDIAL).

Estos son los hechos reales, no son producto de la imaginación, ni del temor. COMEX aducirá que una cosa es el NATFA y otra cosa es el CAFTA, dirán que nuestro capítulo de inversiones es distinto, así como el de regulaciones ambientales; pero lo cierto es que este Tratado, tal como lo advierten expertos y agencias internacionales, así como organismos financieros y de cooperación está concebido en los mismos términos en fue concebido el NAFTA, para beneficiar el comercio por encima de otras consideraciones de tipo social o ambiental, para beneficiar a las empresas transnacionales y no a la población.

El principio precautorio, una máxima del derecho ambiental reconocida internacionalmente que establece que la falta de “certeza científica no debe ser pretexto para permitir actividades que pudieran ser dañinas para el ambiente o para no tomar las medidas necesarias para su protección” debe ser razón suficiente para que no aprobemos este TLC tal y como ha sido negociado actualmente. Pero más allá de la ausencia de certeza científica, lo cierto es que la evidencia empírica, los hechos de la realidad, nos están indicando lo que le puede suceder a nuestros países si se ratifica este tratado en las condiciones actuales.

I. Motivos de esta reflexión.

1. Los Obispos de Costa Rica somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como pastores, de acompañar a nuestro pueblo, en sus angustias y alegrías, en sus anhelos y esperanzas y, a la vez, animarlo a construir un futuro mejor.

2. Uno de los temas más candentes en la actualidad es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica (TLC) y sus posibles consecuencias para el futuro de nuestra patria. Hemos participado en innumerables foros donde se ha presentado y discutido este Tratado. Hemos escuchado con atención a los encargados de negociar este Tratado, así como a los sectores que se sienten beneficiados con el TLC, quienes lo defienden como positivo para los intereses comerciales del país. Creemos en la buena intención de los negociadores, quienes buscan asegurar un aspecto clave de nuestra economía: las exportaciones de nuestros productos agroindustriales. Hemos escuchado también a los que se oponen a su aprobación, aduciendo que beneficiará a unos pocos y que afectará a los sectores más débiles y vulnerables como los campesinos, los pequeños agricultores y los indígenas. Otros se oponen específicamente a la apertura del ICE, del INS, entre otros aspectos, afirmando que comprometen el futuro de la nación, ante una negociación asimétrica que beneficia a la gran potencia comercial del Norte. Respetamos sus puntos de vista. Nos parece inconveniente asumir una oposición respecto al TLC por aspectos puramente ideológicos, por intereses personales o grupales o por cálculos de política electoral.

3. No podemos perder de vista el amplio contexto socioeconómico, que tenemos como punto de referencia obligado, para discutir adecuadamente el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos de Norteamérica. En efecto, son muchas las situaciones que agobian a nuestras comunidades. En el plano macroeconómico y macrosocial: el aumento de la brecha social, la pobreza, el desempleo, los índices de rezago educativo, los problemas de la tierra, del agua, del deterioro ambiental. Son muchos los excluidos de las oportunidades de acceso a los bienes comunes. A nivel de la realidad microsocial inmediata somos testigos de las grandes vicisitudes que enfrenta la familia: el alto costo de la vida, la violencia, la inseguridad ciudadana, la agresión intrafamiliar, especialmente contra las mujeres, la vulnerabilidad de los niños y la ausencia de condiciones para su desarrollo integral, la situación de mujeres solas jefas de hogar, a las que se les recargan las tareas de mantenimiento de la familia, entre otros aspectos. Atendiendo a las patologías sociales, el alcoholismo, el comercio sexual infantil y la drogadicción, afectan seriamente nuestras familias y nuestra sociedad. Con respecto a todos estos problemas nos sentimos corresponsables, desde la perspectiva de la construcción del bien común y de la solidaridad con cada uno de nuestros hermanos y hermanas.

4. A partir de los retos anteriores, los Obispos queremos aportar una luz que ilumine tanto los beneficios como los riesgos que este Tratado puede traer a la sociedad costarricense. Esperamos que sean de mucha utilidad para todos los actores sociales que discuten sobre la aprobación del TLC. Lo hacemos, desde la óptica del Evangelio y del Magisterio Social de la Iglesia. Analicemos, primero, los alcances del TLC.

II. Alcances del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

5.El TLC es un instrumento jurídico, un convenio entre países que les garantiza el intercambio de bienes y servicios de manera fluida. Es un instrumento que materializa las políticas comerciales del país que se basan en un conjunto de reglas que, según los negociadores, respetan los principios sobre los que ha basado Costa Rica el desarrollo económico y social. Creemos que el comercio con Estados Unidos es importante para nuestro país, por el peso tan grande que tiene en la producción nacional, en las exportaciones, en las importaciones, en la generación de empleo y porque, en un fututo cercano, puede crear más oportunidades de crecimiento.

6. Sin embargo, los contenidos de este TLC son muy complejos. Entre otras cosas, porque implican decisiones no solo sobre el trato a la variedad de productos, bienes y servicios, sino también porque tocan otra variedad de temas conexos: reglas relativas a las inversiones, a la propiedad intelectual (derechos de autor, marcas, patentes, protección y uso de datos de prueba), al medio ambiente, a la legislación laboral, a la solución de controversias, y otros.

7. Esto permite comprender por qué este TLC tiene efectos múltiples y no necesariamente coherentes entre sí, como los siguientes que merecen atención:

• En primer lugar, afecta de manera diferente a los intereses, beneficios y costos de los sectores sociales y productivos que están ligados a los bienes y servicios que se negocian.

• En segundo lugar, con respecto a la fuerza laboral que participa en los procesos de producción, es previsible que tengan más opciones aquellos que cuenten con mejores calificaciones profesionales, No será así para una inmensa mayoría de personas, menos calificadas, que tendrán más obstáculos en su inserción.

• En tercer lugar, los efectos de la explotación de los recursos naturales del país, pueden ser positivos o negativos. Esto depende de que en los procesos productivos se tomen en cuenta o no los costos ambientales y sociales de éstos. Un aspecto de mucha importancia es, por ejemplo, lo que se refiere al uso de nuestros mares, por sus consecuencias humanas, en lo concerniente a la industria pesquera, en el caso de nuestra costa pacifica y sus consecuencias a nivel pesquero y humano.

• Dado que el TLC exige modificaciones a la legislación costarricense en diferentes áreas, cabe el peligro de que éstas afecten principios fundamentales de la institucionalidad jurídica costarricense.

III. Previsiones.

Dado que los efectos o impactos del TLC pueden ser contradictorios entre sí entre un sector y otro, o entre consumidores y productores, según las negociaciones vayan a afectar los diversos intereses sectoriales, será necesario tomar algunas previsiones, como las siguientes:

• Creemos que será necesario definir las políticas comerciales, el proyecto y estrategia de desarrollo al que corresponde un TLC, teniendo en cuenta el bienestar de todos los sectores potencialmente afectados, tanto positiva como negativamente. Cuando esta correspondencia se define con anterioridad a la negociación, se garantiza en mayor grado que la posición del Estado sea auténticamente “nacional”.

• Creemos que es el momento para que todos, como sociedad costarricense, nos interesemos por un análisis cuidadoso acerca del estilo de crecimiento económico vigente, para que sea un desarrollo integral, sostenible y equitativo. De este estudio sereno y cuidadoso debe depender la firma y ratificación del TLC. Es fundamental que el país, en particular la Asamblea Legislativa no se apresure en tan importantes decisiones.

• Tenemos que buscar, en una visión participativa y de conjunto, el país y la sociedad que queremos. Un “hacia dónde” y “por dónde” queremos que se desarrolle el país. ¿Cómo hacer políticas económicas que sean éticamente deseables y posibles? ¿Cómo hacer para que los diversos sectores sociales, y las comunidades todas, participen de un proceso semejante?

• Creemos que se hace necesario una revisión cuidadosa del documento del TLC que se va a firmar, por las incidencias determinantes que tienen para el desarrollo sostenible de nuestro país.

IV. Principios por tener en cuenta.

8. Discernimiento. ¿Cuáles son los principios y valores que como Iglesia podemos aportar desde la enseñanza del Evangelio y las ricas Enseñanzas de la Iglesia? Al Papa Pablo VI como a los demás Papas se le presentaron muchas situaciones complicadas como esta que hoy enfrentamos. No solo de un país, sino de todo el mundo, le fueron solicitando planteamientos sobre situaciones económicas, sociales y políticas. Y su respuesta fue clara: ni el Papa ni la Iglesia pueden dar una respuesta única, ni pueden darla aislados. “Incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia tal como han sido elaboradas a lo largo de la historia” (OA 4). La posición correcta, ética y religiosa, ante problemas como estos, proviene entonces de un esfuerzo colectivo.

9. Diálogo. El discernimiento o la lectura ética de una medida económica deben realizarla las comunidades, en un verdadero diálogo. En un diálogo que parte del examen de los impactos económicos y sociales buscando “las opciones y los compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que se considera de urgente necesidad en cada caso” afirma el documento citado. La perspectiva no es solo de eficiencia y competitividad. Es también de equidad, justicia, solidaridad y libertad. Este es el camino que como Iglesia proponemos para discernir según los principios del Evangelio respecto a contextos socio-económicos y culturales concretos, esto es, analizar la realidad que da concreción histórica a los principios éticos, en un contexto de comunión, por medio de un diálogo, que nos encamine en la construcción de prioridades nacionales.

10. Equidad. Hay valores que son de obligada referencia, tales como los que hemos mencionado: justicia, equidad, solidaridad y libertad, y que nos permiten identificar las áreas vulnerables a las que siempre hay que poner atención para evitar que continúen o se agudicen a raíz de la aplicación de cualquier política comercial, tales como la exclusión de sectores que no cuentan con empleo, ni forma de ingreso estable y digno; la explotación de quienes están al margen de las regulaciones salariales y laborales, así como de los servicios básicos; el estilo consumista de vida, que puede mantenerse o agudizarse; el deterioro del ambiente y la pérdida de libertad personal o su reducción a ser “libre” para intercambiar productos o para poderlos escoger en los mercados.

11. Solidaridad. Para el Magisterio Social de la Iglesia las raíces de estos problemas son: en el plano cultural: el individualismo y el nacionalismo (GS 85), por supuesto sobre todo el de las grandes potencias; la desconfianza y el temor mutuos y el error de presentar a los países típicos de la civilización urbana – industrial como modelos para los países en desarrollo, pretendiendo hacerlos pasar por “universales”. Entre los factores materiales: está la forma de funcionar la economía de libre mercado (SRS 16), el liberalismo económico (PP 26, 56, 58); (DP 47, 312) y el imperialismo internacional del dinero (QA 108-109), (SRS 37). El Magisterio Social de la Iglesia plantea un camino distinto, de prácticas inspiradas en la subsidiaridad, la justicia distributiva, el bien común y otros principios, que son los que deben conformar las políticas económicas y los tratados comerciales y no los que rigen la actual situación de asimetría en las relaciones internacionales (PT 87, 89).

12. Dignidad de la persona y el bien común. En esta concepción del Magisterio Social de la Iglesia, ocupan un lugar central la afirmación de la dignidad inalienable de la persona humana (PT 9, GS 24 -25), (DP 1268, 1275) y la preeminencia del bien común sobre intereses particulares (MM 65), (GS 53, 56 -58). Este concepto de bien común es aplicable a nivel de relaciones entre personas y grupos, y también, como lo reafirma el Papa Juan Pablo II, para las relaciones entre países (LE 2), (SRS 10). Implica siempre, entre otras cosas, el deber de acomodar los propios intereses a las necesidades de los demás, el del derecho de beneficiarse todos los ciudadanos y países de ese bien común, y abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permiten a todos los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. De ahí se derivan varios principios fundamentales,, como los siguientes:

• El de la justicia, entendida como reconocimiento de derechos y deberes mutuos, (PT 91) como obligación mayor hacia el más desfavorecido, como un uso compartido de las riquezas, como conciencia de la “hipoteca social” que pesa sobre todos los bienes (MM 119, 120); (PP 23); (LE 14).

• El principio que establece que cuando los participantes en una relación económica son muy desiguales, es insuficiente el mutuo consentimiento para legitimar un convenio o forma de intercambio, de bienes, de capital y de seres humanos (PP 59, 61).

• El principio del libre intercambio que sólo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social. (PP 59). En definitiva, todos estos esfuerzos deben acompañarse por la solidaridad social a nivel nacional e internacional (PP 44, 48); (SRS 39, 45).

• El de la autodeterminación socioeconómica y política de las naciones (PT 120, PP 6).

• El de la legítima defensa de los propios intereses nacionales, en particular frente a las empresas transnacionales (DP 1277).

• El del desarrollo entendido como “el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas” (PP 14, 20).

IV. Los compromisos que debemos asumir.

13. Es a la luz de estos principios que pedimos al Gobierno y a todos los actores sociales del país que se incremente el diálogo entre todos los sectores del país. En el caso de que este diálogo conduzca a la aprobación del TLC, creemos que este debe ir acompañado por una agenda complementaria, elaborada democráticamente, con proyectos de tipo legislativo y proyectos puntuales que garanticen a los sectores más débiles, la compensación de los efectos negativos del tratado, les fortalezcan en su capacidad productiva y competitiva, y les garantice un acceso más equitativo a los beneficios de este proceso.

14. En el caso de que el diálogo lleve a la no aprobación del TLC, será preciso proponer medidas alternativas, para buscar otros caminos que conduzcan a garantizar el acceso a otros mercados de nuestros productos agro-industriales, bienes y servicios. Es urgente evaluar con sumo cuidado los efectos negativos para el país en caso que no se llegara a aprobar el TLC entre Costa Rica y Estados Unidos de Norteamérica.

15. En cualquiera de los casos, y a mediano plazo, el país debe tomar otra serie de medidas, de transformaciones institucionales que conduzcan a la modificación de la dinámica actual de crecimiento, para hacerla más conforme con las metas de eliminación de la pobreza e inequidad, el mejoramiento de la eficiencia productiva, la mejor distribución de la riqueza e ingreso, y la capacidad competitiva a nivel internacional.

16. La Iglesia, por su misión constructora de reconciliación y comunión se compromete a colaborar con la realización de este diálogo y desde ya se ofrece para darle su apoyo de diversas formas. No es ella la protagonista, lo son los sectores ciudadanos mismos (OA 42). Lo que nos corresponde es promover la actitud y disposición de todos ellos para llevar a cabo las transformaciones necesarias en los escenarios antes descritos. Nos interesa la creación de espacios y formas de diálogo que permitan que éste se realice de manera ética y conducente a acuerdos operativos, que sean asumidos por las instancias políticas correspondientes. Este proceso debe ser también construido de manera participativa, evitando todo brote de violencia, de imposición o descalificación de personas o grupos.

17. Los Obispos de Costa Rica hemos querido contribuir con esta primera reflexión, fieles al Evangelio y a pueblo que Dios nos ha confiado, a buscar el bien común de Costa Rica. Reiteramos como base fundamental la justicia, la equidad y la solidaridad, con el fin de que se haga realidad un desarrollo sostenible y una vida digna para todos. Rogamos al Señor de la Historia asista con su Espíritu a todos los actores sociales para que se procure, ante todo, el bien del país.

Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal, el día 30 de mayo del 2004, solemnidad de Pentecostés. Firma el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal.

Mons. José Francisco Ulloa Rojas
Obispo diocesano de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal

Mons. Ángel Sancasimiro Fernández
Obispo diocesano de Ciudad Quesada
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal

Mons. Hugo Barrantes Ureña
Arzobispo Metropolitano de San José.

Mons. Victorino Girardi Stellin
Obispo diocesano de Tilarán
Secretario General de la Conferencia Episcopal
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*Octogesima adveniens: 1971. Carta Apostólica del Papa Pablo VI, 80 aniversario de la Rerum Novarum
*Gaudium et Spes, 1965, Constitución pastoral del Concilio Ecuménico Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual.
*Sollicitudo rei socialis, 1987, Encíclica del Papa Juan Pablo II. sobre la cuestión social.
*Populorum Progressio. 1967. Encíclica del Papa Pablo VI sobre el progreso de los pueblos.
*Documento de Puebla, 1979, Conclusiones de la II Conferencia del Episcopado latinoamericano.
*Pacem in terris. 1963. Encíclica del Papa Juan XXIII sobre la paz.
*Mater et Magistra. 1961. Encíclica del Papa Juan XXIII sobre la Iglesia Madre y Maestra.
*Laborem exercens, 1981. Encíclica del Papa Juan Pablo II sobre el trabajo.

Atendiendo invitación que formuló a nuestras dos organizaciones, la American Federation Of Labor-Congress Of Industrial Organizations (AFL-CIO), la central sindical estadounidense, la semana anterior nos hicimos presentes en la capital de los Estados Unidos de América, Washington, D. C.; para exponer los principales puntos de vista por los cuales, particularmente el Movimiento Sindical Costarricense y los Sectores Sociales en general, nos oponemos al denominado tratado de “libre” comercio (TLC) que a Costa Rica le quieren imponer con aquel país.

Durante el desarrollo de un elevado número de reuniones, recorriendo para ello varios edificios de oficinas del complejo arquitectónico del capitolio estadounidense, habamos tanto con diputados como con senadores, de manera directa en unos casos, y en otros con sus equipos asesores; planteando los siguientes ejes centrales de las razones por las cuales rechazamos el CAFTA (como se le conoce al TLC por sus siglas en inglés):

1- No queremos que los buenos empleos de los trabajadores y de las trabajadoras estadounidenses, se transformen en malos empleos en la América Central y, mucho menos, en Costa Rica. El salario mínimo promedio por hora, en los Estados Unidos, es de cerca de 6 dólares; en Costa Rica, entre 1.40 y 1.89 dólar por hora; en el resto de Centroamérica, menos de un dólar por hora.

2- En Costa Rica, la mayoría de los empleos que se crean al año son de carácter informal (con ausencia total de derechos laborales); lo cual, aunado a la inminente desaparición de la agricultura nacional por el tipo de TLC que nos quieren imponer; generará más “incentivos” para la migración hacia los EUA y para el fomento de actividades ilegales ligadas al narcotráfico (Costa Rica es puente entre Colombia y los Estados Unidos).

3- Cerca de 100 mil productores agropecuarios costarricenses habrán de desaparecer si el TLC finalmente se consolida. Si bien nos parece correcto que los Estados Unidos apoye a sus propios agricultores (invocando conceptos como Seguridad Alimentaria); Costa Rica no hace lo propio con los suyos y, más bien, con ese TLC, se cometió un “agrocidio”.

4- En la democrática Costa Rica, país de los Derechos Humanos y con un Premio Nóbel de la Paz, la palabra sindicato es sinónimo de despido en las empresas privadas (menos de 2 % de sindicalización en el Sector Privado).

5- El mismo grupo empresarial que promueve el TLC, es el mismo grupo empresarial que por veinte años ha impedido la aprobación de los convenios de la OIT sobre negociación colectiva (números 151 y 154); veinte años que son los que tienen tales convenios de estar en la corriente parlamentaria sin recibir la ratificación legislativa correspondiente.

6- En el Sector Público, la poca negociación colectiva que existe está seriamente amenazada desde la propia sede constitucional y ya hay casos de despidos antisindicales que ni el propio Estado (empleador de los perjudicados) tiene voluntad de resolver.

7- Los procesos judiciales para restaurar derechos laborales o para establecer reparaciones por la violación a los mismos, son sumamente largos.

8- Nos parece inaudito que aquellas eventuales violaciones a los derechos laborales que se pudieran demostrar, al “amparo” del TLC (y luego de un proceso complicado y largo, sin garantía de éxito), sean imputables al país (pago de multas de hasta 15 millones de dólares), y no a la empresa infractora. Esto quiere decir que violar las leyes laborales no implica riesgo de inversión, pues al final pagarán todos los contribuyentes, incluidos los propios trabajadores afectados y no afectados.

9- A Costa Rica se la conceptúa como la democracia política más estable de la América Latina y es, prácticamente, el último estado social de derecho que queda en la región: 100 % cobertura en Salud, 97 % de cobertura en energía eléctrica, 95 % en cobertura de telecomunicaciones (por ejemplo, ya casi 5 de cada 10 personas tiene teléfono celular), 100 % de cobertura en agua potable y que cuenta con otros fondos sociales generados a través de los seguros comerciales del Estado, por ejemplo. Todo esto se ha generado por políticas públicas generadas desde las empresas del Estado, todas las cuales quedaron amenazadas de extinción (privatización), por el TLC.

10- En tal sentido y dada la reconocida y militante resistencia ciudadana a la privatización, en Costa Rica el TLC fue utilizado para “resolver” tal “problema”; convirtiendo así lo que se suponía era un convenio comercial de carácter internacional, en un instrumento para enfrentar un problema político interno de alta sensibilidad (la privatización vía apertura), que hasta la fecha no pudo ser solventado por leyes específicas resistidas por la gente (ejemplo, el combo ICE).

11- La exitosa cobertura en salud y seguridad social, quedó amenazada de muerte, por el tema de las obligaciones de compra de medicamentos patentados.

12- En el caso costarricense, la aprobación del TLC culminaría, de una sola vez, la pretendida imposición total del denominado ajuste estructural, cuyo fracaso es más que evidente en la América Latina de hoy; varios de cuyos países vienen de “vuelta”, impulsando políticas públicas de contenido social, ya existentes en Costa Rica.

13- Destacamos la posición política del Presidente Pacheco en cuanto a no querer enviar el TLC el parlamento costarricense (siendo el único país centroamericano que no lo ha hecho); así como la circunstancia del práctico despido del equipo negociador costarricense, en setiembre pasado, luego de los acontecimientos sociales de agosto precedente.

14- Igualmente destacamos la falacia gubernamental de una supuesta participación democrática en todo el proceso negociador del TLC, resaltando elementos como el secretismo, el menosprecio a las propuestas formuladas con antelación, los abusivos salarios del equipo negociador y a la especie de totalitarismo dogmático excluyente y sectario que afirma que el TLC es una “posición de país”.

15- Costa Rica, que debería haber sido el modelo a impulsar de cara a los otros cuatro países centroamericanos, verá reducido, sustancialmente, sus niveles de vida en los ámbitos laboral, social y ambiental; pues el TLC la nivela “para abajo”.

16- En consecuencia, el TLC debe ser rechazado para dar paso a una conceptualización del desarrollo de nuestros países con base en los principios de comercio justo y con base en una cooperación que reconozca las descomunales asimetrías entre la economía estadounidense y las nuestras.

17- Es así que la mejor ayuda que se puede brindar, por ahora, es la referida a la preservación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), por ejemplo.

18- El caso de China no puede ser resuelto al amparo de un TLC, sino que tiene que ser enfrentado, globalmente, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para lo cual se debe promover una vinculación estratégica entre políticas comerciales con derechos laborales y sociales.

Junto a nosotros estuvo participando la compañera sindicalista de El Salvador, Martha Sonia Díaz, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil (STIT), con el apoyo del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), una ONG ligada al movimiento popular salvadoreño. Igualmente, el compañero sindicalista Reynaldo González, de la Federación Sindical de Empleados Bancarios y de Seguros (FESEBS), de Guatemala.

Según comentamos con los personeros de la ALF-CIO, la Administración del Presidente George W. Bush, no tiene los votos necesarios para aprobarlo, al menos hasta el día en que terminó nuestra visita. Se especula que para lograrlo, él mismo, en persona, tendrá que dedicarse al cabildeo directo, lo cual representa un grave riesgo de deterioro político; máxime que hay otros temas calientes en la agenda política estadounidense (Irak, déficit fiscal y comercial, designación de jueces).

Se preveía su aprobación en mayo y parece que ya no será posible. La carrera por aprobarlo en junio, no parece viable, pues empieza la discusión del presupuesto de la nación. Algunos optimistas de la ALF-CIO hablan de que se llegará hasta el 2006, sin decisión alguna. Sin embargo, todo es mera especulación y la incertidumbre es lo que reina en todo este asunto. Sí parece sumamente bien cerrada la carrera entre el SÍ y el NO en cuanto al TLC, en los actuales momentos.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Gilbert Brown Young
Secretario General CTRN

San José, 23 de mayo de 2005.

¿PORQUE UNA IGLESIA SE INTERESA EN EL TLC?
Nuestra Iglesia Luterana Costarricense mantiene un compromiso de trabajo con pobladores del campo que viven una situación difícil (campesinos e indígenas), y con los habitantes de las zonas urbanas que son en su mayoría consecuencia de la migración por la situación del agro centroamericano ; siendo un numero significativo los emigrantes nicaragüenses.

Iglesias hermanas de EEUU, México, y del resto de América Latina, hemos reflexionado a la luz de hechos prácticos como hasta ahora los tratados o acuerdos comerciales firmados en el marco de la llamada globalización económica, ha deteriorado la ya difícil situación económica y social en que viven las grandes mayorías en América Latina.

Como iglesia, creemos en Jesucristo como el único Señor de nuestra historia, y la Biblia nos enseña de cómo Jesucristo acompaño a los más humildes y desfavorecidos de su tiempo: los pobres. Y parte de la misión de la iglesia, es apoyar a los más humildes a través de aquellas instituciones que son capaces de crear las condiciones básicas para una vida digna de todos y todas, promoviendo la justicia y por ende el Reino de Dios.

¿QUE NOS PREOCUPA DEL TLC?
Que en el marco del TLC, el país se compromete a reformar el marco institucional del modelo actual de Estado; otorgando la explotación telecomunicaciones, seguros y salud a empresas privadas, siendo hasta ahora estas, bases del modelo de país y de Estado solidario de la Costa Rica de hoy.

Que en el sector agropecuario, el TLC ofrece beneficios solo a un pequeño sector privilegiado de la población nacional: los exportadores, y los grandes comercializadores o intermediarios de estas mercancías para el mercado interno.

Que para pequeños y medianos productores y productoras agropecuarias, así como para trabajadores y trabajadoras vinculados (as) a los monocultivos en el país; y para consumidores y consumidoras, este TLC no ofrece mejoras en la distribución de la riqueza y de acceso al bienestar;

Que el TLC, así como esta planteado, para trabajadores y trabajadoras vinculados (as) a monocultivos en el país, no plantea cambios en beneficios de los trabajadores y por ende se vislumbran empleos inestables, salarios insuficientes, violación de los actuales derechos laborales como el de organización sindical, la negociación colectiva y de salud ocupacional en monocultivos.

Que las compañías transnacionales no tendrán ningún obstáculo para obtener ganancias, esto a costa de la entrega de nuestros recursos naturales y la pérdida de las garantías laborales y sociales que se han conquistado a lo largo de años de lucha popular (seguro social, pensiones, salario mínimo, jornada laboral, protección por maternidad, etc.) así como imposición de políticas de adquisiciones al sector público para beneficiar a las transnacionales en detrimento de las nacionales.

Que el TLC amenaza nuestras condiciones ambientales (deforestación, agotamiento y contaminación de fuentes de agua, uso comercial de la biodiversidad, transgénicos, etc.) con los consiguientes riesgos para la salud humana.

Que las mujeres se verán más afectadas con este TLC, ante la destrucción del sistema de seguridad social y de sectores como la mediana y pequeña empresa donde mayoritariamente se concentra la fuerza laboral femenina, contribuyendo a la precarización de sus condiciones laborales

Que las personas verán afectados sus derechos a la salud, por la excesiva protección de los intereses comerciales de las industrias farmacéuticas, amenazando al acceso universal a los medicamentos esenciales sobre todo para la vida de las personas que viven con VIH y SIDA.

Que afectara también los derechos de los pueblos indígenas., quienes viven ya problema histórico de acceso a la tierra y todo lo que esta contempla, ya que desde hace algunos años, sectores no indígenas nacionales y transnacionales, han intentado socavar la base jurídica del derecho de los indígenas a sus tierras inmemorables y desconociendo sus concepciones históricas culturales.

Que hay signos diversos que evidencian una actitud de imposición en la aprobación de este tratado, y por ende la ausencia de espacios para discutir el TLC, a fin de configurar uno términos más justos.

¿QUE QUIERE LA IGLESIA LUTERANA?
Fomentar discusiones acerca del TLC , que den la oportunidad de reflexionar sobre la situación de los sectores pobres a fin de incorporar una concepción más solidaria que beneficie a las grandes mayorías, que propugne relaciones equitativas entre los países y fundamentalmente que propicie mejoras en las vidas de los pobres, en su entorno y en sus expectativas.

Informar a nuestras comunidades de fe creando espacios en la predicación para el análisis y el estudio de la situación social y las implicaciones del TLC desde nuestra espiritualidad (en pro de la vida, la justicia y la paz).

Acompañar al movimiento social para concientizar y movilizar a las comunidades en busca de un desarrollo humano justo, solidario y alternativo

A compartir con otras iglesias costarricenses las razones que nos llevan a sumarnos a esta justa.

Apelar a la solidaridad de las iglesias norteamericanas informándoles acerca de las consecuencias del TLC para ambos pueblos, mediante visitas y campañas, a través de la Iglesia Evangélica Luterana de los Estados Unidos y el Consejo Nacional de Iglesias-USA, a fin de que insistan en sus congregaciones y directamente en el Congreso de su nación, para que se rechace el TLC

Seguir trabajando junto a los más débiles como un modesto aporte a la instauración de un orden económico donde todos y todas tengamos los beneficios necesarios para llevar una vida digna.

Unirnos a los miles de familias costarricenses que día a día miran como su salario no alcanza y los llamamos a incorporarse a este movimiento de repudio a esa clase política permisiva con la corrupción, que ambiciona es el poder para seguir favoreciendo los negocios de Riteve, Alterra, etc.

Llamamos a manifestarse a los cristianos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a junto las organizaciones de la sociedad civil organizada, la comunidad ecuménica y a todas las iglesias ante la clase política, que amparado al TLC, pretende imponer su modelo económico, entregando la salud, la educación, las telecomunicaciones, los seguros, la agricultura, la energía, la biodiversidad, la soberanía, etc., a las transnacionales.

FINALMENTE AFIRMAMOS NUESTRO RECHAZO AL TLC, pues como Iglesia Luterana Costarricense que forma parte de la gran familia luterana y cristiana universal; que agrupa mas de 65 millones luteranos en el mundo; nos sentimos herederos/as de la riqueza del movimiento reformador iniciado en 1517, con la persona de Martín Lutero, que se opuso a la grandes injusticias económicas, sociales y religiosas de su tiempo, y desde esta plataforma histórica y evangélica, manifestamos nuestra total oposición en torno a las políticas que pretende establecer el TLC en Costa Rica y demás naciones , ya que este afectan la paz y la soberanía nacional.

Teléfono 227712
Email: ilcolut @racsa.co.cr

“Ay de ustedes, que dictan leyes injustas
y publican decretos intolerables,
ni reconocen los derechos
de los pobres de mi pueblo”
Isaías 10: 1 y 2

San José, Costa Rica, Mayo de 2005