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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Con base en el informe más reciente en la materia, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de hacienda pública nada amigable con el empleo público, la impagable (en criterio nuestro), deuda pública ha llegado, al terminar el año pasado 2020, a los TREINTA BILLONES DE COLONES. En cifras, hay que escribir el número 30 seguido de 12 ceros (30.000.000.000.000).

Es ésta la verdadera y profunda causa de los serios problemas fiscales del país; los cuales se agravan porque esa gigantesca e impagable deuda pública está demandando, al inicio del presente año 2021, la no menos gigantesca carga de 230 millones colones, por hora, en pago de sus intereses, calificados como obscenos en las mismas esferas de la hegemonía económica dominante, que es la del fanatismo neoliberal.

Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), nos indican que cada persona costarricense viva en estos momentos (bebé, infante, niño-niña, adolescente, persona joven, adulto joven, adulto y de tercera edad), está “debiendo” 6 millones de colones.

Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), convertidos en dólares estadounidenses, promediando un valor de 615 colones de tipo de cambio, indican que equivalen a 48 mil 780 millones de $ (exactamente, 48.780.487.804, 87). Para mejor comprensión, de manera redondeada, la deuda pública es de 50 MIL MILLÓNES DE DÓLARES: 50.000.000.000.

En consecuencia, con una población costarricense de 5 millones de personas, la deuda pública, per cápita, en moneda estadounidense, es de 10 mil dólares.

Esta monstruosidad de las cifras de deuda pública, al cerrar el año pasado 2020, aunada a la espantosa circunstancia de un pago de intereses por hora de 240 millones de colones (al inicio del 2021), es la base fundamental del problema fiscal nacional; por ende, no es el empleo público. ¡No lo es y nunca lo ha sido!

He aquí la gran patraña, la más grande manipulación de la opinión pública desde la fundación de la denominada Segunda Pública, en 1949, de que el empleo público era la razón de todos los males, fiscales y no fiscales, del país.

Si gigantesca es la magnitud de la deuda pública al término del 2020, como su pago obsceno de intereses por el orden de los 240 millones de colones cada 60 minutos, también lo es; políticamente hablando, estamos presenciando y sufriendo la gigantesca irresponsabilidad de la mayoría mecánica que en la Asamblea Legislativa no abordan este tema; y, por el contrario, siguen impulsando la Ley Marco de Empleo Público, plagado de inconstitucionalidades y otras aberraciones jurídicas; proyecto que, ni en lo más mínimo, aportará a superar el problema más que gigante del endeudamiento público.

Por el contrario, lo realmente urgente es, por una parte, emitir una ley para la realización de una Auditoría Ciudadana de la deuda pública y, a la vez, entrarle con fuerza a su renegociación, a su reingeniería, a su redimensionamiento. Por otra parte, mediando un gran pacto nacional de fuerzas políticas y sociales, fomentar una revisión integral de todos los aspectos y contenidos de la situación fiscal-tributaria nacional.

Con plena seguridad, ninguna de las precandidaturas presidenciales hablará con contundente puntualización de este grave problema. ¿Por qué razón? Pues el déficit, la deuda impagable y su abusivo pago de intereses es un suculento negocio para el grupo plutocrático que tiene el poder en la Costa Rica de la actualidad.

Téngase en cuenta que, por ejemplo, el abusivo pago de intereses de la deuda pública está golpeando la calidad de servicios públicos fundamentales, precarizándolos al máximo; que está dificultando la reactivación económica y que está empobreciendo, de manera acelerada, a amplios sectores de las capas medias a las cuales se les está exigiendo más cargas tributarias.

A la vez, es sabido que el mismo déficit, la propia y su pago de intereses está representando un extraordinario negocio financiero que enriquece a una minoría plutocrática, ya de por sí con amplios márgenes de acumulación.

El pueblo trabajador, más allá de quienes deben reaccionar con urgencia, que es el sector laboral del empleo público, debe movilizarse en todos los niveles posibles; considerando que urge el establecimiento sobre la marcha de una coalición cívica urgente y para la acción, antes de que nos terminen aplastando la actual camarilla gobernante, neoliberalmente desalmada.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

La secta ideológico-política, de corte fundamentalista-extremista, que controla la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, con el apoyo de los medios de comunicación colectiva especializados en la práctica insana y enfermiza del periodismo de odio, insisten en imponernos un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), partiendo de tres medidas sustentadas en una grosera manipulación que, sin duda alguna, merece la más enérgica condena.

Primero: es absolutamente falso que la gente del FMI pidiera una ley de empleo público. Segundo: igualmente, es absolutamente falso que solicitaron la aprobación de un paquete de impuestos; y, mucho menos, que éste fuera en contra de las golpeadas capas medias y en contra de la gente pobre. Tampoco, la gente del FMI vino a exigir “venta de activos”, como suele definirse a la privatización abierta de las más rentables empresas públicas que todavía quedan en manos del pueblo costarricense.

Mienten, de la manera más descarada y vil, ejecutando una conjura de falsedades, una larga lista de amanuenses, presentadores de noticias, opinólogos y similares, editorialistas y columnistas que están acosando a la sociedad en el sentido de que, si no hay convenio con el FMI, Costa Rica se muere. ¡Nada más ruin!, por una parte.

Por otra, que el proyecto de empleo público, actualmente en trámite legislativo, sea condición indispensable para tal convenio, es una de las más repudiables mentiras de esa política sucia de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que la secta política dominante está desplegando contra la gente, en estos momentos de gran tensión social.

Criterios altamente especializados provenientes de diversas fuentes de pensamiento sociopolítico y económico, han venido fundamentando la tesis de que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Existen una buena cantidad de propuestas del más diverso orden que apuntan para una solución nacional al grave problema de las finanzas públicas, si fuese la búsqueda y la promoción del bien común la inspiración central de la acción gubernativa.

La corriente sindical en la cual militamos, misma que ha acumulado un valioso acervo de propuesta alternativa al modelo excluyente de sociedad que se nos viene imponiendo, está convencida, desde el mismo inicio de la campaña pro-FMI, de que el país no ocupa un convenio con esta entidad financiera internacional.

En tal sentido, hemos estado actuando de manera consecuente y hemos estado procurando aportar para que haya un fuerte sector social de múltiples componentes organizacionales, que haga de necesario contrapeso al bloque político-ideológico de la secta que ha venido controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Dicho bloque político-ideológico construido por la secta dominante de ambos poderes, no acepta argumentos de ninguna clase que no sean aquellos que sustenten su visión extremista del problema fiscal nacional. Tienen, además, un profundo menosprecio por el conocimiento acumulado por la sociedad en cuanto a las cuestiones de la integración social con inclusión económica; amén de que desprecian las opiniones expertas de alta calificación científico-técnica que les dice que ese fundamentalismo macro-económico y fiscal, solamente da base para escenarios de confrontación en diversos escenarios.

Así planteado tal estado de cosas en la realidad costarricense del momento, la acción sindical con fuerte sesgo corporativista-gremialista, no solamente representa un enfoque tremendamente egoísta e impropio para los altos niveles de exclusión social y económica que enfrentamos; sino que, fortalece el posicionamiento contra la sociedad que ha venido teniendo tal secta dominante al recibir ésta “oxígeno” político desde el lado obrero, el cual, por supuesto, no ocupa. Algunos, de nuestro lado, no quieren entender que los neoliberales no negocian, imponen; y lo que corresponde es pasarse del lado de la gente, de la ciudadanía excluida o a punto de serlo. Es éste el camino por el cual hemos optado en la corriente sindical que ocupa nuestro esfuerzo todos los días.

Albino Vargas Barrantes. Secretario General (ANEP)

Aprovechamos el valioso espacio que nos concede El Guardián para expresar una opinión semanal acerca de la realidad político-económica y social del país, desde la perspectiva del concepto de Sindicalismo Sociopolítico, en el cual creemos y en cuyo seno militamos; para compartirles las 15 razones que motivan al Movimiento Rescate Nacional a volver a la protesta social, el próximo 15 de febrero en curso y según lo han dado conocer sus representantes. Se citan esas 15 razones copiadas de un folleto impreso que ya están circulando en sus bases. Tal documento contiene esta significativa frase final: “Porque el pueblo es el Soberano y debe ser escuchado”.

1. Porque es un derecho constitucional en ejercicio ante un gobierno insensible, represivo, incapaz, teñido de corrupción y que gobierna para las clases económicamente poderosas.

2. Porque el Gobierno y la Asamblea Legislativa se empeñan en imponer la agenda complementaria con el Fondo Monetario Internacional, que generará más endeudamiento, aumento de impuestos, desempleo, más pobreza y mayor desigualdad; iniciativa que fue rechazada en las calles por el Movimiento Rescate Nacional en el 2020, ya que existen otras alternativas para resolver el déficit fiscal.

3. Porque lejos de atacar la evasión, la elusión fiscal, el contrabando aduanero y la corrupción, el gobierno se ensaña contra el pueblo trabajador, el sector productivo y nuestro Estado de Derecho.

4. Porque los partidos políticos, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana, Restauración Nacional y otros, avanzan con proyectos para gravar a la clase media y baja con más impuestos y con el aumento del IVA; mientras grandes empresas declaran cero ganancias o gozan de exoneraciones como las zonas francas que deben pagar impuestos de forma solidaria.

5. Porque el país requiere de un verdadero plan de reactivación económica.

6. Porque el impuesto a bienes inmuebles, disfrazado para casa de lujo, recaerá sobre las propiedades, incluyendo los terrenos o fincas de la mayoría de los costarricenses, ya que el valor fiscal lo establecerá Hacienda de manera antojadiza y no ajustado al valor real de la adquisición del bien, lo que hará que muchos costarricenses vean sus propiedades rematadas.

7. Porque el proyecto de renta global que grava los ingresos a trabajadores del sector privado y público, generará más recesión económica al congelar salarios; mientras los bienes y servicios como canasta básica, electricidad, combustibles y otros aumentan día con día y se pierde el valor adquisitivo del salario.

8. Porque la reducción del gasto público no se aplica a contrataciones de obra pública, asesorías, altos salarios de jerarcas, pensiones de lujo, alquiler de edificios, dietas de juntas directivas, gastos de representación; sino al recorte de programas sociales.

9. Porque la venta de la cartera de CONAPE elimina la posibilidad de financiamiento de carreras a estudiantes de escasos recursos a intereses accesibles.

10. Porque los ricos deben pagar impuestos como ricos y los pobres como pobres; las cooperativas y las asociaciones solidaristas no se deben gravar porque ahí ahorra la clase obrera media y baja y eso significa un impuesto indirecto más al salario de la clase trabajadora.

11. Porque este gobierno insiste en desaparecer la clase media y gobernar para el empresariado de las grandes riquezas.

12. Porque no aceptamos la venta de activos del Estado, la privatización del agua, o la aprobación de una nueva ley de semillas que acabaría con la producción de semillas criollas.

13. Porque el sector agropecuario, pesquero, turismo, transporte y comercio en general, urgen de refinanciamiento y de una moratoria de pagos y de medidas que limpien su record crediticio para acceder a crédito.

14. Porque el Gobierno debe dar cuentas en qué se gastaron los 504 millones de dólares del primer desembolso del FMI y quiénes son los beneficiarios o tenedores de deuda de los 196 millones de colones por hora, o sea, casi 5 mil millones de colones diarios que se pagan por intereses de la deuda pública.

15. Porque los delitos contra la hacienda pública no deben prescribir y se deben pagar con cárcel y con el patrimonio.

La corriente sindical en la cual militamos ha expresado, de manera oficial, su identificación y su convergencia con la agenda de lucha del Movimiento Rescate Nacional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa con la tramitación del Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. Se trata de una agresión de carácter ideológico a la institucionalidad fundamental de los postulados fundacionales de lo que la historia oficial registra como la Segunda República.

Por una parte, tenemos que las personas diputadas conformantes de la Asamblea Constituyente que, en 1949, promulgaron la actual Carta Magna de la República, decidieron que no debería Costa Rica seguir teniendo un Estado central, vertical-autoritario, con una figura presidencial todopoderosa.

Se optó por distribuir el poder público, mismo que hasta la llegada del doloroso conflicto-guerra civil de 1948, tenía el control total “de vidas y haciendas”, hasta el conteo de votos de las elecciones presidenciales. Tal estado centralista, verticalista-autoritario, tiene mucho que ver con la voladera de balazos entre compatriotas, ocurrida en ese año 1948.

Por tanto, establecieron que la administración pública del país dispersara su poder y se caracterizara por las autonomías; naciendo las autonomías de las universidades públicas, la de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las propias instituciones autónomas y la del régimen municipal. Tales autonomías se caracterizaron por diversos grados de independencia con relación al poder central del Estado.

Lamentablemente, tales corrientes ideológico-políticas, de un Estado central, todopoderoso, han vuelto a tomar fuerza después de muchos intentos en estos años de lucha cívico-popular en defensa del Estado Social de Derecho. Esta denominación, Estado Social de Derecho, es el concepto filosófico, político y jurídico para calificar la institucionalidad republicana que nació el 7 de noviembre de 1949, cuando se promulgó, repetimos, la Constitución Política todavía vigente.

Con el proyecto Ley Marco de Empleo Público, están impulsando este Golpe de Estado parlamentario al carácter del Estado que quedó plasmado en la Constitución Política de 1949.

Por otra parte, con la Ley Marco de Empleo Público se ataca el corazón del sistema democrático reconocido universalmente: la separación de poderes. “Según Montesquieu, que es quien plasma con claridad por primera vez la separación de poderes, el reparto del poder del estado es necesario para evitar la acumulación en una sola mano que pueda ejercerlo de manera despótica. Para ello, debe dividirse en tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que supongan un equilibrio y contrapesen la actuación de las demás”. Así consignado en su obra máxima El espíritu de las leyes. (https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/el-origen-y-la-evolucion-de-la-separacion-de-poderes).

Tal equilibrio y contrapeso entre los tres poderes supremos del Estado (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), es vulnerado, de manera peligrosa, en el proyecto Ley Marco de Empleo Público; puesto que será uno de ellos, el Ejecutivo, el que tenga el poder sobre los otros dos, el Legislativo y el Judicial, en todo el ámbito de las políticas de gestión de los recursos humanos, integralmente conceptuada, teniendo implicaciones profundas que contaminarán los procesos administrativo-financieros de esos dos poderes que, de un modo u otro, pasarán a sufrir un control ejecutivo desde la Casa Presidencial de turno (Poder Ejecutivo: Ministerio de Planificación y Política Económica -Mideplan- y Dirección General de Servicio Civil).

Este Golpe de Estado parlamentario, actualmente en desarrollo en el propio seno del primer poder de la República, el Legislativo, tiene mucho que ver con la acción política de gran agresividad que se ejecuta en el país en contra del bien común y en contra de la inclusión económica y social, por parte de las fuerzas del gran capital.

Éste se ha empoderado demasiado luego de la estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada y la traición del Partido Acción Ciudadana (PAC) a sus postulados fundamentales fundacionales: enfrentar al neoliberalismo en la política pública, especialmente; e imponer la ética y la transparencia en la función pública atacando sin piedad a la corrupción. Hacia el término del segundo gobierno PAC, es contundente el juicio ciudadano de que se entregó al neoliberalismo y de que terminó coludido con la corrupción como sucedió con el PLN y con el PUSC.

La campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica desplegada en los últimos años en contra del empleo público, creó el escenario “ideal” que posibilita el trámite parlamentario del actual proyecto Ley Marco de Empleo Público; notándose un comportamiento legislativo de rebaño en la mayoría de las actuales personas diputadas que, con gran desconocimiento de la historia Patria, mocionan y votan según un titular de periódico.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General  (ANEP)

Durante cada hora de cada uno de los 365 días del pasado año 2020, los intereses de la deuda pública del país, obligaron al Gobierno Central-Ministerio de Hacienda, a erogar la gigantesca cantidad de 195 millones de colones cada 60 minutos. El impacto negativo en los más diversos programas gubernamentales del Estado central, especialmente los más sensibles como Seguridad, Educación y Salud, tiene ya manifestaciones claras.

La línea ideológica principal de la clase plutocrática gobernante es, primero que todo, pagar intereses de la deuda. Todo lo demás es secundario; incluyendo las necesidades más apremiantes de las personas ya excluidas o en proceso de serlo, de la exitosa integración social y económica que el país tuvo antes de que el fundamentalismo fiscalista de corte neoliberal empezara a envenenar las acciones de política pública basadas en la búsqueda y en la promoción del bien común.

Para este año 2021, el año del Bicentenario, el pago por hora de intereses de la deuda pública es de 230 millones de colones por hora; calculados con base en que esa erogación representará 5.6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); y que cada punto porcentual del PIB representó, en el 2020, una cantidad de 359.800.000.000 millones de colones, según dato que nos proporcionara el doctor en Economía, don Luis Paulino Vargas Solís, prestigioso académico de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Se dio a conocer en pasadas horas que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le otorgó a Costa Rica un nuevo préstamo, por la cantidad 1.778 millones de dólares, lo cual implica dos cosas: crecerá la deuda pública del país y crecerá la carga de intereses de la misma. Por cierto, siempre estuvimos convencidos de que tal préstamo no era necesario, que acudir al FMI no se necesitaba. Connotadas personalidades también lo estuvieron planteando.

Debemos hacer un esfuerzo para comprender qué persigue la clase plutocrática gobernante y sus personajes operadores políticos instalados en la Casa Presidencial y en la Asamblea Legislativa, con esta carrera loca en estar propiciando más endeudamiento público.

Lo primero que tenemos que tener presente es que este asunto de la deuda pública, del brutal pago de intereses que la misma exige, ahora a razón de 230 millones de colones cada 24 horas, es un gran negocio en el seno de los sectores oligárquico-financieros de la plutocracia gobernante. Las operaciones de bolsa, mediando firmas de valores y bufetes “selectos”, dejan jugosísimas ganancias para pequeños grupos de poder con conexiones políticas al más alto nivel.

Por tanto, no hay interés objetivo alguno en que el problema fiscal del país se arregle; por el contrario, lo que se busca es que el mismo esté dentro de parámetros controlables para evitar que a esos sectores oligárquico-financieros se le salga de control. Garantizar esto, es tener la seguridad de que el flujo de recursos a esos sectores pudientes se mantenga y se acreciente.

Lo segundo que tenemos que tener en mente es que, de conformidad con la ideología de la clase plutocrática gobernante, esa que podemos resumir en la frase-concepto todo mercado-nada Estado, no es concebible que todavía existan como propiedad pública una serie de instituciones estatales que generan altas rentas. Hablamos del ICE, del INS, de AyA, de los bancos públicos (de Costa Rica y Nacional, especialmente), de Correos, de FANAL, de Recope y, por supuesto, de la Caja.

Según la Contraloría General de la República (CGR), cuya jerarquía política máxima trabaja, de manera ideológica, al servicio de la clase plutocrática gobernante, varias de estas empresas públicas generaron, de manera conjunta, al 30 de octubre recién pasado, un superávit de 7 mil millones de dólares; suma está más que apetecida por esos sectores plutocráticos, hoy en el control total de la hegemonía política de la institucionalidad funcional de la República.

Así las cosas, no es nada descabellado pensar que existe una articulación ideológicamente diseñada, materializada en una estrategia política operativizada mediando el control de los poderes formal del Estado (especialmente, el Ejecutivo y el Legislativo), e impulsada a través de la intensa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del sector Público (a partir del tema del empleo público); para llevar al país al borde de una deuda pública imposible de pagar y de una amortización de intereses más que explosiva de las debilitadas finanzas públicas del Estado central, a fin de decirle a la ciudadanía que la única forma de evitar el “cataclismo apocalíptico del fin de los tiempos”, es vender los activos del Estado, básicamente los que acabamos de mencionar.

Esta articulación ideológicamente diseñada incluye, por supuesto, no hacer nada en materia de evasión y de elusión fiscal-tributaria; como tampoco, en no hacer nada en el campo de las exenciones-exoneraciones empresariales abusivas. Todo esto junto, anda por el orden de los 14 puntos PIB. Si tan sólo se intentara recuperar la mitad; o tan sólo un tercio, otro gallo cantaría en el ámbito de las alicaídas finanzas públicas del Estado central. La conspiración de la plutocracia gobernante está en pleno desarrollo.