Los hechos por los que se denuncia a Chaves Cordero, ante el Ministerio Público, se deben al incumplimiento de un acuerdo firmado, el 1 de noviembre del 2023, por el ahora imputado y el Secretario General de ANEP y representantes de la Seccional de ANEP de la Orquesta Sinfónica Nacional; así como con representantes del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.
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Hablemos de salario mínimo
El salario mínimo es de aplicación en el sector privado de la economía, como lo sabemos. Su monto lo define el Consejo Nacional de Salarios (CNS), ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El CNS, aunque tiene representación obrera-sindical, esta es muy «desteñida» y no expresa una vinculación fuerte con los grandes segmentos de la clase obrera del país.
Este 2024 estamos conmemorando el aniversario 75 de la todavía vigente Constitución Política, misma que entró a regir el 7 de noviembre de 1949.
La misma incluye un artículo del cual poco se habla; sin embargo, en la Costa Rica de la desigualdad (la de hoy día), tal artículo adquiere enorme relevancia.
Es el artículo 57 que nos plantea, en su primera parte, lo siguiente: «Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna».
Exhortamos a las personas trabajadoras que laboran para la empresa privada a que se pregunten si en este momento el salario mínimo que le pagan les garantiza, por una parte, bienestar; por otra, existencia digna. Creemos que no, en términos generales.
Han estado circulando en redes sociales diversas informaciones indicándonos que el monto actual del salario mínimo costarricense es el «más alto» de Latinoamérica.
Sin duda se trata de publicidad manipuladora que proviene de las esferas del gran capital, ideológicamente interesado en el incrementar la ganancia con la menor inversión posible, incluida la de la mano de obra.
La comparación entre el monto del salario mínimo que se paga en Costa Rica y el vigente en otros países latinoamericanos, es completamente impropia pues no considera el altísimo costo de la vida que agobia a los miles de hogares de la clase trabajadora que impera en nuestro país; al punto de que se nos considera el país más caro para vivir en esta región geográfica del planeta.
Y es que estos niveles de salario mínimo no permiten ascenso ni movilidad social. Por el contrario, se deteriora su poder de compra.
La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su más reciente informe Panorama Laboral 2023, indicó que hasta en un 10% se ha deteriorado el poder adquisitivo del salario mínimo en el período post-pandemia; según estudio a 17 países latinoamericanos, incluido el nuestro.
De manera tal que el asunto del salario mínimo es de prioridad altísima para una acción sindical con perspectiva de integración social y de lucha en contra de la creciente desigualdad.
En lo particular, tres ámbitos laborales asalariados merecen altísimo interés para cuestionar el actual nivel de salario mínimo: la producción agrícola bananero-pinera, la vigilancia y seguridad privada y la de los conductores-choferes de autobús.
En las tres, el corporativismo empresarial obtiene jugosísimas ganancias; y, razones nos sobran para pensar que las tres muestran «endebles» responsabilidades tributarias.
El salario mínimo es factor estratégico de una política pública en materia salarial que pretenda ser humanista y que, por tanto, vaya en la línea de la reducción de la desigualdad y a favor de la integración social.
La conspiración para destruir la Caja continúa…
Reiteramos, y de la manera más enfática y vehemente, lo que venimos afirmando en otros espacios y mediante diferentes vías y formas de comunicación: la institución más querida del pueblo costarricense, la más emblemática y la más imprescindible para la clase trabajadora, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está viviendo la etapa más dura y difícil de sus ocho décadas de existencia.
La Caja sufre un asedio sistemático desde hace varios años y gobiernos. Pero el actual, encabezado por Rodrigo Chaves Robles, está mostrándose como el más agresivo en contra de la propia institucionalidad jurídico-constitucional de la CCSS.
Destaca el golpe de Estado presidencial a la autonomía constitucional de la Caja, cuando destituyeron a integrantes de la actual junta directiva institucional de una manera tan groseramente ilegal que fue la propia Sala Cuarta la que intervino para poner orden y devolver los escaños directivos a sus legítimos propietarios, electos con los mecanismos legales ya establecidos.
Sin embargo, el poder es el poder y aunque están en sus sillas directivas de nuevo, la Junta Directiva CCSS que no es del agrado del Gobierno como consta a todo el mundo, está pintada en la pared. Chaves Robles y su gente en la Caja tienen a esa directiva ninguneada.
En 18 meses que lleva de gestión el actual Gobierno son varios los episodios de conflicto que están caracterizando la vida institucional de la Caja. Por ejemplo, la temeraria afirmación presidencial de que la institución estaba quebrada.
El más reciente conflicto acaba de surgir: la imposición del sistema denominado “copago”, dizque para atender el prolongado problema de las “listas de espera”; asunto éste que tiene raíces que conviene exhibir ante la ciudadanía y que muestran una especie de perfidia gremial que se generó, se debe reconocer, antes de que Chaves Robles se hiciera presidente.
Un destacado intelectual costarricense, Leonardo Garnier Rímolo, indicó lo siguiente: “El copago destruye a la Caja. El copago es una trampa que transforma el derecho a la salud en un millonario negocio privado en el que los mejores servicios serían solo para quien los puede pagar. Medicina para pobres y medicina subsidiada para ricos: el opuesto a la solidaridad”.
Impresionante resulta conocer el pensamiento y la preocupación que el sistema del copago en asociaciones civiles que defienden la salud de pacientes con enfermedades delicadas.
Por ejemplo, la Asociación Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), externó en entrevista de prensa reciente este categórico comentario: “¿De dónde una paciente va a tomar el 40% para una cirugía de mama con el cuento de que le van a cubrir el 60%?”. De la misma manera, para la Fundación Nefrología, que apoya a pacientes con problemas renales, indicó que el sistema de copago conducirá gran inequidad en el tratamiento de esta delicada enfermedad, pues será la capacidad económica y no la urgencia el elemento central para una atención médico-renal.
Un tema mayúsculo en la conspiración contra la Caja tiene que ver la magnitud de la deuda que el Estado tiene con ella: nada más y nada menos que la gigantesca cantidad de 3 billones 300 mil millones de colones (₡3.300.000.000.000), según la propia auditoría institucional y con corte al pasado mes de agosto.
A esta enorme cantidad, hay otra deuda del Estado con la Caja y es la que está pendiente de reconocer al denominado sistema de pensiones IVM: 600 mil millones de colones cuando termine 2023 (cifras controversiales). ¡Impresionante! Hablamos de 4 billones de colones de esa deuda y no se quiere reconocer-pagar. ¿Cómo no hablar de conspiración contra la Caja?
Si nos quitan la Caja, ¡Nos quitan la vida!
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está viviendo la situación más delicada, más crítica, más peligrosa desde que fuera fundada, establecida por la Ley de la República No. 17, el 1 de noviembre de 1941. Acaba de cumplir 82 años de existencia.
Esto quiere decir que todas las personas costarricenses que están vivas en este momento y que son menores de 82 años, cuando nacieron ya estaba fundada la Caja, la institución más emblemática y más querida del pueblo costarricense. Es decir, la abrumadora mayoría de la población del país en la actualidad.
A nivel obrero-laboral, podemos decir que el 100% de la clase trabajadora costarricense de estos momentos, ya sea que tenga empleo formal con salario fijo, que esté desempleada o sumida en el subempleo, que esté en el cuentapropismo y en el trabajo independiente; e, incluso, que tenga una micro-pequeña y mediana empresa, nació y ya había Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Lo podemos decir de esta manera: el pueblo trabajador costarricense no sabe lo que es vivir sin la Caja. Es más, las personas trabajadoras migrantes ocupan, vitalmente, de la Caja, también. Si nos quitan la Caja, ¡nos quitan la vida!
Desde la corriente sindical en la cual militamos todos los días y desde hace ya bastante tiempo, la Caja ocupa un lugar estratégicamente prioritario en nuestra lucha cotidiana.
Hemos tenido una visión crítica de la realidad sociolaboral e institucional de la Caja, al punto de que somos “non gratos” a cierto sindicalismo corporativo-gremial interno.
Hoy, ante la más grave situación de su historia que enfrenta la Caja, reiteramos e indicamos lo siguiente:
La abrumadora mayoría del personal trabajador de la Caja es un funcionariado de gran mística, consciente de su responsabilidad al ser integrante de su fuerza laboral y de la confianza que el pueblo les ha entregado para gestionar, mantener y fortalecer la institución.
La Caja tiene poderosos enemigos internos que, asociados a agentes del exterior, se han venido enriqueciendo con la gestión de salud pública que desde ella se provee a la población.
La Caja es del pueblo trabajador, total y exclusivamente. No es de los sindicatos ni de los gremios profesionales internos. Los sindicatos internos no hemos sido capaces de construir un polo obrero-social consistente que se convirtiera en bastión inexpugnable del carácter público de la institución. Las pugnas personales de los dirigentes, por ejemplo, han impedido, a hoy, la construcción del músculo social interno que es base para una alianza popular fuerte en su defensa.
La Caja ha venido sufriendo un proceso paulatino de “desestitucionalización”, pasando muchos de sus servicios a ser suministrados por terceros, lo que se llama tercerización. Esta es una forma de privatización que está en pleno desarrollo, que no es de ahora, sino que tiene un desarrollo sistemático a lo largo de los últimos gobiernos. La expansión de los servicios de salud privados, incluso a nivel de internamiento hospitalario, se gestó a partir de las posibilidades de negocios con la salud pública que, “malvivientes inteligentes” ligados a la clase política tradicional, superior aprovechar.
Las famosas “listas de espera” se han desarrollado bajo un sistema interno, casi “secreto”, conocido como “jornadas de producción”. Esta situación necesita ser ventilada, públicamente, pues la gente no sabe cómo algunos han logrado hacer millones para sus bolsillos personales con los dineros de la Caja.
Colateralmente, el tema de la formación de especialistas es otro tema “tabú” que hay que destapar, a pesar de la resistencia gremial que no quiere que de eso se hable de manera pública.
Ahora, la situación se ha agravado con la llegada de la Administración Chaves Robles y su estilo autoritario de gestión presidencial-gubernativa; “síndrome de poder” que llegó a la Caja: una intentona golpista a su directiva falló, por ahora, gracias a la intervención constitucional; sin embargo, hay una presidencia ejecutiva “imperial” que ha ninguneado a esa directiva, dejándola pintada en la pared. Parece ser que otra intentona presidencial de carácter golpista está en desarrollo.
Lo que llaman “gobernanza” de la Caja es un ejercicio vertical-autoritario, desconociendo la multisectorialidad que hasta la fecha había tenido esa gobernanza.
Ahora resulta que la Caja no está quebrada. El Presidente Chaves mintió. Con la pompa usual de sus rutas que a ningún lado conducen, dijeron que tienen 200 mil millones de colones para seguir privatizando-tercerizando servicios de especialistas para las “listas de espera”. Y, dos mil millones para pagarle al Banco Mundial un estudio sobre las finanzas de la institución. La cúpula política que controla la Caja parece querer pagar para lo que necesita escuchar.
La Caja está llena de cosas buenas y extraordinarias, realmente extraordinarias. Pero, malos costarricenses, internos y externos, se dedican a sabotearla; ahora, desde la máxima cúpula ejecutiva de turno.
Finalmente, de parte de la clase política, la “vieja” y la “nueva”, nada bueno puede venir para la Caja. Será el pueblo trabajador el que deberá tomar la iniciativa para salvarla. Si nos quitan la Caja, ¡nos quitan la vida!
Directiva de ANEP expone en congreso mundial la importancia de proteger los servicios públicos
En medio de crisis, Consejo Ejecutivo del SINART lleva dos semanas sin sesionar
-La Seccional ANEP-SINART, representación de los trabajadores, legítima y políticamente reconocida, hacemos nuestro manifiesto de profunda preocupación ante esta situación, y hacemos un vehemente llamado a quien corresponde para realizar la gestión requerida para subsanar esta irregularidad.
En medio de la profunda crisis que atraviesa el SINART, consideramos sumamente delicado el hecho de que el Consejo Ejecutivo de la institución lleve ya dos semanas sin sesionar por falta de Quórum estructural, debido a la renuncia de dos de sus miembros, a saber, el señor William Chaves Cortés, representante del Ministerio de Educación, y la señora Karla Alfaro, representante del MINAET sin que hasta el momento se tenga certeza de cuándo será posible reiniciar las sesiones del Consejo, puesto que el Poder Ejecutivo no ha designado a los representantes de esas entidades, siendo resorte de su función.
La Seccional ANEP-SINART, representación de los trabajadores, legítima y políticamente reconocida, hacemos nuestro manifiesto de profunda preocupación ante esta situación, y hacemos un vehemente llamado a quien corresponde para realizar la gestión requerida para subsanar esta irregularidad.
Creemos que es muy mal visto que las autoridades del SINART, luzcan tan pasivas ante las renuncias de los miembros que determinaron separarse de sus cargos, y permitan que, en medio de la crisis y cuestionamientos tan serios que se le hacen a la institución, el órgano colegiado que toma decisiones siga sin sesionar.
Nos preguntamos si esta inacción pueda tener pretensión de obstaculizar o retrasar el importante trabajo de la Comisión Legislativa que investiga a la institución.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Gerardo Sequeira, presidente de la seccional ANEP-SINART al 83544948
Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo convocan a protesta nacional
Organizaciones diversas sociales y productivas, llaman a la población nacional a protestar pacíficamente este 25 de octubre.
La protesta se sustenta en importantes componentes de demanda nacional de los sectores que conforman la mesa nacional de diálogo social y productivo, así como organizaciones a fin en la defensa del Estado Social de Derecho y la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Diversas Organizaciones Sociales y Productivas, sindicatos, organizaciones del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas, Magisterio Nacional y colectivos de la Sociedad Civil convocan desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo a una gran protesta nacional, este 25 de octubre, contra las políticas que destruyen el Estado Social de Derecho, y por la defensa de una Costa Rica Próspera, libre, inclusiva y solidaria.
Exigimos el respeto al Estado Social de Derecho enmarcado dentro del mandato constitucional establecido en el Artículo 50 que indica: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”
La protesta saldrá oficialmente en San José, a partir de las 9:00am, en la Plaza de la Democracia donde será la concentración de la gran Area Metropolitana, sin embargo, se realizarán manifestaciones regionales en diferentes puntos del país a partir de 8: am hasta 2:00 pm: en regiones como: Limón centro, Caribe Sur, Caribe Norte, Guanacaste, Puntarenas, Pérez Zeledón y Zona norte del país.
Las diversas movilizaciones tienen por objetivo expresar el descontento ciudadano ante las políticas públicas del actual Gobierno y sus alianzas en la Asamblea Legislativa, en favor de la defensa del Estado Social de Derecho en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense.
Entre las demandas nacionales que mueven a los diferentes sectores a alzar la voz, se encuentran:
La soberanía y seguridad agroalimentaria:
• Salud y Educación Públicas universales y de calidad, • La protección del ambiente y nuestra seguridad energética;
• Respeto a la democracia y autonomías institucionales;
• Cumplimiento de los derechos humanos; • Justicia económica y tributaria;
• Creación de oportunidades y empleo;
• Financiación y promoción del arte y cultura;
• Facilidades para obtención de vivienda digna
, • Atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.
Como Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo instamos a que se promueva una articulación multisectorial de unidad nacional, mediante la protesta social para la incidencia política/estratégica en defensa del Estado Social de Derecho. Hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.
¡Instamos a otras organizaciones, sectores y a la sociedad civil en general a unirse a esta gran movilización por la defensa de una Costa Rica Próspera, libre, inclusiva y solidaria!
Trabajadores del SINART realizaremos protesta mañana miércoles en las afueras de la institución
•Mitin iniciará a las 8 de la mañana
Como es de todos conocido, nuestra querida institución atraviesa una de las más agudas crisis de su historia, producto de las decisiones que, a lo largo de los últimos años, han tomado las diferentes administraciones.
Hemos tenido que afrontar limitaciones que desmejoran sensiblemente nuestra calidad de vida, producto del congelamiento salarial que ya suma su octavo año consecutivo, y ahora, para empeorar las cosas, nos vemos inmersos como institución en serios cuestionamientos en el manejo de recursos públicos.
Ante la opinión pública, cargamos la imagen de que “hacemos clavos de oro”, que hay en el SINART una danza de millones, y que las personas trabajadoras tenemos salarios jugosos.
Mientras tanto, las autoridades institucionales seriamente cuestionadas, salen con la noticia de un posible cierre técnico en caso de no aprobarse el presupuesto extraordinario que se envió para solicitar su aprobación.
Hoy más que nunca, es de vital importancia que nos unamos para hacer un manifiesto público sobre la realidad que vivimos a lo interno del SINART.
Tenemos que unirnos para la legítima defensa de nuestro derecho al trabajo.
Un cierre técnico, significa que automáticamente nos mandarán para la casa, sin un céntimo, y obligándonos a entablar juicios que demorarían años en resolverse, y mientras tanto ¿qué hacemos?
Es por eso que les instamos en este vehemente llamado a unirnos en una sola voz de protesta en un mitin para manifestar nuestro sentir, esta es una lucha de todas las personas trabajadoras, no sólo del sindicato, en esta situación se ve 6. amenazado el puesto de trabajo de todos, por eso el llamado es general.
Les esperamos mañana miércoles 11 de octubre a las 8 de la mañana en el parqueo de la institución.
Para declaraciones comunicarse con Gerardo Sequeira, Seccional ANEP-SINART al 83544948
LMEP: LA MÁS GRANDE VIOLACIÓN DE DD.HH. DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS (Parte 2)
En el razonamiento de ANEP expuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159; las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: A) los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías); B) los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario); y, C) los sindicales (derecho a la negociación colectiva).
ANEP manifestó a la Sala IV que el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.
ANEP considera que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.
Se señala que el constituyente estableció en la Constitución Política los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades; como una forma de garantizar un sistema de «pesos y contrapesos» que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.
Estos poderes e instituciones son: el Poder Judicial (art. 9 CP), Tribunal Supremo de Elecciones (art. 9 y 99 CP), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS art. 73 CP), Universidad de Costa Rica y demás instituciones de educación superior universitaria (art. 84 de la CP), instituciones autónomas (art. 188 de la CP). Por ello, la pretensión del artículo 2 de la LMEP, de incluir en su ámbito de cobertura y aplicabilidad a los poderes e instituciones mencionadas, es inconstitucional.
ANEP plantea que la perversa LMEP genera inseguridad jurídica al violarse los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, lo cual puede equipararse con la violación del principio internacional de progresividad y no regresividad de los derechos sociales y económicos (art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
La LMEP crea el denominado «salario global», que no es otra cosa que la rebaja encubierta del salario de una categoría de empleados públicos y, por ende, la reducción de derechos humanos (sociales, laborales y de seguridad social) o la regresividad de estos.
A esta categoría de empleados, a los cuales se les ha reconocido antigüedad vía anualidades, se les congela el salario por un tiempo indeterminado hasta que alcancen, paulatinamente, a la otra categoría de empleados que, con menos tiempo de laborar en el servicio público y cero anualidades, ingresan con salario global.
Visto así, la Ley Marco viola el principio constitucional de igualdad y de equidad, al congelar salarios de un sector de empleo público, lo cual supone una reducción salarial, -prohibida por la normativa laboral general-. No se compensará la inflación anual por varios años, lo que tendrá un efecto negativo en cascada sobre otros derechos económicos y sociales, vivienda, alimentación, educación, cultura, cuyos rubros mantienen un aumento sostenido. La semana próxima estaremos con la tercera parte.
Desafíos de la clase trabajadora con la Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial sus siglas en inglés AI, ha sido un tema relevante a través del tiempo, para la población en general, tanto para las personas jóvenes trabajadoras como las no tan jóvenes, y en el mundo del trabajo nos ha traído bastante incertidumbre. Si bien es cierto, hace ya un tiempo atrás se ha venido hablando sobre la inteligencia artificial y no es un tema novedoso, exactamente desde 1943 en un artículo llamado “A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity”, traducido en español como “Un cálculo lógico de ideas inmanentes a la actividad nerviosa”, de Warren McCulloug y Walter Pitts, ambos científicos estadounidenses de los años 40s inició está evolución. En síntesis, se razonaba sobre la actividad nerviosa, los eventos neuronales y las relaciones entre ellos pueden tratarse mediante lógica proposicional. Esto por mencionar un punto de partida cronológico sobre los inicios de la Inteligencia Artificial.
En la búsqueda por lo interesante que me es este tema, he indagado un poco sobre lo que la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado y es que en una de sus crónicas titulada “Inteligencia Artificial generativa: qué es, que no es y qué puede significar para las Naciones Unidas”, nos invita a interactuar con varias plataformas de Inteligencia Artificial, manifiesta, que uno no aprende a jugar pelota, leyendo un libro de física, sino que se aprende pateando la pelota propiamente, es por esto que decidí preguntarle de manera exacta a la Inteligencia Artificial que me diera su significado de manera sintetizada y para esto utilicé Chat GPT 4 de Openai, me brindó el siguiente texto:
“La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas y programas que pueden realizar tareas que normalmente no requieren Inteligencia Humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje. Utiliza algoritmos y modelos matemáticos para que las máquinas puedan puedan aprender de datos y tomar decisiones basadas en ellos. La IA abarca áreas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la robótica, y se aplica en una amplia variedad de sectores, desde la medicina hasta la conducción autónoma y el comercio electrónico.”
Se dice que, para recopilar esta información, IA comprende toda la información que existe en internet, en libros, textos, entre otros para darnos una respuesta coherente la cual podremos modificar y utilizar para lo que nos convenga, no obstante, decidí dejarla tal cual me la brindó.
Y bueno, el tema de la Inteligencia Artificial y su implementación en los puestos laborales en Costa Rica ya tiene una apertura en el análisis de las mesas de diálogo de los y las trabajadoras y legisladores. La Internacional de Servicios Públicos (ISP) así nos lo hace ver en su artículo denominado “El futuro del trabajo en la Administración Pública Nacional: el caso Argentina”, en dicho texto se habla sobre los retos que tienen las organizaciones sindicales a nivel mundial, se reza lo siguiente: “Para muchos ya estamos viviendo una cuarta revolución industrial asociada a una nueva generación de robots y la inteligencia artificial. En este sentido, las organizaciones sindicales tenemos por delante el desafío de pensar en estos temas desarrollando ideas y herramientas que protejan a los trabajadores de una evolución tecnológica que, entendemos, debe aplicarse en el marco de la justicia social, a favor y no en contra de los pueblos, un elemento de inclusión y no de mayor exclusión social como consecuencia de no poder acceder a estas tecnologías; incluso a una simple computadora con conexión a internet”.
Además, la OCDE hace mención en su artículo “Artificial Intelligence in Society”, que un 14% de los puestos laborales pueden llegar a automatizarse y un 32% tendrán un cambio radical en su ejecución habitual. La automatización de los puestos ha venido dándose paulatinamente en Costa Rica, cuando vemos despidos masivos, para reemplazar puestos de trabajo por una máquina que llega a sustituir las o la función que antes era realizada por un ser humano, disminuyendo márgenes de error y aumentando la producción, cosas que sólo un robot o una máquina puede realizar en muy poco tiempo. Pero esto conlleva a la disminución de las oportunidades laborales para la población trabajadora activa, a su vez creando retos ya que entonces a las personas jóvenes nos hace replantearnos cuáles son esas carreras profesionales del futuro.
Considero que ante la evolución no debemos de tener miedo. El mundo constantemente está en evolución y nadie puede pararlo, pero que esa evolución no sea para crear más desigualdad, como lo dice Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), donde solo un 1% aumenta su riqueza a costas de los menos afortunados haciéndoles cada vez más pobres.
Para finalizar, sintetizo sobre los desafíos que se tiene como población trabajadora con la Inteligencia Artificial y es que esta sea una ayuda, aliada del ser humano para ejecutar los procesos cotidianos , la debida capacitación, asegurar el trabajo decente, la privacidad de datos de las personas, el cambio amigable y no arrebatado, creando precariedad laboral y que esta evolución siempre sean respetados los Derechos Fundamentales que se nos ha concedido en nuestra Constitución Política de 1949 en el caso de nuestro país.
