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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡A votar el domingo! El pueblo trabajador necesita que, para la próxima Asamblea Legislativa, queden electas el mayor número posible de diputaciones amigas a las causas obreras y sociales; personas luchadoras que, de una manera u otra, en escenarios diversos, en el campo y en la ciudad, han venido ejerciendo las más distintas y creativas formas de lucha en contra de las más grandes injusticias de estos tiempos, como lo son la desigualdad, la exclusión económica, la corrupción, la concentración abusiva de la riqueza, el desempleo, la precariedad salarial (entre otras).

Injusticias cometidas por los partidos políticos que se entregaron al gran capital, que se doblegaron a los poderes fácticos de la plutocracia; que renegaron de sus valores fundamentales de la Socialdemocracia verdadera y del real Humanismo Cristiano.

Debemos llevar al próximo Congreso a personas luchadoras que tengan como objetivos centrales, por ejemplo:

A) una nueva política salarial, especialmente en cuanto al salario mínimo, para aportar a mejorar la distribución de la riqueza y los beneficios del crecimiento económico.

B) La transformación estructural del sistema tributario para que deje de ser injusto y corrupto, teniendo como bandera el informe “escondido” de Los papeles de Panamá.

C) Impulsar legislación para el relanzamiento de la producción agropecuaria nacional con seguridad y soberanía alimentaria nutritiva.

D) Defensa del empleo público destinado a la seguridad ciudadana, a la provisión de servicios sociales para impulsar la movilidad y el ascenso social, al que se ejecuta desde la institucionalidad de las empresas estatales que facilitan servicios estratégicos accesibles para toda la población, defendiendo la propiedad pública de estas.

E) Legislación para la realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública y de su abusivo y obsceno pago de intereses; que, por una parte, facilite derogar la feroz regla fiscal; y, por otra, libere recursos sanos para reconstruir el servicio público llevado hasta un estado caótico, pese a que fue diseñado para el bien común.

Varias de estas personas líderes sociales se acercaron a diversos partidos políticos que las acogieron y que este domingo las postulan al Parlamento, provenientes todas de las siete provincias; haciéndose notables en luchas locales en sus propias comunidades, así como en luchas de alcance nacional. En este último, las vimos en primera línea contra el combo fiscal (en 2018); y también contra la primera tanda de imposiciones derivadas de compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2020.

Los partidos políticos de la coalición gobernante que ha tenido Alvarado en estos cuatro años, aspiran a seguir controlando la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa. De esto no hay la menor duda.

En este sentido, por ejemplo, las fuerzas sanas y no alineadas de los sectores sociales, necesitan un colectivo de representaciones diputadiles que, aunque tengan procedencia partidaria distinta, tienen una comunidad de visiones construidas en la lucha social de estos tiempos de la hegemonía plutocrática.

Por tanto, hay mucho potencial de construcción de una agenda legislativa compartida para impulsarla, dentro de y fuera del escenario parlamentario; mediando, en este caso, la movilización ciudadana pacífica y estratégicamente coordinada. Téngase presente, además, que la propuesta de este lado de la acera es abundante, diversa y consistente.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A 24 días de las elecciones presidenciales y diputadiles del próximo domingo 6 de febrero, únicamente se nos viene a la mente expresar nuestro sentimiento más fuerte al respecto de este acontecimiento: ¡fracasaron! Fracasaron en detrimento del bien común y también de la inclusión social y económica.

El cinismo en la política ha cobrado, en la presente deslucida, insípida y vacía de contenido campaña electoral, niveles que nunca habíamos visto en procesos similares; especialmente por parte de los partidos que vienen administrando la cosa pública del país a partir de la caída del Muro de Berlín: Liberación, Unidad y Acción Ciudadana (1990-2022).

Las gestiones gubernativas Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella, en el caso del PUSC; Arias Sánchez, Figueres Olsen y Chinchilla Miranda, en el caso del PLN; así como las de Solís Rivera y Alvarado Quesada, del PAC; permitieron, facilitaron, posibilitaron, impulsaron, favorecieron:

*Que Costa Rica esté clasificada como uno de los diez países más desiguales del planeta; que tengamos el déficit fiscal más alto de la historia económica del país, con un endeudamiento público sin control y con un pago de intereses que está llegando a devorar los recursos públicos de programas sociales para poblaciones más vulnerables. En fin, con un Estado al borde de la quiebra. Sigamos…

*Que tengamos niveles de evasión y de elusión fiscales, de robo de impuestos, que han llegado a las cifras más altas de la historia tributaria del país; que continúe el insostenible sistema de exenciones y de exoneraciones a favor de grupos económicos que por ese mismo se han vuelto inconmensurablemente ricos. Continuemos…

*Que hayan permitido que el crimen organizado, el lavado de dinero y el sucio negocio del narcotráfico estén ya insertos en la institucionalidad republicana del país, financiando campañas electorales en los niveles locales (alcaldías) y en los nacionales: presidencias y diputaciones.

*Que hayan debilitado toda la institucionalidad pública destinada para la producción agropecuaria nacional, castrando las posibilidades de que tengamos una soberanía y una seguridad alimentaria nutritivas en momentos en los cuales esto es sumamente vital para la propia seguridad nacional y la supervivencia de las personas.

*Que hayan entregado los principales puertos del país a las transnacionales; teniéndose constancia, por ejemplo, del patético caso de los muelles del Atlántico con triplicación de tarifas y tránsito, prácticamente libre al narcotráfico.

*Que hayan facilitado la acumulación excesiva de la riqueza al punto de haber generado un poder paralelo al de la institucionalidad de la Constitución, teniendo esta un papel totalmente disminuido por la supremacía de la plutocracia que ha llegado a controlar el parlamento, el Poder Ejecutivo, importantes esferas del Poder Judicial y absolutamente toda la estructura estratégica y operativa del sistema financiero.

*Que hayan llevado a todo el sistema de educación pública en los niveles de preescolar, primaria y secundaria a la crisis más profunda desde la fundación de lo que denominan Segunda República, en 1949.

*Que hayan creado y tolerado redes de corrupción profundas, como la que ha sido desenmascarada, parcialmente, con los fondos públicos para la construcción de infraestructura vial. Que…, etc. Fracasaron en detrimento del bien común y también de la inclusión social y económica. Hay que pasar factura.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Como víctimas directas que fuimos de una persecución política impulsada desde dos de las instituciones más relevantes del aparato punitivo del Estado (el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Republica); como protagonista principal de un proceso penal que nunca debió darse; con sincera modestia, con humildad real, con el corazón en la mano y con una gran paz interior, me presento ante usted, persona ciudadana lectora de esta columna semanal, para compartirle algunos aspectos sobresalientes de este juicio político que tuvo amplia difusión mediática.

Creo tener la suficiente autoridad ética y moral para hacerlo, sin la contaminación de una odiosa vanidad personal que no existe por ningún lado. Y, por supuesto, aquí no cabe objetividad alguna puesto que hay una innegable perspectiva sociopolítica de clase trabajadora.

El pasado jueves 9 de diciembre de 2021, ocurrió una victoria cívico-popular, un triunfo de la Democracia, una reafirmación de que la libertad de expresión es piedra angular para contrarrestar las peligrosas tendencias autoritario-totalitarias que son inherentes al modelo económico-neoliberal que busca avanzar hacia imposición plena a toda la sociedad.

La sentencia absolutoria, de plena certeza jurídica, fue celebrada por muchas personas de la sociedad costarricense, más allá del mundo sociopolítico laboral de la propia corriente sindical en la cual militamos; más allá del amplio universo de los sectores y de los diversos movimientos sociales; e, incluso, desde ciertos sectores del empresariado recibimos salutaciones, lo cual nos resultó impresionante. Esto es de notar porque la satisfacción cívica que generó el contundente fallo que nos hizo justicia, llegó hasta personas, grupos y sectores que no comulgan con nuestro pensamiento ni con nuestras luchas.

Podemos dar fe que muchas personas profesionales vinculadas a la operación del Derecho de manera cotidiana, consideran que el desenlace de este injusto proceso de persecución política estatal llevado a la esfera penal constituyó una poderosa señal de que la independencia del Poder Judicial, filosófica y políticamente consagrada en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, sigue siendo fundamental para la convivencia civilizada de los diferentes sectores que pugnamos por una revitalización del sistema democrático con plena inclusión social y económica. En tal sentido, el fallo mandó fuerte señal a quienes, desde el afuera de la esfera judicial, en el plano ideológico-político y mediático, pretender decirle a los jueces y a las juezas cómo deben fallar.

Aún y cuando fuimos absueltos, no estamos conformes con la forma en que se inició la investigación, pretendiéndose la aplicación de un delito penal que criminaliza los llamados a manifestaciones públicas. Ya esto ha sido demandado internacionalmente ante Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el caso todavía no será llevado a su seno, pues no está maduro desde la perspectiva del agotamiento de los recursos internos del país.

Hemos cuestionado en sede constitucional el artículo penal de incitación pública, eje central de la acusación político-ideológica que sufrimos. Por ahora, en nuestro caso personal, superamos la descarada acción represiva estatal. Sin embargo, no tenemos la menor duda de que los llamados a la movilización social, pacífica y civilista, se van a multiplicar porque los detentadores del poder ideológicamente dominante en la actualidad, tienen decidido profundizar el perverso camino de desigualdad social y de exclusión económica. La Democracia de la Calle, practicada de manera cívica y pacífica, va a ser invocada múltiples veces por diversas circunstancias.

En un proceso como este, de persecución política estatal con orientaciones político-ideológicas de naturaleza antidemocrática, el uso de los recursos públicos debe ser de amplio conocimiento ciudadano. Todavía necesitamos un poco más de tiempo para formular, mediando un sólido planteamiento, la exigencia de rendición de cuentas en el uso de fondos públicos judiciales. Sin embargo, ya estamos trabajando en ello pues, a nivel del Ministerio Público, hay que evidenciarle en cuanto al desperdicio que hace de recursos públicos en procesos evidentemente injustificados. Lo mismo cabe en cuanto al deplorable papel en todo esto que ejerció la Procuraduría General de la República. Un proceso como el indicado, resulta caro en términos de inversión financiera en los recursos humanos que fueron involucrados, así como los costos asociados a la operación.

La solidaridad resulta vital, imprescindible, fundamental, cuando se está de cara a procesos de persecución política, por razones ideológicas, desde el aparato punitivo del Estado. Vivimos, sentimos, nos regocijamos, nos fortalecimos con una impresionante cantidad de expresiones solidarias desde las más impensadas procedencias, a través de una amplia diversidad de vías de manifestación y de expresión; hasta recibimos transparente solidaridad de personas compañeras de la lucha social con las cuales se ha tenido discrepancias ideológico-políticas de fondo. Y, por supuesto, ha sido sumamente vital la solidaridad recibida desde las propias bases de la corriente sindical en la cual militamos. La solidaridad internacional, por su parte, fue de gigantesco impacto. No encontramos (y creemos que nunca encontraremos), ni las palabras adecuadas ni las manifestaciones precisas para decir ¡gracias!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Plutócratas: “gracias por existir”. Por supuesto que estoy escribiendo ese “gracias por existir” de manera sarcástica, con toda una carga de ironía, hablando de plutocracia como ese selecto grupo de personas, que han acumulado gigantescas e incuantificables riquezas, lo que les ha permitido generar un poder político desmesurado por encima de los sistemas republicanos de las democracias representativas.

Sin embargo, en términos numéricos son un grupo pequeñísimo si lo contrastamos con el conjunto de la sociedad, la cual está constituida por una amplísima variedad de capas, de grupos y de sectores sociales, destacándose los que conforman la clase trabajadora, asalariada o no asalariada que es, por tanto, el segmento mayoritario.

El exagerado poder de la plutocracia, específicamente en sus planos ideológicos, políticos y económicos, va de la mano con un egoísmo inmisericorde, aunado a una avidez por concentración de riqueza sin freno alguno, así como una codicia socialmente criminal. Adicionalmente, en su seno anidan sentimientos de desprecio hacia las personas más pobres, lo que conocemos como aporofobia.

La plutocracia siempre se las ingenia para encontrar personas dispuestas a servir a sus intereses de control social mediando distintas variables de operación política en el seno de las instituciones republicanas de la democracia representativa. El mayor nivel que al respecto logran alcanzar es cuando crean, impulsan, controlan partidos políticos, al alimentar los egos producto de las vanidades humanas.

Al llegar a las esferas de gestión gubernativa al alto nivel del republicanismo institucional, como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los partidos políticos de la plutocracia gestionan la cosa pública para incrementar su poder, para asegurar y expandir sus negocios, para mantener controlada a la población, evitando al máximo procesos de unión en su seno que, de un modo u otro, pudieran amenazar su poder.

Sin embargo, las plutocracias latinoamericanas (y la costarricense no es la excepción) están llevando a los pueblos de nuestra región a situaciones de completa desesperación. Los más recientes estallidos sociales que se vienen dando, la serie de revueltas populares de los últimos tiempos, el ascenso de opciones político-electorales que desafían el control ideológico-plutocrático es lo que motiva el titular de contenido sarcástico que he escogido para el comentario que usted me está haciendo el honor de leer que es “Plutócratas: ‘gracias por existir’”.

Las plutocracias de la región, al haber convertido a la América Latina en la región más desigual del planeta, han estado abriendo paso a diversas expresiones populares de organización política para disputarles, mínimamente, el control gubernamental temporal, cuando no es el mismo poder real el que entra en escenarios de competencia estratégica.

Las plutocracias de la región, al haber abrazado el extremismo de la política económica de corte ideológico-neoliberal, nos explican procesos políticos en diversos niveles de profundidad, de intensidad, de circunstancias temporales como lo pueden ser (citados de seguido, en orden arbitrario) Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil; Andrés Manuel López Obrador, en México; Rafael Correa Delgado, en Ecuador; Pedro Castillo Terrones, en Perú; Evo Morales Ayma, en Bolivia; Xiomara Castro Sarmiento, en Honduras; Hugo Chávez Frías, en Venezuela; como la sublevación popular en Chile y su repercusión en las elecciones de segunda vuelta de próxima fecha; como la lucha en el marco de la Democracia de la Calle, en Colombia…

Por supuesto que hablar de esto en Costa Rica es profundamente polémico y desata furia, irracional en no pocos casos, cuando nos hemos vuelto completamente contestatarios el desmesurado poder de la plutocracia tica.
Como es lógico suponer, estamos haciendo una descripción del fenómeno actual en nuestra América Latina de la plutocracia neoliberal, aporofóbica, autoritaria-dictatorial, sumamente simplista. Es muchísimo más complejo.

Esperamos en columnas posteriores, dar otros elementos; especialmente, cómo es que vivimos el ascenso de la plutocracia tica al control hegemónico total en los planos político-económico y social-cultural, desde una perspectiva obrera de sindicalismo militante, rebelde y no alineado, como el que estamos defendiendo y practicando; incluso, desde el banquillo de los acusados.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

01- La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP), se muestra sumamente preocupada por la designación de la actual magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, señora Nancy Hernández López, como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para el período 2021-2026, tras la decisión de la actual jueza y presidenta de la Corte IDH, Dra. Elizabeth Odio Benito, de no optar por la reelección.

02- La preocupación que embarga a la ANEP, así como a miles de personas trabajadoras, públicas y privadas del país las cuales son representadas por esta organización sindical, estriba en el perfil de la persona que fue llamada a ocupar tan digno cargo en el más alto tribunal hemisférico, principal guardián y defensor de los Derechos Humanos de todas las personas, pero, principalmente, de las pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

POSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP) DE COSTA RICA, SOBRE LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO COSTARRICENSE PARA SUGERIR CANDIDATOS.

03- El pasado 13 de junio de 2021, ANEP publicó en su sitio web (www.anep.cr), su posición oficial sobre esta designación. En esa ocasión, se indicó, categóricamente, que Costa Rica carece de legitimidad moral para proponer y oficializar la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López como jueza de la Corte IDH.

04- Los argumentos vertidos en esa oportunidad para no apoyar esa candidatura, radican en que el Estado costarricense no ha contestado, y menos cumplido, con varias recomendaciones emitidas por “Procedimientos Especiales” de Naciones Unidas que ha emitido dictámenes de Relatores Especiales en materia de violaciones al derecho a la huelga, así como a violaciones a la independencia judicial.

05- De igual forma, la Corte Plena se negó a recibir al Relator de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán (Expresidente de la Corte Interamericana), quien -posiblemente-, se iba a referir a las debilidades del proceso de elección de magistradas y magistrados en el país y el impacto negativo que el actual procedimiento implica para la división de poderes.

06- También, el Estado de Costa Rica ha venido, simultáneamente, desconociendo las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”

07- El Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen; han concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica; y, se han gravado varios productos de la canasta básica con efectos adversos para quienes menos tienen. Todo lo anterior, se ha justificado en la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.

08- Adicional a lo anterior, recientemente se aprobó una ley que, irónicamente, se ha denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, la cual se pone en contra de la protesta pacífica, desconociendo el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos, especialmente de aquellos que les asisten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones.

09- Esta normativa provoca un distanciamiento con respecto a las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Esta medida gubernamental va en contra de pronunciamientos de la misma Corte Interamericana que señala que la protesta debe ser entendida “no sólo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”.

10- Se argumentó que la línea del Estado costarricense se continúa marcando a futuro, y en la misma dirección regresiva respecto de los Derechos Humanos, al estarse gestionando una Ley de Empleo Público con las mismas características de limitación de derechos humanos y laborales, e inclusive con desconocimiento de la independencia de poderes públicos.

11- Finalmente, se concluye que no es consecuente una propuesta para candidatear a tan importante cargo, por parte de un Estado que colecciona abusos a los Derechos Humanos, tales como uso de sus fuerzas policiales para agredir a las y a los manifestantes en el contexto de protestas; que, además está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); o que tiene denunciados penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, entre otros.

POSICIÓN ESPECÍFICA RESPECTO DE LA MAGISTRADA NANCY HERNÁNDEZ LÓPEZ, ELECTA JUEZA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH).

12- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) de Costa Rica es sumamente respetuosa de las sentencias de la Sala Constitucional. También entiende que en un sistema democrático y en un Estado Social de Derecho, la Constitución, las leyes y, por ende, las sentencias, deben defender los Derechos Humanos de las personas y, principalmente, de los grupos sociales más vulnerables.

13- Siendo así, existen algunas dudas por sentencias de la Sala Constitucional en el pasado, incluido el voto de la señora Hernández López, las cuales nos permiten cuestionar su visión en la defensa específica de algunos Derechos Humanos de personas trabajadoras. Se citan sendos ejemplos:

14- El viernes 25 de octubre del 2019, la Sala Constitucional resolvió la Consulta Legislativa Facultativa, presentada por 23 diputados y diputadas, sobre el proyecto de ley N°21.049, denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la Huelga y sus procedimientos”. Posteriormente, el 21 de enero del 2020, se convirtió en Ley de la República. Esta Ley ha sido nefasta para las trabajadoras y para los trabajadores, para los sindicatos, es regresiva respecto de instrumentos como la huelga, que había sido un logro histórico y diferenciador de la defensa de los derechos laborales de los costarricenses. En los 4 vicios de procedimiento que se resolvieron, así como en los 12 vicios de fondo analizados por el alto Tribunal, se echó de menos una defensa progresiva de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras, por parte de la candidata del Gobierno de la República, hoy jueza (lamentablemente) de la Corte IDH; sino más bien se denota un criterio estandarizado en una sentencia que se interpreta como altamente regresiva, y contraria a la normativa convencional, y principalmente a la visión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo anterior, ha generado que la ANEP haya tenido que presentar acciones de inconstitucionalidad ante esa Ley.

15- La ANEP presentó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la reforma a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, por considerar que su redacción atenta contra el salario mínimo inembargable de las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, así como de las personas jubiladas y pensionadas. Lo anterior por cuanto la reforma permitía a los patronos y empresas crediticias aplicar rebajas sin límite (abarcando la totalidad de la remuneración percibida).

16- El argumento principal de la ANEP fue que, en medio de la mayor crisis de desempleo en la historia del país, así como de una pandemia mundial, se pidiese defender a las personas trabajadoras pobres (grupo vulnerable de la sociedad), evitando que se quedaran sin un porcentaje salarial mínimo, que les permita adquirir los servicios básicos para atender sus necesidades vitales.

17- La citada Acción de Inconstitucionalidad fue remitida por la Sala Constitucional a la Procuraduría General de la República, quien dio la razón a esta Asociación indicando:

“Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría sugiere a la Sala Constitucional anular el párrafo segundo del artículo 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, reformado por la Ley n°99-18 del 11 de noviembre del 2020, así como el transitorio adicionado a esa norma mediante la misma Ley n°99-18”

18- Sin embargo, la Sala Constitucional dio curso a la presente Acción de Inconstitucionalidad, en fecha del 7 de enero del 2021, y a través del expediente N°20-021844-0007-CO, el pasado miércoles 26 de mayo 2021, la Sala IV, mediante sentencia 2021-011996, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por la ANEP contra la Ley 9918.

19- La señora Nancy Hernández López participó en esas decisiones sin identificar, cuestionar ni aplicar la interpretación más favorable a las personas afectadas (principio Pro Persona); principio que representa el norte interpretativo de la Corte Interamericana por aplicación del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

20- Preocupa a la ANEP que la señora Nancy Hernández López no haya demostrado durante su gestión como magistrada de la Sala Constitucional, la buena práctica de la procuración de justicia a través del control de convencionalidad.

CONSIDERACIONES FINALES DE LA ANEP SOBRE EL TEMA.

21- Se reitera que estos dos ejemplos citados, son una muestra de sentencias donde se habría pretendido una defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, en el mismo sentido en que la ANEP lo ha hecho, y donde no se ha denotado una posición progresiva de parte de la magistrada Hernández López; o bien, acorde con la normativa convencional, principalmente de la OIT y de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana sobre derechos laborales y sindicales.

22- Nos preocupó también que la magistrada Hernández López se haya presentado como candidata a la Corte Interamericana siendo aún magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica, puesto que representó un claro conflicto de intereses; y, además, un traslape de cargos ya que es lógico suponer que no pudo atender ambas funciones al mismo tiempo; debió estar solicitando permisos para ausentarse de su cargo de la Sala Constitucional donde tenía pendientes muchas decisiones como magistrada relatora y, de seguro, complicó votaciones que llevaron a la búsqueda magistraturas sustitutas, generando dificultades logísticas y retardación de justicia.

23- Por lo anterior, la ANEP lamenta la designación de la magistrada Nancy Hernández López como nueva jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); y deja, con este pronunciamiento, clara advertencia a las señoras y a los señores jueces de ese alto tribunal internacional, que la persona que se ha designado en nuestro criterio no reúne los atestados, ni las condiciones para la real defensa de los Derechos Humanos; y, en especial, los Derechos Humanos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y sus organizaciones.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Son 26 las personas candidatas a la Presidencia para las elecciones del domingo 6 de febrero de 2022. Estamos a 94 días de esta importante fecha, en la cual, también, se dará la elección de las 57 diputaciones para el período constitucional 2022-2026.

Es posible que tal número de candidaturas presidenciales se reduzca un poco, pues algunas de ellas podrían no ser inscritas por diversas razones. En todo caso, esa cantidad de aspirantes presidenciales representa un número inédito para unas votaciones de tal naturaleza, desde que entró en vigencia la actual Constitución Política del país, el 7 de noviembre de 1949. Hace ya, prácticamente, 72 años.

En estos días hemos estado localizando los diversos programas de Gobierno que han venido haciendo público esas 26 personas/grupos. No los tenemos todos y no hemos leído ni uno. La verdad sea dicha: el papel aguanta lo que le pongan y, por lo general, lo que ha venido ocurriendo, desde entonces, son estafas políticas cuatrienales; resultando ser la más notoria la actual gestión ejecutiva con Alvarado Quesada a la cabeza. 

En ese sentido, ante la pasarela electoral-presidencial, hemos decidido optar por compartir con ustedes algunos de los contenidos más notorios del pensamiento actual de la corriente sindical en la cual militamos; contenidos que fueron dados a conocer el pasado 15 de setiembre, en el marco de las celebraciones del llevado y traído bicentenario de la independencia con respecto a España, allá, en 1821, de 5 de las actuales repúblicas centroamericanas.

Ese día lanzamos el Manifiesto del Sindicalismo Sociopolítico del Bicentenario, cuya parte inicial hace una pequeña caracterización del estado actual del pueblo trabajador costarricense, según nuestra visión de clase. Tal estado actual de la situación socioeconómica y política de los sectores populares costarricense, estará como telón de fondo de la pasarela del domingo 6 de febrero.

El indicado documento plantea que el Bicentenario (y también será lo que tendremos el día de las votaciones, agregamos nosotros), “…nos encuentra con una Costa Rica en proceso acelerado de polarización desde el punto de vista de concentración de la riqueza: cada vez son menos los que tienen más, por un lado; por otro, cada vez son más los que tienen menos. La clase media, sostén de la democracia en los mejores tiempos de esta, está en desaparición”. ¿Verdad que es así?

Y, ¡por favor!, ¿díganos usted si estamos errados cuando en el citado documento, plantea que el Bicentenario (y también será lo que tendremos el día de las votaciones, agregamos nosotros), “…nos encuentra con un sistema tributario perversamente corrupto. Su naturaleza de profunda injusticia, se ha hecho más crónica desde que en la actual gestión gubernativa se impuso un ajuste fiscal en contra de los y las de abajo, para favorecer a los y las de arriba; a escamotear su pago y a mantener mucho capital fuera de nuestras fronteras, en paraísos fiscales”.

Incógnita enorme es saber si alguna de esas 26 personas candidatas presidenciales, podría aprobar la siguiente afirmación: Estamos “…con una amplia presencia político-delictiva del crimen organizado y del negocio del narcotráfico avanzando en el control social-territorial de una manera espeluznante; y, por el contrario, unos cuerpos policiales debilitados, mal pagados, agredidos salarialmente, con dramáticos casos de hambre familiar y gran precariedad de existencia”. Si están de acuerdo, ¡que lo digan a los cuatro vientos!

Por otra parte, cabe preguntarse cuál de esas 26 personas candidatas presidenciales tiene plena noción de que en el país se ha venido consolidando el peso político de la plutocracia (el grupo de los más ricos dentro del segmento de los ricos); que este grupo es el real poder en la Costa Rica actual y que tiene fichas colocadas en puestos claves de toda la institucionalidad tomadora de decisiones. 

¿Están en disposición de desafiar a la plutocracia reinante en temas tan sensibles como el extraordinariamente excesivo pago multimillonario de colones, de manera diaria, en “atención del servicio de la deuda pública”?

¡Qué va! Si bien es muy importante el día de las elecciones, la verdad profunda es que no se decide la cuestión del poder; o bien, no estará en peligro la hegemonía que hasta ahora ha venido imponiendo el accionar de partidos políticos como Liberación, Unidad, PAC y los evangélicos. En los casos de las 21 postulaciones presidenciales restantes (algunas tan caricaturescas como irresponsables), no ve el poder plutocrático razones de preocupación. ¡Cómo quisiera estar equivocado!