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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“El seguro es un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes”. Tomás Soley Güell, 1924.(Citado por don Carlos Monge Alfaro, en Nuestra Historia y los Seguros)

Al llegar a los 100 días de gobierno, el Sr. Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anunció sus previsibles intenciones de vender el 49% del Instituto Nacional de Seguros (INS). A sus 98 años de fundado, estos son antecedentes que no debemos olvidar.

El 30 de octubre de 1924 se promulgó la Ley Nº 12, denominada “Ley de Monopolio y del Instituto Nacional de Seguros”. En ésta se dispuso que el contrato de seguros sobre riesgo de cualquier género sería en lo sucesivo monopolio del Estado y se encargó su administración al Instituto Nacional de Seguros (INS), institución que fue creada en esa misma ley.

El 22 de mayo de 1926, mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 16, se le asignó al Instituto Nacional de Seguros la administración del seguro sobre accidentes del trabajo. Y sólo ese hecho, es un hito histórico en el devenir de la seguridad laboral del país, hasta la fecha.

Lo conocemos como Régimen de Riesgos del Trabajo o por las siglas RT; hasta hoy ejemplo mundial, sí, ¡mundial! De eso podemos presumir. Lo tenemos, existe y funciona de manera exitosa porque es público, social, solidario, universal y forzoso; porque lo opera el INS y porque lo hemos protegido.

El RT (además del Seguro Obligatorio Automotor, siglas SOA, desde 1973, y del cual hablaremos en otra entrega), se sustenta en la RED DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INS en todo el país: consultorios médicos y clínicas regionales, Hospital del Trauma (HT), campañas permanentes de medicina laboral preventiva y riesgos del trabajo; la Salud Ocupacional como instrumento preventivo, educativo y formativo; desarrollo de terapias especializadas para traumas de diversa índole y otros servicios.

Y esto, pese a que en agosto 2008 se rompe el monopolio de seguros. A las compañías privadas de seguros no les ha interesado RT, porque el margen de “utilidad” que establece la ley es un 6%. Al privatizar el INS, querrán eliminara la ley que regula tal utilidad. Es decir, convertir una actividad de enfoque social, en comercial. Y los patronos o empresarios, que creen que las tarifas RT bajarán. ¡No señores, despierten!

Desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la lucha política del General Jorge Volio Jiménez (1920-30), por proponerle a la Costa Rica rural un seguro de accidentes de trabajo con carácter universalista, que no se concentrara únicamente en dar protección a los artesanos y obreros de las ciudades, sino que incluyera a los obreros agrícolas y campesinos; fue la base para que estadistas y políticos visionarios, -contra los intereses de la consabida élite comercial y los terratenientes de la época-, comprendieran que era posible el desarrollo de un monopolio de seguros con carácter social.

PARTE II

Por esos días de 1924, el Secretario de Hacienda, don Tomás Soley Güell, en su crítica a los economistas liberales y a quienes se oponían al monopolio de seguros, destacó algunos elementos que aún hoy día tienen plena vigencia.

Al respecto, don Carlos Monge Alfaro, ilustre historiador costarricense, en su obra maestra “Nuestra Historia y los Seguros”, relata, citando a Don Tomas Soley Güell (Editorial Zúñiga y Carvajal. San José, Costa Rica. 1994. 2° Edición), lo siguiente:

“…El seguro dentro de una sociedad que se quiere equitativa tiene una función social: ‘Los economistas clásicos tienen este aforismo: «El Estado no debe hacer lo que la industria privada puede realizar». Pero, la industria privada no puede realizar la función social del seguro, sino sólo la función mercantil… El monopolio de seguros es la única organización económica que permite desarrollar la función social del seguro…’”.

Estas citas de Tomás Soley Güell nos muestran lo siguiente: es posible un tratamiento solidario de los seguros como mecanismo de política social.

Este preclaro enfoque del fundador del INS, don Tomas Soley Güell, deja en evidencia, hoy, que la línea clásica neoliberal (todo el mercado, nada el Estado), se ha de seguir fomentando en el Gobierno actual del presidente de la República don Rodrigo Chaves Robles. La descabellada idea de privatizar el INS (así como otros valiosos activos públicos) es ideológica, no económica; y, además, como muchas otras cosas, improvisada.

Si fuese económica, se darían cuenta que es un pésimo negocio para el Estado vender al INS y otros. No les bastó con la Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de agosto 2008, que rompe el monopolio de seguros en Costa Rica. El TLC de entonces, lo impuso.

Les duele que, a 14 años de esa ley, el INS siga holgadamente liderando la actividad mercantil de seguros, con poco más del 72% del mercado y creciendo, y además generando más de 140 mil millones de ganancia neta al año. 

Ellos quieren todo. Ellos son esos grupos internos de gran poder económico, de carácter plutocrático, aliados a empresas extranjeras a las cuales les sirven. Estuvieron hegemonizando los gobiernos inmediatamente anteriores al actual y dentro de este manifiestan ya gran incidencia; no precisamente para beneficiar a los ciudadanos de a pie, o a quienes viven en la pobreza. Mucho menos al trabajador público o privado parte de la gran clase media, que vería cercenados sus derechos a la salud, al debilitarse sensiblemente el régimen de RT y áreas sociales y entidades a las que el INS apoya con recursos.

Desde 1924 se viene acumulando todo el patrimonio del INS, que hoy es de todo el pueblo costarricense. Más de cinco generaciones hemos forjado ese patrimonio. Por ello nos parece ocurrente que el Sr. Presidente Chaves Robles pretenda disponer del patrimonio del INS, como si fuera de él y de su gobierno. No lo es y por mucho.

Los pueblos que olvidan su historia están destinados a repetir sus yerros y perpetuar la desigualdad socioeconómica, la injusticia social y la miseria. Que no nos pase a nosotros, los y las costarricenses. Continuará…

PARTE FINAL

En el año 2024, el Instituto Nacional de Seguros (INS), llegará a sus 100 años de existencia. Un siglo de trayectoria en la seguridad social costarricense, la cual, lamentablemente, hoy está más amenazada que nunca.

La actual ofensiva ideológico-político en contra del INS, de corte neoliberal, es la más reciente intentona de los grupos financieros por apropiárselo. Como sabemos, estos grupos vienen ostentando la supremacía en la definición de las políticas públicas de los últimos gobiernos.

El “delito” que ha cometido el INS en estos tiempos de desigualdad, es haber salido fortalecido de su más reciente prueba de fuego: la apertura del mercado impuesto por el tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos. Continúa el INS siendo la empresa pública de seguros comerciales más importante de toda la zona mesoamericana.

El INS y todo lo que representa debe continuar como propiedad pública estatal. A las puertas de su centenario, tenemos un INS en medio de una Costa Rica que ya es, oficialmente, una sociedad totalmente desigual; de modo que esta noble institución se convierte en una necesidad estratégica para la sobrevivencia social de una población trabajadora asalariada cuyo empobrecimiento es una dolorosa realidad.

En lo específico, el sistema de Riesgos del Trabajo (RT), y su excepcional servicio de atención médica en caso de accidentes laborales y, también, de medicina del Trabajo (algo único en Latinoamérica); debe concebirse como estratégico dentro del escaso grupo de políticas públicas con sentido de bien común y de inclusión social que van quedando en el país, imprescindibles para la propia estabilidad democrática nacional.

La propuesta presidencial de privatizar el 49% de un INS convertido en capital accionario, prácticamente parecería un suicidio social, considerando que a los fondos de pensiones les rodea una atmósfera de poca transparencia y de incierto futuro a raíz de las aventuras financieras en el exterior en que han sido sumidos.

El presente gobierno, haciendo gala de una grotesca improvisación, primero alegó que el dinero de la venta-privatización del 49% del INS sería para destinarlo al pago de una deuda pública que, para nosotros, es impagable: avanza ya hacia los 30 billones de colones (30.000.000.000.000). Luego, que sería plata para construcción de infraestructura vial, hoy por hoy, hecha añicos.

Tanto para enfrentar la monstruosa deuda pública como para una ofensiva de inversión pública en infraestructura, existen alternativas de hondo contenido político que no pasan por la venta de activos; que no pasan por la venta del Banco de Costa Rica ni por la del INS, específicamente.

A todas las organizaciones sociales, cívicas, políticas, religiosas y patrióticas que queremos una Costa Rica mejor y más justa, desde ya les decimos y las llamamos a prepararse para enfrentar la venta de activos públicos, particularmente del INS y del BCR.

A las señoras diputadas y a los señores diputados, desde ya nuestro llamado respetuoso a no perder su valioso tiempo y trabajo, en proyectos de ley de venta de activos que, claramente, todos sabemos no tendrán el apoyo del pueblo y que lejos de armonizar nuestra sociedad, generará descontento, enfrentamiento social e inestabilidad en general.

Este lunes 12 de setiembre, información de prensa nos da cuenta de que, en los primeros seis meses del presente año 2022, la cuasi-catastrófica deuda pública aumentó en un billón seiscientos cuarenta mil millones de colones. En cifras así: 1.640.000.000.000. ¡4 puntos PIB!

En verdad, cuesta creer esto: en estos seis meses, la deuda estuvo creciendo a razón de 9 mil 111 millones de colones diarios.

Según los datos que comentamos, al terminar el pasado año 2021, la deuda pública llegó a los 27 billones 270 mil millones de colones: 27.270.000.000.000.

Con el crecimiento de 1 billón 640 mil millones que tuvo en el primer semestre del 2022, la deuda pública llegó hasta los 28 billones 910 mil millones de colones. ¡Unos 45 mil millones de dólares!

Ahora bien, dice el Presidente don Rodrigo Chaves Robles que por la venta que su gobierno propone del Banco de Costa Rica (BCR), se recogerían 1 billón 300 mil millones de colones (en el mejor de los casos), para destinarlos a abonar a la deuda de los casi 30 millones de millones de colones, como lo expresan los datos que venimos indicando.

¡Ridículo! Veamos: Se vende el BCR en 1.3 billones de colones, pero ya el primer semestre del 2022 “se los tragó”, porque la deuda pública creció en 1.6 billones; y, todavía “quedamos por dentro” con 300 mil millones de colones (0.75 del PIB). ¡Pésimo negocio para el país la venta del BCR!

¿Y qué pasará en el segundo semestre del 2022? ¿Se vende el Banco Nacional?… O, ¿cuál otro activo?

¡Muy mal! El monstruoso, dantesco, escalofriante, catastrófico y sideral problema de la deuda pública tiene, y debe tener, otras alternativas para abordarlo integralmente.

Si la Asamblea Legislativa no quiere entrarle a este grave problema, debemos hacerlo desde la denominada sociedad civil, apoyándonos en las mentes brillantes que producen pensamiento de rigor en las universidades públicas, por ejemplo.

En el actual parlamento, la propuesta de que se instale una comisión legislativa especial que investigue en problema de la deuda pública, no parece tener futuro.

Pareciera que la seguridad económica que les da el salario a las 57 personas diputadas, les impide calibrar lo que está sucediendo en múltiples servicios públicos, por una parte; y, por otra, comprender la naturaleza cruel del drama socioeconómico que viven las familias trabajadoras cuyas jefaturas de hogar laboran en esos servicios públicos.

Por otra parte, y esto es bueno resaltarlo, no parecen existir buenos aires a la descabellada propuesta presidencial de venta del BCR para abonar a la deuda pública. Esperamos que se consolide el frente parlamentario opositor a dicha temeridad.

En tal sentido, razón de más, para considerar la instalación de la comisión parlamentaria que investigue el tema de la deuda pública y que genere las alternativas de solución sin mediación de entrega de activos públicos ni mayor expoliación a los ingresos de los sectores medios y bajos de nuestra población. Todavía tenemos fe.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡A votar el domingo! El pueblo trabajador necesita que, para la próxima Asamblea Legislativa, queden electas el mayor número posible de diputaciones amigas a las causas obreras y sociales; personas luchadoras que, de una manera u otra, en escenarios diversos, en el campo y en la ciudad, han venido ejerciendo las más distintas y creativas formas de lucha en contra de las más grandes injusticias de estos tiempos, como lo son la desigualdad, la exclusión económica, la corrupción, la concentración abusiva de la riqueza, el desempleo, la precariedad salarial (entre otras).

Injusticias cometidas por los partidos políticos que se entregaron al gran capital, que se doblegaron a los poderes fácticos de la plutocracia; que renegaron de sus valores fundamentales de la Socialdemocracia verdadera y del real Humanismo Cristiano.

Debemos llevar al próximo Congreso a personas luchadoras que tengan como objetivos centrales, por ejemplo:

A) una nueva política salarial, especialmente en cuanto al salario mínimo, para aportar a mejorar la distribución de la riqueza y los beneficios del crecimiento económico.

B) La transformación estructural del sistema tributario para que deje de ser injusto y corrupto, teniendo como bandera el informe “escondido” de Los papeles de Panamá.

C) Impulsar legislación para el relanzamiento de la producción agropecuaria nacional con seguridad y soberanía alimentaria nutritiva.

D) Defensa del empleo público destinado a la seguridad ciudadana, a la provisión de servicios sociales para impulsar la movilidad y el ascenso social, al que se ejecuta desde la institucionalidad de las empresas estatales que facilitan servicios estratégicos accesibles para toda la población, defendiendo la propiedad pública de estas.

E) Legislación para la realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública y de su abusivo y obsceno pago de intereses; que, por una parte, facilite derogar la feroz regla fiscal; y, por otra, libere recursos sanos para reconstruir el servicio público llevado hasta un estado caótico, pese a que fue diseñado para el bien común.

Varias de estas personas líderes sociales se acercaron a diversos partidos políticos que las acogieron y que este domingo las postulan al Parlamento, provenientes todas de las siete provincias; haciéndose notables en luchas locales en sus propias comunidades, así como en luchas de alcance nacional. En este último, las vimos en primera línea contra el combo fiscal (en 2018); y también contra la primera tanda de imposiciones derivadas de compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2020.

Los partidos políticos de la coalición gobernante que ha tenido Alvarado en estos cuatro años, aspiran a seguir controlando la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa. De esto no hay la menor duda.

En este sentido, por ejemplo, las fuerzas sanas y no alineadas de los sectores sociales, necesitan un colectivo de representaciones diputadiles que, aunque tengan procedencia partidaria distinta, tienen una comunidad de visiones construidas en la lucha social de estos tiempos de la hegemonía plutocrática.

Por tanto, hay mucho potencial de construcción de una agenda legislativa compartida para impulsarla, dentro de y fuera del escenario parlamentario; mediando, en este caso, la movilización ciudadana pacífica y estratégicamente coordinada. Téngase presente, además, que la propuesta de este lado de la acera es abundante, diversa y consistente.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A 24 días de las elecciones presidenciales y diputadiles del próximo domingo 6 de febrero, únicamente se nos viene a la mente expresar nuestro sentimiento más fuerte al respecto de este acontecimiento: ¡fracasaron! Fracasaron en detrimento del bien común y también de la inclusión social y económica.

El cinismo en la política ha cobrado, en la presente deslucida, insípida y vacía de contenido campaña electoral, niveles que nunca habíamos visto en procesos similares; especialmente por parte de los partidos que vienen administrando la cosa pública del país a partir de la caída del Muro de Berlín: Liberación, Unidad y Acción Ciudadana (1990-2022).

Las gestiones gubernativas Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella, en el caso del PUSC; Arias Sánchez, Figueres Olsen y Chinchilla Miranda, en el caso del PLN; así como las de Solís Rivera y Alvarado Quesada, del PAC; permitieron, facilitaron, posibilitaron, impulsaron, favorecieron:

*Que Costa Rica esté clasificada como uno de los diez países más desiguales del planeta; que tengamos el déficit fiscal más alto de la historia económica del país, con un endeudamiento público sin control y con un pago de intereses que está llegando a devorar los recursos públicos de programas sociales para poblaciones más vulnerables. En fin, con un Estado al borde de la quiebra. Sigamos…

*Que tengamos niveles de evasión y de elusión fiscales, de robo de impuestos, que han llegado a las cifras más altas de la historia tributaria del país; que continúe el insostenible sistema de exenciones y de exoneraciones a favor de grupos económicos que por ese mismo se han vuelto inconmensurablemente ricos. Continuemos…

*Que hayan permitido que el crimen organizado, el lavado de dinero y el sucio negocio del narcotráfico estén ya insertos en la institucionalidad republicana del país, financiando campañas electorales en los niveles locales (alcaldías) y en los nacionales: presidencias y diputaciones.

*Que hayan debilitado toda la institucionalidad pública destinada para la producción agropecuaria nacional, castrando las posibilidades de que tengamos una soberanía y una seguridad alimentaria nutritivas en momentos en los cuales esto es sumamente vital para la propia seguridad nacional y la supervivencia de las personas.

*Que hayan entregado los principales puertos del país a las transnacionales; teniéndose constancia, por ejemplo, del patético caso de los muelles del Atlántico con triplicación de tarifas y tránsito, prácticamente libre al narcotráfico.

*Que hayan facilitado la acumulación excesiva de la riqueza al punto de haber generado un poder paralelo al de la institucionalidad de la Constitución, teniendo esta un papel totalmente disminuido por la supremacía de la plutocracia que ha llegado a controlar el parlamento, el Poder Ejecutivo, importantes esferas del Poder Judicial y absolutamente toda la estructura estratégica y operativa del sistema financiero.

*Que hayan llevado a todo el sistema de educación pública en los niveles de preescolar, primaria y secundaria a la crisis más profunda desde la fundación de lo que denominan Segunda República, en 1949.

*Que hayan creado y tolerado redes de corrupción profundas, como la que ha sido desenmascarada, parcialmente, con los fondos públicos para la construcción de infraestructura vial. Que…, etc. Fracasaron en detrimento del bien común y también de la inclusión social y económica. Hay que pasar factura.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Como víctimas directas que fuimos de una persecución política impulsada desde dos de las instituciones más relevantes del aparato punitivo del Estado (el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Republica); como protagonista principal de un proceso penal que nunca debió darse; con sincera modestia, con humildad real, con el corazón en la mano y con una gran paz interior, me presento ante usted, persona ciudadana lectora de esta columna semanal, para compartirle algunos aspectos sobresalientes de este juicio político que tuvo amplia difusión mediática.

Creo tener la suficiente autoridad ética y moral para hacerlo, sin la contaminación de una odiosa vanidad personal que no existe por ningún lado. Y, por supuesto, aquí no cabe objetividad alguna puesto que hay una innegable perspectiva sociopolítica de clase trabajadora.

El pasado jueves 9 de diciembre de 2021, ocurrió una victoria cívico-popular, un triunfo de la Democracia, una reafirmación de que la libertad de expresión es piedra angular para contrarrestar las peligrosas tendencias autoritario-totalitarias que son inherentes al modelo económico-neoliberal que busca avanzar hacia imposición plena a toda la sociedad.

La sentencia absolutoria, de plena certeza jurídica, fue celebrada por muchas personas de la sociedad costarricense, más allá del mundo sociopolítico laboral de la propia corriente sindical en la cual militamos; más allá del amplio universo de los sectores y de los diversos movimientos sociales; e, incluso, desde ciertos sectores del empresariado recibimos salutaciones, lo cual nos resultó impresionante. Esto es de notar porque la satisfacción cívica que generó el contundente fallo que nos hizo justicia, llegó hasta personas, grupos y sectores que no comulgan con nuestro pensamiento ni con nuestras luchas.

Podemos dar fe que muchas personas profesionales vinculadas a la operación del Derecho de manera cotidiana, consideran que el desenlace de este injusto proceso de persecución política estatal llevado a la esfera penal constituyó una poderosa señal de que la independencia del Poder Judicial, filosófica y políticamente consagrada en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, sigue siendo fundamental para la convivencia civilizada de los diferentes sectores que pugnamos por una revitalización del sistema democrático con plena inclusión social y económica. En tal sentido, el fallo mandó fuerte señal a quienes, desde el afuera de la esfera judicial, en el plano ideológico-político y mediático, pretender decirle a los jueces y a las juezas cómo deben fallar.

Aún y cuando fuimos absueltos, no estamos conformes con la forma en que se inició la investigación, pretendiéndose la aplicación de un delito penal que criminaliza los llamados a manifestaciones públicas. Ya esto ha sido demandado internacionalmente ante Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el caso todavía no será llevado a su seno, pues no está maduro desde la perspectiva del agotamiento de los recursos internos del país.

Hemos cuestionado en sede constitucional el artículo penal de incitación pública, eje central de la acusación político-ideológica que sufrimos. Por ahora, en nuestro caso personal, superamos la descarada acción represiva estatal. Sin embargo, no tenemos la menor duda de que los llamados a la movilización social, pacífica y civilista, se van a multiplicar porque los detentadores del poder ideológicamente dominante en la actualidad, tienen decidido profundizar el perverso camino de desigualdad social y de exclusión económica. La Democracia de la Calle, practicada de manera cívica y pacífica, va a ser invocada múltiples veces por diversas circunstancias.

En un proceso como este, de persecución política estatal con orientaciones político-ideológicas de naturaleza antidemocrática, el uso de los recursos públicos debe ser de amplio conocimiento ciudadano. Todavía necesitamos un poco más de tiempo para formular, mediando un sólido planteamiento, la exigencia de rendición de cuentas en el uso de fondos públicos judiciales. Sin embargo, ya estamos trabajando en ello pues, a nivel del Ministerio Público, hay que evidenciarle en cuanto al desperdicio que hace de recursos públicos en procesos evidentemente injustificados. Lo mismo cabe en cuanto al deplorable papel en todo esto que ejerció la Procuraduría General de la República. Un proceso como el indicado, resulta caro en términos de inversión financiera en los recursos humanos que fueron involucrados, así como los costos asociados a la operación.

La solidaridad resulta vital, imprescindible, fundamental, cuando se está de cara a procesos de persecución política, por razones ideológicas, desde el aparato punitivo del Estado. Vivimos, sentimos, nos regocijamos, nos fortalecimos con una impresionante cantidad de expresiones solidarias desde las más impensadas procedencias, a través de una amplia diversidad de vías de manifestación y de expresión; hasta recibimos transparente solidaridad de personas compañeras de la lucha social con las cuales se ha tenido discrepancias ideológico-políticas de fondo. Y, por supuesto, ha sido sumamente vital la solidaridad recibida desde las propias bases de la corriente sindical en la cual militamos. La solidaridad internacional, por su parte, fue de gigantesco impacto. No encontramos (y creemos que nunca encontraremos), ni las palabras adecuadas ni las manifestaciones precisas para decir ¡gracias!