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Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El INS: un siglo de proteger al país y promover el bienestar económico y social, el cual se cumplirá el próximo 30 de octubre de 2024. Costa Rica  se ha diferenciado y destacado en el mundo moderno por muchas cosas: entre ellas, la  abolición del ejército en 1949; la creación de una política ambiental sostenible y de vanguardia desde 1970; el desarrollo de un sistema de seguridad social público,  ejemplar, liderado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), desde 1942 (que debemos cuidar y fortalecer); un sistema educativo público protegido y financiado por el Estado desde 1890 (venido a menos en la actualidad); un modelo de país democrático exitoso desde 1948 que, aunque no es perfecto, debemos preservar; y una entidad aseguradora pública que ha permitido ser garante, protectora y generadora de  paz social y desarrollo económico de toda la nación desde el 30 de octubre de 1924. Hablamos del Instituto Nacional de Seguros, más conocido por sus tres letras, INS, que llegó al siglo de existencia. ¡Y esto debe celebrarse!

La visión del carácter público-monopólico (hasta 2008) del “Banco Nacional de Seguros” como se llamó originalmente; que los líderes de entonces visionaron fundar, don Ricardo Jiménez Oreamuno (Presidente de la República); y, sobre todo, don Tomas Soley Güell (Ministro de Hacienda y Comercio), sencillamente marcó la diferencia en estos 100 años de desarrollo de toda nuestra sociedad.  

Esta visión de búsqueda de la justicia social y económica de don Tomás, se resume en este profundo y hermoso postulado filosófico-político-existencial, que mantiene y mantendrá absoluta vigencia por siempre:

“El seguro es un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes”. Tomás Soley Güell, 1924 (citado por Don Carlos Alfaro en Nuestra Historia y los Seguros).

Don Tomas, sin proponérselo o bien siendo consciente de ello, expone en este postulado la ecuación funcional económico-político-social del negocio del “riesgo de seguros”, en lo que respecta al giro social de la historia de los seguros en la Costa Rica, de 1924; a diferencia de lo que sucedía y sucede en la mayoría de países del mundo, donde este negocio es manejado por empresas privadas, y sus ganancias van a arcas privadas y no públicas, como sí sucede con nuestro INS. Resumimos este algoritmo así:

INS = (Σ + i) – (Cp + Ip) = UEN, donde:

Σ = suma de primas (pagos de seguros) de todas  las personas y empresas

i  = intereses o rendimientos financieros que generan esas  primas de seguros

Cp = costos de producción de la gestión de seguros

Ip = suma de las indemnizaciones pagadas a los asegurados y empresas

UEN = Utilidad económica del negocio para toda la sociedad costarricense

Conceptualizar la Costa Rica de hoy, sin el INS, es un ejercicio que podemos hacer, y no dudamos del resultado. Veamos: una mayor y escandalosa  desigualdad económico-social; inexistencia de “ los hijos e hijas del INS” como Bomberos, Riesgos del Trabajo, Seguro Obligatorio Automotor, Hospital del Trauma y Red de Salud, Museo de Jade, Puesto de Bolsa y SAFI, INS-Servicios; ausencia de enormes contribuciones económicas al fisco y a la sociedad en general que, como consecuencia, ha permitido la creación y soporte económico para el desarrollo a muchas entidades, causas  públicas y miles de empresas privadas que, gracias a la garantía del INS  surgieron y existen; y, desde luego, ser  fuente de trabajo a miles de personas  que dependen (hoy) del INS.  

Históricamente, y hasta la fecha, las compañías de seguros en el mundo, sobre todo las más antiguas y poderosas, se han convertido en ejes de inimaginable poder económico en una economía globalizada y concatenada a los intereses privados de una espeluznante minoría, donde el culto al lucro y al poder es su dogma. Lo público no cuenta para ellos.

De allí que, si en nuestro ideario político es “normal” que tengamos una entidad aseguradora pública, que fue monopolio apenas hasta hace 16 años; en otras latitudes, lo ven raro, extraño y particular. Lo cierto es que los beneficios de esta rareza económica han sido enormes para el país en los últimos 100 años; y la gran mayoría de los y de las costarricenses lo aprueba y lo defiende, sin duda.

ANEP lo ha hecho desde nuestra fundación en 1958… y lo seguirá haciendo; pese a que no siempre estemos de acuerdo o aprobemos las actuaciones de las autoridades transitorias superiores del INS; defensa que hemos realizado con gran ahínco y contundencia ante las ideas neoliberales de los últimos gobiernos (incluido el actual); partidarios todos del Todo Mercado-Nada Estado.

Nos opusimos, férreamente, al rompimiento de monopolio en tiempos de TLC, 2000-2008, junto con la Asociación Nacional de Agentes de Seguros (ANDAS), el sindicato UPINS de ese momento histórico y muchas otras organizaciones sociales, sindicales y no sindicales, así como miles de personas. Y lo seguiremos haciendo, ante toda amenaza, que pretenda debilitarlo. El INS NO SE VENDE, ni entero, ni en partes. Esta es consigna ANEP.

Hoy, el impacto socioeconómico del Instituto Nacional de Seguros (INS) sigue siendo fuerte pese al rompimiento del monopolio señalado y a la llegada de 12 compañías privadas; y, aunque los enemigos históricos que siguen vigentes y algunas ideas privatizadoras “nuevas” han aparecido, tal impacto lo podemos ver, sentir y percibir en los siguientes indicadores y referencias:

Grupo INS: Lo constituyen las empresas INS, INS-Valores, INS-Inversiones, Cuerpo de Bomberos con 52 estaciones en todo el país, Red de Servicios de Salud (Hospital del Trauma y 21 centros de atención médica y consultorios) y Museo de Jade.

El INS administra el Régimen (social) de Riesgos del Trabajo -RT- (Ley No. 6727, Ley de Riesgos del Trabajo que reformó el Capítulo IV del Código de Trabajo), en la que están asegurados más de 1.800.000 personas. En promedio, durante el período 2022-2023 se registraron cerca de 140.000 casos de riesgos del trabajo e indemnizaciones por parte del INS por arriba de ¢ 132 mil millones por año.

Por cierto, anunciamos, que suenan tambores de una aseguradora privada de casimir inglés, que compró una compañía de seguros ya establecida, con el interés de entrar en este mercado de seguros y distorsionar el seguro social de riesgos del trabajo y convertirlo en un seguro comercial como “moneda de cambio”. Y esto a partir de un reglamento con muchas lagunas funcionales y jurídicas emitido por la Superintendencia General de Seguros (Sugese). 

Desde ya anunciamos lucha frontal a este nuevo intento privatizador y respaldo al INS en su gestión de RT. Invitamos desde ya a todas las fuerzas sociales a unirnos y no dejar que esto pase. Pequeño detalle: aquellos casos que, aunque NO fueron reportados por sus patronos, el INS les brinda los servicios y luego incoa contra los patronos para intentar recuperar los servicios prestados. ¿Estará dispuesta una compañía privada lucrativa de RT hacer esto mismo? ¡No! No creemos que le interese mucho el bienestar de las personas, sólo la ganancia.

El cuerpo de Bomberos, pese su independencia administrativa, sigue siendo auspiciado y cofinanciado por el INS, con más de ¢ 25.000 millones al año. Tiene cobertura nacional con sus 52 estaciones y más de 1500 empleados y 3000 voluntarios. Y los servicios se prestan a toda la población sin costo, de forma solidaria. Fortalecer al INS es proteger los Bomberos.

El Seguro (Social) Obligatorio Automotor, conocido como SOA (Ley de Tránsito, No. 9078) brinda protección a más de 2.300.000 personas dueños de vehículos del país, es administrado por el INS. Se atienden al año más de 47.000 accidentes de tránsito. El promedio pagado de 2022-2023, es de ¢ 50 mil millones por año.

Según  Estados Financieros al 31 diciembre 2023 del INS, disponible en la web institucional  www.grupoins.com , el total de Activos y Patrimonio es de ¢ 2.559 millones de millones; los cuales, convertidos a dólares USA de hoy, es un monto cercano a  la suma de $ 4.922 millones. Diríamos que eso es lo que vale el INS. Eso le permite por sí mismo, una profunda solidez financiera y garantía a todos los asegurados.

Pero, además, no olvidemos que el INS es la UNICA ASEGURADORA con GARANTIA DEL ESTADO COSTARRICENSE, según la Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Art. 52 (reforma de la ley No. 12, de 1924, que creó el INS). Y esa garantía no la tienen las privadas. Por eso, instamos a todos los y a todas las costarricenses y empresas, a contratar sus seguros con el INS. No corran riesgo con empresas aseguradoras privadas, sobre todo, con aquellas de origen extraño.  

El INS es, por mucho, la primera aseguradora del país y del área centroamericana, con más del 67 % del mercado nacional de seguros. Acotamos que desde 2008 a la fecha, el INS ha perdido un 2 % anual del mercado, sobre todo en la línea de seguros personales. No obstante que el primaje ha aumentado nominalmente. Aprovechamos para hacer un vehemente llamado a las autoridades superiores del INS para evitar que esto siga sucediendo y revertir este proceso. El INS debería estar en un 80 % de dominio del mercado o más.

Por otro lado -según la misma fuente de información supracitada-, el primaje (dinero o primas que pagan todos los asegurados) al cierre de 2023 fue de ¢ 697 mil millones; suma equivalente a $ 1340,3 millones (TC = ¢ 520 x 1 USA$); generando una utilidad neta de ¢ 30.000 millones, monto equivalente a $ 90,3 millones (luego de todos los pagos obligatorios como impuestos, cargas sociales, múltiples trasferencias por leyes especiales, aportes directos a Hacienda).

No obstante, el promedio 2021-2023 de utilidad neta, fue cercano a los ¢ 67 mil millones. Para 2024 se espera lograr una ganancia neta de ¢ 50.000 millones. Entendemos que la caída del dólar ha afectado estos resultados. En definitiva, el INS es un muy buen negocio público que, sin duda, muchas empresas privadas lo quieren, han intentado apropiárselo y lo intentarán muchas veces más.

Sólo queda decir: ¡qué razón y qué visión la de don Tomas Soley Güell! ¡Cuánto le debe Costa Rica a este ciudadano!, primero futbolista de FC Barcelona, allá por 1900, como se indica en sus biografías y luego Ministro de Hacienda, en 1924, y gestor de la entidad aseguradora pública más longeva del mundo, el INS, hasta donde conocemos.  Bien merecido sería honrar su memoria con declararlo Benemérito de la Patria y Gestor de Bienestar Social.

Por último, desde ANEP no podemos omitir nuestro apoyo irrestricto al proyecto de ley presentado en agosto pasado, promovido por el ciudadano Juan Ignacio Mata Centeno, ante el Dpto. de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, a fin de que el INS sea declarado Institución Benemérita de la Patria. Hablamos del expediente No. 3787 de dicho departamento. Invitamos a todas las organizaciones afines al INS a pronunciarse en apoyo a esta ley.  

A las autoridades actuales del INS,  encabezadas por su presidenta, la Licda. Gabriela Chacón Fernández, las conminamos a dirigir esta institución por el camino de alta producción, eficiencia, eficacia y excelencia de servicios,  generando bienestar social y económico en todos los  frentes posibles: un buen recaudo de primas; pago expedito de indemnizaciones por pólizas contratadas; mejora en todos los servicios de RT, SOA y seguros comerciales; más  inversiones en infraestructura hospitalaria y red de salud.

Continuar  con el apoyo  a los servicios de la CCSS, apoyo directo  a muchos  proyectos de bien social; alianzas con otras entidades públicas (ICE, CNFL, A y A, otras) que permitan potenciar la comercialización de seguros con cargo a los recibos de servicios;  generar productos colectivos de vida con componente de ahorro como alternativa al fracasado modelo de pensiones complementarias; constante mejora en productos de seguros y nuevas herramientas tecnológicas de comercialización para los agentes de seguros; entre otras buenas intenciones de parte de ANEP. En ANEP estamos dispuestos a dialogar para mejorar el desempeño del INS, porque apoyamos, creemos y defendemos el papel del INS en nuestra sociedad. 

¡Larga y productiva vida al INS en su centenario! Que nuestros bisnietos lo disfruten en 2124.

“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.

¡Eso es golpismo! Chaves tiene en su mente, en su doble lenguaje manipulador, la “alternativa” de promover algún tipo de asonada golpista, Golpe de Estado, en contra de los poderes Legislativo y Judicial con los cuales está, severamente confrontado en estos momentos delicadísimos para la paz de Costa Rica.

Dio otra señal golpista: “Yo y mi gabinete estamos dando la cara y vamos a poner el pecho, ¿qué va a hacer usted compatriota? ¿No ve lo que está pasando? Yo estoy seguro que sí, y ahí les dejo la bolita picando en el punto de penal”.

¿Está armando Chaves algún grupo subversivo contra la Constitución? ¿Está él al tanto de alguna especie de milicia cuasi-militar para dar un Golpe de Estado? ¿Es este perverso comentario alguna señal en clave para que empiece algún tipo de operativo anti-constitucional?

Con sinceridad, debemos confesar nuestra alarma. Esto no puede pasar inadvertido para las autoridades judiciales competentes.

¿Y qué quiso decir Chaves, golpista en potencia, con esta indicación de innegable connotación sediciosa?: Que la ciudadanía debe “estar lista” en caso de que sea necesario “actuar”. ¿A qué llama actuar? ¿A promover alguna locura política como la que Trump hizo contra el parlamento estadounidense?

Y, he aquí la más peligrosa invectiva, la amenaza más violenta y agresiva emitida ayer, miércoles 24 de setiembre de 2024, con clarísimo carácter golpista, en su conferencia de prensa:

“En los países civilizados, las diferencias entre partidos se resuelven en las urnas. Yo espero que nos dé tiempo para llegar ahí en paz”.

Chaves, golpista en potencia, está indicando que, quizás, no haya elecciones presidenciales y diputadiles en febrero de 2026 porque, según él, no se podría llegar en paz a tal momento.

¿Será que está pensando en una ruptura del orden constitucional, llegando a tan peligrosísimo nivel de, subliminalmente, poner en duda las elecciones del 2026? ¿Quiere Chaves un nuevo enfrentamiento armado entre costarricenses?

“Al vivo a señas y al tonto a palos. Ustedes, costarricenses, son muy inteligentes, estén atentos, sean vigilantes y observemos. Que vivan siempre el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados”.

¡Sin duda! Chaves nos muestra como nunca antes lo había hecho desde que llegó a Zapote, su propensión al golpismo, al Golpe de Estado, a pasar de la confrontación verbal a la de los… ¿balazos?

Finalmente, nos hace una amenaza generalizada: “Muchas cosas se tienen que poner peor antes de que se mejoren, y por eso yo le digo al pueblo de Costa Rica: Yo estoy vigilante, yo estoy poniendo la cara”.

Que las cosas se tengan que poner peor antes de que se mejoren: ¿Habrá asesinatos políticos selectivos? ¿Habrá atentados con bombas, pero en serio? ¿Se incendiarán locales políticos-estratégicos?… ¿Vaya usted a saber! Chaves es un golpista en potencia.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

La drasticidad, la frialdad, la irracionalidad, la irresponsabilidad, el extremismo y el fanatismo que está mostrando la política fiscal del recortismo presupuestario impuesto por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con el beneplácito y la complacencia política del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; muestra las características perversas de ese recortismo impuesto en la hermana latinoamericana de Argentina, por el presidente Javier Milei.

Por eso estamos hablando de que en Costa Rica estamos siendo testigos de los recortes presupuestarios a lo Milei.

Con un sadismo político irreconocible para nuestra convivencia socio-democrática de las últimas décadas, los recortes presupuestarios a lo Milei muestran un nivel de prepotencia fiscal que, incluso, se dan el lujo de descalificar eventuales decisiones legislativas las cuales, en algunos casos, pudieran anular parte de esos recortes durante el actual trámite parlamentario del mal llamado presupuesto de la República para 2025;  para dejar claro, con soberbia imperial incluida que, aunque la Asamblea Legislativa apruebe tal cantidad, Hacienda la dejará de lado para imponer la suya previamente establecida en determinada partida sometida al recortismo a lo Milei.

Los recortes presupuestarios a lo Milei están mostrando un círculo infernal que, de una manera cruelmente abierta, están dejando en evidencia groseras violaciones de Derechos Humanos que contradicen una serie de tratados ya firmados y ratificados por Costa Rica. De un modo u otro, nos evidenciarán ante el mundo como un país de doble moral en este campo de los Derechos Humanos; doble moral que ya hace bastante tiempo está imperando en el país.

En ese círculo infernal se está encerrando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a la gente pobre, a la gente que no siendo pobre está en camino de serlo; e incluso, a personas integrantes de capas medias que están en proceso de pauperización, producto de lo que es una verdad tan contundente como que la Tierra es redonda: somos una nación totalmente polarizada desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y de la concentración del ingreso.

El grueso de los recortes presupuestarios a lo Milei afectan diversos programas de política social como Educación, Salud, asistencia social (IAFA, Cen-Cinai, Cruz Roja, salud preventiva, comedores escolares, becas, vivienda y otros) y hasta seguridad; programas cuyas personas usuarias fundamentales (niñez, adolescencia, jóvenes, adultos, adultos mayores); precisamente son de hogares sumidos en la pobreza, en el desempleo, bajo la dictadura del salario mínimo, con salarios congelados, altamente endeudadas y sin liquidez salarial, con hijos e hijas “ni-ni” (ni estudian, ni trabajan); y, reciben la atención de parte de personas trabajadoras empleadas públicas golpeadas por muchos años de desprestigio y ataque a la función pública, con cinco años de congelamiento salarial total (e irían por una década en tal condición), también agobiadas por la estrechez financiera y por un entorno amenazante a sus propios empleos en el marco de un Estado que, prácticamente, está en quiebra técnica.

Y a este círculo infernal ha entrado con firmeza el drama de la violencia delincuencial del crimen organizado y del tráfico de drogas: las pandillas, los muertos, la gente joven acribillada en la calle por ajustes de cuentas, las mujeres asesinadas; es decir, personas que, de un modo u otro, dentro de la ley o al margen de ella, están asociadas, directa o indirectamente, al recortismo presupuestario a lo Milei.

Los recortes presupuestarios con la marca Chaves-Nogui emulan, de alguna manera, a los que están sufriendo en estos momentos el pueblo argentino con ese sicario político liquidacionista del concepto de Estado Social, llamado Javier Milei. 

Lo paradójicamente cruel de esta dramática situación que está poniendo en jaque a la misma democracia costarricense, es que una buena parte de las personas seguidoras de Chaves también están integradas, de diversas formas y dimensiones, al círculo infernal del recortismo presupuestario a lo Milei impuesto por el propio Chaves y su ministro de Hacienda.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La nueva dirección política del gremio patronal Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), encabezada por la señora Maritza Hernández Castañeda, Presidenta (la primera de su género en los 51 años de existencia de esta entidad); recientemente y en un medio de prensa escrito, hizo dos afirmaciones que, sinceramente, nos dejaron estupefactos y casi sin poder creer lo que estábamos leyendo de su decir.

Por un lado, afirmó que la desigualdad en nuestro país es una bomba de tiempo. Por otro, que los indicadores socioeconómicos de esa desigualdad, que exhibe el país en estos momentos, son muy similares a los que mostraba la hermana república latinoamericana de Chile, antes del gigantesco estallido social que vivió ese pueblo y que hizo temblar todas las estructuras de su propia estabilidad democrático-republicana. Coincidimos!

Confesamos que nos causó gran sorpresa tal “confesión” empresarial viniendo de una entidad que, como UCCAEP, tiene gran papel en el desenvolvimiento político y socioeconómico del país.

Como bien es sabido, la corriente sindical en la cual militamos tiene en su agenda de lucha, como enorme prioridad, el tema de la desigualdad; especialmente porque la misma está, de manera acelerada, deteriorando las condiciones socioeconómicas de vida de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores público y privado, sin entrar a analizar el fenómeno del desempleo y del subempleo.

Ahora bien, el nuevo planteamiento político de la UCCAEP, sin lugar a dudas, nos posibilita poner en el tapete varias de las razones que estarían explicando esos indicadores de la desigualdad actual en el país; para, de seguido, encontrar explicaciones que, a no dudarlo, pueden apuntar a articulaciones de respuesta compartidas en varios ámbitos de análisis.

En no pocas esferas del pensamiento y de la acción político-económica y social del momento, el tema fiscal tiene gran prioridad de abordaje analítico en las búsqueda de respuestas y soluciones.

Podría ser esta perspectiva de la situación fiscal nacional un punto de encuentro de visiones patronal y laboral, en la búsqueda de consensos mínimos: si en ambas partes la desigualdad y la eventualidad de una explosión social son temas de gran preocupación.

Las alertas que nos hace la señora Presidenta de UCCAEP, que son las nuestras, reiteradas ya múltiples veces, nos ponen en la misma dirección en cuanto a prevenir con diálogo social multisectorial de “nuevo tipo”, reversiones del desarrollo democrático-institucional hasta ahora alcanzado que vulneran el mismísimo sistema republicano, hoy bajo fuego retórico de intereses insanos.

Copiamos de internet-Google la definición de aporofobia: “La aporofobia es el odio, aversión o rechazo hacia las personas en situación de pobreza. El término fue acuñado en los años 90 por la filósofa Adela Cortina, para dar nombre a este fenómeno que afecta especialmente a las personas en situación de sinhogarismo”. Y del diccionario de la Real Academia Española (RAE) esta definición de aporofobia: “fobia a las personas pobres o desfavorecidas”.

Los extremistas fundamentalistas que imponen desde hace ya varios gobiernos la política fiscal del país, lo hacen con una fuerte carga ideológica de contenido aporofóbico, el cual se hace notar con más crueldad en el actual gobierno considerando que su cabeza ejecutiva tiene una concepción ideológica de la sociedad al estilo “bancomundialista”, fortalecida por sus tres décadas de servicio tecnocrático-financiero lejos del país.

El proyecto de presupuesto de la Republica para 2025 que fue enviado por el Gobierno a la actual Asamblea Legislativa muestra propuestas de recortes presupuestarios con fuerte carga aporofóbica.

En cuanto a Educación Pública los recortes afectarán la calidad de la enseñanza que se debe dar a los hijos y las hijas de personas trabajadoras de ingresos medios, bajos o casi inexistentes; clase trabajadora (pública o privada) con ingreso salarial precario que no pueden pagar un servicio educativo privado.

Es decir, la aporofobia fiscal en materia de Educación Pública condena a la gente pobre a tener un servicio educativo malo y no una educación de excelencia para el ascenso social. Este pésimo servicio educativo tiene una intencionalidad perversa cual es la de mantener en exclusión social y económica a la gente pobre.

Ya no se trata de un asunto de desigualdad: es algo más malo y profundo. La aversión a los pobres, ideológicamente marcada por una política fiscal aporofóbica, es de tal calibre que es mejor que no cuenten, que no existan, que no importen.

Tan es así que la actual y descalificada-cuestionada ministra MEP se niega a entregar los datos estadísticos estratégicos del rezago educativo al Programa Estado de la Nación, habida cuenta de que los pobres ya no cuentan para las estadísticas del sistema educativo público carcomido por el ajuste fiscal del recortismo presupuestario aporofóbico.

Tenemos entonces que en el sistema educativo público, especialmente en sus niveles de pre-primaria, primaria y secundaria, podemos encontrar la confluencia de las consecuencias del sostenido proceso de exclusión económico-social que estamos sufriendo, ahora agravado por ese recortismo fiscal aporofóbico: a) acuden a recibir educación los hijos y las hijas de las personas asalariadas del exiguo salario mínimo pagado en el sector privado; b) los hijos y las hijas del personal trabajador del sector público que tiene su salario congelado desde hace 5 años; c) las clases son impartidas por personal magisterial víctimas de ese congelamiento salarial y con altísimo endeudamiento personal; d) las lecciones se dan con carencia de material educativo idóneo y de calidad y en instalaciones tugurescas; en fin, la educación pública muestra un patético y doloroso retroceso que nos llevará a un subdesarrollo pedagógico que posibilitará el control futuro de la sociedad por los privilegiados de la educación privada.

!Que no cuenten los pobres! !Que no cuenten a los pobres! Esta parece ser la maligna consigna del racismo educativo aporofóbico. De terror…

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Sin el más mínimo incidente de violencia, se escenificó en el corazón de nuestra ciudad capital San José, un histórico episodio de acción cívica con innegables contenidos políticos, de lo que conocemos como la Democracia de la Calle; multitudinaria manifestación ocurrida este miércoles 28 de marzo de 2024.

Como está más que constatado, Costa Rica terminará el primer cuarto del siglo XXI, año 2025, completamente desdibujada con relación a la “fama” de sociedad de inclusión social y de capas medias que se nos reconocía internacionalmente.

Hace unos semanas, los señores obispos católicos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), llamaron la atención a la clase gobernante (la que se ve y la que está en la sombra -que es la del poder real-), acerca de que el actual modelo de organización económica ha fracasado. Es exacto eso.

Resulta innecesario enumerar los diversos indicadores económico-sociales que arrojan las cifras del dolor y del sufrimiento, del estrés y de la ansiedad que azotan las vidas cotidianas de miles y de miles de familias de la clase trabajadora, pública y privada, con empleo fijo o sin él; como víctimas del fracaso de ese modelo de organización económica que fue señalado como culpable del desastre en que se está convirtiendo la democracia costarricense.

Ésta, caracterizada por un modelo representativo, va en retroceso producto de las corruptelas de la clase política tradicional, de sus estafas políticas cuatrienales; y ahora, víctima de las engañifas del embrionario engendro del autoritarismo autócrata que le habla a los oídos de cientos de personas hartas de esas estafas.

Creemos que el deterioro de la capacidad de mantener articulada a la sociedad mediante la democracia representativa, exige el surgimiento estratégico de la Democracia de la Calle que levanta banderas reivindicativas de inclusión social y de justicia económica por encima de las cada vez más desteñidas banderías electorales circunstanciales.

Lo que sucedió en este día histórico de 28 de agosto de 2024, cuando el presidente legislativo recibió el planteamiento cívico conocido como Pacto por la Educación Pública, mostró ese potencial articulador de la propuesta ciudadana a favor de la inclusión social y de la justicia económica pero sin mostrar colores electorales; pero sí mediando el ejercicio potente de la movilización social pacífica y organizada conocida como la Democracia de la Calle. Hoy se demostró cuán estratégica puede ser ésta; y también lo constataremos en los diversos eventos regionales previstos.

Las cinco universidades públicas, sus movimientos estudiantiles, así como notables organizaciones obreras practicantes del Sindicalismo Sociopolítico, agrupaciones gremiales de diverso orden y una amplia diversidad de nucleamientos sociales opuestos al egoísmo neoliberal lograron convocar a miles, ante los ojos atónitos del tecnócrata banquero ajeno a nuestro ADN idiosincrático.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Molesto por la movilización social que se manifestará próximamente, Chaves Robles recurre a su más notable “cualidad”, la de la manipulación, para descalificar la demanda de que se respete el 8% del presupuesto de la República para la Educación Pública, según ordenanza constitucional.

Su canallesca y grotesca manipulación le lleva a plantear que la plata de aumento presupuestario que reclaman las universidades públicas, debería ser para aumentar el salario a las personas empleadas públicas que están en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.

Pretende ignorar que esa justa reivindicación cívica del 8% del PIB para la Educación Pública (universidades estatales incluidas), está a la par de la demanda por una Transformación Tributaria Estructural que le urge a Costa Rica. 

Invertir en educación es invertir en el desarrollo de la Democracia, lo cual es reconocido por todo lado y por todo el mundo. Pero, aquí, en Costa Rica, pareciera que no es así.

Y en el Gobierno de Chaves Robles el desfinanciamiento de la Educación Pública está profundizando su caída a menos del 5% PIB.

Al considerar que la visión ideológica de Chaves Robles no va más allá de lo que aprendió en sus 30 años como cuadro tecnocrático del Banco Mundial; le es imposible comprender que la clase trabajadora empleada pública necesita que sus hijos y que sus hijas reciban una educación pública de calidad, sólidamente financiada con altos estándares pedagógico-metodológicos.

De la misma manera, los hijos y las hijas de la clase trabajadora del sector privado, especialmente la que es esclava del salario mínimo, ocupan de ese sistema educativo hoy en decadencia y que, por tanto, está urgido de su rescate y revitalización, teniendo como primer paso alcanzar ese 8% del PIB.

Desde los diversos ámbitos de la lucha social actual hay, cada vez más conciencia de que se halla un vínculo de fuerte concatenación entre un sistema educativo público robusto y de alta calidad, y un sistema tributario equitativo, justo y riguroso.

Lograr que la clase política actúe en consecuencia constituye una verdadera batalla cívica que, fundamentalmente, deberá darse con la Democracia de la Calle. En eso estamos. No creo que Chaves Robles lo comprenda.