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Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Los niveles de explotación laboral en Costa Rica son alarmantes. No solamente se pueden constatar con informes internos, sino que, más grave, el asunto fue de conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace apenas un año.

Por ejemplo, el inspector internacional que nos visitó como experto de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con lo que denominan formas de esclavitud moderna, indicó en su informe final “…que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día”.

Dicho experto de la ONU, de nacionalidad japonesa, en su informe final, también, consignó lo siguiente: “Una cuestión conexa es la inspección del trabajo. Un gran número de interlocutores señaló que la inspección del trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal. Además de los limitados recursos humanos y financieros, el Relator Especial se enteró de que las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores. También hay casos de colusión en los que se informa a los empleadores de la inspección con antelación para que puedan prepararse para la inspección y ocultar las malas prácticas. Por ejemplo, a los trabajadores se les da un día libre o se les envía a lugares remotos el día de la inspección para que no puedan proporcionar sus historias, y esto parece ser una práctica común. Además de la agricultura, la inspección en otros sectores, como el trabajo doméstico, la construcción, el transporte, la manufactura, el comercio y los servicios, sigue siendo insuficiente”.

Vistas así las cosas, resulta indignante la circunstancia de que en la Asamblea Legislativa se decidiera archivar un proyecto de ley destinado, precisamente, al fortalecimiento de la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); legislación que habría ido en la línea de las recomendaciones del señor de las Naciones Unidas, Tomoya Obokata, en su condición de Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

Y fue tan contundente en su informe conclusivo que señaló, de manera explícita, al proyecto de ley ahora archivado por las diputaciones pro-gran capital o “asalariadas” de él identificadas con su ideología: “money, money, money”.

El señor Obokata no se anduvo por las ramas para solicitar esto: “Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ, adoptando el Proyecto de Ley 21.706 para el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección Laboral, e involucrar a los sindicatos u otros terceros en la inspección del trabajo para aumentar la transparencia”.

Aunque hubo diputaciones sensibles al tema, la realidad política que emerge es que estamos de cara a un nuevo ataque parlamentario contra la clase trabajadora. Calificadas instancias y respetados espacios internacionales serán receptores de nuestras denuncias en próximas fechas.

Rechazo generalizado en el mundo obrero-social de nuestro país está provocando la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que al aguinaldo y al salario escolar se les grave con el impuesto sobre la renta; una medida que, sin lugar a dudas, constituye un explosivo social.

Bien es sabido, porque se ha dicho cientos de veces, que el sistema tributario costarricense es doblemente perverso: por una parte, es completamente injusto pues pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen (en cuenta, la clase trabajadora asalariada); por otra, está corrupto: es de tal nivel el fraude fiscal-tributario a gran escala que Costa Rica está ocupando el tercer lugar a nivel del planeta por tan deshonrosa razón, según prestigiosa investigación internacional recientemente realizada en 140 países.

El aguinaldo es una conquista social, prácticamente, sagrada. El salario escolar no es una regalía ni un privilegio a nivel del sector Público: hoy está conceptuado como un componente salarial, así inserto ya en el sistema constitucional-jurídico-laboral del país y, además, tiene exención de pago de renta.

Es evidente que el FMI actúa en correspondencia directa a su línea ideológica fundamental y clásica: sus políticas estructurales de ajuste fiscal siempre han estado dirigidas para golpear a los y a las de abajo, especialmente a la clase trabajadora.

Pensamos nosotros que gravar con impuesto sobre la renta al aguinaldo y al salario escolar cuenta con el beneplácito político del gobierno actual, aunque para nivel de opinión pública, lo nieguen.

Es más, si tomamos en cuenta que la cuestión macrofiscal del país no cambia, aunque cambie el presidente y el respectivo gobierno, los sectores económicamente dominantes en las sucesivas administraciones siempre tienen en consideración, en su “menú” fiscal, este impuesto.

Solamente esperan las condiciones propicias para darle este grotesco zarpazo a los deteriorados ingresos obrero-salariales, tanto del sector privado como del público (exceptuando, las altas cúpulas político-gerenciales en ambos).

También, está ya sumamente certificado, política y socialmente, que Costa Rica está en un proceso sistemático de potenciar la desigualdad y la exclusión social y económica; que ya dejamos de ser una sociedad facilitadora de la movilidad social ascendente; que el poder adquisitivo de los salarios se ha venido reduciendo de manera sensible; y que, los servicios públicos diseñados para la promoción del bien común, los tienen contra la pared.

Que el aguinaldo se mantenga intocado, que el salario escolar se mantenga intocado, va a depender, en gran medida, de la capacidad de reacción de la diversidad de agrupaciones, especialmente, las sindicales, que aglomeran a amplios segmentos de la clase trabajadora asalariada, pública y privada. E, indudablemente, si grandes grupos de trabajadores y de trabajadoras están dispuestos a movilizarse bajo en concepto de Democracia de la Calle.

La clase trabajadora únicamente cuenta con sí misma y con sus organizaciones obrero-sociales consecuentes, para defender estas conquistas y otras más que están en peligro de ser arrasadas.

Esperamos y confiamos en una reacción generalizada y con movilización social incluida, si persisten en estas aberrantes ideas de ponerle impuesto de renta al aguinaldo y al salario escolar. ¡No se atrevan!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

No nos llamemos a engaño. Los y las de arriba, con sus respectivos partidos políticos, constituyen una sola élite. Los mismos, si bien muestran “diferencias”, estas son de estilo y de accionar.  “Se agarran del pelo”, unos y otros en la campaña electoral de turno, pero tienen una comunidad ideológica que se ve reflejada, muy claramente, en los siguientes aspectos fundamentales (aunque hay otros no menos relevantes).

Primero: la gran prioridad macroeconómico-fiscal de esta élite es el “servicio” de la deuda pública con su obsceno pago de intereses. Note usted que, la práctica totalidad de los partidos políticos representados en el parlamento, junto a los partidos seguidistas de Chaves Robles, ni se inmutan, ni se escandalizan (aunque sea de “mentirillas”), con el pago diario de 30 millones de dólares USA que habrá que hacer a partir del 1 de enero de 2024 y cada uno de los 365 días del año entrante por esa deuda pública. Todos esos partidos: los viejos y los “nuevos”, tienen una máxima prioridad mental: que el FMI dé el visto bueno al manejo de ese “servicio” de la deuda pública y sus colaterales variables macrofiscales. La deuda pública, su obsceno pago de intereses, el déficit fiscal y los préstamos, alimentan el negocio bancario-financiero, piedra angular del proceso concentrador de riqueza.

Segundo: Tienen un acuerdo tácito de que no se debe transformar, ni en lo más mínimo, la naturaleza doblemente perversa del sistema tributario costarricense: que es injustamente regresivo y suciamente corrupto. Por ejemplo, usted no verá a ningún partido político al servicio de la élite hablando de “Los papeles de Panamá” con el listado de legislación pendiente que se debe tramitar para empezar a impulsar una Transformación Tributaria Estructural. La élite de los y de las arriba duerme muy tranquila todos los días.

Esta doble perversidad tributaria se está agravando con la degeneración que está sufriendo el régimen de Zonas Francas: cada vez son más las empresas de capital nacional que se “infiltran” en ese régimen para evitar pago de impuestos, para lo cual cuentan con complicidades burocráticas de cuadros tecnocráticos afines a los partidos de la élite.

Tercero: Los partidos políticos de la élite (los viejos y los “nuevos”), no tienen el más mínimo interés en que la persona trabajadora asalariada, ya sea del sector público o del sector privado, tenga un real poder de compra en sus respectivos salarios. No hay interés en concebir la política salarial del país cómo un factor de movilidad social ascendente ni como factor reductor de la desigualdad. Lo vemos muy bien en la concepción restringida del valor del salario mínimo aplicable al sector privado; o, en el congelamiento salarial total que se ha impuesto en el sector público, aunque es inconstitucional y violatorio de Derechos Humanos.

Se exceptúan de esto, por ejemplo, la alta cúpula político-gerencial del aparato estatal; así como la alta gerencia corporativa del sector privado. En ambos casos, por lo general, están ligados a, o lo sirven, a la partidocracia de la élite con los abultados salarios que se pagan en uno u otro caso.

Cuarto: La corrupción es factor común a toda la partidocracia de la élite. Los ejemplos son abundantes, por ejemplo, la corrupción que se da en el financiamiento de las campañas electorales cuatrienales. Tan grave es esto que ya es secreto a voces la presencia de dinero sucio-narco financiando candidaturas, antes y ahora. La lista de las corruptelas con fondos públicos es larguísima.

El tema es, prácticamente, inagotable. Lo más grave es que este sistema de una sola élite con múltiples partidos políticos a su servicio, está minando las bases mismas de la confianza de la gente en la propia democracia costarricense.

Estamos tratando de constatar la veracidad de informaciones recientes aparecidas en prensa, específicamente en Semanario Universidad, acerca de que la reciente misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita en el país; hizo señalamientos “no usuales”, acerca de la cuestión fiscal del país.

El indicado medio de prensa goza de mucha credibilidad y prestigio, por lo que vamos a referirnos a esos señalamientos fondomonetaristas.

En todo caso, estamos solicitando una reunión con el representante oficial del FMI para Costa Rica, don Santiago Ochoa Olarticoechea, ahora que tal entidad abrió oficina permanente en nuestro país.

Vamos con lo primero. Que para la misión técnica del FMI los intereses de la deuda pública son “altos”. De ser así, debemos corregir de nuestra parte y decir que son excesivamente altos, que están entre los más altos del mundo, que son obscenos y de usura; y que, en esencia, son socialmente criminales.

La corriente sindical que cobija nuestro quehacer diario ha venido asumiendo este asunto como una cruzada de inspiración humanista; y, por eso, que el FMI haya empleado el calificativo de “altos” para los intereses de la deuda pública, representa una especie de pequeña victoria desde la perspectiva de la lucha social.

Todavía seguimos atónitos de que el servicio de la deuda pública y su más que exorbitante carga de intereses, implique sacar de las raquíticas finanzas públicas, a partir de enero 2024, la escalofriante, espeluznante y escandalosa cantidad de 900 millones de dólares mensuales; lo que hará que al final del año venidero, casi 11 mil millones de dólares se le haya sacado del bolsillo a los sectores medios y obrero-sociales, los cuales llevan sobre sus espaldas, el grueso de la carga tributaria nacional.

El ya marcado descenso de la inversión pública en política social, seguridad, educativa, en infraestructura vial, por ejemplo, tiene que ver con que esa gigantesca cantidad de casi 11 mil millones de dólares estadounidenses sean destinados, únicamente, para los mercados financieros, empobreciendo al conjunto de la sociedad.

Creemos que estamos llegando a puntos extremos de explotación social por honrar una deuda pública que esconde muchos aspectos que no se ventilan ante la ciudadanía.

Llama poderosamente la atención que en la Asamblea Legislativa, que debe aprobar el mal llamado presupuesto de la República para 2024, con esa monstruosa partida de casi 11 mil millones de dólares USA para el servicio de la deuda pública; no haya una sola voz parlamentaria que con vehemente argumentación plantee que ya es hora de parar esa aprobación anual a ciegas de ese tipo de erogaciones multimillonarias a costa de mayores sacrificios para la inmensa mayoría de la población.

El otro señalamiento que habría realizado la misión técnica del FMI, tiene que ver con la naturaleza perversa y corrupta del sistema tributario costarricense. Pero esto merece un próximo comentario en esta misma prestigiosa preocupación.

En todo caso, como se dice popularmente ante un acto relevante de un protagonista del cual no se esperaría ese acto, para que la misión técnica del FMI, con estos dos aspectos que críticamente habría señalado con relación a la situación fiscal del país, tenemos que decir que el FMI “la voló”

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El monto actual del salario mínimo, el que se utiliza para reconocer, anualmente y a nivel del sector Privado de la economía el alza en el costo de la vida, se queda muy corto si se contrasta con lo caro que resulta vivir en Costa Rica.

Cuesta muchísimo llegar a fin de mes, o de la quincena, en hogares como los de los choferes de bus, las trabajadoras domésticas, los y las oficiales de la seguridad privada, la clase obrera bananera y piñera, el peón agrícola, la gente trabajadora del comercio y servicios, por ejemplo.

Es por ello que dos importantes organizaciones sindicales que en sus filas cuentan con importantes grupos de clase trabajadora asalariada privada, vienen levantando la bandera de que en Costa Rica ocupamos un nuevo salario mínimo, congruente con lo caro que es vivir en nuestro país; pues la fijación anual por costo de vida al actual salario mínimo es una ridiculez, una burla, una miseria.

Hablamos del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP), y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Para empezar, estamos mal cuando no se concibe que la mejor política salarial posible en una verdadera democracia, es aquella que permite el ascenso social. Eso no está sucediendo en nuestro país.

Ambas organizaciones denuncian que el cálculo del actual salario mínimo en Costa Rica está orientado a correr tras el consumo de los productos incluidos en la canasta básica como parámetro de ingesta y sobrevivencia (índices de pobreza), pero no aleja a las familias de la línea de pobreza. El cálculo de la fijación se limita únicamente a las necesidades de consumo básico y no contempla posibilidades de movilidad social.

Anotan, por ejemplo, que el trabajador agrícola realiza jornadas de trabajo que normalmente se extienden hasta doce horas al día. Por tanto, este trabajador no podrá realizar ninguna otra actividad económica que le permita ajustar sus ingresos y permitirse el consumo de otros bienes y servicios pues se encuentra estrictamente condicionado al consumo limitado de los bienes básicos para su supervivencia, con un único ingreso: el pago del salario que recibe por su trabajo.

Otro aspecto crítico es que no es correcta la relación de precios de consumo de manera general, ya que en la realidad los establecimientos comerciales tienen diferencias considerables en los precios de acuerdo con las zonas del país en las que nos encontremos; y, desdichadamente resultan más cuantiosos en las zonas de mayor vulnerabilidad como lo son las zonas rurales.

SITRAP y ANEP ponen el dedo en la llaga al afirmar que no se puede proyectar un incremento salarial que ocasione efectos negativos en la sociedad al detener la posibilidad de desarrollo el comercio y de la economía desde la producción del trabajo; sin embargo, la creciente ola de criminalidad, la saturación del sistema de seguridad social, las tasas de desempleo y de trabajos subempleados, también son repercusiones negativas para la sociedad y se vinculan, de manera directa e indirectamente, al insuficiente salario mínimo que se ha mantenido en las últimas décadas.

Dicho lo anterior, un nuevo salario mínimo se impone en el país, considerándolo como un esfuerzo atinado hacia la reducción de la brecha de la desigualdad y para posibilitar a las familias movilidad social que les permita salir de la línea de pobreza, agregar al salario elementos de proyección del consumo de las personas asalariadas más allá de lo que establece la canasta básica.

¡Llamemos al FBI, a la DEA, a la CIA! ¡Llamemos a Scotland Yard, a la Sureté, a la KGB!… Se desarrolló en el país una especie de banda de cuello blanco que nos está matando, estrangulando, desangrando: es la plutocracia de los mercados financieros que para el año 2024, “asaltará” el presupuesto de la República, dejándose para sus egoístas arcas, nada más y nada menos que, 900 millones de dólares por mes. ¡Sí!: $900.000.000 que son, dizque, para atender el servicio de la deuda pública, especialmente el pago de los más que criminales y obscenos intereses.

En ese presupuesto para el año entrante, mismo que ya debate la actual Asamblea Legislativa, se incluye la más que gigantesca partida de 5 billones 814 mil millones de colones (₡5.814.000.000.000) para “atender” el servicio de la deuda pública.

Eso significa que, por cada uno de los 12 meses de 2024, se presupuestan ₡484.500.000.000 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos millones de colones). Y, si consideramos el tipo de cambio actual, a un promedio de 538 dólares estadounidenses, tenemos la también enorme cantidad de 900 millones 557 mil 620 dólares ($900.557.620).

Nadie, absolutamente nadie, a nivel de la clase política del país, quiere abordar este delicado asunto. Por eso, de manera jocosa, planteamos que hay que apelar a los más connotados organismos de investigación y de espionaje del mundo actual, para determinar por qué nos han llevado a niveles de, prácticamente, de exterminio social, con gran afectación de la misma Democracia.

¿Cómo comenzó todo esto? ¿En cuáles administraciones gubernativas? ¿Cuáles partidos políticos? ¿Liberación?, ¿Unidad?, ¿PAC?, ¡sin duda! ¿Cuál es la legislación financiera que impulsaron para que lleguemos a este nivel de impunidad criminal en el cobro de intereses de la deuda que, según los entendidos, están entre los más altos del mundo, sino el más alto del mundo? ¿Cómo opera ese mercado financiero? ¿Quiénes son los comisionistas con la colocación de bonos de la deuda? ¿Cómo opera el perverso negocio de que el Estado tenga un déficit “eterno”? ¿Qué papel ha jugado en todo esto la existencia de un sistema tributario perversamente corrupto e injusto?

Casi a diario escuchamos el lamento presidencial de “no hay plata”. ¡Pues claro! Se la lleva toda esa mafia financiera. Por eso es que los cuerpos policiales están, prácticamente, en la calle: desfinanciados, precarizados salarialmente, superados tecnológicamente, en condiciones de salud ocupacional peligrosas. ¡Y todavía, el Presidente y la ministra Mideplan les engañaron que tendrían “salario global”!

Se reduce la inversión social en salud y seguridad social. La educación pública de preescolar, primaria y secundaria, en estado calamitoso. Llevan a la quiebra a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a punta de no honrarle la deuda que tiene el Estado con ella. Los parques nacionales van hacia la privatización. La inversión en infraestructura pública tiene un rezago de 30 años, sino más; y podemos seguir citando las diversas manifestaciones del retroceso estructural que estamos viviendo como sociedad, producto de una deuda pública que es impagable y del pago de unos intereses que, en toda su dimensión, no es más que un asalto “legalizado” a las arcas públicas: ¡900 millones de dólares mensuales para disfrute de una minoría! ¡Esto va a explotar!

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

En realidad, la cantidad exacta es esta: ₡11.061.643 (once millones sesenta y un mil seiscientos cuarenta y tres colones). Pero vamos a usar esta cantidad redondeada: 11 millones de colones por minuto.

11 millones de colones por minuto es la impresionante cantidad de dinero que demandará lo que llaman “atención” de la deuda pública, durante todas las horas de todos los 365 días del próximo año 2024.

Como cada día del 2024 tiene 24 horas, tenemos que el año que viene tendrá 8.760 horas; y, como cada hora tiene 60 minutos, entonces, ese año 2024 tendrá 525.600 minutos.

¿Por qué afirmamos que el año próximo, la “atención” de la deuda pública implicará 11 millones de colones por minuto?

En la Asamblea Legislativa, los señores diputados y las señoras diputadas aprobarán en próximas semanas, sin chistar y a ojos cerrados, lo que les ordena el Gobierno de Chaves Robles por intermedio del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén: la partida presupuestaria para la “atención” de la deuda pública durante el 2024 (pago del principal más intereses; aunque, es más por intereses que el pago del principal, según tenemos entendido).

Tal partida ascienda a la estratosférica, escandalosa e inmoral, éticamente hablando, cantidad de 5 billones 814 mil millones de colones (₡5.814.000.000.000).

Esta espantosa cantidad de ₡5.814.000.000.000, al dividirla entre los 525.600 minutos que equivalen a los 365 días del año 2024, nos da (redondeado), ese abusivo pago de 11 millones de colones por minuto, por concepto de la “atención” de la deuda pública; deuda pública que no fue generada por la clase trabajadora, ni pública, ni privada, ni informal, ni desempleada.

Esa monstruosa deuda pública se generó, prácticamente, en los últimos 40 años de gobiernos de todos los partidos políticos (incluido el actual), que se coludieron con el fraude fiscal y evasor de impuestos a gran escala; a favor, de los grandes grupos corporativo-financieros-bancarios-empresariales que les financiaban sus campañas políticas.

Esa deuda pública está, ahorita, casi en los 29 billones de colones (₡29.000.000.000.000). ¡Imposible de pagar!

Y si usted quiere mortificarse más su propia vida con este gran problema nacional, ponga mucho cuidado a lo que sucederá en los próximos días en el parlamento de este país: ¡No hablarán del tema, prácticamente, ninguna fracción parlamentaria! A lo sumo, habrá una intervención de lamento-denuncia, ¡nada más!

¡Nos desangran! Como pueblo trabajador, como sectores medios, como sectores micro-pequeños y medianos empresarios, como sector productivo del agro nacional al borde de la extinción; tenemos que hacer algo. Y, hacer algo, junto a otros grupos de costarricenses (como el estudiantado y la juventud) que, también, son víctimas inocentes del descalabro de las finanzas públicas producto de esa impagable deuda pública que, reiteramos, el pueblo trabajador no generó.

Esos 11 millones de colones por minuto que, al día, se convierten en unos 664 millones de colones; es la plata que se necesita para fortalecer los cuerpos policiales de una manera estratégica. El narco está “feliz” porque nos va ganando la guerra. Es la plata que se requiere para fortalecer la infraestructura educativa pública que está, prácticamente, en el suelo. Es la plata que hace falta para que el Estado se ponga al día con sus deudas para con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y, es la plata que se necesita para que el sistema IVM no quiebre. Es la plata que se requiere para retomar la inversión social con miras a reducir el avance impetuoso de la desigualdad y de la exclusión social y económica; y los demás ámbitos de la política de inversión social.

No tenemos alternativa: debemos movilizarnos a lo largo y a lo ancho del país antes de que nos extraigan “la última gota de sangre”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, se presentó en la Asamblea Legislativa en el marco de la tramitación parlamentaria de lo que, anualmente y por estas fechas, se conoce como el presupuesto “nacional” de la República, y en este caso para el ejercicio fiscal del año 2024.

Como bien se sabe, eso de “nacional” es engañoso, considerando que los diputados y las diputadas discuten solamente el 40% de la estructura financiero-presupuestaria del aparato del Estado. El otro 60% no pasa por sus manos, dado que lo tramita, precisamente, el órgano contralor.

Como si fuese un llanto, pero de “lágrimas de cocodrilo”, la contralora “lamentó” que la inversión pública del país esté cayendo, fuertemente, producto del peso de la deuda pública en ese presupuesto “nacional”.

Ella indicó que éste demanda la casi totalidad del mismo, por cuanto hay que destinar el 46% de los gastos presupuestados para atender el servicio de la deuda pública: amortización y pago de intereses, catalogados ya como obscenos y por parte nuestra, como socialmente criminales.

5 billones 814 mil millones de colones es ese 40% del presupuesto “nacional” de la República que va para lo que conocemos como deuda pública.

En cifras así: 5.814.000.000.000. Eso significa por cada una de las 8 mil 760 horas que tendrá el año 2024, hay que estar destinando al servicio de la deuda pública, unos 664 millones de colones (₡ 664.000.000).

Ese “lamento” contralor llega demasiado tarde. Son “lágrimas de cocodrilo” aunque doña Marta diga que el servicio de la deuda genera “muchísima rigidez” que golpea las partidas destinadas al gasto social; admitiendo que el tema de la deuda es, dice ella, “grande y profundo”.

¿Cuánto tiempo tardó doña Martha en darse cuenta de que el servicio de la deuda pública genera “muchísima rigidez”, que golpea lo necesario para la inversión social y que es un asunto “grande” y “profundo”?

Son “lágrimas de cocodrilo” su lamento con relación a que la inversión pública se está quedando sin dinero, el cual es devorado por la deuda pública a razón de 664 millones de colones durante cada hora del año venidero 2024; pues ella elude abordar las causas estructurales del problema de la deuda, el cual es “grande” y “profundo”.

¿Cómo no va ser “grande” y “profundo” el problema de la deuda pública si tiene que ver con la rapidez con que se está dando en el país la concentración de la riqueza, de la mano con la sistemática y sistémica evasión y elusión fiscales-tributarias?

La magnitud del problema de la deuda pública y su profundidad seguirá creciendo, lamentablemente. Doña Marta sabe muy bien las razones de tal magnitud y de tal profundidad. Calla de manera complaciente y cómplice. Está en su zona de confort pues su ingreso personal y futuro familiar lo tiene asegurado.

El país carece de un liderazgo político para afrontarlo. Los últimos gobiernos, incluido el actual, han carecido de ese liderazgo político para enfrentar semejante problema. Sólo hemos tenido gobiernos administradores de la deuda pública.