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Por: Benjamín Sevilla García, Secretario de Juvetud ANEP

¡Disolvamos a la ANEP! Con mirada desorientada y rostro desencajado, así golpean la mesa quienes no tienen argumentos para debatir. ¡Cómo les cuesta entender que “hasta los ineptos son contados como inteligentes cuando guardan silencio”!

El odio que algunas cámaras empresariales manifiestan en contra de la Asociación Nacional de Empleados PÚBLICOS y PRIVADOS (ANEP), pone en evidencia la incapacidad que tienen para hacer Patria, para velar por la Democracia y para darle continuidad al Estado Social de Derecho

Los sindicatos constituyen una institución de la Democracia. Su evolución los ha llevado a realizar planteamientos sobre los grandes temas del país, con particular interés en aquellos que guardan relación con derechos económicos, sociales y culturales. Además, son los sindicatos verdaderos defensores de Derechos Humanos. 

En este sentido, la ANEP es una organización reconocida a nivel nacional por sus planteamientos, por sus luchas en favor de las personas trabajadoras del sector público y del privado; y, por denunciar lo que otros no se atreven. ¿A quiénes molestará realmente este sindicato para que grupos poderosos del país estén pidiendo su disolución?

Las personas que leen algo más que los periódicos y que observan más allá de lo que una pantalla de televisión tenga que decirles, podrían estar conscientes que las razones por las que buscan silenciar a la ANEP no se ajustan a las esgrimidas públicamente.

Altar a la ignorancia es afirmar que el motivo radica en los bloqueos, en la solidaridad con las personas que no son atendidas en los centros hospitalarios producto de una huelga; o, en el supuesto delito de instigación de un dirigente sindical.  

El costarricense bien informado se da cuenta de que el morbo y sensacionalismo que gira en torno a casos aislados y lamentables, que ocurren en momentos de huelgas o protestas, no se compara con la reacción mediática ante casos más numerosos que ocurren en otros momentos y que casi pasan desapercibidos.

No se ven entrevistas televisivas de aquellos casos en los que una persona no pudo llegar a tiempo al hospital por las enormes presas que se generan por falta de ampliación de una carretera, por la deficiente inversión del Estado en infraestructura. No se ven denuncias por la programación de citas médicas en plazos exagerados. Tampoco se ven denuncias masivas en contra de empresarios que defraudan al fisco, que roban impuestos y que eluden.

Así las cosas, se podría afirmar que el interés mostrado por quienes piden la disolución de la ANEP claramente está direccionado hacia otros fines, unos muy distintos de los que públicamente manifiestan. Ni siquiera pueden adjudicarle al sindicato una lucha abusiva por privilegios, gollerías o sobresueldos, pues sus agremiados son de los estratos más bajos del empleo público y del privado (policías, municipalistas, trabajadores privados de las plantaciones de piña y banano, etc.), en su mayoría con salarios muy bajos y condiciones de trabajo deplorables.

Los detractores de la ANEP, de manera reiterada, mencionan el tema de los bloqueos, pero nunca se refieren a las condiciones previas de una huelga. Es un error criminalizar la protesta y castigar una reacción ciudadana, si antes no se atienden las causas, los verdaderos motivos que obligan a una parte del pueblo a levantarse y protestar. Las denuncias se deben dirigir en contra de quienes con sus decisiones y conductas obligan a las mayorías a resignarse a una condición de pobreza y desigualdad.

En Costa Rica todavía quedan liderazgos insumisos, personas con criterio propio. Se cuenta aún con profesionales que aprendieron el Derecho y estudiaron leyes para hacer justicia.  Coinciden ellas en que la disolución de sindicatos es una reacción natural de las dictaduras, una afrenta al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero, por otra parte, surgen profesionales, académicos reconocidos que, por un puesto, un nombre y sus propias frustraciones, tuercen los criterios a conveniencia del poder político. Opacan así, lo que un día defendían y enseñaban desde sus libros o estrados universitarios, ¡la historia se los cobrará!

Finalmente, pedir la disolución de un sindicato con base en declaraciones sacadas de contexto, no sólo constituye un altar a la ignorancia, sino que es un golpe a la Democracia. Bien harían las cámaras empresariales si en virtud de estar invadiendo el ámbito de competencia sindical, se limitaran a evitar que sus representadas pudieran evadir sus obligaciones contributivas. Es posible que en algún momento el favor les sea devuelto; que a alguien se le ocurra pedir la disolución de una cámara empresarial, porque su presidente o alguna de sus empresas decidió ocultar sus ganancias o dejar de cumplir sus deberes fiscales.

Lic. Benjamín Sevilla García

Secretario de Juventud ANEP

Una de las características de las personas jóvenes es que cuando nos referimos a temas importantes, por lo general, nos gusta pensar en los extremos.

En cuestiones de mesura y de equilibrio, por momentos nos llevamos el “premio a la imprudencia”, pensamos en alternativas utópicas, muy por encima de lo que la realidad parece tolerar, o proponemos ideas descabelladas que, de repente, sorprenden a toda una sociedad por sus extraordinarios resultados.

De cualquier manera, en esta oportunidad no voy a referirme a los aspectos que, personalmente, considero negativos en la vida de un sindicalista, en el proceder de un medio de comunicación, ni en la gestión de un gobierno.

Quizás, con base en mi experiencia, la madurez se haya adelantado o mi ego juvenil me esté traicionando, pero si existen controversias entre los actores mencionados, significa que nuestra democracia aún respira.

En espacios de discusión y en redes sociales se presume que el mencionado periódico responde a intereses de ciertas cámaras empresariales, que mantiene un extraño, pero conveniente, nexo con el Gobierno; y, que la beligerancia de Albino es una piedra en el zapato para ambos.

Este medio de comunicación es muy citado en obras como: Los embusteros de la mala fe, Torturadores mediáticos y Costa Rica: Dictadura Mediática o Tiranía en Democracia; textos que hablan de las maniobras de cierta prensa para eliminar la competencia, eludir sus obligaciones contributivas y destruir el honor de quienes se atrevan a adversarlos.

En el mismo sentido, se afirma que el Gobierno olvidó a los pobres, dejó de escuchar a las mayorías, que su gestión sigue los lineamientos neoliberales y que su agenda está fijada por el “gran capital”. Se habla de la incapacidad del Presidente, de sus errores y hasta de su controversial personalidad.

También se escucha que Albino es el responsable de todas las huelgas, que los embotellamientos o presas en carretera se deben a él, que sólo lucha por privilegios, por gollerías y por el sector público (donde todos los funcionarios tienen sueldos exorbitantes pese a ser “vagos” e “ineficientes”); que es un gran “monstruo”, etc.

En pocas palabras, Albino es el causante de todos los males del país: de los huecos en las carreteras, del choque de los trenes, de los escándalos en la farándula, de la renuncia del técnico de la Selección Nacional de Fútbol, y de cuanta ocurrencia surja en la mente de sus adversarios.

Lo que se dice de ellos, verdadero o falso, pesará sobre la conciencia de cada persona que como ente pensante deberá reflexionar sobre la veracidad de sus afirmaciones.

Me parece que Albino, La Nación y el Gobierno, tienen algo en común: que una parte de la población les cree y les sigue; pero otro sector se opone a lo que ellos dicen o representan. Eso en democracia es saludable.

Lo que pone en riesgo nuestra democracia, no es el derecho a disentir, sino la intolerancia, el irrespeto, el odio y la eliminación del otro. La mejor defensa que de su gestión pueda hacer un gobierno es el cumplimiento de lo que prometió en campaña; y la mejor promoción publicitaria, la que se escribe en la historia, es trabajar en favor de los pobres, de quienes más lo necesitan.

Además, debe administrar bien el poder. Esto no implica debilitar la oposición, o ignorar las razones de quienes piensan diferente; recordemos que por las virtudes del consenso los mejores proyectos son los que integran las ideas y los aportes del mayor número de actores. Es lo que algunos llaman legitimidad, consenso ciudadano. Las figuras mesiánicas y los proyectos de escritorio, por más técnicos o profesionales que sean, deben estar revestidos de legitimidad para que garanticen la paz y la estabilidad social.

La Nación es parte de nuestra democracia y por más diferencias que tengamos con este medio de comunicación, no podemos interferir en su línea editorial.

En Costa Rica hay espacio para todos y por más señalamientos que le podamos hacer a un medio de comunicación respecto de la imparcialidad o veracidad de su información, debemos respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Estas libertades son Derechos Humanos, por consiguiente, no se fundamentan se acatan.

Cuando la Nación se refiere a Albino me parece que sólo señala aspectos negativos. Nunca recoge el sentir de una parte de la población académica, política y trabajadora, que le reconocen objetivamente al sindicalista una trayectoria de lucha y de resistencia. La manera directa y controversial con la que debate, o con la que denuncia actos de corrupción, no constituyen razón alguna para que desde círculos políticos o mediáticos se le pretenda silenciar. Las libertades sindicales y de protesta, también son Derechos Humanos que deben ser garantizados.

Por último, el derecho a disentir sin interferencias o presiones es propio de las democracias más respetables. Se puede ser contundente, incisivo y directo, aunque nunca irrespetuoso o intolerante.  No quiero imaginarme una Costa Rica en la que se mande a cerrar medios de comunicación, ni una Costa Rica en la que se encarcele o persiga a dirigentes sindicales. Nuestro país nunca ha sido de extremos, por eso nos convoca a escucharnos mejor.

Lic. Benjamín Sevilla García Secretario de Juventud Junta Directiva Nacional Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Por: Benjamin Sevilla García

Secretario de Juventud de la ANEP

Costa Rica es reconocida internacionalmente por su hábil manera de proyectarse al mundo como un país sin ejército, amante de la paz y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas.

Existen factores históricos que explican el porqué de esta privilegiada realidad, un tema que sin lugar a duda apasionaría a cualquier estudioso de la materia. Sin embargo, ningún país del mundo, por más civilizado que se le considere, está exento de cometer abusos o acciones regresivas en perjuicio de la dignidad de las personas.

En tal sentido, resulta legítimo que se valore el estado actual de nuestro país en el tema de protección de los derechos humanos. Esto no implica carencia de patriotismo ni deseos de minimizar la reputación internacional que se ha logrado. Pero, lo cierto es que, algunas decisiones políticas del momento son claras advertencias del desarrollo de una especie de relativización de los derechos humanos.

Quizá la manera más evidente de probar la existencia de esta relativización sean las reformas a la legislación laboral y las transformaciones fiscales promovidas por el Gobierno y por la Asamblea Legislativa. En ambos casos, las consecuencias adversas se dan sobre las personas con mayor vulnerabilidad: la violación de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y las cargas impositivas que recaen, mayormente, sobre las personas empobrecidas.

Lo anterior nos lleva a pensar que la relativización de los derechos humanos en Costa Rica es un acto cínico de quienes se escudan en el discurso de los derechos humanos, pero en la práctica se apartan de su cumplimiento. De esas figuras que ni siquiera se sonrojan a la hora de interpretar la dignidad de las personas como un bien subyugado a los intereses de la política electoral.

Ante una realidad como la expuesta, cobran sentido las numerosas observaciones, 212, que le hicieron los países de Naciones Unidas a Costa Rica en virtud del Examen Periódico Universal (EPU). Se trata de señalamientos que tienen que ver con los derechos humanos de las personas trabajadoras; con la represión policial durante las protestas; con la corrupción y falta de independencia del Poder Judicial; con la empleabilidad de las personas jóvenes; y, con la protección social y las políticas nacionales de salud ocupacional.

La imagen del país como respetuoso de los derechos humanos está sujeta al escrutinio internacional. Por esta razón, si existe voluntad para actuar de buena fe, las personas que nos representan en los organismos internacionales deberían ser elegidas por su idoneidad y no por favoritismos. La clase política, en general, debería admitir la necesidad de recibir un curso intensivo que les permita obtener herramientas suficientes para actuar y opinar con precisión respecto de los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Recientemente, fuimos testigos de una solemne exhibición de ignorancia por parte de quienes rechazaron los criterios de tres Relatores Especiales, Expertos Independientes que con absoluta objetividad le señalan al país una serie de medidas que son violatorias de los derechos humanos de las personas trabajadoras. No obstante, lejos de asumir una posición respetuosa ante las recomendaciones y solicitudes de estos Expertos, algunos políticos y ciertos periodistas se aliaron para desvirtuar y contradecir lo dicho por aquellos.

Por eso, es importante señalar que el país no ha mostrado resistencia para aceptar la validez del Examen Periódico Universal, que es un órgano basado en la Carta de las Naciones Unidas, igual que el Consejo de Derechos Humanos, que los Procedimientos Especiales del Consejo y que los Procedimientos de Reclamación.

Como el país se ha mostrado anuente, al menos en el discurso, a respetar los Órganos de Tratados, dentro de los cuales está el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que mucho tienen que decir respecto de la criminalización de la protesta, la libertad sindical, la huelga y demás derechos de las personas trabajadoras, no hay razón alguna que justifique el rechazo de una voz tan calificada como la de los Relatores.

Se debe recordar que el criterio de los Expertos sobre el caso de Costa Rica y sus posibles violaciones a los Derechos Humanos no es una Carta de Alegación, sino una OL, “Other Letter” y tiene que ver con los Procedimientos Especiales. Es decir, se refiere a un mecanismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacerle frente a situaciones concretas en países concretos, o a cuestiones temáticas en todo el mundo (mandatos por país o mandatos temáticos).

Los mandatos de los procedimientos especiales, por lo general, encomiendan a los titulares a examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre la situación de derechos humanos en países, territorios o a nivel mundial.

En el caso costarricense no se puede seguir relativizando los derechos humanos, admitiendo unas categorías y desconociendo deliberadamente otras. No se puede caer en el absurdo de admitir las recomendaciones cuando convienen.

El derecho de las minorías es tan importante como el de las personas trabajadoras. Bien haría la clase política en revertir las acciones desafortunadas que hasta el momento ha tomado y evitar posibles demandas internacionales en contra del país.

Por Mainor Anchía, Seccional ANEP-Fuerza Pública

En estos días hemos participado en reuniones con el Poder Ejecutivo; al menos, con algunos jerarcas o viceministros de diferentes cuerpos policiales, con la finalidad de buscar consenso en torno a la agenda que hemos planteado en aras de la dignificación de la función policial.

En tal sentido, de entrada, se nos hizo ver que el Gobierno no haría nada para excluir a los policías de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9.635), así como tampoco del proyecto Ley Marco de Empleo Público, invitándonos a presentar las acciones que creamos pertinentes, lo cual ya hicimos.

La aplicación de la Ley Nº 9635 en los cuerpos policiales se dio en detrimento de los derechos establecidos en la Ley Nº 7410, conocida como Ley General de Policía, en cuyo articulado se hace mención de incentivos por carrera policial, crecimiento profesional, antigüedad, entre otros rubros. Rubros como el quinquenio que reconocía en un 5 % la permanencia en la función policial, fue cercenado, así como el 2.5 % del Curso Básico Policial y otros incentivos que fueron establecidos en el Estatuto Policial que data del año 1994. Lo anterior, omitiéndose por completo, lo señalado en el artículo número 34 de nuestra constitución política, así como lo establecido en nuestra ley laboral, sobre el principio protector y el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Es evidente, que los diferentes gobiernos dejaron en el olvido, no le dieron ningún lugar en sus programas de gobierno a las condiciones laborales de los servidores policiales. El actual Gobierno tampoco lo hizo. En tal sentido, existe una deuda histórica para las personas que nos cuidan, quienes, de madrugada, bajo la lluvia o el sol, en la adversidad del día a día, sin uniformes, con botas rotas, sin equipo, en delegaciones insalubres, dan lo mejor de sí para mantener el orden público y la paz social.

Se ha escuchado decir que la función policial es especial, excepcional, sin embargo, no se ha reconocido el valor que merecen las personas que la ejecutan. El funcionario policial es un ser excepcional, algo tiene que lo hace diferente. Diré en que se fundamenta mi afirmación.

El policía es mal pagado, recibe uno de los salarios más bajos del Gobierno central. El Gobierno, una y otra vez, le ha dado la espalda al gremio policial y para muestra la regresividad salarial que le impone la Ley 9635. Sin embargo, ante las protestas de diversos sectores, nuestros policías cumplen a cabalidad sus funciones, acatando el mandato constitucional de resguardar el orden público, aunque su corazón les dicte otra cosa.

La excepcionalidad jurídica se sustenta en la línea jurisprudencial que ha sostenido la Sala Constitucional, la cual estima que, a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales les cubre el artículo 143 del Código de Trabajo; al mismo tiempo que no les aplica lo señalado en el artículo número 58 de la Constitución Política, excepto en lo que cita el último párrafo: “Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley” (Art. 143 CT).  En lo que concierne a sus derechos según la siguiente cita del mismo numeral, quedan excluidos: “La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”. O sea, los funcionarios policiales tienen una jornada de doce horas diurnas o nocturnas de manera ordinaria, evidentemente distinta del resto de trabajadores del sector público.

Así las cosas, es momento de buscar balanza, el equilibrio que nos permita dignificar el trabajo que realizan hombres y mujeres en los distintos cuerpos policiales. Es tiempo de encontrar voluntad política para dotarles de un régimen especial de pensión, que les permita disfrutar dignamente de sus años de servicio a la Patria.

La función policial da cuenta de hijos e hijas que crecieron con la figura de padres ausentes, de personas que deben limitar sus actividades sociales, porque la naturaleza de sus funciones les demanda presencia las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año.

La función policial es ejecutada por buenas personas, que sin importar lo mal que les han tratado nuestros gobernantes y nosotros como sociedad, le ponen el pecho a las “balas”, para protegernos y mantener la paz social, en momentos convulsos en nuestro país.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública

Por: Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud

Me gustaría pensar que la realidad social y económica que experimenta el país en la actualidad, se trata sólo de un momento histórico; que atravesamos una crisis temporal, pero que las medidas adoptadas son las correctas para salir adelante y continuar en la vía eficaz del progreso. Mi temor, al respecto, es que estemos en la dirección equivocada, asumiendo una posición torpe y ciega que, ante la ausencia de diálogo, nos conduzca al precipicio.

La desconfianza ciudadana en la institucionalidad del país es enorme. La polarización social en diversos temas es abismal y la situación económica es, realmente, preocupante. Las probabilidades de error en cualquiera de las decisiones que se tomen, son elevadas. Creo que la única ruta consiste en desprendernos de ideas individuales y de figuras mesiánicas, para darle paso a un gran pacto nacional.

Para que este pacto tenga lugar, es necesario que Gobierno, sindicatos y empresarios, en un diálogo franco, público y con plazos estipulados, lleguen a un acuerdo común que sea capaz de transformar la realidad del país. Que las decisiones tomadas no sean producto de la imposición unilateral, sino de los aportes y el consenso de todas las partes. Este ejercicio podría garantizar paz social porque evitaría la confrontación, la sanción de leyes absurdas y las innecesarias disputas por imprecisiones legislativas.

Este gran pacto podría pasar a la historia como como el segundo más importante después del acuerdo de los años cuarenta entre Rafal Ángel Calderón Guardia, monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y Manuel Mora Valverde. También, la clase política, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, empresarios y representantes de los trabajadores, deberían acordar una mesa nacional de diálogo para determinar las acciones que se deben tomar respecto de la generación de empleo y la reactivación económica.

La segunda opción a considerar, es la auditoria ciudadana de la deuda pública. Para nadie es un secreto que la deuda en Costa Rica es uno de los temas de mayor relevancia, sobre todo por el enorme pago de los intereses. Es posible que éste sea el motivo real por el que el Gobierno promueve sus planes de austeridad, y no las razones infundadas que se exhiben desde algunos sectores del poder político y mediático.

La auditoría ciudadana es una acción democrática que busca determinar la legitimidad de la deuda, si hay abusos o desproporciones en ella. Constituye una alternativa al silencio y a lo desconocido. Esta auditoría apunta a la transparencia y la rendición de cuentas. Algunas organizaciones sociales como la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, plantea que con ella se pretende responder a tres preguntas básicas: “¿Cuánto se debe? ¿Por qué se debe? y ¿A quién se debe?”.

Sería importante que la ciudadanía costarricense conozca a quiénes les debemos -los acreedores-, quiénes son los responsables de contraer esos créditos y si eran las únicas alternativas viables que existían; si las disposiciones de los contratos y las tasas de interés se ajustan a la legalidad. En caso de que exista una deuda ilegítima, ya sea porque atenta contra los Derechos Humanos o porque va en contra del bienestar de la población, qué camino vamos a tomar como país.

Finalmente, la Costa Rica del Bicentenario debe responder con prudencia, exhibiendo la madurez de su Democracia. Mostrar valentía desde las trincheras de los círculos empresariales, subsanar la imagen desde “dictaduras mediáticas” y contar con el apoyo del poder político, no serán mecanismos suficientes para que un gobierno quede bien librado. Debe volverse a las inmensas mayorías, atender el clamor del pueblo y escuchar atentamente la voz de las personas trabajadoras que somos, finalmente, quienes sacamos adelante este país.

Benjamin Sevilla, Junta Directiva Nacional ANEP

Las “fake news” son noticias falsas que se publican y comparten por las distintas redes sociales. No es un fenómeno nuevo, siempre han existido, lo que pasa es que con el desarrollo actual de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) su impacto, por el alcance e inmediatez, es mayor. De ahí que popularmente se diga que una persona es enjuiciada por la mañana y ya por la tarde condenada, o que, el honor de una persona dura años en construcción y sólo minutos en ser destruido.

Marta Cerezo Prieto en su obra “Medios de Comunicación: representación e interpretación del delito”, menciona un estudio del año anterior de Vosoughi, Roy y Aral, S, en el que se comprobó que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas que las verídicas, lo que demuestra que todas las personas somos objeto de “fake news”.

En una sociedad democrática como la nuestra, que pese a todas las observaciones que se pudieran hacer sobre el tema, aún gozamos de cierto grado de libertad en materia de expresión, comunicación e información, lo que correspondería ante el fenómeno de las fake news, es aprender a diferenciar las noticias falsas de las verdaderas. Pero, si lo que se pretende es acudir a la sanción de nuevas leyes que regule la creación y difusión de noticias falsas entonces, se debería valorar previamente, si estas leyes son convenientes y oportunas, si con ello no se censura la opinión pública o si los ostentadores del poder seguirán sujetos al escrutinio de la ciudadanía.

En el primer caso, para diferenciar las noticias falsas de las verdaderas, los expertos aconsejan dudar de aquellos temas que son reiterativos; cuestionar las que se publican inmediatamente después de los hechos; leer la noticia entera y no quedarse únicamente con los titulares; averiguar la fuente, el autor; buscar el titular en Google, en caso de ser cierta la noticia es probable que otros medios también la estén abordando; hay que verificar su contexto, que la fecha sea actual y también; que las imágenes o fotografías no sean montajes.

Si como país determinamos que lo procedente es regular el asunto a través de la sanción de leyes, conviene prestarle atención al criterio técnico jurídico, depurar la norma de los sesgos políticos electorales y guardar el equilibrio entre las distintas normas y derechos. La idea es garantizar una legislación que regule eficazmente los alcances de las noticias falsas y no un proyecto en beneficio exclusivo de la clase política o, mejor dicho, de ciertas figuras políticas que lo que buscarían es evitar que se les cuestione para salvaguardar su imagen. La imagen de una figura pública se blinda así misma con buenas acciones, escuchando las críticas de sus conciudadanos y hablando con transparencia y honestidad.

Las noticias falsas, sin importar de donde vengan, impactan a un sector de la población joven, una población que manifiesta ciertas carencias de sentido crítico, que no le gusta leer los periódicos, que prefiere leer los titulares en Facebook y que antes de revisar fuentes y verificar imágenes, les resulta más cómodo darle credibilidad a lo que dicen ciertas figuras influyentes en las distintas redes sociales. Dichosamente, no todas las personas jóvenes se comportan de esta manera, existe un alto porcentaje de ellas que aprovechan las facilidades de las tecnologías de la información y comunicación para incidir, capacitarse y contribuir con el desarrollo de la sociedad.

Lo que no debe suceder en una democracia como la nuestra es relativizar las fake news. Es lamentable que, en nuestro país, si una noticia falsa es difundida de manera consciente o no, por un sindicalista, por un sacerdote, por un pastor evangélico, por el periodista de “x” medio de comunicación o por una persona que pertenece a determinado partido político, entonces es un terrible delito. Pero, si las noticias falsas son creadas o difundidas por el otro medio de comunicación, por alguien que se autodenomina progresista, por la persona que pertenece a “x” o “y” partido político, entonces hay que guardar silencio, tapar el asunto y desviar la atención. Esto es vergonzoso por constituir una doble moral, porque nos confronta como sociedad, nos posiciona como los buenos y los que creen y piensan diferente, como los “otros” a los que hay que destruir, anular o reducir a su mínima expresión.

Finalmente, difundir o crear noticias falsas es denigrante para cualquier sociedad civilizada, genera diversos conflictos, debilita el funcionamiento de los Estados y cuando se da en los espacios de la comunicación, se traduce en una práctica antiética de la labor periodística.

La Sala Constitucional ha venido sosteniendo en su línea jurisprudencial, que los cuerpos policiales están dentro de un régimen de excepción, o sea, sus condiciones laborales son diferentes a las de los demás funcionarios públicos. Sin embargo, no se crea que son mejores, no señor, son de las peores, y así lo vamos a mostrar en el desarrollo del presente artículo.

Resulta necesario primeramente traer a colación que dentro de un régimen de excepción, se contempla la suspensión o restricción de ciertos derechos fundamentales; o sea, los derechos de un grupo de ciudadanos en virtud de desempeñarse como policías dentro de los cuerpos policiales de nuestro país, quedan fuera de los parámetros establecidos en nuestra legislación laboral. Sin embargo, es necesario recordar que Costa Rica estableció en la Constitución Política de mil novecientos cuarenta y nueve, la abolición del ejercito como institución permanente, y en su lugar se instauraron las Fuerzas de Policía con carácter civilista.

Ahora bien, la misma Carta Magna señala, “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad”. En tal sentido, nuestros policías son funcionarios públicos (de los más mal pagados del gobierno central), la misma tesitura se establece en la Ley General de la Administración Pública, así como en la Ley General de Policía, Nº 7.410. Artículo 2.- “Para la vigilancia y la conservación de la seguridad pública, existirán las fuerzas de policía necesarias. Sus miembros son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad”.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha venido considerando que a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales no les aplica lo señalado en el artículo número 58 de la Constitución Política, excepto en lo que cita el último párrafo: “Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.  En lo que concierne a sus derechos según la siguiente cita del mismo numeral, quedan excluidos: “La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”.

Es por ello, que la jornada de trabajo de nuestros policías es de doce horas, sean estas diurnas o nocturnas, sin pago de tiempo extraordinario. Se aplica entonces una restricción de sus derechos en relación con el resto del sector público.

La línea jurisprudencial de la Sala Constitucional, establece que nuestros policías se encuentran cobijados por el numeral 143 del Código de Trabajo, sin embargo, la excepcionalidad endilgada a los cuerpos policiales, que tienen impedimento legal de hacer huelga, de negociar convenciones colectivas de trabajo, no se refleja en favor de los mismos, o sea, es la función policial un servicio esencial, excepcional, pero mal pagada.

Paradójicamente, al mismo tiempo que vemos el empoderamiento del narcotráfico, la incursión e infiltración del crimen organizado en nuestro país, y el crecimiento de la actividad delictiva producto de la exclusión social, se plantea seguir afectando el salario, y las condiciones laborales de nuestros policías. Al menos es la lectura y análisis que hago del proyecto marco de empleo público, el cual no excluye a la Fuerza Pública, como tampoco lo hizo el de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hoy Ley de la República número 9635.

La regresividad salarial y el desmejoramiento de las condiciones de trabajo de nuestras fuerzas policiales; debe ser motivo de reflexión, por cuanto, con ello se favorece al crimen organizado, pudiendo este encontrar los portillos para penetrar las fuerzas de policía. Si bien es cierto, la honestidad de una persona no se mide por el nivel de sus ingresos, es aquí donde es preciso entender, que los cuerpos policiales son la primera línea de prevención, por ende, son también los que tienen el primer contacto con los grupos delictivos, a la hora de enfrentarlos para brindarle seguridad al país.

Los cuerpos policiales están dentro de un régimen de excepción, que les restringe derechos fundamentales, o sea, los armados están desarmados.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Dirigente Nacional de ANEP.mainoranchia@anep.or.cr