Autor: ANEP
¿Tenemos un Narco-Estado?
Por Mainor Anchía, Directivo Nacional ANEP
En los últimos días varios medios de comunicación nos han informado sobre la “desarticulación” de un grupo, presuntamente, ligado con el narcotráfico. Se ha informado que dicho grupo tenía entre sus actividades, desarrollar proyectos hoteleros y habitacionales.
Sin duda alguna, estamos hablando de lavado de dinero, legitimación de capitales, algo sobre lo cual se refirió en su momento el entonces Ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chaves Robles, quien mencionó algo así como que, veintidós puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (22 % PIB), provienen del lavado de dinero. Dicho de otra manera, es dinero proveniente del narcotráfico.
Como si caer en cuenta de la penetración del narcotráfico no fuera suficiente, se nos informa que, al menos, trece legisladores, ¡sí!, trece diputados y diputadas de la República habrían mantenido alguna relación o contacto con el grupo recientemente desarticulado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ); mismo que habría venido siendo asesorado por funcionaros judiciales.
No hacía mucho se había detenido otro grupo, presuntamente vinculado con narcotráfico, a los cuales se les relacionó con un diputado y con algunos alcaldes de la zona sur del país, grupo que aparentemente también habría logrado reclutar a funcionarios del Poder Judicial. Tendrá alguna relación la aparente penetración del narcotráfico, con la inercia en torno con aprobar la Ley de Extinción de Dominio, legislación que permitiría incautar bienes obtenidos producto del ilícito negocio de las drogas.
En días recientes, decía el ex ministro de Seguridad, don Fernando Berrocal Soto, que por Sierpe de Osa y por la zona sur, en general, en promedio, pasan 500 toneladas de cocaína por año ¿Cuánto se detiene por año en todo el país? Si acaso un 0.5%, que posiblemente es el “diezmo”, algo así como para que el actual ministro del ramo salga a dar conferencia de prensa para anunciar un nuevo “golpe” al narcotráfico.
“Antes los colombianos pagaban con dinero en efectivo, ahora el negocio lo controlan los mexicanos, ellos pagan con droga. Se calcula que un poco más del 20 % se queda en Costa Rica, eso quiere decir que cerca de 200 toneladas de cocaína, o más, se quedan en el país. Esto lo saben las autoridades actuales y pasadas; si no lo saben, es cuestión de que envíen al ministro de Seguridad Pública y al director de la DIS a enterarse en Washington o Bogotá, ahí se los van a explicar. Esto no puede seguir así.” Lo dijo el señor don Fernando Berrocal Soto.
La penetración del crimen organizado (narcotráfico) en la institucionalidad del país, ha dejado de ser una presunción, Por ello, más allá de sus discursos trillados, las diputadas y los diputados que han sido señalados por no solamente mantener contacto, atender, sino inclusive interceder por personas líderes de estas organizaciones criminales, deberían renunciar de inmediato a sus cargos.
Ese cuento de que andaban recogiendo una “llave maya o documentos”, como si tal fueran mensajeros; o de que únicamente estaban tratando de impulsar proyectos de vivienda en algunas comunidades, no nos termina de convencer, porque un diputado de la República, máximo si es integrante de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, tiene acceso al Ministro de Seguridad, a la DIS, a la institucionalidad, lo que le permitiría conocer detalles sobre las empresas y las personas con las cuales se está reuniendo.
No me vengan con el cuento de que “son diputados de puertas abiertas”, porque nosotros, la Seccional ANEP-Fuerza Pública, llevamos mucho tiempo tratando de acceder a varias comisiones, entre ellas la de Seguridad y Narcotráfico. En lo individual, hemos procurado dialogar con algunos legisladores con la finalidad de solicitar respaldo para varios proyectos que favorecerían al gremio policial y, por ende, a la seguridad común, sin que hayamos conseguido la atención que sí recibieron las personas presuntamente integrantes de una agrupación narcotraficante.
Mi experiencia en la función policial me permite decir que, el Ministerio de Seguridad Pública y, por ende, los cuerpos policiales adscritos al mismo, son manejados siguiendo intereses políticos. Por ello, no puedo dejar de lado que el debilitamiento que se ha venido dando a la capacidad operativa de nuestros cuerpos policiales; las paupérrimas condiciones que deben enfrentar nuestros uniformados para el desempeño de sus cargos, en delegaciones insalubres, con patrullas en mal estado, con uniformes deteriorados, con chalecos balísticos vencidos, sin una póliza que les cubra 24/7, con armamento obsoleto, en una gran incerteza jurídica, podría obedecer a una estrategia que tienda a favorecer la actividad delictiva.
La presunción surge en virtud de que, en paralelo de una mayor incursión del narcotráfico en nuestro país, se habla de una aparente penetración del mismo en algunos partidos políticos.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Directivo Nacional de ANEP
PLN: Convención y números
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
A pocas horas de concluida la convención para la elección de candidato presidencial en el Partido Liberación Nacional (PLN), un sencillo análisis de los resultados numéricos de la misma, efectuado desde este lado de la acera (la de la lucha social no alineada), nos permite resaltar los siguientes datos.
Aclaramos que hacemos uso de un mensaje de “uasap” que nos llegó la noche de este pasado domingo 5 de junio de 2020, recibido de parte de una persona ciudadana amiga de las luchas sociales y cívicas, la que, a su vez, reprodujo un “anónimo”.
En todo caso, politólogos, sociólogos, mercadólogos, analistas electorales y formuladores de encuestas “se darán cuatro gustos”, comentando el resultado electoral del PLN y cómo a partir del mismo, el escenario político nacional se calentará intensamente.
Dato 1: Se proyecta un total de 360 mil votos en la convención del PLN y si se compara con la del 2018, habría una disminución cuantitativa de 70 mil; es decir, un decrecimiento del 16%. Habría que analizar el dato de cuántas personas electoras estaban inscritas para las elecciones generales del 2018 y cuántas al pasado domingo 5 de junio. Es evidente que, el PLN ha retrocedido en preferencias.
Dato 2: Las autoridades partidarias del PLN no pueden sostener la tesis de que todas las personas votantes en su convención sean parte de la “familia liberacionista”. Eso es un eslogan de campaña con finalidad subjetivo-emocional para apelar al sentimiento histórico que una vez hizo grande al PLN. Muchas personas votantes en favor de las otras pre-candidaturas no eran “familia liberacionista”, particularmente para el caso de don Rolando Araya Monge. Tenemos sobradas razones para sostener este criterio.
Dato 3: Don José María Figueres Olsen ganó la convención PLN sin alcanzar, al menos de manera contundente, el 40% de las personas votantes en la misma. Dicho de otra forma, un poquito más del 60% no creyó en su propuesta.
Dato 4: Él estaría obteniendo unos 144 mil votos de los 360 mil que acudieron a votar el domingo 5 de junio de 2021. Esto es una cantidad menor de la que obtuvo en la convención para las elecciones del 2018, que fueron 154.830 votos en su favor.
Dato 5: En la pasada convención del PLN, el ganador, don Antonio Álvarez Desanti (AAD), obtuvo 191.217 votos. Entonces, ¿qué caudal de votos le dio “Toñito” a Figueres en esta convención? Al parecer, absolutamente ninguno. También se podría decir que ya el señor AAD no tiene base electoral alguna pues en cuatro años ésta quedó pulverizada.
Dato 6: El padrón electoral nacional para febrero de 2022, podría andar en 3 millones 650 mil personas potencialmente votantes. En tal sentido, en la pasada convención del PLN habría votado el 10% del padrón electoral; cifra sumamente lejana al 40% constitucional para ganar, en primera ronda, la venidera elección presidencial.
Dato 7: En lo particularmente específico, y dado que el Sr. Figueres Olsen no estaría llegando al 40% del voto de la convención PLN del pasado domingo 5; nos lleva a concluir que, del total del padrón electoral nacional previsto para febrero de 2022, él apenas estaría en estos momentos con un 4% del mismo.
Conclusión: Desde nuestra perspectiva, tal y como lo venimos afirmando de manera sostenida a lo largo de los últimos años, la traición a los valores fundacionales y a los principios clásicos de la socialdemocracia, están PASANDO FACTURA, de manera muy dura al Partido Liberación Nacional.
Particularmente, esa traición ha quedado más marcada con el co-gobierno del PLN y la administración del PAC-Alvarado Quesada en la presente gestión ejecutiva y legislativa. El PLN perdió a las capas medias que él mismo contribuyó a crear.
En especial, gran parte de la clase trabajadora asalariada del sector Público, gran parte del sector agropecuario nacional micro-pequeño y mediano productor, así como la producción y el comercio mismo para el mercado interno, han sentido abandono de las políticas públicas de inclusión social y económica, “hijas doradas” del liberacionismo clásico.
El PLN volvería a “respirar” socialdemocracia si se decide a romper con la plutocracia reinante y su neoliberalismo fundamentalista. Y si así fuese, según nuestra visión desde el sindicalismo sociopolítico no alineado, el pronóstico es muy reservado.
¡Policías sin derechos humanos fundamentales!
Si bien la Ley 7410, en el numeral 2, señala que los funcionarios policiales son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad, por una parte; y, por otra, nuestra Carta Magna establece en el artículo 12 la prescripción del ejército como institución permanente; lo cierto es que nuestras fuerzas de policía tienen un modelo de corte militar, con un mando vertical que, inclusive, establece sanciones para los funcionarios de escala básica que no cumplan con la “obligación” de hacer el saludo militar al momento de cruzarse con un funcionario de rango.
Lo anterior, se ve correlacionado con una serie de prohibiciones en el ámbito laboral, que no es acorde con el salario que perciben nuestros uniformados.
Por ejemplo: Se les prohíbe la celebración de una convención colectiva de trabajo, no pueden obtener un segundo trabajo para mejorar sus ingresos, no les asiste el derecho de pago de jornada nocturna establecido en el Código de Trabajo, tampoco lo establecido en el numeral 58 de nuestra Constitución Política; en torno con la jornada laboral de ocho horas, o sea, su jornada ordinaria tanto diurna como nocturna es de doce horas.
Pero todo esto no termina ahí. Tampoco le asiste el derecho a la familia, estipulado en el artículo 51 constitucional, porque al ser policía se “renuncia” a todo, inclusive a la familia. “Bienvenido a la Fuerza Pública”, fue la frase que alguna vez escuché.
Como si lo anterior no fuera suficiente, a nuestros policías, funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad, tampoco se les permite participar del derecho al sufragio, aunque se encuentren en tiempo libre, o sea, no les alcanzan los artículos 54, 90, 91 y 93 de nuestra Constitución Política.
ARTÍCULO 54.- Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación.
ARTÍCULO 90.- La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los costarricenses mayores de dieciocho años.
ARTÍCULO 91.- La ciudadanía sólo se suspende:
1) Por interdicción judicialmente declarada;
2) Por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de
derechos políticos.
ARTÍCULO 93.- El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.
Inclusive, quedan fuera nuestros policías de lo indicado en la Convención Americana de Derechos Humanos:
Artículo 1- Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Por cierto, hace falta voluntad política para dotar a nuestros cuerpos policiales de una póliza de vida que les brinde cobertura las veinticuatro horas del día, porque en la actualidad la póliza únicamente cubre si se da un evento dentro de la jornada laboral. Pero, así como a nuestros policías se les establece la condición de autoridad las veinticuatro horas del día, el riesgo les persigue durante esa misma cantidad de horas, por ello, la cobertura de la póliza debe ser 24/7.
Entre los pocos derechos que aún pueden ejercer nuestros uniformados, son el de asociación sindical y el de manifestación pacífica en tiempo libre, no obstante, es tal el nivel de “adoctrinamiento”, que de manera tacita se renuncia a ellos. Por último, el llamado régimen de excepción que se aplica a nuestros cuerpos policiales, debería concederles algunos derechos que permitan compensar el que sean excluidos de Derechos Humanos Fundamentales, como los supra indicados.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Seccional ANEP Fuerza Pública
Ricardo Castro, Presidente de Seccional ANEP Cruz Roja: Pedimos diálogo, para solucionar conflicto.
CCSS cobra a ciudadano para entregarle información sobre trabajadores cotizantes
Organizaciones apoyan acción de inconstitucionalidad de la ANEP contra la Ley Antihuelgas
Luego de movimiento laboral, trabajadores municipales de Nicoya llegan a acuerdos con la Alcaldía
Narcotráfico se expande y MSP debilita Policía de Control de Droga
• Policías han perdido a sus familias por extenuantes jornadas
• ANEP se ha acercado al MSP, pero no ha habido interés en solucionar el problema.
Como ha quedado en evidencia tras los diversos operativos, Costa Rica dejó de ser un lugar de bodegaje de droga y pasó a ser un centro logístico muy atractivo para las organizaciones de tráfico internacional.
A pesar de la gran labor que hace el personal operativo, sus esfuerzos son casi en vano, ante el debilitamiento constante de la Policía de Control de Drogas (PCD)
Jonathan Flores Mata, Asesor sindical, manifestó que durante los últimos años le han externado la problemática de la falta de personal a los ministros de seguridad, pero más allá de lamentar la situación, no se han dignado a generar un cambio.
“O hay una falta de liderazgo o tienen más poder dentro de la institucionalidad las propias jefaturas de PCD o están protegiendo los intereses contrarios a los que la ciudadanía quiere. Es difícil no despertar ese morbo, ¿Para quién están trabajando?”, aseveró
Según datos otorgados por el MSP, desde el 2017 al 2020 participaron 2.900 personas por una plaza, pero solo se contrataron a 23.
La poca contratación de oficiales ha llevado a cabo un recargo de funciones importante, lo que le ha generado una afectación considerable a nivel de salud, familiar, entre otros factores para los policías.
“Les tienen roles que son contrarios a la salud. Ellos no tienen derecho prácticamente a una educación superior, no les dan ese permiso desde la Dirección General. Hay compañeros que han perdido a su familia, ya que prácticamente no los ven porque tienen jornadas extenuantes. Asimismo, hay compañeros y compañeras que tienen registro y las bitácoras que comprueban que han tenido jornadas de 32, 36 y hasta de 48 horas consecutivas, lo que es inhumano.”
Por parte de la seccional, se quiera dejar claro que a pesar de los múltiples esfuerzos en los que se ha buscado la solución, no hay mayor interés por parte del MSP. Además, de que la opinión pública pida cuentas del porqué la Administración no subsana este tipo de acciones que debilitan este cuerpo de policía técnico y especializado en combatir este flagelo que cada vez más se acrecienta en el país.
