Autor: ANEP
La Costa Rica actual y sus cuatro aspectos purulentos
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Purulento: que tiene pus; foco infeccioso en el tejido humano. Se ve horrible y huele mal. El tejido social costarricense, en estos momentos, tiene cuatro aspectos purulentos que (aun cuando no únicos), parecen ser los de más impacto al punto de tener enferma la misma institucionalidad republicana sobre la cual se base la maltrecha Democracia. Los citaremos a continuación, aunque el orden no indica preponderancia de uno sobre el otro.
LA CORRUPCIÓN: La corrupción política en las altas esferas de la institucionalidad pública mediando, en no pocos casos, la colusión de la misma con los intereses del alto corporativismo empresarial de los meganegocios; generando ganancias exageradas, mediante la compra de conciencias, a través de operaciones mercantiles que, con ropaje legal o sin él, han potenciado la concentración de la riqueza y del poder económico; expresado este fenómeno en la gestión de operación política de, básicamente, los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.
EL NARCO: La penetración del narcotráfico y del dinero sucio producto del crimen organizado: por arriba y por abajo. Por arriba, precisamente en ir reclutando políticos en el nivel local, en el nivel regional y en el nivel nacional de los partidos de la clase política tradicional; así como en posicionamiento de fichas claves en esferas sensibles de la institucionalidad republicana: la municipal, la policía, la judicial, la parlamentaria y la ministerial.
EL SISTEMA TRIBUTARIO: La existencia de un sistema tributario que tiene dos características que lo hacen profundamente perverso: es injusto y es corrupto. Injusto por cuanto pagan impuestos los que, proporcionalmente hablando, tienen o ganan menos; y los que tienen más (que cada vez son menos), hacen triquiñuelas de todo tipo (dentro de la ley o al margen de ella) para no pagar lo que les corresponde, para no pagar del todo (evadir-robar tributos-eludirlos), sacando la plata del país hacia paraísos fiscales. Corrupto, porque una espantosa red de intereses privados coludidos con los de malos servidores públicos han logrado un poder de tal magnitud que impide realizar a ese sistema tributario las transformaciones estructurales que necesita, aunque fuera tenues.
LA DEUDA PÚBLICA: El altísimo endeudamiento público del país, producto de tener durante tanto tiempo un sistema tributario injusto y corrupto que impidió recaudar lo justo para mantener servicios públicos esenciales para toda la población nos ha llevado a la espantosa realidad de tener que cargar sobre las espaldas del pueblo trabajador un pago obsceno de intereses de, al menos, 7 mil millones de colones diarios; unos 11 millones de dólares estadounidenses, cada 24 horas. Esta situación ha sido tolerada por las sucesivas administraciones gubernativas de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, pues dentro de los mismos funciona un poderoso grupo de presión financiero-bancario que hace negocio con el déficit, las tasas de interés que demanda esa deuda y su pago diario de intereses.
Estos cuatro aspectos purulentos nacieron, han venido creciendo y desarrollándose, con mucho mayor intensidad en los años que van del presente siglo XXI; período en los cuales han sido gobierno los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC).
Cada uno de esos cuatro aspectos purulentos de la Costa Rica actual han sido analizados, en distintos momentos, por personas especialistas honestas de diversas procedencias institucionales y hasta se han puntualizado propuestas y medidas para superar los efectos perniciosos que tienen en la colectividad. Sin embargo, dentro de la red operativa de cada uno, hay personas, personajes políticos, hombres y mujeres de negocios, figuras mediáticas que, de un modo u otro, lograron estatus de vida solventes vendiendo sus conciencias al convertirse en promotores, operadores, ejecutores, valladares al servicio de los intereses que en cada aspecto se mueven a diario.
Unidad Jurídica inicia proceso legal contra empresa que despidió trabajadores por afiliarse a ANEP
Costa Rica: FMI vs. Empleo público
La Ley de Empleo Público propuesta en la Asamblea Legislativa de Costa Rica es el tema que actualmente monopoliza la discusión política en el país. La iniciativa, promovida por el FMI, busca reducir el gasto público con medidas como establecer un salario general básico para todos los empleados públicos exceptuando a los cargos políticos. Luis Castro y sus invitados analizan las medidas que el FMI quiere imponer en Costa Rica y que algunos consideran incluso un «golpe de Estado parlamentario».
Constituida la seccional anepista en el Teatro Popular Melico Salazar
Anep-Municipalidad de Osa llega a acuerdos con la alcaldía en busca de mejorar el clima laboral
La Seccional ANEP-Municipalidad de Osa, con la intermediación del Ministerio de Trabajo, llegó a una serie de acuerdos con la alcaldía del cantón para mejorar el clima laboral, este último deteriorado por una serie de situaciones que van más allá de la relación laboral.
Entre las principales problemáticas que se presentaban dentro de la institución se encuentran el acoso laboral y la discriminación, así como una deteriorada relación entre el personal administrativo y de campo.
Ante este escenario, la ANEP, junto a su seccional solicitó la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el objetivo de establecer acuerdos y poner un alto a estas situaciones.
Compartimos los acuerdos alcanzados.
Trabajadores de Finca Bellavista conforman seccional de la ANEP
Covid-19: sindemia más que pandemia Factores socioculturales y económicos detrás de la crisis sanitaria
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED): el Covid-19 es una problemática social, cultural y económica, antes que biológica y médica. Si bien sus orígenes son biológicos, y sus manifestaciones extremas y más dolorosas, se dan en los hospitales, su evolución, y eventual complicación, está esencialmente influida por las relaciones sociales, puesto que es en la interacción humana como el SARS-CoV-2 se difunde y los contagios se multiplican.
ANEP repudia y rechaza el nombramiento de Gustavo Picado Chacón como Gerente Financiero de la CCSS
La “representante” sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Rodriguez González (cuya designación fue totalmente irregular, prácticamente a dedo por orden de Alvarado), debe dar la cara y explicar si votó ese nombramiento y/o porqué no dio la voz de alerta de que se iba a dar.
A continuación, el ciudadano don Roberto Mora Salazar nos explica las razones para que toda la ciudadanía honesta exprese su rechazo y su repudio al nefasto nombramiento de GUSTAVO PICADO CHACÓN cono Gerente Financiero de la Caja.
Pérdida de ₵217 mil millones en la CCSS por Gustavo Picado (junto 17 más) es nombrado como Gte Financiero
Estimada Licda Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República.
Reciba un cordial saludo.
Me presento ante su despacho de manera atenta y respetuosa, con el fin de formular DENUNCIA contra los nueve miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por INCUMPLIMIENTO DE DEBERES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA y la trasgresión a Control Interno para el Sector Público.
- ROMÁN MACAYA HEYES
- CHRISTIAN STEINVORTH STEFFEN
- MARÍA DE LOS ÁNGELES SOLÍS UMAÑA
- JOSÉ LUIS LORÍA CHAVES
- MARIELOS ALFARO MURILLO
- FABIOLA ABARCA JIMÉNEZ
- ÁLVARO SALAS CHÁVES
- MARITZA JIMÉNEZ AGUILAR
- MARTA ELENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
El día de hoy, la Junta Directiva de la Caja, nombró como nuevo Gerente Financiero de la Institución, a Gustavo Picado Chacón, funcionario que se encuentra acusado junto a 17 personas más, desde el año 2012, bajo el expediente 12-000046-0615-PE ante el Ministerio Público.
En total desapego a la normativa vigente, el cuerpo colegiado se desliga del oficio enviado el 16 de abril del año 2018 NºPE-0780-2018 por la Presidencia Ejecutiva, en el cual se dispone explícitamente que, los candidatos a puestos gerenciales, tendrían que aportar una certificación emitida por el Ministerio Público, haciendo constar que no tienen causas penales en su contra.
RAZONES DE GRAN RELEVANCIA:
- En octubre de 2012, la Comisión Especial Legislativa que investigó las causas de la grave crisis financiera que la CCSS experimentó a partir de 2009 (Exp: 18.201), determinó que Gustavo Picado Chacón fue corresponsable de la misma y, en razón de ello, recomendó su renuncia y su inhabilitación en cargos públicos; criterio que posteriormente avaló – por amplia mayoría- el Plenario Legislativo.
- En marzo de 2019, la Fiscalía General de la República notificó a esa Junta Directiva, la acusación penal en contra de Gustavo Picado Chacón y otros jerarcas institucionales, por los delitos de:
- INFLUENCIA CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA,
- FRAUDE DE LEY y
- ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA,
caso que yace actualmente en el Tribunal Penal de Hacienda del Primer Circuito Judicial de San José para su elevación a juicio (EXP: 12-000046-0615-PE) en el mes de agosto del año en curso.
- En agosto de 2020, la Procuraduría General de la República, representante legal del Estado en esta causa, informó que – de acuerdo a un peritaje efectuado- el DAÑO SOCIAL causado por el Gustavo Picado Chacón y el resto de imputados, se estima en ₵217 mil millones.
- Las autoridades a cargo del proceso de selección del Gerente Financiero, habrían omitido, con aparente dolo, el requisito dispuesto en el oficio Nº PE-0780-2018 del 16 de abril de 2018, que exige a los candidatos aportar una certificación emitida por el Ministerio Público haciendo constar, que no aparecen causas pendientes o, en su defecto, las causas penales abiertas en su contra.
- Las Normas de Control Interno para el Sector Público son de acatamiento obligatorio para las instituciones sujetas a fiscalización de la Contraloría General de la República, entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las mismas prevalecen sobre cualquier normativa que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de control de fiscalización legalmente atribuidas. Asimismo, su inobservancia genera las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable. No obstante, el haber nombrado como Gerente Financiero a Gustavo Picado Chacón, sin tomar en cuenta los supra indicados presuntos delitos de FRAUDE FINANCIERO que el Ministerio Público le atribuye al tal funcionario, las autoridades a cargo del proceso de selección habrían trasgredido lo preceptuado en los apartados 2.3 y 2.4 de tales Normas, relativas al FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA INSTITUCIONES y a la IDONEIDAD DEL PERSONAL
Es importante y, de gran relevancia recordar a los miembros de la Junta Directiva que, aunque hayan olvidado algo tan trascendental, la Normativa emitida por la Contraloría General de la República en materia de Control Interno, en su artículo 2º indica:
Artículo 2° – Establecer que las “Normas de control interno para el Sector Público” son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República y las instituciones y órganos públicos sujetos a su fiscalización, y que prevalecerán sobre cualquier normativa que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas. Asimismo, que su inobservancia generará las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable.
2.4 Idoneidad del personal: El personal debe reunir las competencias y valores requeridos, de conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el desempeño de los puestos y la operación de las actividades de control respectivas. Con ese propósito, las políticas y actividades de planificación, reclutamiento, selección, motivación, promoción, evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas con la gestión de recursos humanos, deben dirigirse técnica y profesionalmente con miras a la contratación, la retención y la actualización de personal idóneo en la cantidad que se estime suficiente para el logro de los objetivos institucionales.
Así las cosas, los Miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que, nombraron al señor Gustavo Picado Chacón como Gerente Financiero, a sabiendas de que existe una posible actuación dolosa. Por ello, deben responder, todos y cada uno de ellos, por su incumplimiento de deberes y, el DEBER DE PROVIDAD en la función pública que reza:
(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.
Los delitos generalmente tipificados y que podrían ser considerados como actos de corrupción son:
- prevaricato,
- cohecho,
- malversación,
- exacción,
- concusión
- encubrimiento,
- nepotismo,
- desfalco,
- retardación de Justicia,
- omisión de deberes públicos,
- tráfico de influencias y otros, con algunas diferencias en la terminología.
El deber de probidad tiene un vasto contenido, toda vez que implica que la conducta de funcionario debe apegarse en todo momento a postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, discreción, integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio, buena fe, etc.
La Junta Directiva en pleno, no puede alegar desconocimiento ya que fueron alertados en su momento por el Ministerio Público, la Procuraduría General y, el suscrito en fecha 16 de diciembre del 2020
https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2020/12/16/sigue-la-corrupcion-en-la-ccss/
También solicito a la Fiscalía General de la República, haga valer el artículo 19 de la Ley Constitutiva de la Caja que dice:
Artículo 19.- Los miembros de la Junta Directiva, los gerentes de División y el resto del personal de la Caja que, por dolo o por culpa grave, ejecuten o permitan la ejecución de operaciones contrarias a la presente ley o sus reglamentos, responderán con sus bienes por las pérdidas que tales operaciones irroguen a la institución, sin perjuicio de la responsabilidad penal consiguiente.
PETITORIA:
Se aplique todo el peso de la Ley a todos los miembros de dicha Junta Directiva que votaron afirmativamente para que dicho funcionario fuese elegido como Gerente Financiero de la Institución, en contra del ordenamiento jurídico y la normativa vigente.
Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-0396-0099
