Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Atención señores Rodrigo Cubero Brealey y Elián Villegas Valverde.

1) Desde el año 2016 (este año incluido), los pagos por intereses de la deuda pública nacional, han pasado a ser el componente principal del déficit fiscal, por encima del monto correspondiente al llamado déficit primario. Al concluir el 2020, y por quinto año consecutivo, ese patrón se reitera.

2) Al momento de escribir esta nota, y según las cifras disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda, en el año pasado 2020, los pagos por intereses representaron un 4,8% como proporción del PIB (Producto Interno Bruto (PIB); mientras el déficit primario ascendía a un 3,5% PIB.

3) Si consideramos un punto PIB en la cantidad de 350 mil millones de colones tenemos que ese pago de intereses en el 2020, representó lo siguiente: 1 billón 441 mil 804 millones 600 mil colones (1.441.804.600.000), en intereses de la deuda pública interna. Si agregamos lo que se pagó de intereses por deuda externa, tenemos en total, 1 billón 681.308 millones 400 mil colones (1.681.308.400.000). Entonces tenemos que el pueblo costarricense pagó el año pasado, solamente en intereses de la deuda pública total del país, 4 mil millones 670 mil 300 colones, ¡al día! Y, escandalosamente se pagó por hora, 194 millones 595 mil 879 colones; en cifras cerradas, 195 millones de colones cada 60 minutos.

4) 1 billón 681.308 millones 400 mil colones (1.681.308.400.000), representa en moneda estadounidense, 2 mil 733 millones 834 mil 796 dólares (2.733.834.796). Esta cifra es superior, en 1.56, a la cantidad del préstamo en controversia, de los 1.750 millones $, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

5) La diferencia entre ambos datos (PIB déficit primario vs. PIB déficit intereses), resulta mucho más significativa, dado el contexto de pandemia y crisis económica, con altísimo desempleo, entre otros graves problemas socioeconómicos, que enfrentamos

6) El incremento sustancial en las demandas y necesidades que el sector Público debía atender, derivadas de tan adversas condiciones, justificaría, de sobra, un déficit primario más elevado. Y, sin embargo, lo que hemos presenciado es, no sólo que los pagos por intereses exceden ampliamente de ese déficit primario; sino que los esfuerzos de contención se concentran en reducir este último, mientras persiste una actitud de total pasividad frente a los abusivos pagos por intereses. Esto pone de manifiesto un peligroso sesgo ideológico en el manejo de la política económica por parte de las autoridades económicas de este gobierno, del cual sus despachos son componentes más que estratégicos.

7) Las cifras involucradas en los pagos por intereses en el año pasado 2020, el año 1 de la pandemia, son absolutamente escandalosas: estamos hablando de un pago de 200.000.000 millones de colones, ¡por hora!; y de un pago, más que abusivo, de 4 mil 800 millones de colones, ¡al día! (4.800.000.000 cada 24 horas). Es desconcertante observar cómo este monto creció a ritmos por encima del 19 % anual, y hasta del 28 %, durante el trienio 2017-2019. Y, entre tanto, ¿qué hacían las autoridades económicas? ¡No movieron un dedo para frenar semejante desborde de irracionalidad!

8) Las tasas de interés sobre la deuda pública interna, son, desde todo punto de vista, abusivas. Según los datos que se ofrecen en la página web del Ministerio de Hacienda, durante todo el segundo semestre de 2020, mientras golpeaban la crisis sanitaria y la recesión económica, y el desempleo volaba a niveles sin precedentes; en promedio se pagaban tasas de interés en los alrededores del 7 %, las cuales hacia finales de año rozaban el 8%.

9) En esos mismos momentos, al finalizar 2020, la Tasa Básica Pasiva se encontraba en 3,5%, y la Tasa de Política Monetaria en 0,75% ¿Cómo entender que haya diferencias tan grandes entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las principales tasas de referencia de los mercados financieros? Sobre todo, ¿cómo explicar la pasividad de las autoridades económicas ante un atropello tan brutal a las finanzas públicas?

10) Se hace obligatorio reiterar la pregunta ¿qué han hecho las autoridades económicas para frenar este intolerable abuso? En particular, ¿qué ha hecho el Banco Central -como autoridad monetaria del Estado costarricense-, para detener esa terrible hemorragia de recursos públicos? Son preguntas que se agigantan cuando, al mismo tiempo, y de forma paradójica y contradictoria, esas autoridades económicas insisten en políticas que cortan la inversión pública, restringen los servicios sociales y decretan el congelamiento indefinido, aparentemente a perpetuidad, de los salarios públicos. Detrás de esto no hay ninguna racionalidad económica ni social respetable, sino tan solo un dogma ideológico realmente dañino.

11) Múltiples indicios permiten pensar que ha habido comportamientos especulativos, que afectan la colocación de bonos de deuda pública en los mercados financieros. Es posible que esto haya sido de alguna forma liderado por los propios bancos públicos, así como por alguno o algunos bancos privados relativamente grandes; pero es claro que es algo de lo que los demás actores participantes en los mercados financieros se aprovechan, a fin de obtener jugosas ganancias ¿Qué ha hecho el Banco Central y qué han hecho las diversas entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema financiero, por frenar y poner bajo control esos comportamientos anómalos y antisociales?

12) ¿Por qué el Banco Central se niega a utilizar las herramientas de política a su disposición para hacer bajar las tasas de interés que se cobran sobre los bonos de la deuda pública? La ley lo faculta, en su artículo 52), inciso f), para intervenir en los mercados secundarios de deuda… ¿por qué no lo hace? Si la respuesta es que no debe hacerse porque ello podría implicar emisión de dinero que provoque inflación, nos veríamos en el deber de hacer ver que, desde abril de 2015, la inflación interanual se han mantenido la mayor parte del tiempo por debajo del 2%, y por momentos incluso en terreno negativo.

13) Es decir, ni siquiera alcanza el límite inferior de las metas de inflación definidas por el propio Banco Central. Es obvio que la inflación NO es un problema. Los problemas son otros: el desempleo, en primera instancia, como también estos pavorosos pagos por intereses ¿Por qué el Banco Central no se enfoca en los problemas reales, en vez de seguir perdiendo el tiempo en problemas inexistentes?

14) Si la inacción del Banco Central se justifica apelando a limitaciones que presuntamente la ley le impone, lo que corresponde es que el propio Banco Central promueva un cambio de las leyes ¿Por qué no lo ha hecho? Recordemos que las leyes deben estar al servicio de las personas y de la sociedad, y que, por ello mismo, si una ley causa daño, lo que corresponde es cambiarla. Dicho de otra forma: las leyes deben satisfacer las necesidades de la vida de la gente de carne y hueso, no las veleidades ideológicas de alguna gente. De nada nos sirve una ley que impone inmovilismo e inacción frente a situaciones tan manifiestamente dañinas como esta.

15) Es urgente que el Banco Central intervenga los mercados financieros para frenar, en seco, los juegos especulativos contra la deuda pública y hacer bajar sustancialmente las tasas de interés; como es igualmente urgente que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, defina un plan que garantice que se podrá avanzar en una estrategia de reactivación económica, recuperación del empleo y restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, sin que ese esfuerzo se vea perturbado por presiones financieras especulativas sobre el propio sector público.

16) Si el Banco Central ha sido capaz de poner a disposición de los bancos comerciales, inclusive los bancos privados, un fondo por ₡ 700 mil millones, ¿qué le impide hacer algo similar para respaldar el normal funcionamiento de la institucionalidad pública, de forma que ésta pueda atender, como es su deber y obligación, las acuciantes necesidades derivadas de la situación de crisis que enfrentamos? Negarse a hacerlo, cuando de previo se hizo para apoyar a la banca comercial, sólo se podría interpretar como una muy cuestionable opción ideológica.

17) Nos parece desatinada la idea de destinar los fondos provenientes del exterior, a la refinanciación de la deuda interna, apelando al pretexto de que ello permite cambiar “deuda cara” por “deuda barata”.

18) En primer lugar, como ya dijimos, es deber del Banco Central hacer que esa deuda cara, deje de serlo y se abarate. En segundo lugar, los recursos externos deben aplicarse a usos que reactiven la economía, generen muchos empleos y eleven la productividad. Eso es lo realmente importante, pero, además, es necesario para crear la capacidad de pago que nos permita en el futuro pagar esa deuda en moneda extranjera. Recordemos que, en el mediano y largo plazo, la deuda externa agrava la fragilidad y vulnerabilidad de la economía. La única manera de impedir que ello ocurra, es dándole un uso altamente productivo, no destinándola a la simple e improductiva refinanciación de la deuda interna.

19) Considerando la magnitud del pago de intereses de la deuda pública, cuyo carácter abusivo ya nadie puede negar en este país, es menester que sus autoridades nos brinden información acerca de la deuda pública según nuestra petición siguiente:

1. Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero de 2021.
2. Cantidad total de la deuda pública, en colones; y, cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros.
3. Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional.
4. Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero.
5. Listado de las entidades/personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado.
6. Fecha de formalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública.
7. Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad, público-privada, receptora en cada caso.
8. Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública.
9. Porcentajes/cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas/como entidades públicas y privadas.
10. Fechas de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país.
11. Listado de las entidades (bancario-financieras y jurídico-legales) que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores; así como en proceso de concreción de nuevos préstamos.
12. Listado de vencimientos de pago del principal de créditos de la deuda pública al término del presente año 2021.
13. Listado de vencimientos de pago a partir del año 2022.
14. Respuesta a cada una de las interrogantes que quedaron planteadas en párrafos anteriores y que aparecen subrayadas.

20) Han podido constatar sus dignas autoridades, que la información aquí peticionada es de extraordinario e inobjetable interés público; así como que las circunstancias político-económicas y sociales que vive el país en estos momentos, indican que la totalidad de la población costarricense tiene que ver, de un modo u otro, con las respuestas a nuestras interrogantes.

21) Esta solicitud de información la amparamos al Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; amén de la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con relación al derecho ciudadano de acceso a este tipo de información.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Connotadas figuras políticas del bipartidismo tradicional, Liberación y Unidad, incluyendo a algunos expresidentes de la República salidos de sus entrañas (Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Óscar Arias Sánchez, por ejemplo), son ahora también, como lo fueron durante la campaña a favor de que el país suscribiera un tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos, vocerías histéricas a favor de que el país se someta al convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el “famoso” préstamo de los 1.750 millones de dólares.

De la misma forma, estamos observando que, desde las matrices mediáticas que fueron fundamentales en la promoción ideológica política de ese TLC, salen los cantos del “fin de los tiempos” si la Asamblea Legislativa del país no aprueba el préstamo con el FMI; especialmente, ya se están echando a la hoguera de las tensiones sociales amenazas fundamentalistas de que sin FMI nos “hundiremos sin posibilidad de salvarnos”, dentro de lo cual se destacan las ondas de radio, las páginas escritas y las imágenes televisivas del periodismo de odio.

Esto del FMI tiene que ver con un nuevo episodio del ataque hegemónico-ideológico de los sectores pudientes del gran capital que han abrazado la causa fundamentalista del todo mercado-nada Estado; ataque que se ha intensificado a partir de los resultados electorales de la elección presidencial y diputadil de febrero de 2018; resultados que, entre otras consecuencias sumó al Partido Acción Ciudadana (PAC) a la línea ideológica neoliberal que ya había penetrado a los partidos Liberación y Unidad.

Precisamente, es en el actual período gubernativo-constitucional, 2018-2022, a partir de la estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada, que esa causa fundamentalista del todo mercado-nada Estado ha avanzado sustancialmente; resaltando una tríada de legislación ideológica de ataque frontal al sector Público, a quienes laboran para él, a los derechos conquistados por el personal estatal y sus correspondientes situaciones jurídicas consolidadas, así como a las organizaciones que le representan, los sindicatos.

Esa tríada de legislación antiobrera y en contra de la institucionalidad republicana establecida en la Constitución Política de 1949 se compone de la ley del combo fiscal, de la ley antihuelgas y del actualmente en trámite ley marco de Empleo Público.
El convenio con el FMI se concibe en el marco de esa causa fundamentalista todo mercado-nada Estado; partiendo de que estamos en presencia de un Estado central prácticamente quebrado, cuyos recursos presupuestarios son destinados, en gran medida, a pagar los intereses abusivos de una deuda pública que rebasará la barrera de los 70 puntos PIB muy pronto; y que, por tanto, hará que ese bipartidismo clásico, ahora “fortalecido” con la llegada del PAC a sus filas, ponga en la agenda la venta de los activos valiosos del patrimonio patrio que todavía nos quedan.

La venta de activos, explícitamente planteada, si bien ya no se discutirá en la presente administración gubernativa, lo será en la próxima (2022-2026), habida cuenta de que el real poder que impulsa la causa fundamentalista del todo mercado-nada Estado seguirá hegemonizando, pues el sujeto histórico que desafíe esa causa sigue sin perfilarse como desafiante, aunque sí hay condiciones para ello.

“Los Miguel Ángel Rodríguez Echeverría”, “los Óscar Arias Sánchez”, el periodismo de odio y su caterva de amanuenses, repetidoras radiofónicas y televisivas, columnistas y editorialistas y similares; están con el convenio FMI pues este perdurará el estado de deuda pública, por una parte; por la otra, mantendrá el pago de intereses perpetuamente obsceno; y con ello solidificará la base real del poder del todo mercado-nada Estado, asentada en el control hegemónico de los sectores banquero-financieros, especialmente.

Los mismos del TLC, son los mismos del FMI: las mismas consecuencias negativas se darán en ambos casos para la sociedad: más exclusión y más desigualdad. El rumbo lo están imponiendo ellos que, aunque son minoría, muestran una “eficiente” articulación estratégica; nosotros, que somos la mayoría, seguimos totalmente desperdigados.