Estudiantes de secundaria piden que se apliquen simulacros de pruebas F.A.R.O

  • Solicitud busca fortalecer conocimiento de estudiantes para enfrentar pruebas F.A.R.O.
  • Consideran que modalidad virtual-presencial no es eficaz.
  • Piden al MEP que analice la salud emocional de estudiantes.

El Movimiento de Estudiantes de Secundaria (MEDSE) envió una nota a las máximas autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) con varios puntos, donde la principal petición radica en la suspensión de las pruebas para el Fortalecimiento de Aprendizaje para la Renovación de Oportunidades (F.A.R.O

En su lugar solicitaron que se aplique la prueba en forma de práctica, de modo de que los estudiantes tengan una especie entrenamiento para cuando ya les toque realizar el examen real.  

Dentro del documento enviado mencionaron que el rezago educativo que se ha tenido se viene arrastrando desde el 2018 cuando se perdió un trimestre debido a las protestas sociales.

Para el 2019 hubo una nueva jornada de manifestaciones, pero estas fueron contra el ex ministro, Edgar Mora Altamirano, lo que nuevamente generó atrasos en la formación de los estudiantes.

Continuando con el 2020 se dio la pandemia, que llevó a que suspendieran las clases presenciales, dando paso a la implementación de la educación virtual, pero con la limitante de que no todos los estudiantes cuentan con las facilidades económicas para conectarse y/o adquirir el material de trabajo.

Ya para el año en curso, el método mixto (presencial y virtual) no le ven eficaz, debido a que “esta modalidad no es eficiente, suponiendo que una sección se divida de 2 a 4 subgrupos (A, B, C, D) recibiendo materias académicas 2 veces por mes y un subgrupo por semana, únicamente se estaría asistiendo de manera presencial una vez al mes y como se dijo anteriormente el aprendizaje a distancia o virtual no es de un alto rendimiento”.

A los puntos cronológicos mencionados anteriormente, en la misiva le suman, la salud mental de los estudiantes y el golpe económico que vive la sociedad provocados por la coyuntura.

Los representantes del movimiento Elian Jiménez Campos y Yuliana Alfaro Chacón, presidente y vicepresidente, respectivamente le solicitaron a la ministra Cruz y a su equipo de trabajo que se les otorgue una reunión para poder exponer más a fondo la situación.

Además, en caso de que no se apruebe la anulación de las pruebas, solicitaron la disminución del porcentaje sumativo de las pruebas F.A.R.O y aumentar el valor de los instrumentos de medición sumativa, remitir material físico con prácticas e ítems semejantes a los de las pruebas, además de habilitar un apartado de preguntas o resolución de dudas sobre dichas pruebas.

APM-Terminals: el pueblo paga sus altísimas tarifas

Albino Vargas Barrantes Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

207 dólares más caro, es el pago que deben hacer las empresas usuarias de los muelles de Limón y de Moín, por mover sus correspondientes contenedores, de lo que les cobraba Japdeva, antes de que a ésta le expoliaran la operación portuaria que tenía en condición de monopolio desde su establecimiento como empresa pública nacional, destinada al desarrollo socioeconómico de la vertiente atlántica costarricense.

El monopolio privado resultó ser más caro que el monopolio público.

Sacar a Japdeva del mercado de la operación portuaria de contenedores en los muelles de la costa limonense fue un asunto meramente ideológico: la clase plutocrática gobernante que mantiene su poder incólume, aunque las administraciones ejecutivas sean del PLN, del PUSC o del PAC; impuso el proceso que determinó el establecimiento del monopolio privado APM-Terminals, aunque éste resultó más caro para el empresariado usuario de esos muelles.

Sin embargo, es fácil colegir que esos 207 dólares de más que implica mover cada contenedor en la terminal costera de APM-Terminals, no los está pagando el usuario de la misma, pues es lógico suponer que ese costo mayor fue trasladado, está siendo trasladado, a los consumidores finales de las materias primas y de los productos finales que se importan entrando al país por los muelles que ahora administra la transnacional holandesa.

Todo el proceso sociopolítico y económico que se generó para la imposición de esta concesión portuaria que, sin duda alguna, podemos ahora calificar como leonina; fue adversada por una importante cantidad de sectores y organizaciones cívico-patrióticos, dentro de los cuales resaltó el papel de la organización obrera de Japdeva, el sindicato Sintrajap.

Sin duda alguna, la historia del expolio del patrimonio público del país en los años de la hegemonía política del neoliberalismo en Costa Rica, tendrá un capítulo especial para reseñar el histórico papel jugado por esta importante agrupación sindical, en lo que atañe a los muelles del Atlántico.

También, desde la corriente sindical que motiva nuestra lucha social cotidiana, dimos nuestro aporte opositor a que se instaurara el monopolio privado APM-Terminals. Fue un largo caminar, mucho del cual estuvo argumentativamente bien fundamentado.

Uno de los puntos más fuertes de la oposición cívico-sindical hacia esta leonina concesión fue, precisamente, que las tarifas de la operación portuaria de contenedores subiría, sustancialmente. La realidad nos dio la razón.

Sin embargo, se impuso el fanatismo extremista del lucro desenfrenado a partir de la apropiación privada del patrimonio público. Al respecto, este caso de Japdeva es paradigmático, tanto como lo es -por ejemplo-, las concesiones leoninas de varias estratégicas carreteras nacionales.

La molestia del empresariado por el alto costo de las tarifas portuarias de los muelles administrados por APM-Terminals, ha “obligado” al gobierno actual a establecer una comisión para ver si se baja el excesivo costo actual de la movilización de un contenedor. La transnacional, empoderada como está, ha dicho que sí estaría dispuesta a considerar una reducción de esas altas tarifas, sin embargo, no está en condiciones de perder un solo centavo de dólar de lo que ella denomina la inversión.

Como se dice popularmente, APM-Terminals no está dispuesta a arrancar pelos sin sangre. Plantea que estaría considerando bajar las altas tarifas actuales, sí y solo sí: a) le amplían el plazo del contrato; b) ajuste para un nuevo cronograma de inversiones; c) revisión del canon que debe pagar para el desarrollo de Limón (es decir, bajar el monto de ese aporte), d) que el Estado le construya obras adicionales y le compre nuevo equipamiento; e) que el Estado le subsidie en un monto igual al que rebajaría la tarifa. Como dice nuestro pueblo: “¡cuidado pierde!”.

La historia del expolio de Japdeva por parte de la clase plutocrática gobernante no ha terminado de escribirse. El pueblo de Limón no ha dicho su última palabra.

Adicionalmente, una de las razones por las cuales el alto costo de la vida en Costa Rica se considera de los más altos de la América Latina se explica, precisamente, por el costo excesivo de las tarifas de operación portuaria que hoy ha impuesto APM-Terminals.

Descontento social genera dudas al FMI para préstamo

Como bien se manifestó durante la reunión sostenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Gobierno de Alvarado Quesada le ha mentido a la población en varios puntos, al punto de que el mismo ente internacional negó ciertos puntos, como el de la venta de activos.

Por esta razón, se solicitó una nueva reunión con el FMI para presentar los diversos argumentos que comprueben que NO se necesita el préstamo.

ANEP solicita una nueva reunión con el Fondo Monetario Internacional

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha solicitado de forma oficial al Fondo Monetario Internacional (FMI), la necesidad de realizar una segunda reunión, para abordar con mayor amplitud los diversos planteamientos y propuestas alternativas existentes para que Costa Rica supere la crisis fiscal sin la necesidad de un convenio con el FMI.

Así quedó plasmado en la carta dirigida, este lunes 18 de enero del presente año, a Manuela Goretti Jefa de la Misión del FMI para Costa Rica.

 “Pensamos en ANEP que es imposible para conformarse un criterio justo y equilibrado por parte del FMI, que no se considere la amplia vastedad de planteamientos alternativos, formulados de manera responsable con relación al planteamiento gubernamental; planteamientos que buscan articular una respuesta nacional a la crisis fiscal. Estamos convencidos que las máximas autoridades político-ejecutivo del país, a ustedes de ello no se les informan nada”, indica el documento.

Para la ANEP, luego de la reunión virtual sostenida con el FMI, el pasado 15 de enero, quedó claro la línea política indicada por Goretti, al manifestar que no existe ninguna condición que obligue al país a aprobar el proyecto de empleo público a cambio del crédito Servicio Ampliado de Fondos, por un monto de 1.750 millones de dólares, y en efecto, hay más cosas que aclarar respecto al discurso del Gobierno Alvarado Quesada hacia la ciudadanía costarricense

“Ahora utilizan el tema de los “estándares internacionales”, como nueva muletilla presidencial a favor del cuestionado proyecto, es algo peculiarmente “novedoso”, sobre lo cual es urgente clarificar su relación con un país como Costa Rica en el actual estado de la situación nacional política, económica y social”, finaliza el documento.

Compartimos documento enviado a Manuela Goretti Jefa de la Misión del FMI para Costa Rica.

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8M, por un feminismo+

Por: Paola Badilla Vargas, Antropóloga.

En este 2021, y en medio de una pandemia global, de consecuencias catastróficas en materia social, laboral, económica y cultural, el lema de la ONU para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. Este promueve «la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas» (CSW65). Como mujer trabajadora, me siento plenamente identificada. No obstante, me parece relevante acotar que tales logros se construyen ciertamente con más espacios reales de toma de decisiones, más oportunidades, y más equidad tanto de género como económica, en la esfera pública y privada; con apoyo de todas y todos como sociedad y en especial como clase trabajadora.

Crecí en un hogar con una mujer como jefa de hogar, con solo primer grado de escolaridad, quien, si bien nos enseñó el valor del trabajo duro, la honestidad y el respeto; ella también respondía a patrones de su época, entre ellos el machismo. Entonces aun cuando tuve que hacer malabares entre mis deberes académicos y mis no renunciables quehaceres domésticos -a diferencia de los varones de la casa-, a quienes se les asignaba un tanto menos, no crecí creyendo que las mujeres debían tomar el poder, con el fin de hacer que ellos fueran los de los malabares. Como dice una amiga, no hay nada de constructivo en emplear los mismos mecanismos de un sistema opresor. -Sí, participar de la toma de decisiones, incluyente, no opresora a la inversa. Al contrario, traté de desaprender y motivar a la distribución de tareas de manera colaborativa, como equipo familiar. Es lo que se denomina ahora corresponsabilidad.

Al ingresar a la universidad, mi motivación se acrecentó. Por la equidad de género, por mostrar que las mujeres tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra comunidad, sobre nuestro país y el planeta. Tenemos derecho a igual remuneración por igual trabajo. A no ser discriminadas ni violentados nuestros derechos laborales, como sucede comúnmente en este país y alrededor del mundo. Incorporé lenguaje inclusivo porque me parecía una expresión reivindicativa y de visibilización. En varios momentos de mi vida, sufrí lo que ahora se nombra como «acoso callejero». Lamentablemente sé lo que ser tocada sin desearlo en la vía pública y en autobús – como tristemente continúa sucediendo. En esos años, no lo hablábamos, solo si podíamos le quebrábamos la sombrilla al fulano o acusábamos al «sátiro» a grito aturdidor.

Hoy, cuando se ha logrado la promulgación de una ley y se habla sobre el tema, sigo sin sentirme segura. Entonces, ¿Qué sucede? ¿Por qué se avanza en el papel, en lo punitivo, pero no en la conducta hostil hacia las mujeres? Ojo qué reconozco los logros alcanzados. Pero tengo preguntas y trato de dar respuesta desde mi propia experiencia de vida. Considero que parte importante del asunto tiene que ver con el señalamiento de los hombres como los responsables directos. Se ha, en no pocos casos, dibujado a los hombres como el enemigo. Esto olvidando conceptos claves como la interseccionalidad, el cual nos expande el lente de la superposición de categorías como la etnia, la clase, la identidad y la orientación. Es decir, validando que cada individuo tiene camisetas diferentes y ahí yacen las desigualdades persistentes. No todos los hombres son opresores; no todas las mujeres son oprimidassimplemente por serlo. Como dice Audre Lorde, «no puede haber jerarquías de opresión». Enfocar la discusión y apostar por resolver las desigualdades a partir de estas “jerarquías” -discutir sobre quien ha sufrido más y quien menos- conduce a más división.

Sí, por supuesto que hay poblaciones y grupos con historias de opresión milenarias y no pretendo obviar esto. Por el contrario, dirigir la atención hacia la superestructura de patriarcado, y un capitalismo separatista, basados en el divide y vencerás, tal vez nos permita encontrarnos desde las diferencias. Somos diferentes, pero eso no anula la necesidad de equidad y justicia social. Hay un sistema dominante que se nutre de prejuicios y desigualdades múltiples. ¿Qué tal proponer y hacer análisis incorporando el género, pero también la clase, la raza, la historia de vida? Desafiar todas las formas de poder estructural. Como trabajadora, considero que la toma de decisiones debe ser por un trabajo decente, por un modelo de país inclusivo y solidario, y eso es tan válido como tomar decisiones sobre la interrupción del embarazo o la posibilidad de las uniones legales entre personas del mismo sexo. Una agenda no es más importante que otra. Un grupo no es más relevante que otro. Y tanto mis compañeros como mis compañeras en la lucha pueden caminar junto a mí en esta reivindicación.

Si bien reconozco la persistencia de la desigualdad por género, expresada en la brecha salarial, en la débil corresponsabilidad del cuido -tanto dentro del hogar como la casi nula participación estatal en el asunto-, el aumento de la violencia hacia las mujeres y el creciente número de femicidios, esto no debe motivarnos a las mujeres a excluir a los hombres de la lucha, condicionando como y desde donde pueden asumir su apoyo. Un ejemplo concreto los pronunciamientos de algunos Colectivos para la marcha del próximo lunes, donde se les recalca a los hombres que “respeten los espacios seguros de mujeres en la marcha” y seles “invita” a apoyar desde otros lugares como “hacerse cargo de las tareas domésticas ese día”. Hay legitimidad en la petición, pero percibo una jerarquía de opresión que nos sigue alejando de la tan necesaria equidad transversal. El día es de celebración para todas las mujeres, un día de reivindicación, en el que considero hay espacio para caminar todas y todos en unidad. No se siente una más segura acordonando un espacio.No se resta, se suma en la lucha.

Paola Badilla Vargas,  Es afiliada de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Magister En Estudios Latinoamericanos con énfasis en Desarrollo y Cultura por la Universidad Nacional de Costa Rica. Bachiller en Antropología por la Universidad de Costa Rica.

La presunción de inocencia no puede ser derribada sin un debido proceso

La noticia recurrente en varios medios de comunicación, ha sido la muerte de un joven que fue intervenido por cuatro oficiales de la Fuerza Pública, luego de haber sido denunciado por presunta violencia intrafamiliar. Algunos medios, posiblemente en su afán de vender pierden toda objetividad informativa, caen en el punitivismo mediático que les lleva a prácticamente dictar “sentencia”. Otros consultan a profesionales del derecho, los cuales, sin contar con los elementos fácticos que se encuentran en el expediente que para los efectos se lleva el Ministerio Público, emiten juicios de valor o criterios infundados, estableciendo una especie de “condena” en sus declaraciones.

Indudablemente, resulta lamentable la perdida de una vida humana, máxime en las circunstancias conocidas. Sin embargo, se deben tener en cuenta varios factores, uno de ellos, es que el sistema de emergencia 9-11 alertó de un caso de violencia doméstica, en apariencia, el joven habría realizado amenazas en contra de la integridad de algunos miembros de su familia, lo cual motivó que una de ellas acudiera a solicitar medidas de protección, por ello, los oficiales de la Fuerza Pública estaban atendiendo una situación en donde posiblemente se les comunicó de una persona alterada o agresiva.

No hace mucho, en la atención de una violencia domestica una oficial de la Fuerza Pública resultó herida de gravedad, al momento en que el presunto agresor desarmó a su compañero y le disparo a ella en la cabeza. Ello quiere decir, que los casos de violencia doméstica, no son para nada sencillos de atender, por el contrario, resultan complicados y de alto riesgo, se trata por lo general de personas agresivas (agresoras), la mayoría de las veces se atrincheran o están en un espacio cerrado, lo cual dificulta las maniobras de intervención, pero, además portan algún tipo de arma (tijeras, cuchillos, destornilladores). Aunque algunos medios tratan de resaltar que el fallecido era menor de edad, lo cierto es que eso no quiere decir que no pudiera ser peligroso, prueba de ello, es que su misma familia aparentemente había recibido amenazas de muerte.

¿Se pudo evitar el fatal desenlace? Sí, si el presunto agresor domestico hubiera respetado la figura de autoridad pública que tenia de frente, o si el Estado hubiese dotado a nuestros policías de armas menos letales (taser), algo que se ha venido solicitando desde hace un buen tiempo, con el taser hubiese sido posible neutralizarlo sin necesidad de forcejeo. Por ahora, un joven perdió la vida, una madre lamenta su partida, cuatro oficiales y sus familias sufren el linchamiento mediático motivado por algún funcionario inescrupuloso, que filtró el video que es parte de una investigación penal. La difusión del video, que fue grabado por los mismos oficiales, posiblemente con la finalidad de respaldar que su actuación seria ejecutada a derecho, tiene como objetivo provocar un linchamiento mediato, procurando generar presión sobre el Ministerio Público y al mismo tiempo sobre los juzgadores penales.

Al efecto, cita nuestra constitución política:

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”.

Por su parte establece el Código Procesal Penal:

 
“Estado de inocencia. El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido. En los casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial”.

Finalmente, si terminado el proceso penal se determina culpabilidad, nuestros uniformados deberán afrontar las consecuencias, por ahora, se les debe respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa.

ANEP demuestra que choque de patrulla fue por falla mecánica ante intención del MSP de sancionar a policía

La Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) logró la exoneración de un funcionario de apellidos Quirós Rojas, destacado en la Policía de Fronteras, a quien se le abrió un procedimiento disciplinario para investigar la responsabilidad en un accidente de tránsito.

De acuerdo con el abogado de la ANEP, David Estrada, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) pretendía iniciar la investigación por la colisión de una patrulla, cuando Quirós conducía de noche y con lluvia en una carretera de Buenos Aires de Puntarenas.

“El oficial escuchó un estruendo a razón de se le había estallado una llanta. En ese momento, el vehículo conducido por Quirós Rojas pierde el control y se sale de la vía, ocasionando daños al vehículo policial”, indicó Estrada.

El funcionario policial siendo afiliado a la ANEP, solicitó acompañamiento de la UAJ, y gracias a un trabajo conjunto se logró demostrar efectivamente que la colisión habría sido a causa de un caso fortuito como el estallido de una llanta del vehículo.

Bajo esa premisa, el Consejo de Personal del Ministerio de Seguridad exoneró al afiliado de cualquier responsabilidad disciplinaria derivada de la colisión.

La pobreza sigue teniendo rostro femenino, ¿hasta cuándo?

– “Con agradecimiento eterno para las mujeres que lucharon por los derechos que disfrutamos hoy”

María Laura Sánchez Rojas, – Coordinadora Unidad de Capacitación y Formación
Lorena Chavarría Martínez – Directiva Nacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Este día nos lleva a recordar y agradecer por la vida de esas 100 mujeres costureras industriales de la fábrica Sirtwood, ubicada en Estados Unidos de América, quienes se levantaron en huelga un 8 de marzo de 1908, para demandar un salario digno, una jornada laboral de 10 horas y prohibir el trabajo infantil.

Fueron carbonizadas en la fábrica… a puerta cerrada les prendieron fuego; haciendo un cruel recordatorio de la quema de “brujas”; así se le calificaba a mujeres luchadoras, con amplio conocimiento y sobre todo con voz y criterio propio, de esta manera educaban a la sociedad, por medio del (mal) ejemplo de lo que le sucede a quienes reclaman, máxime si se es mujer.

Han pasado 113 años de este acontecimiento que se hizo público, pero a saber cuántos más hay en el anonimato y si no que lo digamos las mujeres de la actualidad, pero no cualquier mujer, entre nosotras hay diferencias claras, diferencias sociales y económicas principalmente.

Un breve repaso a los datos de la Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del año 2020, publicada el pasado 4 de febrero de 2021, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), nos demuestra que la pobreza continúa teniendo rostro femenino: fuerza de trabajo: femenina 985-masculina 1.46 millones. Población desempleada: 248 mil mujeres, 240 mil hombres. Población fuera de la fuerza de trabajo: 1.02 millones mujeres-577 mil hombres. Tasa de desempleo: 25.2% mujeres-16.4% hombres. Subempleo: mujeres 22.2%-hombres 19.7%.

A pesar que la indicada información no abarca lo referente al perfil de las mujeres afectadas, sabemos muy bien que son las mujeres jefas de hogar, discriminadas en sus lugares de trabajo, las que deben tener más de un empleo para justo cubrir, y en muchos casos no totalmente, las necesidades básicas, que ya antes de la pandemia era difícil llegar al fin de mes o al pago de servicios públicos, esta situación la hizo mucho, mucho más difícil, según lo evidencia la Encuesta Continua de Empleo.

Muchas de estas mujeres, no levantan su voz por temor o peor aún, por creer no ser merecedoras de derechos y aunque es posible que desconocen la historia del 8 de Marzo, en el imaginario colectivo represor se mantiene vigente la “quema de brujas, la quema de mujeres que se hacen escuchar”, pero no se puede evitar preguntarse ¿no es que se nos quema, al cercenar nuestros derechos, al violentarnos, al invisibilizarnos, al irrespetarnos con frases sexistas, cuando nos levantan la voz y nos tratan con palabras y frases groseras, pero no somos merecedoras de una disculpa, cuando nos pagan menos cumpliendo las mismas funciones y atestados, cuando debemos callar para no perder el empleo?

Es imperativo que caminemos hacia una sociedad más democrática, inclusiva, respetuosa, igualitaria, equitativa, y esto supone de forma inequívoca avanzar en el reconocimiento y ante todo el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, progresar en mayor igualdad y equidad en el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo decente.

Como organización sindical responsable, nos corresponde reivindicar por medio de la incidencia política, para que se respeten los derechos laborales, sindicales, económicos, sociales, políticos de las mujeres trabajadoras, para que se garanticen puestos de trabajo seguros, sin algún tipo de violencia, sea laboral, sexual y/o política, asegurando una buena formación en salud ocupacional, poniendo en marcha los mecanismos que faciliten y certifiquen nuestra seguridad; así como cerrar brechas salariales y asumir el tema del cuido de nuestras familias, de manera conjunta y de esta manera abrir espacios para que las mujeres podamos contar con tiempo para capacitarnos y formarnos como personas trabajadoras y profesionales. Para que podamos responder la pregunta ¿hasta cuándo? Diciendo, hasta aquí…

Directivos de OBAS afianzan lucha en el sector productivo

A través de una reunión con los dirigentes de la seccional OBAS en Puerto Viejo de Sarapiquí, se lograron fortalecer varios puntos de cara a la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores del sector productivo.