Autor: ANEP
Policías denuncian que deben compartir mascarillas contra gas
- Además de usar chalecos sudados
- Uniformados temen contagiarse de Covid
Varios oficiales quienes por miedo a alguna represalia contactaron a Mainor Anchía, Presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública para denunciar que por la alta tensión que vive el país han tenido que formar parte de los grupos antimotines.
Durante este cumplimiento han visto evidenciado el faltante de equipo, por lo que han tenido que compartir, la mascarilla anti gases lacrimógenos, chalecos y otras partes de la indumentaria.
Claramente, este tipo de problemas de desabastecimiento siempre ha sido constante dentro del Ministerio y se ha aplicado esta logística de compartir los elementos de protección.
Como es de conocimiento de todos, por la pandemia se han extremado las medidas de higiene y sin duda, esto asusta enormemente a muchos oficiales de contagiarse y de llevar el virus a sus seres queridos, en donde muchos conviven con adultos mayores, niños o personas de alto riesgo.
“En atención de la legislación vinculante en materia de Salud Ocupacional, esperamos que se tomen las medidas higiénicas útiles y necesarias, para resguardar el supra constitucional derecho a la salud de nuestros compañeros y compañeras.”, expresó Anchía.
El llamado es claro para el Ministerio de Seguridad, para poder recibir una explicación sobre la denuncia de los policías de todos los rincones del país, quienes han sido movilizados a atender los bloqueos.
Narcotráfico, secreto bancario y financiamiento de campañas políticas
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
A pesar de que éste es un asunto que nadie en el seno de la clase dominante, integralmente conceptuada, quiere abordar de manera abierta y transparente, hablar de él en los “pasillos de palacio” es cada vez más usual. Particularmente, con relación a la campaña electoral pasada, las de las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018.
Don José Miguel Corrales Bolaños se refirió al punto de la intrusión del narcotráfico en el tejido social costarricense, exponiéndolo como la razón fundamental de su retiro de las acciones de protesta social impulsadas por el Movimiento de Rescate Nacional, las cuales, a la fecha de elaboración del presente comentario, están en su día decimotercero.
Lo que debió abrir un debate serio y necesario en los “grandes” medios de comunicación colectiva, fue solamente abono para alimentar la campaña de desprestigio y de desacreditación al indicado movimiento social; cuya irrupción en el escenario nacional a más de uno ha conmovido, a otros ha preocupado y para esos sectores dominantes, ha generado la emisión de una orden político-ideológica de exterminarlo.
Con un sistema democrático “enfermo” y con una institucionalidad republicana que se ha venido alejando de la gente, emerge con inmensa potencia que el pueblo costarricense tenga plena noción de quién financia a los diferentes partidos políticos en sus desbocadas carreras por alcanzar las diputaciones en pugna y ganar la Presidencia de la República.
Esto no será posible si el secreto bancario sigue siendo bastión de la opacidad en cuanto a financiamiento de campañas electorales para los diversos partidos políticos.
Particularmente, puede ser muy interesante si la gente manejara al dedillo qué personas, qué empresas, qué corporaciones entregaron dineros, al margen de la ley, a las diferentes candidaturas, en los niveles local, regional y nacional; de tal suerte que, a lo mejor, pueda haber interpretación correcta de las conexiones de la legislación que se promueve y de las decisiones de política pública impulsadas por el Poder Ejecutivo, con los intereses de negocios que nutren el capital de las personas y entidades donantes. “Nadie arranca pelo sin sangre”, dice el consabido refrán popular. O, muy usual en estos ámbitos electorales, “no hay almuerzo gratis”.
Apuntamos lo anterior pues todavía no encontramos lógica en cuanto a la intensa obsesión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para que se disponga la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL); considerando que su valor potencial es inmensamente pequeñito comparado con el espeluznante volumen de la deuda pública del país y, por tanto, en nada va a resolver ese gran problema-país con los dineros obtenidos de su privatización mediando la venta directa a inversores nacionales y/o extranjeros.
Sin embargo, para esos grupos inversores comprar BICSA y/o comprar FANAL podría generarles la recuperación, con creces, de grandes cantidades de dineros que habrían puesto, ilegalmente, en la campaña política pasada, la cual fue tan intensa y dura que debió haber demandado mayores recursos que los que, oficialmente, se aceptan.
Si el secreto bancario fuera levantado para efectos de auscultar hasta la médula quién puso plata, cuánto puso, a quién le puso; se podría analizar las supuestas conexiones de interés directo en activos públicos a partir de investigar el giro de negocios y/o la actividad comercial-empresarial del grupo o de la persona donante.
Adicionalmente, si las contribuciones privadas a las campañas políticas se pueden rastrear desde sus fuentes primarias, levantando el secreto bancario para tal efecto, puede que haya múltiples sorpresas de encontrar empresas fantasmas, bancos de portafolio, cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, de modo tal que quede como irrefutable que a las campañas electorales costarricenses han estado llenando dineros sucios.
No hay duda. Ésta es una tarea histórica a impulsarse como tarea central de una nueva institucionalidad democrática.
La base de las protestas es la exclusión social y económica
Solicitud sindical para extender plazo para recibir propuestas de fortalecimiento del IVM es acogida por la CCSS
La Junta Directiva de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS) acogió la solicitud presentada por 15 organizaciones sindicales, para extender la fecha de recibo de propuestas que buscan fortalecer el régimen de pensiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).
Anteriormente, la Junta Directiva de la CCSS, estableció el mes de noviembre como la fecha para iniciar el proceso de toma de decisiones para el fortalecimiento del régimen, sin embargo, para las organizaciones sindicales sería precipitado hacerlo en tan poco tiempo, por lo que ampliaron el plazo al 21 de enero.
Para las organizaciones sindicales firmantes de la solicitud, la Junta Directiva de la CCSS debe realizar una rendición de cuentas y brindar información actualizada sobre el estado del IVM previo a tomar decisiones, lo que permitirá generar propuestas acordes y efectivas para fortalecer y revitalizar el fondo de pensiones. A esto se suma, la difícil situación que vive el país con la pandemia de la Covid 19, por lo que resulta imposible lograr los objetivos en el corto plazo decidido por la Junta Directiva de la institución.
“La participación ciudadana en la toma de decisiones en el marco de la Seguridad Social, en particular diseñando y analizando estrategias de cobertura y sostenibilidad del régimen de pensiones, es fundamental para mantener la paz social y lograr el objetivo de garantizar a las generaciones actuales y futuras el derecho a recibir una adecuada protección ante las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Para el cumplimiento de esos objetivos se requiere que los sectores sociales dispongan de suficiente información actualizada”, indican las organizaciones sindicales.
Para esto, las organizaciones sindicales propusieron que se nombre un grupo de expertos de la CCSS para que presenten la información solicitada (Anexo 1 del documento adjunto) y expongan detalladamente las causas que comprometieron la sostenibilidad del IVM, y los avances del cumplimiento de las 34 recomendaciones que hizo la Mesa de Diálogo en el año 2017.
Además, solicitan que, la Junta Directiva ordene actualizar la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre del 2018”, para que sea utilizada como insumo en el proceso de diálogo.
Organizaciones que presentaron el documento.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Sindical de Empleados de la Energía y las Comunicaciones (ASDEICE)
Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD)
Asociación de Empleados de la Seguridad Social (AESS)
Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (SISSS)
Sindicato Nacional de Servicios de Salud (SINASS)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social (SINTRASAS)
Sindicato de Trabajadores de Farmacia y de Otros Servicios de la CCSS (SINTAF)
Sindicato de Ingenieros y Arquitectos de la CCSS (SIACCSS)
Asociación Sindical Nacional de Inspectores de la CCSS (ASNISS)
Sindicatos de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (SITEPP)
Unión Nacional de Trabajadores Públicos y Privados (UNTRAPP)
Sindicato de Trabajadores del Hospital de Guápiles (SITRAHOSGUA)
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
Sindicato de Profesionales del CNP y FANAL (SIPROCNP)
Documento presentado
IVM-CCSS-Ampliación plazo-solicitud información by EugenioGuerrero on Scribd
La policía en medio del conflicto
Lic. Mainor Anchía Angulo, ANEP
En función del anuncio hecho por el presidente de la República sobre el acuerdo con el FMI, que incluye cargar al pueblo costarricense con más impuestos, luego de que se nos dijera que, de aprobarse el COMBO fiscal, hoy Ley 9635, se resolvería el problema de las finanzas públicas, tiene que verse como justa, legitima y necesaria la reacción de una amplia mayoría en contra de dicho acuerdo.
El rechazo fue generalizado, diversos sectores hicieron ver su oposición al convenio con el FMI, organizaciones sociales, agricultores, líderes religiosos, connotados y reconocidos economistas, así como, uno de los sectores laborales más golpeados históricamente por sus bajos salarios, aunado a las malas condiciones en las que tienen que desempeñarse, si, nuestros policías.
Nunca antes había visto una reacción tan espontánea, generalizada y genuina de una importante cantidad de funcionarios de la Fuerza Pública y de otras policías, en apoyo a la manifestación que en principio parecía pacifica, muchos publicaron: “Hoy el señor presidente don Carlos Alvarado le quita credibilidad a mi trabajo”. “Arduamente, me gane el respeto de la población que defiendo día con día en mi trabajo y hoy usted, si usted me pone en contra de mi pueblo (…)”. La policía en medio del conflicto, con sentimientos encontrados, reporta hoy más de cien funcionarios de “tropa” lesionados, los cuales, ahora paradójicamente verán reducido su salario como consecuencia incapacidades.
Al efecto, es claro para el suscrito, al ser parte de la una organización que ha venido liderando la reivindicación del trabajo policial, que nuestros uniformados entendieron que de la misma manera en que se vieron afectados por la implementación de la Ley Fiscal Nº 9635, que les vino a provocar una regresividad en materia de incentivos salariales, igual se vieron afectados con el congelamiento del pago de anualidades, se verán afectados ante un eventual convenio con el FMI, que nos imponga una mayor carga tributaria. Ello, indudablemente provocó ese sentimiento de identidad, con quienes, de alguna manera al oponerse a más impuestos, defendía sus intereses.
Posiblemente, nunca antes se tuvo una oportunidad igual, pero, lamentablemente, algunos de los líderes de movimientos sociales siguen sin entender que nuestros policías son pueblo, que detrás del uniforme se encuentra un ser humano con sensibilidad, con conciencia, con una familia que alimentar, con necesidades iguales o similares a las suyas, pero, que deben hacer su trabajo, máxime cuando en un movimiento que, aunque parezca justo, se infiltran antisociales con la finalidad de provocar caos.
Que difícil se torna la función policial, cuando de un lado se tiene al patrono que reprime tus Derechos Humanos y del otro el pueblo que no comprende la naturaleza de tu trabajo, que parece desconocer que los cuerpos policiales siguen órdenes del presidente de la República y que tienen las siguientes competencias legales:
“El Estado garantizará la seguridad pública, sin perjuicio de lo estipulado en el Título IV de la presente Ley. Al Presidente de la República y al ministro del ramo, les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país, así como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas”. Ley 7410.
Al efecto, establece nuestra Carta Magna: Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República: “Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;”.
Luego se pueden citar entre sus atribuciones, el resguardo del orden constitucional, la vigilancia y el mantenimiento del orden público. En los últimos días he leído varios comentarios que dicen: “porqué no entran así en Crucitas”, señoras y señores, sino lo hacen, es porque los que manejan políticamente nuestra policía no lo han ordenado, el que lee entienda. Por ello, lo que se dio en Cañas, con lanzamiento de gases sobre las casas de habitación, es en principio responsabilidad del Poder Ejecutivo, que envío al lugar un grupo elite, de choque, posiblemente con instrucciones claras y precias por parte del comandante en jefe, don Carlos Alvarado.
Créanme quienes leen estas líneas, que quisiera motivar que nuestra policía le de la espalda a un gobierno mediocre, a un presidente que les ha dado la espalda una vez y otra también, que en mi opinión es soberbio, autoritario, prepotente, inmaduro e incapaz para gobernar. Sin embargo, creo en nuestra institucionalidad, creo en el valor de conservar la paz que nos fue heredada, creo que, en efecto tenemos que cambiar nosotros al momento de elegir a nuestros gobernantes; lo dijo el mismo Luis Guillermo Solís “piensen mejor el voto la próxima vez”.
ANEP pide a MSP mejorar condiciones para funcionarios
Una serie de peticiones fueron enviadas por parte de Mainor Anchía, presidente de la seccional ANEP – Fuerza Pública a Randall Vega Blanco, Viceministro de Seguridad Pública en relación a varias anomalías que constantemente han sido denunciadas por parte de la organización.
Los puntos son los siguientes:
1- Dotación de insumos (alcohol, jabón, mascarillas, guantes) y desinfección permanente de las delegaciones policiales para prevenir el contagio de Covid 19.
2- Reglamentación de roles de servicio en los Cuerpos Policiales en observancia del criterio técnico del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS.
3- Establecer un mecanismo para que, en caso de accidentes laborales por intervención policial, el trabajador policial no vea afectado su salario.
4- Modificación de la normativa para que no se rebaje el 18% del Riesgo Policial a los (as) funcionarios (as) después de sufrir un accidente laboral propio de sus funciones y que les impida volver a labores de seguridad ciudadana.
5- Establecer un protocolo con participación de la Seccional ANEP Fuerza Pública (junta de relaciones laborales), para detectar y detener traslados que se dan por revanchismo o abuso de poder.
6- Descongelamiento del Manual de Clases Policiales, establecer mecanismo de concurso interno de las plazas vacantes en la estructura del mismo.
7- Entrega de botas y uniformes mínimo dos veces al año.
8- Apoyar proyecto para regresar incentivos policiales establecidos en la Ley 7.410, Ley General de Policía.
9- Apoyar proyecto de Ley de Pensión para Cuerpos Policiales.
10- Iniciar la modificación de reglamento de grados y ascenso para favorecer la competitividad y la transparencia en la carrera policial.
Además de esto, Anchía agregó otras peticiones que se basan principalmente en que “En tanto se desarrolle el proceso de reglamentación de roles, que, en la ANP, PCD y en la Policía de Fronteras, los roles se ajusten al 6×6, 3×3 al personal operativo y 5×2 al personal administrativo y/o con funciones de mando, según las consideraciones del informe técnico del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS.”
Por último, se canceló la convocatoria para el próximo 13 de octubre ya que muchos de los policías han sido llamados a labores, a pesar de que estaban en sus días libres o de vacaciones.
Presidente responsable por derramamiento de sangre entre costarricenses
La democracia de la calle, ¡OTRA VEZ SE ESTÁ MANIFESTANDO!
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Escribimos estas líneas en la noche del sexto día del más impactante fenómeno social de calle desde la emblemática lucha del Combo ICE, allá en el año 2000. Se trata de expresiones populares que brotan a partir de la explosión de grandes sectores de la población que, a lo largo de los últimos gobiernos del tripartidismo neoliberal, se venían sintiendo excluidos, relegados, invisibilizados, vilmente manipulados en lo electoral y, por ende, estafados políticamente. El Movimiento Rescate Nacional recoge esa acumulación de factores, lo problematiza y logra la adhesión en la base de múltiples grupos excluidos que, al unísono se expresan en las carreteras del país.
A lo largo de los últimos años, en esta misma columna, hemos venido planteando y denunciando cómo se venía incubando el estallido social que hoy conmueve al país y que nos recuerda que somos parte de la América Latina, la región más desigual del planeta, la región de los estallidos sociales. Es más, los bloqueos en las calles nos dramatizan ser incluidos en la deplorable lista de los 10 países más desiguales del mundo. Y, además, los últimos informes del Proyecto Estado de la Nación, también lo venían alertando.
Últimamente habíamos dicho que la distancia entre el gobernante y las personas gobernadas se había ensanchado peligrosamente. ¿qué es lo que indican los bloqueos en la calle si no es esto? ¿quieren ustedes otro dato de lo que venimos planteando?, estamos a 24 horas de que las personas legisladoras de la República se trasladen a su lujosa nueva construcción, un emblemático edificio ultracerrado que, precisamente muestra eso: la distancia entre el gobernante y las personas gobernadas se hizo demasiado larga.
No intenten negarlo, ustedes, los y las de arriba, viviendo en su mundo de alto confort generaron las condiciones para el estallido social en desarrollo. Nosotros apostamos por el triunfo de la paz, pero entendiendo que la ortodoxia económica que les ha permitido vivir “ricamente”, lo fue a costa de la excesiva explotación a que han venido siendo sometidas las partes más deprimidas, económica y socialmente hablando, de nuestro país, entre otras explicaciones.
Pongámonos nada a pensar que esta especie de rebelión de los y las de abajo, ha tomado gran fuerza en las zonas costeras, en la zona sur, en la pampa guanacasteca y en las llanuras de la zona norte, así como en importantes zonas de producción agropecuaria del Valle Central; sitios de residencia de miles de compatriotas que hoy con su grito social han puesto entredicho un orden económico altamente concentrador de la riqueza.
Nunca ustedes como clase gobernante tomaron en serio la buena fe de sectores de la sociedad civil cuando ante la realidad descrita ya venían formulando propuestas. Todas fueron menospreciadas, nunca tomadas en cuenta. Y todas siguen totalmente válidas, más que legitimadas ante la magnitud de los acontecimientos en desarrollo.
Se burlaron de los episodios de lucha social del año 2018, se burlaron de los episodios de lucha social del año 2019. En esta ocasión y a esta altura de lo que estamos viendo no creemos que les quede espacio para burlarse de nuevo.
Desde la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra lucha social cotidiana sentimos una enorme satisfacción de haber estado a la altura de los desafíos en desarrollo, pese a nuestros errores y/o subjetividades sin sustento. Sin embargo, como promotores del concepto sociopolítico de Democracia de la Calle, hoy celebramos un nuevo episodio de expresión concreta de la misma. Su máximo reclamo actual, “no más impuestos”, tiene una importante cantidad de significados que están reflejados en muchas de las propuestas-país que hemos formulado en estos años. Ahora bien, el “no más impuestos”, necesita delimitarse categóricamente; es decir, no más impuestos para el pueblo trabajador, para las capas medias altamente endeudadas y en vías de desaparición, ni para el micro-pequeño y mediano empresariado nacional. Deben entender que la clave es (darle vuelta a la tortilla) en materia tributaria y, por ende, rechazar cualquier tipo de convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La democracia de la calle, ¡otra vez se está manifestando!
