La ANEP y su Junta Directa Nacional, realizaron un merecido reconocimiento a Luis Gerardo Obando Chavarría, trabajador de la Municipalidad de San José quien ha permanecido afiliado a nuestra organización por 22 años.
Autor: ANEP
ANEP y Voces Unidas continúan trabajando juntas para apoyar al artista nacional
COVID-19 pone en jaque el sustento de más de 55 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico
– En el noveno aniversario de la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, nuevas estimaciones de la OIT ponen de manifiesto el riesgo que corren estos trabajadores debido a la pandemia del COVID-19.
ILOGINEBRA (OIT Noticias) – Nuevas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que casi las tres cuartas partes de los trabajadores y las trabajadoras domésticas del mundo –más de 55 millones de personas– corren un importante riesgo de perder su trabajo y sus ingresos debido al confinamiento y a la falta de cobertura efectiva de seguridad social.
La amplia mayoría de estos trabajadores, 37 millones son mujeres.
Los datos de junio indican que la región más afectada es Asia Sudoriental y el Pacífico, donde el 76 por ciento de los trabajadores domésticos está en situación de riesgo, seguida de las Américas (el 74 por ciento), África (el 72 por ciento) y Europa (el 45 por ciento).
En este sector, la crisis ha afectado tanto a personas cuyo empleo es formal, como a quienes trabajan de modo informal, pero estos últimos representan el 76 por ciento de quienes pueden perder su trabajo u horas de trabajo. En países con medidas de confinamiento más estrictas, quien realizaba trabajo doméstico, estuviera empleado formalmente o no, no podía ir a trabajar. Así, algunas de las personas que tenían un empleo formal han tenido derecho al seguro de desempleo, pero no ha sido el caso de quienes trabajaban un situación informal, para quienes la inmovilización ha supuesto la pérdida de los medios de vida, no contar con una red de seguridad de respaldo, y verse en aprietos a la hora de poner alimentos sobre la mesa.
La pandemia ha agravado la situación preexistente. Solo el 10 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico están al amparo de la seguridad social, lo que equivale a que los demás no tienen derecho a ausencias por enfermedad pagadas, acceso garantizado a la atención de salud, prestaciones por lesiones profesionales, o seguro de desempleo. Muchas de estas personas perciben una paga de no más del 25 por ciento del salario medio, por lo que carecen de ahorros con los que afrontar una emergencia financiera.
“La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad particular de los trabajadores y las trabajadoras domésticas informales, y la necesidad acuciante de que se les incluya efectivamente en el ámbito de protección laboral y social”, dijo Claire Hobden, Oficial Técnica de la OIT en trabajadores vulnerables, “la cantidad de mujeres afectadas es desproporcionada, pues son la amplia mayoría de quienes realizan esta actividad en el mundo.”
En algunas regiones, las trabajadoras domésticas son predominantemente inmigrantes que cuentan con su paga para mantener a la familia en el país de origen. Tanto el impago de los salarios como el cierre de los servicios del envío de remesas han puesto en situación de riesgo de hambre y de pobreza a las familias de estas mujeres.
Quienes vivían en el lugar de trabajo en general han seguido trabajando en confinamiento con sus empleadores. No obstante, se sabe que han trabajado más horas a causa del cierre de las escuelas, y que están realizando tareas de limpieza más exigentes.
En otros casos, los propios empleadores se han visto en dificultades económicas y han dejado de pagar a quienes tienen trabajando en su domicilio, o incluso han dejado de pagarles aduciendo que no necesitan el salario porque no pueden salir.
En algunos países, se ha dado el caso de inmigrantes que ejercían el trabajo doméstico y vivían en casa del empleador, y que se han encontrado en la calle después de que el empleador se deshiciera de ellos por temor a contraer el virus, dejándolos expuestos a la trata de personas.
La OIT está trabajando con organizaciones de trabajadoras y trabajadores domésticos y organizaciones de empleadores para que se garantice la salud y el sustento de estas personas. Está realizando evaluaciones rápidas del nivel y tipo de riesgos que afrontan, para que los gobiernos puedan formular políticas que garanticen al menos una cobertura de seguridad social básica, y para que dispongan de acceso a una atención de salud esencial y una seguridad básica de los ingresos.
Veintinueve países han ratificado el Convenio núm. 189 relativo al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos , adoptado hace nueve años por la Conferencia Internacional del Trabajo. Muchos más han adoptado medidas concretas para hacer extensiva la cobertura de la protección laboral y social a estas personas. La OIT ha ayudado a unos seis países a solucionar los déficits de cobertura.
Estas medidas han aumentado el número de trabajadoras y trabajadores domésticos en el empleo formal, pero el porcentaje general de informalidad sigue siendo elevado. La OIT ha hecho un llamamiento a acelerar con urgencia las iniciativas destinadas a formalizar el trabajo doméstico a fin de proteger de futuras crisis a quienes trabajan en este sector.
Asesores sindicales de la ANEP y ex trabajadores municipales se unen a demanda penal contra alcalde y fiscal de Talamanca
ANEP-Posición oficial sobre la crisis estructural de AyA
- Indignación, condena y preocupación por lo que pasa en AyA
- Deben sentarse todas las responsabilidades sin miramiento alguno
- Al parecer los enemigos están dentro de la institución y los privatizadores, felices, están al asecho
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.
ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.
Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.
ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.
Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.
ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA
Realidad Sindical Mundial Hoy: Libertades en retroceso
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
La Confederación Sindical Internacional (CSI), ha dado a conocer su Índice Global de los Derechos 2020, con la preocupante situación de que se trata del mayor número de violaciones en siete años. La corriente sindical nacional que representamos está adscrita a la CSI y, por eso, estimamos valioso que este importante señalamiento sobre Libertades Sindicales a nivel global se sepa en nuestro país.
La ruptura del contrato social queda expuesta en el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020, con el mayor número de violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en siete años.
Se ha intensificado la tendencia por parte de Gobiernos y de empleadores, a restringir los derechos de los trabajadores limitando la negociación colectiva y el derecho de huelga, y excluyendo a los trabajadores de los sindicatos, con un aumento del número de países que bloquean el registro de sindicatos.
Un incremento en el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión viene a demostrar la fragilidad de las democracias, mientras que el número de países que restringen el acceso a la justicia ha seguido siendo inaceptablemente elevado, al mismo nivel que el año anterior.
Una nueva tendencia identificada en 2020 guarda relación con escándalos respecto a la vigilancia gubernamental de dirigentes sindicales, en un intento de instigar temor y presionar a los sindicatos independientes y sus miembros.
La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró que: “Estas amenazas hacia los trabajadores, nuestras economías y la democracia eran endémicas en los lugares de trabajo y en distintos países ya antes de que la pandemia del COVID-19 viniese a trastocar vidas y medios de subsistencia. En muchos países, la represión existente contra los sindicatos y la negativa de los Gobiernos a respetar los derechos y entablar el diálogo social ha dejado expuestos a los trabajadores a la enfermedad y la muerte, dejando a los países totalmente incapaces de combatir la pandemia de manera efectiva”.
“Con la vista puesta en la recuperación y la construcción de economías resilientes, el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 constituye una referencia que utilizaremos para pedir cuentas a gobiernos y empleadores. Como si los datos del Índice no fuesen suficientemente chocantes, estamos viendo que algunos países van incluso más lejos. Con la excusa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus, están avanzando con su agenda contra los derechos de los trabajadores. Es una tendencia que debe frenarse y revertirse”.
Agrega la declaración de la compañera Sharan Burrow:” El Índice Global de los Derechos pone de manifiesto la ruptura del contrato social entre Gobiernos y empleadores y la gente trabajadora. Se registra una tendencia a restringir los derechos en el trabajo mediante violaciones de la negociación colectiva, privando a los trabajadores del derecho de huelga y excluyéndolos de los sindicatos.
“Pero el Índice es algo más que una simple lista de violaciones. Constituye un claro reflejo del déficit de derechos que hemos de corregir para construir el nuevo modelo económico que necesita el mundo cuando se recupere de la pandemia de COVID-19. Deberá ser una economía global resiliente, que se apoye en un Nuevo Contrato Social: un nuevo compromiso con los derechos en el trabajo, inversiones renovadas cumpliendo con el Estado de derecho, y sentar las bases para la democracia en el lugar de trabajo”.
La región de Oriente Medio y Norte de África es la peor región del mundo para los trabajadores y trabajadoras por séptimo año consecutivo, debido a la persistencia de inseguridad y conflictos en Palestina, Siria, Yemen y Libia, a lo que se suma el hecho de ser la región más regresiva en lo que respecta a la representación de los trabajadores y los derechos sindicales.
Los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2020 son Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajstán, Turquía y Zimbabwe.
La séptima edición del Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica a 144 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores/as. Entre las principales conclusiones figuran:
En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga.
En el 80% de los países se ha vulnerado el derecho de negociación colectiva.
El número de países donde se impidió el registro de sindicatos ha aumentado.
Tres nuevos países han entrado en la lista de los diez peores países para los trabajadores y trabajadoras: Egipto, Honduras, India.
El número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, pasando de 54 en 2019 a 56 en 2020.
Los trabajadores se vieron expuestos a actos de violencia en 51 países.
Los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido, en el 72% de los países.
Se registraron arrestos y detenciones de trabajadores en 61 países.
ANEP repudia agresión salarial y condena favoritismo al empresauriado evasor
MEP investigará a director que amenazó a Albino Vargas en Facebook
El Ministerio de Educación Pública (MEP) realizará una investigación en contra de un director de primaria de apellidos Rivas Selles, luego de que este amenazará, por medio de un comentario, al Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes durante la transmisión en vivo del programa Sin Rodeos por la plataforma de Facebook de Extra TV 42
Así lo confirmó el MEP, a través de su Departamento Disciplinario, en respuesta a la denuncia presentada por el diputado frenteamplista, José María Villalta, quien solicitó una investigación contra Rivas Selles quien se desempeñaría como director en la Escuela Sibujú de Talamanca, por indicar a través de un comentario “que ejecuten a Albino”, durante la trasmisión del programa Sin Rodeos., este último daba cobertura a la detención arbitraría e ilegal de Albino Vargas en Talamanca.
“La Dirección de Recursos Humanos procedió al dictado de la Resolución N° 1938-2020 de las trece horas con veinticinco minutos del doce de junio del dos mil veinte, mediante la cual, dio inició a la Investigación Previa-Docente N° 0172-2020, establecida obligatoriamente en los artículos 68 y 69 del Estatuto de Servicio Civil1, contra el servidor Rivas Selles, Profesor de Enseñanza Unidocente en Educación Indígena en la Escuela Sibujú de la Dirección Regional de Educación de Sulá.” Indica el documento del MEP
Además, indica “Aunado a lo anterior, le informe que el órgano investigador designado efectúa la indagación de cargos tendiente a determinar si existe mérito suficiente para iniciar procedimiento disciplinario”.
Respuesta a José María Vill… by EugenioGuerrero on Scribd
Denuncia en Juzgado
Rivas Selles quien también se desempeña como regidor suplente en la Municipalidad de Talamanca por el Partido Unidad Social Cristiana, fue denunciado por Albino Vargas Barrantes ante el Juzgado Contravencional bajo la figura de amenazas personales.
Para el líder sindical este tipo de hechos no pueden pasar desapercibidos sin darle importancia. “Si hace un comentario así, tiene que asumir las consecuencias”.
Por los hechos y la detención arbitraría e ilegal que se presentó en la Municipalidad de Talamanca, la ANEP también denunció ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, al alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez y Jorge Rojas González, Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, a quienes se les achaca los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.
Uccaep: una propuesta totalitaria y esclavista (Parte 2)
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
“Es más que notorio que la Uccaep exige responsabilidades, pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmite es el de que se considera una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía”.
Así de tajante es la categorización sociopolítica que le merece al respetado grupo de ciudadanos que se presentan al país como Grupo Economía Pluralista, la propuesta que el más grande sindicato patronal del país, la Uccaep, ha dado a conocer con el pomposo nombre de Un pacto por el empleo.
Para nosotros es contundente el sesgo esclavista de la propuesta de Uccaep y su comportamiento de clase en el juego democrático: ellos y el resto. Ellos ordenan, los demás obedecen. Es más, ellos no proponen, imponen.
El Grupo Economía Pluralista puntualiza, con gran acierto, las áreas de política pública que Uccaep desea sabotear con su propuesta: a) quieren la flexibilidad laboral (acabar con la histórica jornada de las 8 horas, por ejemplo); b) el debilitamiento financiero de las instituciones de la seguridad social (a Uccaep le molesta la existencia de la Caja); c) el debilitamiento de la normativa ambiental; d) los esfuerzos (que, por cierto, son poco, débiles y hasta ridículos) para el control de la evasión y de la elusión tributarias. Sin estas piedras angulares de una sociedad que se precie de democrática, entonces qué pretende la Uccaep: ¡una sociedad esclavizada!
Las voces expertas del Grupo Economía Pluralista resaltan que la propuesta de este tipo de empresariado “en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca ‘aplanar’ los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad”.
Y no solamente buscan “una economía ineficiente y de baja productividad”, la Uccaep pretende una clase trabajadora sin derechos laborales, prácticamente; sin seguridad social (especialmente, en materia de salud); y sin mayor capacidad salarial que le otorgue real poder adquisitivo. Y como si todo esto no fuese poco para la acumulación desenfrenada que anhelan, ojalá sin ninguna responsabilidad fiscal-tributaria de por medio. Nuevamente, el sesgo esclavista de la propuesta de Uccaep es innegable.
Solamente reparemos en las recientemente “descubiertas” condiciones sociolaborales y ambientales de producciones piñeras en la Zona Norte, donde la naturaleza inhumana y anticristiana de una especie de trabajo esclavo ha alimentado la propagación del coronavirus. Aunque todo el mundo sabía de esta cruda realidad y el Estado estaba mirando para otro lado, la situación de la explotación obrera por parte del capital empresarial comprometido en esa extracción productiva puede darnos una luz de cuál es el ideal de sociedad que quiere la Uccaep con su propuesta Un pacto por el empleo.
Este sesgo esclavista de la propuesta de la Uccaep está alimentado con una carga de cinismo político pocas veces vista en la historia nacional: platean sentirse “acosados”. Veamos cómo nos lo plantea el cívico Grupo Economía Pluralista: “Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto de los derechos humanos, son ‘acoso’ contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total desapego a las más elementales normas de convivencia en democracia”.
Nuestro artículo de la semana pasada catalogó de corte totalitario el documento Una propuesta por el empleo que está formulando el sindicato patronal Uccaep. En el presente ese sesgo totalitario se remarca con lo que denominamos una tendencia esclavista de las relaciones obrero-patronales que estas gentes empresarias (algunas ya muy contaminadas de conductas empresauriales), quieren imponerle a la sociedad costarricense.
El mundo obrero organizado y la sociedad civil deben alarmarse y empezar a tomar serias medidas de contrapeso: Uccaep tiene un total desprecio por “las más elementales normas de convivencia en democracia”, tal como nos lo alerta el Grupo Economía Pluralista.
No más agresiones salariales a los derechos del sector público
-ANEP rechaza, categóricamente, proyectos de eliminación de anualidades, impuesto de renta al salario escolar y eliminación del escuálido reajuste salarial
–Proyecto de empleo público fiscalista dogmático está destinado al fracaso
Los proyectos de ley en trámite, irresponsablemente acelerado, para eliminar el pago de anualidades para los años 2021 y 2022; así como el que pretende ponerle impuesto sobre la renta al salario escolar, generan la más fuerte condena y rechazo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
De la misma manera, es abrumador nuestro rechazo obrero-laboral a la pretendida anulación del escuálido reajuste salarial anual impuesto al sector Público para todo el presente año 2020.
Datos oficiales emanados del Ministerio de Hacienda nos indican que, apenas un 25 % del total de gastos del mal denominado Presupuesto General de la República para el presente año 2020, corresponde a la partida de remuneraciones: solamente un total de 2 billones 657 mil 708 millones 96 mil 547 colones (2.657.708.096.547), dentro de una suma global de 10 billones 509 mil 606 millones 847 mil colones (10.509.606.847.000).
Por tanto, es una soberana infamia y una gran canallada seguir insistiendo en este tipo de legislaciones anti-obreras contra los derechos salariales de las personas trabajadoras del sector público; hoy por hoy, como se está demostrando, bastiones fundamentales e imprescindibles en el primer frente de combate a la pandemia del coronavirus covid-19.
En el caso de las anualidades, la ANEP entregó ya a cada una de las 57 personas diputadas un extenso documento, preparado con gran solidez jurídico-legal, manifestando nuestra oposición a tal iniciativa, fundamentando incluso su eventual inconstitucionalidad.
Lo mismo estamos ya elaborando con relación a la indebida carga de renta sobre el salario escolar. A su vez, para la defensa del escuálido reajuste salarial por costo de vida impuesto para este año 2020, las argumentaciones jurídicas sobran y estamos en puertas de apersonarnos a las instancias correspondientes.
“En cuanto al proyecto de empleo público, incluso en su nueva versión, la colección de inconstitucionalidades es impresionante; además de que impulsarlo bajo los sesgos fiscalistas que le contaminan producto de la intensa campaña de odio, de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público, solamente auguran un clima de tensión política y de conflicto social como atmósfera fundamental de su tramitación parlamentaria. Prácticamente tenemos listo nuestro documento argumental de carácter integral listo para entregarlo al parlamento”, indico Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
La opción de la movilización social, activa y unitaria, adaptada a los tiempos del covid-19, es ahora más legítima que nunca. ANEP jamás renunciará a dar su aporte para una convocatoria compartida, transparentemente coordinada y dirigida.
ANEP hace un llamado a todas sus bases laborales del sector público y, en lo específico, a cada una de las personas dirigentes de las correspondientes seccionales, impulsar ya los dispositivos de lucha pertinentes.
