Autor: ANEP

Solidaridad tributaria: ¡ahora le toca a los superricos!

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Subir impuestos a los más ricos reducirá la desigualdad sin dañar el crecimiento”. Este es el criterio de la señora Kristalina Georgieva, Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), asunto que ya venimos mencionando pero que necesitamos insistir mucho más en este punto y por los más diversos medios. Ella publicó este artículo recientemente y nosotros leímos la nota del caso en el sitio web estrategiaynegocios.net, el cual, a su vez, lo consignó de un relevante sitio internacional de noticias del capital y de los negocios denominado Business Insider. Así que las fuentes son cualquier cosa, menos pro-sindicales.

En esa misma dirección, otro artículo llegó a nuestras manos y nos causó tremendo impacto: “Reino Unido: avanza el impuesto a los ricos con fuerte aval de la población”. Se nos indica, además, lo siguiente: La iniciativa gana terreno en la gestión de Boris Johnson, y cuenta con el apoyo del 61% de los británicos. Digite baenegocios.com y se encontrará esta interesante nota de prensa: “… una encuesta de YouGov publicada a mediados de mayo mostró que el 61% de los británicos estaban a favor de un nuevo impuesto sobre el patrimonio para las fortunas de más de 750,000 libras”.

“Portugal cobrará tasa solidaria a los bancos para atender crisis del covid-19”, otro artículo en la misma línea: está en esta dirección digital: elperiodicocr.com/Portugal: “En Europa Portugal es uno de los países que mejor control ha tenido de la pandemia del Covid-19 y sigue implementando medidas públicas que muchos aplauden y otros no, pero los resultados son eficientes. Ese país anunció que cobrará una tasa solidaria a la banca pública y estatal para responder a la crisis por el nuevo coronavirus”.

Solidaridad tributaria: ¡Ahora le toca a los superricos! Al momento de la detección del primer caso del coronavirus covid-19 en el país, el 6 de marzo, el sistema financiero-bancario costarricense tenía en depósitos del público en moneda extranjera, unos 35 mil millones de dólares. ¿De cuál público estamos hablando?

Del millón de personas desempleadas a esa fecha, ¡no creemos! de las micro-pequeñas y medianas empresas asfixiadas por la imposición del impuesto al valor agregado (IVA), con la ley del combo fiscal, ¡tampoco! ¿De las personas trabajadoras asalariadas del Estado? Tal vez, una reducidísima cantidad, pero no creemos que tuvieran depósitos del público en moneda extranjera en cantidades astronómicas. ¿Y qué decir de las miles de personas trabajadoras asalariadas del sector privado, gran parte de las cuales solamente gana el salario mínimo de ley o, ligeramente por encima del mismo, sin hablar de las que se quedaron sin ingresos producto del covid-19? ¿Creen ustedes que estas personas tengan en el sistema bancario-financiero del país depósitos del público en moneda extranjera?

Debemos repetirlo de manera insistente: hasta unos 35 mil millones de dólares estaban como depósitos del público en moneda extranjera en el sistema financiero-bancario del país a la llegada del covid-19. Si ninguno de los segmentos sociales indicados en el párrafo anterior tenía para esa fecha, 6 de marzo de 2020, depósitos del público en moneda extranjera en esa cantidad, entonces, ¿quién los tenía? ¡Los superricos!

Es que no es posible aceptar que la inmensa mayoría de la población costarricense siga siendo la sacrificada mediando la continuación de un modelo económico que ha sido tan explotador que permitió que esa inmensa cantidad de millones de dólares, 35 mil millones de dólares, estuviera como depósitos del público en moneda extranjera al momento del primer caso del covid-19 en el país.

No puede el presente gobierno ni las actuales personas diputadas pretender que la gente acepte, dócilmente, más impuestos: ni aumentar el IVA, ni impuesto al salario escolar, ni a la canasta básica, ni más impuestos indirectos (los que paga todo el mundo sin discriminar capacidad de ingreso). Tenemos que rebelarnos, de manera inteligente y cívica, ante estas funestas iniciativas.

Gran parte de esa millonada en dólares que se catalogan como depósitos del público en moneda extranjera debe tener orígenes diversos, algunos éticamente correctos y otros no tanto; en este caso, de seguro es la mayoría. Con un empresauriado evasor y elusor de impuestos, con un sistema de robo tributario anual superior a los 8 puntos PIB, con un sistema de exenciones-exoneraciones igual a los 6 puntos PIB; con una impresionante cifra del dinero sucio procedente del crimen organizado y del negocio del narcotráfico, ¿cómo no explicarnos que hubiese 35 mil millones de dólares a la llegada de la pandemia en depósitos del público en moneda extranjera? Es a estos grupos/personas de los superricos a los cuales les toca ahora, al menos, una solidaridad tributaria frente a la crisis en desarrollo. ¡No a la gente!

Calificadoras de riesgo, regla fiscal y municipalidades

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Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Bien hizo la abrumadora mayoría legislativa que decidió excluir a las municipalidades de la regla fiscal, reparando el grave error político cometido por ella misma, cuando en diciembre de 2018 votó por imponerle al país la estrambótica ley Fortalecimiento de las finanzas públicas,profundamente detestada por la población; golpeándole el corazón al régimen municipal costarricense: su autonomía constitucional.

La gendarmería ideológica del sistema económico dominante, el del desastre de la exclusión social y económica, mediante su periódico estrella, está bufando de cólera, escupiendo rayos y centellas porque la policía financiera del planeta, las calificadoras de riesgo, argumentan que esa legislación, la de la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal, es la “culpable” de que la calificación riesgo-país de Costa Rica esté en caída. El enojo de dicha prensa se contrapone a la satisfacción de la corriente sindical en la cual militamos por haber impulsado y apoyado tal legislación.

Nada más injusto y nada más temerario para la propia estabilidad democrática del país que continuar con esos esquemas y dogmas de ortodoxia económica cuando todos los indicadores muestran que andamos mal en integración social; situación que ha agravado la pandemia del covid-19 con cuestionables decisiones gubernativas contrarias al derecho de las personas trabajadoras, pero sí muy oportunas para un empresariado afín a la evasión y a la elusión fiscales y tributarias.

Las calificadoras de riesgo, como bien apuntó el señor Ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto Jiménez, no le dan de comer a la gente. Por el contrario, tienen responsabilidad por la muerte y por la pobreza de millones de personas dado que nunca se han preocupado por la importancia de la vigencia plena de los Derechos Humanos en las sociedades-países que evalúan, cuando éstos están, per se, intrínsecamente ligados a sistemas tributarios justos y equitativos.

Las legítimas aspiraciones para el establecimiento de sociedades realmente democráticas, con inclusión socioeconómica y productiva, entran en colisión cuando las variables fundamentales de las calificadoras se centran, únicamente, en el nivel de producto interno bruto per capita, algo sumamente engañoso.

Además, el crecimiento real del PIB, el nivel de deuda pública y el balance de la gestión del Gobierno para honrar sus compromisos financieros al respecto, agravan más las posibilidades políticas de tener un desarrollo integral de las personas; si se omite que todo eso pasa, necesariamente, por un sistema de distribución justo y de los beneficios del crecimiento económico que no miden las calificadoras.

Más desarrollo económico, más y mejor distribución de la riqueza, más inclusión social y productiva no es más que, más democracia y más calidad de la misma. Las municipalidades están destinadas a jugar un rol sumamente estratégico en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, considerando que es el gobierno más cercano a la gente.

Esto no les importa a las calificadoras de riesgo, como no les importa a quienes en el país han acumulado riquezas inconmensurables y a sus cuadros gerenciales ideológicos y político-tecnocráticos que controlan la gestión macroeconómico fiscal y financiera, ganando jugosos salarios, regalías y dividendos no oficiales.

Hace tiempo que el Banco Central de Costa Rica, que el Ministerio de Hacienda y que la Contraloría General de la República trabajan teniendo como eje central de su quehacer político fundamental las líneas ideológicas que se marcan desde las calificadoras de riesgo. Prefieren quedar bien con la policía financiera del planeta que no con la gente, que no con bien común.

“¡Montaje”, “cuadronazo” ¡violación de derechos fundamentales!

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Mainor Anchía Ángulo, Directivo Nacional ANEP

El ejercicio sindical tiene rango universal de Derecho Humano fundamental; de la misma estatura jurídica que es el tener derecho a la nacionalidad, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, así como de otros derechos y libertades establecidas en nuestra Carta Magna. Al efecto, cita el numeral 60 de nuestra Constitución Política: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

La Ley Laboral establece en el numeral 363.- “Prohíbense las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores”.


“Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en la forma y en las condiciones señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la infracción de disposiciones prohibitivas”.

No obstante lo anterior, en días recientes fue de conocimiento público la detención de uno de los líderes sindicales de mayor exposición mediática, el que posiblemente resulta más incómodo para los sectores dominantes de nuestro país, me refiero a don Albino Vargas.

La detención de un personaje como don Albino Vargas Barrantes (amado por unos y odiado por otros), no podría pasar desapercibida, muchísimo menos por aquellos sectores que, de manera abierta y pública, adversan su pensamiento ideológico, así como sus posiciones en torno con algunas decisiones políticas.

Uno de ellos, posiblemente, sea el ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, el cual, al mismo tiempo en que se mantenían las diligencias en Talamanca, estaba brindando “detalles” en un programa de radio incurriendo, por cierto, en algunas imprecisiones sobre lo que sucedía en la zona Atlántica.

Transcribo parte de sus declaraciones: “Recibimos una llamada del alcalde Talamanca donde pide la presencia de la Fuerza Pública, ya que cinco personas, dentro de las cuales va el sindicalista este señor, ingresan según la versión del alcalde, abruptamente a la oficina, tienen una discrepancia que aparentemente termina a los golpes entre el grupo de sindicalistas y funcionarios de la municipalidad, y resultan algunos con golpes. “Llega la Fuerza Pública para la situación, se van para el comando, la policía ahí del comando del sector y entrevistan a testigos, escuchan las versiones de ambas partes y el Ministerio Público local, el fiscal se llama Johnny Rojas si mal no recuerdo, basado en la versión de los testigos decide detener a este señor y a los acompañantes, son cinco detenidos”. (El subrayado es nuestro).

El jerarca de la cartera de Seguridad Pública fue, una vez más, impreciso en sus declaraciones, tal y como sucedió con la muerte de tres compañeros policías de la Policía de Fronteras en el sector de Crucitas, aunque después adujo que uno de sus colaboradores filtró el polémico audio.  

Dice el ministro: “entrevistan a testigos y demás, escuchan las versiones de ambas partes y el Ministerio Público local, el fiscal basado en la versión de los testigos decide detener a este señor y a los acompañantes, son cinco detenidos”. ¡Ojo! Según esas declaraciones, los compañeros de la Fuerza Pública hicieron entrevistas de testigos, escucharon la versión de ambas partes y luego el Ministerio Público decide detener a don Albino Vargas, y sus compañeros; sin embargo, del informe policial se desprende que el fiscal habría recibido el mismo al ser las 16:02 horas del día, casi cuatro horas después de haber ordenado su detención. Además, en el mismo no se recoge la versión de don Albino y de sus compañeros, o sea, únicamente se escuchó una de las versiones, a pesar de lo confuso de la situación.

Al efecto, establecen los artículos 37 y 39 de nuestra Constitución Política lo siguiente:

ARTÍCULO 37.- “Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas”. El subrayado y la negrita son nuestros.

Artículo 39.- “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. (…)”. El subrayado y la negrita son nuestros.

Ahora bien, el informe policial presenta una serie de inconsistencias que permiten arribar en alto grado de presunción, que tanto a don Albino como a quienes le acompañaban les fueron vulnerados derechos fundamentales; además, de que pudieron ser victimas de un montaje, o lo que, en la jerga policial se conoce como un “cuadronazo”. El líder sindical, Albino Vargas, no es parte de una organización criminal, parece por ello extraño que el ministro Soto no solamente manejara detalles de su detención, sin que el informe estuviera redactado, sino que, además, los hiciera públicos en un programa de radio. 

El informe policial, que no parece establecer una secuencia de hechos de manera cronológica, cita en el ítem número 3). “A las 11:44 horas se aprehende a Albino Vargas Barrantes”. No obstante, eso no pudo suceder (a menos que no se le hubiera comunicado), porque al medio día don Albino estaba dando declaraciones ante un medio de comunicación nacional, justamente en ese momento, se da la orden del fiscal de Talamanca, de detenerlo y ponerlo a la orden del Ministerio Público ¿Coincidencia?…

Lo cierto es que don Albino había anunciado con antelación su visita a la municipalidad de Talamanca. Luego, me parece particularmente extraño que, en momentos en que los costarricenses estamos agobiados por el Covid 19, el desempleo, la paralización de la economía, y la creciente inseguridad ciudadana, el ministro de seguridad pública, estuviera en una entrevista (por casualidad), en la cual parecía muy satisfecho con la detención de un dirigente sindical, como si tal se hubiera detenido al líder de los carteles de la droga que operan en nuestro país.  

Acuerdo “stand-by” entre el Gobierno y el FMI traerá más miseria, sufrimiento, exclusión y desestabilización social

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– Gobierno debe abrirse a la ciudadaníany dejar del secretismo en esas “negociaciones”.

-Ni venta de activos, ni más impuestos a los que menos tienen, ni más recortes al gasto social, ni despidos.

Tenemos que ser contundentes y dejar muy bien definida la posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al inminente acuerdo-préstamo conocido en la jerga de los mercados financieros internacionales como “stand-by”, que pretende firmar el actual Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas políticas nada bueno traen para los pueblos que son obligados a asumirlas.

La pandemia del coronavirus covid-19 vino a aportar más dolor y más estrés social a la gran mayoría del pueblo costarricense, el cual ya sufría de alto desempleo e informalidad, alta carestía de la vida, alta evasión-elusión fiscales, alta concentración de la riqueza y alta exclusión socioeconómica, incluida alta depreciación del poder adquisitivo de los salarios.

Es inamisible y lo rechazamos tajantemente que el acuerdo “stand-by”, por un monto de 2 mil 250 millones de dólares, facilitados en tres tercios a lo largo de los próximos tres años, de 750 millones de dólares c/u, suponga un aumento de impuestos de carácter indirecto, como una eventual subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al 15 % y hasta en una cifra superior.

Igualmente resulta inaceptable el planteamiento fondomonetarista de “venta de activos”, considerando que la práctica totalidad de las empresas públicas que todavía siguen siendo propiedad costarricense, son vitales para atenuar el acelerado deterioro de la inclusión social; y, por el contrario, revitalizadas y excluidas de ellas la politiquería, son pilares de la promoción del bien común de las generaciones presente y futura.

Es sumamente peligroso que el planteamiento sobre mayores recortes de gasto pueda incluir fondos destinados, precisamente, a evitar mayores niveles de exclusión social y económica; e, incluso, decisiones que puedan pulverizar la propia Seguridad Social del país y, particularmente, el servicio de Salud; ambos hoy en grave riesgo institucional y de estabilidad financiera.

Por otra parte, no se puede someter al país al flagelo del despido de cientos y cientos, hasta de miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, como ha sido la tónica en otros países que se someten a los dictados del FMI, como los de los acuerdos “stand-by”. En este apartado y al igual que en los anteriores, debemos formular una alerta roja a todas las agrupaciones civiles, profesionales y sindicales honestas que tienen mucha responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos por venir.

Sólo es comprensible que se pretenda imponerle al país un convenio tan perjudicial como el “stand by”, a partir de bases ideológicas formadas en el fundamentalismo fiscalista macroeconómico-neoliberal si, por ejemplo, las reservas internacionales en dólares que guarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), están llegando a los 9 mil millones de dólares, cantidad más que suficiente para sustituir esos 2.250 millones $ que vienen a ser como un humillante precio por la venta del país. Al BCCR le quedaría un 75 % de sus reservas. Y éste es tan solo un ejemplo de un abanico de alternativas para el manejo del déficit y de la deuda.

Mucho queda por decir, por plantear, por cuestionar y por demandar. En lo inmediato, el Gobierno de la República, habida cuenta del deterioro de su credibilidad y la pérdida de su propia legitimidad, debe impulsar un real diálogo social, sin exclusiones, para tratar este delicado asunto. Deben tener presente que el buen manejo de la pandemia no les da la autoridad política, suficiente y necesaria, como para comprometer el futuro del país en aras de un marco ideológico excluyente y voraz en cuanto al manejo del déficit fiscal y del endeudamiento público.

San José, lunes 15 de junio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)

II charla virtual: Marco jurídico del teletrabajo

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La Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) invita a toda la afiliación de la ANEP a participar de la II charla virtual sobre el Marco Jurídico del teletrabajo.

La charla será impartida por medio de plataforma Zoom por lo que los participantes deberán tener acceso a internet, una computadora, tablet o teléfono inteligente.

Será impartida el próximo martes 16 de junio del 2020 de 5 p.m. a 7 p.m., los interesados en recibir la charla pueden inscribirse en el correo electrónico marialaura@anep.or.cr. Es importante aclarar que el acceso a la charla solo será mediante previa inscripción.

Seccional ANEP-AyA denuncia faltante de protocolos sobre COVID-19 en planteles de Acueductos y Alcantarillados

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La Seccional ANEP-AyA denunció ante las máximas autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) la carencia de protocolos e insumos de higiene, para prevenir el contagio de COVID-19 en varios planteles de la institución.

Así lo consigna una nota publicada por Diario Extra este 12 de junio donde se explica que varias cuadrillas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) trabajan en planteles de la entidad donde no hay ni agua potable ni jabón de manos, por eso están muy molestos y piden a la administración que corrija de forma inmediata esa situación de riesgo ante la pandemia de Covid -19. 

Sin agua y jabóm

Diario Extra también indica que, los jerarcas no tienen listo aún el protocolo de salubridad para sus empleados.

Las cuadrillas tienen más de 15 días de salir al desarrollo de sus labores de campo sin conocer lo que es la aplicación de protocolos sanitarios oportunos luego de que el pasado 15 de mayo el AyA comunicó que todos los trabajos retornarían a su normalidad, a saber: atención de fugas, reparaciones, lectura de medidores, entre otras. Pero el pasado 20 de marzo la institución las pausó nuevamente, indica el medio de comunicación.

Además amplia, Sin embargo, la situación tuvo un punto de quiebre este 8 de junio, luego de que en la zona de Pérez Zeledón varios trabajadores afiliados a la ANEO hicieran un paro por la desprotección en que se encontraban por parte de su patrono.

Dicha situación no es exclusiva del Valle de El General, pues los problemas también se presentaron en oficinas de la provincia de Puntarenas, San Vito de Coto Brus y Santa Cruz en Guanacaste, entre otras.

 La Seccional de ANEP-AyA y otros sindicatos denunciaron la situación, la cual consideran que lesiona intereses y derechos fundamentales de los colaboradores.

Edwin Marín, presidente de la seccional indicó a Diario Extra que las cuadrillas hacen peticiones razonables para ponerse a salvo, piden no salir en grupos grandes a labores de campo, que en los planteles haya agua y jabón para la higiene de manos y la disposición de dispositivos de protección como máscaras o caretas, entre otros.

“Nosotros no entendemos por qué se debe de salir con una denuncia para que ocurran las reuniones, como es el caso de que hasta hoy se emitiera un protocolo para lo que es el personal operativo cuando llevamos más de tres meses de pandemia”, manifestó Marín.

Además, Marín dio a entender que hace apenas dos días el grupo asesor de la gerencia general del AyA les confirmó que se encontraban en el diseño de los protocolos y que su distribución empezaría con prontitud a las distintas sedes regionales. 

Lo anterior podría reafirmar que por varios días los colaboradores de la institución estuvieron con un trabajo ejecutado bajo su propio riesgo en el campo, sin embargo, a quienes están en las oficinas sí les entregaron los respectivos insumos para laborar con mayor seguridad.

“Hasta donde tenemos entendido, el ingeniero Irving Zelaya giró la disposición inmediata de que las cuadrillas no salgan en su totalidad, que sean grupos reducidos, además de colocar piletas para el correspondiente lavado de manos, el alcohol en gel. Es así como los compañeros se sienten satisfechos con lo acordado y así se levanta el paro”, explicó Marín.

Mensaje del Secretario General de la ANEP a trabajadores del plantel del AyA en Pérez Zeledón

Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y extranjería: “Urgen recursos para hacer un mejor trabajo”

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Ante las declaraciones del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, de que son necesarias las inspecciones en las plantaciones agrícolas; la Seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) alega de que la petición sería posible si se le asignan «los recursos necesarios para hacer un mejor trabajo en beneficio de la ciudadanía».

Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME explicó que al momento en que se retire a todo el personal dedicado a reforzar el control migratorio en las fronteras, las oficinas policiales regionales de Migración en San Carlos, Los Chiles, Las Tablillas, Upala y Sarapiquí quedarían con 37 oficiales para el trabajo diario, distribuidos de la siguiente manera:

San Carlos 12
Los Chiles 5
Las Tablillas 12
Upala 4
Sarapiqui 4

El horario es de 7 a.m. a 7 p.m., en dos turnos de 3×3. Sólo Upala y Sarapiquí trabajan de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. con un oficial disponible para fines de semana

Se estiman un faltante de 84 a 100 oficiales para la zona norte (sin contar la zona de Peñas Blancas), en el cual se pueda hacer un horario de 24 horas

ANEP denuncia ante Ministerio Público 4 posibles delitos en detención arbitraria e ilegal de Albino Vargas Barrantes

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–Informe policial presenta grandes y graves inconsistencias

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante el Ministerio Público la denuncia penal por la detención arbitraria e ilegal que sufrió el pasado 3 de junio el Secretario General de la organización, Albino Vargas Barrantes, en la zona de Talamanca, donde se solicita investigar cuatro posibles delitos.

En la denuncia que fue presentada este jueves 11 de junio, ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, figuran como imputados el alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez y Jorge Rojas González, Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, a quienes se les achaca los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.

Sobre el delito de abuso de autoridad la denuncia indica que se estaría bajo este ilícito ya que “el fiscal no contaba ni con denuncia penal formal ni con informe policial alguno y si bien, el alcalde confirma su (la del fiscal) presencia en la Municipalidad, lo cierto del caso es que a pesar de que se da un conflicto de varios contra otros, éste, ordenando u cometiendo cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien, detiene para investigar y no investiga para detener”, esto respaldado en el artículo 338 del Código Penal.

Con respecto al delito de incumplimiento de deberes, éste se le achaca al alcalde de Talamanca Morales Rodríguez quien, en vez de recibir una documentación oficial contra el municipio y su persona, ordenó la detención de los representantes de la ANEP.   

La denuncia presentada por la ANEP, también solicita que se investigue el posible delito de tráfico de influencias, ya que el propio alcalde de Talamanca confirmó en un medio de comunicación que, el fiscal Jorge Rojas se encontraba en su oficina durante los hechos.

“…se desprende que la presencia del fiscal en la oficina del alcalde tal y como este último lo afirmó es factible de subsumirse en lo descrito por el numeral 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito cuando mediante un tráfico de influencias, el alcalde de Talamanca -influyendo en un servidor público- (el fiscal aquí imputado), prevaleciéndose de su cargo influyó en el fiscal para que éste haga un acto o resolución propio de sus funciones, de modo que genere un beneficio económico o ventaja indebido para sí o para otro”. Dicha ventaja podría apreciarse en un alcalde que no resolvería un tema laboral que le era álgido y en una protección velada a otro sindicato del cual no era asociado el funcionario que a nosotros (ANEP) había recurrido para la defensa adecuada de sus derechos”, indica la denuncia.

Denuncia ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción

Finalmente, la ANEP solicita al Ministerio Público investigar si durante los hechos, la detención y la indagatoria de los representantes de la ANEP se generó una denuncia calumniosa, ya que se cuestiona la forma en que se recabaron los testimonios, así como el propio informe policial.

Ademas, la organización sindical presentó una queja contra el Fiscal de Talamanca ante la Fiscalía General de la República, para que se investigue el actuar de Jorge Rojas González.

Cuestionamiento de informe policial

Para Mainor Anchía Angulo, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública y Directivo Nacional de la ANEP, con más de 9 años de carrera policial y 5 años en área administrativa, ambos en Fuerza Pública, existen varias inconsistencias claras y graves en el informe policial, lo que genera muchas dudas y cuestionamientos.

“En el punto 1 del informe policial se indica que a las 11:30 a.m. el subjefe de la delegación observa que en las instalaciones de la municipalidad (Talamanca) hay un disturbio, a las 11:32 a.m.  llegan al municipio, a las 11:44 a.m. indican que se aprende a Albino Vargas, esto sin comunicárselo. Sin embargo, una hora después el supuesto detenido está brindando una entrevista en vivo con su celular a Noticias Repretel, lo que comprueba que aún no ha sido detenido, ya que de haber sido detenido debió realizarse el decomiso del celular e ingresar al aprendido a una celda de la delegación”, indica Anchía.

Otro cuestionamiento que realiza Anchía sobre el informe policial, es que este tiene el sello de la fiscalía de Bribri con una hora de recibido de las 16:02 horas, pero en el informe, en el punto 7, dice que fue confeccionado para los trámites a las 16:30 horas. “¿Cómo fue entregado antes?, esto permite la presunción que hay una irregularidad”

Dentro de las irregularidades más llamativas encontradas en el informe policial, se encuentra que el testimonio del sindicalista Winston Norman fue tomado a las 11:20 a.m., pese a que en el punto 1 del informe se indica que la Fuerza Pública se apersonó a la Municipalidad de Talamanca a las 11:32 de la mañana para atender la situación.

“Las horas descritas en el informe policial no concuerdan, como es el caso de la declaración de Winston Norman, algo completamente irregular. Incluso, se observa claramente que las entrevistas que confeccionaron los policías a los supuestos testigos fueron escritas por las mismas personas ofendidas, cuando debe ser el oficial quien transcriba la declaración. El informe está plagado de inconsistencias, que evidencias una manipulación de los hechos”, manifestó Anchía. 

Los hechos

La detención de Vargas Barrantes y de las personas que le acompañaban se da luego de que éstos se presentaran en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.

Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo.

Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP.

Segunda denuncia

En próximos días, la ANEP presentará una segunda denuncia en contra de las mismas personas; denuncia colectiva a cargo de los tres asesores sindicales acompañantes de Vargas Barrantes, personal profesional integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la agrupación y especialistas en organización de los colectivos laborales municipales, Álvaro Valverde Granados, Antonio Ortiz Fiorabanti y Gerardo Cascante Amador. Además, denunciarán los trabajadores despedidos de la Municipalidad de Talamanca, Jonathan Cascante Torres y Christian Rivera González, Presidente y Vicepresidente de la recién conformada Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Talamanca.

ANEP solicitó hace dos meses a Municipalidad de Heredia tomar acciones para prevenir contagio de Covid-19

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La confirmación del contagio de un funcionario en la Municipalidad de Heredia con Covid-19, no sorprende a la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la cual desde el pasado 3 de abril envió una carta a las autoridades municipales donde solicitaba ajustar los mecanismos de trabajo y aplicar protocolos definidos para prevenir el contagio.

La carta fue enviada el pasado 3 de abril del presente año al alcalde municipal José Manuel Ulate Avendaño y a los miembros del Concejo Municipal.

“ (…) Es por eso que remitimos una serie de planteamientos a considerar por parte de su digna autoridad a fin de que se inste, de forma vehemente, a los señores a las distintas jefaturas, gestores de área, así como a todo funcionario o funcionario del municipio, y se articulen esfuerzos entre alcaldías y las personas integrantes del Concejo Municipal de su cantón, y con esto reforzar las medidas para mayor contundencia y consistencia, en resguardo de los trabajadores de aseo de vías, de recolección de basura y de tareas similares con alta exposición de salud”, indica el documento.

El sindicato en representación del Secretario General, Albino Vargas Barrantes, trató de presentar una serie de situaciones que rodea al personal, primordialmente, a los trabajadores de recolección de residuos sólidos y a los de campo.

Parte de las solicitudes que presentó la ANEP consistía en que las jefaturas planificaran la labor por tareas para evitar concentraciones de trabajadores en los planteles, crear grupos de trabajos con jornadas distintas y en tiempo prudente que les permita cumplir con los protocolos de entrada y salida, en este último aspecto, que se tome en cuenta la planilla de limpieza, descontaminación y aseo del equipo y de los trabajadores.

Además, se suma la petición de disponer personal en los planteles que se encarguen de realizar aseo constante y a que, a la vez, se guíen también con una planilla de tareas por cumplir.  Y, por último, se solicitó que el personal trabajador encargado de atender al público o contribuyentes lo hicieran con consultas vía telefónica o por los distintos medios electrónicos.

Para la ANEP no dejar de ser preocupante la desprotección de los funcionarios municipales quienes deben cumplir con sus labores, pese a la falta de planificación en las funciones para así prevenir ser una cifra más en la cantidad de contagios.

El edificio de la Municipalidad de Heredia se mantendrá cerrado hasta el viernes, debido a que el Ministerio de Salud confirmó un caso positivo en el municipio herediano.

s.g. 17-21-1990 20 Coronavirus Municipalidad de Heredia by Yariela Novo on Scribd