Autor: ANEP

El tren eléctrico puede esperar…¡La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no!

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  • Costo total de este proyecto equivale casi la mitad de lo que el Estado le debe a la CCSS
  • Las reservas internacionales del país podrían financiar el aporte del país
  • Demasiadas cosas faltan de ser auscultadas en este proyecto multimillonario

El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!

El criterio oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en tal sentido, es que la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe ser atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense, cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de ₡1 billón 900 mil millones… hasta este momento.

 Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará ₡703 mil 950 millones, por los 73 kilómetros que en un inicio se dijo que costaba construirlos. Esto es un promedio de ₡9 mil 643 millones por km.

 Se indica que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a ₡855 mil millones.

 Pasar de un costo total de ₡703 mil 950 millones a ₡855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de ₡151 mil 050 millones por esos 11 km. adicionales; es decir, ₡13.731 millones por cada uno de esos 11 km. adicionales. Algo no nos calza aquí…

 Nótese que los 74 km iniciales salían a un promedio de 10.178 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?

 Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de ₡1 billón 900 mil millones, los ₡855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50 % de esa deuda; para ser exactos, un 45%.

 Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que presta los $550 millones para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja.

Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad, considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales que superan los $8 mil millones: apenas un 6.8 % representan esos $550 millones que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.

Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares,  en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país ya era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que venían golpeando a la Democracia misma.

 Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie que ya han entrado en escena como suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario dejar al desnudo si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, construyendo desde ya una plataforma personal.

 En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. El tren eléctrico puede esperar, ¡la Caja, no!

Objetivo oculto, maltratar al trabajador del sector privado

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Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de ANEP

En ANEP estamos acostumbrados a enfrentar a diario el constante, siniestro, e inescrupuloso ataque contra el empleo público, emprendido por los neoliberales, a través de algunos grupos de poder empresarial, político y de medios de comunicación (últimamente también valoramos si estructuras de crimen organizado son parte de estas alianzas). Por ello, nuestra ideología está más que clara, nuestras posiciones son reflejo del sentimiento de defensa de los derechos laborales que han costado siglos alcanzar, y por supuesto, cuando el tópico a abordar trata de salarios, ya nos sabemos de memoria las venenosas aseveraciones utilizadas por la contraparte, para desvencijar la clase obrera del sector público ante la opinión pública.

Una de las más gastadas afirmaciones es aquella que apunta a que el funcionario gubernamental ostenta remuneraciones salariales millonarias. Lamentablemente, existen algunas plazas con salarios de seis, ocho, nueve millones y hasta más (como en este momento Rocío Aguilar), Lo curioso es que los titulares de esos puestos se caracterizan por tener una cercanía con importantes figuras políticas, colocadas allí por los mismos grupos de poder que pegan el grito al cielo por los salarios del sector público.

Por eso, desde ANEP, siempre hemos dicho: ¿De cuál empleo público quieren hablar? Porque si, existen dos realidades distintas, creadas y sostenidas por los mismos que atacan a las personas que laboran en el sector público. Por un lado, tenemos a los burócratas amigos de políticos y empresarios, con altos puestos y salarios mayores a lo que merecen, y por otro, a la aplastante mayoría de trabajadores, esos que apenas les alcanza la quincena para comer, y que se ahogan en deudas. Salarios como los de los obreros de campo de las municipalidades, cocineras de los CEN-CINAI o del MEP, oficinistas del gobierno central y policías, son solo algunos de cientos de ejemplos de personal que gana una miseria.

Las repudiables líneas argumentales de los repetidos discursos de ataque contra el empleo público (que hoy por hoy siguen recitando en UCCAEP como loros), nunca habían alcanzado a materializarse con tanta claridad como con la presente Administración. Fuerzas que se anulaban a sí mismas fueron liberadas con la llegada al poder del actual presidente de la república, quien junto con su equipo de trabajo ha dejado en claro los intereses que defiende, y que no son justamente los de la clase trabajadora, ni del sector público, ni menos del sector privado. Así fue como nuestra sociedad testificó el mayor golpe de regresividad laboral de la historia, con la aprobación de la fatídica “ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635” (combo fiscal). Esta asquerosa normativa no solo es el fiel retrato la actual clase política al poder, incapaz de establecer medidas progresivas o equitativas, y tomar decisiones que favorezcan al más necesitado; sino que también arrebató de las manos de los trabajadores una gran porción del poder adquisitivo económico e incrementó el costo de la vida.

Ahora bien, quienes se desempeñan en el ámbito privado pensarán que todo lo anterior no les afecta en nada, total ya las condiciones laborales en que se desenvuelven son malas. Justamente esa es parte de la génesis del ataque de los neoliberales al sector público, son las violaciones diarias a los derechos laborales del sector privado motivaciones para que el contubernio entre UCCAEP, con ciertos medios de comunicación, se encuentren buscando un constante enfrentamiento entre trabajadores de públicos y privados.

Es por ello que la trifecta empresarios-políticos-medios se empeña en manipular la opinión pública, para que los trabajadores rechacen la figura de los sindicatos y que no consigan organizarse para exigir el cumplimiento de las garantías laborales que a diario les son infringidas. Desdichadamente, amigos y amigas que trabajan en el sector privado, muchos de ustedes han mordido el anzuelo, cayeron en el juego de los que les oprimen, y cual víctima con síndrome de Estocolmo hasta les defienden.

Este servidor de ustedes, en su momento formó parte de la población trabajadora del sector privado, supe lo que fue comer mi almuerzo frío en la orilla de un caño, mientras cuestionaba la razón de que el jefe dijera que no aplicaría el aumento de ley, trabajaba como “polaco”. Experimenté las amenazas de los supervisores de una fábrica de lo que podría pasar si tardaba más de diez minutos en el sanitario, si me incapacitaba por más de una semana, o si me quejaba de mis funciones. Estoy seguro que hay miles de personas aún son víctimas de abusos como estos, de parte de patronales privados, muchos de ellos representantes de grandes marcas comerciales o poderosas compañías transnacionales.

Entonces, permítanme preguntarles: ¿Les parece que el pago de horas extraordinarias, el aguinaldo, el salario escolar, jornada laboral de ocho horas, condiciones saludables para trabajar, estabilidad laboral y garantía de permisos bajo situaciones personales apremiantes, como la muerte de un familiar, son gollerías? ¿En serio?

Ya es momento de que el trabajador privado despierte de su letargo y comience a exigir el respeto a la ley, a sus derechos, a su salud y la de los suyos. Nuestra institución sindical ha visto con ojos de orgullo como agrupaciones de piñeros, bananeros, guardas de seguridad y choferes de autobús se están organizando, ganando terreno paulatinamente, y logrando cambios en su relación laboral, con las que hace un par de años solo hubieran fantaseado.

En medio de la pandemia por el covid-19, hemos visto como el ataque contra el sector público se ha intensificado, buscan mancillar aún más las condiciones laborales, disminuir los salarios, amedrentar a los trabajadores. Hemos de admitir que están ganando. Pero el objetivo principal es permitirse a sí mismos (neoliberales) seguir llenándose los bolsillos a costas de la explotación laboral, del abuso, las amenazas, la agresión y el irrespeto a la ley. Ojo que ya algunas “figuras” políticas como Otto Guevara brindan la “idea” de eliminar el salario mínimo, si, eso quiere decir que la gente sería contratada por, literalmente una limosna. ¿Cuál sería el siguiente paso para formalizar la esclavitud?

La clase trabajadora no se divide en pública y privada, somos una sola, la fuerza que mueve la sociedad, quienes con sudor y sangre llevamos sustento a nuestras familias. Buscamos lo mismo, que nuestro estudio, trabajo y esfuerzo nos permita a nosotros, y nuestros seres queridos, vivir con dignidad. No dejemos que nos separen, luchemos juntos por nuestros derechos laborales, que no nos arrebaten lo que es nuestro y exijamos respeto a lo ya establecido.

La preocupante pasividad del Banco Central de Costa Rica ante la crisis

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Documento elaborado por el grupo Economía Pluralista, que reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Por: Grupo Economía Pluralista

Cuando se enfrenta una grave amenaza, lo que el raciocinio, e incluso el sentido común, aconsejan, es tener listas y a mano, todas las herramientas e instrumentos que permitan enfrentar el peligro de la forma más eficaz y certera posible, de modo, asimismo, que las posibles consecuencias negativas se reduzcan al mínimo.

Hoy el país enfrenta la amenaza del covid-19. En su aspecto propiamente sanitario, nuestra institucionalidad pública ha tenido afortunadamente la capacidad para generar respuestas serias y responsables, que han mostrado ser muy eficaces. Lamentablemente, frente a la crisis económica concomitante, se constata en el contexto nacional el predominio de posiciones dogmáticas, rigideces ideológicas e, inclusive, la influencia muy poderosa de intereses particulares que buscan usufructuar de la crisis.

En este sentido, la posición del Banco Central expresada por su presidente, el señor Rodrigo Cubero (Semanario Universidad: “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria”) genera mucha preocupación por su extrema rigidez. Lo cual se hace aún más evidente, al considerar que el propio BCCR prevé que en los siguientes dos años, la inflación se ubicará por debajo del rango meta, con un promedio del 1,8%. Es decir, el país cuenta con condiciones para la aplicación de políticas monetarias que contribuyan a paliar la recesión de la economía y a reactivar la producción y la creación de empleos, teniendo presente que, según estimaciones oficiales, la economía se contraerá un -3,6% en 2020, lo que innegablemente agrava los serios problemas del empleo que se arrastraban desde antes de esta crisis.

Don Rodrigo saca el manual introductorio de economía y se recita toda la letanía que la ortodoxia económica ha impuesto. Aunque se presente como una teoría con pretensiones científicas, en realidad estamos en presencia de una ideología que arrastra, desde hace mucho tiempo, severos cuestionamientos de fondo, y la cual ha terminado de desgastarse con las últimas crisis económicas, frente a las cuales ha demostrado ser poco efectiva. Esto es reconocido inclusive por el FMI, en otros tiempos baluarte de estas teorías, y que hoy hace un mea culpa por la mala gestión realizada en relación con la pasada crisis del año 2008 y, particularmente, con motivo de la crisis de la deuda pública en Europa.

Es conocido que estos planteamientos se escudan en la presunta independencia técnica del Banco Central, para disimular una forma de gestión de la política monetaria, opaca y ajena a los mecanismos de la rendición de cuentas en democracia. Todo lo cual finalmente redunda en la captura del Banco Central por los intereses financieros y, en consecuencia, su sometimiento a éstos.

El presidente del Banco Central argumenta exactamente como si nada hubiese ocurrido. Más aún: como si nada estuviese ocurriendo. El mundo de antes del Covid- 19, es el mundo en el que nuestro Banco Central y su presidente siguen instalados. Y si ya en ese mundo hoy fenecido, sobraban razones para cuestionar el manejo de la política monetaria que Cubero defiende, sus argumentos hoy resultan un desatino, pero, sobre todo, un preocupante ejercicio de imprudencia e irreflexión.

No hay peligro alguno de inflación, porque tenemos tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y tasas de desocupación de la capacidad instalada, sumamente elevadas, y porque en nuestras realidades sociopolíticas actuales no hay ni la más remota posibilidad de que se dé una espiral ascendente precios-salarios, como las que fueron usuales en otros momentos históricos. La reducción de precios de las materias primas, principalmente el petróleo, aminora adicionalmente cualquier presión al alza en la inflación.

Y si interesa preservar la imagen internacional del país, téngase presente que la mejor forma de hacerlo es mediante una actuación pragmática, oportuna y eficaz, que ataje la crisis, alivie la recesión y disminuya al mínimo posible sus consecuencias sociales y humanas negativas. Permitir que la crisis se agrave, y quedarse de brazos cruzados sin hacer lo que se podría y debería hacer, dañará la imagen internacional de Costa Rica, pero, sobre todo –lo que es mucho más importante– causará grave daño a las condiciones de vida de nuestra población. Ello traerá hambre y miseria y, en consecuencia, violencia social e inestabilidad política.

Cubero le da la espalda a los datos de la realidad, y a las exigencias concretas que ésta plantea, para, en su lugar, aferrarse a un catecismo monetarista, no solo simplista, sino además obsoleto. Esto último es reconocido hoy, incluso por los bancos centrales en todo el mundo –excepto Costa Rica– lo cual ya es mucho decir.

La idea, que el señor Cubero reitera, según la cual la única misión de la banca central es la “estabilidad monetaria”, ha sido abandonada y superada en todas partes, incluso por el Banco Central Europeo, no obstante sus antecedentes muy conservadores en la banca central alemana (el Bundesbank). El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos, como la generalidad de los bancos centrales en el mundo entero, han asumido con

máxima responsabilidad los deberes que la actual crisis del covid-19 les impone. Hay un amplio consenso que reconoce que los bancos centrales deben trabajar para frenar la recesión, proteger los empleos y apoyar la estabilidad financiera de los gobiernos. La inflación, claramente, no es hoy el problema principal, y eso es reconocido universalmente.

Por otra parte, entiéndase que de lo que se trata es de disponer y tener listas, todas las herramientas e instrumentos necesarios para enfrentar la crisis. Y ello incluye los instrumentos tradicionales de la política monetaria, así como otros nuevos que sea necesario diseñar y dejar a punto, para su eventual aplicación en caso necesario. Nada de lo cual implica actuar caprichosamente o de forma precipitada. Todo lo contrario, más bien: se trata de hacerlo con prudencia y sentido de la oportunidad, en el momento justo y en la medida necesaria. Hacer, pues, lo que debe hacerse, cuando es necesario hacerlo y en la medida en que sea necesario hacerlo. Y, en fin, comprender que las crisis exigen capacidad de innovación, sentido previsor y mucho pragmatismo.

Nuestro llamado, respetuoso pero enfático, al presidente Alvarado: en sus manos, señor presidente, está reorientar la política económica de su gobierno, para que ante la crisis se actué con responsabilidad, energía y decisión, y con el sentido pragmático y de oportunidad que la situación demanda.

i El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Costa Rica no les ha agradecido lo suficiente

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Mainor Anchía Ángulo, Directivo de ANEP y presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública

El suscrito, con varios años abanderando la justa lucha por los Derechos Humanos y los derechos laborales de nuestras fuerzas de policía, con gran satisfacción escuché, en una entrevista realizada en el programa Horizontes, que se transmite por Radio Centro, a un alto jerarca que no tiene relación con la seguridad publica decir: “Costa Rica no les ha agradecido lo suficiente aún”, en alusión a nuestros compañeros y compañeras policías.

Hace unos años, cuando decidí emprender la lucha por la reivindicación de nuestra labor (siendo todavía oficial de policía en aquel momento), prácticamente nadie hablaba de Derechos Humanos para las personas trabajadoras de nuestros Cuerpos Policiales.

Recuerdo que aproveché un evento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para pedir consejos a las personas expositoras de dicha entidad y nunca olvidaré la recomendación: “Luche por hacer visibles los Derechos Humanos de sus compañeros policías, no le será fácil, pero hágalo y podrá obtener resultados”.

Entonces me propuse establecer una ruta, un plan de acción. Luego me dispuse salir a diferentes lugares, logrando constatar y evidenciar las precarias condiciones en que trabajaban mis compañeros y compañeras. Todavía se mantienen algunos casos que requieren intervención e inversión en infraestructura; sin embargo, es justo reconocer que en otros casos las condiciones en materia de infraestructura han mejorado. ¡Claro!, eso es en parte el resultado de nuestra lucha constante.

En ese contexto, al momento de escribir este artículo, se hizo efectivo un aumento de salario para nuestros uniformados que irá a la base de manera nominal, según anunciaron las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. En buena hora, no obstante, se debe recordar que a nuestros cuerpos policiales se les incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con lo cual se afectaron sus incentivos salariales; o sea, el porcentaje del incremento es inferior a lo rebajado por la aplicación de la Ley 9635.

Paradójico resulta que el mismo gobierno que rechazó excluir a nuestros uniformados de la ley fiscal, luego haga un aumento extraordinario a su salario base. Podríamos considerar que se dieron cuenta del monumental error, aunque también podría ser resultado de la presión que veníamos haciendo, con la posibilidad de un nuevo movimiento de cuerpos policiales en su tiempo libre. Indudablemente que éste es un factor a considerar, para la decisión adoptada por el gobierno, el cual tiene claro que nuestros uniformados perdieron el miedo a manifestarse.

El trabajo policial, como ya hemos señalado, requiere de habilidades y características especiales por cuanto implica vivir cada día sabiendo que se tiene un pie en la cárcel, y el otro en el cementerio, que el riesgo va intrínseco a la función policial. El funcionario policial sale de su casa llevando consigo su maleta de trabajo, sin saber que le espera ese día; puede ser que su unidad de trabajo se ubique a tres kilómetros de su casa y que de repente se encuentre a trescientos kilómetros, por la atención de alguna situación especial.

La función policial implica un estilo de vida discreto, cauto, moderado en el ámbito social, toda vez que la investidura de autoridad se ostenta las veinticuatro horas del día. Así mismo, sabemos que el riesgo de la función policial no termina al finalizar la jornada e inclusive después de la jubilación. Es claro que, al participar de aprensiones, de capturas, al someter a las personas que irrespetan las normas de convivencia social o la ley, el policía será sujeto de venganzas de toda índole.

Volviendo al comentario escuchado en el programa Horizontes, “Costa Rica no les ha agradecido lo suficiente”, se podría decir que nuestros gobernantes decidieron hace algunos años reconocer la importantísima labor de los funcionarios de la Salud y de la Educación, pero dejaron en el olvido a nuestra ahora Benemérita Fuerza Pública. Valga decir que cuando se habla de Fuerza Pública, se hace en el contexto de todos los cuerpos policiales.

En hora buena, doce años después de haber conformado la primera Seccional ANEP- Fuerza Pública, para iniciar nuestro recorrido en pro de la dignificación del gremio policial; a pesar de que la figura de autoridad sigue siendo irrespetada por antisociales o por individuos que se creen por encima de la ley; cada vez son mas personas, empresas y organizaciones las que reconocen lo esencial de la función policial. En lo personal, me enorgullece cada reconocimiento que se hace a mis compañeros y compañeras. No ha sido fácil, pero seguiré hasta donde lo quiera Dios, levantado la bandera, levantando la voz (sin gritar) con argumentos, para defender sus Derechos Humanos y sus derechos laborales.

Seccional ANEP-Fuerza Pública luchará por recuperar el salario de los policías

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  • El reciente aumento salarial no se equipara con lo que dejaron de percibir los oficiales al ser incluidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
  • Policías reportan a la seccional que aún no les llega el ajuste salarial.

La Seccional ANEP-Fuerza Pública mantiene la consigna de luchar por mejores condiciones laborales para los policías, en este caso una de las principales acciones es la reivindicación salarial que, pese al reciente ajuste, éste no se equipara con lo que dejaron de percibir los oficiales al aprobarse la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Para la seccional, aunque la noticia de que el incremento salarial se hizo efectivo la segunda quincena de abril es bien recibida, existe un malestar en la población policial por la inconsistencia en la información que brindó la administración.  

“El juego de palabras” del Ejecutivo creó confusión en los policías, ya que el aumento es nominal, con la Ley del “Combo Fiscal”, los incentivos salariales porcentuales desaparecieron por lo que un aumento a la base no tiene efecto sobre los otros rubros.

“Si bien en la Seccional ANEP Fuerza Pública entendemos la alegría que pueden sentir muchos de nuestros compañeros y compañeras, lo cierto es que dicho incremento sigue siendo ínfimo para alcanzar una verdadera reivindicación salarial. Por otro lado, se debe recordar que a nuestros cuerpos policiales se les incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que el porcentaje del incremento es inferior a lo rebajado por la aplicación de la Ley 9635”, agregó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

“Otro aspecto a considerar es que hemos atendido a varios funcionarios que nos indican haber quedado excluidos del incremento salarial, a pesar de que no ostentan un cargo de jefatura, sino que manejan plazas de agente de policía, aparentemente se trata de un tema de nomenclatura. En tal sentido, una vez más se provoca desilusión, división y rivalidades en lo interno de nuestra policía”, agregó Anchía.

Bajo ese panorama, la Seccional solicitará a la institución explicaciones para poder esclarecer el por qué algunos oficiales quedaron fuera o si existió algún fallo en los cálculos. Además, el sindicato pide a los afiliados afectados facilitar los datos para analizar caso por caso y de ser necesario establecer los procesos legales correspondientes.

Recordemos que, de acuerdo con algunas proyecciones, un Agente I con la aplicación de la Ley 9635 perdió aproximadamente ₡90 mil de su salario en un periodo de 6 años.

La Seccional considera paradójico, que el Poder Ejecutivo, primero haya incluido al gremio policial en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (combo fiscal) y después se quiera mostrar “benevolente” con la misma. Es un doble discurso porque pudo excluirlos de la Ley Fiscal dada su condición de excepcionalidad, lo cual habría representado un reconocimiento al valor, la entrega, la mística, la vocación y el sacrificio que conlleva la función policial.

Primero de Mayo: pandemia y municipalidades

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Este viernes Primero de Mayo, la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora será sumamente especial, considerando la grave crisis sanitaria que está viviendo el planeta y que está afectando, enormemente, la convivencia social entre las personas, así como la economía de los países. ¡Y las repercusiones de orden político están por venir! El nuestro no es la excepción, como consta a cada una de las personas habitantes de la geografía de Costa Rica.

Para el caso del movimiento obrero-laboral organizado en los diferentes sindicatos de la clase trabajadora, tanto la que tiene empleo formal y salario fijo, como la que venía estando ya en la informalidad y en el desempleo, más la recién llegada producto de la pandemia del coronavirus del Covid-19; la tradicional conmemoración será de orden virtual, es decir, por razones sanitarias más que obvias y empleándose, alternativamente, la gran variedad de comunicación que hoy se da por las redes sociales. Diversas organizaciones ya han anunciado cómo será su iniciativa digital para este histórico Primero de Mayo de 2020.

La gran diversidad de temas y luchas pendientes que tiene la clase trabajadora costarricense en su más amplia conceptualización está adquiriendo ya un nuevo carácter según los frentes que está abriendo la pandemia del Covid-19. Esta pandemia se presenta en un momento de la historia de la Humanidad que parece ser el de la mayor desigualdad jamás vista: la de la acumulación de riqueza más impresionante con este dato que es petrificantemente escalofriante: que el 1% de la población concentra tanta riqueza como el 99% del resto de las personas habitantes del planeta Tierra.

La Costa Rica de este Primero de Mayo, también marcada por el flagelo de la desigualdad, ya estaba transitando por una peligrosa senda de exclusión económica y social; exclusión que la pandemia, como es notorio, agravará si no se hace algo contundente para evitar que se profundice y explosione.

Emerge, ante la catástrofe sanitaria y económico-social, la apelación a la intervención del Estado en auxilio del mercado y que sean las políticas públicas estatales las que entren en acción directa salvadora de un mercado postrado e incapaz de salir avante por sí solo; sin que hablemos del genocidio que se ha cometido con las miles de vidas que se perdieron por servicios de salud muy golpeados, desfinanciados, precarizados y privatizados en los otrora orgullosos países del capitalismo central.

La histórica, férrea, sistemática e incansable lucha del pueblo trabajador costarricense, de sus organizaciones civiles más representativas y consecuentes (entre estas, las del sindicalismo decente), lograron que en Costa Rica el “todo mercado-nada Estado”, haya tenido incontables tropiezos en su loco afán de imponerse contra todo y contra todos. 

La pandemia ha mostrado lo afortunados que hemos sido como costarricenses al no habernos entregado por completo al séquito enfermizo de los adoradores del becerro de oro, pese al enorme poderío hegemónico-político y económico-mediático que todavía exhiben.

La importancia de los servicios públicos que se prestan a la gente, gestionados desde lo público, está mostrando su imprescindibilidad cuando se trata de la salud ciudadana, de la promoción del bien común y de la inclusión social y económica. Ahora es cuando -y ante tanta necesidad y carencia que ya estamos experimentando-, que tanto las y los de abajo al igual que las y los de en medio, ocupan de un rol altísimamente activo del gobierno más cercano a la gente: la municipalidad. Celebramos que, en el caso de las municipalidades costarricenses, ha crecido en las conciencias parlamentarias de nuestra Asamblea Legislativa, la urgentísima necesidad de posibilitarle a las municipalidades tratar la desventura socioeconómica de la pandemia con mayor celeridad, prontitud, eficiencia y, sobre todo, más humanismo.

Nos pronunciamos por el voto diputadil favorable al proyecto de ley Expediente Legislativo 21.922, que tiene como ningún proyecto tuvo antes en materia de gobiernos locales, un consenso abrumador en cada municipalidad de este país: alcaldes y alcaldesas salientes y entrantes; concejos municipales que están terminando su período constitucional dejando acuerdos firmes para facilitarle a los que asumirán este viernes Primero de Mayo la tarea integral post-pandemia; y, ni qué decir de los conglomerados laborales de las municipalidades cuyos recolectores de basura, por ejemplo, le han dado la cara al Covid-19 en cada localidad, pese al riesgo de salud y de sus propias vidas.

Conmemoremos este 1 de mayo en casa con ANEP

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) comparte la agenda virtual para conmemorar el Día Internacional de Trabajador, este viernes 1 de mayo, por medio de nuestro facebook/AnepSindicato.

Los invitamos a unirse y ser parte de una conmemoración histórica.

El 1 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los «Mártires de Chicago», quienes reclamaron mejores condiciones laborales.