En los últimos días, en función de la emergencia nacional por el Covid 19, hemos visto como se aplaude la labor de nuestros policías; los cuales se mantienen en controles de carretera, vigilando que se cumpla la restricción sanitaria vehicular, evitando que personas irresponsables acampen en las playas, en las fronteras, evitando el ingreso de personas de manera irregular, así como en mantenimiento del orden publico y la seguridad ciudadana. Los aplausos incluyen al presidente de la República, el cual, en mi opinión ha procurado “reconciliarse” con la Fuerza Pública, que en definitiva y a pesar de las veces que el mandatario le ha dado la espalda, sigue siendo su “brazo fuerte”.
La función policial, por disposición normativa y jurisprudencia constitucional ha sido considerada como excepcional, se ha definido como una labor esencial. Sin embargo, tal consideración únicamente se ha utilizado como mecanismo para restringir Derechos Humanos y derechos laborales a las personas trabajadoras de los distintos Cuerpos Policiales. En tal sentido, los policías (funcionarios públicos) tienen una jornada laboral ordinaria de doce horas, sea diurna o nocturna y no aplica el pago de horas extra (salvo que supere las doce horas), ni pago de jornada nocturna, tal cual sucede en la mayoría de los casos, en materia de derechos fundamentales, prevalece la “necesidad operativa”.
Ahora bien, de que sirven los aplausos si nuestros uniformados siguen ayunos de legislación, de herramientas que les permitan hacer mejor su trabajo, e inclusive, proteger de mejor manera su integridad física. En un par de oportunidades he planteado ante las máximas autoridades ministeriales, la necesidad de invertir en una mejor capacitación, en la adquisición de equipo policial (armas menos letales); no obstante, para quienes dirigen la etapa de formación policial, así como para el Ministro de Seguridad Pública (así se ha interpretado de sus respuestas) el proceso de adiestramiento policial tiene lo necesario.
En criterio del suscrito, el proceso de formación policial es apenas una inducción, tal afirmación tiene sustento en que por ejemplo; en defensa personal la capacitación tiene una duración de 45 horas, o sea, imposible pensar que la persona adquiera destrezas que le permitan neutralizar a su oponente en un cuerpo a cuerpo, de ahí que veamos muchas veces a nuestros uniformados a los revolcones, en algunos casos, salvados por la gracia de Dios, cuando han quedado inmovilizados y con sus armas totalmente expuestas a merced del rival.
Claro, muchas de esas deficiencias en la formación policial, se suplen con la experiencia del día a día, con la vocación y el esfuerzo personal. Un día dijo un ex coronel: “puedes hacer de un policía un buen abogado, pero no necesariamente un abogado, puede ser un buen policía”. Lo anterior se relaciona con la vocación, la convicción, la mística, el estar listo para las faenas más difíciles, cuando las circunstancias lo ameritan y lo demandan.
El abandono a la policía ha sido algo sostenido en el tiempo. Sin embargo, esperamos que los aplausos y los mensajes que ahora le dedican a la Fuerza Pública, se transformen en dignificación para las personas que la integran, en condiciones laborales dignas, trato humano y respetuoso, profesionalización verdadera, equipamiento, capacitación, remuneración justa; porque ha quedado demostrado en la atención del Covid 19, que sus funcionarios (as) son tan importantes y esenciales como los de la salud.
“El buen general cuida de sus hombres como si fueran sus hijos. Por ello, sus soldados lo seguirán hasta donde sea. Cuida de sus tropas como si fueran sus criaturas amadas y ellos no dudaran en morir por él”. (El arte de la guerra).
No sabemos cuándo esto terminará. No sabemos cómo terminará. Por supuesto que todo el mundo quiere que esto termine pronto y que termine bien… ¡para todos y para todas!
Sin embargo, diversos líderes mundiales ya están aceptando que esta es la peor crisis planetaria desde la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, de este acontecimiento surgió un reordenamiento del escenario político internacional del cual su más notable resultado fue la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU)… para bien, o para mal.
Cada cual puede tener su criterio al respecto. Tal nuevo orden, como es lógico suponer, fue diseñado por las potencias vencedoras; pero, para excluir no para incluir. Desde antes del estallido de la pandemia del covid-19, los resultados hablaban ya por sí solos.
En el caso de nuestra amada Patria, Costa Rica, el último acontecimiento traumático y doloroso fue, sin duda, los sucesos armados entre costarricenses ocurridos en el año 1948. De ello derivó un nuevo orden interno, plasmado en la Constitución Política de 1949… también diseñada por el bando de los vencedores. Aquí pareciera que la conclusión es más para bien que para mal. También, cada cual puede tener su criterio al respecto; sin embargo, hasta hace un tiempo fue que nos perdimos (o, nos perdieron) y se empezó a excluir. Desde antes del estallido de la pandemia del covid-19, los resultados hablaban ya por sí solos, al igual que a escala planetaria.
Estamos viviendo un acontecimiento que ya, sin terminar y sin saber cómo ha de concluir, es histórico. Sin embargo, a como estamos viendo todo esto y, especialmente, conmovidos y horrorizados por lo que vemos en otras latitudes, la historia no va a ser escrita ni por los vencidos, ni por los vencedores. Será escrita por las personas sobrevivientes.
Si ya estamos conscientes de que en Costa Rica estamos viviendo el acontecimiento más relevante desde 1948 a la fecha; y, que, además, a quienes tengamos la dicha de ser sobrevivientes (pues quiero ser uno de ellos), nos corresponde la ineludible responsabilidad de construir; entonces hay que plantearse construir ese nuevo orden nacional, basado éste en esos valores eternos formulados por el cristianismo original; y valores que, precisamente, la dimensión de esta tragedia del covid-19, está mostrando cuánto se habían olvidado.
El reto mayúsculo es si podemos dar paso a la tolerancia para aceptar que debo sentarme con el otro, tan diferente a mí, por encima; pero tan igual a mí, por lo humano que somos; y, además, con el mismo riesgo ambos de sucumbir; y si conscientes de esto último, de que ambos podemos sucumbir, podemos estar en un mismo espacio como para decirnos la razón por la cual no nos soportamos.
El reto mayúsculo es comprender que la institucionalidad formal que, acertadamente, parece ir sacando la tarea de la urgencia inmediata; podría no poderlo realizar más, a la hora de la construcción, porque hace tiempo mucha gente siente que esa institucionalidad formal tomó partido a favor de una parte y no del todo; que hace tiempo renunció a potenciar el equilibrio para dar paso a la controversia que tiende a transmutarse en conflicto.
El reto mayúsculo es comprender que lo público nos está salvando de sucumbir del todo, como a ningún otro país, al parecer; pero que lo público por sí solo no será suficiente para la sobrevivencia, que lo privado juega en todo esto.
El reto mayúsculo es saber discernir cuál fue la parte de lo público que se desbordó para desnaturalizarse y olvidarse del bien común; como el reto, también, será discernir cual es la parte de lo privado que se creyó en el Olimpo y que se sobreestimó al punto que la pandemia le desnudó su incompetencia y sus insensibilidades.
La tarea de la sobrevivencia es el reto de la construcción con inclusión. Eso ya lo experimentamos en Costa Rica y desde que empezamos a ser República. La exclusión es el alimento de la destrucción. Covid-19 se ha encargado de mostrarlo y de qué manera.
Con la pandemia del coronavirus COVID-19 ya entre nosotros y a un mes de su llegada oficial al país, el 6 de marzo de 2020, resalta la imperiosa necesidad de fortalecer toda la institucionalidad pública que le ha hecho frente a esta circunstancia.
Ya no solamente en el campo de la Salud en el cual su éxito es irrefutable (al menos, hasta el momento y no hay elementos fuertes para sostener lo contrario); sino, necesariamente, en el campo de las derivaciones de orden económico y social de su impacto en las comunidades, especialmente las más vulnerables; muchas de las cuales ya mostraban indicadores de impacto negativo fuerte en la calidad de vida de las personas que las habitan, desde antes del nuevo escenario-país que tenemos encima.
En tal sentido, es más que urgente que usted, don Carlos Alvarado Quesada, usando la facultad constitucional que se le da al Presidente de la República en la Constitución Política, para fijar la agenda parlamentaria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa actualmente en desarrollo, mismo que vence el próximo 30 de abril; proceda a convocar dos expedientes legislativos citados a continuación, los cuales son imprescindibles para la devolución, para el retorno, a las municipalidades costarricenses de la autonomía que la ley 9635 les cercenó, generándose así una de las más graves violaciones de facto constitucionales, ocurridas por la imposición de tal legislación.
Hoy, tal y como puntualizamos al inicio del presente comentario, desde antes del día 6 de marzo de 2020, fecha oficial de la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, estaba más que comprobado el fracaso de esa legislación, popularmente conocida como el combo fiscal, Ley de la República No. 9635, erróneamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; al punto de que esta misma fue catalogada como “insuficiente” por parte de dos de las tres más importantes calificadoras de riesgo que funcionan en los mercados internacionales, a las cuales nosotros denominamos como la policía financiera del planeta.
Hacemos la acotación de que ni Moody’s Investors Service, ni Fitch Ratigns quedaron satisfechas con esa ley pese a que esta golpeó duramente a quienes menos responsabilidades tienen con relación al déficit fiscal costarricense. La otra calificadora, Standard & Poor’s, no debe andar muy lejos en cuanto a su criterio sobre la ley 9635.
Volviendo al punto central del presente comentario, la relevancia estratégica de que se fortalezca el régimen municipal en la actual circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, no se discute.
Las municipalidades cobran un papel fundamental para hacerle frente, de mejor manera, a los perniciosos efectos socioeconómicos de la pandemia, los cuales parecen volverse más injustos con la gente que menos tiene y que es la que más sufre en este tipo de coyunturas.
Sacar a las municipalidades de los alcances de la nefasta regla fiscal establecida en la Ley 9635, es ya no solamente un asunto de urgencia política, social y económica; sino un asunto de mera racionalidad habida cuenta de los nuevos desafíos de más desempleo, de más exclusión y de más desigualdad que genera la pandemia COVID-19.
Es imperiosamente urgente que la actual Asamblea Legislativa, misma que está tramitando de manera veloz legislación para enfrentar la coyuntura difícil que Costa Rica vive (ya sea que se comparta o no; en todo, o en parte); les dé viabilidad política a dos expedientes legislativos relacionados directamente con la recuperación de la autonomía municipal cercenada por el combo fiscal-ley 9635.
Hablamos de los proyectos de ley números 21.430 y 21.494, presentados en el último año y luego de que importantes figuras legislativas se dieran cuenta del grave error que representó incluir a las municipalidades en esa ley 9635; y, peor todavía, sujetarlas a la nefasta regla fiscal.
Por cierto, ese tipo de regla fiscal, muy de moda ideológica en naciones que se consideraban superiores a países como el nuestro y que hoy están sufriendo duramente por la pandemia COVID-19, como los europeos; están haciendo añicos legislaciones inspiradas en ajustes y límites fiscales draconianos; y están pagando con miles de muertos haberles impuesto a sus respectivos pueblos ese fanatismo macroeconómico-fiscalista de orden neoliberal.
El expediente legislativo No. 21.430, titulado Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuenta con el patrocinio político de los señores diputados Wálter Muñoz Céspedes, José María Villalta Florez-Estrada, Ignacio Alberto Alpízar Castro y Dragos Dolanescu Valenciano; así como de las señoras diputadas Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Araycelly Salas Eduarte, Shirley Días Mejía y Carmen Irene Chan Mora.
Por su parte, el Expediente Legislativo No. 21.494 ha sido impulsado por los señores legisladores Roberto Hernán Thompson Chacón, Erwen Yanán Masís Castro, Luis Ramón Carranza Cascante, Wálter Muñoz Céspedes, David Hubert Gourzong Cerdas, Óscar Mauricio Cascante Cascante, Edward Newton Cruickshank Smith, Gustavo Alonso Viales Villegas, Daniel Isaac Ulate Valenciano, José María Villalta Florez-Estrada, Jonathan Prendas Rodríguez y Dragos Donalescu Valenciano. Las señoras diputadas Franggi Nicolás Solano, Paola Alexandra Valladares Rosado, María José Corrales Chacón, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Carmen Irene Chan Mora y Aracelly Salas Eduarte, también están firmando este proyecto 21.494.
Note usted nombres repetidos en uno y otro expediente; es decir, voluntades compartidas en la misma dirección: devolver a las municipalidades la autonomía municipal, la cual representa ahora un obligado interés patriótico que sea retornada con urgencia.
Las municipalidades, el gobierno más cercano a la gente, ahora se necesitan más cercanas a sus respectivas comunidades. De ambos proyectos se puede hacer uno solo y tramitarlo rápidamente si el Poder Ejecutivo los convoca ahora mismo para que las nuevas autoridades municipales que asumen este primero de mayo puedan disponer de sanos recursos propios para coadyuvar a que salgamos mejor, como país y con más justicia de la pandemia del COVID-19. Ese es nuestro llamado a usted, señor Presidente de la República.
Una vez más tenemos que insistir en que antes de la llegada oficial de pandemia del coronavirus COVID-19 al país, el 6 de marzo de 2020, los indicadores sociales y económicos más relevantes y de mayor credibilidad, según las entidades que nos los dan a conocer; nos permitían sacar estas cincos conclusiones determinantes: alto desempleo e informalidad, alta concentración de la riqueza y desigualdad, alto endeudamiento salarial, alta exclusión social y económica, alto endeudamiento público y déficit fiscal.
En lo específico, se nos informó de, al menos, unas 309 mil personas desempleadas, 12,4% de desempleo abierto según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Podríamos colegir que en unos 309 mil hogares costarricenses las dificultades económicas llegan al punto de determinar problemas para que hubiese comida, lo que es lo mismo que determinar dificultades de subsistencia, al mínimo, para esos y esas compatriotas en desventaja económica y social.
En tal sentido, y considerando los efectos de la pandemia del COVID-19 más allá de la cuestión de Salud, se nos viene un problema ético y moral a considerar desde el punto de vista de la política económica y fiscal gubernativa: darle prioridad al pago de la deuda y/o de sus intereses vs. darle prioridad a que el encierro obligado que se nos recomienda, sea con hambre o sin ella.
Por eso venimos insistiendo en que se debe utilizar la partida presupuestaria que el Ministerio de Hacienda tiene asignada para el reconocimiento del pago de intereses de la deuda pública y destinarla para darle de comer a los varios miles de personas-familias que no tenían cómo llevar comida a sus hogares producto del desempleo y de la informalidad; personas compatriotas o que viven en suelo nacional que ya tenía problemas de ese tipo antes de la pandemia del COVID-19. Esa plata destinada a pagar intereses cuyo monto se estima en unos 165 mil millones de colones mensuales alcanza para darle un Subsidio Social Solidario a todas esas personas-familias afectadas por carecer de ingreso mínimo desde antes de la pandemia y las que esta está afectando ya o lo va a hacer en el futuro cercano. En total, unas 660 mil familias podrían beneficiarse si se les explica a los acreedores-tenedores de bonos de deuda pública que no se les pagará sus intereses en los próximos tres meses, al menos; pues esos dineros se emplearán, más bien, se invertirán, en paz social.
¡Sí!, en paz social. ¿Es que acaso no se ha pensado en qué podría derivar la desesperación de padres de familia, de madres de familia (muchas de ellas al frente de sus hogares), que no tienen cómo darle un plato de arroz, un plazo de frijoles a sus hijos e hijas?
En las próximas horas, en la Asamblea Legislativa y con la urgencia del caso y que nosotros aplaudimos, se tramitará una iniciativa del Gobierno para darle asistencia económica mínima a familias de personas desempleadas que perdieron su trabajo producto de la pandemia del COVID-19; o bien, víctimas de rebajas salariales producto de reducciones de jornada, así establecido legalmente. Se pretende legislar un contenido de 225 mil millones de colones para un trimestre, a razón de 75 mil millones por mes.
¡Eso no alcanzará! Son más personas, son más familias, son más niños, son más niñas y son más adolescentes con problemas de comida producto de la pandemia COVID-19. A los que esta ha afectado, se suman los que ya estaban afectado y que, por tal circunstancia, estarán en peor o nulas condiciones de conseguir un sustento por vía legal, el trabajo, para sí mismos y para sus propios seres queridos.
La propuesta de la moratoria del pago de intereses de la deuda pública, que no afectará el principal adeudado y cuyos acreedores ya tienen bastante poder económico-financiero acumulado, permitirá ayudar hasta 660 mil familias en los próximos tres meses. La propuesta del Gobierno, en el mejor de los casos, solamente aliviará la vivencia cotidiana a unas 375 mil. Es esta la gran diferencia. Posterguemos el pago de los intereses de la deuda. Es más rentable en términos de paz social, de estabilidad y de seguridad. Los señores diputados y las señoras diputadas tienen la posibilidad de que, al menos, en los próximos tres meses, todos y todas tendremos cabida en Costa Rica en lo que respecta, al menos, a tener un plato de comida seguro en nuestras mesas.
Me parece que la propuesta de reducir el salario de las personas trabajadoras del sector público es una desafortunada ocurrencia de quienes no tienen reparo en hacer gala de su ignorancia. Pero estoy convencido que insistir en tal decisión es un error que nos conduciría a consecuencias irreparables.
No es sólo porque constitucionalmente no proceda, aunque, eventualmente, estas ideas puedan tener el visto bueno de sus serviles leguleyos que tuercen la Constitución a conveniencia. El asunto es que estamos ante una emergencia sanitaria y las medidas que se adoptan en tales circunstancias obedecen a esa naturaleza. No se requiere mayor grado de inteligencia para darse cuenta que el salario tiene vinculación con una serie de derechos que no pueden ser limitados o suspendidos en momentos de emergencia.
Quizá las voces disidentes aleguen que el impacto del COVID-19 sobre la economía es una realidad ineludible, es verdad. Lo que no dicen es que las medidas que se deben adoptar no se limitan a reducir el salario de las personas trabajadoras o a despedirlas. Tal vez es momento de analizar las previsiones de aseguramiento que deben adoptar las empresas; o bien, la posibilidad de hacer recortes a las pensiones de lujo -aunque esas si gocen de protección política-; quizá sea momento para renegociar la deuda, en todo caso, se está hablando de utilidades, de una afectación temporal a la desmedida acumulación de riqueza y no de vidas humanas, como sucedería en eventuales despidos o recortes a los salarios.
Ser solidarios no implica quitarles el alimento a las personas trabajadoras, ser solidarios es pensar que las alternativas están en otro lugar y no en los salarios. En momentos críticos como los que estamos atravesando, debemos quitarle la voz a la politiquería y dársela a la Democracia, a los políticos serios, a los actores representativos de la sociedad, aunque sean oposición. En momentos como los actuales debemos escucharnos, porque la falta de empatía, la intolerancia y la confrontación, son pésimos consejeros en circunstancias turbulentas. Los trabajadores y las personas menos privilegiadas de la sociedad, siempre seremos mayoría y a veces la adversidad nos recuerda el “poder del soberano”.
En este momento lo que necesitamos es trabajar en alternativas, buscar opciones para reducir el impacto de la crisis y encontrar la manera de superarla. Cualquier decisión que se tome al margen de las personas trabajadoras -que al fin de cuentas son las que generan riqueza-, sería una estrategia errada. Costa Rica puede superar el distanciamiento por razones sanitarias, pero un distanciamiento por odios y por discrepancias no resueltas, sería fatal.
Cuando la Cámara de Empresarios se da la oportunidad de tener en su dirección personas inteligentes y con visión, no sólo las empresas se benefician, también las personas trabajadoras y el país. Esto hizo la diferencia en otros momentos de crisis, lo que pasa es que en la actualidad su falta de visión los lleva a enfrascarse en una lucha a muerte en contra del sector público. Me gustaría pensar que esta actitud mezquina no se debe a una estrategia para terminar de desmantelar el Estado social de Derecho o para buscar privatizar algunas instituciones del Estado. Lamentablemente, su propuesta de reducir el salario de los empleados públicos es muestra fehaciente de su ignorancia y de su mala fe.
Aun así, nuestro deber es llamar a la prudencia y hacerle ver a todas las personas que no se trata de una lucha entre trabajadores del sector privado contra el sector público. Que el despido o la reducción salarial de las personas trabajadoras es irracional.
El periodista Camilo Rodríguez conversó con Albino Vargas y Fabio Chaves, personajes que vivieron desde adentro la histórica gesta de los costarricenses, quienes hace 20 años se unieron en defensa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La orden de la Sala se debe a un recurso de amparo interpuesto por la seccional ANEP-BCR
La Seccional ANEP-BCR, a través de un recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional, logró que las máximas autoridades del Banco de Costa Rica entregarán e hicieran de conocimiento público el estudio con el cual, el banco se habría asesorado para implementar los cambios contemplados en la Ley de Fortalecimiento y Finanzas Públicas respecto a los pluses salariales.
Anteriormente, la Seccional ANEP-BCR había solicitado la documentación mencionada al Banco de Costa Rica, sin embargo, este último se negó a entregarla, aduciendo que se trataba de un documento confidencial y de un criterio no vinculante para el banco. Además, en su respuesta cuestionaron la legitimidad de ANEP como interesado en el documento, según estos por tener una representatividad mínima entre los trabajadores del banco, habiendo sólo 51 afiliados entre los más de 4000 empleados.
Esta situación, llevó a la ANEP a interponer un recurso de amparo contra el Banco de Costa Rica, aduciendo que esta postura del ente financiero atentaba contra los derechos fundamentales de los trabajadores.
Luego de analizar los argumentos de la ANEP y el BCR, La Sala resuelve indicando que los argumentos del banco no son válidos, pues indiferentemente de si se trata de uno o mil afiliados, como gremio sindical y como costarricenses, existe un interés real de los trabajadores en conocer el cómo y por qué se podrían afectar sus salarios, además de saber cómo se administran los recursos del banco.
Además, La Sala manifiesta, que a pesar de que el estudio no sea vinculante, eso no lo hace confidencial. Por esas razones acoge el recurso y ordena al banco que entregue el documento.
Análisis de pluses salariales a la luz de la Ley 9635 realizado por BDS para el BCR
Primeramente, cabe aclarar que se trata de un documento que sobretodo parece tener un fin didáctico, pues desarrolla una explicación de lo que son los incentivos salariales y como se pagan y como cada uno de ellos se vio afectado por la ley 9635.
Cabe señalar que no se observa una razón válida para considerarlo confidencial, pues en ningún momento elabora detalles sobre la estructura organizativa o funcional del banco, sino que se trata de un análisis general de la aplicación de los pluses salariales posterior a la publicación de la Ley de Fortalecimiento.
El documento comienza explicando la naturaleza jurídica de los distintos pluses salariales existentes en un salario compuesto, y los desarrolla individualmente en los casos más relevantes como prohibición, dedicación exclusiva y anualidades; mientras que deja en otro apartado al resto de pluses que depende de situaciones más casuísticas de cada institución. Posteriormente procede a explicar cómo cada uno de esos pluses se ve afectado por la Ley 9635.
La Prohibición es el acápite que más llama la atención, pues el documento reconoce que la Ley 9635 no modificó expresamente las disposiciones de la Ley de Compensación por Prohibición y la Ley de Control Interno, por lo que en dichas normas se sigue manejando el porcentaje de 65% para lo profesionales con licenciatura o superior; lo cual ha generado un debate de cuál es el porcentaje a aplicar en casos como los auditores y subuditores. Y a pesar de que se podrían aplicar interpretaciones como la especialidad y la norma más favorable para justificar el pago el porcentaje de 65% por prohibición; el documento se decanta por recomendar la aplicación de los porcentajes de la Ley 9635 (15% y 30%) en todos los casos.
Sobre el plus de prohibición también expone que se calcula de forma porcentual sobre el salario base, y que se debe pagar según la 9635 en casos de funcionarios nuevos, o funcionarios que anteriormente no cumplían requisitos para recibirlo. Mientras que no aplica para los casos que tengan régimen especial, quienes anterior la ley lo estaban recibiendo, y quienes anteriormente los recibían y son sujetos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación.
De la Dedicación Exclusiva se dice que se calcula de forma porcentual, y que a partir de la ley 9635 se pagará un 10% para bachilleres y 25% para licenciados, excepto para quienes anteriormente contaban con dedicación exclusiva, quienes la recibían y son sujetos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación, quienes la recibían en grado de bachiller y procedan a modificar esa condición al grado de licenciatura, quienes la reciban y suspendan el contrato de trabajo temporalmente, o quienes prorroguen contratos existentes de dedicación exclusiva.
De las Anualidades se dice que debe ser reconocido tomando como parámetro el resultado de la evaluación de desempeño que deberá ser al menos de muy bueno; además que se reconoce en forma nominal y permanecer invariable. Interesantemente, en este apartado el documento si aplica el principio de norma más favorable para decir que el cálculo de los porcentajes de 1.94% para profesionales y 2.54% para no profesionales se debe de hacer sobre el salario base de Julio de 2018 (como dice el decreto) y no sobre el de enero 2018 (como dice la Ley 9635).
Además, se dice que las anualidades ya recibidas previo a la Ley 9635 se deben conservar y mantener como montos nominales fijo, que no procede ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio y que los ascensos de personal no suponen un aumento en la anualidad en virtud de las anualidades reconocidas en el cargo anterior.
Sobre los demás pluses se indica sin profundizar en los demás tipos de incentivos, que se deben mantener como montos nominales fijos calculados a Julio de 2018 y que ante un ascenso de personal no pueden revalorizarse.
Compartimos el estudio realizado por BDS para el Banco de Costa Rica
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió una carta dirigida al Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, con una serie de planteamientos a considerar con el fin de que se inste, de forma vehemente, a las alcaldías y concejos municipales del país, a reforzar las medidas sanitarias en resguardo de los trabajadores de aseo de vías, de recolección de basura y de tareas similares con alta exposición de salud.
Compartimos la solicitud enviada al Ministro de Salud
Dr. Daniel Salas Peraza
Ministro de Salud
Honorable señor Ministro:
En primer término, reconocer su labor en el manejo de la pandemia Covid-19. Somos la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sindicato compuesto de miles de trabajadores y de trabajadoras quienes comparten sus experiencias laborales con nosotros; y quienes se han manifestado por medio de esta organización, total interés en colaborar con esta causa. Es por eso que remitimos una serie de planteamientos a considerar por parte de su digna autoridad a fin de que se inste, de forma vehemente, a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas y a las personas integrantes de los 82 concejos municipales del país, a reforzar medidas para mayor contundencia y consistencia, en resguardo de los trabajadores de aseo de vías, de recolección de basura y de tareas similares con alta exposición de salud.
Este documento tiene como fin presentar una serie de situaciones sobre el ambiente laboral que rodea a dicho personal, especialmente a los trabajadores de recolección de residuos sólidos, importante labor en la cual destaca ya la participación de mujeres; para que sea considerado en la actualización del documento, que ya fuera emitido por la cartera ministerial de Salud con relación a este cuerpo laboral estratégico de los servicios públicos.
Hacemos un breve recorrido en la vida de un trabajador para que puedan comprender a fondo el quehacer y cómo puede afectar la salud de estas personas y de las comunidades a quienes se les brinda el servicio. ANEP espera que sea de gran utilidad y, repetimos, para que se complemente lo inicialmente emitido por el Ministerio de Salud acerca de la protección de las personas trabajadoras recolectoras de residuos sólidos.
Ambiente laboral y factores de riesgo
Los trabajadores recolectores de residuos sólidos se pueden clasificar según sus tareas, de las cuales no sólo se trata de una labor de recolección si no de tratamiento. Es de suma importancia destacar que estos trabajadores están constantemente expuestos a múltiples virus y bacterias y su sistema inmunológico está, constantemente, a prueba. Para la ANEP son parte de una población de alto riesgo de cual hay que estar en constante vigilancia. Para estos casos podemos contemplar los diferentes medios que los rodean.
Las labores descritas en este documento detallan un quehacer en el cual los trabajadores se exponen a un ambiente contaminado donde el virus covid-19 puede estar presente en cualquiera de los elementos y tareas diarias. Toda tarea descrita podría exponer enormemente al trabajador a una infección segura.
RECOLECTOR DE BASURA SOBRE CAMIÓN RECOLECTOR
Hogar o casa de habitación antes de entrar a laborar
El trabajador debe asearse antes de salir a trabajar, sin importar que horas después se vaya a ensuciar o sudar en el trabajo.
Es preferible que se lave bien las manos y prepare su desayuno y lo consuma antes salir a trabajar, para evitar consumir alimentos en la calle.
Al salir del hogar debe seguir todas las recomendaciones generales y protocolos establecidos para el uso de transporte público o propio.
Plantel Municipal
Se debe lavar y desinfectar las manos para marcar la entrada en el reloj marcador, de ser preferible es mejor hacer un control escrito por el capataz para evitar filas y contacto directo a un solo objeto.
Evitar la ingesta de alimentos (desayuno) antes de salir a su labor, así como intercambios de alimentos a menos que estén sellados o empaquetados.
Si se hace consumo de alimentos dentro del comedor, es preferible no estar uno frente a otro guardando distancia. Se pueden turnar grupos para esto y, de ser posible, mejor haber tomado el desayuno en casa. En caso de aquellas personas que necesiten alimentarse en horas especificas por motivos de salud, guardar todas prevenciones antes de la ingesta.
Si el trabador necesita despojarse de su ropa particular para uniformarse, es preferible que guarde distancia, o que este tiempo se haga en pequeños grupos para evitar aglomeraciones.
El uniforme debe estar limpio seco y desinfectado. Es recomendable que la institución brinde suficientes prendas de vestir para que los trabajadores siempre puedan tener su uniforme completo a la hora de trabajar. En caso que no tengan suficientes prendas y por ser una crisis, las instituciones deberían autorizar el uso de ropa particular con el propósito de que los trabajadores siempre tengan ropa limpia y seca.
Camión de basura
La exposición a la contaminación empieza desde que el trabajador se baja del camión y corre a recolectar la basura. Es importante mencionar que por las actuales normas de seguridad estos trabajadores se exponen más a ciertos desechos de cuidado personal, como lo son toallas de secado de manos, papel higiénico, paños desinfectantes, mascarillas, guantes y demás desechos con residuos biológicos.
El método de recolección normalmente se hace de forma rápida. Los trabajadores suelen correr, trotar o caminar rápido. Esto provoca que estén constantemente agitados, por ende, aspiran y expiran más aire de la cuenta exponiéndose a más posibilidades de infección.
Los desechos se recogen con las manos las cuales deben estar protegidas con guante resistente a cortaduras y, a su vez, impermeable y flexible por completo.
Sería recomendable que los trabajadores usaran protección en su cabeza, mascarilla, delantal, mangas largas y calcetines sujetando los ruedos del pantalón. Los guantes, los zapatos, los ruedos del pantalón las piernas, la parte baja del abdomen y las caderas son las zonas más críticas y las que acumulan más suciedad donde se pueden contaminar y retener más bacterias y virus.
Una vez recogida la basura y depositada en la tolva trasera del camión, el trabajador vuelve a su posición inicial de salida, se sujeta a una barandilla con los guantes sucios. Es importante tratar de mantener esta área en constante limpieza, así como el lugar donde van los pies.
Un momento crítico en esta labor es cuando se activa el mecanismo que comprime la basura, ya que en este momento el aire acumulado en las bolsas de basura escapa de forma violenta esparciendo liquido lixiviado, así como otros residuos que pueden estar contaminados con cualquier tipo de virus. Sería fundamental establecer como protocolo mantener una sana distancia mientras se realiza esta labor y acercarse a la tolva cuando ya el proceso ha terminado.
Sobre los camiones de recolección de basura no tradicional, normalmente son estilo vagoneta o de tolva abierta. Lamentablemente los trabajadores suelen recoger no sólo desechos no tradicionales, sino que también tradicionales, dada la falta de educación de los usuarios que mezclan todo tipo de basura lo que provoca un mayor peligro para el trabajador.
El método normal de recolección de desechos no tradicionales consiste en un trabajador que recoge la basura con pala o las manos, arroja la basura en la tolva, mientras tanto otro se encarga de acomodar la basura en la tolva. En muchas ocasiones el trabajador que acomoda la basura termina bañado en basura de pies a cabeza; cuando el viento sopla y eleva la basura liviana, los desechos sólidos con contenido biológico infeccioso están al cien por ciento en contacto con el trabajador durante las horas de trabajo.
Durante este período de actividad es muy importante el lavado y secado de manos hasta el codo, capacitar al personal sobre cómo retirar y volver a ponerse el equipo de protección. Es fundamental cargar con suficiente agua y jabón en una parte segura y limpia del camión o vagoneta para uso del lavado de manos, de ser posible el chofer puede colaborar vertiendo el agua mientras los trabajadores se restregan bien las manos.
Evitar la ingesta de alimentos en la calle y sobre todo lo suficientemente lejos del camión.
Seguir todas las recomendaciones sanitarias e intensificar los protocolos sobre la entrada y salida de los camiones recolectores en los vertederos de basura.
Plantel municipal después de la jornada laboral
El ingreso de los camiones de basura y del personal debe cumplir horarios por grupos. Es de vital importancia crear una lista de requisitos a cumplir para la labor de ingreso, limpieza y desinfección de la maquinaria, herramienta y personal.
Crear plantillas metodológicas en las que se van anotando cada paso cumplido y observaciones al respecto.
El personal debe contar con un depósito adecuado para guardar y transportar su ropa sucia. Los zapatos deben limpiarse en este momento, se le debe condicionar un buen espacio para bañarse y desinfectarse, así como tiempo suficiente para esta labor. El personal que esté limpio y desinfectado debe estar, obligatoriamente, lejos del resto del personal que están en proceso de limpieza o estén contaminados. De ser posible sería mejor que se retiraran a sus casas una vez ya hayan completado la plantilla de limpieza.
Hogar después la jornada laboral
Respetar el protocolo de ingreso a la casa después de venir de la calle
Lavar el uniforme o la ropa con la que trabajó de forma inmediata, en un recipiente aparte para desinfectar antes de usar la lavadora o de verterla en una pila donde se lave otra ropa. Poner a secar la ropa y de ser posible, plancharla para que asegurarse que esté totalmente seca.
Evitar contacto físico con los miembros del hogar y sobre todo que tengan contacto con la ropa contaminada
BARREDORES DE CAÑOS, ACERAS Y CALLES
Hogar o casa de habitación antes de entrar a laborar
El trabajador debe asearse antes de salir a trabajar, sin importar que horas después se vaya a ensuciar o sudar en el trabajo.
Es preferible que se lave bien las manos y prepare su desayuno y lo consuma antes salir a trabajar, para evitar consumir alimentos en la calle.
Al salir del hogar debe seguir todas las recomendaciones generales y protocolos establecidos para el uso de transporte público o propio.
Plantel Municipal
Se debe lavar y desinfectar las manos para marcar la entrada en el reloj marcador. De ser preferible es mejor hacer un control escrito por el capataz para evitar filas y contacto directo a un solo objeto.
Evitar la ingesta de alimentos (desayuno) antes de salir a su labor, así como intercambios de alimentos a menos que estén sellados o empaquetados.
Si se hace consumo de alimentos dentro del comedor, es preferible no estar uno frente a otro guardando distancia. Se pueden turnar grupos para esto y, de ser posible, mejor haber tomado el desayuno en casa. En caso de aquellas personas que necesiten alimentarse en horas especificas por motivos de salud, guardar todas prevenciones antes de la ingesta.
Si el trabador necesita despojarse de su ropa particular para uniformarse, es preferible que guarde distancia o que este tiempo se haga en pequeños grupos para evitar aglomeraciones.
El uniforme debe estar limpio, seco y desinfectado. Es recomendable que la institución brinde suficientes prendas de vestir para que los trabajadores siempre puedan tener su uniforme completo a la hora de trabajar. En caso que no tengan suficientes prendas y por ser una crisis, las instituciones deberían autorizar el uso de ropa particular con el propósito de que los trabajadores siempre tengan ropa limpia y seca.
Campo de trabajo
Es importante mencionar que por las actuales normas de seguridad estos trabajadores se exponen más a ciertos desechos de cuidado personal, como lo son toallas de secado de manos, papel higiénico, paños desinfectantes, mascarillas, guantes y demás desechos con residuos biológicos.
Los trabajadores barredores se exponen a mucha suciedad en el aire debido al barrido que levanta partículas de polvo. Lamentablemente también barren caños con aguas residuales principalmente jabonosas, tienen que levantar rampas de acceso. Entre otras cosas, asean aceras donde personas indigentes orinan y defecan, recogen restos de basura que no recogió el recolector de basura, limpian botes de basura públicos, chingas de cigarro. También puede estar más expuesto a lugares públicos donde exista aglomeración de personas, como paradas de buses salidas de colegio y escuela, entre otras.
Los desechos son apuñados con escobón y recogidos con la pala para ser depositados en una bolsa montada sobre un carretillo o balde. Desechos más pesados o grandes deben ser recogidos con las manos. También existe la posibilidad de que, por alguna razón, el trabajador tenga que ordenar la basura para que le quepa por completo en la bolsa, lo cual lo hace con las manos; preferiblemente mejor que lo haga con su herramienta.
Sería recomendable que los trabajadores usaran protección en su cabeza, mascarilla, delantal, mangas largas y calcetines sujetando los ruedos del pantalón. Los guantes, los zapatos y casi todo el pantalón son las áreas donde más se suele acumular suciedad y donde puede retener no solo el virus covid-19, si no otra clase de virus.
Una vez la bolsa de basura esté llena, el trabajador debe depositarla en un punto específico. En este momento el barredor puede aprovechar la oportunidad para lavarse las manos hasta los codos. Para esto podría cargar una botella de agua y jabón en una mochila, o en el compartimiento trasero del carretillo; de ser posible puede limpiar las agarraderas del carretillo y desinfectarlas, así como la tapa del compartimiento donde guarda las cosas.
Un momento crítico en esta labor es cuando la bolsa de basura está totalmente llena. En este punto la exposición a la contaminación es mucho más alta, el carretillo o balde suele estar más sucio y avanzadas las horas, la pala y el escobón también; el trabajador debe acercarse a la bolsa de basura, tener más contacto con ella para cerrarla, alzarla y sacarla, para finalmente depositarla y acomodarla en su sitio. Sería prudente que el trabajador se limpie y desinfecte después de esta tarea.
Sobre los carretillos y baldes, las agarraderas, el depósito donde se sostiene la bolsa y las ruedas, son las partes donde más se contamina. El escobón y la pala no escapan de ser focos de concentración de cualquier virus y bacterias; son puntos clave a considerar a la hora de manipular esta herramienta, por tanto, es necesario evitar tener contacto directo sin los guantes.
Evitar la ingesta de alimentos en la calle y, sobre todo, lo suficientemente lejos de la herramienta contaminada.
Plantel Municipal después de la jornada laboral
El ingreso de los trabajadores y sus herramientas debe ser por grupos, para que se le pueda dar un mejor seguimiento en el procedimiento de entrada, limpieza, y guardado de la herramienta. Para esto es fundamental crear plantillas metodológicas en las que se van anotando cada paso cumplido y observaciones al respecto.
El personal debe contar con un depósito adecuado para guardar y transportar su ropa sucia. Los zapatos deben limpiarse en este momento. Se le debe condicionar un buen espacio para bañarse y desinfectarse, así como tiempo suficiente para esta labor. El personal que esté limpio y desinfectado debe estar, obligatoriamente, lejos del resto del personal que esté en proceso de limpieza o estén contaminados. De ser posible sería mejor que se retiraran a sus casas una vez ya hayan completado la plantilla de limpieza.
Hogar después la jornada laboral
Respetar el protocolo de ingreso a la casa después de venir de la calle.
Lavar el uniforme o la ropa con la que trabajó, de forma inmediata, en un recipiente aparte para desinfectar antes de usar la lavadora o de verterla en una pila donde se lave otra ropa. Poner a secar la ropa y de ser posible plancharla para que asegurarse que esté totalmente seca.
Evitar contacto físico con los miembros del hogar y, sobre todo, que tengan contacto con la ropa contaminada.
Observaciones importantes para ambos grupos de trabajadores
Se solicita a las jefaturas planificar la labor por tarea, para evitar concentraciones de trabajadores en los planteles.
Crear varios grupos de trabajo que entren a laborar en distintas horas a un lapso de tiempo prudente que permita cumplir con los protocolos de entrada y salida; este último con el cumplimiento de la planilla de limpieza, descontaminación y aseo del equipo de trabajo y los trabajadores.
Disponer de personal en los planteles que se encarguen de realizar aseo constante y que, a su vez, se guíen también con una planilla de tareas a cumplir.
Capacitar al personal, con su quehacer de cada tarea y puntos a considerar.
Se le recomienda al personal evitar la interacción con los contribuyentes. Si éstos tienen consultas, que las hagan vía telefónica.
Sin otro particular por el momento, esperando una pronta respuesta del despacho ministerial de salud,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Wálter Quesada Fernández Secretario General Adjunto
Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA)
El presente documento recoge una serie de medidas que ya están siendo planteadas por muchas de nuestras afiliadas en diversos países de las Américas en respuesta a la crisis.
Además de las formulaciones políticas de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), es imprescindible considerar el respeto de todos los Derechos Humanos, así como de los principios y derechos fundamentales en el trabajo tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Igualmente, compartimos la sistematización de las respuestas sindicales a la Encuesta Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre el COVID-19, que pueden servir como referencia de nuestra acción.
Es necesario tener presente que más allá de las respuestas urgentes y necesarias, esta crisis, antes de ser sanitaria y de salud pública, es una crisis del sistema económico neoliberal y evidencia el fracaso de sus políticas de reducción del Estado, de las privatizaciones, precarización del trabajo y de los derechos sociales.
Para la CSA, la verdadera respuesta a la crisis tendrá que orientarse en medidas de emergencia de mediano y largo plazo. La pandemia, además de mostrar el fracaso del neoliberalismo, abrirá una disputa sobre el modelo económico, social y político en las Américas y el mundo.
Las acciones de emergencia efectivas para garantizar la vida de las personas solo serán posibles con el abandono del paradigma neoliberal y la intervención estatal, basada en principios democráticos, en diversas áreas.
La opción democrática es la única forma de construir el camino para superar la crisis a mediano y largo plazo, a nivel regional e internacional. Las medidas del combate al virus no pueden ser confundidas con posturas autoritarias que se aprovechen de la situación para profundizar el autoritarismo, la exclusión y el ataque a países que son considerados como enemigos por las grandes potencias.
Defendemos el fin inmediato de los embargos financieros y sanciones económicas impuestas a Cuba y a Venezuela para garantizar la atención de la población en estos países. La CSA considera importante que esta medida sea adoptada en otras regiones del mundo. La defensa de la vida de las personas no puede ser confundida con oposición a gobiernos o sistemas políticos de signo ideológico diferente. Reafirmamos nuestra opción irrenunciable por la Democracia, por el Estado democrático de derecho y la soberanía de pueblos y naciones.
Hoy, los organismos multilaterales y los organismos financieros internacionales deben constituir un fondo mundial para financiar a todos los países para la atención de la población. El FMI, Banco Mundial, el BID, el G-20 deben abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento.
El fin de esas líneas de financiación es la atención a la población, el fortalecimiento de los sistemas de salud pública, la investigación para vacunas, de materiales hospitalarios, de los kits de pruebas masivas; así como también al abastecimiento de alimentos, de productos básicos de higiene, de vivienda para personas en situación de calle, de la renta mínima, del empleo y salarios para trabajadoras y trabajadores.
Defendemos la inmediata legislación para imponer impuestos a las grandes fortunas, las herencias y la ganancia de las grandes empresas. Especialmente a los capitales especulativos del sector financiero y las guaridas fiscales, que continúan ocultando los dineros de la corrupción, el narcotráfico y otros crímenes en el mundo.
Las empresas farmacéuticas y de la salud que se están lucrando de esta crisis, deben responder a las necesidades de la salud de la población con reducción de precios, atención universal, liberación de patentes, entre otras medidas.
Orientamos desde la CSA a todas nuestras organizaciones afiliadas y fraternas a estar en la línea de frente para enfrentar la crisis, comprometiéndose con estas líneas políticas generales y con las propuestas específicas listadas a continuación.
LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LA RESPUESTA A LA PANDEMIA.
1. Reforzamiento/activación de los mecanismos de diálogo social tripartito, bipartito, así como otros instrumentos de diálogo social amplio, a fin de garantizar que la definición y el establecimiento de medidas en el marco de la pandemia, sean tomadas con la participación de los sindicatos y organizaciones sociales con el objetivo de proteger los derechos básicos, de vida, trabajo y salud de la clase trabajadora en su diversidad.
2. La Negociación Colectiva es la principal herramienta para garantizar el diálogo. En este sentido, es fundamental garantizar la ultra-actividad de la negociación colectiva por 180 días o hasta que la crisis sea superada.
3. Garantía de estabilidad de empleo y de salario para trabajadores y trabajadoras a través de políticas públicas existentes, o con la creación de nuevos mecanismos que garanticen el empleo y la renta de trabajadoras y trabajadoras; ya sea en condiciones de formalidad o de informalidad (mecanismo de transferencia de renta directa).
4. Adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de protección social, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales, a fin de garantizar el derecho a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, independientemente de sus condiciones de formalidad o informalidad laboral.
5. Prohibición de la suspensión o terminación de contratos de prestación de servicios temporales durante el tiempo que dure la emergencia, para todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades; bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
6. En aras de garantizar la estabilidad del empleo y del salario, se ha implementado el teletrabajo como respuesta a la parálisis económica; sin embargo, en la región la mayoría de nuestros países no tienen o está insuficientemente regulada; es importante destacar que es fundamental que esta modalidad no precarice y flexibilice las relaciones laborales existentes. Por el contrario, debe tener como premisa la garantía del empleo en concordancia con los estándares de la OIT.
7. Proteger a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo han accedido a una licencia médica en el marco de la emergencia; así como a quienes se encontraban de licencia (médica, de maternidad, de vacaciones, etc.), previo a la crisis.
8. Proveer con todos los insumos necesarios a las trabajadoras y a los trabajadores de la Salud y a la totalidad de trabajadoras y trabajadores, públicos y privados, que están al servicio de nuestros pueblos enfrentando a esta crisis en la primera línea.
9. Garantizar el acceso de la clase trabajadora y de la sociedad en general a la información sobre la gravedad de la pandemia a través de los medios, sin ningún tipo de censura o intervención, asegurando que estos cumplan con su papel de informar para que ello contribuya a la prevención y la garantía de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE REALIDADES DE LA CLASE TRABAJADORA
10. Garantizar la alimentación, higiene y habitación a personas en situación de calle desde un enfoque de derechos y prestando especial atención a quienes forman parte de la población de riesgo. Esto incluye: disposición de hogares de habitación para personas mayores o con enfermedades preexistentes en situación de calle, disposición de espacios públicos e inclusivos de higiene con productos dispuestos a estos efectos (papel higiénico, alcohol en gel, jabón, agua, duchas, lavatorios), distribución de kits individuales de alimentos y agua.
11. Reforzar, retomar y/o implementar planes de distribución de alimentos y de elementos de higiene a familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo acceso a fuentes de energía para uso doméstico (cocción de alimentos, calefacción). Es imprescindible una política de control de precios de todos los artículos incluidos en la canasta básica y extenderlo a la regulación de tarifas de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, etc.), incluyendo la prestación gratuita de estos servicios para los sectores de la población que así lo requieran.
12. Inclusión de las trabajadores y de los trabajadores migrantes, refugiados y refugiadas, así como sus familias en todas las políticas de protección social existentes o que se implementen para atención de la crisis.
13. Reforzar, retomar y/o implementar políticas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, especialmente la violencia de género y el abuso en niños, niñas y adolescentes que se ven incrementados en situaciones de autoaislamiento y cuarentena preventiva y/u obligatoria.
14. Inclusión de trabajadores y de trabajadoras en condiciones de informalidad y precarización a las políticas y prestaciones ya existentes o que se implementen durante el periodo que dure la pandemia. Los trabajadores y las trabajadoras en condiciones de informalidad están presentes en diversos sectores de actividad: economía de plataforma, trabajo doméstico y economía de los cuidados, trabajadores-trabajadoras ambulantes, comercio minorista, cuentapropistas, entre otros. Esto incluye subsidios especiales, extensión de la seguridad social y protección social (políticas distributivas y no contributivas), reducción y/o congelamiento de tarifas de servicios básicos y acceso a productos de higiene y alimentos.
15. Garantía de salarios para aquellos trabajadores y para aquellas trabajadoras que no presten sus servicios por causa de medidas de auto-aislamiento y cuarentena obligatoria: trabajadoras/trabajadores del hogar, de los cuidados, trabajadoras/trabajadores sexuales quienes se ven obligadas a continuar ejerciendo su actividad para poder alimentar a sus familias y la estigmatización y discriminación de la que son objeto en la sociedad, reforzando su vulnerabilidad.
LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES NO DEBEMOS PAGAR LA CRISIS
16. Los Estados deben responder garantizando los derechos de la población en general y exigiendo el pago por parte de quienes se han beneficiado históricamente: grandes empresas y capital trasnacional.
17. Las instituciones financieras internacionales deben estar al servicio de las necesidades financieras de los pueblos. La ayuda que otorgan estas instituciones no puede significar un nuevo ciclo de endeudamiento de los países ocasionando restricciones presentes y futuras ni condicionándolos a planes de ajuste estructural.
18. El Estado es responsable por garantizar el acceso a la salud para toda la población afectada y en riesgo. Es urgente incrementar la inversión en salud, tanto en adaptación de infraestructura, compra de insumos de salud e higiene como en el pago de salarios y garantía de condiciones de trabajo dignas para los y las trabajadores/as vinculadas al sector. La reducción del gasto y la privatización del sector deben revertirse como primer paso para enfrentar la pandemia.
19. Es necesario definir medidas de ampliación del gasto público para responder a esta coyuntura que incluyan: subsidios al desempleo; reducciones al pago por alquiler, impuestos o servicios; transferencias monetarias básicas para trabajadoras/es en condiciones de informalidad o precarización, del campo y de la ciudad; subsidios a la pequeña agricultura y a la agricultura familiar; apoyos a las PyMEs y micro PyMES que garanticen la nómina de sus trabajadoras/es; pago a cuidadoras/es para trabajadoras/es que están en primera línea de atención, entre otras.
20. Las medidas de atención a la emergencia sanitaria, social y económica exigen la suspensión y/o eliminación de las restricciones a la inversión y al gasto social, así como a las reformas fiscales que han sido propuestas y/o impuestas en algunos países.
21. Suspender el pago del servicio de la deuda pública en el contexto actual y, cuando sea necesario, pedir su renegociación por parte de los gobiernos, en condiciones que permitan la autonomía en la definición de políticas públicas hacia el futuro. Por otro lado, con relación a la deuda privada de PyMEs, independientes y trabajadora-trabajadores, ofrecer alternativas de renegociación o suspensión de pago de cuotas, diseñar nuevas líneas de crédito en condiciones de bajo interés y plazos favorables, para los y las más personas afectadas por la crisis.
22. Suspender o revertir las reformas tributarias que han exonerado a las grandes empresas e incrementado los impuestos para la población en general. Es preciso orientar a impuestos directos y progresivos, cobrar impuestos a las grandes fortunas, ganancias y fondos ilícitos, cobrar impuestos a evasores, así como a las empresas transnacionales; de esta manera, se puede financiar la necesaria ampliación del gasto fiscal. La población trabajadora no puede continuar asumiendo el costo del gasto público con impuestos indirectos y regresivos o con rebajas salariales para contribuir a fondos para combatir la pandemia.
23. Es urgente y necesario regular precios y garantizar el abastecimiento y acceso para la totalidad de la población de los productos de la canasta básica. Así mismo, apoyar a pequeños y medianos comerciantes en la venta de producción nacional y la implementación de políticas de compras públicas, lo que contribuye a generar un efecto positivo en la economía en el mediano plazo.
24. Con relación a las empresas transnacionales, renegociar y regular tarifas y regalías, por ejemplo, de telefonía, comunicaciones y energía.
DEMOCRACIA Y SOLIDARIDAD
25. Los sindicatos somos actores de la democracia, representantes de un sector fundamental de la sociedad, vinculados a los centros de trabajo, las comunidades y los territorios y conectados con las necesidades de la población. Nuestro papel frente a la contingencia actual es de primerísimo orden y reclamamos nuestra participación, fortaleciendo los mecanismos de diálogo tripartido y bipartito, así como en otras instancias de participación y diálogo con los demás actores de la sociedad, comprometidos con el enfrentamiento de la crisis.
26. Las Américas son territorios de paz. Las medidas que tomen los gobiernos para frenar la propagación del virus no pueden provocar el aumento de la militarización, violencia y criminalización en los territorios. El aislamiento social es la medida más efectiva para la no propagación del virus, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las medidas no pueden impedir el acceso a alimentos, atención médica, insumos de higiene y otros bienes esenciales durante todo el período en que estén vigentes, por lo que deberá garantizarse acceso seguro y sin consecuencias para la integridad personal de aquellos trabajadores y de aquellas trabajadoras que deba desplazarse.
27. Las fuerzas de seguridad policiales y militares deben ser desplegadas con mesura evitando generar estados de alarma en las comunidades. La presencia de militares y fuerzas de seguridad (públicas y privadas) en la región están, a menudo, asociadas a situaciones de violencia y operan con impunidad criminalizando protestas y el ejercicio de la libertad de expresión. El aislamiento no puede convertirse en la excusa para profundizar la criminalización de líderes sindicales y sociales. Llamamos a los organismos judiciales y a la comunidad internacional a mantener la observancia sobre las medidas de seguridad pública que puedan atentar contra la libertad sindical y los derechos a la manifestación pacífica, respetando las medidas orientadas por la OMS de no aglomeración para no propagación del virus.
28. La clase trabajadora, en especial en las Américas, tiene un legado histórico de construcción de redes de solidaridad nacional, regional e internacional en épocas de restricción de derechos, libertades y ataques a la democracia. En esta pandemia llamamos a todas las organizaciones sindicales y sociales a unir fuerzas y activar estas redes de solidaridad internacionales pues serán fundamentales para poder sostener a las clases populares en épocas de crisis sanitaria, económica y social.
29. La Central de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), nuestros sindicatos, las organizaciones y movimientos sociales aliados, seguiremos unidos por otro mundo, no solamente posible, sino necesario para un planeta sano para nuestros pueblos en la defensa de avances civilizatorios para la Humanidad. ¡Seguiremos en lucha!
Es por todos (as) conocida la situación que ha estado atravesando el país, por motivo de la propagación del virus llamado “COVID-19”, ante la cual se han dictado una serie de medidas sanitarias, con la finalidad de reducir la posibilidad de propagación del mismo.
En respuesta a esta situación, el Estado costarricense decreto estado de emergencia nacional por medio de Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S del 16 de marzo del 2020.
En este mismo orden de ideas, se tramito en la Asamblea Legislativa, el expediente N ° 21.854, como una posible medida para enfrentar la situación del país, en el ámbito del Derecho Laboral, proyecto que fue aprobado como Ley de la República y publicado en la Gaceta del 19 de marzo del 2020, como “Ley de Autorización de reducción de jornadas de Trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”, sobre la cual ANEP oportunamente presentó su oposición y observaciones, por no estar de acuerdo con el fondo del proyecto. Sin embargo, al ser hoy ley de la República, es necesario que nuestras bases tengan claridad de los alcances de dicha norma, las posibles restricciones, pero principalmente de cuáles son los aspectos sobre los que debemos estar vigilantes, en su aplicación.
Dentro de la exposición de motivos de dicha ley, se justifica en la afectación que la actual crisis ha tenido y está teniendo sobre las actividades comerciales, y económicas y por ende en las relaciones de trabajo. Bajo esta premisa se debe tener claro que para la aplicación de dicha ley deben en principio mediar dos supuestos iniciales y elementales, el primero es que únicamente se aplicaría esta norma, cuando se haya declarado un “Estado de Emergencia Nacional”, por lo que en condiciones normales, si una empresa tiene problemas de solvencia económica, siendo un caso particular, y no una situación de emergencia nacional, no se puede aplicar la reducción de jornada, y el segundo supuesto es que se está ante una afectación real y directamente relacionada con la situación de emergencia nacional decretada.
Por otra parte, la reducción de las jornadas reguladas en esta ley, al responder a un tema de emergencia nacional, y sus efectos, la misma únicamente puede ser temporal, es decir no se debe aplicar en el tiempo, ni de manera ilimitada. Debe responder a la situación económica de la empresa, frente a la situación de emergencia nacional, con una limitación temporal máxima de 6 meses. (Artículo 5 de la Ley)
La Ley está pensada para las empresas del sector, privado, no regula la reducción de jornadas en el sector público, sobre lo cual a este momento no ha sucedido, ni se ha regulado nada al respecto, por lo que por el momento lo que podemos tener presente es que no puede darse reducción de jornadas en el sector público, sino hay norma que lo permita, y si se llegará a emitir deben respetarse las mismas o mayores garantías que las que regulan en la ley de cita.
El primer requisito para que la reducción de jornada sea aprobada es que la empresa demuestra que ha tenido al menos en 20% de reducción en sus ingresos, y esa reducción debe estar directamente relacionada con la situación de emergencia nacional.
La ley da potestad al empleador para determinar cuáles son los contratos de trabajo que requieren ser reducidos en su jornada. Sobre este tema lo razonable y sobre lo cual debemos estar vigilantes, es que, si se aplica dicha reducción de jornadas, mínimamente se justifique en la real reducción de producción de determinadas secciones, departamentos o trabajadores de la empresa, directamente relacionada a la crisis nacional, y que no se aplique de manera antojadiza o arbitraria.
La ley establece un límite de la reducción de la jornada, hasta en 50% de la jornada ordinaria, y únicamente en los casos en los cuales las empresas demuestran tener pérdidas de hasta un 60% de las ganancias podrían reducir las jornadas hasta en un 75% de la jornada semanal ordinaria.
Sobre este tema se debe estar atento a la cantidad de horas que se mantenga trabajando a los trabajadores cuando esta reducción sea aprobada, es decir que, si una persona trabaja tiempo completa, únicamente podrá ver reducida a su jornada a medio tiempo. Y únicamente en casos extremos de pérdidas económicas de la empresa del 60% la jornada podrá ser reducida a un cuarto de tiempo.
Se debe tener claro que como quedo redactada la Ley, los patronos pueden aplicar la reducción de las jornadas de previo, a la solicitud ante la Inspección Nacional de Trabajo (ente encargado de autorizar o no la reducción de las jornadas) de dicha autorización, pero necesariamente dentro de los 3 días siguientes a la aplicación de dicha reducción el patrono debe solicitar la autorización, justificación mediante declaración jurada del patrono y certificación de un contador público autorizado, las pérdidas económicas.
En este punto lo que debemos vigilar, es que si en una empresa se ha reducido la jornada de los trabajadores, es que el patrono efectivamente pida la autorización dentro de los 3 días siguientes, y corroborar la información que den en el Ministerio de Trabajo, sobre las pérdidas económicas y sugiero que si se tiene alguna prueba en contrario, por medo de la cuales pueda acreditar que las pérdidas económicas no están relacionadas directamente con la situación de emergencia, o en realidad no hay pérdidas económicas, deberían aportar a la Inspección Nacional de Trabajo, para que sean valoradas a la hora de resolver si autoriza o no la reducción de jornada.
En los casos en los que se haya autorizado la reducción de jornada, se debe tener claro que en caso de que posteriormente ese trabajador termine su relación de trabajo, las prestaciones deben calcularse sobre los salarios recibidos antes de la reducción de la jornada. (Preaviso, cesantía, daños y perjuicios en contratos a plazo determinado)
Para efectos de los demás derechos laborales, si se tomaran en cuenta los salarios realmente percibidos durante la aplicación de la reducción de la jornada (ejemplo para efectos de aguinaldo, vacaciones, cuotas de la CCSS)
En caso de que la Inspección de Trabajo rechace la solicitud del empleador, la persona trabajadora tendrá derecho al pago de las diferencias salariales correspondientes al salario que habría percibido por su jornada ordinaria, y da la posibilidad también al trabajador de dar por terminada la relación laboral, de forma unilateral su contrato con responsabilidad para el patrono. (sin embargo, esto es un sin sentido, ya que los trabajadores lo menos que quieren es quedarse sin empleo, por lo que esto debe entenderse necesariamente como algo netamente voluntad del trabajador, es decir tiene el derecho de recibir las diferencias salariales y solo si quiere dar por terminado el contrato de trabajo)
Como dirigentes se debe estar vigilantes que estas reducciones de jornada no se apliquen solo a los dirigentes sindicales, o a las demás personas con fueros de protección.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
