Opinión: Ciegos que aun viendo… no ven

Por: Claudio Alpizar Otoya

En estos días críticos, varios amigos me enviaron para mi lectura un artículo titulado “Si hay patadas, hay pa´todos” (La Nación, pág. 27), firmado por Guiselly Mora, Eli Feinzaig, Dennis Meléndez, Luis Mesalles y Thelmo Vargas. Una línea con la visión economista más pura y auténtica que se pueda tener en momentos de una fuerte crisis social, con un reduccionismo total a los aspectos económicos, donde los factores económicos priman sobre cualquiera otros.

Los analizo desde mi sesgo que prioriza la visión social, la cual me ha hecho seguidor del economista más reconocido e icónico del Siglo XX, John M. Keynes, aún vigente y no muy amigo de los articulistas mencionados, sobre todo cada vez que aparece una crisis económica en la que intentan ignorarlo, pero en la práctica, irónicamente también terminan siendo keynesianos.

John M. Keynes no creía que el sector privado pudiera ser el que resuelva los problemas más determinantes del sistema económico, como por ejemplo el desempleo. Era menos partidario de la autorregulación del mercado, pues este con frecuencia demuestra su incapacidad, más en las crisis, cuando hasta quienes endiosan al mercado imploran la acción estatal para influir en la actividad económica y lo ven como factor clave para reactivación económica.

Los mencionados articulistas inician su escrito solicitándole al Gobierno que tome medidas más fuertes para ayudar a las empresas privadas. Esa es la premisa inicial y clave de todo su planteamiento y el ciudadano en este caso pasa a ser secundario, pues es medio y no fin.

Luego continúan pidiendo que el Estado disminuya sus gastos, pero a la vez le piden más acciones. ¡Cuán contradictorio! Tratan de disimular el ventajismo que pretenden de la actual crisis hablando de “cerrar instituciones que no satisfagan un fin social”.

Yo pregunto: ¿Quién define entonces cuáles son sociales; acaso ellos? Una generalidad pasmosa que les permitiría meter en ese paquete de cierre a CNP, FANAL, EBAIS, RECOPE, ICE y otras tantas muy debilitadas en las últimas décadas. Porque es algo que siempre han soñado y que hoy, en la crisis, ante el papel protagónico y la eficacia que demuestran las instituciones públicas sienten que se les frustra.

Ellos prácticamente -si pudieran hacerlo- reducirían el Estado con fin social a la CCSS. Claro no sin antes afectarla en sus finanzas y dejarla funcionando al mínimo, pues desde su sesgo economicista el mercado de salud supliría todo lo demás y a “mejores” precios.

Dicen estar complacidos con la reducción unilateral de jornadas laborales en el sector privado como medida para no despedir personas mientras duren las calamidades, a la cuales le sacarán ventaja para perpetuarlas, pues en río revuelto ganancia de pescadores. Ese es su objetivo: aprovechar la crisis para precarizar salarios y beneficios.

Pero olvidan, miento, obvian, que será el Estado quien deberá brindar auxilio a esas personas con subsidios que irán desde el efectivo hasta abaratar o donar los servicios públicos, y eso no lo dicen porque se sentirían muy keynesianos, pero en el fondo lo esperan, no sin antes promover la precarización estatal, la cual disimulan con una falsa solidaridad en sus propuestas. Nadie duda que el Estado debe en esta crisis racionalizar sus gastos e inversiones y que de ello deberíamos aprender para el futuro, pero cuidado con quienes intentan disminuir su papel a futuro, pues esta no será la última crisis de nuestra historia y ocupamos un Estado cada vez más solidario.

Está claro que dichos articulistas no alaban en una sola línea el papel fundamental que muchas instituciones del Estado Solidario costarricense están y estarán desarrollando por días, semanas y meses, tal vez hasta por años, ahora y posterior a la crisis del COVID-19. Ellos saben muy bien que el mundo será otro y que sus premisas economicistas, que por años promovieron, han quedado desnudadas hoy y que se caen no por culpa de una Guerra Mundial o por la avaricia y la usura del sector financiero y bancario (Crisis del 2008), sino por algo que jamás imaginaron; por eso que tanto han alabado siempre: por una “mano invisible”.

Empero, una “mano invisible” que vino de una pandemia, la cual no se solucionará con bajar o subir el dólar, con más dinero circulando, con más o menos impuestos, sino que se soluciona con atención médica y prevenciones para la salud y la alimentación de todos. Que, por dicha de Dios, para el caso de Costa Rica, está en su mayoría en manos del Estado, el que dará sus servicios con equidad e igualdad a todos los costarricenses. No será el mercado quien defina quienes pueden disfrutar de los servicios requeridos: será la solidaridad.

El Estado costarricense no tiene problemas por su tamaño, y esa es la premisa más falsa promovida por quienes hablan de 330 instituciones estatales para asustar a los costarricenses, sumatoria que incluye a las 82 municipalidades, a 50 colegios profesionales y otras más que están en ámbitos diferentes.

El problema de nuestro Estado es la carencia de mayor eficacia y eficiencia. No es un asunto de tamaño o de despedidos, pues apenas representa el 13% de la mano de obra del país, y disminuye año con año.

Costa Rica no requiere de un estado lleno de “grasa”, pero tampoco de uno precarizado que muestre sus “costillas”; lo que requiere es un Estado fuerte y “tonificado”. Por ello, esta crisis que vivimos nos debería hacer coincidir y reclamar aún más su importancia. El Gobierno tendrá sus necesidades, y no deberá permitir el gasto indiscriminado, sino que deberá asegurarlo pues lo que viene estará lejos del alcance del sector financiero.

Estos “adalides” del mercado deshumanizado piden que el Estado costarricense se reduzca a la mitad; piden la reducción del salario de funcionarios públicos a 50%, igual que lo que se pretende hacer por ley con los funcionarios privados que son el 87% de los empleados.

Aquí lo que predican es “mal de muchos, consuelo de tontos”. Insisten en la guerra entre empleados públicos y privados que han promovido por años, pero ni por asomo solicitan una disminución de los compromisos y deudas adquiridas por los funcionarios públicos o privados, o de las utilidades en las empresas de productos de primera necesidad, pues pretenden mantener las utilidades abaratando solamente el empleo.

El empleado privado es tan importante como en empleado público. Se necesitan unos a otros, y ciertamente “si hay patadas hay pa’todos”, pero esta premisa también debe ser implementa en los momentos de bonanza, pero les aseguro que estos economicistas nunca encontrarán ese momento.

No dicen los articulistas que el Estado también tendrá una caída fuerte en sus ingresos, que ya venía con problemas, pero se le seguirá exigiendo servicios y atención oportuna. Pero siguen insistiendo en que todo es culpa del empleo público. Además, desde el Estado se deberá promover y reactivar la economía, y recuérdenme, estos mismos economicistas estarán pidiendo pronto suspender la famosa y vilipendiada regla fiscal que amarra a todo el Estado costarricense y serán ellos mismos quienes lo pedirán a gritos para la reactivación económica.

He sido pequeñito empresario toda mi vida, y estoy de acuerdo que se deben revisar con detalle las cargas sociales impositivas a los empresarios; pero no estaría nunca de acuerdo en que se aprovechen coyunturas de crisis para acabar y debilitar la solidaridad y la justicia social, pues siempre habrá hienas y tiburones esperando su oportunidad para hacerlo por beneficio particular.

El problema de nuestro Estado es la necesidad de promover mayor eficiencia y eficacia en las políticas públicas. Los servicios públicos tienen que mejorar en tiempo y calidad, y aquí la culpa es repartida entre gobernantes, sindicatos y empleados públicos, que hoy ante la crisis del COVID-19 tienen la gran oportunidad de mostrarse solidarios con sus mejores tareas para retomar credibilidad.También soy fiel creyente de la iniciativa privada, lo soy, pero nunca bajo el sustento de la desigualdad de oportunidades, porque ese no fue el país que forjamos y que debemos recuperar.

Los autores del artículo que critico aprueban las medidas que está tomando el gobierno para debilitar la seguridad de trabajo y los ingresosde los empleados privados, apuntando que si las mismas se hubiesen tomado con anticipación, la crisis por COVID-19 no nos habría tomado en una precaria coyuntura económica.

Al contrario, pienso que por dicha no se adoptaron cuando ellos las propusieron pues hoy la situación sería peor para todos los costarricenses. Por ejemplo, cuántas veces han querido debilitar nuestro sistema de salud por esa visión economicista? ¡Muchas!

En el artículo hablan de “vivir hoy para pelear otro día”. Por dicha estaba con vida nuestro Estado Solidario y gracias a ello hoy en día podemos seguir peleando.

Urgen, pues, medidas de auxilio para los pequeños y medianos productores en todas las áreas; urge ayuda para los asalariados en general, y saben ustedes quien las proporcionará: por supuesto que el Estado, ese mismo que tiene enemigos adentro y afuera; que siempre lo verán grande e ineficiente, y son precisamente esos ciegos que aun viendo… no ven.

Esta crisis pone la atención sobre la importancia del Estado, repito por tercera vez, eficiente y eficaz. Un Estado para los que lo necesitan, no para los que abusan de él, y de él abusan tanto actores públicos como actores privados.

Esta crisis pone a Costa Rica en una posición inmejorable para retomar el control del destino de nuestro país por los propios costarricenses, y será una manera de reafirmar nuestra soberanía nacional, por lo que tendremos obligatoriamente que volver a ver hacia adentro, hacia lo rural, tanto de la nación como de nuestros corazones.

– Politólogo

Custodios de cárceles del OIJ se muestran preocupados por medidas de higiene para controlar el COVID-19

Trabajadores solicitan que se suspendan las audiencias de cambio de medidas y algunas donde los detenidos pueden ser representados por la defensa, entre otros aspectos.

En las instalaciones ya se presenta desabastecimiento de implementos para la higiene

Debido al incremento de casos de personas con el virus COVID-19, el personal custodio de las cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se muestra preocupado por las pocas medidas de higiene implementadas para prevenir el contagio.

De acuerdo con los trabajadores, la posición del Poder Judicial genera molestia y preocupación, ya que están en contacto tanto con privados de libertad, como con aprehendidos por la Fuerza Pública.

«Muchas de estas personas son indigentes y/o extranjeros con hábitos de higiene preocupantes para la salud pública. A eso le debemos sumar que estos delincuentes muestran hostilidad y es común que escupan, rasguñen y ataquen directamente la integridad de los custodios», indicó José Poveda Cedeño, presidente de la Seccional ANEP-Cárceles OIJ.

El dirigente sindical detalló una serie de peticiones, entre ellas que se suspendan las audiencias de cambio de medidas y aquellas donde los detenidos pueden ser representados por la defensa.

Además, solicitan que a los detenidos no se les traslade el día anterior para que no permanezcan tanto tiempo en las celdas y que se provea de equipos y todo lo relacionado de detenidos que representan ciertos síntomas gripales.

«Ya se han presentado situaciones con detenidos que vienen con síntomas que nos preocupan y no hay suficiente alcohol o alcohol en gel, mascarillas adecuadas, guantes y los implementos que son necesarios para mantener detenidos en celdas. Por ejemplo, solo el caso del juicio del «gringo» reúne en una sala a 47 o más personas, también requiere de la permanencia de una gran cantidad de custodios, en el comedor o área de celdas», agregó.

Poveda enfatizó en que no hay una claridad en los protocolos en cuanto reciben o hay permanencia de personas con síntomas sospechosos del coronavirus.

«No hay un protocolo bien establecido de las personas que son trasladados por otras dependencias como Fuerza Pública, Tránsito, Policía Municipal y hasta los mismos compañeros de investigación del OIJ, sobre las personas detenidas que ellos nos llevan a celdas. Se siguen programando las diligencias a gran escala, ya hay desabastecimiento de implementos para la higiene, los vehículos de transporte de detenidos algunos no reúnen ninguna seguridad en contener el contagio ya que en el caso de los microbuses el aire acondicionado que se les activa a la parte de dónde van los detenidos, circula por todos lados inclusive a la parte de la cabina o sector donde viajan los custodios», explicó Poveda.

Para la ANEP y su Seccional en cárceles del OIJ es preocupante que los magistrados obvien las medidas para el personal trabajador siendo este un tema de salud pública.

Seccional ANEP- IMAS solicita la suspensión de visitas programadas a los hogares de familias beneficiadas ante medidas de contingencia por el Covid-19

La Gerencia General del IMAS está obviando que dentro de la población beneficiada se encuentran las personas con factores de riesgo ante el COVID-19.

La Seccional ANEP-IMAS solicitó a la administración superior del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), posponer las visitas programadas de las Personas Cogestoras Sociales (PCGS), o cualquier otro personal que realiza trabajo de campo a fin de evitar exponer a las familias beneficiarias en su domicilio y a las personas funcionarias de la institución, debido a la emergencia sanitaria que presenta el país por el COVID-19.

La solicitud de la seccional nace luego de conocer la directriz IMAS-GG-667-2020, del 17 de marzo del 2020. Donde se establece que:

“(…) Que se instruye a las Jefaturas de Áreas Regionales de Desarrollo Social y de las Unidades Locales de Desarrollo Social a coordinar con las personas funcionarias que desempeñan funciones de cogestores sociales, a mantener las visitas programadas, mientras que se analiza la utilización de tecnologías de información. Asimismo, se mantiene la atención a la población preferencial como lo son las personas adultas mayores, discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas según se registre en SIPO, así como la presencia de violencia intrafamiliar según SIPO o por alguna referencia, o desalojos inmediatos.”

Sin embargo, para la seccional llevar a cabo esta instrucción girada desde la Gerencia General, no solo pone en riesgo a la persona trabajadora del IMAS, sino también al total de personas que se encuentran en la vivienda o las viviendas donde se realizan las atenciones (seguimientos, supervisiones, aplicación de FIS).

“Exigimos a la administración analizar una estrategia de atención para la población preferencial, que no implique que estás deban trasladarse a la Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS), para ser valoradas. La Gerencia General está obviando que dentro de esta población se encuentran las personas con factores de riesgo ante el COVID-19”, indica la solicitud de la seccional enviada al IMAS

Para la seccional ANEP-IMAS se debe considerar las recomendaciones emitidas por las autoridades en salud, máxime que, en el país ya se registra 89 casos confirmados de COVID-19.

“No es aceptable que se les comunique a las jefaturas de Personas Cogestoras Sociales que lleven a cabo estas visitas en campo ante un llamado al pueblo de Costa Rica de mantenerse en sus hogares en la medida de lo posible, y ante la recomendación de que las personas trabajadoras con puestos de teletrabajo permanezcan en sus hogares”, indica la solicitud. 

Acciones que podría realizar la administración del IMAS

Para la seccional ANEP-IMAS,  la Gerencia General y Subgerencias de Desarrollo Social debe analizar lo que implicaría para esta población trasladarse hasta las ULDS en el contexto actual (transporte, contacto cercano con otras personas) y gire instrucción para que por medio de la revisión de los expedientes y de la revisión de  información contenida en los sitios web de diferentes instituciones o sistemas (como lo son la CCSS, el SINIRUBE, el Registro Nacional de la Propiedad, entre otras que permita la institucional) se corrobore que se mantiene la situación socioeconómica de la familia.

Lo anterior puede ser complementado con el uso del recurso telefónico. De modo que se corrobore la información del expediente, y los documentos obtenidos, y con ello actualizar la FIS para que se puedan tramitar los beneficios. Es decir, se solicita tomar medidas afirmativas y particularizadas ante las personas con factores de riesgo.

“Solicitamos que la administración brinde opciones puntuales para discernir sobre qué priorizar y qué puede esperar o buscar otras alternativas de atención. Todo esto, sin poner en riesgo a ambas poblaciones ante la declaratoria de emergencia como la que estamos viviendo”, finaliza la solicitud de la seccional ANEP-IMAS.

Escuela Nacional de Policía mantiene cerca de 600 personas en sus instalaciones pese a emergencia por Covid-19

La seccional ANEP-Fuerza Pública solicita se detenga la exposición de los funcionarios policiales al contagio y, por ende, la propagación del Covid-19, por la insistencia de dar mayor importancia a las estadísticas, antes que la salud y la vida de los uniformados.

La ANEP y su seccional en la Fuerza Pública hacen un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), así como al Ministerio de Salud, para que tomen las medidas respectivas respecto a la exposición de los diversos cuerpos policiales del país, ante un posible contagio del Covid-19.

Para la seccional ANEP-Fuerza Pública las declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, ante los medios de comunicación respecto al estado de emergencia que vive el país, distan mucho de lo que se vive a lo interno de la Fuerza Pública, y un claro ejemplo de esto, es lo que se presenta en la Escuela Nacional de Policía, ubicada en Guápiles donde al día de hoy se mantienen cerca de 600 personas en adiestramiento policial.

En fotografías tomadas el día de hoy en poder de la ANEP, se puede observar como en las áreas comunes no se cumple las medidas de seguridad solicitadas por las autoridades de salud, respecto al distanciamiento de personas, ante la presencia del Covid-19 en el país y se observa una aglomeración de personas.

A esta situación, se une las condiciones de insalubridad y hacinamiento que presentan muchas delegaciones policiales en todo el territorio nacional, en las cuales, según la seccional, se ha podido constatar el faltante de jabón líquido, alcohol líquido y en gel, así como guantes de látex.

 “Es irónico, mirar al ministro Soto en las conferencias de prensa al lado del presidente de la República y del Ministro de Salud, solicitando evitar contacto físico y extremar las medidas de higiene, pero en la Fuerza Pública se sigue manejando la operación policial como si nuestros policías estuvieran vacunados contra el Coronavirus”, manifestó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

Otro de los llamados de la seccional ANEP-Fuerza Pública hacia el MSP, es plantear una nueva estrategia de abordaje a los delitos por parte de los oficiales, ya que por su labor diaria están expuesto al contagio del Covid-19.

“Ciertamente, los Cuerpos Policiales están dentro de la primera línea de respuesta, sin embargo, se debería trabajar en prevención de delitos, mediante patrullajes estratégicos orientados y no mantener la constante de “cacheos”, consultas de personas, traslado de habitantes de la calle y otras acciones, que podrían resultar de alto riesgo para la salud del personal, así como para la salud pública”, dijo Anchía.

Ante estos escenarios descritos, la seccional ANEP-Fuerza Pública solicita se detenga la exposición de los funcionarios policiales al contagio y, por ende, la propagación del Covid-19, por la insistencia de dar mayor importancia a las estadísticas, antes que la salud y la vida de los uniformados

“Solicitamos con el mayor respeto, congruencia entre las acciones desplegadas por el Ministerio de Seguridad Pública, con las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo, en torno con las medidas de prevención por el Coronavirus”, finalizó Anchía.

Proyecto de ley que autoriza reducción de jornada laboral por emergencia nacional precariza las condiciones de trabajo

El Proyecto de ley responde en exclusiva a los intereses económicos del sector empresarial, su contenido adolece de una serie de falencias que terminan perjudicando, aún más, al sector obrero.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), se pronuncian sobre la propuesta de legislación que está presentando el Gobierno de la República mediante el  proyecto de ley denominado “Ley que autoriza la reducción de jornadas ante la declaratoria de emergencia nacional por emergencia sanitaria ocasionada a causa de una pandemia” , el cual afecta considerablemente a la clase obrera.

Es importante resaltar que esta misma propuesta había sido ya planteada en el proyecto de ley 18.080 denominado “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en los tiempos de crisis”, mismo que se tramitó, sin éxito, en la Asamblea Legislativa durante la Administración de Laura Chinchilla Miranda, con el apoyo decidido de las cámaras empresariales.

Ahora, aprovechando el contexto de la actual crisis que vive el país a causa de la pandemia del Covid-19, el empresariado nacional y su Gobierno, retoman la iniciativa de ley que nos la presentan como una medida “necesaria” para proteger el empleo.

La ANEP y el SITRAP ven con buenos ojos cualquier medida tendente a proteger el empleo, pero hace ver que, en orden de prioridad, se debe proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Desde esta perspectiva, criticamos este proyecto de ley, precisamente, porque lejos de proteger a las personas trabajadoras, no hace otra cosa que precarizar las condiciones de trabajo, pero sí favorece los intereses económicos de las empresas

En nuestra opinión, el Gobierno debería dirigir sus esfuerzos por ayudar a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas; dándoles facilidades para que puedan enfrentar la crisis, pero sin cargar la factura a los trabajadores y a las trabajadoras que es lo que, a la postre, hace este proyecto de ley. Además, de que el contenido de este último adolece de una serie de falencias que terminan perjudicando, aún más, al sector obrero.

Para empezar, como es ya estilo en todas las propuestas de reforma legal al marco jurídico que regula las relaciones laborales del país que promueven los grupos de poder económico y las cámaras empresariales; el proyecto omite, por completo, tener en cuenta la negociación colectiva como instrumento idóneo para resolver los problemas del mundo del trabajo.

La propuesta de ley parte de la visión autoritaria y unilateralista de las relaciones de trabajo, donde la participación de los trabajadores y de las trabajadoras, así como la representación sindical, no tienen cabida.

El proyecto de ley no prevé, si quiera, la posibilidad de que la reducción de la jornada sea negociada con los trabajadores y con las trabajadoras en aquellas empresas donde existe organización sindical que, si bien es cierto son pocas en el país, las hay.  Es la visión antisindical que prevalece en el Gobierno.

A parte de lo anterior, nos preocupa puntualmente ver que los requerimientos exigidos en el artículo 3 del proyecto para la autorización de la reducción de la jornada, son muy laxos.

Basta con que el empresario presente una declaración jurada manifestando afectación en sus ingresos y que aporte “los datos correspondientes”, para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), otorgue la autorización. Si bien el artículo prevé que dichos datos pueden ser verificados por el MTSS, la consabida limitada capacidad de gestión que tiene este ministerio, nos permite entender que el sistema de control no funcionará y las autorizaciones serán dadas de manera automática.

Consideramos pertinente que, cuando menos, se exija al empresario solicitante de la autorización que, aparte de la declaración jurada, deberá demostrar la reducción de los ingresos mediante un estudio contable debidamente certificado por un profesional competente, y que éstos sean debidamente verificados por la autoridad competente, previo a emitir la autorización.

De igual forma, echamos de menos en el proyecto la participación del Consejo Nacional de Salarios (CNS). Al considerar que la reducción de la jornada implica, en esencia, una reducción drástica de los salarios pues esto constituye el corazón de la medida; y dado que el proyecto no posibilita la participación obrera por medio alguno, cuando menos debería dársele participación al CNS a fin de que este órgano, que es de conformación tripartita, sea el que emita los lineamientos que deben seguirse para la implementación de una medida como la planteada; y que estos lineamientos respondan a criterios más técnicos y según la realidad puntual que tenga cada sector productivo frente a la crisis.

Nos preocupa, también, que se establezca la posibilidad de reducir la jornada en un 75 % en aquellos casos en los que se aduzca la reducción de ingresos al 60 %.  Llama la atención ver cómo los proponentes del proyecto, en la versión definitiva del texto, han socado aún más el torniquete sobre el cuello de los trabajadores y de las trabajadoras, pues en la versión original del proyecto, la medida quedaba limitada al sector turismo y la reducción de la jornada no sobrepasaba el 70 %. Ahora, se propone como regla general que aplicaría a favor de cualquier empresa y reduciendo el salario de los trabajadores apenas al 25 %.

Esta medida, a todas luces desproporcionada, no toma en cuenta que reducir el salario de los trabajadores y de las trabajadoras a una cuarta parte, implicaría condenar a los perjudicados a una situación calamitosa, pues con el ingreso percibido no podrían atender siquiera las necesidades más elementales de subsistencia.

Esta medida, violenta de manera grosera las medidas de protección al salario previstas en la legislación laboral, y viola el derecho fundamental que tiene toda persona trabajadora a devengar un salario que le permita una existencia digna, según lo ordena el artículo 57 de nuestra Constitución Política.

Una reducción del salario como la que se plantea en este proyecto de ley, ni siquiera permitiría a la persona trabajadora sufragar los gastos que le demanda la actividad laboral como lo son la alimentación, el transporte o la vestimenta.

Mucho más preocupante es ver cómo el proyecto de ley ni siquiera establece excepciones a la reducción de la jornada, como medida para proteger a las personas más vulnerables, o a aquellas en estado de necesidad especial.

Permitir que sea el empleador quien, de manera autoritaria, unilateral y discrecional, decida a qué contratos se le aplica la reducción de la jornada sin condicionamientos de ningún tipo, es poner en manos del empleador una potestad desproporcionada que puede fomentar todo tipo de abusos.

Por las mismas razones antes expuestas, consideramos inaceptable que en el proyecto de ley se establezca, como se hace en el artículo 7, la posibilidad de aplicar la reducción de la jornada incluso a trabajadores aforados o trabajadoras aforadas, pues tal medida socava y deja sin efecto la protección especial que el ordenamiento jurídico prevé para este tipo de personas trabajadoras.

Piénsese en la grave situación en que quedarían, por ejemplo, las trabajadoras en estado de embarazo o en período de lactancia, mismas que verían sus ingresos reducidos drásticamente cuando sus familias, mayor seguridad y estabilidad económica requieren.

En definitiva, en nuestra opinión, este proyecto de ley, lejos de darnos una solución al problema que enfrenta el país, viene a agravarlo, por cuanto no hace más que trasladar a los trabajadores y a las trabajadoras los riesgos de empresa frente a una crisis que ni es culpa de ellos ni de ellas; sino que, además, frente a tal crisis son estas personas trabajadoras las más vulnerables y, por tanto, quienes mayor protección requieren por parte del Estado.

Finalmente, apuntamos una omisión que no por obvia resulta innecesaria. El proyecto de ley no contempla ninguna medida compensatoria a favor de los trabajadores perjudicados y de las trabajadoras perjudicadas con la rebaja de sus salarios.

Si la intención  real del proyecto es proteger el empleo, resulta absolutamente indispensable establecer medidas especiales y reales  de protección a favor de los trabajadores y de las trabajadoras, como lo podría ser la prohibición del despido injustificado a las personas que se les aplique la reducción de la jornada y su consecuente rebaja de salario; o limitar las facultades del ius variandi, de manera que el empleador, a parte de la reducción de la jornada, no pueda introducir en paralelo ninguna  otra modificación a las  condiciones de trabajo que hagan más gravosa la condición del trabajador o de la trabajadora.

En concordancia con lo anterior, nos preguntamos: ¿por qué no pensar, también, en medidas de carácter económico como podría ser la suspensión de pagos por deudas crediticias o readecuación de cuotas a todas aquellas personas trabajadoras que tienen créditos y se vean afectadas con la pérdida de salario que acarrea la reducción de la jornada que plantea el proyecto de ley, entre otras? En fin, existe infinidad de posibilidades para lograr una propuesta más balanceada.  Desde esta perspectiva, hay que decir que el desequilibrio de intereses que se plasma en el proyecto de ley resulta algo más que odioso.

Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades políticas y de Gobierno para que desistan de esta iniciativa de ley. En su lugar, se convoque a los representantes del sector productivo y sindical a discutir mejores alternativas que nos permitan enfrentar la crisis con medidas más justas y equitativas, que protejan los intereses de todas las partes y no sólo los de índole económica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Didier Leitón Valverde, Secretario General SITRAP.

Con la asesoría profesional del

Dr. Esteban Calvo Rodríguez, Especialista en Derecho Laboral.

COVID-19: contra el odio neoliberal, ¡el Estado Social respondió!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Las personas trabajadoras asalariadas del Estado a cargo de atender la emergencia nacional producto de la pandemia global del coronavirus COVID-19, según las respectivas responsabilidades institucionales, están dando una extraordinaria lección de solidaridad y de compromiso social que, de manera radical, contrasta con el odio neoliberal que han estado recibiendo en los últimos tiempos, especialmente en la pasada administración gubernativa y en la actual.

Nunca antes en la historia contemporánea costarricense, específicamente desde los acontecimientos bélicos del conflicto civil entre costarricenses, en 1948, el odio se había manifestado con tanta su crudeza y crueldad; como ha venido ocurriendo en los últimos años; cuando miles de personas compatriotas, por la sola circunstancia de laborar en el empleo público, fueron vilipendiadas, difamadas, calumniadas, estigmatizadas, acosadas, injuriadas, satanizadas; en medio de la campaña más perversa de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que, repetimos, guardando las dimensiones de espacio y de tiempo, solamente habíase visto algo similar en aquellos años de los cuarenta del siglo pasado.

Se les responsabilizó del déficit fiscal y desde los latifundios mediáticos del capital, dirigidos por personas que no comprenden bien el ADN costarricense, se les prendió hogueras para que fueran quemados vivos por una opinión pública manipulada al máximo; buscando, además, crear las condiciones para que se dieran las privatizaciones y la venta de esos activos públicos hoy imprescindibles en el combate al COVID-19.

A los empleados públicos y las empleadas públicas a quienes se les tildó de “vagos”, “haraganes”, “sinvergüenzas, “ladrones”, “vividores”, “corruptos”, hoy tienen a cargo la heroica tarea, la humanitaria cruzada, la cristiana labor de que el COVID-19 no cause tanto dolor y sufrimiento como a diario constatamos que se vive en otros pueblos de la Tierra, especialmente en países que se creían sociedades “superiores” como las europeas.

Pese a ese odio neoliberal contra todo lo público, es el sector público con sus instituciones sociales y con sus empresas públicas dedicadas a la promoción del bien común y con su funcionariado civil, el que está dando la cara a favor de toda la población, tanto la nacional como la extranjera que nos visita y la migrante que vive con nosotros. ¿O han visto ustedes a clínicas y hospitales de medicina privada abriendo sus puertas de par en par para ofrecer atención solidaria a la población, especialmente la desvalida y la más vulnerable?

Particularmente, la CCSS, el ICE, el INS, el AyA, la CNE, Correos, la Fanal; los servicios migratorios y de Seguridad Ciudadana (en medio de la gran precariedad en que los tienen); el Ministerio de Salud y sus programas, el CEN-Cinai, el Inder y otras entidades; de un modo u otro, representan un modo de ser costarricense que desde generaciones anteriores desarrolló valores eternos como la promoción del bien común, la inclusión social, la reducción de las desigualdades, la solidaridad.

A partir del año 1984, cuando el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), impuso el primer programa de ajuste estructural, abriendo la primera puerta para que entraran los primeros aires inmundos del neoliberalismo y contaminaran el camino costarricense de desarrollo que ya traíamos; han pasado unos 36 años de combate abierto entre esas dos visiones de concebir la sociedad: la del egoísmo exacerbado, la del “sálvese quien pueda”, la del “todo-mercado, nada Estado”; versus la de la inclusión social, la del bien común, la de la solidaridad y la de la reducción de las desigualdades.

“No hay mal que por bien no venga”: el COVID-19, en el caso costarricense, está mostrando todo el valor de que conservemos todavía esa institucionalidad pública dedicada a la solidaridad, a la inclusión social y a la promoción de bien común. Tenemos que seguirla defendiendo y tenemos que corregirle lo que no ha estado bien; pero de ahí a entregarla a ese miserable egoísmo del lucro privado y de la codicia sin freno que pregona el neoliberalismo, hay mucha distancia.

Vivimos momentos históricos, indudablemente. Tenemos, con las excepciones de rigor, una clase política corrupta tripartidista que se encargó de mandar al tanque séptico los verdaderos postulados de la socialdemocracia y del humanismo cristiano, de la Doctrina Social de la Iglesia; corrientes de pensamiento que, junto a los mejores postulados del socialismo científico adoptado a la realidad costarricense, generaron esas instituciones sociales y esas empresas públicas que hoy están en la primera línea de fuego frente al COVID-19. 

Algunos fariseos dentro del mismo gobierno actual hoy se rasgan las vestiduras, ensalzando la circunstancia de que todavía los costarricenses tengamos esas instituciones sociales y esas empresas públicas. ¡Hipócritas! ¡Farsantes! 

Se han estado entregando al fundamentalismo fiscalista neoliberal y han descargado sobre las espaldas del pueblo trabajador las negativas consecuencias de haber estado conspirando, todos estos 36 años y desde las tiendas partidarias del PLN, del PUSC y del PAC, contra ese Estado Social que hoy nos permite enfrentar la pandemia del COVID-19 en mejores condiciones. La factura hay que pasárselas. 

Ojalá lo comprendamos a cabalidad en medio de esta oportunidad histórica que, de manera paradójica, tenemos para revitalizar la lucha cívica y patriótica en defensa del Estado Social que todavía tenemos y que, por lo general, identificamos con los rostros de Manuel Mora Valverde, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, José Figueres Ferrer. 

COVID-19: 5500 millones de colones diarios para la crisis

Dada la circunstancia sociohistórica tan especial que estamos viviendo a raíz de la pandemia global Covid-19, se requieren tomar medidas atípicas, excepcionales; especialmente medidas que rompan tabúes y dogmas, sobre todo macroeconómicos y fiscales, tal y como lo están haciendo ya algunos gobiernos enfrentados, como el de Costa Rica, a esta pandemia.

Constas en nuestras publicaciones, algunas en este prestigioso medio de comunicación, que hace tiempo venimos planteando que la deuda pública costarricense es, prácticamente, impagable; y que se requiere una auditoría ciudadana para manejarla hacia futuro pues, según la ideología neoliberal, estamos llegando a un punto “catastrófico”: 60% puntos del Producto Interno Bruto (PIB), aunque en este momento (se dice), vamos por el 58,5%. Sin embargo, nadie nos ha explicado por qué el 60% es el punto apocalíptico; por qué no el 61%, por qué no el 62%, por qué no el 70%, etc.

Ahora bien, lo que nos interesa destacar en este momento es la circunstancia de que, según el presupuesto de la República para este año 2020, tal y como fuera aprobado por la Asamblea Legislativa; se contempla una erogación por concepto de intereses de la deuda pública, de unos 2 billones de colones; mismos que divididos entre los 366 días de este año, implica que cada 24 horas el Ministerio de Hacienda tiene que desembolsar alrededor de cinco mil quinientos millones de colones (5.500.000.000.oo).

¿Se imaginan ustedes lo que esa cantidad de dinero, al día, podría ayudar a que la gente se preparara mejor para enfrentar las consecuencias diversas de la epidemia del Covid-19; en lo sanitario, en lo económico, en lo social, etc.? Y es que cada semana que dure la emergencia, el gobierno dispondría de treinta y ocho mil quinientos millones de colones (38.500.000.000.oo): ¿cuántas microempresas podría el gobierno auxiliar a la semana con esta cantidad de dinero?

No vengan a salirnos con el cuento de que no se puede. No vengan con la excusa de que si no se honran los compromisos financieros derivados de la deuda pública se mandaría una “mala señal” a los mercados financieros. La mayoría del volumen de la deuda pública del país, ha sido contraría con acreedores internos. Son acreedores internos de mucha solvencia que no se van a ir a la quiebra por una moratoria en el pago de sus intereses, durante tres meses, seis meses, y hasta un año. Esa sí sería una decisión de un gobierno con pantalones, que piensa en el bienestar de las mayorías por encima de los intereses de pequeños grupos. A muchos en Costa Rica los deslumbran “los goces de Europa”, bueno, ahí tienen lo que está decidiendo el presidente francés, Emmanuel Macron; o su colega español Pedro Sánchez.

Las propuestas que está haciendo Alvarado Quesada y su gobierno para que Costa Rica enfrente la pandemia del Covid-19, en todos los ámbitos en que ya se está manifestando, especialmente en el área del empleo y de la sostenibilidad de las empresas, no darán los frutos esperados sino se le entra duro al problema de la deuda pública del país y su obsceno pago de intereses. Están pretendiendo sortear la tormenta con una sombrillita para infantes; y además, con el agravante de que lo recibido habrá que devolverlo.

Finalmente, la pandemia del Covid-19 se ha encargado también de contaminar al sagrado dogma del mercado como está siendo constatado; y lo dejó al desnudo ante su incapacidad de atender la emergencia social. Para eso está el Estado; y la parte más sucia del mercado, que es la financiera, deberá pagar el precio, no la gente. Lo que está en juego es la Humanidad.