Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Definitivamente no hay otra forma de calificar el robo de impuestos en Costa Rica, como que se trata de un crimen contra toda la sociedad. El actual ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, no se anduvo con rodeos: indicó, abiertamente, que la evasión de impuestos en nuestro país está entre el 6 y el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tomemos el 8%, cifra muy aceptada en círculos de alta seriedad profesional con conocimiento en la materia. Como cada punto del PIB equivale a 350 mil millones de colones, esos 8 puntos corresponden, anualmente, a 2 billones 800 mil millones de colones. En cifras así: 2.800.000.000.000.

Justo es indicar que un antecesor de don Rodrigo Chaves Robles en ese cargo de Ministro de Hacienda, también ya lo había señalado. Fue don Helio Fallas Venegas, en el Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera. 

Desde una multiplicidad de sectores cívicos, académicos, sociales y sindicales el tema lleva ya muchos años de ser planteado y denunciado. En nuestro caso, desde la corriente sindical en la cual militamos, este asunto es, prácticamente, el número uno en nuestra agenda obrero-social de lucha patriótico-cívica.

Hemos invertido mucho tiempo en lecturas, estudios, foros, seminarios, eventos de la más variada índole, especialmente en el plano nacional y también en el internacional. En este caso, por ejemplo, tres de las entidades sindicales a las cuales está adscrita la ANEP tienen, también, bastante tiempo en incluir en sus agendas el tema fiscal-tributario.

Nos hemos nutrido de los aportes que en tal sentido han estado brindando tanto la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la Confederación Sindical Internacional (CSI), así como la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

Es un problema global, con espectacular impacto negativo para la integridad social en los países de la América Latina. Tan es así que esta región está conceptuada como la más desigual del planeta, precisamente por sus sistemas tributario-fiscales tan regresivos como injustos. 

Para el caso costarricense, considerando la procedencia político-tecnocrática del ministro Chaves Robles, su estadía por un cuarto de siglo en el Banco Mundial; que él reconozca los altísimos porcentajes de la evasión fiscal-tributaria con relación al PIB, hay que ponerle la firma. Y si la prensa afín u oficial al capital evasor le abrió sus páginas para que lo dijera, esa gigantesca cantidad de robo de impuestos es ahora, ¡completamente oficial!

Es que estas cantidades son, aparte de monstruosas, inmorales, antiéticas… Sencillamente estamos hablando de un crimen contra toda la sociedad. 

Por día, quienes roban impuestos en todas sus manifestaciones, por múltiples formas, utilizando recovecos legales, artimañas jurídicas o, simple y sencillamente, evasión pura y dura; se están dejando, ¡7 mil 671 millones de colones (¢7.671.000.000)! 

Redondeado: casi 89 mil colones por segundo. Unos 5 millones 300 mil colones por minuto. Casi 320 millones de colones diarios. 

A un año de la aprobación-imposición del combo fiscal, Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los partidos Liberación, Unidad y PAC nos tienen con salario congelado, con salarios a la baja, miles de micro, pequeñas y medianas empresas quebradas, altísimo desempleo, con la carga del IVA y con el costo de la vida siempre en alza… mientras el gigantesco fraude fiscal sigue tan campante como siempre por la protección que les dan a los ladrones de impuestos las élites políticas.

Al terminar de leer este artículo, usted habrá ocupado unos 4 minutos con 40 segundos. Eso quiere decir que mientras usted nos hacía el honor de leer de este artículo, los ladrones de impuestos se dejaron 24 millones 760 mil colones. ¿Hasta cuándo compatriotas…?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hoy, martes 10 de diciembre de 2019, estamos conmemorando el DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, recordando la fecha del 10 de diciembre de 1948, cuando la Tercera Asamblea de la recién fundada Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; inspirándose en el sueño, en la filosofía, en la aspiración noble de que en algún momento todos los pueblos y todas las naciones del planeta alcancen un “estándar común”.

Del sitio web www.humaniun.org/es/derechos humanos-1948, hemos extraído algunos criterios relevantes que nos estimulan a considerar la urgencia política de poner como eje central de la lucha sindical el conocimiento, la promoción, la difusión y la lucha más firme para su respeto pleno en la Costa Rica actual, con un estado de desigualdad en crecimiento constante.

Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

En aquel 10 de diciembre de 1948, ninguna de las 56 naciones que a ese momento estaban conformando la ONU votó en contra de dicha declaración. Costa Rica tuvo el privilegio de estar en esa votación y, por supuesto, votó a favor. Según los registros históricos, 3 países se abstuvieron: Arabia Saudita, Sudáfrica y la hoy extinta Unión Soviética (URSS).

El indicado sitio web nos cuenta algo tan interesante como esto: “El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo” … El texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos políticos, de manera tal que pudiera generar una amplia aprobación”.

Es este memorable DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, quienes estamos en la lucha sindical cotidiana tenemos que fijarnos en el contenido del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual tiene 4 aspectos:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Cómo está nuestra querida Costa Rica hoy, al respecto? No es difícil la respuesta. A miles de compatriotas no se les está respetando plenamente este artículo 23 en lo atinente.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Mucho camino por recorrer nos queda al respecto, especialmente en lo que respecta a las mujeres trabajadoras.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Evidentemente, las políticas macrofiscales actualmente en boga, en las cuales la prioridad número uno es atender el altísimo endeudamiento público y su excesivo pago de intereses, van a deteriorar el acceso de miles de compatriotas a las diferentes políticas de protección social tan características de una sociedad que estuvo siempre preocupada por la inclusión.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. La ofensiva antisindical de los últimos tiempos que se ha dado en Costa Rica, nos obliga a enlazar más la estrecha relación entre la actividad de organización sindical y el activismo militante por la defensa de los Derechos Humanos.

El neoliberalismo ha fracasado, pero se muestra hoy más furioso y rabioso que nunca, con tendencias totalitarias y autoritarias en fuerte desarrollo. Ya estamos viviendo esto en Costa Rica. La acción sindical seria, responsable, independiente y propositiva, que tenga vínculos sociales fuertes, es imprescindible para aportar en la construcción de la alternativa movilizadora que le haga frente a ese cruel neoliberalismo, tan repudiado por los pueblos.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

“El modelo del capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad. Tengo una perspectiva socialdemócrata y creo que la distribución del ingreso es muy injusta, pero más allá de la discusión sobre la justicia social o mejores oportunidades en la redistribución de la riqueza, un poco más allá del debate ideológico, hay una realidad, y es que la sostenibilidad de este modelo económico va a fracasar”.

Semejante pensamiento es del político español Felipe González, hoy un arrepentido de haber abrazado, en su momento y como gobernante, el neoliberalismo. Así se lee en reciente entrevista que le hiciera el periódico El País, medio de información muy conocido en los círculos políticos de habla española.

Lo que dice Felipe González se suma a una serie de planteamientos de diverso orden que en varias latitudes y con procedencias diversas, incluido el propio Papa Francisco, afirman que el neoliberalismo es un fracaso en el amplio sentido del término. ¡En Costa Rica también!

La democracia representativa, para el caso costarricense, tal y como la conocimos y como se ha practicado, ya no resulta funcional para mantener el control social ejercido por los sempiternos grupos económicamente poderosos, los cuales han venido acumulando riqueza de manera desenfrenada, dominando los diferentes gobiernos, aunque con ropajes partidarios distintos, a lo largo de los últimos 30-35 años.

El sistema económico que da cobertura a la democracia representativa tica “está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad”, como lo apunta el político español.

El desastre socioeconómico del gobierno actual, el segundo del PAC (sumado al generado por sus contrapartes del hoy tripartidismo neoliberal), potenció la serie de cifras estadísticas negativas que, al conjuntarse, nos muestran un país en reversión, en retroceso, en involución; triste realidad que llena de tristeza, enojo, dolor e indignación a cada vez más número de costarricenses. Y esto tiende a crecer.

Alvarado y sus principales apoyaturas ideológicas, políticas y económicas se decidieron por un ajuste fiscal a la brava (la imposición de la hoy Ley de la República No. 9635, quizás la más detestada legislación de los últimos tiempos); misma que ha posibilitado la conjunción de malestares de diversa índole y procedencia, al punto de dar origen a un proceso de articulación en el ámbito de la resistencia, hoy conocido como Encuentro Social Multisectorial.

Pero no es el único, pues otros ya existen y otros más habrán de surgir al agudizarse la confrontación que ellos han decidido plantearle a la gente, a la ciudadanía.

Las múltiples formas de mostrar oposición hacia tal ajuste fiscal ya se están viendo y se seguirán dando. Por eso, están decididos a pasar el primer estadio de degeneración de una democracia representativa, cual es instaurar el autoritarismo.

Con la “ley mordaza” (expediente legislativo No. 21-049), ya aprobada en primer debate y ahora en consulta a la Sala Constitucional, ansían institucionalizar en el plano jurídico la política del miedo, castrando toda posibilidad de manifestación contraria a su visión de sociedad, en oposición al modelo económico que defienden, ahora catalogado por sus iguales político-ideológicos en tiempo reciente, como insostenible.

Paralelamente, en acción debidamente coordinada, el autoritarismo por implantarse nos muestra ya rostro más vil: el totalitarismo. El totalitarismo ya se ejerce mediando la intervención del periodismo de odio, el cual viene satanizando lo diferente, lo distinto, lo que les desafía; excluyendo de la noticia, la contracara del enfoque de cobertura, amén de que este es completamente sesgado, parcializado, subjetivizado y editorializado en contra del otro.

El otro es la gente, la ciudadanía, la población trabajadora (en lo específico). Gran parte de ese otro es bombardeado inmisericordemente, mediante las operaciones psicológicas y de terrorismo ideológico como las desplegadas en los últimos tiempos para la satanización, por ejemplo, de la clase trabajadora estatal a fin de que esta sea repudiada por su contraparte, aunque de la misma clase, del sector privado. ¡Y ni qué decir de lo que han hecho en relación con la institución democrática del sindicalismo, misma que hasta estatus jurídico internacional posee!

¿Qué sigue? ¿La dictadura? Veamos la ruta perversa que están transitando, jugando con fuego o, como se dice popularmente, “jalándole mucho el rabo a la ternera”: Se han encargado de desprestigiar la democracia representativa y han copado, bajo un mismo prisma ideológico, la institucionalidad que les es funcional a sus intereses de hegemonía económica, de rentismo estatal y de peonada política pagada.

Controlan toda (o casi toda) esa institucionalidad que les permite -entre otros factores de insostenibilidad sistemática, según lo piensa don Felipe González-, la acumulación de riqueza desenfrenada, la imposición tributaria de sesgo regresivo, la reversión de conquistas y de derechos económico-sociales.

Este proceso está mostrando resistencias que les puede quitar el control si no hacen algo contundente y con urgencia: es algo es la “ley mordaza”: especie de autoritarismo legal pero no moral ni ético.

En su lógica política, esa gente piensa que lo que se salga de tal marco -si es que logran imponerlo del todo-, debe ser exterminado, liquidado, fortaleciéndose la desaparición de la disidencia, imponiendo el totalitarismo ideológico ya descarnado, cuya primera aproximación es lo que hemos venido sufriendo y denunciando como periodismo de odio. De aquí a la dictadura hay un único pero peligroso paso. No faltará quien le grite “comunista” a don Felipe González.

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)