Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El lunes 20 de enero de 2020 quedará marcado como el día en que Carlos Alvarado Quesada firmó la categorización histórica que muchas personas le hemos de otorgar una vez que deje la Casa Presidencial: es el presidente en cuyo gobierno se impuso la más fuerte contrarreforma laboral y social desde el establecimiento de la Segunda República, en 1949; categorización contraria a la que hoy se le otorga al Expresidente de la República, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, reconocido como el Gran Reformador Social de Costa Rica, allá en la década de los años 40 del siglo XX.

Si bien es cierto, Calderón Guardia no hizo lo que nos legó en tal sentido, en cuanto él como persona, “solito”, pues respondió a un conjunto de personas humanistas, fuerzas y sectores cívicos, así como grupos de lucha obrero-sindical que se manifestaron en lo que hoy denominamos como la Democracia de la Calle; lo real es que la Historia, así en mayúsculas, lo asumió como el Gran Reformador Social de Costa Rica.

Esto mismo le pasará a Alvarado Quesada, pero a la inversa; quien, luego de engañar-estafar políticamente hablando a un electorado que fue mediáticamente manipulado como nunca antes había ocurrido, pasó a ser la cara visible de un conjunto muy pequeño de personas pero de gran poderío económico-político y mediático, al cual, comúnmente denominamos clase política tradicional; misma que se expresa en las cúpulas de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana y en este caso como gobierno, de sus altos cargos ejecutivo-legislativos y sus redes de cuido y de influencia. Adicionalmente, a esta “troika” gobiernista se adicionan algunos partidos turecas que, desesperadamente, pujan por estar en esa cúpula, transando sus conciencias y traicionando a sus electores.

Con la aprobación legislativa “exprés” y su súbita firma, este lunes 20 de enero, apenas despuntando el alba (como escondiéndose de la auscultación pública), la ya popularmente conocida como ley mordaza o ley antihuelgas surge a la vida jurídico-institucional del país con la finalidad político-ideológica de imponer un mayor control a la protesta y a la movilización social; misma que viene siendo protagonizada por los diariamente crecientes segmentos poblacionales y ciudadanos que quedan excluidos de una mejor distribución de la riqueza; y que, habían venido mostrando niveles de organización, articulación y movilización que le metieron gran miedo a esa clase política, a su soporte ideológico-mediático del periodismo de odio, y al sindicato empresarial más grande del país, la Uccaep.

Y esa clase política cuenta con una impresionante cantidad de fichas colocadas en instancias vitales para la institucionalidad republicana y democrática de nuestro país, que dejan atónitos a miles con sus dictámenes, resoluciones y fallos que no empatan con la búsqueda de la promoción del bien común y de la inclusión social.

Ha sido proscrito el Derecho Humano Constitucional de Huelga, universalmente reconocido y que en Costa Rica se había vuelto real con la aprobación de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL). La lógica del Derecho Laboral es que evoluciona, no que involuciona. Esa clase política tradicional se aprovechó de una determinada coyuntura, completamente circunstancial y difícilmente repetible y, de un porrazo, decidió eliminar tal derecho, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social.

Este deplorable acontecimiento, es la más reciente agresión a las pretensiones legítimas de la mayoría ciudadana de vivir en una sociedad donde la desigualdad esté al mínimo y donde se cierren los espacios al avance de la exclusión social y económica. Veamos, seguidamente, las siguientes situaciones que ejemplifican (aparte de la ley mordaza), un todo armónico de ataque de clase a los, de por sí, ya muy golpeados sectores medios de nuestra sociedad, especialmente.

En el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social, miles de personas trabajadoras asalariadas, prácticamente de todo el sector Público, han comenzado a sufrir disminuciones cuantitativas en sus salarios; cuando se supone que el poder de compra del salario debe tener un buen poder adquisitivo como pilar de cualquier proceso de reactivación económica para apuntalar el mercado interno.

Esto se agravará con la imposición de una única fijación anual por costo de vida, sin importar la cifra de inflación a mediados de año. Esto se debe a la implantación de la ley del combo fiscal, número 9635, hermana ideológica de la ley mordaza. Esta misma legislación asestó un golpe duro a la seguridad laboral del empleo estatal, volviéndolo incierto (evaluación del desempeño, cierre de programas y fragmentaciones institucionales, nuevas privatizaciones, más concesiones, fusiones liquidacionistas, etc.).

En el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social, la micro, pequeña y mediana empresa nacional, especialmente la dedicada al mercado interno, ha sufrido gran acoso gubernativo en materia impositiva debido al plan fiscal-ley 9635, que impuso el impuesto al valor agregado (IVA); razón esta que ha provocado el cierre de una enorme cantidad de negocios y que, por tanto, ha dejado sin empleo a miles de personas, al punto de que entre la cifra oficialmente aceptada, más la real que se vive en el día a día, indica que estaremos llegando en poco tiempo al 25% de la Población Económicamente Activa (PEA), sino más, de personas sin ingreso y/o empleo formal o fijo. Golpe durísimo a lo que denominan reactivación económica sin ninguna luz al final del túnel, a no ser los favorcitos que le hacen al actual gobierno de parte del Banco Central de Costa Rica en cuanto a que la economía “mejora”. 

A 20 meses de la llegada a Zapote el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social, tiene asegurada tal categorización con solamente los elementos apuntados.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La persecución política que a lo interno del Partido Liberación Nacional (PLN), está sufriendo el actual legislador del mismo, el joven Daniel Ulate Valenciano, nos certifica para reafirmar lo que hace tiempo venimos sosteniendo: ese partido puede ser cualquier cosa menos socialdemócrata.

Disculpen las personas que todavía a estas alturas del desarrollo involutivo del PLN, creyendo en la validez política del pensamiento socialdemócrata, siguen dentro del mismo; sin embargo, lo que le está pasando al diputado Ulate Valenciano no debería dejarles ya duda alguna DE que ahí, en el actual PLN, dada la cúpula de poder que actualmente lo controla, ya no hay nada que hacer.

El mencionado parlamentario cometió la inaceptable “herejía”, la imperdonable “delación”, haciendo gala de una consecuencia política con su propio pensamiento, de decir a viva voz, vía prensa, que la fracción parlamentaria liberacionista está siendo “sometida” a presiones indecorosas por parte de una mega-conglomerado corporativo-empresarial, ligado al comercio de bebidas, dado que a éste no le estaría siendo grato la tramitación de una iniciativa de ley que, de una manera u otra, podría impactar -para bien del país-, los niveles de contrabando de ciertas bebidas espirituosas, reduciéndolos. Esto no sería aconsejable para las cifras de negocios de quienes tienen ya un control prácticamente absoluto de este tipo de mercado. Por supuesto que, como era lógico suponer, la entidad empresarial aludida salió a negar enfáticamente el dicho del legislador Ulate Valenciano y hasta anunció que le llevará a los tribunales. Lo anterior pareciera ser el mar de fondo en todo esto.

Porque el ataque que este diputado está recibiendo de parte de su propia bancada parlamentaria (que lo echó de la misma), por parte de la instancia de ética del PLN (que le abrió un proceso “investigativo”); y, por parte del propio presidente del mismo, el señor Guillermo Constenla Umaña, quien le acusó de “traidor” y le instó a entregar la curul legislativa y abandonar el PLN; no guarda proporción ni  razonabilidad lógica con el “gran delito” que él, el diputado Ulate Valenciano, cometió por presentarse a un acto proselitista de una presunta amistad personal candidata a renovar su puesto como alcalde de Atenas, siendo que éste es “archienemigo” político del PLN, pues milita en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Y es aquí donde cabe hacerse varias preguntas. Al dimensionar y poner en perspectiva la grave “traición” del diputado Daniel Ulate Valenciano, se pregunta uno, ¿cómo se califica la acción de Antonio Álvarez Desanti, nuevamente en las filas del PLN, cuando se fue de dicho partido echando sapos y culebras, particularmente contra el expresidente Óscar Arias Sánchez y sus acólitos?; ¿se pregunta uno cómo se puede calificar la actuación de don Johnny Araya Monge cuando dejó botada la segunda ronda electoral de las elecciones presidenciales de 2014, siendo él, candidato finalista de segunda vuelta; y cómo se califica su actuar cuando se fue del PLN y se cobijó con un partido “cristiano” para volver a la alcaldía de San José; y ahora, bajo bandera liberacionista pretende continuar en tal cargo según se postula para las elecciones de este 2 de febrero de 2020?  Y, en el caso del distinguido ciudadano, a quien respetamos mucho, don Rolando Araya Monge que ahora volvió al PLN, pero se fue de él alegando que éste era un cucarachero. ¿cómo se calificaría? ¿Es que acaso estas situaciones no son típicas del cargo de “traición”? … Y si nos metemos al asunto de los principios, postulados, valores socialdemócratas originales, aquí se habría que poner la palabra-concepto traición sin comillas.

¿Cuáles son, realmente, las verdaderas lealtades de la cúpula del PLN en la actualidad? A juzgar por el tratamiento dado al joven legislador Daniel Ulate Valenciano, con relación al que le han dado a los tránsfugas redimidos mencionados en el párrafo anterior; tales lealtades no son para con los ideales y el legado de figuras históricas del liberacionismo como don José Figueres Ferrer (Don Pepe), don Rodrigo Facio Brenes, don Daniel Oduber Quirós, entre otros patricios de esta colectividad de tanto impacto en el desarrollo costarricense pero que, hoy en día, menos de una quinta parte del electorado ciudadano nacional le sigue creyendo.

Particularmente resulta sumamente interesante observar cómo la reacción fuerte de la cúpula liberacionista en contra del presunto acto de “traición” que habría cometido el citado legislador asistiendo al acto de su “archienemigo” partidista, el PUSC; mostró una articulación de ataque desde ciertas matrices mediáticas promotoras del periodismo de odio en el país y desde la propia fracción parlamentaria del PLN. ¡Por Dios Santo! Si hoy en día, el PLN y el PUSC la misma cosa son y ambos son co-gobierno con el PAC de Carlos Alvarado Quesada. Y las tres colectividades partidarias, con la misma vinculación político-ideológica, sirven dócilmente a los intereses de negocios que dejó en evidencia el citado legislador Ulate Valenciano. ¡Qué pena por el PLN! Con el dedo manchado de traición, fue acusado, sentenciado y ejecutado este diputado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al ciudadano costarricense “banco-mundializado”, don Rodrigo Chaves Robles, le han encomendado hacerse cargo de la cartera de Hacienda, el ministerio de mayor relevancia en tiempos del ajuste estructural neoliberal.

Se destaca que ha estado laborando para el Banco Mundial durante los últimos 27 años, resaltándose su papel en Indonesia, un país de casi 270 millones de habitantes, el 52 % de los cuales tiene que vivir con menos de 2 dólares diarios.

Su antecesora en el cargo, doña Rocío Aguilar Montoya, desde la perspectiva de los sectores populares, sociales y cívicos, salió por la puerta de atrás: varias veces violó la Constitución Política, quedando impune por ello. Algo de extrema gravedad, pero no para los mercados.

Además, su ideológica macro-fiscalidad (con el aval de Carlos Alvarado Quesada), es la responsable de que miles de compatriotas se hayan empobrecido desde la entrada en vigencia del combo fiscal, impulsando el tránsito por la vía dolorosa de la confrontación social abierta al que parecen querer llevar al pueblo costarricense, insistiendo en políticas económicas fracasadas inspiradas en el neoliberalismo. Aunque ya tienen miedo y por eso buscan imponer la “ley mordaza”.

La coalición político-ideológica y económico-mediática que nos gobierna celebra la designación de don Rodrigo. Poco les duró el “llanto” por la salida abrupta de doña Rocío. ¡Muerto el rey (o la reina), viva el rey! “Todo sigue en su lugar” (así decían en Chile, hasta hace poco).

Entendemos que doña Rocío y don Rodrigo son personas asociadas a la Academia de Centroamérica. “De casualidad”, el señor presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey ¡también lo es! ¡Todo queda entre familia! La familia ideológica del neoliberalismo cubierta por ese techo académico. ¡El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos tutelan directamente!

Don Rodrigo, según le “pidió” Carlos Alvarado Quesada, vendrá para mantener, como su tarea principal, la estabilidad de las finanzas públicas de Costa Rica (muy alicaídas, por cierto, pues su antecesora nos dejó con más deuda, con más pago de intereses y con más déficit). Por cierto, eso de que fue el mandatario quien lo eligió al ver su currículo, nadie en los sectores sociales se lo cree. ¡El Banco Mundial lo impuso!

Se pretende, según el nuevo ministro, “mejorar la eficiencia y calidad del gasto”, para que haya una “prosperidad” en beneficio de toda la población. Eso sí, “con un manejo macroeconómico responsable”.

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con una evasión tributaria y elusión fiscal entre los 6 y los 8,5 puntos PIB?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con el perverso sistema de exenciones-exoneraciones de 6 puntos PIB?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con un cobro de intereses de la deuda pública rondando los 4 puntos PIB?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si ya no se tienen, al menos, 2,5 puntos PIB dejados de percibir en aduanas por esos TLC del falso libre comercio?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si las grandes corrupciones, con ropaje legal o sin él, representan hasta un 7 % PIB, según el International Control Strategy Report (Volume I: Drug and Chemical Control), emitido por el Bureau For International Narcotics And Law Eforcement Affairs, del United States Departament Of State? (marzo 2018).

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si los dineros sucios del crimen organizado y del narcotráfico, circulando en nuestro país, podrían estar por encima de los 6 puntos PIB, según Central America Data/Global Financial Integrity, para 2014?

Básicamente, la preocupación de don Rodrigo (como la fue la de doña Rocío), es el “manejo macroeconómico responsable” que le interesa al sector bancario-financiero del país; ese mismo que tenía atesorados, a setiembre de 2018, casi 33 mil millones de dólares, según datos del propio BCCR.

Ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a 1 de cada 4 costarricenses en la pobreza; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a un millón de personas en la informalidad; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene precarizados los salarios, reducido en su poder adquisitivo y con alto endeudamiento personal; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene en la quiebra a cientos y cientos de micro, pequeñas y medianas empresas; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene a casi toda la población agricultora del país en desesperante quiebra económica; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene un desempleo abierto de casi el 12 %, aunque ya supera el 20 % si le agregamos el desempleo encubierto.

Ese “manejo macroeconómico responsable” es el que generó el estallido social en Chile. Ese “manejo económico responsable” es que hace el neoliberalismo. La gente no come macroeconomía. ¡La plata no alcanza! ¡Nos conducen por ese tormentoso camino!

¡Terriblemente sordos! El alto nivel de sordera política que ha alcanzado la clase política gobernante, la formal y la real, es de tal calibre que les lleva a impulsar, abrupta y alocadamente, la ley para eliminar las justas aspiraciones populares que, inapropiada e indebidamente atendidas, encuentran en la huelga una legítima forma de expresión; situación ésta demostrada en todas las épocas, en múltiples países y generadas por las más diversas circunstancias; es decir, no existió, no existe, ni existirá ley alguna que detenga la lucha social cuando ésta es justa.

¡Ilusos! La mayoría parlamentaria mecánica actual, misma que tramita en sede legislativa las directrices políticas que emanan de parte de la clase política realmente gobernante, en contra de la organización popular de los sectores laborales y sociales reiteradamente expoliados; está convencida de que una ley anti-huelgas detendrá la lucha social; como si una ley pudiera quitar el hambre de los estómagos de la gente que, a la vez que crece en incertidumbre sobre su futuro, crece en número, en cantidad: el mundo de las personas excluidas y las que están por serlo en el corto-mediano plazo.

¡Están asustados! A un año del gran movimiento de resistencia popular contra el ajuste fiscal de corte neoliberal, el potencial social de insumisión ha crecido en cantidad. Las encuestas del recién terminado año 2019, lo muestran. Esos grupos de poder político-económico, los del poder real especialmente y sus gerencias político-ejecutivas del poder formal, tienen bien claro que, en determinado momento habrá un ajuste de cuentas en la medida en que la polarización por la concentración de la riqueza adquiera carácter estratégico y trascienda el plano de lo coyuntural-circunstancial.

¡Tienen miedo! El miedo a la reacción civil de amplia base, la cual puede ser impulsada desde aquellos sectores sociales de mayor conciencia, les lleva a creer que una determinada legislación puede cortar de raíz los anhelos por brindar una mejor calidad de vida a la creciente población que está notando que ello ya no es posible, en el marco de este modelo económico distribuidor de pobreza y de exclusión. Y este tipo de impulsos, también puede materializarse en reacción social de furia sin que organizadamente se le haya calentado.

¡Se han deslegitimado! Hemos llegado a un punto en que la real legitimidad del gobernante no es la que sale de la urna electoral. Esta, la de la urna, es casualidad. La casualidad producto de un montón de plata, de dudosa procedencia, usada en la campaña electoral. La casualidad que da haber contado con el visto bueno o el beneplácito de un grupo mediático de fortaleza económica, de gran habilidad manipuladora. La casualidad que da cambiarse de partido y de ideología como es cambiarse de ropa interior. La clase política gobernante, especialmente la del poder formal actual, está deslegitimada y por eso recurre a todo tipo de medidas de coerción contra la organización popular y su expresión callejera pacíficamente mostrada.

Ese proceso de deslegitimación de la tradicional clase gobernante (y la que recién llegó a tal nivel de cúpula político-ejecutiva), lastimosamente no se corresponde con el surgimiento de la necesaria legitimidad alternativa, destinada por designio histórico a la imposición de nuevas formas de Democracia realmente inclusiva. Pero, no siempre será así.

Ese proceso de deslegitimación de la tradicional clase gobernante tiene bases objetivas e ineludible impacto en la vida de la mayoría de la población costarricense actual; especialmente con la imposición del detestado combo fiscal-ley 9635, en diciembre de 2018. Cierre de negocios, quiebra de micro-pequeñas y medianas empresas, desempleo abierto llegando al 15% y una cifra igual del que se cataloga como encubierto; precarización y rebaja salariales; inseguridad laboral, despidos masivos, pequeños y medianos productores agropecuarios al borde de la quiebra; juventud sin futuro, fraude fiscal incorregible, sistema tributario perversamente injusto; violaciones de Derechos Humanos, criminalidad que no cede y narco que avanza.

Cada una de estas circunstancias, de un modo u otro, alimentan la sensación de molestia colectiva y el enojo cívico, así como la necesidad de autodefensa individual, familiar y colectiva. Es decir, no ha habido una época como la presente, en la cual el alimento para la lucha social esté tan abundante, tan espeso, tan explosivo. De verdad que son ilusos, creyendo que una ley detendrá la derivación lógica de la reacción organizada cuando la gente se siente amenazada en su propia existencia y en la existencia de las personas más cercanas, las que le son queridas, las que le son amadas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Las últimas dos encuestas (con todas las reservas que generan, pues eso de que son “neutrales”, hoy más que nunca no es de mucha aceptación que digamos) coinciden en que Carlos Alvarado Quesada es un fracaso (el fraude político por él ejecutado ya es inobjetable); que el Gobierno es un desastre; que el rumbo que le impusieron al país va en la dirección contraria al sentir de la abrumadora mayoría; que sigue la corrupción, el tráfico de influencias, el “amiguis”; que se hace política pública para favorecer al alto corporativismo empresarial; que la gente señala el desempleo, costo de vida y situación económica como sus grandes preocupaciones; que el narco avanza; que los asesinatos y crímenes rebasan a las autoridades; que…; que…

Tanta bronca acumulada, tanta frustración en crecimiento, tanta gente con hambre; tantas personas usureramente endeudadas; tantas micro, pequeñas y medianas empresas dejando de existir y/o acorraladas; tanto agricultor en camino rápido hacia su extinción: etc., etc. Esto representa un conjunto de síntomas de una sociedad que está siendo llevada a niveles extremos de tolerancia y de paciencia que parecen agotarse.

Usted que lee esto sabe que todo esto está ocurriendo. En mayor o menor medida, según circunstancias sociales, económicas, demográficas, geográficas… ¡pero está pasando! 

Nos preguntamos: ¿Por dónde reventará todo esto? Pero, en verdad, ¿reventará? Si así fuera, ¿cómo reventará? ¿Anárquicamente? ¿Violencia política? ¿Secuestros selectivos? ¿Saqueos? ¿Huelga o paro nacional articulado o espontáneo? O, ¿combinando las dos situaciones?… ¿Se “caerá” el Gobierno? ¿Terminará Alvarado Quesada su gestión?

Cuesta creer que haya amplios sectores de la ciudadanía que, en estos momentos, se estén preguntando tales cosas. Efectivamente, el descontento es mayúsculo. 

Los de la otra acera piensan en estas cosas y están tomando medidas. 

Por ejemplo: se mandaron a “bunkerizar” (edificio legislativo). Se han construido el mejor “monumento” que puede simbolizar la creciente distancia entre el gobernante y los gobernados.

Están a punto de imponernos la “ley mordaza”; impulsan iniciativas de disolver sindicatos; decidieron penalizar-criminalizar el accionar del dirigente sindical y social; se da fuerte intensificación del periodismo de odio; continúan la agresión psicológica y el terrorismo ideológico contra la población; y se potencian similares tropelías para mantener un statu quo perversamente concentrador de riqueza en el marco de la entronización del autoritarismo en Democracia y hacia el totalitarismo político.

El cinismo político, paralelamente, no tiene antecedentes similares. Alvarado dice ser el Presidente del 100% de los y de las costarricenses. ¿Se lo creen ustedes? El Parlamento más pro empresarial de los últimos años se apresta a legislar para instaurar jornada laboral de 10 horas. ¡Inaudito! ¿A esto le llaman “reactivación económica”? Se gestan despidos masivos de empleados públicos para 2020… ¿También es esto “reactivación económica”? (Así lo ha anunciado el órgano oficial del sector financiero dentro del conjunto del grupo de medios del odio).

¿Por dónde reventará todo esto? De verdad que todo esto es muy grave… Lo que pase, sea lo que pase, no fue el pueblo el que lo provocó. ¡Asuman ustedes las consecuencias!