Autor: ANEP
Democracia-autoritarismo-totalitarismo-dictadura
Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
“El modelo del capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad. Tengo una perspectiva socialdemócrata y creo que la distribución del ingreso es muy injusta, pero más allá de la discusión sobre la justicia social o mejores oportunidades en la redistribución de la riqueza, un poco más allá del debate ideológico, hay una realidad, y es que la sostenibilidad de este modelo económico va a fracasar”.
Semejante pensamiento es del político español Felipe González, hoy un arrepentido de haber abrazado, en su momento y como gobernante, el neoliberalismo. Así se lee en reciente entrevista que le hiciera el periódico El País, medio de información muy conocido en los círculos políticos de habla española.
Lo que dice Felipe González se suma a una serie de planteamientos de diverso orden que en varias latitudes y con procedencias diversas, incluido el propio Papa Francisco, afirman que el neoliberalismo es un fracaso en el amplio sentido del término. ¡En Costa Rica también!
La democracia representativa, para el caso costarricense, tal y como la conocimos y como se ha practicado, ya no resulta funcional para mantener el control social ejercido por los sempiternos grupos económicamente poderosos, los cuales han venido acumulando riqueza de manera desenfrenada, dominando los diferentes gobiernos, aunque con ropajes partidarios distintos, a lo largo de los últimos 30-35 años.
El sistema económico que da cobertura a la democracia representativa tica “está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad”, como lo apunta el político español.
El desastre socioeconómico del gobierno actual, el segundo del PAC (sumado al generado por sus contrapartes del hoy tripartidismo neoliberal), potenció la serie de cifras estadísticas negativas que, al conjuntarse, nos muestran un país en reversión, en retroceso, en involución; triste realidad que llena de tristeza, enojo, dolor e indignación a cada vez más número de costarricenses. Y esto tiende a crecer.
Alvarado y sus principales apoyaturas ideológicas, políticas y económicas se decidieron por un ajuste fiscal a la brava (la imposición de la hoy Ley de la República No. 9635, quizás la más detestada legislación de los últimos tiempos); misma que ha posibilitado la conjunción de malestares de diversa índole y procedencia, al punto de dar origen a un proceso de articulación en el ámbito de la resistencia, hoy conocido como Encuentro Social Multisectorial.
Pero no es el único, pues otros ya existen y otros más habrán de surgir al agudizarse la confrontación que ellos han decidido plantearle a la gente, a la ciudadanía.
Las múltiples formas de mostrar oposición hacia tal ajuste fiscal ya se están viendo y se seguirán dando. Por eso, están decididos a pasar el primer estadio de degeneración de una democracia representativa, cual es instaurar el autoritarismo.
Con la “ley mordaza” (expediente legislativo No. 21-049), ya aprobada en primer debate y ahora en consulta a la Sala Constitucional, ansían institucionalizar en el plano jurídico la política del miedo, castrando toda posibilidad de manifestación contraria a su visión de sociedad, en oposición al modelo económico que defienden, ahora catalogado por sus iguales político-ideológicos en tiempo reciente, como insostenible.
Paralelamente, en acción debidamente coordinada, el autoritarismo por implantarse nos muestra ya rostro más vil: el totalitarismo. El totalitarismo ya se ejerce mediando la intervención del periodismo de odio, el cual viene satanizando lo diferente, lo distinto, lo que les desafía; excluyendo de la noticia, la contracara del enfoque de cobertura, amén de que este es completamente sesgado, parcializado, subjetivizado y editorializado en contra del otro.
El otro es la gente, la ciudadanía, la población trabajadora (en lo específico). Gran parte de ese otro es bombardeado inmisericordemente, mediante las operaciones psicológicas y de terrorismo ideológico como las desplegadas en los últimos tiempos para la satanización, por ejemplo, de la clase trabajadora estatal a fin de que esta sea repudiada por su contraparte, aunque de la misma clase, del sector privado. ¡Y ni qué decir de lo que han hecho en relación con la institución democrática del sindicalismo, misma que hasta estatus jurídico internacional posee!
¿Qué sigue? ¿La dictadura? Veamos la ruta perversa que están transitando, jugando con fuego o, como se dice popularmente, “jalándole mucho el rabo a la ternera”: Se han encargado de desprestigiar la democracia representativa y han copado, bajo un mismo prisma ideológico, la institucionalidad que les es funcional a sus intereses de hegemonía económica, de rentismo estatal y de peonada política pagada.
Controlan toda (o casi toda) esa institucionalidad que les permite -entre otros factores de insostenibilidad sistemática, según lo piensa don Felipe González-, la acumulación de riqueza desenfrenada, la imposición tributaria de sesgo regresivo, la reversión de conquistas y de derechos económico-sociales.
Este proceso está mostrando resistencias que les puede quitar el control si no hacen algo contundente y con urgencia: es algo es la “ley mordaza”: especie de autoritarismo legal pero no moral ni ético.
En su lógica política, esa gente piensa que lo que se salga de tal marco -si es que logran imponerlo del todo-, debe ser exterminado, liquidado, fortaleciéndose la desaparición de la disidencia, imponiendo el totalitarismo ideológico ya descarnado, cuya primera aproximación es lo que hemos venido sufriendo y denunciando como periodismo de odio. De aquí a la dictadura hay un único pero peligroso paso. No faltará quien le grite “comunista” a don Felipe González.
*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Banca neoliberal: banca de usura… ¡Total impunidad!
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Ante la feroz resistencia de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para que haya algún nivel de regulación en cuanto al cobro de las obscenas, escandalosas y socialmente criminales tasas de usura en los créditos que pesan sobre las finanzas de mayoría de las personas habitantes de este país, especialmente en cuanto a tarjetas y electrodomésticos; hace 10 años comentamos, en este mismo espacio, una denuncia que en aquel momento catalogamos como la “más sensacional de los últimos tiempos”, no solamente por quien la formuló sino por dejar al desnudo una conducta prácticamente delincuencial de parte del sector banquero del país.
Después de 10 años de esa denuncia, nada parece haber cambiado. Pero, ¿quién denunció en aquel momento? ¿Un sindicalista?, ¡no! ¿Una investigación periodística?, ¡no! ¿Un empresario honesto?, ¡no! Entonces, ¿quién denunció?
Nada más y nada menos que don Jorge Guardia Quirós, economista ligado al PUSC y quien conoce al dedillo las intimidades del mundo financiero-bancario de este país y sabe quién es quién dentro de este.
Pero, ¿qué dijo don Jorge Guardia Quirós en aquel momento? Que los banqueros “lograron aprobar leyes, decretos y políticas económicas que los beneficiaron en cantidades muy grandes, tan grandes que nadie las ha podido cuantificar”.
En su denuncia, el Sr. Guardia Quirós lanzó su dedo acusador contra un notable banquero ligado al PLN, don Luis Liberman Ginsburg, acusándolo de ser un cabildero que está en deuda con el país.
En aquel momento, y en esta misma sección de opinión, nosotros comentamos lo siguiente a propósito de lo que denunció don Jorge Guardia Quirós: “Que los banqueros neoliberales hayan controlado la política económica costarricense en todos estos años, generó graves consecuencias que sufrimos hoy: crecimiento de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, de la pobreza insuperada, de la violencia en todas sus formas; y como era de esperarse, de una corrupción desenfrenada”. ¡Nosotros dijimos esto hace 10 años! ¿Y cómo estamos ahora, en el 2019? ¿Verdad que peor? Pero esos banqueros siguen en total impunidad.
Nosotros escribimos en aquel momento que para don Jorge Guardia Quirós “… el grupo banquero del señor Liberman fue tan influyente que ‘persuadió’ a los partidos tradicionales (PLN-PUSC), para ubicar a miembros de su clan en Hacienda, Banco Central, Sugef, Conassif y Supen. Aquí emplazamos al sr. Guardia para que dé los nombres que nos ofreció en su denuncia”. ¡Jamás abrió más la boca el Sr. Guardia Quirós! Nunca nos dio esos nombres, pero no es gran “misterio” saberlos.
Apuntábamos nosotros hace diez años lo siguiente: “Mientras al pueblo, a la clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas les recetaban altísimas tasas de interés por sus créditos, los banqueros del grupo del Sr. Liberman…”; don Jorge Guardia los acusó de que “lograron que les rebajaran los encajes bancarios en ciertos períodos para poder prestar y lucrar más, obligando al Banco Central a absorber esos recursos e incurrir en pérdidas y afectar la inflación, que castiga a los más pobres. Lucraron con los bajos impuestos de renta a los intereses (8%), mientras que los demás mortales, incluyendo asalariados, pagaban tasas mucho más elevadas, del 15%, 25% y hasta un 30%…”.
Y el Sr. Guardia Quirós profundizó su acusación en ese entonces: Dijo que esos banqueros “captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la Sugef, ni pagar impuestos. Toda una vida hicieron plata exenta por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta”.
Además, los señaló de que esos banqueros habrían obtenido “…una interpretación favorable de los gastos asociados con ingresos gravados a tasas preferenciales para ahorrar millones en impuestos”; que disfrutaron “de los beneficios de las minidevaluaciones, pues traían capitales extranjeros mientras el Banco Central asumía todo el riesgo cambiario”.
Luego de 10 años, ¡total impunidad! ¡Nada pasó! Los banqueros siguen siendo el sector político-hegemónico más poderoso dentro de lo que podemos conceptuar como el poder real en nuestra sociedad. Hoy, tal poder, aliado más que nunca con las matrices mediáticas dominantes, especialmente las del periodismo de odio, la emprende contra una legislación que nosotros más bien creemos que se queda corta: esa que pretende regular las tasas de usura por los créditos que se dan a la gente, de forma tal que queden entre un 30-32%, en vez de las escandalosas que hay actualmente en el mercado financiero que están en el doble (o hasta más) de esos porcentajes.
El contenido de las denuncias de don Jorge Guardia Quirós nos lleva a la conclusión de que las fortunas acumuladas por los banqueros y similares son inconmensurables y, seguramente, con pago de impuestos nulos o ridículos. Lo que correspondería es una condonación de ese tipo de deudas de la gente, parcial o totalmente, luego de que a la gente endeudada les han sacado plata a niveles, también, inconmensurables.
El grupo financiero-banquero que hace 10 años denunció don Jorge Guardia Quirós, sigue siendo en esencia el mismo de hoy y muchas de las entidades y personas integrantes del mismo forman parte de la Asociación Bancaria Costarricense, la ABC; esa misma que ha sido denunciada de impulsar una campaña sucia para frenar la iniciativa de ley de regulación del cobro de usura en créditos. ¡Total impunidad!
Conversatorio: democracia, derechos humanos y disidencia política
ANEP, ASDEICE, SIICE y UPINS denunciaron ante Michelle Bachelet violación a los Derechos Humanos, libertad sindical y el derecho a huelga
- También detallaron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos el irrespeto y descalificación por parte del Gobierno de la República y actores políticos al pronunciamiento de los Relatores Especiales de la ONU
A las 4 de la tarde de este martes 3 de diciembre de 2019, Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, se reunió en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con varios dirigentes sindicales costarricenses, incluyendo a una delegación de representantes de las organizaciones ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE quienes presentaron una denuncia formal sobre las violaciones a los Derechos Humanos, libertad sindical y el derecho a huelga en Costa Rica.
Dichas entidades sindicales entregaron en las propias manos de Bachelet Jeria un vigoroso documento-estudio, profesionalmente elaborado a la luz del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, destacando las graves violaciones a los mismos contenidas en el Expediente Legislativo No. 21.049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, que ya recibió primer debate y que, “inexplicablemente”, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló.
“Durante la reunión se enfatizó en la necesidad de que intermediando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le quede bien determinado al país, a sus autoridades políticas y administrativas de todos los ámbitos institucionales, así como a toda la sociedad civil, a toda la prensa y al pueblo en general, de que las personas trabajadoras sindicalistas somos defensores y defensoras de los Derechos Humanos; así como que éstos contemplan, contienen, avalan y protegen la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Vargas comentó a las afueras de la CIDH, que la reunión también se aprovechó para denunciar “como fueron maltratados en el país los señores Relatores Expertos del Consejo de Derechos Humanos, por parte de autoridades gubernativas (ejecutivas y judiciales), así como por insanos e ignorantes comentarios de prensa, por lo que se entregó documento compilatorio de recortes de prensa que, de diversas maneras, ofendieron y descalificaron la legitimidad de las relatorías expertas del Consejo de Derechos Humanos de las Nacionales Unidas”.
Las organizaciones sindicales, también confirmaron que han abierto un litigio internacional en materia de Derechos Humanos, Libertad Sindical y Derecho de Huelga, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el marco jurídico de los diversos tratados internacionales en la materia que Costa Rica ha firmado y ratificado.
Al término de la reunión las organizaciones sindicales de ANEP, ASDEICE, SIICE y UPINS presentaron siete petitorias que compartimos a continuación.
-Que el honorable Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratifique la vinculancia de la Other Letter para el Gobierno de Costa Rica, realizada por los Relatores Especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, mediante comunicación OL CRI 5/2019 del 07 de octubre del 2019.
-Que se solicite al Gobierno de Costa Rica la aplicación inmediata de los ordenado por los Relatores Especiales y se detenga en el Congreso de la República de Costa Rica, la aprobación del proyecto de Ley No. 21049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, conocida por nosotros como “Ley Anti-huelgas”.
-Que en virtud de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que usted preside, honorable señora Michelle Bachelet Jeria, realizará un seguimiento sobre nuestra denuncia, se instale una comisión nacional de las partes que le dé seguimiento a lo planteado por los Relatores Especiales en su Other Letter dirigida al Gobierno de Costa Rica.
-En virtud de la opinión consultiva al Gobierno de Colombia, se aplique igual para nuestro país, la responsabilidad gubernamental de aportar recursos para que los afectados por violación a Derechos Humanos sindicales puedan defenderse.
-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos explicite a la población costarricense, a las autoridades políticas nacionales, a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad periodística costarricense, mediando los medios que estime pertinente, que las personas que dentro del marco de la ley, la nacional y la internacional, practicamos la actividad sindical somos también personas defensoras de los Derechos Humanos y merecemos la protección correspondiente de parte de los mecanismos e instrumentos del Derecho Internacional al respecto.
-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimule y promueve, con urgencia, jornadas de capacitación con relación a las obligaciones-país producto de su adhesión-ratificación de los diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, así como con relación al conocimiento y manejo de las instancias y de los procedimientos paras su protección; congregando para ello a autoridades políticas ejecutivas, legislativas y judiciales; a las organizaciones sindicales y empresariales; a la comunidad mediática nacional, a agrupaciones de la sociedad civil, entre otras.
-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se analice el caso de la detención ilegal y encarcelamiento, igualmente ilegal, de un trabajador que participó en la huelga nacional contra el proyecto fiscal del año pasado 2018, quien sufrió presión durante 3 meses causándole grave daño en distintos órdenes, pues estamos de cara a un cruel episodio y un precedente nefasto de la criminalización de la protesta social en el marco de un proceso de deterioro paulatino de las libertades democráticas y, específicamente, las de orden sindical.
San José, martes 3 de diciembre de 2019.
-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
-Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
-Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE)
-Sindicato de Ingenieros Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE)
Ante la pretensión de reactivar la minería en Crucitas
– Proyecto de ley que permite la minería es inconveniente
-Abandono de comunidades fronterizas propicia que sean vulnerables a la minería ilegal
Por: organizaciones ambientales
(Ciudad Quesada). El 11 de setiembre, los diputados Jorge Luis Fonseca y María José Corrales presentan proyecto de ley que permite la explotación de minería de oro a cielo abierto, el cual es inconveniente y un retroceso.
En el año 2010, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobó por unanimidad la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en el país. Dicha decisión fue la culminación de una lucha ecologista de más de 30 años de muchos sectores de la sociedad costarricense, liderados por comunidades de la Zona Norte. Esta movilización logró evitar la implantación de la minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris.
Para Marco Tulio Araya, integrante de UNOVIDA, “la minería metálica, al igual que la extracción petrolera, responde a un modelo económico insostenible, extractivista y depredador de la naturaleza, que atenta contra la existencia misma de la especie humana en el planeta.”
Araya considera que “después de ese hito histórico, los gobiernos, (tanto el central como los municipales), que continuaron en el poder, mantuvieron en el abandono, no sólo a Crucitas, sino en general a las zonas fronterizas y costeras, a pesar de las propuestas concretas de desarrollo sostenible que se plantearon desde distintos sectores de nuestra sociedad.”
Heidy Murillo, vicepresidenta de FECON recordó que “en el 2010, en una encuesta nacional, el 90% de la opinión pública avaló y aplaudió esta prohibición al tomar conciencia de los impactos que provocan.”
Por su lado el exdiputado Edgardo Araya señaló que “desde el sector ambientalista realizamos propuestas concretas de inversión pública y de reactivación económica sostenible para la zona de Crucitas, tanto con el Gobierno Central, como con la Municipalidad de San Carlos y el INDER, sin que esas instituciones le dieran seguimiento y apoyo a esas propuestas sostenibles y alternativas a la minería metálica”
Para Mauricio Jiménez, presidente de UNOVIDA, una propuesta concreta y económicamente viable, es la adquisición, por parte del Estado, de la finca afectada por la minería ilegal, con el fin de tener un mayor control público de la zona y establecer ahí, además de una academia policial, un Centro de Investigación y Capacitación en Desarrollo Sostenible, administrado por las universidades públicas y con una propuesta de financiamiento con cooperación internacional en desarrollo sostenible.
Araya señaló que “los dos últimos gobiernos no han pasado de proponer “Planes de Atención Integral”, que a la fecha no se han materializado en acciones concretas para solucionar la problemática de la zona.”
Desde las organizaciones ambientales mantenemos con firmeza nuestra oposición a reactivar la minería industrial de oro a cielo abierto. Reiteramos nuestro compromiso en defensa de la naturaleza y las comunidades que dependen de ella. Apostamos por un modelo que garantice vida digna a las generaciones que aún no han nacido y la minería a cielo abierto no es el camino.
¡Confirmado! Michelle Bachelet se reunirá con Dirigentes Sindicales
Tema clave: Derechos Humanos, libertad sindical y derecho de huelga
A las 4 de la tarde de este martes 3 de diciembre de 2019, la señora Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, se reunirá con varios dirigentes sindicales costarricenses, incluyendo a una delegación de representantes de las organizaciones que hemos abierto un litigio internacional en materia de Derechos Humanos, Libertad Sindical y Derecho de Huelga, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el marco jurídico de los diversos tratados internacionales en la materia que Costa Rica ha firmado y ratificado. Efectivamente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE) y la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), han abierto ya el proceso internacional con relación a la proscripción-eliminación de uno de los componentes fundamentales de la Libertad Sindical: el derecho de huelga. En el caso del FIT-ICE, el grupo sindical integrado con tal propósito incluye a la Asociación Sindical de Empleados de la Energía y de las Comunicaciones (ASDEICE), y al Sindicato de Ingenieros y de Ingenieras del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE). Dichas entidades sindicales entregarán en las propias manos de la señora Bachelet Jeria un vigoroso documento-estudio, profesionalmente elaborado a la luz del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, destacando las graves violaciones a los mismos contenidas en el Expediente Legislativo No. 21-049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, que ya recibió primer debate y que, “inexplicablemente”, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló. Se enfatizará en la necesidad de que intermediando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le quede bien determinado al país, a sus autoridades políticas y administrativas de todos los ámbitos institucionales, así como a toda la sociedad civil, a toda la prensa y al pueblo en general, de que las personas trabajadoras sindicalistas somos defensores y defensoras de los Derechos Humanos; así como que éstos contemplan, contienen, avalan y protegen la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga.
Se aprovecharán los valiosos minutos de la reunión con la señora Bachelet Jeria para denunciar cómo fueron maltratados en el país los señores Relatores Expertos del Consejo de Derechos Humanos, por parte de autoridades gubernativas (ejecutivas y judiciales), así como por insanos e ignorantes comentarios de prensa.
Efectivamente, los señores David Kaye (Relatores Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y de opinión), Clement Nyaletsossi Volue (Relatores Especial sobre los derechos a la libertad de asociación pacífica y de asociación), y Michel Forst (Relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos), en Costa Rica fueron descalificados, denigrados, ridiculizados, insultados, ofendidos, difamados. Molestó a la jauría neoliberal gobernante que las opiniones calificadísimas de estos expertos dejaran al desnudo la serie de tropelías cotra los Derechos Humanos contenidas en el indicado Expediente Legislativo No. 21.049.
Las representaciones sindicales mencionadas hará un acto simbólico de desagravio para con tan notables personalidades delante de la señora Bachelet Jeria y le entregarán a ésta un documento compilatorio de recortes de prensa que, de diversas maneras, ofendieron y descalificaron la legitimidad de las relatorías expertas del Consejo de Derechos Humanos de las Nacionales Unidas y de lo que representan las mismas en el marco de la actividad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; aspecto éste que sería imposible de aceptar en un país que como Costa Rica, hace gala de su tradición de respeto a los Derechos Humanos ante la comunidad internacional, mostrando ya una especie de doble moral al respecto.
La reunión tendrá lugar en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya sede se encuentra en San Pedro. Curiosamente, un elemento simbólico con relación al tema a tratar.
San José, domingo 1 de diciembre de 2019.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Resolución de sala IV entierra proyecto anti-huelgas: posición de la ANEP
ABC-El Cártel de los banqueros
27 DE NOVIEMBRE DE 2019: Acerca de la codicia desenfrenada de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la posible regulación para una regulación del obsceno cobro de las tasas de usura. Hace 10 años, en 2009, escribimos esta serie de cuatro artículos, mismos que fueron publicados en la Página de Opinión de Diario Extra: el “cártel” de los banqueros y el candidato vicepresidencial de doña Laura. en ANEP pensamos que hoy mantienen una actualidad inobjetable. Le invitamos, respetuosamente, a leerlos y a compartirlos.
EL
“CÁRTEL” DE LOS BANQUEROS Y EL CANDIDATO VICEPRESIDENCIAL DE DOÑA LAURA[1]
Doña Laura, como aspirante a la Presidencia, usted no puede guardar silencio acerca de las acusaciones lanzadas en contra de su candidato vicepresidencial, el banquero Luis Liberman.
Doña Laura: El abogado y economista, don Jorge Guardia Quirós (figura de prestigio en los medios políticos tradicionales), publicó en el periódico oficial de la oligarquía (ese medio que está apoyando su candidatura), una columna que desde la perspectiva de los sectores sociales y de la ciudadanía patriota, constituye la denuncia más sensacional de los últimos tiempos.
¡Por fin! se le pone rostro a ese poderosísimo grupo del capital financiero nacional, los banqueros, quienes amasaron gigantescas fortunas al amparo de las políticas económicas neoliberales de los últimos cinco gobiernos, del binomio conocido por el pueblo como “PLUSC”.
Que los banqueros neoliberales hayan controlado la política económica costarricense en todos estos años, generó graves consecuencias que sufrimos hoy: crecimiento de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, de la pobreza insuperada, de la violencia en todas sus formas; y como era de esperarse, de una corrupción desenfrenada.
Doña Laura: don Jorge Guardia acusa a su banquero, don Luis Liberman (y al grupo del que él forma parte; grupo que, sin duda, controlará su futuro gobierno si usted gana la Presidencia), de una impresionante cantidad de conductas impropias en materia de gestión financiera, conductas que podrían ser delictivas, delincuenciales. Es mas, hasta podría hablarse de un cártel de banqueros en el control de la política económica nacional.
Dice el señor Guardia que el señor Liberman es un cabildero que está en deuda con el país, porque los del grupo que él representa, “lograron aprobar leyes, decretos y políticas económicas que los beneficiaron en cantidades muy grandes, tan grandes que nadie las ha podido cuantificar”. Además de que el grupo banquero del señor Liberman fue tan influyente que “persuadió” a los partidos tradicionales (PLN-PUSC), para ubicar a miembros de su clan en Hacienda, Banco Central, Sugef, Conassif y Supen. Aquí emplazamos al sr. Guardia para que dé los nombres que nos ofreció en su denuncia.
Mientras al pueblo, a la clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas les recetaban altísimas tasas de interés por sus créditos, los banqueros del grupo del Sr. Liberman, “lograron que les rebajaran los encajes bancarios en ciertos períodos para poder prestar y lucrar más, obligando al Banco Central a absorber esos recursos e incurrir en pérdidas y afectar la inflación, que castiga a los más pobres. Lucraron con los bajos impuestos de renta a los intereses (8 %), mientras que los demás mortales, incluyendo asalariados, pagaban tasas mucho más elevadas, del 15 %, 25 % y hasta un 30 %…”.
Dice el sr. Guardia que los del grupo del banquero Liberman, candidato vicepresidencial de doña Laura, “captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la Sugef, ni pagar impuestos. Todo una vida hicieron plata exenta por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta”. A juzgar por tan graves acusaciones, aquí estaríamos hablando ya de, presuntamente, banqueros ladrones.
El sr. Guardia acusa al grupo de banqueros representados por el sr. Liberman (ahora colocado él en la fórmula presidencial de doña Laura), de que con el control que lograron del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, habrían obtenido “…una interpretación favorable de los gastos asociados con ingresos gravados a tasas preferenciales para ahorrar millones en impuestos”. El denunciante dice que (algo así como para nuestro consuelo), que este chorizo, al menos, sí está en juzgados gracias a una valentía de Tributación.
La lista de los presuntos chorizos banqueros que nos denuncia don Jorge Guardia Quirós, es impresionante, pues según él, el grupo al que pertenece el candidato vicepresidencial de doña Laura, disfrutó “de los beneficios de las minidevaluaciones, pues traían capitales extranjeros mientras el Banco Central asumía todo el riesgo cambiario”.
Lo expresado por don Jorge Guardia debe provocar una profunda investigación del Ministerio Público. Don Francisco Dall” Anesse, en quien tanto confía la gente, debe actuar de hecho. Es más, le hacemos respetuosa petición pública al respecto, por esta vía.
Si hoy en día hay 600 mil personas trabajadoras que ganan por debajo del salario mínimo; si hay un millón de compatriotas que no ganan lo necesario para satisfacer, mínimamente, sus necesidades básicas; si la canasta básica alimentaria del INEC dice que una persona puede “vivir” al día con 996 colones, diez céntimos; si la clase media (en todos sus segmentos) está altamente endeudada como una forma desesperada de escapar de la pobreza; ¿cómo se puede explicar la presencia del banquero Liberman en la fórmula presidencial de doña Laura?… De ello hablaremos la próxima semana.
EL “CÁRTEL DE LOS BANQUEROS PRIVADOS”… Parte 2[2]
Doña Laura no respondió ni responderá. Su candidato vicepresidencial, el señor Luis Liberman Ginsburg no contradijo, no desmintió, no rechazó, las graves acusaciones que le hiciera su colega ideológico, el economista y abogado don Jorge Guardia Quirós, en cuanto a la presunta existencia de una especie de “cártel de banqueros privados”; los cuales, aprovechando su inmenso poderío político, amasaron fortunas incalculables controlando diversas variables macroeconómicas y financieras en los últimos gobiernos, por medio de colocar fichas afines en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), entre otras entidades relacionadas con la actividad bancaria.
Siempre hemos sido del criterio de que en los últimos veinticinco años de políticas macroeconómicas inspiradas en el neoliberalismo, el lado ganador ha estado conformado por un reducidísimo grupo de gran poderío político: el sector financiero. El mérito de la denuncia del señor Guardia Quirós está en habernos indicado que tal sector es el de los banqueros privados que, entre otros, incluye al señor Liberman Ginsburg
La acumulación de gigantescos capitales y la abusiva concentración de la riqueza que se manifiesta en la Costa Rica de hoy, de acelerado crecimiento de la desigualdad, representa un crimen social que necesita ser investigado y juzgado. La circunstancia de que 600 mil personas trabajadoras tengan salarios por debajo del mínimo de ley, o que tengamos un millón de compatriotas sumidos en la pobreza, o que tengamos una clase media altamente endeudada porque se resiste desesperadamente a desaparecer, no puede quedar impune. Alguien o algunos tienen que rendir cuentas por impulsar y por imponer decisiones de política económica que nos han llevado a estos extremos que, de un modo u otro, han generado un proceso sostenido de desestabilización política, económica y social.
Si el gremio de los banqueros privados llega al mismísimo seno del gobierno para controlar, ahora desembozadamente, la política económica del país, es porque la derecha política quiere demostrarnos la naturaleza de su total hegemonía a través del pleno control del Partido Liberación Nacional (PLN), que podrá ser cualquier cosa, menos un partido socialdemócrata. No es casual que Wikipedia, la enciclopedia electrónica más famosa del mundo, identifique al candidato vicepresidencial de doña Laura, como del “PLN, derecha”.
El rechazo de doña Laura a cualquier intento de reforma tributaria nos manda una clarísima señal de quién ha de controlar su gobierno (de ganar ella la Presidencia de la República), pues es obvio que la ideología dominante de su política económica, estará determinada por la lógica de acumulación de capital con perspectiva banquera, de lucro privado sin control.
En consecuencia, está pendiente un gigantesco esfuerzo cívico de investigación patriótica sobre el dominio banquero de la política económica, fiscal, financiera y monetaria en las últimas administraciones. El silencio de doña Laura y la aceptación tácita de las denuncias del señor Guardia por parte del señor Liberman, confirman la comisión de un espantoso crimen social en contra del bien común que no podemos dejar pasar así no más.
Recordemos que según las denuncias del señor Jorge Guardia Quirós, los del grupo del banquero Liberman, candidato vicepresidencial de doña Laura, “captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la Sugef, ni pagar impuestos. Todo una vida hicieron plata exenta por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta”.
Nos duele reconocerlo pero en la actual campaña política esta situación ni es ni será objeto de debate. Insertados en el sistema, los diversos partidos políticos (los que tienen mucha plata, a los que les dan plata para ser turecas y los que carecen de ella), no muestran mayor interés en demandar cuentas por el festín orgiástico que han vivido en los últimos años los sectores del capital financiero privado. Estos sectores se sienten ahora tan seguros que manifiestan su pretensión descarada, totalmente abierta, sin necesidad de intrigas palaciegas, de controlar, ya oficialmente y por vía ejecutiva-presidencial, la política económica que, por cierto, no han dejado de manipular en todo este tiempo en que nos han sumergido en la desigualdad. Por cierto que sobre el “cártel de los banqueros privados”, don Jorge Guardia Quirós nos debe algunos nombres que prometió dar a la opinión pública. Estamos esperando…
EL “CÁRTEL” DE LOS BANQUEROS PRIVADOS… Parte 3[3]
Varias estimables personas que, semana a semana, nos hacen el gran honor de leernos, nos pidieron volver sobre el tema. En verdad es de extraordinaria relevancia este asunto de los banqueros privados y su abusivo control de la política económica, monetaria, fiscal y financiera en las últimas cinco administraciones gubernamentales, en la actual y, sin duda alguna, en la próxima.
Al debate se unió el muy respetado economista don Juan Manuel Villasuso, una personalidad académica de enorme prestigio. En su columna “Dialéctica”, del valiosísimo suplemento de opinión “Página Abierta” publicado por Diario Extra, ayer martes 1 de diciembre, Villasuso indicó que “hablar del sector financiero en Costa Rica es como tocarle los huevos al águila”.
Efectivamente. El “cártel” de los banqueros privados (uno de cuyos integrantes es el candidato vicepresidencial de doña Laura, el señor Liberman Ginsburg), tiene que haber invertido muchos, pero muchos, millones de colones financiando las candidaturas presidenciales de las últimas campañas electorales, apostando a varios partidos políticos a la vez para garantizarse, al menos y en cada uno de los sucesivos gobiernos, dos puestos fundamentales: el cargo de Ministro de Hacienda y la presidencia ejecutiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Ahora entendemos el verdadero significado del vocablo “PLUSC”, que fue el concepto acuñado por el pueblo para definir la unificación política del que una vez fue el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que renegó del humanismo cristiano como su filosofía inspiradora, degenerándose al punto de llegar a votar el TLC con los Estados Unidos.
Es más, el “cártel” de los banqueros privados debe estar “invirtiendo” plata en la presente campaña electoral y “jugando a varias bandas”. Solamente así podemos explicarnos el impresionante silencio de, prácticamente, todas las candidaturas presidenciales actuales, ninguna de las cuales ha alzado su voz, ni en prensa ni en propaganda, para demandarle cuentas a ese poderosísimo grupo de poder enquistado, succionando, extrayendo, transfiriendo… y robando, “…fondos de los grupos más pobres a los grupos de mayores ingresos”, tal y como lo sostiene otro economista de renombre y que sabe mucho de esta historia, el señor Bernal Jiménez Monge, seguidor de doña Laura.
Solamente vimos una fugaz página pagada por parte de Ottón Solís, reproduciendo la primera columna que al respecto escribió el señor Jorge Guardia Quirós, quien destapó este hediondo asunto del “cártel” de los banqueros privado. Pero luego… silencio, como todos los demás.
También es reprobable la conducta de los partidos de “oposición” (así, entre comillas), en el seno de la Asamblea Legislativa. Ninguno que sepamos se ha atrevido a presentar una moción para instalar una comisión investigadora de todas las acciones truculentas efectuadas por el “cártel” de los banqueros privados, en su insana orgía financiera de concentración abusiva de la riqueza, a expensas del ya sostenido proceso de empobrecimiento de la clase media y de las mayorías populares, en general.
Al respecto valga una “anotación” al margen de lo que acontece en el parlamento actual y la actitud de la “oposición”. Ninguno de los partidos integrantes de la misma fue capaz de plantear su propia denuncia en el seno del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sobre el caso del “avionetazo” de la diputada Mauren Ballestero. ¡Qué curioso!
El “status quo” del sistema financiero costarricense, hoy muy consolidado por la acción de influencia política profunda que desarrolló el “cártel” de los banqueros privados en los últimos gobiernos, les permite obtener utilidades, solamente en el año pasado, de la impresionante cantidad de 55.000.000.000.oo (55 mil millones de colones), según cifras de don Juan Manuel Villasuso, dignas de la mayor credibilidad. Además, la actividad financiera del “cártel” de los banqueros privados muestra una tasa de crecimiento anual del 10 %, algo que ningún otro sector de la economía nacional ha logrado.
Este nefasto capítulo de la historia nacional está por escribirse. Don Juan Manuel Villasuso nos invitó a hacer un recuento de los nombres de los ministros de Hacienda y de los presidentes del Banco Central, en los años del poder (todavía vigente), del “cártel” de los banqueros privados. Si usted nos aguanta una cuarta parte, se los nombraremos la próxima semana.
Los banqueros privados se enriquecieron a costa de las estrecheces y congojas económicas que vive una clase media altamente endeudada; para que ellos hayan acumulado tantísima plata, 600 mil personas trabajadoras asalariadas han estado ganando salario por debajo del mínimo de ley, ya de por sí indignante; para que ellos sigan teniendo tanto poder, doña Laura les dio la vicepresidencia y los otros candidatos parece que les prometieron su silencio cómplice. No hay duda: hablar del “cártel” de los banqueros privados es tocarle los huevos al águila.
EL “CÁRTEL” DE LOS BANQUEROS PRIVADOS… (Parte 4)[4]
Este asunto del “cártel” de los banqueros privados hiede a tanta podredumbre como jamás se vio algo semejante. Hablamos de la más grande conspiración contra el bien común de la historia nacional, urdida entre sectores financieros y políticos para el origen de fortunas escandalosas de rápido crecimiento, con altísimas tasas de ganancia y bajísimos impuestos; quedando en el aire enormes preguntas: ¿y la procedencia de los capitales originales…?; ¿lavado de dólares?…
Ya el exministro de Seguridad don Fernando Berrocal Soto, en comisión legislativa (mayo de 2008), había advertido de que muchas entidades financieras en este país escapan al control de la Sugef. ¿Pasó esto en el caso del “cártel” de los banqueros privados?…
Mucha información ha llegado hasta nosotros de todo tipo de situaciones generadas en estos años de la hegemonía del “cártel” de los banqueros privados y sus cuadros políticos insertados y/o infiltrados en los últimos gobiernos.
Hay gente que sabe mucho porque ocuparon cargos tan relevantes como el de Ministro de Hacienda y/o el de Presidente Ejecutivo del Banco Central. A nadie inculpamos. Pero inobjetable resulta pedirles cuentas de cómo es que se generaron las más escandalosas fortunas desde el sector financiero, a partir de que dicho “cártel” pasó a tener el control total de instituciones como las mencionadas.
Veamos los nombres de los ciudadanos que estuvieron al frente de Hacienda en este nefasto período de la historia nacional, en el cual se ha dado la orgiástica fiesta de acumulación desenfrenada de capitales que los banqueros privados lograron realizar obscenamente:
Thelmo Vargas, Rodolfo Méndez Mata, Carlos Muñoz Vega, Fernando Herrero Acosta, Francisco de Paula Gutiérrez, Leonel Baruch, Alberto Dent, Jorge Wálter Bolaños, Federico Carrillo, David Fuentes y Guillermo Zúñiga.
Por otra parte, cuatro personas han controlado la presidencia ejecutiva del Banco Central en los últimos veinte años: Jorge Guardia (quien destapó la pudrición banquera privada), Rodrigo Bolaños, Eduardo Lizano y Francisco de Paula Gutiérrez (todavía hoy en ejercicio del cargo).
Una agresiva comisión legislativa investigadora, si la hubiese, tiene armas legales a su haber como para obligarles a que se presenten y expliquen sus decisiones sobre política monetaria, canje de deuda, sistema tributario para los banqueros privados, minidevaluaciones, tasas de interés, cat`s fantasmas, banca “off shore” y similares. Imaginemos, paralelamente, cuánto servicio le haría al país la intervención del Ministerio Público si se decidiese a actuar.
Dos casos que llaman la atención. Que el Banco Central estuviera controlado por don Eduardo Lizano Fait durante gobiernos de partidos “distintos” (Liberación-Unidad); y que don Jorge Wálter Bolaños fuera Ministro de Hacienda del Presidente Pacheco (Unidad) y ahora tesorero de la campaña presidencial de doña Laura (Liberación).
Antes de que el sr. Guardia “cantara” y antes de que desde esta columna retomáramos el tema, justo es reconocer que don Rolando Araya Monge, actual candidato presidencial del partido Alianza Patriótica (AP), ya se había comido una gigantesca bronca, en la campaña presidencial del 2002, cuando denunció que en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría hubo una emisión de 500 millones de dólares para cambiar deuda interna por deuda externa, que, dice don Rolando, “produjeron enormes comisiones para bancos ligados al Ministro de Hacienda y al Presidente del Banco Central de entonces”. Don Eduardo Lizano y don Leonel Baruch, por ejemplo, podrían contarnos mucho al respecto.
Igual de justo es reconocer que sí hay propuesta de reforma tributaria estructural en el programa de gobierno de don Rolando, aunque apresuradamente de nuestra parte dijimos lo contrario. Y valga indicar que lo mismo nos pasó en los casos de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA), que también plantean profundas transformaciones estructurales de carácter tributario. Una disculpa abierta y sincera para las tres agrupaciones, sí; pero un reclamo válido: ¿Por qué no se unieron?…
Sigamos. Hay otra arista de este asunto del “cártel” de los banqueros privados que tiene que ver con los famosos certificados de Abono Tributario (CAT’s), una fiesta de exportaciones fantasmas, verdadera estafa descarada con el dinero público que presenciamos en los años 90`s, de la cual un gran papel en su denuncia le correspondió al actual legislador don José Merino del Río, durante su primera diputación.
¿Cuáles bancos privados facilitaban el comprobante de “ingreso de divisas” que se presentaba al Banco Central para pedir el pago de ventas de exportaciones fantasmas? Nosotros creemos que al respecto don Rodrigo Bolaños tiene mucho que contar, pues él era el jerarca del Banco Central en los “años de oro” del robo con los CAT’s.
Agradecemos al Ing. Arturo Robles Coronas, asesor legislativo y militante del humanismo socialcristiano, la colaboración en el suministro de datos para este artículo.
Como se puede ver, hay muchísimo que investigar y
denunciar. Queremos conformar una comisión ciudadana para esta gigantesca tarea.
Si usted nos quiere ayudar, por favor, contáctenos. Seguiremos en esta batalla
cívica hasta que toda la verdad salga a la luz pública.
[1] Publicado en Diario Extra del 25 de noviembre de 2009.
[2] Publicado en Diario Extra el 2 de diciembre de 2009.
[3] Publicado en Diario Extra el 9 de diciembre de 2009.
[4] Publicado en Diario Extra el 9 de diciembre de 2009.
Pronunciamiento de la ANEP ante ataque antisindical y al derecho de libre asociación por parte de CACIA
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, contundentemente, las aseveraciones realizadas por parte de otro sindicato del alto corporativismo empresarial, la Cámara Costarricenses de la Industria Alimentaria (CACIA), dadas a conocer en algunos medios de comunicación, solicitando la disolución de nuestra organización.
Al día de hoy, la ANEP no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre dicha acción.
La aparente solicitud planteada por la representación empresarial no está fundamentada en hechos individualizados; por ende, pretender la disolución de un sindicato amparado en los intereses individuales de los empresarios, es totalmente violatorio de la Libertad Sindical.
Esta solicitud es una clara violación a la Libertad Sindical, específicamente en la posibilidad que tienen las organización de elegir su marco de acción, su dinámica, y líneas de acción; en defensa de los intereses económicos y sociales de sus representados, quienes en el ejercicio de la autonomía sindical, deben poder decidir en qué momento manifestarse, y contra que políticas públicas, estatales, o sectoriales no están de acuerdo, en resguardo de los intereses económicos y sociales de cada sector y del pueblo costarricense
Las acciones de CACIA son signos de la instauración de una especie de autoritarismo en la democracia, impidiendo la libre manifestación del pueblo ante políticas públicas que dañan a las clases medias y bajas de nuestro país. Recordemos que estas cámaras forman parte del Gobierno y son corresponsables del desastre económico que está ocurriendo. Ante el descontento popular buscan acallar las voces y silenciar las organizaciones críticas, que señalan el rumbo equivocado que lleva Costa Rica, tal y como lo indica la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El Estado costarricense, miembro de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en este caso por medio de su Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene el deber legal constitucional y moral de resguardar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. Entre ellos, garantizar un ejercicio del derecho sindical acorde con los convenios y principios de la OIT y, en ese sentido avalar una solicitud de esta naturaleza es contraria desde todo punto de vista del derecho fundamental a la libertad sindical, el cual no puede ser entendido sin la real autonomía, sin capacidad de protesta, y sin injerencia de las autoridades administrativas o empresariales.
Es deber del Estado respetar los instrumentos internacionales como lo son los Convenios Internacionales de la OIT y los principios fundamentales que repelen todo acto persecutorio, o que tiendan a limitar el derecho a formar sindicatos o sindicalizarse, así como ejercer sus derechos sindicales; en el caso particular la solicitud empresarial está coartando esas libertades, y son claros mecanismos de persecución e impedimentos contra la ANEP.
Sobre el particular la Organización internacional del Trabajo ha resuelto concretamente en sus recopilaciones:
“En los casos que entrañan la disolución o la suspensión de las organizaciones sindicales de un país, el Comité de Libertad Sindical se ha declarado profundamente convencido de que no es posible hallar la solución de los problemas económicos y sociales porque atraviesa un país aislando las organizaciones sindicales y suspendiendo sus actividades”.
Por lo anteriormente expuesto, nuestra organización condena y repudia esta violación fragante a los Derechos Humanos Fundamentales como lo son la Libertad Sindical y el Derecho a la Libre Asociación, por parte del corporativismo empresarial costarricense representado en este caso por CACIA. Exigimos al Ministerio de Trabajo y las autoridades competentes rechazar tal solicitud de disolución de nuestra organización sindical ANEP y proceder con la apertura de un proceso por prácticas laborales desleales y discriminación contra CACIA.
