Autor: ANEP

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La resolución de la Sala Constitucional con relación al Expediente Legislativo No. 21.049, oficialmente llamado Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos” (misma que el pueblo conoce como “ley mordaza” o ley-antihuelgas), es clara en reconocer que existe vicio de inconstitucionalidad en el artículo que pretendía la disolución de los sindicatos por la acción individual de los dirigentes y de sus afiliados; lo cual, en nuestro criterio, convierte el proyecto de ley en inconstitucional, toda vez que con solo uno de sus artículos que lo sea, ya el todo, lo es.

Por otro lado, y más grave aún, es el vicio de procedimiento que señala la Sala Constitucional en cuanto a que no se consultó este proyecto a la Corte Plena, dejando en indefensión a uno de los órganos fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, el Poder Judicial.

Y esta omisión no es cosa menor, sino que resulta en un infranqueable requisito que, al no haberse cumplido, le impone una lápida al procedimiento de vía rápida con el que pretendieron aprobar, a golpe de tambor, este nefasto proyecto para la Democracia costarricense, la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos.

Este grave error de procedimiento, de no consultar a Corte Plena, según el criterio experto de constitucionalistas, impediría que se pueda pensar siquiera en “algún tipo de procedimiento rápido para subsanar” los vicios detectados por la Sala Constitucional; como manipuladoramente lo ha hecho creer Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Asamblea; así como el diputado Pedro Muñoz Fonseca y la legisladora Yorleny León Marchena, tanto como el propio Gobierno de la República, principales impulsores de este proyecto.

Decimos lo anterior porque el criterio experto en materia constitucional indica que este vicio, es uno de los vicios de procedimiento que genera nulidad absoluta. Esta clase de inconstitucionalidad (el no hacer la consulta a Corte Plena), sólo se puede arreglar retrotrayendo el proyecto hasta antes de que naciera dicho vicio.

El tema es que al hacer la consulta a la Corte Plena sobre el proyecto de ley 21.049, ya no se le puede aplicar la vida rápida, por lo cual el procedimiento aplicable debe ser por la vía ordinaria.

Así las cosas, en nuestro criterio, el proyecto queda enterrado y tendría que presentarse uno nuevo, y como lo dijimos por la vía ordinaria, ya que debe ser consultado a Corte Plena. Por lo tanto, no cabría la vía rápida.

Todo lo anterior significa que Carlos Ricardo Benavides Jiménez y todos los que salieron a celebrar la resolución de la Sala Constitucional, se han llevado el más grande “alegrón de burro”.

Sin dejar de lado, que la Sala Constitucional lo que está haciendo con esta resolución, a sabiendas de la inconstitucionalidad del proyecto y del grave vicio de procedimiento, es adelantar criterio sobre los temas que se plantean en el mismo; dejando, además, con ello, a la Corte Plena con la cancha marcada en cuanto a cómo debe opinar sobre los artículos que sí consideró la Sala IV como constitucionales, con lo que se le hace un grave daño a la Democracia y deja de manifiesto una lucha de poder al interior del Poder Judicial.

En todo caso, la resolución de la Sala Constitucional habrá que estudiarla; pero, por ejemplo, resolver que la huelga se puede prohibir en toda la lista de servicios “esenciales” del proyecto, sin matizar que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay servicios que admiten disminución de labores en lugar de suspensión plena, es una postura rígida inaceptable; porque, además, con su resolución amplió el umbral de servicios esenciales determinados ya por los organismos internacionales.

Pero la discusión sobre el derecho humano a la protesta y a la manifestación, apenas comienza, pues hay un antes y un después del pronunciamiento de los Relatores Expertos de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en cuanto al proyecto que pretende regular las huelgas, puesto que ellos determinaron que existen una serie de violaciones al derecho a huelga y a los derechos humanos, los cuales fueron desconocidos por la Sala Constitucional, inexplicablemente.

Tal situación nos obliga a seguir accionando y denunciando a nivel internacional para que se aplique lo que correctamente indicaron los relatores, lo cual, le guste o no a los enemigos de las organizaciones sindicales, debe ser de acatamiento obligatorio por parte del Estado Costarricense que firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con otros instrumentos internacionales y principios de Derechos Humanos establecidos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Es muy gratificante dar la siguiente buena nueva al mundo obrero-sindical nacional que lucha por la dignificación plena del trabajo de quienes dan lo mejor de sí, aunque en condiciones muy duras y adversas, en las plantaciones agrícolas de nuestro país, especialmente dedicadas al cultivo del banano y de la piña de exportación, particularmente dirigida a los mercados estadounidenses y de varios países de la Unión Europea (UE).

La corriente sindical en la cual militamos (y para ser consecuentes ética, moral y políticamente con nuestra prédica de abogar, también, por los intereses de la clase trabajadora que labora para el sector privado de la economía), ha venido impulsando fuertes esfuerzos para fundar, promover y desarrollar sindicatos en la indicada e importante área laboral del país.

Para ello, entre otras motivaciones, hemos estado siguiendo el ejemplo de una histórica y muy respetada organización obrera en este campo, el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), que realiza enormes esfuerzos de dignificación laboral en la zona atlántica de nuestro país.

Ahora bien, en el plano global de la mundialización del capital, y considerando su expansión explotadora bajo concepciones neoliberales, estamos teniendo la oportunidad de insertar el tipo de sindicalismo que promovemos en plantaciones bananeras y piñeras, dentro del marco de un proyecto internacional denominado Cadenas Globales de Producción (CGP), o Cadenas de Valor; considerando que estamos de cara a “…estructuras empresariales con forma de largas cadenas cuyos eslabones son empresas, talleres o centros de producción en los que se obtienen, elabora o fabrica una parte del producto final, fragmentando las etapas del producto o servicio”.

Aunque la producción de banano y de piña en suelo costarricense, muestra perfiles y dinámicas diferentes a la producción de la industria textil, lo real es que las empresas transnacionales buscan producir en aquellas áreas geográficas de países que les parezca más “rentables”, considerando que en muchos de estos estados sus respectivos gobiernos “…desean atraer inversión extranjera a base de reducir los derechos laborales y ambientales”.

Las frases entrecomilladas son extraídas de un folleto explicativo del proyecto-proceso de las Cadenas Globales de Producción (CGP), que está desarrollando la Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la más grande central de sindicatos de nuestro continente; contándose para ello con el respaldo del más grande e importante conglomerado sindical de Alemania, la DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund).

Valga anotar que la CSA, a su vez, está adscrita a la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Lo que nos interesa resaltar con este comentario es que la CSA contará, por tres años más (2020, 2021 y 2022), con el apoyo de la DGB para extender y profundizar más el proyecto de Cadenas Globales de Producción (CGP), lo que a fin de cuentas rendirá frutos para elevar la calidad de la organización obrera costarricense en los ámbitos de la producción de la piña y del banano; todo lo cual apunta a darle mayor énfasis a implementar, a plenitud, el concepto de la política de Trabajo Decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), misma que para el caso de Costa Rica está considerada como política pública oficial.

En realidad, desde la perspectiva de la CSA, que aquí nosotros compartimos, la clase trabajadora latinoamericana y los sindicatos que la representamos tenemos un objetivo común: “acabar con la precariedad, conseguir el trabajo digno y el pleno respeto a los derechos laborales y de la libertad sindical en todas y cada una de las empresas y centros de trabajo del conjunto de las Cadenas Globales de Producción”.

La imperiosa necesidad de fortalecer la Democracia en países como el nuestro pasa por garantizar la plena Libertad Sindical y, precisamente, la promoción de proyectos de solidaridad sindical obrera con carácter internacional-global, como el de las CGP, o Cadenas de Valor, apunta en esa dirección.

Se ha logrado establecer que en el seno de las empresas multinacionales que impulsan el modelo productivo de las CGP, “…existe una serie de conductas tendientes a destruir las organizaciones sindicales y a impedir que se formen nuevas, como, por ejemplo: continuos despidos de dirigentes y activistas sindicales, amenazas a quienes desean afiliarse, intimidaciones, campañas de descrédito e intentos de chantaje y coacción mediante amenaza de cierre o traslado de los centros de trabajo a otra zona franca o país”.

Este proyecto-proceso de las Cadenas Globales de Producción (CGP), es fiel reflejo de la importancia de la solidaridad obrera internacional en el plano sindical. Los colegas sindicalistas de la DGB, de Alemania; así como de las agrupaciones a las cuales nos adscribimos como corriente sindical costarricense, la CSA y la CSI, deben saber que honraremos al máximo nuestros compromisos en tal sentido, en este nuevo período del proyecto-proceso CGP.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A quien esto escribe le costó leer-pronunciar este nombre: Abhijit Banerjee. Probablemente a usted, quien nos da el gran honor de leer el presente comentario, le pase lo mismo. El señor Abhijit Banerjee es un ciudadano estadounidense nacido en India y le acaban de otorgar el Premio Nobel de Economía correspondiente a este año por concluir, 2019. Por cierto, otro gran ciudadano de origen indú, también economista, ya había ganado dicho galardón, Amartya Sen.

El señor Abhijit Banerjee compartió dicho premio con dos personas más, entre ellas su esposa, Esther Duflo, ciudadana de origen francés. Ambos laboran en el muy reconocido y prestigioso MIT: Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estado Unidos. Él es profesor de Economía en esa casa de altos estudios superiores de este país.

Ambos escribieron un libro-estudio, muy galardonado, cuyo nombre en español es “Repensando la pobreza: Un giro radical en la lucha contra la desigualdad”.

Nos referimos en nuestro artículo de hoy a esta pareja por cuanto se les reconoce sus serios estudios de muchos años en torno al problema de la pobreza mundial y cómo aliviar la misma. Dentro de su enfoque en tal sentido, estima el señor Banerjee que las políticas neoliberales destinadas a que los ricos paguen menos impuestos, así como bajarles los que ya tienen, permitirá más inversión en la sociedad, es un mito.

Planteado esto en la Costa Rica de hoy, es una verdadera herejía. O sea, que los ricos paguen más impuestos, que se eleve la carga tributaria por el lado de la progresividad y que, por tanto, haya más dinero en el circuito financiero de los países pues habría más ingresos para más y mejores políticas sociales y de fomento económico inclusivas, es una tesis “inviable” según la hegemonía neoliberal actualmente en el poder y en los gobiernos.

El señor Banerjee y la señora Duflo son parte de esa amplia gama de mentes brillantes que, desde las mismas entrañas del capitalismo neoliberal central, en este caso el de Estados Unidos, vienen preocupadísimos alertando acerca de que la pobreza, si ya era un serio problema, ahora es mucho peor pues ha generado otro en grado superlativo: la desigualdad.

Al leer el sitio digital de noticias, el ahora premiado señor indú-estadounidense Sr. Banerjee responde de manera categórica en cuanto a que la estimulación de la demanda será a partir de subir los impuestos, no recortándolos. Y, además, critica a varios gobiernos de países muy grandes en cuanto a que la han dado incentivos fiscales a los ricos que ya de por sí, dice él, están sentados sobre toneladas de dinero.

Nos dice en esa entrevista para www.portafolio.co lo siguiente: “La creciente brecha de desigualdad en países desarrollados como Estados Unidos ha enfurecido a los ciudadanos y ha contribuido a las tensiones comerciales mundiales que estamos viendo hoy”. ¡Exacto! Las más notables conmociones sociales latinoamericanas del año ya por terminar, así nos lo demuestran.

Adicionalmente, indicó algo impactante desde el punto de vista de la calidad de intelectual que es él y del amplísimo cúmulo de conocimientos que tiene: “Es increíble que, en nombre del crecimiento, se haya permitido que la desigualdad explote hasta este punto”. Es decir, hasta que la revienten en la cara a los gobiernos esos estallidos sociales. Para él, el crecimiento se consigue dando dinero a la gente, no recortando impuestos.

La desigualdad, su sistemático crecimiento, las conmociones sociales que ha generado y que seguirá provocando, la espeluznante circunstancia de que la actual brecha entre ricos y pobres parece la más grande de todos los tiempos; además de que aquellas sociedades que, exitosamente, construyeron clases medias hoy las están destruyendo; repetimos, la desigualdad es ya algo de vida o de muerte en nuestro tiempo. Y parece que, por tanto, el antagonismo crucial de la época presente no es más que la confrontación de esa desigualdad con los derechos humanos fundamentales.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“Más ajuste fiscal durante mucho tiempo” es la cruel sentencia que desde el imperio de los mercados neoliberales nos están dictando, condenándonos a mayores niveles de tormento social y económico para la clase trabajadora y, en general, para las grandes mayorías del pueblo costarricense.

Así lo afirmó el señor Fernando Losada, Director General de Análisis de la firma Oppenheimer & Co. (New York), en entrevista que le hiciera la periodista Gabriela Frías, de la sección de economía y finanzas, Portafolio Global, de la cadena de noticias CNN en Español.

Este durísimo señalamiento, ¡no nos toma por sorpresa! Tenemos una enorme cantidad de tiempo planteando que la hegemonía político-ideológica impuesta por el mismo grupo económico-financiero implantado en la gestión macro-fiscal del país, a lo largo de las últimas administraciones gubernativas (PLN-PUSC-PAC), nos conduce al precipicio.

Espeluznante es el anuncio del citado especialista, ese tipo de “gurú neoliberal” de los mercados financieros globales (que tienen tanta influencia en los sectores banquero-financieros ticos), de que para el próximo año 2020, 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), serán consumidos por el déficit fiscal y por amortizaciones de deuda.

¡TRES BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE COLONES! (3.850.000.000.000), deberá cubrir el pueblo costarricense sacando plata de donde ya no tiene y/o de sus esquilmados bolsillos, para el año que ya se asoma.

¡Se fue Rocío Aguilar Montoya y la situación macro-fiscal y tributaria del país quedó peor de cuando la pusieron en ese cargo el grupo ideológico-político, económico-mediático dominante!

“Costa Rica: una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”, nos apunta, por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), fuente nutriente de nuestras apreciaciones macrofiscales con perspectiva socio-sindical, inspiradas en el lema de tan prestigiosa entidad independiente: Por una Política Fiscal para la Democracia y el Desarrollo; entidad que es financiada por instituciones cooperantes de Suecia.

El ICEFI “manifestó su preocupación por el nivel de déficit fiscal planteado para 2020, que según el proyecto de presupuesto alcanzaría 7.8% del PIB, por encima del 5.8% estimado por ICEFI para el cierre de 2019”. ¡Nos llevan al precipicio!

La impagable, para nosotros, deuda pública es una candela de dinamita del más puro TNT: vamos hacia la fatídica cifra de 40 mil millones de dólares. Por eso el ICEFI afirma que la deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Para salva la Paz, la estabilidad política hoy sumamente frágil y la Democracia misma, Costa Rica ocupa, por una parte, la más grande gesta de Diálogo Social jamás emprendida antes de que el hundimiento sea irreversible.

Además, particularmente, se ocupa de una Transformación Tributaria Estructural. Actualmente, la carga tributaria es rígida, los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres, la estructura tributaria no permite el combate a los flujos internacionales de capital (FIC), y la estructura tributaria es regresiva. Así caracteriza el ICEFI la disfuncionalidad impositiva que está calentando la olla de presión social.

Ahora que quienes nos han llevado al desastre económico-fiscal han decido incrementar la acción político-represiva, pretendiendo imponer la ley anti-huelgas, aunque ello implique desdeñar los compromisos obligantes para el país en materia de Derechos Humanos; en ANEP pensamos que se impone la más grande unidad cívico-popular y patriótica para enfrentar el autoritarismo en Democracia, de corte neoliberal, ya en desarrollo en estos momentos. Hacemos un humilde pero vehemente llamado en tal sentido.