Las organizaciones laborales que suscribimos el presente documento
aclaratorio, queremos compartir con la sociedad costarricense las siguientes
consideraciones:
1) Celebramos y recibimos
con amplia satisfacción la carta OL CRI 5/2019 suscrita por los Relatores
Especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión
y Expresión, sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de
Asociación, y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, en el
sentido de advertir al Estado costarricense que el proyecto de Ley para Brindar
Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, en caso de culminar el
proceso de formación de ley, incumpliría obligaciones en materia de derechos
humanos que han sido asumidos soberana y libremente en los tratados ratificados
por Costa Rica.
2) Ante cuestionamientos de sectores que se sienten incómodos y que han tratado de desvirtuar el mandato de esos Relatores de Naciones Unidas, en lugar de rebatir con argumentos de fondo, ACLARAMOS: Los Relatores Especiales son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, a quienes, por virtud de su trayectoria y experiencia sobre temas específicos, se les confía el monitoreo global sobre la situación de los derechos humanos de su ámbito de competencia. Con miras a preservar su independencia técnica, no son empleados o funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. La función de los Relatores Especiales se enmarca dentro de los denominados Procedimientos Especiales, que son mecanismos cuya fuerza jurídica descansa en la obligación de los Estados miembros de Naciones Unidas de respetar y garantizar los derechos humanos.
Relatores Especiales de las Naciones Unidas que emiten pronunciamiento
3) Cuando presentamos la
solicitud respectiva a los Relatores Especiales, el primer debate no había
sucedido aún; nuestra gestión tenía una finalidad preventiva. Esto queda
demostrado con la expresión contenida en el tercer párrafo de la
correspondencia OL CRI 5/2019 cuando expone: “El ‘Proyecto de Ley para Brindar
Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ (en adelante el
proyecto de ley) fue presentado inicialmente el 25 de octubre de 2018 y el
texto fue actualizado el 30 de agosto de 2019.” Como se sabe, el día 4 de
septiembre quedó fijo el texto resultante del primer debate legislativo.
4) Lo anterior explica
por qué en la correspondencia OL CRI 5/2019 se hace referencia a situaciones
cuya formulación textual pudo haber tenido cambios entre el 30 de agosto y el 4
de septiembre. De ninguna manera esto desacredita o desvirtúa el contenido del
pronunciamiento de los Relatores Especiales.
5) Es importante que se
conozca que la correspondencia OL CRI 5/2019 no finaliza la supervisión
internacional; en lugar de ello, puede afirmarse que este mecanismo
internacional surge, emerge inicialmente. Esto se desprende de la parte final
de la correspondencia OL CRI 5/2019 en la que los Relatores Especiales
solicitan al Estado costarricense que se sirva “proporcionar cualquier
información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas
arriba”. En tal sentido, si hay recomendaciones emitidas por los Relatores
Especiales que carezcan de pertinencia por ocasión de la modificación del texto
resultante del primer debate legislativo, entonces Costa Rica tendrá la
oportunidad de actualizar a dichos Relatores Especiales sobre esas variaciones.
Asimismo, como organizaciones laborales, estamos igualmente dispuestos e
interesados en mantener actualizados a dicho Relatores. El valor esencial de
este documento descansa en la capacidad preventiva de violaciones a los
derechos humanos; pues si Costa Rica insiste en avanzar dicho Proyecto de Ley
en contravía de los estándares internacionales, se expone a ser denunciada
internacionalmente por la expedición de leyes contrarias a los tratados de
derechos humanos de los que es Estado parte.
6) Lo importante, que es
donde deberían focalizarse las energías institucionales y sociales de Costa
Rica, es que el Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga
y sus Procedimientos conlleva violaciones potenciales a tratados de derechos
humanos, y que la Sala Constitucional, en el marco de la consulta de
constitucionalidad que pende aún en el expediente legislativo Nº 21.049, es la
oportunidad institucional para corregir las discrepancias entre dicho proyecto
y el derecho de la Constitución, en el que se integran los tratados de derechos
humanos ratificados por Costa Rica.
7) Finalmente, algunas
preguntas han surgido sobre el posicionamiento de los Relatores Especiales, en
el sentido que el umbral del 50% de los trabajadores para proceder a la huelga,
es un estándar aceptado por la Organización Internacional del Trabajo. Al
respecto nos vemos en la necesidad de aclarar que el Comité de Libertad
Sindical —que es el órgano de supervisión internacional sobre el Convenio 86,
relativo a la libertad sindical— ha establecido que la exigencia de una mayoría
absoluta puede implicar una limitación importante del derecho de huelga,
habiendo solicitado la revisión de este umbral (Comité de Libertad Sindical,
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y otros Vs.
Perú, Caso 1081, para. 266; adicionalmente: Organización Internacional del
Trabajo, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 5ª edición revisada, 2006,
paras. 562, 556-558).
San José, jueves 10 de octubre de 2019.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y
la Energía (ASDEICE)
Sindicato de Ingenieros Profesionales del Instituto Costarricense de
Electricidad (SIICE)
Durante el primer semestre de este año, desde ASDEICE alertamos que se
estaba perfilando una nueva ofensiva contra el Instituto Costarricense de
Electricidad. El día de hoy martes 13 de noviembre de 2019, queremos dejar
constancia ante la ciudadanía que habita nuestro país, que se tramita en la
Asamblea Legislativa, una serie de proyectos de ley, que lejos de ser aislados,
forman parte de una estrategia articulada, pensada para desmantelar el ICE y
sus subsidiarias.
Estos proyectos, forman parte de una agenda neoliberal, a través de la cual, intereses que siempre han promovido la contra reforma social, intentan terminar de aplicar en nuestro país, la última etapa del modelo neoliberal que solo estragos y desigualdad social ha causado en el continente.
Vienen por el ICE: A través de la instrumentalización de una
mayoría mecánica legislativa, buscan acelerar la aprobación de una serie de
iniciativas de ley, que lejos de ser proyectos aislados, son un conjunto de
iniciativas de ley que afectarán de forma dramática al Grupo ICE y su
importante labor en la sociedad costarricense.
Desde ASDEICE denunciamos ante el país, la existencia y puesta en marcha
de una agenda legislativa para debilitar al Grupo ICE, conformada por una serie
de proyectos de ley que escudados en nombres que agradan al oído con ciertas
palabras clave, encubren iniciativas que causarán graves afectaciones al giro
de actividades del ICE, impactando negativamente la calidad de vida de las y
los costarricenses. Estos proyectos de ley, son lo que el lenguaje popular
llama “lobos con piel de oveja”, ya que sus contenidos, tratan de presentar
como criterios técnicos, planteamientos que en realidad parten de un marcado corte
ideológico neoliberal, orientado a la reducción del Estado y a la
mercantilización y el lucro privado de servicios públicos, como el Modelo
Eléctrico de Empresa Estatal verticalmente integrado, que tantos beneficios trae
a la sociedad costarricense.
Estos proyectos de ley, son promovidos por diputaciones del bipartidismo
clásico (PUSC, PLN), con apoyos en partidos emergentes (PAC, RN, NR) y algunos
diputados independientes; quienes si bien se presentan ante la ciudadanía con
distintas banderas partidarias, comparten como denominador común el dogma
neoliberal que impulsa sus políticas públicas (económico-fiscales), sin
advertir que su apuesta por “todo mercado-nada Estado” ha fracasado.
Quienes insisten en apostar a una mayoría mecánica legislativa; olvidan
la creciente distancia entre gobernantes y gobernados, el creciente malestar
social acumulado que sus políticas neoliberales ha concitado, y el abrumador
repudio ciudadano ante la imposición de lo que cada vez más compatriotas
califican como “un rumbo equivocado”.
Desenmascarando la base de la
estrategia desestabilizadora:
Se motiva en intereses económicos sectoriales, que desde hace tiempo están
a la espera del momento oportuno para intentar cambios sustanciales en el
modelo histórico del ICE (pretendidos desde el año 2000), para el beneficio de
pequeños grupos de poder que desde lugares menos visibles, inciden en el rumbo
de la economía y la política del país. Es parte de la versión país anhelada por
grupos de presión que desde hace años atrás, promueven intereses económicos
contrarios al ICE y al modelo eléctrico nacional.
Esta nueva ofensiva inició su ejecución pública, en diciembre del año
anterior, mediante una campaña sostenida de declaraciones que pretende hacer
creer a la ciudadanía, que el modelo del ICE está acabado, idea que de
posicionarse, facilitaría la ruta de cambiar el modelo y papel histórico que ha
desempeñado el ICE en nuestra sociedad.
Desde la Alta Administración de la Institución, se desplegó a través de
múltiples declaraciones, un discurso mediático que dibujando el supuesto estado
crítico del ICE y sus empresas, creó el clima
perfecto para que los competidores y opositores del ICE, avancen en su ofensiva contra el Instituto y el Modelo
Eléctrico Nacional.
El discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE puesto a andar
desde diciembre de 2018, tuvo varias imprecisiones. Primero omitió que el
estado de resultados, lo forzaron negativo, producto de pasar en libros, la inversión
realizada del PH Diquís a pérdidas contables. Segundo no explicó que el estado
de resultados no representa la verdadera situación de los negocios de una
empresa, sino un reflejo de factores internos y externos que enfrenta. Y
tercero evitó analizar tal estado de resultados, en un contexto más amplio,
junto a los demás estados financieros de la Institución (como flujos de
efectivo proyectados). Es decir, la información presentada, reiterada y
amplificada; ha sido incompleta y carente de una lectura integral.
Pese a lo anterior, dicho discurso de la situación financiera del ICE,
ha tenido un sostenido eco legislativo, que ahora se expresa en proyectos de
ley que se presentan como aislados, pero que en su conjunto buscan desmantelar
el ICE, a través de venta de activos,
apertura de mercado eléctrico, e imposición de amarras administrativas que
limiten la competitividad del Instituto.
A la luz de lo
anterior y ante tal campaña de desprestigio del ICE y sus subsidiarias, que con
frecuencia atenta contra la imagen de activos intangibles de la corporación,
desde ASDEICE consideramos oportuno, recordar a la sociedad costarricense:
¿Cuántas veces escuchamos en los últimos tiempos declaraciones sobre la
supuesta falta de competitividad de JAPDEVA? Se repitió tanto que compatriotas
sin adecuado conocimiento técnico del funcionamiento operativo de una entidad
portuaria, lo asumieron como verdad.
Los mismos intereses que hoy atacan al
ICE, lo hicieron contra JAPDEVA, ofreciendo como solución la panacea neoliberal,
de la terminal portuaria privada que ahora es una realidad. Hoy no solo se ven
las consecuencias sociales en la problemática de empleo de Limón, sino que
además diversas cámaras empresariales plantean que las tarifas de APM Terminals
son hasta un 300% mayores, afectando la rentabilidad de los negocios de quienes
se dedican a exportar e importar; poniendo en riesgo la actividad comercial que
se realiza en dichos muelles. Incluso empresarios bananeros de conocida
trayectoria política han reconocido públicamente que extrañan labor de la
portuaria estatal JAPDEVA.
Todo lo anterior, fue advertido
sistemática y responsablemente por el sindicato SINTRAJAP (quienes a la fecha
impulsan varias acciones legales sobre el tema), sin embargo como sociedad no
se les prestó la atención debida y se prefirió creer el discurso del
desprestigio de lo estatal y la panacea neoliberal.
¡Que no pase lo mismo con el ICE! Hoy desde ASDEICE nuevamente advertimos a la
ciudadanía…
Principales proyectos de ley
de la agenda legislativa para desmantelar el ICE:
No
Expediente
Nombre
Proponente
Efectos
No 21604
Ley del
Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) para generar prosperidad y una
mejora en la competitividad del país.
Pedro Muñoz
Fonseca (PUSC)
María Inés Solís Quirós (PUSC)
Extrae el CENCE del ICE, a pesar de la inversión millonaria realizada
en infraestructura, más allá de lo establecido en ley constitutiva del ICE.
Modifica el modelo de comprador único garante del acceso de electricidad de
toda la población.
No 21605
Ley que abarata el
costo y desconcentra la generación eléctrica
Pedro Muñoz Fonseca, María Inés (PUSC)
Cambia marco
regulatorio modificando los esquemas de distribución, en busca de mayores
niveles de apertura del Modelo Eléctrico.
No 21606
Ley para una
efectiva integración de Costa Rica al Mercado Eléctrico Nacional
Pedro Muñoz
Fonseca (PUSC)
María Inés Solís Quirós (PUSC)
Modifica el artículo 3 de la Ley No 9004 para que el ICE y
sus empresas no sean los únicos agentes del MER por
CR (Ley 8660) y esto se amplíe a todas las empresas generadoras,
distribuidoras y comercializadoras de energía (públicas, privadas o mixtas),
así como a grandes consumidores.
No 21662
Reforma de la ley de
la autoridad reguladora de los servicios públicos n.º 7593, y sus reformas,
para
racionalizar el
precio de la energía eléctrica.
Pablo Heriberto
Abarca Mora (PUSC)
Reforma al
artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP), para que las empresas públicas que ofrecen el servicio de
electricidad no puedan incluir dentro del cálculo de la tarifa los costos de
inversiones y los esquemas de financiamiento que utilizan.
No 20794
Ley de
Fortalecimiento de la CNFL – Sociedad Anónima
Franklin
Corella Vargas (PAC), Michael Jake arce Sancho (PLN)
Gonzalo Ramírez Zamora (PRC)
Genera un proceso de transformación profundo en la CNFL. Traslada su
capital social a propiedad de las municipalidades ubicadas en territorio de
áreas de distribución y comercialización de CNFL. Cede al ICE unidades
organizativas, plazas de personal, activos físicos, infraestructura de
generación de energía, contratos y empréstitos de generación con entidades
financieras, etc.
No 21670
Ley para el Rescate
de las Finanzas del ICE y sus Empresas
Silvia
Hernández Sánchez (PLN)
Otorga al
Consejo Directivo del ICE la facultad de decidir la venta de activos
institucionales (entre otros aspectos).
No20909
Ley de
reforma al artículo 35 de la Ley No 8660 (…).
Ana Delgado
Orozco (PLN)
Pretende hacer públicos estados financieros. Deja al ICE en una condición
de vulnerabilidad frente a sus competidores, debilitando la capacidad
comercial, estratégica y competitiva de la Institución.
No21180
Ley de
creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital
Wagner
Jiménez Zúñiga (PLN)
Creación de
una agencia nacional digital, paralela a Radiográfica Costarricense, para
desarrollar, ejecutar e implementar la estrategia nacional del Gobierno
Digital. Mina actividad de RACSA.
No 21014
Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación
administrativa entre entes de derecho público
Pablo
Heriberto Abarca Mora (PUSC)
Modifica la Ley N.° 7494 (Ley de Contratación Administrativa)
letargando agilidad estatal para desarrollo expedito de proyectos a través de
contratación entre entes de derecho público. Impacta competitividad de
Radiográfica costarricense (RACSA
No 21546
Ley General
de Administración Pública
Varios/as Dip.
(Hacienda-CGR)
Reforma
integral al marco legal de contratación administrativa, eliminando el régimen especial de contratación
del ICE por operar en competencia.
Desmontando el discurso tras los proyectos que impactan el
Sector Electricidad del Grupo ICE:
Cinco de estos proyectos de ley (expedientes No 21604, 21605, 21606,
21662, 20794) implican una transformación profunda del Sistema Eléctrico
Nacional y el Modelo de empresa pública verticalmente integrada, de comprador
único que tanto beneficio ha traído al país.
Los intereses que impulsan el desmantelamiento de ICE – Electricidad, promueven
una campaña de desprestigio institucional ante la opinión pública. Esto lo hacen a través de afirmaciones que han
sido técnicamente descalificadas. Pese a ello insisten en repetir que los
proyectos son muy caros, que la electricidad privada es más barata, que el
modelo eléctrico es obsoleto y que el ICE está quebrado. Lo anterior en busca
de convertir la energía eléctrica en una mercancía lucrativa para negocios
privados.
Tarifas Eléctricas ICE son
competitivas en la región: No
llevan razón quienes dicen que en materia de tarifas eléctricas el ICE no es
competitivo. En Centroamérica las
tarifas ICE son más baratas que el promedio, tanto en el sector residencial,
como en el comercial y el industrial. Esto según datos de la CEPAL a diciembre
de 2018 (ver anexo 1). Otro aspecto que no suele mencionarse es que los
usuarios residenciales destinan menor parte del salario al pago de
electricidad, debido a que pese al estancamiento, los salarios en nuestro país
son mayores a los de los países centroamericanos.
En cuanto al precio de electricidad de distribuidoras eléctricas
latinoamericanas, las tarifas ICE se mantienen cercanas al promedio en el
sector residencial, comercial e industrial. Esto según datos de la Comisión de
Integración Energética Regional CIER para 2018. Se debe tener en algunos de
estos países, las empresas distribuidoras no tienen participación total en el
territorio, y en otros casos, cuentan con un subsidio del (ver anexo 2).
Matríz eléctrica renovable: Para el año 2017 el Modelo Eléctrico Nacional
rompió el record de generación eléctrica renovable, al sumar 300 días
ininterrumpidos, produciendo el 99.6% de su energía con fuentes renovables
(agua, geotermia, viento, biomasa y sol).
En un reciente informe, el Banco Mundial (Doing Business 2020) colocó a
Costa Rica en el puesto 25 del mundo en cuanto a calidad y acceso a la
electricidad. Entre las economías analizadas obtuvimos en esa materia una
posición superior a la de países como Chile o Colombia. Procedimientos, tiempo
y costos para conectarse a la red eléctrica, confiabilidad del suministro de
electricidad y transparencia de tarifas son atributos que destacaron en el
estudio (ver anexo 3).
Contrario a lo que dicen adversarios del modelo costarricense; el
ICE-Electricidad tiene tarifas competitivas con un producto de alta calidad que
en materia de matríz eléctrica nacional es ejemplo mundial.
El Centro Nacional de Control de Energía (CENCE): El CENCE es el corazón del modelo eléctrico
del ICE. Dirige y administra la operación del Sistema Eléctrico Nacional, para
satisfacer la demanda eléctrica del país, y hacer efectivos los intercambios de
energía –importación e importación- con el Mercado Eléctrico Regional (MER). Es
decir, se encarga de planificar la transmisión y distribución a nivel nacional
e internacional, a la vez que orquesta la producción y distribución de energía
eléctrica diaria en todo el país, y coordina las compras y ventas que se
realizan a nivel nacional e internacional en el marco del modelo de empresa
pública verticalmente integrada, de comprador único que tiene Costa Rica.
Para el 2016 y por noveno año consecutivo, la empresa uruguaya LSQA
certificó en calidad el CENCE del ICE, atestado que lo convierte en el único en
su tipo con tal distinción en Centroamérica y el Caribe (ISO 9001:2008 que
comprende una serie de normativas de gestión y pautas de actuación).
Sacar el CENCE del ICE implica crear una instancia auto administrada,
que definirá quién produce y a quién se le compra la electricidad en Costa
Rica, o en el extranjero, negociando los precios de compra y con ello
convirtiendo la electricidad en una simple mercancía.
Desde un nuevo CENCE fuera del ICE, los generadores
privados tendrán injerencia sobre el sistema eléctrico nacional (cuánta energía
se debe producir, a quien se le debe comprar o vender y a qué precios).
Necesario es tener presente que el CENCE del ICE,
recientemente, construyó sus instalaciones en Heredia, además de dos
edificaciones más ubicadas en Cañas Guanacaste y en Moravia (de las más
modernas de latinoamérica), mismas que se financiaron por medio de préstamos
con el BID. Las inversiones recientes en construcción de edificios y
equipamiento del CENCE rondan los $31.455.437,00 (31 millones de dólares), es
decir, los ₡7.049.323.952,00 (7 mil millones de colones) –ver anexo 4- La
inversión ha sido millonaria. ¿Por qué quitar al ICE sus capacidades que tantos
años le conllevó desarrollar?
Cogeneradores privados han
hecho clavos de oro:En marzo del presente año, se hicieron públicas denuncias relacionadas
con que para el año 2017 la obligación de comprar energía eléctrica a los
cogeneradores privados (pese a tener la capacidad para producirla a un menor
precio), le costó al ICE un aumento en sus gastos de ₡25 mil millones, ya que
los costos de la generación privada para 2017 significó un sobreprecio cercano
a los ₡20 por kilovatio hora para el Instituto.
Más recientemente hemos sido testigos de noticias relacionadas con el
informe FOE-AE-IF-00009-2019, a través del cual la Contraloría General de la
República (CGR) detectó sobreestimación de precio, originada en varios errores
de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) que hicieron que el ICE
pagara casi $24 millones de más por la energía eléctrica que compró a
generadores privados entre 2017 y 2019.
Según un estudio realizado por ASDEICE en días recientes, entre los años
2008 y 2019 las compras de energía que el ICE se vio obligado a realizar a
cogeneradores privados, rondaron la cifra de los $1.989.000.000 (mil
novecientos ochenta y nueve millones de dólares) –ver anexos 5 y 6 – Estos
resultados, pueden ser confrontados con información ICE.
Separar la CNFL del ICE: Establecería mayor competencia al ICE, al convertir
la CNFL en una empresa tipo ESPH, con potestad de brindar todos los servicios
de distribución, nuevos servicios de electricidad y telecomunicaciones,
inclusive de servicios de ciudad inteligente y otros (dejándose clienes). Además
de lo anterior, le sustraen a la CNFL la generación y se la trasladan al ICE,
pero asumiendo toda deuda de la subsidiaria, restando competitividad al
Instituto.
En síntesis:Si se quiere legislar para hacer más
competitivas las tarifas eléctricas, no se requiere sacar el CENCE del ICE,
buscar mayores niveles de apertura, abrir a grandes consumidores nacionales el
MER, impedir al Instituto incluir dentro del cálculo tarifario los costos de
inversión o pasar el capital social de la CNFL a las municipalidades: Basta con
quitar amarras del ICE y dotar la metodología tarifaria, de herramientas que
permitan una más justa negociación con respecto al precio de la cogeneración
privada.
Desmontando el discurso tras los proyectos que impactan las
finanzas institucionales:
Dos son los proyectos que en materia financiera, hemos identificado como
enormes riesgos (expedientes No 21670 y No 20909).
Información incompleta y
carencia de lectura integral: Como se dijo anteriormente, el discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE puesto a andar
desde diciembre de 2018, tuvo varias imprecisiones que provocaron que la
información presentada, reiterada y amplificada; fuera incompleta y carente de
una lectura integral.
Desde el ingreso de la actual jerarca del ICE se tomaron varias medidas
de índole contable financiera, la mayoría fueron ajustes de índole
extraordinario (eliminación del proyecto Diquís, devaluación monetaria, miles
de millones NO reconocidos por ajustes tarifarios -entre otros) de casi 400 mil
de millones de colones que fueron cargadas a GASTOS DE OPERACIÓN , resultando
de ellas cuantiosos pérdidas contables , que fueron menores a la cuantiosa
cifra antes citada. Esto ha sido utilizado para dar a entender equivocadamente,
o desarrollar una negativa y continuada campaña, afirmando que el ICE esta
«quebrado».
Pese a lo anterior, es de elemental conocimiento contable y financiero
que la definición de quiebra de una empresa o institución, es cuando sus
PASIVOS SON MAS GRANDES QUE SUS ACTIVOS Y POR LO TANTO SU PATRIMONIO ES
NEGATIVO. Esto por supuesto NO es el caso del ICE, como fácilmente se puede
comprobar leyendo y analizando sus estados contables y financieros, en vez de
insistir en destacar sólo las deudas –pasivos – y cargas financieras. Para tales efectos se adjunta (ver anexo 7)
información recopilada por el Sr Leonel Fonseca Cubillo, ex regulador general.
Abrir la
posibilidad de venta de activos: En las circunstancias antes descritas, abrir la posible venta de activos
implica una serie de interrogantes que debe hacerse la ciudanía: a) ¿Quiénes
legislan en esa dirección, lo hacen conociendo si ha gestionado la Administración Superior del ICE una adecuada
identificación de activos, que contemple entre otros aspectos una necesaria
previsión de cuáles podrían requerirse a futuro y que de venderse en la
actividad tendría un alto costo adquirir después?, b) ¿establecen los
legisladores límites a la cantidad o magnitud de activos susceptibles de ser
vendidos?, c) ¿en una situación económica como la actual un buen momento para
que el ICE precie activos a fin de colocarlos en el mercado?, d) ¿colocar
activos en mercado en la actual situación económica es una oportunidad para el
ICE o para los interesados en adquirirlos a un menor precio?, e) ¿es la venta
de activos en las condiciones actuales una decisión estratégica que fortalece o
debilita el ICE? ¿Hay alternativas?
Sobre la renegociación de la
deuda: Este tema también
merece que la ciudadanía se haga una serie de interrogantes: a) ¿Es prudente
revalorizar activos para dar mayor apalancamiento financiero, antes de
renegociar una deuda empresarial?, ¿está ejecutando la Administración del ICE
ese mecanismo?, b) ¿Está realizando la Administración del ICE una gestión de
activos intangibles de gran calado, como parte de un proceso de revalorización
y apalancamiento financiero previo a la renegociación de deuda?, c) ¿cuáles
serán los mecanismos de renegociación de la deuda?, ¿habrá servicios de
intermediación que comisionarán de la renegociación?, ¿será abierta?, etc.
En síntesis: Desde nuestra perspectiva hablar de
renegociación de la deuda, venta de activos, o rescate financiero del ICE,
implica despejar, entre otras, las anteriores interrogantes. No es un tema para
tomar con ligereza ya que puede tener implicaciones bastante contra
producentes. Se debe estar pendiente que tales propuestas, de ser necesarias,
no partan de un enfoque bancario incapaz de poner el énfasis en las mejores
decisiones para el Grupo ICE como bien estratégico del Estado. Lo anterior
aunado a la vulnerabilidad que implica frente a
los competidores el hacer públicos los estados financieros; son
elementos que sin duda conllevan grandes riesgos de debilitamiento para la capacidad
comercial, estratégica y competitiva de la Institución.
Desmontando el discurso tras los
proyectos que impactan la competitividad del ICE y RACSA
Tres son los proyectos que impactan la competitividad administrativa del
ICE y RACSA (Expedientes No21180, No 21014 y No 21546).
Contrataciones excepcionadas: Esto proyectos de ley afectan por una parte
las contrataciones excepcionadas orientadas al desarrollo expedito de proyectos
entre entes de derecho público, cuando una de estas entidades considera que el
oferente se ajusta a los requerimientos establecidos.
Lo anterior crea una barrera indirecta para actuar con la competitividad
de tiempos de reacción que el entorno actual
demanda.
Eliminación del régimen especial de contratación
otorgado al ICE por operar en competencia: La ley 8660 dio al ICE un régimen especial de contratación para operar
en mercados en competencia. Lo anterior como parte de la Agenda de
Implementación, que era condicionamiento para la suscripción del TLC-CR-USA. La
eliminación de este régimen de contratación no solo va contra las normas
relacionadas con este convenio internacional, sino que también resta al ICE y
sus empresas de competitividad en materia de contratación administrativa.
Los deja en
igualdad de condiciones ante quienes no son iguales por tener otras dinámicas y
características, que los eximen de complejas instancias de aprobación en
materia de contratación: el capital privado. Por ello dicho proyecto de ley en
materia del ICE y sus empresas, lejos de mejoras, aumentan los plazos de la contratación.
Ante estos
proyectos los intereses que suelen desplegar el discurso de falta de eficiencia
del Estado, mediante estos proyectos establecen amarras que impiden dicha
eficiencia y competitividad a instituciones como el ICE y sus empresas.
Sobre la necesidad
de un solo régimen de contratación, se debe tener presente que la OCDE ha
permitido que PEMEX de Méjico mantenga su propio régimen especial de
competitividad, igualmente que las Mineras en Chile y Empresa Pública de
Medellín en Colombia.
Al Pueblo de Costa Rica: Desde nuestra perspectiva, estos proyectos de ley generan todo lo
contrario que lo que plantean en sus nombres, por ello sus contenidos son
engañosos para el pueblo de Costa Rica y negativos para nuestro Estado Social.
Recordamos a
la sociedad que con estos mismos argumentos de desprestigio destruyeron el
ferrocarril, el Banco Anglo, el MOPT, entregaron la Revisión Técnica Vehicular,
y más recientemente la Terminal Portuaria de Limón, cuando con el tema de la
modernización nos vendieron la idea de que la privatización de los puertos
traería beneficio para toda la zona de limonense, el país y, en especial para
los exportadores. En vez de ellos, los resultados fueron crecieron de tarifas
portuarias hasta en un 300%, disminución de la eficiencia de la operación
portuaria. El oasis prometido se esfumó y el desempleo y pobreza aumentaron en
Limón. Que no se repita la historia. Defendamos el ICE de la Agenda Neoliberal
que pretende desmantelarlo.
Acciones y medidas que ASDEICE
llevará a cabo …
Solicitamos
audiencia con Diputadas y Diputados de diferentes fracciones legislativas. Hay
quienes ocupan una curul, y su formación es en otras áreas por lo que no
cuentan con toda la información. Hemos iniciado un plan de visitas legislativas
para exponerles nuestros datos y posiciones y que se formen un criterio más
amplio que el imperante en la Asamblea Legislativa.
Solicitamos
audiencias con los diputados que impulsan estos proyectos. Queremos
intercambiar con ellos posiciones de forma respetuosa. Tenemos argumentos para
contrastar. Queremos hacerles saber de primera mano por qué consideramos que
muchos de sus planteamientos son improcedentes, imprecisos o erróneos.
Iniciaremos
conversaciones con liderazgos políticos y de opinión de todo signo. Hay que
hacer un llamado a la responsabilidad social. No estaría bien que por las
ansias de pocos, terminen de empujar este país al abismo chileno neoliberal.
Buscaremos
intercambio de criterios y planteamientos con ARESEP.
Implementaremos
foros informativos con la ciudadanía patriótica de toso el país. El primero de
ellos se llevará a cabo el próximo martes 19 de noviembre en el auditorio del
piso 11 del edificio central del INS.
Realizaremos
de la mano de Organizaciones hermanas integrantes del FIT-ICE visitas a los
centros de trabajo del Grupo ICE para informar a la Familia Iceísta.
Llamamos a
las y los trabajadores a informarse, organizarse y estar preparados para
enfrentar este nuevo combo. No descartamos otro tipo de medidas como la
movilización a manifestaciones, las cuales, de así requerirse las estaremos
anunciando en el justo momento.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública solicitó al Ministro de
Seguridad Pública, Michel Soto, investigar las situaciones descritas en un audio
de la plataforma WhatsApp, que en apariencia fue producido por el Comisionado
Randall Picado, donde se describen una serie de irregularidades en torno a la
supervisión de personal en la Región Policial de San José e incluso que
oficiales de policías estarían escoltando narcotraficantes.
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza
Pública indicó que el día jueves 05 de setiembre, recibió en la plataforma
WhatsApp decenas de mensajes con un audio que en apariencia fue producido por
el Comisionado Randall Picado. En el mismo, se escucha una especie de llamado
de atención para el mando de la Región Policial de San José, en torno con
debilidades en la supervisión de personal. El aparente llamado de atención
incluye también a las subdirecciones e inclusive direcciones.
En el audio se puede escuchar “Hemos detectado una serie de
conductas, debilidades, anomalías, irregularidades, donde el mando de las
delegaciones y el mando también superior, y me incluyo yo dentro de esos, por
supuesto también los sub directores que tienen sus áreas de jurisdicción nos
hemos vuelto pasivos, o nos hacemos de la vista gorda, o nos falta iniciativa,
o nos falta liderazgo o capacidad de gestión para detectar esas irregularidades
(…)”. Más adelante, se escucha decir que algunos policías están ingiriendo
licor en las delegaciones, peor aún, que estarían “escoltando al narcotráfico”
Para Anchía, resulta alarmante escuchar en un audio,
presuntamente producido por un director regional, en el que se indica que no
existe ningún nivel de supervisión, que el mando medio y el alto mando es
permisivo o se hacen de la vista gorda, que carece de iniciativa y de
liderazgo, e inclusive, de capacidad para desempeñar sus funciones. Además, le preocupa
escuchar en dicho audio que, se tienen denuncias de jefes jugando en las computadoras
en tiempo laboral.
“Es inaceptable que se hable de corrupción y de debilidades
en la supervisión, al mismo tiempo que se han incrementado las plazas de sub
directores regionales, por ejemplo, San José pasó de una subdirección a tres
subdirecciones regionales. Además, en la Fuerza Pública, el nivel de mando medio
y el mando superior, disfruta de muy buenos salarios. Por estas situaciones,
planteamos con carácter de urgencia ante el Ministro Soto que se proceda con
una investigación con la finalidad de determinar la veracidad de las
declaraciones”, manifestó Anchía.
Para la seccional ANEP-Fuerza Pública debe realizarse una valoración de las capacidades y competencias del mando superior de la Fuerza Pública, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, recuerdan que los puestos de dirección y de subdirección son puestos de confianza, siendo potestad del Ministro su nombramiento y la remoción de los mismos.
¡Póngale cuidado a estos nombres!: David Kaye, Clement
Nyaletossi Voule y Michel Forst. ¿Nunca los ha oído nombrar? Vuestro servidor
tampoco, hasta que supe de ellos. Estos tres señores son personas de mucho
prestigio en la comunidad mundial relacionada con los Derechos Humanos. Tienen
mucha credibilidad y se les considera sabios, entre los sabios, en cuanto a
Derechos Humanos.
Ellos forman parte del Sistema de Naciones Unidas,
pero no son asalariados de la ONU. Son designados, precisamente por su
sapiencia, su experiencia y, sobre todo, por su independencia como Expertos
(así, en mayúsculas), por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (al
cual Costa Rica pretende entrar a formar parte de él). Se les denomina,
también, Relatores Especiales, precisamente por su credibilidad y formación
altamente especializada en esta sensible materia de los Derechos Humanos.
El Sr. Kaye es el Relator Especial sobre la Promoción
y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. El Sr.
Nyaletsossi Voule, es el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de
Reunión Pacífica y de Asociación. El Sr. Michel Forst es el Relator Especial
sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos. Solo muy
poquísimos costarricenses sabían de su existencia y de la naturaleza
estratégica de su trabajo para la paz y para la real democracia: la cuestión cabal,
integral, inclusiva de los Derechos Humanos. Algo que no se está haciendo en
Costa Rica.
Pues bien, estas mentes brillantes y de altísimo
respeto planetario analizaron y se pronunciaron sobre el Expediente Legislativo
No. 21.049, cuyo nombre oficial es Ley
para Brindar Seguridad Jurídica Sobre la Huelga y sus Procedimientos, misma
que fue bautizada por el pueblo como “ley mordaza”. Emitieron un criterio
demoledor que ha conmocionado a los sectores político-empresariales hegemónicos
y mediáticos del país; opinión que podemos resumirla en esta frase: ese
proyecto no es compatible con los tratados de derechos humanos vigentes para
Costa Rica.
Tal fue el impacto que, por ejemplo, el máximo jerarca
parlamentario, don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, desconcertado, solamente
atinó a decir que esas mentes brillantes habían sido “engañadas” por los
sindicalistas que solicitamos tal pronunciamiento. ¡Qué insensatez! Por otra
parte, a la recientemente nombrada señora ministra de Trabajo y Seguridad
Social, doña Geannina Dinarte Romero, la “obligaron” a firmar un comunicado
descalificante de las opiniones de los señores relatores especiales indicados,
redactado en Casa Presidencial. Solamente para citar dos desafortunadas
reacciones de la máxima esfera política del país ante el criterio contundente
que venimos comentando formulado por esos Expertos. Podríamos citar más
ejemplos de semejantes reacciones en la cúpula político-empresarial que nos
gobierna, pero sólo nos queda afirmar que cuando
la ignorancia es política de Estado, las bestialidades compiten entre sí.
El periodismo de odio no se quedó atrás. Su matriz
principal, la tira-línea, hasta primera página nos dio. Las repetidoras
parlanchinas mañaneras no se quedaron atrás. Y a cierta prensa digital se le
salía la bilis por las esquinas de la pantalla del celular.
Se centraron en lo meramente formal acerca de si el
criterio experto de los tres relatores se podía considerar oficial de Naciones Unidas; mostrando, en unos casos, igual nivel
de ignorancia bestial; en otros, deliberado afán desvirtuador y descalificante
del reporte de los tres Relatores-Expertos. Por demás y según conocedores de
estas lides del litigio internacional en Derechos Humanos, que los tres
coincidieran era porque la gravedad violenta del proyecto “ley mordaza”, así lo
exigía. Algo que nunca antes había sucedido.
Para los señores Relatores Especiales la ley
anti-huelgas de la coalición político-ideológica-empresarial y mediáticamente
gobernante, se excedió en limitaciones al ir más allá de lo aceptable en una
sociedad democrática. ¡Cierto! Hemos denunciado que está en proceso de
implantación en el país una democracia de corte autoritario y hasta
totalitario.
Para ellos, “…el
proyecto de ley impone prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para
prácticamente para todos los servicios públicos o por ciertos motivos, sin que
se pueda mediar consideración sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la
huelga en un determinado caso”. ¡Han sido totalmente contundentes!
Las reacciones adversas generadas por el informe de
las tres relatorías especializadas en Derecho Humanos nos dicen de un país con
doble moral al respecto. Nos hablan de un gobierno farsante y descalifican la
candidatura presentada por el gobierno de Alvarado Quesada de pretender que
Costa Rica consiga un asiento en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas; precisamente la que designó a los señores David Kaye, Clement
Nyaletossi Voule y Michel Forst, como sus especialistas, sus expertos de
alcance mundial y de criterios archi-independientes.
Ya los honorables señores integrantes de la Sala
Cuarta, que está en estos momentos analizando el citado proyecto de ley, luego
de recibir primer debate, tienen conocimiento oficial de la opinión de los tres
Relatores Especiales. Ellos saben el calibre de la misma y su peso político
obligante, especialmente para un país que pretende dictar cátedra a otros
Estados sobre cómo aplicar los Derechos Humanos cuando en estos momentos
tenemos un techo de vidrio más delgado que el ala de una frágil mariposa. Hasta
aquí no llega eso de que cuando la
ignorancia es política de Estado.
El Relator Especial sobre la Promoción
y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; el
Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de
Asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la Situación
de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, hicieron pública este día
la carta (OL CRI 5/2019) que de manera conjunta remitieron el pasado 7 de los
corrientes a diferentes autoridades costarricenses, en la que expresan su
preocupación por la aprobación legislativa —en primer debate— del proyecto de
Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, por
ocasión de las potenciales violaciones a los derechos humanos en las que
incurriría, si dicho proyecto culminara con los contenidos actuales, los
trámites legislativos.
“…quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la próxima discusión del ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ que fue debatido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre de 2018 y reenviado a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y que de ser aprobado podría ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”, reza la carta, identificada con el número OL CRI 5/2019.
Los Relatores de Naciones Unidas
focalizan su preocupación por que en el proyecto de ley se establecen medidas
de limitación al derecho de huelga que van más allá de lo que se puede
considerar aceptable en una sociedad democrática. Desde el inicio de esta
discusión, los sindicatos firmantes sentamos una posición en el sentido que
esta medida prohijada por el proyecto de ley sólo pretendía neutralizar al
movimiento sindical, al mismo tiempo que se impulsan medidas de política
económica y social que perjudican las condiciones laborales, principalmente en
el sector público.
En las palabras de los Relatores
Especiales, “El proyecto de ley establece un cúmulo de restricciones directas e
indirectas a los derechos de los sindicatos y de sus sindicados, a ejercer su
derecho a la asociación, a la libertad de reunión pacífica y de expresión a
través del ejercicio de sus libertades sindicales, particularmente del
ejercicio del derecho a la huelga. Además, consideramos que varias de las
medidas incluidas en el proyecto de ley, no solamente representarían
restricciones desproporcionadas a los derechos mencionados, sino que también
podrían afectar el derecho de los defensores de derechos humanos a preservar
las libertades sindicales.”
Dentro de algunas de las objeciones que
causan preocupación a los Relatores Especiales se encuentran:
a) La posibilidad de disolución de un sindicato siempre que se pruebe en juicio que “organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos”;
b) El establecimiento del requisito según el cual para que una huelga se considere legal debe estar ejecutada por un mínimo de tres personas trabajadoras que representen más de la mitad de los votos emitidos para acordar la huelga;
c) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su definición;
d) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado;
e) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga, incluso en casos de servicios no esenciales, por razones de “graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía;” conceptos jurídicos indeterminados;
f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en casos de que se determine que la huelga fue ilegal;
g) La ampliación de la lista de “servicios públicos esenciales” y otros servicios públicos “protegidos” de la huelga.
Esta gestión sin precedentes que hacen
los Relatores Especiales es sumamente oportuna en un doble sentido; por una
parte porque reconoce que la huelga es un mecanismo del sector laboral para
hacer valer sus derechos, razón por la cual su restricción debe ser
especialmente justificada tanto en su idoneidad, necesidad como en la
proporcionalidad de la medida de restricción; por otra parte porque le da a
Costa Rica una oportunidad para corregir y evitar una situación en la que pueda
comprometer su responsabilidad internacionales por violación a los derechos
humanos.
Los sindicatos firmantes consideramos que “Costa Rica tiene un proyecto constitucional que descansa en el respeto de los derechos humanos y la justicia social, así lo trazaron los Padres Fundadores de la Segunda República, y así lo hemos mantenido durante casi 70 años; no existe un motivo por el cual desviar ese gran pacto que nos da identidad nacional y singularidad en el mundo”.
Walter Quesada ante pronunciamiento de Relatores Especiales de la ONU
Los Relatores Kaye, Voule y Forst hacen
una conclusión muy puntual: “Consideramos que el proyecto de ley impone
prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente todos los
servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración
sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso.”
Al respecto, los sindicatos firmantes consideramos que, “en momentos donde se
tienen que tomar medidas complicadas, la solución no es neutralizar a la voz
que se considera opositora; lo que hace un sistema democrático es abrir canales
de diálogo social, donde sea posible encontrar soluciones creativas a los
problemas sin afectar los derechos humanos, sin desfigurar nuestro gran
proyecto constitucional. Por esto consideramos que esta comunicación de los
Relatores Especiales debe ser emocional e inteligentemente aprovechada. Hacemos
al respecto un llamado a la Sala Constitucional, para que tenga presente estas
consideraciones al resolver la consulta de constitucionalidad, que trace las
‘líneas rojas’, los límites que en una sociedad democrática no se deben
traspasar, y que, con dichos límites muy claros, la Asamblea Legislativa sirva
de escenario para el diálogo social que nunca debió de descontinuarse.”
En el documento que remitieron los Relatores se pusieron a disposición de Costa Rica en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas, y solicitaron que se les mantenga informados sobre los progresos que se desarrollen en esta materia.
Esteban Calvo ante pronunciamiento de Relatores Especiales de la ONU
Los Relatores Especiales son un
procedimiento especial que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, a cuya membresía Costa Rica está aspirando, y que nosotros apoyaríamos,
siempre que mantenga un decidido compromiso con los derechos humanos, por
ejemplo, cumpliendo con las recomendaciones de esta OL que es parte de aquel
mandato. No hacerlo, sería un contrasentido. El texto de la OL puede encontrarse
en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24888
Al igual que nos estamos posicionando en la misma
línea y desde nuestra perspectiva de la lucha social-sindical, otros están
pensando lo mismo: Grave error político está cometiendo Carlos Alvarado Quesada
con su inoportuna pretensión de postular a Costa Rica, para que logre un escaño
en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (en una elección
que está prevista para las próximas horas), juntándose con su colega Jair
Bolsonaro, Presidente de Brasil. Esto está empañando la imagen del país “pura
vida”, “defensor” de los Derechos Humanos.
Pero no son cualesquiera “otros” los que están pensando
parecido a nosotros. Esos “otros” son integrantes de la comisión política
“Garantes de la Ética” que el propio mandatorio Alvarado Quesada designó para
que se le fiscalizase a él y a su gobierno en este relevante campo de la acción
del poder, como lo es la ética en el servicio público. ¡Los mismos de su lado
lo están dejando solo!
Quienes todavía siguen en esa comisión, la señora
Margarita Bolaños Arquín, así como los señores Quince Duncan Moodie y José
Manuel Arroyo Gutiérrez, pegan el grito al cielo y se desmarcan de Alvarado por
esa asociación con el gobierno brasileño de Bolsonaro, el cual según afirman “…contradice los ideales de una democracia
respetuosa, inclusiva y sin discriminación. Abiertamente alaba la última
dictadura militar, la tortura y el terrorismo de Estado, así como promueve la
violación de derechos de las minorías debido a su etnia, género o identidad
sexual. Estamos ante un gobierno que legisla para usurpar las tierras
ancestrales de los pueblos indígenas, privatiza los parques nacionales y no le
importa arrasar con toda la Amazonía, pulmón del planeta”.
Noten usted con qué clase de político se ha alineado
el Gobierno de la República, el canciller Ventura Robles y el mandatario
Alvarado Quesada. Y lo afirman los integrantes que quedan de la comisión de
Garantes de la Ética nombrados por el mismo señor Alvarado. Lo dijeron ellos y
ella, personas ciudadanas costarricenses que nos merecen mucho respeto. ¡Así lo
admitimos! Pero, ¡no lo dijo un sindicalista!, aunque suscribimos totalmente la
apreciación que tienen de ese señor Bolsonaro.
Lo que queda del equipo garante de la ética en el
gobierno de Alvarado afirman que su junta con Bolsonaro “…se inscribe en circunstancias que podrían poner en entredicho la
trayectoria, el prestigio y el derecho de nuestro país a ese reconocimiento
internacional”, sea, ser integrante del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
La regañada al mandatario tico lleva a la señora
Bolaños y a los señores Duncan y Arroyo a exigirle proceder “… a corregir cualquier alianza explícita
que pueda comprometer el prestigio de nuestro país en materia de derechos
humanos, rectificando la estrategia a seguir con su candidatura y sobre todo
dejando claro la inexistencia de compromisos con el pensamiento y acción del
gobierno Bolsonaro”.
¡Demasiado tarde! La política exterior del Gobierno de
Alvarado nos ha matriculado ideológicamente, comprometiendo la paz, “la neutralidad activa, perpetua y no
armada”, que alguna vez afirmaron como principio fundamental de la política
internacional del país, pero no fue más que falsa proclama que marcó uno de los
puntos degenerativos del otro partido socialdemócrata Liberación Nacional, mismo
que pretendió el PAC sustituir como “heredero” de tal filosofía política. ¡Qué
va! La Socialdemocracia sigue huérfana. Este partido y el PLN transitan el
mismo camino neoliberal. Y en política exterior, son idénticos… lo mismo.
Alvarado confirma esa ruta. Y, al juntarse con Bolsonaro, los mismos de su lado
lo dejan solo.
Sin pena ni gloria. Apenas un acto “palaciego” que pasó muy desapercibido, llevado a cabo en la sede del, lamentablemente, desprestigiado Parlamento, con la presencia del no menos desacreditado mandatario del Poder Ejecutivo.
El pasado jueves 7 de noviembre se cumplieron 70 años de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, la también denominada Carta Magna, por ser la piedra angular (se dice), de la convivencia civilizada en el seno de nuestra nación.
Una fecha conmemorativa inherente a la institucionalidad republicana como esta debió haber tenido mucha más proyección, inclusión y divulgación. ¡No fue así! Se juntaron solo entre ellos, la clase política tradicional, cada vez más aislada de la gente, de la ciudadanía; certificando, tal y como lo hemos venido señalando, que en Costa Rica la distancia entre el gobernante y los gobernados se hace cada vez más grande, más larga, más profunda.
La llegada del 70 aniversario de la Constitución Política se da en un momento en que la abrumadora mayoría de la población, en porcentajes jamás surgidos antes, estiman que el rumbo del país está equivocado.
Además, que el actual mandatario presidencial es la persona en ese puesto más impopular y más rechazada desde que se hacen encuestas, que miden el nivel de aceptación de quien ocupa la Presidencia de la República.
El sentimiento generalizado de una ciudadanía que está muy decepcionada de su clase gobernante es que el espíritu de la Constitución, fundamentado este en la promoción del bien común y de la inclusión social, ya no es el determinante a la hora en que se están tomando decisiones, especialmente las de orden legislativo-parlamentario.
Una enfermiza y patológica aversión a lo público impregna la mayoría de las voluntades diputadiles actuales, muchas de las cuales son permeadas por intereses egoístas provenientes de la esfera del alto negocio empresarial, como ya fue denunciado por una legisladora nada proclive a la lucha social y, mucho menos, al papel de los sindicatos en la sociedad. La agenda del mega-corporativismo del lucro privado con la cosa pública es lo que está primando en la actual Asamblea Legislativa. Y eso no está dictado en la Constitución.
Lo que pasó con la tramitación atropellada y con la aprobación-imposición del denominado combo fiscal, hoy Ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es una muestra clarísima de que el espíritu constitucional de la promoción del bien común y de la inclusión social fue relegado, desdeñado y hasta violentado.
Esta detestada legislación, por otra parte, impuso varias modificaciones estructurales a esa Constitución, sin pasar por los procedimientos que la misma establece para su propia variación. Ejemplo de ello es la violentación de la autonomía del régimen municipal, el cual, desde un punto de vista político pasó a ser regido con el espíritu ideológico-fiscal que prima en el manejo de las finanzas públicas del país; mismo que establece la prioridad del pago de la deuda pública y de sus obscenos intereses por encima de las obligaciones constitucionales en materia de desarrollo social.
Lo peor de todo es que los guardianes de la Constitución ya no se desempeñan en cuanto tales. Al menos, esa es la sensación que anida en amplios segmentos de la ciudadanía. Ahora son guardianes de la satisfacción plena de los enfoques políticos hegemónicamente dominantes, los del perverso y fracasado neoliberalismo, en el tema macroeconómico fiscal, del déficit y de la deuda.
Algunos ciudadanos, muy honestos, capacitados y estudiosos, vienen propugnando por una nueva Constitución Política. Esto debemos verlo con cuidado. La gran ofensiva que estamos presenciando desde el actual Parlamento en contra de los preceptos fundamentales de la actual Carta Magna: bien común e inclusión social, no augura que una eventual Asamblea Constituyente pudiera llevar mayoría de representaciones leales a esos postulados constitucionales, hoy muy mancillados.
Por otra parte, el dolor del desempleo que sufren unos 300 mil compatriotas como que no importa a los grandes tomadores de decisiones políticas en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estas personas, tan costarricenses como usted y como yo, sufren una severa violación a su Derecho al Trabajo, así incluido en la Constitución Política.
El artículo 56 de la Carta Magna estipula: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”. ¿Qué pensará cada uno de esos 300 mil costarricenses de que tener un trabajo es un derecho y, a la vez, una responsabilidad para con la sociedad, si esta, mediando el Estado, no le facilita lo concerniente? Con seguridad, se siente desprotegido por la propia Constitución.
Si la Constitución empieza a ser violentada de facto (como ha ocurrido con la ley del combo fiscal); si la Constitución ya no está protegiendo los derechos obreros y sociales porque quien debe procurar ello se está haciendo de la vista gorda; si la Constitución ha quedado sin guardianes porque estos están respondiendo a intereses ajenos a sus postulados… se está abriendo un peligroso camino de inestabilidad con consecuencias insospechadas.
En el entretanto, algunos estamos optando por una nueva protección: la del Derecho Internacional pero no porque la Constitución de 1949 ya no “sirva”. Todo lo contrario: es para garantizar su preservación desde afuera del país. ¡A esto estamos llegando!
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
