ANEP solicita al Gobierno incluir a la Policía Penitenciaria en reajuste salarial

Mediante su seccional en la Policía Penitenciaria, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregó un documento en Casa Presidencial en Zapote, solicitando al Gobierno de la República incluir a los miembros de la Policía Penitenciaria en la mejora salarial propuesta para Seguridad Pública.

El documento entregado en Casa Presidencial indica “Es importante señalar que, la función de los miembros de la Policía Penitenciaria es una de las más peligrosas y desgastantes en materia de seguridad. Además, el salario de estos compañeros y de estas compañeras no compensa justamente el alto riesgo y los niveles de responsabilidad que enfrentan diariamente”.

Además, agrega que los cuerpos policiales del país cumplen una función extraordinaria en materia de seguridad, y que justamente, están incluidos en una misma ley.   

Actualmente el salario base de un Agente de Policía Penitenciario ronda los 328 mil colones.  

Benjamín Sevilla sobre solicitud de aumento

El pasado miércoles 10 de diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo anunció un ajuste técnico de hasta un 6% en los salarios más bajos, el cual se aplicará a puestos correspondientes a la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas, Academia Nacional de Policía, Policía de Control de Drogas y Policía de Migración y Extranjería, dejando por fuera a la Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fiscal y Guardaparques.

Documento presentado en Casa Presidecial

La UCCAEP, en “desintegración”, fracasa su intentona de disolver a la ANEP

La solidaridad internacional ha resultado fundamental para proteger a la ANEP

La actual Ministra de Trabajo de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Geannina Dinarte Romero, ha comunicado a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que dicha cartera de Gobierno rechazó la funesta intentona del otrora (hoy en proceso de desintegración), principal gremio empresarial del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), cuando éste acudió a dicha cartera ministerial pidiendo iniciar un proceso tendiente a la disolución-ilegalización de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Efectivamente, la ministra Dinarte envió una nota, oficio MTSS-DMT-OF-1603-2019, con fecha 25 de octubre de 2019, dirigida a Rosa Pavanelli,  así como a Jocelio Drummond, Secretaria General y Secretario Regional Interamericano, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), respectivamente, entidad global de organizaciones laborales de los servicios públicos, con presencia-filiales en 163 países; indicándoles que ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la persona de su anterior jerarca, Steven Núñez Rímola, había desestimado la perversa pretensión de la UCCAEP de su iniciativa de disolución de la ANEP, oficio MTSS-DMT-OF-947-2019, fechado 10 de julio de 2019.

En dicha comunicación el ahora exjerarca ministerial del MTSS, le indicó a Gonzalo Delgado Ramírez, Presidente de UCCAEP que el asunto por él planteado “…no se encuentra en la fase procesal adecuada para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pueda accionar según lo solicitado”.  El indicado dirigente empresarial pretendió que esta entidad fuera más allá de lo que legalmente le es permitido, en contra -incluso-, de un fallo constitucional (resolución No. 71-1989) que le limita las competencias al Departamento de Organizaciones Sociales, como para impulsar semejantes medidas de corte autoritario-dictatorial.

El gran respaldo y reconocimiento de que goza la ANEP allende nuestras fronteras, posibilitó el despliegue de una campaña internacional de denuncia y de solidaridad como la ejecutada por la ISP, a la cual tuvo que dirigirse el Gobierno de Costa Rica vía el MTSS. Igualmente, ha resultado de impacto que el ataque a la ANEP haya sido del conocimiento de la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la central sindical más grande y representativa de nuestro continente.

A nivel de la Unión Europea (UE), también, la situación de la ANEP está en constante monitoreo, mediando la vigilancia de la coalición cívico-social EUROBAN, entidad de sociedad civil europea que vela por el comercio justo y por la producción limpia, social y ambientalmente sostenible, de la piña y del banano costarricenses. En EUROBAN, están insertas entidades de renombre, en tal sentido, como BANANALINK y BANANA FAIR; así como uno de los sindicatos más representativos y grandes del Reino Unido: UNISON.

Ante el fracaso de la UCCAEP, entidad que parece estar “auto-desintegrándose”, la ANEP espera que la sensatez y la cordura imperen en el liderazgo empresarial de este gremio corporativo. El fracaso de la UCCAEP, también lo es el de la Cámara de Industrial y el de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, cuyos jerarcas, Enrique Egloff y Maurizio Musmanni, pretendían lo mismo: ilegalizar a la ANEP. La discusión es de ideas y de planteamientos, con propuestas serias. La ANEP tiene un largo caminar al respecto.

Adjuntamos copia de los oficios ministeriales citados en el presente comunicado.

San José, miércoles 30 de octubre de 2019.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Disolución de La Anep-rechazo a Gestión de Uccaep-respuesta a Isp by EugenioGuerrero on Scribd

Huelga es huelga

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Huelga es Huelga”, decía el expresidente de la República, don José Figueres Ferrer; mandatario de facto una vez y dos por elecciones. La frase de don Pepe nos cae como anillo al dedo ante la “amenaza” neoliberal de castrar de raíz la protesta social y la movilización popular, aprobando en segundo debate, el expediente legislativo número 21.049, eufemísticamente denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”.

¡Ni frío ni calor nos da! Las únicas huelgas legales en Costa Rica, prácticamente fueron las que se presentaron el año pasado 2018, cuando se “estrenó” la Reforma Procesal Laboral en materia de huelga. Antes de ese año 2018, prácticamente todas las huelgas, desde la promulgación de la Segunda República, fueron declaradas ilegales.

Personajes políticos nefastos para la Democracia como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, como Pedro Muñoz Fonseca, como Víctor Morales Mora, entre otros ocupantes de curules diputadiles, mal hacen en cantar victoria sobre el movimiento sindical y, especialmente, sobre las legítimas aspiraciones de luchas del pueblo trabajador costarricense por una real justicia social en la Costa Rica desigual de hoy.

Ellos, haciendo gala de sus convicciones neoliberales, totalmente fracasadas, que hasta los principales periódicos estadounidenses lo empiezan a reconocer, creen que la Patria es una finca de la cual ellos son sus capataces. Saben muy bien que están pisando un campo minado al seguir pretendiendo imponer un modelo de democracia autoritaria, cuando analistas políticos serios, de un modo u otro, reconocen que como sociedad estamos sentados sobre un barril de pólvora.

Por otra parte, los más célebres estudiosos de los fenómenos sociales globales y latinoamericanos coinciden en que la única forma de imponer el modelo neoliberal es con autoritarismo, represión policial y militar, revirtiendo derechos democráticos, relativizando y segmentando los Derechos Humanos, en realidades que indican que ya no bastan las dictaduras mediáticas tradicionales, pues el frente abierto por las redes sociales posibilitan la invocación al ejercicio democrático de la calle con consecuencias magistralmente demostradas en diversos pueblos de la Tierra.

En verdad, resulta ridículo e irrisorio que la represión jurídica, ilegalizando la huelga, proscribiendo sindicatos, criminalizando la protesta social y abriendo procesos penales espurios contra los dirigentes, puedan contener el desarrollo de la expresión abierta de la iracundia popular que se está incubando en las mentes, en los corazones, en los estómagos, de 300 mil personas sin empleo; de miles de micro-pequeñas y medianas empresas, personas emprendedoras de negocios en la ruina, de 800 mil personas al margen de la seguridad social, de muchos miles más de compatriotas altamente endeudados por las tasas de usura en créditos de todo tipo; de un cuarto de millón de personas trabajadoras en el sector público, vilmente ofendidas y culpabilizadas por un déficit fiscal de lo cual tienen ni la más mínima responsabilidad; y de varios miles de personas dedicadas a la actividad de la producción agropecuaria nacional al borde de la extinción económica por deudas con los bancos que no pueden pagar. Y ni qué decir de las juventudes, especialmente las que terminan la educación secundaria y universitaria enfrentando el futuro más incierto que generaciones anteriores de personas costarricenses tuvieron a partir de 1949.

Con o sin sindicatos, no pueden negar ni los Carlos Ricardo, ni los Pedro Muñoz, ni los Víctor Morales, ni toda esa clase política acuartelada en los muros agrietados del neoliberalismo, con tanto miedo que decidieron “bunquerizarse”, que la realidad social anteriormente descrita de la Costa Rica del Bicentenario, más temprano que tarde les estallará en la cara. 

Esto apenas empieza…

Disolver a la ANEP: ¿un altar a la ignorancia o un golpe a la democracia?

Por: Benjamín Sevilla García, Secretario de Juvetud ANEP

¡Disolvamos a la ANEP! Con mirada desorientada y rostro desencajado, así golpean la mesa quienes no tienen argumentos para debatir. ¡Cómo les cuesta entender que “hasta los ineptos son contados como inteligentes cuando guardan silencio”!

El odio que algunas cámaras empresariales manifiestan en contra de la Asociación Nacional de Empleados PÚBLICOS y PRIVADOS (ANEP), pone en evidencia la incapacidad que tienen para hacer Patria, para velar por la Democracia y para darle continuidad al Estado Social de Derecho

Los sindicatos constituyen una institución de la Democracia. Su evolución los ha llevado a realizar planteamientos sobre los grandes temas del país, con particular interés en aquellos que guardan relación con derechos económicos, sociales y culturales. Además, son los sindicatos verdaderos defensores de Derechos Humanos. 

En este sentido, la ANEP es una organización reconocida a nivel nacional por sus planteamientos, por sus luchas en favor de las personas trabajadoras del sector público y del privado; y, por denunciar lo que otros no se atreven. ¿A quiénes molestará realmente este sindicato para que grupos poderosos del país estén pidiendo su disolución?

Las personas que leen algo más que los periódicos y que observan más allá de lo que una pantalla de televisión tenga que decirles, podrían estar conscientes que las razones por las que buscan silenciar a la ANEP no se ajustan a las esgrimidas públicamente.

Altar a la ignorancia es afirmar que el motivo radica en los bloqueos, en la solidaridad con las personas que no son atendidas en los centros hospitalarios producto de una huelga; o, en el supuesto delito de instigación de un dirigente sindical.  

El costarricense bien informado se da cuenta de que el morbo y sensacionalismo que gira en torno a casos aislados y lamentables, que ocurren en momentos de huelgas o protestas, no se compara con la reacción mediática ante casos más numerosos que ocurren en otros momentos y que casi pasan desapercibidos.

No se ven entrevistas televisivas de aquellos casos en los que una persona no pudo llegar a tiempo al hospital por las enormes presas que se generan por falta de ampliación de una carretera, por la deficiente inversión del Estado en infraestructura. No se ven denuncias por la programación de citas médicas en plazos exagerados. Tampoco se ven denuncias masivas en contra de empresarios que defraudan al fisco, que roban impuestos y que eluden.

Así las cosas, se podría afirmar que el interés mostrado por quienes piden la disolución de la ANEP claramente está direccionado hacia otros fines, unos muy distintos de los que públicamente manifiestan. Ni siquiera pueden adjudicarle al sindicato una lucha abusiva por privilegios, gollerías o sobresueldos, pues sus agremiados son de los estratos más bajos del empleo público y del privado (policías, municipalistas, trabajadores privados de las plantaciones de piña y banano, etc.), en su mayoría con salarios muy bajos y condiciones de trabajo deplorables.

Los detractores de la ANEP, de manera reiterada, mencionan el tema de los bloqueos, pero nunca se refieren a las condiciones previas de una huelga. Es un error criminalizar la protesta y castigar una reacción ciudadana, si antes no se atienden las causas, los verdaderos motivos que obligan a una parte del pueblo a levantarse y protestar. Las denuncias se deben dirigir en contra de quienes con sus decisiones y conductas obligan a las mayorías a resignarse a una condición de pobreza y desigualdad.

En Costa Rica todavía quedan liderazgos insumisos, personas con criterio propio. Se cuenta aún con profesionales que aprendieron el Derecho y estudiaron leyes para hacer justicia.  Coinciden ellas en que la disolución de sindicatos es una reacción natural de las dictaduras, una afrenta al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero, por otra parte, surgen profesionales, académicos reconocidos que, por un puesto, un nombre y sus propias frustraciones, tuercen los criterios a conveniencia del poder político. Opacan así, lo que un día defendían y enseñaban desde sus libros o estrados universitarios, ¡la historia se los cobrará!

Finalmente, pedir la disolución de un sindicato con base en declaraciones sacadas de contexto, no sólo constituye un altar a la ignorancia, sino que es un golpe a la Democracia. Bien harían las cámaras empresariales si en virtud de estar invadiendo el ámbito de competencia sindical, se limitaran a evitar que sus representadas pudieran evadir sus obligaciones contributivas. Es posible que en algún momento el favor les sea devuelto; que a alguien se le ocurra pedir la disolución de una cámara empresarial, porque su presidente o alguna de sus empresas decidió ocultar sus ganancias o dejar de cumplir sus deberes fiscales.

Lic. Benjamín Sevilla García

Secretario de Juventud ANEP

Seccional ANEP-Taxistas solicita ante Consejo de Gobierno pagar en tractos el canon de ARESEP

La Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas), solicitó al Consejo de Gobierno que el pago del canon de ARESEP con un costo de ¢113.000.oo, incluido en el cobro del marchamo, sea pagado por tractos o bien, sólo se cobre la mitad del monto, tal y como se realizó el año anterior.

La solicitud realizada por la seccional, se une a la que presentaron el pasado 5 de diciembre ante el mismo ente, solicitando que se les exima o se les permita pagar en tractos el pago del marcho del año 2020. Esto debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de transporte de personas.  

 “La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, indica la carta entregada el pasado 5 de diciembre.

La propuesta de la Seccional sobre el canon de la ARESEP, se debe a que hace una semana, el Consejo de Transporte Público (CTP), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el gremio de taxistas, acordaron pagar en tractos el canon del CTP el cual tiene un costo de ¢92 mil 411. Ese monto lo podrán cancelar de la siguiente forma: un primer pago de ¢55 mil 447, un segundo pago de ¢23 mil 103 y el último de ¢13 mil 861.

Compartimos el documento presentado por la Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas)

Carta al Consejo de Gobierno-Seccional ANEP-Taxistas by EugenioGuerrero on Scribd

Entrevista con representantes de la Seccional ANEP-Taxistas

ONU Costa Rica rectifica: el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos

Luego de que ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE dieran a conocer el pasado 10 de octubre el informe de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas (ONU), el cual calificó el proyecto de ley que busca regular las huelgas como incompatible con los tratados de Derechos Humanos para Costa Rica, muchos sectores pusieron en entredicho este pronunciamiento.

Ante este escenario, las organizaciones sindicales antes mencionadas, enviaron una nota cuestionando y solicitando una aclaración a la oficina del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica sobre el papel y el informe de los Relatores Especiales.

Conferencia de Prensa

En la respuesta del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, dirigida a la ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE, rectifican que el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

“Sobre el planteamiento de su nota indico que de conformidad con las obligaciones internacionales que le corresponden al Estado de Costa Rica en materia de derechos humanos provenientes del derecho internacional incluyendo los tratados internacionales, los Estados tienen el deber de cumplir con dichas obligaciones. La Oficina de País que promueve el cumplimiento e implementación de estas obligaciones”, indica la carta OCR 029-2019, firmada por Alice Shackelford,  Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica

Respuesta del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

Asimismo, agregan que: “Los procedimientos especiales recogen un conjunto diverso de mecanismos que tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos y prevenir violaciones relacionadas con temas o situaciones particulares o examinar la situación de países específicos”.

Y en consecuencia resaltan que “los Procedimientos Especiales constituyen un instrumento clave para asegurar el cumplimiento de los DDHH en los países y sus recomendaciones deben ser consideradas oportunamente por los Estados”.

Walter Quesada, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE consideran oportuna la aclaración del Sistema de Naciones Unidas de Costa Rica, ante el convulso escenario que vive el país, y a la vez, agradece la iniciativa de crear alianzas con los sindicatos y los diversos sectores del país para asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH), como lo indica la misiva, en la que se solicita el interés de sostener una reunión con nuestras organizaciones lo antes posible, para discutir sobre los mecanismos y acciones para cumplir tales fines.   

Rafael Mora, Asesor Político ANEP

Aclarados esos puntos, no es justificable que actores políticos, empresarios y algunos medios de comunicación debiliten el mandato de los Procedimientos Especiales de la ONU.

Conferencia de Prensa

Carta del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

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Carta ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE al Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

Respuesta a Onu- Costa Rica – Anep-Asdeice-siiice-upins (1) by EugenioGuerrero on Scribd

Informe de Relatores Especiales de la ONU

Proyecto de Ley para regula… by EugenioGuerrero on Scribd

Robo de impuestos: cantidad gigantesca completamente oficial

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Definitivamente no hay otra forma de calificar el robo de impuestos en Costa Rica, como que se trata de un crimen contra toda la sociedad. El actual ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, no se anduvo con rodeos: indicó, abiertamente, que la evasión de impuestos en nuestro país está entre el 6 y el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tomemos el 8%, cifra muy aceptada en círculos de alta seriedad profesional con conocimiento en la materia. Como cada punto del PIB equivale a 350 mil millones de colones, esos 8 puntos corresponden, anualmente, a 2 billones 800 mil millones de colones. En cifras así: 2.800.000.000.000.

Justo es indicar que un antecesor de don Rodrigo Chaves Robles en ese cargo de Ministro de Hacienda, también ya lo había señalado. Fue don Helio Fallas Venegas, en el Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera. 

Desde una multiplicidad de sectores cívicos, académicos, sociales y sindicales el tema lleva ya muchos años de ser planteado y denunciado. En nuestro caso, desde la corriente sindical en la cual militamos, este asunto es, prácticamente, el número uno en nuestra agenda obrero-social de lucha patriótico-cívica.

Hemos invertido mucho tiempo en lecturas, estudios, foros, seminarios, eventos de la más variada índole, especialmente en el plano nacional y también en el internacional. En este caso, por ejemplo, tres de las entidades sindicales a las cuales está adscrita la ANEP tienen, también, bastante tiempo en incluir en sus agendas el tema fiscal-tributario.

Nos hemos nutrido de los aportes que en tal sentido han estado brindando tanto la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la Confederación Sindical Internacional (CSI), así como la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

Es un problema global, con espectacular impacto negativo para la integridad social en los países de la América Latina. Tan es así que esta región está conceptuada como la más desigual del planeta, precisamente por sus sistemas tributario-fiscales tan regresivos como injustos. 

Para el caso costarricense, considerando la procedencia político-tecnocrática del ministro Chaves Robles, su estadía por un cuarto de siglo en el Banco Mundial; que él reconozca los altísimos porcentajes de la evasión fiscal-tributaria con relación al PIB, hay que ponerle la firma. Y si la prensa afín u oficial al capital evasor le abrió sus páginas para que lo dijera, esa gigantesca cantidad de robo de impuestos es ahora, ¡completamente oficial!

Es que estas cantidades son, aparte de monstruosas, inmorales, antiéticas… Sencillamente estamos hablando de un crimen contra toda la sociedad. 

Por día, quienes roban impuestos en todas sus manifestaciones, por múltiples formas, utilizando recovecos legales, artimañas jurídicas o, simple y sencillamente, evasión pura y dura; se están dejando, ¡7 mil 671 millones de colones (¢7.671.000.000)! 

Redondeado: casi 89 mil colones por segundo. Unos 5 millones 300 mil colones por minuto. Casi 320 millones de colones diarios. 

A un año de la aprobación-imposición del combo fiscal, Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los partidos Liberación, Unidad y PAC nos tienen con salario congelado, con salarios a la baja, miles de micro, pequeñas y medianas empresas quebradas, altísimo desempleo, con la carga del IVA y con el costo de la vida siempre en alza… mientras el gigantesco fraude fiscal sigue tan campante como siempre por la protección que les dan a los ladrones de impuestos las élites políticas.

Al terminar de leer este artículo, usted habrá ocupado unos 4 minutos con 40 segundos. Eso quiere decir que mientras usted nos hacía el honor de leer de este artículo, los ladrones de impuestos se dejaron 24 millones 760 mil colones. ¿Hasta cuándo compatriotas…?

Posición de la ANEP ante posibilidad de aumento de salario a los policías de Fuerza Pública

Mediante una nota periodística del medio de comunicación Columbia, se informó a la población sobre la posibilidad de un incremento de salario para los policías de la Fuerza Pública. El contenido de la notica apunta a que, según las fuentes de este medio, la posibilidad del aumento de salario se ha estado discutiendo desde hace tiempo, entre el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública.

Está información ha esperanzado a miles de personas que visten el pesado, arriesgado, comprometedor y digno uniforme policial. Sobra indicar que para una organización como ANEP, la única que trabaja a diario de manera seria en la defensa de las condiciones, derechos laborales y humanos del abandonado sector policial, causa una conmoción y alegría que se reconozca a los oficiales por su trascendental labor. Sin embargo, somos incrédulos del contenido de la publicación, y más bien nos parece una estratagema para intentar calmar un poco la tensión que se adueña de los policías, que han visto rebajados sus salarios, y poder adquisitivo, con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Además de eso, hay que sumarle que la esperanza de muchos oficiales de ver sus ingresos un poco mejorados se truncó con el congelamiento de la aplicación del Manual de Clases Policiales, aprobado desde 2014 y que a la fecha sigue lejos de concretarse el ejecutivo lo paraliza.

Adoptar una posición pesimista no se funda en una cuestión antojadiza de nuestra parte. En nuestros oídos aún resuenan las palabras de los representantes del Poder Ejecutivo que integraban las mesas de diálogo, implementadas con el Encuentro Social Multisectorial. El mensaje fue muy claro, y a groso modo se puede resumir en: “no encontramos razones suficientes para darle a los policías un tratamiento diferenciado del resto de funcionarios públicos, este gobierno no tiene intención alguna de sacarlos de la Ley 9635”.

Si asuntos de más sencilla subsanación para el Estado, como los roles de servicio, reubicaciones por revanchismo, o la eliminación de nombramientos de jefaturas a dedo, no han sido resueltos, parece aún más difícil que en época de crisis se mejore la condición salarial de los policías. 

Esperemos que nuestros gobernantes viendo la situación de inseguridad que vive el país, la deserción preocupante de los cuerpos policiales, la desmotivación que impera en estos servidores de la Patria; reconsideren sus decisiones y adopten acciones que demuestren materialmente que si apoyan a los policías. Si el muy merecido incremento de salario se torna difícil, pues les recordamos que desde ANEP nos hemos cansado de insistirles que existen otras opciones, las dos primeras, muy claras y concisas, reactiven el Manual de Clases Policiales y excluyan a los cuerpos policiales del capítulo III de la Ley de “Fortalecimiento” de las Finanzas Públicas.

Esta posición de la ANEP, aplica para los cuerpos policiales que defendemos como Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fisca, así como a Guardaparques, quienes también se encuentran bajo pésimas condiciones salariales.

“Costa Rica: Una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”

  • “Más ajuste fiscal durante mucho tiempo»
  • 2020: La magnitud del ajuste es dolorísimo: ¡11 puntos PIB!
  • Rocío Aguilar Montoya (y lo que ella representa) ¡nos dejó peor!
  • La más grande unidad cívico-popular y patriótica es la única salida
  • La represión político-jurídica (ley anti-huelgas) no parará la autodefensa popular

“Más ajuste fiscal durante mucho tiempo” es la cruel sentencia que desde el imperio de los mercados neoliberales nos están dictando, condenándonos a mayores niveles de tormento social y económico para la clase trabajadora y, en general, para las grandes mayorías del pueblo costarricense.

Así lo afirmó el señor Fernando Losada, Director General de Análisis de la firma Oppenheimer & Co. (New York), en entrevista que le hiciera la periodista Gabriela Frías, de la sección de economía y finanzas, Portafolio Global, de la cadena de noticias CNN en Español.

(https://www.facebook.com/100000432309268/posts/2825920864098963?sfns=mo)

Este durísimo señalamiento, ¡no nos toma por sorpresa! Tenemos una enorme cantidad de tiempo planteando que la hegemonía político-ideológica impuesta por el mismo grupo económico-financiero implantado en la gestión macro-fiscal del país, a lo largo de las últimas administraciones gubernativas (PLN-PUSC-PAC), nos conduce al precipicio.

Espeluznante es el anuncio del citado especialista, ese tipo de “gurú neoliberal” de los mercados financieros globales (que tienen tanta influencia en los sectores banquero-financieros ticos), de que para el próximo año 2020, 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), serán consumidos por el déficit fiscal y por amortizaciones de deuda.  

¡TRES BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE COLONES! (3.850.000.000.000), deberá cubrir el pueblo costarricense sacando plata de donde ya no tiene y/o de sus esquilmados bolsillos, para el año que ya se asoma.

¡Se fue Rocío Aguilar Montoya y la situación macro-fiscal y tributaria del país quedó peor de cuando la pusieron en ese cargo el grupo ideológico-político, económico-mediático dominante!

“Costa Rica: una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”, nos apunta, por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), fuente nutriente de nuestras apreciaciones macrofiscales con perspectiva socio-sindical, inspiradas en el lema de tan prestigiosa entidad independiente: Por una Política Fiscal para la Democracia y el Desarrollo; entidad que es financiada por instituciones cooperantes de Suecia.

El ICEFI “manifestó su preocupación por el nivel de déficit fiscal planteado para 2020, que según el proyecto de presupuesto alcanzaría 7.8 % del PIB, por encima del 5.8 % estimado por ICEFI para el cierre de 2019”. ¡Nos llevan al precipicio!

La impagable, para nosotros, deuda pública es una candela de dinamita del más puro TNT: vamos hacia la fatídica cifra de 40 mil millones de dólares. Por eso el ICEFI afirma que la deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Para salva la Paz, la estabilidad política hoy sumamente frágil y la Democracia misma, Costa Rica ocupa, por una parte, la más grande gesta de Diálogo Social jamás emprendida antes de que el hundimiento sea irreversible.

Además, particularmente, se ocupa de una Transformación Tributaria Estructural. Actualmente, la carga tributaria es rígida, los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres, la estructura tributaria no permite el combate a los flujos internacionales de capital (FIC), y la estructura tributaria es regresiva. Así caracteriza el ICEFI la disfuncionalidad impositiva que está calentando la olla de presión social.

Ahora que quienes nos han llevado al desastre económico-fiscal han decido incrementar la acción político-represiva, pretendiendo imponer la ley anti-huelgas, aunque ello implique desdeñar los compromisos obligantes para el país en materia de Derechos Humanos; en ANEP pensamos que se impone la más grande unidad cívico-popular y patriótica para enfrentar el autoritarismo en Democracia, de corte neoliberal, ya en desarrollo en estos momentos. Hacemos un humilde pero vehemente llamado en tal sentido.

¡La gente se va a defender! ¡El pueblo trabajador se defenderá!