Autor: ANEP

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Aunque no lo admitan, ellos lo saben. El combo fiscal, hoy ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, solamente sirvió para hacerle daño a la mayoría de la población del país; especialmente a la clase trabajadora asalariada y a la de la informalidad, así como a las micro-pequeñas y medianas empresas.

Además, una fuerte carga ideológica en contra del sector Público, en contra del empleo público, estuvo en la consideración política fundamental de los grupos dominantes para meterle, con forceps, a la gente esta ley que, como reiteradamente hemos apuntado, se impuso haciendo varias trampas políticas, tema éste que abordaremos en próxima entrega.

Lo que nos interesa ahora es insistir en que esta gente del gobierno del tripartidismo PLUSC-PAC ha fracasado en cuanto a su política económico-fiscal: alto desempleo (llegando al 20%); no hay reactivación económica, los salarios están deprimidos y congelados (exceptos los de la cúpula política de alto nivel, las burocracias doradas); la informalidad es ya la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA); el alto endeudamiento público y los intereses obscenos de la deuda pública están estrangulando la economía, el agro está abandonado y en proceso de extinción, la mega-corrupción tributario-fiscal del empresauriado está sin control, etc., etc. ¡Fracasaron! La sociedad es más desigualdad que nunca.

Por eso conviene poner en la mesa que existen otras posibilidades de una nueva política económico-fiscal, distinta a la implantada por los grupos económicos del alto corporativismo empresarial instalados en Zapote en los últimos gobiernos y no solamente en el actual. ¡Son los mismos!

A juicio de la opinión de los expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Costa Rica tiene diez desafíos fiscales estructurales, más agudos todavía, luego de la fracasada apuesta neoliberal por el combo fiscal-ley 9635.

Son éstos: 1) Gasto público insuficiente y sumamente rígido. 2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. 3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. 4) La carga tributaria es rígida. 4) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. 5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. 6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilegales de capital (FIC), es decir, el dinero sucio producto del negocio criminal del narcotráfico y del crimen organizado. 7) Estructura tributaria regresiva. 8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. 9) El déficit fiscal ha sido creciente. 10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Cada uno de esos diez aspectos abre la posibilidad de la construcción de un enorme conjunto de disposiciones políticas, legales y administrativas, para darle un nuevo rumbo al país, un cambio estratégico ante la constatación de que los controladores de la cuestión macro-fiscal y tributaria del país en los gobiernos del PLN, de PUSC y del PAC han, repetimos, fracasado estrepitosamente.

Este dato es realmente impactante. Las arcas públicas dejan de recibir, ¡por mes!, unos 425 mil millones de colones; gigantesca cantidad que equivale a 1.21% del Producto Interno Bruto (PIB). El combo fiscal-ley 9635, la ley que está causando tanto daño a la mayoría de la población, apenas recaudará, ¡en un año!, unos 440 mil millones de colones, equivalentes a 1.25 puntos PIB.

¿Y por qué esta grave situación? Pues los mega-intereses del gran corporativismo empresarial del país no permiten ningún tipo de transformaciones profundas en materia de evasión fiscal-fraude tributario (8.5 puntos PIB), ni tampoco en exenciones-exoneraciones (6 puntos PIB).

Además, es más que un crimen social seguir sacándole recursos a los que menos tienen y a los que sí tributan y tributan más, proporcionalmente hablando; para destinar recursos a una deuda pública que es impagable, al menos en su estado actual de condiciones de pago de intereses, por ejemplo. Hay que auditar esa deuda con urgencia.

Como bien ha indicado el papa Francisco, el gran desafío para la Costa Rica actual es éste: “Una economía que da vida y no mata, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida la creación y no la despoja”. Dice el papa Francisco que “hay que cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana”.

Ni Alvarado, ni Piza creen en esto. Ni André Garnier, ni Edna Camacho, ni Rocío Aguilar creen en esto. Ni Carlos Ricardo Benavides, ni Paola Vega, ni Yorleny León creen en esto. Ni los latifundistas mediáticos practicantes del periodismo de odio, creen en esto. Ni las burocracias doradas de salarios multimillonarios creen en esto. Ni el histrionismo radiofónico gobiernista, cree en esto. Ni sus respectivos adláteres, amanuenses, escribanos, aduladores, condescendientes obreros por oportunismo y similares, creen en esto. Y, sin embargo, ¡hay esperanza!

Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

A pocos meses de las elecciones municipales de febrero del año entrante, 2020, la preocupación político-laboral que expresamos con relación al futuro de la institucionalidad del régimen municipal costarricense, es enorme.

Desde la promulgación de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949, la autonomía que la misma le otorgó al régimen municipal, no había sido tan groseramente violentada, como ocurrió recientemente, con la aprobación de la ley denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, de amplio repudio y resistencia popular.

Estamos pensando que cada persona que se va a postular para lograr alcanzar cada una de las 82 alcaldías y cada uno de los puestos de igual número de concejos municipales, estará animada de nobles propósitos; y que es la buena fe, la que le motiva en aras del bienestar de quienes serán sus propios electorales y luego sus representados.

Que el Ministerio de Hacienda esté, ya, dictando-imponiendo pautas en cuanto a política de gasto y de inversión para las municipalidades, invocando esa ley 9635, nos parece un adefesio jurídico y un atentado a la concepción democrática de los gobiernos locales; los cuales, por su dinámica de estar más cerca de las necesidades de la ciudadanía, no compatibilizarán su quehacer con los lineamientos de dicha cartera ministerial; lineamientos que, es mejor decir, saldrán de la propia Casa Presidencial.

Diversos especialistas en Derecho Constitucional, cuya opinión acertada hemos consultado, están consternados por el cercenamiento, la amputación, la violación que se cometió en la actual Asamblea Legislativa, en diciembre pasado, en contra de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuando se votó el indicado proyecto de ley conocido por el pueblo como combo fiscal.

Se considera que, en estricto apego a la aplicación de un régimen de derecho transparente, correspondía primero discutir si esa autonomía constitucional del régimen municipal debía, valga el concepto, desconstitucionalizarse; para luego si y si ello se lograba, imponerles a las municipalidades políticas fiscales propias de una concepción macroeconómica, muy ideológica, centrada en la obtención de resultados cuantitativos, más no logros de orden social para el desarrollo integral de las personas, especialmente las más vulnerables sociológica y económicamente hablando.

Como ya es de amplio conocimiento público, esta correcta apreciación estuvo en la mente de cada una de las actuales personas regidoras de los diferentes municipios del país, cuando tres cuartas partes de los mismos se pronunciaron contra dicha legislación, en su momento. De nada valió.

En la Costa Rica de ahora, la acción gubernativa fundamental está inspirada en valores nada afines a la democracia y sí proclives al autoritarismo; especialmente aquel fundado en la ignorancia, el clientelismo electoral de corto plazo y el ventajismo oportunista de sesgo personal.

Muchos pensamos en que las municipalidades, dado su carácter de gobierno de más cercanía a la ciudadanía y más allá de sus dificultades y desaciertos; están destinadas a incrementar su papel en el plano local-comunal, al acrecentarse la desigualdad social y la exclusión económica; perverso camino que está muy potenciado desde la hegemonía gubernamental dominante, la que se ve y la que no se ve.

En tal sentido, son muchas las personas que, ya repuestas de la conmoción político-social que les generó la abrupta aprobación-imposición legislativa de la ley 9635; hoy con más claridad del grave golpe sufrido a la Democracia en materia de la autonomía municipal, se aprestan a nuevas acciones de lucha cívica para la recuperación plena de la misma.

Desde la corriente sindical en la cual desplegamos nuestro accionar todos los días, y como garantes de la estabilidad socioeconómica y laboral de una abrumadora mayoría del personal municipal del país; impulsamos nuestro aporte para que sea la Constitución la que vuelva a normar la vida institucional municipal; y no, el autoritarismo de un Estado central que se viene delineando con contenidos ideológicos radicalmente distintos a los principios y valores de la Carta Magna de 1949.

El personal que actualmente labora en los municipios del país, en enorme mayoría, ya se ha concientizado acerca de la herencia que les fue depositada por, al menos, dos generaciones de costarricenses nacidas luego de la promulgación de la Constitución Política de 1949.

Este personal, sus propias familias y su conglomerado social ciudadano de mayor cercanía en cada municipio, constituye un fuerte soporte para la actual lucha, ya en desarrollo, a fin de que vuelvan los municipios a ser gobiernos locales; no dependencias políticas del Estado central y capturados por un tipo de gestión presidencial de corte autoritario que es la que está desarrollándose en este momento. Con enorme esperanza y con gran civismo.