ANEP – Página 237 – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Debacle fiscal: fracaso rotundo de los gobiernos PLUSC-PAC

Publicada el 18/02/2019 | por ANEP | Dejar un comentario

Por Albino Vargas, Secretario General ANEP

“Juzgados y sentenciados”, fiscal y tributariamente hablando. Así interpretamos nosotros la publicación del documento “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”,elaborado por el ICEFI.

Según su sitio web, www.icefi.org, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-, “…es un centro de pensamiento independiente a gobiernos, partidos políticos o cualquier otra organización de la sociedad civil, que elabora investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central. Además, brinda información, asesoría y capacitación sobre estos temas, especialmente a los poderes legislativos, autoridades locales y organizaciones sociales y políticas. Con una visión integral y de largo plazo, el ICEFI promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y Estados equitativos, democráticos y prósperos”.

Tanto tiempo de nuestra parte; tantos comentarios, artículos y declaraciones periodísticas; tanto esfuerzo político-social y sindical (junto otros valiosísimos aportes académicos y partidarios en la línea de la promoción del bien común y de la noble lucha contra la desigualdad y contra la exclusión sociales), se recompensan, mediando con gran autoridad profesional e intelectual en este documento, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”.

Hace tiempo habíamos acuñado la expresión Transformación Tributaria Estructural para denominar la gigantesca tarea cívico-patriótica y sociopolítica con miras a cambiar la profunda naturaleza perversa de la situación impositiva-fiscal del país, misma que está en la base de los graves desequilibrios que vienen amenazando a la Democracia misma; y, que, por otra parte, dejan en contundente evidencia el fracaso de las últimas administraciones gubernativas de la hoy tríada gobiernista PLUSC-PAC.

Efectivamente, los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana nunca quisieron enfrentar el real poder hegemónico político-económico que ha contralado las sucesivas administraciones gubernativas de cada uno (incluida la actual); y, por tanto, en conjunto, son responsables de la actual debacle fiscal del país, por un lado.

Por otro, se han hecho acreedoras al descrédito ciudadano, a la deslegitimación política y al desprestigio total, al punto de que Carlos Alvarado Quesada esté en esto momentos calificado como el peor gobernante presidencial de las últimas cuatro décadas.

La debacle fiscal en la que está el país, por tanto, no es más que los resultados del fracaso total de los gobiernos PLUSC-PAC; debacle y fracaso que el objetivo, profesional y serio documento del ICEFI, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, sintetiza en estos 10 aspectos:

1) Gasto público insuficiente para atender las demandas de la población; y sumamente rígido. 2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. 3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. 4) La carga tributaria es rígida. 5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. 6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilícitos de capitales (FIC). 7) Estructura tributaria regresiva. 8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. 9) El déficit fiscal ha sido creciente. 10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Cada uno de estos diez aspectos que, de manera elegante y diplomáticamente el ICEFI denomina “desafíos fiscales estructurales de Costa Rica”, y que nosotros puntualizamos como los elementos más notables de la debacle-fracaso de los gobiernos Calderón Fournier, Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espriella, Arias Sánchez, Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada (todavía en desarrollo); caracterizan la situación socioeconómica del país con estos comentarios formulados por el estudio del ICEFI y que resultan de obligada atención para todas las personas habitantes de nuestro país:

El ritmo de crecimiento de Costa Rica se desaceleró después de la crisis financiera de 2009; Costa Rica ha ido perdiendo relevancia como destino para la inversión extranjera; la infraestructura vial es inferior en calidad al respecto de Centroamérica; 2 de cada 10 costarricenses continúan viviendo en condiciones de pobreza (ya casi 3, decimos nosotros); Costa Rica es el único país de Centroamérica en el que la desigualdad ha aumentado durante el siglo XXI; el desempleo afecta la economía y el bienestar (el oficial, indicamos nosotros, ya está superando el 12 %); los indicadores de inseguridad han crecido en los últimos años; persisten desafíos en la cobertura de la educación preescolar y secundaria II; …´

Para los movimientos sociales costarricenses, especialmente los sindicales, el documento del ICEFI, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, representa una excelente guía de acción para los próximos meses; especialmente para organizaciones sindicales que tenemos en nuestras plataformas de lucha este tipo de temas-país, más allá de la necesaria atención de las tareas cotidianas corporativo-gremiales.

Brindemos nuestro apoyo a Carlos Andrés este martes 19 de febrero

Publicada el 15/02/2019 | por ANEP | Dejar un comentario

ANEP solicita al Ministerio de Hacienda acciones para proteger salario de funcionarios públicos

Publicada el 15/02/2019 | por ANEP | Dejar un comentario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) solicitó al Ministerio de Hacienda tener mayores controles y mecanismos de fiscalización para proteger el salario de los funcionarios públicos, esto luego de presentarse una gran cantidad de rebajos por parte de una cooperativa sin la autorización de los asalariados.

En la solicitud dirigida al Director Jurídico Ministerio de Hacienda, Martín Durán Espinoza se indica que no es la primera que se da ésta situación, incluso en 2015 ANEP-Fuerza Pública presentó una denuncia por un rebajo irregular en el salario de oficiales de la Fuerza Pública.

“No es la primera vez que se reciben en esta organización sindical casos de funcionarios que aducen se les rebajan montos incorrectos, o, por parte de empresas con las que no tienen ningún tipo de relación. Además, en la mayoría de casos, agregan que, al intentar hacer contacto con dichas entidades no tienen éxito, pues no atienden números telefónicos, y, hasta han encontrado que no se ubican en la dirección que extienden”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.

En vista de los anterior, la ANEP cuestiona los mecanismos de Hacienda para controlar este tipo de situaciones y solicita explicaciones ante lo sucedido, y a la vez, pide a los afectados interponer la denuncia ante el Ministerio Público para evitar que estos casos queden impunes.

Cuestionamientos de la ANEP al Ministerio de Hacienda

• ¿Qué mecanismos jurídicos ofrece el Ministerio de Hacienda para proteger el salario de los servidores públicos, y evitar que sean víctimas de estafas, u otra acción irregular que les afecte su remuneración económica?

• ¿Qué acciones deben realizar las personas afectadas para prevenir que se les siga rebajando por parte de entidades a las que no han autorizado para que se les rebaje directamente del salario?

• ¿Qué medidas tomará el Ministerio de Hacienda, con las entidades que, aprovechando las facilidades del sistema, se abusan del mismo y cometen actos como el que nos ocupa?

• ¿Qué acciones tomará su representada, ante los numerosos señalamientos de funcionarios a quienes se les ha rebajado dinero directamente de su salario, sin que medie la manifestación expresa del mismo para que se ejecute dicho rebajo de esa manera?

Compartimos documento enviado al Ministerio de Gacienda y declaraciones de Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.

Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP ante rebajos irregulares

Solicitud ante Ministerio de Hacienda ANEP-UDO-57-2019 -Hacienda-Rebajos no autorizados Descargar

Posición de la Junta Directiva Nacional de la ANEP sobre proyecto que pretende gravar los excedentes de las cooperativas

Publicada el 15/02/2019 | por ANEP | Dejar un comentario

Se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que pretende gravar los excedentes que generan los ahorros de las personas agremiadas a las cooperativas. Este proyecto, al igual que otros que han sido de conocimiento de los actuales señores diputados y señoras diputadas, comete el mismo pecado de recargar la crisis fiscal sobre los que menos tienen, es decir la clase trabajadora.

Nuestra oposición a dicho proyecto se fundamenta en las siguientes razones:

1. Los excedentes de las cooperativas ya pagan un 5 % de impuesto de renta.

2. La mayoría de las personas afiliadas a las cooperativas de ahorro y crédito son trabajadores y trabajadoras humildes quienes hacen un gran esfuerzo por ahorrar.

3. El capital de que disponen las cooperativas corresponde a muchos años de ahorro de los trabajadores y de las trabajadoras. La mayoría tienen más de 30 años de estar depositando el 5 % de su salario.

4. Las cooperativas son organizaciones sociales que contribuyen a que exista una mejor distribución de la riqueza.

5. Consideramos que con este proyecto se está dando un trato desigual, ya que hay otras organizaciones sociales que también administran recursos financieros de los trabajadores y de las trabajadoras, a las cuales no se les está aplicando un trato parecido.

6. El incremento de 5 % a 20 % de renta a las cooperativas pone en riesgo la existencia misma de este tipo de organizaciones sociales.

7. Nos parece que este proyecto tiene la intención de desaparecer las cooperativas de ahorro y crédito para obligar a los trabajadores a recurrir a las empresas del gran capital financiero-bancario a tramitar sus créditos.

8. Nos “extraña” que los señores diputados y las señoras diputadas con interés en gravar tributariamente a las cooperativas constituidas mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras, sean los mismos que se han opuesto a gravar las empresas del gran capital que se ubican en las zonas francas.

9. Los ahorros de las cooperativas son dineros que los trabajadores y las trabajadoras depositan con la finalidad de tener una vida más digna después de que se pensionan. Si se les cercena como lo pretenden los padres y las madres de la Patria, los estarían condenando a una vejez más miserable.

10. Al ser los ahorros de las cooperativas un porcentaje del salario que devenga la persona trabajadora, se estaría ante una doble imposición, ya que primero se le rebaja del salario lo correspondiente a la renta actual; y, posteriormente se le aplica nuevamente un impuesto a los excedentes que devenga el mismo.

Nuevamente las clase política y económica que administra el país., se ensaña con la clase trabajadora con la intención de deteriorar aún más su condición de vida y de trabajo. Dejamos constancia pública de nuestra oposición rotunda en contra de nuevas cargas tributarias para las cooperativas.

*Junta Directiva Nacional Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)*

Trabajadores ferrocarrileros despedidos por sindicalizarse deberán ser reinstalados en su puesto provisionalmente

Publicada el 14/02/2019 | por ANEP | Dejar un comentario

La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP lleva el caso de cinco trabajadores ferrocarrileros (empresa subcontratada por INCOFER) que fueron despedidos por afiliarse al sindicato.

El grupo de trabajadores de la compañía Transfeco S.A. se afiliaron a la ANEP el pasado 9 de enero del 2019 con el objetivo de reivindicar sus derechos y mejorar sus condiciones laborales.

Sin embargo, la empresa al conocer de dicha afiliación colectiva despidió (el 10 de enero del 2019) de manera unilateral a los cinco trabajadores recientemente afiliados a la ANEP.

Ante esta medida evidentemente discriminatoria por afiliarse a la ANEP, la Unidad Jurídica inició los procesos sumarísimos por discriminación con medida cautelar para que los trabajadores discriminados por su vinculación sindical fueran reinstalados provisionalmente.

Actualmente, han sido resueltas cuatro medidas cautelares favorables que le devuelven provisionalmente el trabajo a los trabajadores despedidos.

La empresa deberá mantener a los trabajadores las condiciones laborales que ostentaban antes de que se materializará injustificadamente el despido discriminatorio.

Estudio del ICEFI da la razón a la ANEP en propuestas para combatir el déficit fiscal

Publicada el 13/02/2019 | por ANEP | Dejar un comentario

Un reciente estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) sobre la situación económica del país, da la razón a la ANEP, al manifestar que se hace urgente la discusión de un Acuerdo Nacional, con una visión de mediano y largo plazos, para resolver en definitiva el problema fiscal de Costa Rica.

Otro de los puntos en que el estudio concuerda con lo manifestado por la ANEP ante la opinión pública y en su propuesta “Hacia una Justicia Tributaria”, es la imperiosa necesidad de modernizar la estructura tributaria, incorporándola adopción del principio de Renta Mundial para el combate a los flujos ilícitos de capitales.

Dentro de las recomendaciones del ICEFI se insta a realizar un rollover de la deuda del país, mientras que la ANEP ha manifestado la necesidad de una auditoría de la deuda.

La creciente desigualdad es otro de los puntos en los que se concuerda, ya que el estudio indica que Costa Rica es el único país de Centroamérica en el que la desigualdad ha aumentado durante el siglo XXI.

La ANEP también ha reiterado, que los programas sociales no pueden verse afectados con las drásticas medidas del Gobierno, mientras el estudio señala que el esfuerzo por alcanzar sostenibilidad fiscal no debe afectar el financiamiento de los programas que implican mejora para el bienestar de la comunidad.

Recomendaciones del ICEFI

1. Costa Rica debe realizar una evaluación del nivel apropiado de los recursos indispensables para atender las necesidades de la población – derechos plasmados en la Constitución— y que se relacionan con los ODS. Según el Icefi, para ello se requeriría alcanzar un gasto público de 28.6% del PIB en 2030.

2. Debe fortalecerse la movilización de recursos para financiar el incremento del nivel de gasto social necesario.

3. En la medida de lo posible, los nuevos recursos no deben contener rigideces.

4. Es imperativo mejorar los mecanismos de transparencia, lo que inicia con el fortalecimiento de la planificación, la rendición de cuentas y la evaluación de beneficio-costo de todos los gastos que se realicen. Esto mejorará el uso de los recursos y la moral tributaria.

5. La estructura tributaria debe ser modernizada, incorporando la adopción del principio de Renta Mundial para el combate a los flujos ilícitos de capitales.

6. La movilización inicial de recursos, al margen de hacer eficiente la reforma tributaria de 2018, pasa por combatir la evasión fiscal. Es urgente la definición de estrategias apropiadas para el efecto.

7. Debe abandonarse la estrategia de otorgamiento de incentivos tributarios a la inversión de largo plazo

8. Debe avanzarse en la transformación de la estructura tributaria, de tal forma que responda al principio de capacidad de pago.

9. Es conveniente la elaboración de estudios de incidencia tributaria que apoyen la toma de decisiones.

10. El esfuerzo por alcanzar sostenibilidad fiscal no debe afectar el financiamiento de los programas que implican mejora para el bienestar de la comunidad.

11. Inicialmente debiera pensarse en un rollover de la deuda.

12. Se hace urgente la discusión de un Acuerdo Nacional, con una visión de mediano y largo plazos, para resolver en definitiva el problema fiscal de Costa Rica.

Compartimos el estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

Desafios Fiscales-Estudio del ICEFI Descargar

Desafíos Fiscales, Estudio … by on Scribd

ANEP a la espera de resolución de recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda

Publicada el 13/02/2019 | por ANEP | Dejar un comentario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) acudió a la Sala Constitucional, el pasado 11 de enero, para que el Ministerio de Hacienda entregue la lista de las 96 empresas a las cuales se les inició el cobro de ¢560.000 millones.

A este recurso se suman otros más, presentados por diferentes actores políticos y ciudadanos que desean obtener información de los contribuyentes. entre ellos, podemos mencionar el recurso del diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio, el cual fue declarado con lugar y ordena al Ministerio de Hacienda revelar los nombres y los montos de las personas físicas y jurídicas que adeudan dinero al erario.

El recurso de amparo fue interpuesto por el diputado Villalta debido a que Hacienda le negó la lista de los deudores que podrían beneficiarse de la amnistía tributaria introducida por la reforma fiscal. Al igual, la ANEP presentó el recurso ya que el 19 de diciembre de 2018, el Director General de Tributación contestó de manera negativa ante la solicitud de la lista de las 96 empresas que se les tramitó el cobro, indicando que la información solicitada es confidencial en su totalidad.

Para nuestra organización sindical es de suma importancia, la resolución positiva del recurso del legislador, ya que fija un antecedente en cuanto a la transparencia en materia tributaria.

Transparencia de la cual el Ministerio de Hacienda ha dejado lado.

Gobierno Alvarado-Piza incrementa su ataque antisindical al culpar la huelga por alza en el desempleo

Publicada el 13/02/2019 | por ANEP | Dejar un comentario

Ministro de la Presidencia incentiva la peligrosa orientación gubernativa de criminalización de la protesta social y de fomento del autoritarismo

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, expresamos nuestro más vehemente y enérgico rechazo a las provocadoras y confrontativas declaraciones del Ministro de la Presidencia, a nombre del gobierno Alvarado-Piza, de que el alza en el desempleo ocurrida el año pasado 2018, se debió a la Huelga Patriótica contra el combo fiscal, hoy ley de la República, lamentablemente; lesiva ley antiobrera que ya comenzó a afectar las economías familiares de miles de personas trabajadoras asalariadas de este país.

El crecimiento del desempleo se debe, por un lado, a una gran incapacidad gubernativa de la gestión del sector económico del Poder Ejecutivo, dada su militancia ideológica en objetivos meramente fiscalistas y su visión obsesiva, de corte neoliberal, en cuanto al traído y llevado tema del déficit fiscal.

Tal fundamentalismo fiscalista impide considerar la relevancia del papel del sector Público en la reactivación económica y no conocemos, en nueve meses de gestión que llevan ya, un sólido proyecto en tal sentido.

Por otra parte, tampoco conocemos de una articulada y estrategia de política pública hacia la potenciación del mercado interno, como factor relevante en la imperiosa necesidad de una reactivación económica que, por ejemplo, incluya el relanzamiento estratégico de la producción agropecuaria nacional. El pequeño productor agrícola nacional sigue hoy más abandonado que nunca.

La Huelga Patriótica contra el combo fiscal duró tanto como el gobierno Piza-Alvarado quiso que durase. Deliberadamente dejaron que se prolongara buscando deteriorar el gran apoyo popular que generó la lucha cívica contra el expediente legislativo 20.580, el más detestado proyecto de ley desde el combo del ICE del año 2000.

Somos enfáticos en cuanto a que los sectores hegemónicamente dominantes del binomio gubernativo Alvarado-Piza no creen en el Diálogo Social, son despreciativos de las propuestas de los sectores sociales y productivos que no comulgan con su visión neoliberal en cuanto al dogma del déficit fiscal.

La corriente sindical que representamos ha elaborado sólidas propuestas en cuanto a impulsar políticas para la reactivación económica con inclusión social y productiva que están listas para poner en una real mesa de negociación, si no fuese porque el autoritarismo es el estilo de gestión del equipo neoliberal del gobierno Alvarado-Piza que controla las iniciativas estratégicas del Poder Ejecutivo.

Algunos días antes el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez Rímola había emitido este tipo de juicios subjetivos, desafortunados y sesgados en cuanto a que la huelga del año pasado es la responsable del crecimiento del desempleo en el país.

Sinceramente, no le vemos mayor futuro al proceso de Diálogo Social que a insistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), intenta abrirse paso en el país en el marco del diseño de una política de Trabajo Decente para el período 2019-2023.

Rodolfo Piza es muy “eficiente” descalificando los esfuerzos de otros colegas suyos de gabinete que sí parecieran creer en tal proceso.

San José, miércoles 13 de febrero de 2019

Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Derechos humanos: subversión en la globalización neoliberal

Publicada el 13/02/2019 | por ANEP | Dejar un comentario

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Como nunca antes, la lucha por la justicia social real y por la democracia verdadera pasa, necesaria e imprescindiblemente, por la lucha por el imperio pleno de los Derechos Humanos (DD.HH.).

Estamos viviendo en la etapa más desigual de toda la historia de la Humanidad; sufriendo la época de la dictadura hegemónica político-mediática del capital neoliberal y su brazo armado: el capital financiero-bancario.

Los extremistas políticos de la derecha ideológica, aún en sus más suaves versiones, siguen siendo seguidores del significado del concepto sociopolítico concretado en la expresión en idioma inglés There is no alternative -TINA- (en español: “No hay alternativa” o “No hay elección”); eslogan político corrientemente atribuido a Margaret Thatcher, cuando ella era Primera Ministra del Reino Unido. Este eslogan puede interpretarse como que el mercado, el capitalismo y la mundialización, son fenómenos necesarios y beneficiosos, y que cualquier otra orientación está destinada al fracaso (tomado de Wikipedia).

Pese a ello, miles de personas alrededor del planeta piensan y luchan en la dirección contraria. El TINA podemos contraponerlo, como antípoda política, a los DD.HH. Nosotros gritamos: ¡Sí hay alternativa! Es la lucha por el respeto pleno a los Derechos Humanos.

Los DD.HH. representan la respuesta civil, social, política y hasta ideológica al maléfico objetivo de la entronización definitiva en el planeta del gobierno mundial del capital; algo por lo cual vienen luchando poderosísimos grupos de los cuales apenas tenemos ideas superficiales.

En tal sentido es necesario tener presente la amplia gama de los DD.HH., empezando por los de Primera Generación, o derechos civiles y políticos: 1) Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. 2) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. 3) Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. 4) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. 5) Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. 6) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 7) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 8) En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. 9) Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. 10) Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. 11) Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. 12) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

Ahora reparemos en las Derechos Humanos de Segunda Generación, o derechos económicos, sociales y culturales: 1) Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 2) Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. 3) Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. 4) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 5) Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. 6) Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. 7) Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. 7) La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

Impresionante resulta conocer los llamados Derechos Humanos de Tercera Generación: 1) Derecho al desarrollo sostenido: modelos y estructuras económicas que, además de generar beneficios propios, permitan el acceso a servicios básicos y garanticen la sostenibilidad del planeta. 2) Derecho a la autodeterminación de los pueblos: el que tienen los países de determinar libremente su condición política y su modelo social y económico. 3) Derecho a la paz: entendido no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. 4) Derecho a la protección de los datos personales: llama la atención sobre los eventuales peligros y abusos a los que se exponen las personas ante el cada vez más extendido proceso de informatización. 5) Derecho al patrimonio común de la humanidad: alude al acceso a los bienes de tipo material e inmaterial que constituyen un legado de especial relevancia para comprender la evolución humana. 6) Derecho a gozar de un medioambiente sano: Todas las personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles.

¡Increíble! Se ha hablado ya de los Derechos Humanos de Cuarta Generación que incluirían: 1) El derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación. 2) Al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea sean satelitales o por vía de cable. 3) El derecho a formarse en las nuevas tecnologías. 4) El derecho a la autodeterminación informativa. 5) El derecho al Hábeas Data y a la seguridad digital.

¡Es definitivo! Tenemos que volver sobre este tema. ¡Analice bien! ¿Acaso los DD.HH., conceptualmente integrados, no representan una subversión del injusto y criminal orden que nos está imponiendo la globalización neoliberal…?

El abismal e infernal camino del endeudamiento público sin fin

Publicada el 13/02/2019 | por ANEP | Dejar un comentario

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Es absolutamente necesario tener que insistir en el tema del injusto orden económico macrofiscal que nos agobia, el cual continuará afectando, seriamente, a las mayorías ciudadanas de nuestro país; precisamente por cuanto las correcciones estratégicas necesarias no se toman, habida cuenta que son las minorías pudientes, financiera y políticamente hablando, las que se benefician, de manera directa o indirecta, de tal orden.

Discute la Asamblea Legislativa en estos momentos acerca del proyecto de ley-expediente legislativo No. 21.201, Autorización emisión de títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito; pretendida legislación para que el país se endeude, más todavía, en unos 6 mil millones de dólares en eurobonos por los próximos 6 años.

Como no hay la más mínima voluntad política para que no sea la deuda pública lo que solvente el problema fiscal del país, el camino fácil es aumentar la misma y su carga en pago de intereses, llevándonos por el abismal e infernal camino del endeudamiento público sin fin.

La carga integral de la deuda pública (amortización al principal y pago de intereses), tiene para este año 2019 las siguientes impresionantes cifras: 4.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), para el pago de intereses; y 6.8 puntos PIB para amortizaciones.

Un importante grupo de personas de la parte más consciente de nuestra sociedad viene abogando, con sistemática insistencia, en que el país ocupa una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Nosotros apoyamos tal esfuerzo y creemos que más personas deben hacer lo mismo.

Desmenucemos esos dos datos, correspondientes al presente año 2019, para que comprendamos cuánta razón lleva la realización de esa Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Necesariamente, debemos acudir a los números.

¿Qué significa que tan solo en el año que acaba de empezar, 2019, se destinen 4.1 puntos PIB al pago de intereses de la deuda pública? ¿De cuánta plata estamos hablando?

Veamos: Se acepta que un punto de PIB equivale a unos 350 mil millones de colones (350.000.000.000); entonces, 4.1 equivalen a 1 billón 435 mil millones de colones (1.435.000.000.000).

Prácticamente, este pago de intereses de la deuda pública del país en este año 2019, cuesta unos 3 mil 931 millones de colones, ¡por día!

Con relación a los 6.8 puntos PIB: ¿cuánto significa en colones amortizar créditos de deuda pública en este año 2019? Tenemos que habrá que destinar del presupuesto, 2 billones 380 mil millones de colones. Al día, ¡unos 6 mil 520 millones!

¡Sumemos! 3 mil 931 millones de colones, al día, en pago de intereses; más 6 mil 520 millones, también al día, amortizando deuda pública vieja. Entonces, cada 24 horas de cada uno de los días de este año 2019, salen del erario público, ¡10 mil 451 millones de colones por la carga de ese grave endeudamiento público que ha de crecer si se aprueban los 6 mil millones de dólares en trámite legislativo en estos momentos!

Repetimos: 10 mil 451 millones de colones (10.451.000.000.000), cada 24 horas de este 2019, representan la salida de recursos públicos del erario fiscal central como producto de la carga de la deuda pública que, insistimos nosotros, nos lleva por un abismal e infernal camino como sociedad.

¿Qué entidades, qué personas, qué bufetes, qué fondos recibirán, por concepto de intereses, esos casi 4 mil millones de colones diarios por concepto de pago de intereses de préstamos de deuda pública?

¿Cuáles son los préstamos de endeudamiento público que recibirán amortización producto de la erogación de esos 6.8 puntos PIB en este año 2019? ¿Cuáles créditos se estarán abonando con esos 6 mil 520 millones de colones por día que salen de las arcas del presupuesto nacional? ¿A qué entidades se les está pagando esa enorme cantidad de plata?

Esta ecuación fiscal del endeudamiento público sigue siendo un enigma para al común de la gente. La cuestión macroeconómica fiscal-tributaria y el tema de la deuda pública siguen en la atmósfera de opacidad en que la gente del real poder decide por las mayorías pese a su deslegitimación creciente.

La distancia entre el gobernante y los gobernados, aspecto que venimos señalando últimamente en diversos foros y circunstancias, tiene un fuerte potencial de agudización con este tema del endeudamiento público.

Debemos confesarlo: nos sentimos indefensos ante tanto número apabullante; pero, de algo sí estamos seguros: los 6 mil millones de dólares tramitándose en el presente Parlamento, nada bueno representarán para el pueblo, especialmente su segmento trabajador castigado con las consecuencias de un problema que nunca generó: ese endeudamiento público.